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La CTM exige garantías para los que han delinquido

La diputada local del PRI, Esther Angélica Martínez Cárdenas, presentó en la asamblea del 4 de mayo una iniciativa para eliminar de la ley estatal electoral el requisito de no antecedentes penales que deben acreditar ante la autoridad electoral los aspirantes al cargo de gobernador, presidente municipal y diputados locales, incluye también a quienes pretendan competir por la vía independiente.

Al exponer los motivos, Martínez Cárdenas argumentó que busca proteger los derechos humanos y no discriminar a quienes aspiran a un cargo de elección popular. Pedirles la carta de no antecedentes penales, señala, puede constituir una serie de violaciones a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, que consigna los derechos y garantías de todas las personas y de ordenamientos federales de carácter general, para que los ciudadanos gocen plenos de sus derechos políticos y ser votados.

La propuesta de la legisladora de la CTM causó controversia entre sus mismos compañeros y la crítica del dirigente del comité municipal del PAN, Maximino Jasso Padrón. Calificó la iniciativa de sospechosa y que tal vez esté a favor del ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, quién no está libre de sus derechos políticos. En respuesta el dirigente estatal del PRD y ex alcalde interino de Soledad, José Luis Fernández Martínez, señaló que Gallardo tiene sus derechos políticos a salvo y puede ser elegible, ya que salió absuelto de su proceso penal. Dijo que las declaraciones de Jasso eran tendenciosas, asumía una postura perversa para mal informar a la ciudadanía. Lo llamó ignorante de la ley.

La diputada del PRD, Graciela Gaytán, calificó al dirigente panista Maximino Jasso “un burro que habla de orejas, títere del presidente estatal del PAN, Xavier Azuára y del ex diputado local Rubén Guajardo. Se dedica solo a golpetear en los medios porque no tiene la más mínima idea de hacer algo que beneficie a los potosinos. O por lo menos a su partido”. A los tres días aparecieron dos espectaculares en la ciudad con la foto de Jasso, que porta orejas de burro y una botella de cerveza en la mano. Aparece la frase: “Max Jasso, títere, borracho y mentiroso”. A un lado el logo del PAN y la leyenda, Panistas unidos por San Luis. La dirigencia presentó una demanda ante el Consejo Estatal Electoral para que se castigue a los responsables.

La legisladora Martínez Cárdenas antes en la asamblea del 24 de abril, presentó una iniciativa para eliminar de la Constitución Política del Estado el requisito que limite a los ciudadanos aspirar al cargo de gobernador, diputado y miembro de un cabildo y no haber sido condenados en sentencia firme por cometer delitos que hayan ameritado pena de cárcel.

En sus argumentaciones, Martínez expuso que un eje conductor de las reformas hechas en el país están vinculadas al goce de los derechos humanos cuando no hay discriminación. Argumentó que la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los requisitos que exige para ser diputado federal, senador y presidente de la república, no establece haber sido sentenciado por delitos dolosos, por lo que la redacción actual de constitución local puede ser discriminatoria.

Los artículos que pidió derogar son el 46, fracción III, el 73 fracción VI y el 117 fracción III. Aluden a las exigencias que debe cumplir el ciudadanos que busque ser diputado local, gobernador o miembro del cabildo. Entre los diputados locales trascendió que la propuesta de Martínez para eliminar la carta de no antecedentes penales que exige la ley electoral a los aspirantes a un cargo popular se votó en contra en comisiones, por lo que continuará vigente el requisito.

 

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Ante el vacío de poder que genera, Carreras es sujeto de burla

La falta de liderazgo del gobernador Juan Manuel Carreras López ya generó un prematuro vacío de poder. Incide para que diversos grupos y personajes le hagan cáusticos reclamos por su cada vez más notable inoperancia ante diversos y complejos problemas que no resuelve. El mayor escándalo se generó cuando el diputado del PRI, Alejandro Segovia, le espetó que le «faltan huevos» para hacer cambios en el gabinete. Tal vez «está dormido», por lo que no hace remociones donde el 70% de los funcionarios «no dan el kilo».

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, solicitó juicio político contra Carreras por facilitar más de 700 millones de pesos de manera turbia para adecuar terrenos que entregó a la armadora trasnacional Ford. La bancada de diputados federales del Partido Verde Ecologista demandó que se separe del cargo hasta que no aclare el destino de 400 millones de pesos de las pensiones de maestros que desapareció en la etapa que fue secretario del ramo educativo.

Carreras aparece codemandado en un juicio mercantil que promueve el director del Laboratorio Nacional de Construcción, Eduardo Yedid Cohen, que reclama el pago de 4 millones 100 mil pesos por servicios no cubiertos en las obras donde se instaló de manera temporal la armadora de vehículos Ford. En la nota publicada por el diario Pulso, el afectado refirió que lo contrataron para avalar las planchas de concreto construidas en las 300 hectáreas aportadas por el ejecutivo. En abril del 2016 le notificaron que ya no requerían su ayuda pero le exigieron los resultados de sus estudios. Aceptó darlos a cambio del pago, lo que no cumplieron. No obstante, las plataformas fueron entregadas, pero advirtió que los análisis pudieron ser alterados.

Las tareas de Cohen estuvieron supervisadas por el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo de San Luis Potosí por instrucciones de Carreras, que luego ordenó ya no inyectarle recursos. Los empresarios que lo contrataron arguyeron que tampoco les habían cubierto lo acordado. Por tantas evasivas, demandó en octubre del 2016 a los implicados.

Antes, en julio del 2016, el presidente de la cartera de honor y justicia del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Narciso Mendoza, destacó que era lamentable la conducta de Juan Manuel Carreras y sus colaboradores al violentar las garantías de los autóctonos. Aseveró que «enseña el rostro verdadero de un político hipócrita que solo beneficia a caciques y ricos de la huasteca a los que entrega cargos públicos». Lo acusó de no tener voluntad para corregir las omisiones en que incurrió al ignorar a sus representados en el Plan Estatal de Desarrollo. «Nos agrede. Nos hemos sentado tres veces juntos. Firmó un documento donde se comprometió hacer las consultas, pero hizo todo lo contrario.

Tiene un documento, busca que lo aprobemos sin escucharnos. Sigue el hostigamiento que inició con la anterior directora del organismo, Margarita Viñas Orta. Envían emisarios para que validen el plan de desarrollo. Fue destituida después de una queja ante el Comité Nacional contra la Discriminación. Pero mantuvo la misma conducta su relevo Raúl de Jesús González Vega». Añadió que la mayoría de consejeros exigen se cumplan con las normas. Viven con temor, por lo que hacen responsable de lo que les pase a Carreras.

A través del representante del Centro de Derechos Humanos, Samuel Ruiz, el litigante Ricardo Sánchez Ruiz y el dirigente de la Clínica de Litigio en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Guillermo Luévano, interpusieron un amparo al saber que González convocó a reuniones de consejo para convalidar el Plan Estatal de Desarrollo sin tener atribuciones.

Luévano expuso que Carreras se niega a publicar el reglamento del consejo consultivo, que ya fue elaborado y aprobado por sus integrantes desde septiembre del 2015. Aludió a una convocatoria donde se estableció que el doctor en derecho buscó encabezar la asamblea, lo cual violó la autonomía del organismo y transgredió la ley. «Puede ser invitado pero no presidir. Lo mismo hizo González, llamó a una cita extraordinaria, pero carece de facultades».

Los quejosos lamentaron que se trate de manipular a los indígenas con mentiras, sobornos y promesas de gobierno para darle la espalda a los consejeros que han promovido los amparos. Contaron a la revista Proceso que «existe miseria extrema, hambre, enfermedad, muerte de niños y mujeres, alcoholismo y drogas que han metido para ensuciar a los jóvenes. No hay trabajo o lo pagan muy barato. Nos quieren quitar las escuelas, borrar de la faz de la tierra para quedarse con la riqueza que hay en nuestros territorios, quieren introducir minas, pozos de chapapote, tubos de gas sin importar la vida de la gente».

El mes negro de Carreras fue abril. En la Gaceta Parlamentaria del congreso federal se incluyó un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Verde Ecologista, donde solicitaron que el mandatario deje el cargo mientras se investiga un presunto desvío por 400 millones de pesos de las pensiones del magisterio. El documento lo firmó el ex secretario de gobierno Cándido Ochoa Rojas, considerado el verdadero gobernador ante el fracaso del galeno Fernando Toranzo. Ochoa era el jefe de Carreras cuando se desempeñó como secretario de educación. En los motivos, los legisladores expusieron que en el país, los moches, el tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales de corrupción. Provocan desigualdad entre los ciudadanos.

La corrupción es un problema que ha infectado y contaminado a todo el sistema político. No hay partido que no sea vulnerable a tal práctica. «Hay casos de corruptelas e impunidades como el de Juan Manuel Carreras. Cuando fue titular del sector educativo entre el 2013 y 2015, se desaparecieron 400 millones de pesos para cubrir las pensiones de los profesores de telesecundarias, que durante su vida laboral, atendieron a los niños más pobres de la entidad». Expusieron que en materia de corrupción, San Luis ocupa el indigno 86.1% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, mientras que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes es del 15.7%. Una de las más altas en la república.

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Nava conmina a actualizarse

La diputada local y dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, solicitó juicio político en contra del gobernador Juan Manuel Carreras López, por violaciones a las leyes de adquisiciones y de obra pública del estado, en la compra y acondicionamiento del terreno que entregó a la empresa Ford, en Villa de Reyes.

En la sesión del pasado 24 de abril, Nava expuso que Carreras incurrió en serias irregularidades en el otorgamiento de obras públicas por más de 700 millones de pesos, que se entregaron para acondicionarle el terreno a la empresa automotriz, que luego canceló el proyecto de operaciones en el estado. Añadió que los errores se detectan en los convenios que se firmaron con la trasnacional.

“Todos los servidores públicos debemos darle un giro a nuestro actuar y adaptarnos a las transformaciones que se han realizado y continúan en materia de nuevas leyes”, precisó en entrevista. Expuso que existe un sistema educativo y penal reformado. Se cuentan con los mecanismos de participación social y se acaban de aprobar a nivel local una parte de las leyes que comprende el sistema anticorrupción, donde México se ubica con los más altos niveles. Los funcionarios públicos deben cumplir con ciertos requisitos conforme a las reformas.

Añadió que se cuenta con un sistema de evaluación del desempeño que involucra a todos los empleados del sector público y privado, cuya finalidad es actualizar conocimientos y capacidades del ser humano para que el servicio que se brinda sea eficiente y de calidad, para mejorar el desarrollo económico de México, que ahora «está por los suelos».

-Es inusual que un diputado local pida juicio político contra el gobernador en turno. A lo mejor porque usted es opositora. ¿Cómo hay que entenderlo?

-No, es una herramienta que está en la ley. Es un procedimiento administrativo que se puede utilizar. Es poner el acento en un momento importante de reformas, de cambios. Lo que se busca es que todos los servidores públicos actuemos con responsabilidad.

-¿Algunos dudan que su propuesta pudiera tener una base argumentativa, jurídica?

-Creo que el sustento jurídico existe. Yo lo presento porque existe la herramienta. No lo hago con el fin de sentenciar o juzgar lo indebido, es con carácter preventivo, de que se corrija, se atienda un proceso que está abierto. Existen formas y tiempos para actuar a los que se tiene que apegar como ejecutivo. Es un llamado a todos los servidores públicos para que atiendan y estudien todas las reformas y leyes que existen. Nos obligan a realizar de manera correcta el trabajo administrativo y gubernamental. Sobre todo cuando se maneja el erario. Tenemos la ley de fiscalización, existe un tribunal de justicia adminsitrativa, el sistema anticorrupción, la ley de contabilidad gubernamental, que ya es sancionadora, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que nos dice cómo planear y ejercer el gasto.

La ley de disciplina presupuestal establece por ejemplo, cómo aplicar el dinero en el gasto corriente, que son los salarios y prestaciones de cada dependencia. Hoy los aumentos al salario no deben rebasar el 3%. Es un llamado a que nos actualicemos y cumplamos con las leyes. En el 2018 todo servidor público que sea parte de una nómina será evaluado, no solo el gobernador, el secretario de finanzas o el diputado. A partir de agosto todas las dependencias deberán presentar sus leyes de ingresos, presupuestos de egresos, planes de trabajo y sujetarse a todas las nuevas normas, por lo que deben actualizarse para tener un mejor desempeño

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La «falta de huevos de Carreras» produce acalorada polémica en el congreso

Las acusaciones que hizo en tribuna el legislador Roberto Alejandro Segovia Hernández respecto al gobernador Juan Manuel Carreras López que le faltaban huevos para deshacerse de funcionarios que no le sirven, le valieron para dejar vacante la curul algunos días. Los hechos se originaron cuando el representante del primer distrito electoral pidió intervenir para apoyar un punto de acuerdo que presentó su compañera de bancada, Esther Angélica Martínez Cárdenas.

La legisladora cetemista propuso exhortar a los directivos estatales y municipales de protección civil y coordinadores para el fortalecimiento institucional de los municipios, implementar de manera conjunta una estrategia urgente para actualizar los atlas de riesgo de los 58 ayuntamientos con el objetivo de prevenir o mitigar el impacto de siniestros o desastres naturales como la tromba ocurrida el domingo 16 de abril en la cabecera de Armadillo de los Infantes que dejó un saldo de 4 muertos, dañó vehículos e inmuebles.

Antes de Segovia subieron a tribuna a apoyar la propuesta de Martínez los diputados Gerardo Limón Montelongo, Josefina Salazar Báez y José Belmares Herrera. En su turno, Alejandro Segovia recordó que hace varios meses aprobaron un punto de acuerdo para exigirle al director de protección civil, Jorge Farfán González “que se pusiera las pilas”. Dijo que los presidentes municipales no cuentan con recursos, por lo que no se les podía dar más responsabilidades que no pudieran atender. Cuestionó que Farfán no hizo nada, cuando tiene recursos del estado y federales. «Fue a Armadillo con 20 cobijas y 20 colchonetas. Es todo lo que llevó. Cuando ocurrieron los incendios nunca se paró en las comunidades. Le dejó el trabajo a los bomberos».

Enfatizó qu si le endosaban a los municipios toda las tareas de protección civil, entonces le quitaran el presupuesto y se lo entregaran a los alcaldes. «Lo que les pediría es que a Farfán le diéramos tronco, como decimos en el pueblo. Solicitarle la renuncia, pero no sabemos si el gobernador está dormido o son sus cuates. En las dependencias hay muchos encargados que no dan el kilo. ¡Ya basta!. Llevamos año y medio de gobierno y nuestros secretarios o encargados de las dependencias, más del 70%, no dan el kilo. El señor gobernador no les hace un llamado, no les pide su renuncia. Compañeros diputados, dejen el celular y de platicar entre ustedes. Pongan atención, un poquito por favor, porque es algo grave. A nuestro gobernador le faltan huevos. Entonces que visite Vanegas, donde hay una empresa avícola que produce muchos».

Intervino despúes el diputado Óscar Bautista Villegas. Le dijo a los legisladores que la tarea de protección civil no se le puede dejar solo a los ayuntamientos. El congreso puede apoyar al aprobar el presupuesto estatal, por lo que es necesario sumar esfuerzos para que los municipios se capaciten y cuenten con el atlas de riesgos y una persona encargada en la materia. La legisladora Esther Angélica Martínez intervino otra vez para señalar que si los ayuntamientos no cuentan con dinero, pueden hacer un esfuerzo y ahorrar. Junto con protección civil capacitar y ayuden a los ciudadanos. Estableció que Farfán puede y debe gestionar, tocar puertas con los mandos federales para obtener más fondos.

Alejandro Segovia, alias Jano, insistió que si Farfán puede ir con los mandos centrales, los demás encargados de las dependencias deben imitarlo. «Pero no actúan, no se paran a los municipios ni comunidades a dar un apoyo. Preguntar qué necesitan. Si les falta capacidad o no quieren hacerlo, que se vayan. Han dejado solos a los presidentes municipales. No se por qué tenemos que aguantar tanto, estar alineados con el patrón. Mejor decirle en dónde falla, de buena manera. La ciudadanía exige dar un giro. Nosotros también como diputados debemos dar un cambio ¡Ya basta de solo venir a dormir”.

Subió a tribuna para defender al gobernador el diputado José Luis Romero Calzada. Recordó haber propuesto y se aprobó un punto de acuerdo para que todos los municipios contaran con un atlas de riesgo. Elogió las “agallas” de la diputada Martínez para reclamar, se atienda el tema de protección civil y por ser la voz de su distrito. Le dijo a Segovia que difería de sus dichos, que no era un tema de su gobernador 4 por 4. “A todos nos consta que trabaja insaciable (sic) para el bienestar de los potosinos. Todos los días visita las comunidades y lleva lo que más puede desde su trinchera. El problema no es del mandatario, es de los secretarios que lo engañan y se la pasan mamaseandose (sic) todos los días, para saber quién engaña más bonito a nuestro gobernador”.

Le dijo a Segovia que su distrito es uno de los que más visita Carreras, hasta dos veces por mes, lo que nunca hizo Fernando Toranzo, que sólo iba de paseo, a enfiestarse. No a trabajar por la gente. Insistió que el tema era la falta de compromiso de muchos secretarios. Tal observación si debería hacerla al gobernador y que de una vez aclarare cómo quedó el tema de la Ford y de los maestros. Remarcó que se deben poner a chambear los secretarios. Carreras lo hace desde que amanece al anochecer.

Intervino el diputado panista Enrique Flores Flores, quien pidió a sus homólogos no desviarse del punto de acuerdo. No polemizar en un conflicto de priistas o el reclamo de Segovia. Calificó la propuesta como una de las más sentidas que se hayan presentado en la actual legislatura. Estableció que el congreso debe levantar la voz para exigirle a los municipios un plan de contingencia. Alertar a Carreras que Farfán funciona en ciertas áreas.

Habló el diputado Jorge Díaz Salinas, que aprobó el punto de acuerdo y pidió brindar apoyo económico a los afectados por la tromba en Armadillo. Sugirió que mejor los secretarios no vayan a los municipios como propuso Segovia. Denunció que solo arriban a imponer multas a los ciudadanos. En Tamasopo, refirió, la Secretaría del Medio Ambiente multó con 40 mil pesos a un taller de carpintería, donde susbsisten ocho personas y exigieron una bola de trámites. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes impone multas abusivas a los taxistas de 45 mil pesos. En contraste a personas que matan, les fijan fianzas de 30 mil pesos. Lo que hacen es orillar a la gente a delinquir.

Segovia volvió a subir a tribuna. Mostró un huevo de chocolate que traía en la mano y expresó: “quiero decirle a mi compañero José Luis Romero que traigo un huevito, para que se lo de al señor gobernador y ponga a trabajar a los secretarios, con todo respeto”. Romero le respondió. “Le haré llegar el huevito al señor gobernador. El que se lleva se aguanta y no le vaya a salir una sorpresa que afecte a la gente de su distrito». En su turno, el diputado de Conciencia Popular, Óscar Vera, dijo que para resolver el punto de acuerdo, no se necesitan productos de gallina. Mejor el corazón de los gobernantes, que ante la desgracia ocurrida en Armadillo, debieron declarar la contingencia para involucrar el apoyo federal. “Todos debemos inmiscuirnos. Entender la solidaridad como una forma de gobierno”. Después se aprobó el punto de acuerdo con 20 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

Continuaron los dimes y diretes entre Segovia y Romero, que insistió en diferir de la forma en cómo se expresó el oriundo de Matehuala. Avaló lo que dijo de los funcionarios, pero no del gobernador. Recordó que los legisladores habían pedido la renuncia del vocero estatal Adrián Vázquez y de Jorge Farfán sin éxito. “Hablamos, pero vemos que el tema de la Ford fue mediático uno días. A la fecha, los ciudadanos, medios informativos y menos nosotros sabemos que pasó. Lo mismo con los problemas del magisterio, de salud, donde el año anterior aprobamos el doble del presupuesto y hoy tenemos menos medicamentos en las clínicas». Urgió a votar el tema de las luminarias. Le mostró el huevo a Segovia y reiteró que se lo llevaría a Carreras.

Segovia respondió. “Rápido las amenazas, solo espero que la sorpresita se la lleven los secretarios y no la gente de mi distrito”. Vera les dijo que en el congreso aprueban los puntos de acuerdos que no se concretan por la actitud sumisa hacia el gobernador. Les pidió dejar a un lado tal postura. No tener miedo, actuar con carácter. Obligado por algunos compañeros y el secretario de gobierno, Alejandro Leal, el diputado Segovia renunció a la curul. Luego se desistió y regresó. En tribuna se disculpó con Carreras por las expresiones irrespetuosas que le dirigió. Destacó la civilidad política de su jefe en un escrito que le hicieron. Le pidió perdón a todos.

 

 

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Otro estigma similar al de Sandra Sánchez

«Si queremos que el proyecto político del alcalde de la capital Ricardo Gallardo se vaya al abismo, el congreso debe autorizarle las modificaciones que pide al contrato con Panavi», destacó el ex diputado local del PRD, Eduardo Martínez Benavente. Añadió que existen litigantes dispuestos a presentar denuncias para combatir el resolutivo pendiente. En caso de aprobarse, «habría un estigma más en contra, similar al negocio de los medicamentos. Lo más conveniente para el edil es retirar la iniciativa que presentó para ampliar y modificar el convenio que firmó el ex munícipe Mario García. No alimentar una serie de críticas, descalificaciones y manotazos que se han dado en el poder legislativo».

Al mismo tiempo, añadió, rescindir el convenio o le pesará toda la vida el asunto. «Es falso el argumento que dio Gallardo en el sentido de que tiene que pagar el 90% de penas si disuelve el convenio. Sucede si estuvieran instaladas la mayoría de luminarias, pero sabemos que la firma no cumplió. Es muy fácil para el ayuntamiento cancelar el acuerdo. Pero una de las características de Gallardo es recular en todos los temas. Y cada vez le crecen. Las negociaciones de García con Panavi y las que ahora se pretenden, están manchadas por denuncias de personas que buscan hacerse más ricas con el sobreprecio establecido».

Indicó que en otras partes de la república, se acreditó que el servicio del alumbrado vale la tercera parte de lo que se busca pagar en San Luis. Los 211 millones de pesos son las tajadas para algunas gentes que promueven el negocio. Hacer un contrato de 15 años con tecnología que en 5 ó 7 puede ser obsoleta es inaceptable. En tal lapso habrá un método nuevo más económico y eficiente para iluminar la ciudad. ¿Para qué casarse a tanto tiempo?. Ya se investigó que las dos principales accionistas viven en Guadalajara. ¿Para qué insistir en pagar el sobreprecio cuando en otras partes los focos son más baratos?. La insistencia denota una enorme corruptela y un sobreprecio que habrá de enriquecer a muchos que dan manotazos. Lo de Panavi es el punto más oscuro que debe aclarar Mario García.

-¿Gallardo demuestra su capacidad para salpicar a los presuntos beneficiarios?.

-No lo puedo acreditar con documentos. Los que vivimos la realidad en México, entendemos que el dinero salpica por todos lados. Un ayuntamiento que cuida los recursos de la ciudad y nota que se trata de un enorme fraude, ya lo hubiera retirado. Gallardo además de no rescindir el contrato, busca incrementarlo. Lo único explicable es la enorme corrupción que prevalece. Los diputados debieron recibir cantidades importantes de dinero. Los que estamos atentos a los asuntos públicos, nos damos cuenta que es un negocio manchado. Antes en el congreso, un operador del edil pidió anular el convenio de Mario García. Lo de Panavi es uno de los temas más sucios que me ha tocado analizar en los años que hemos estado atentos a lo que ocurre en San Luis.

Martínez Benavente aseveró que el departamento de alumbrado público se podría encargar de poner las luminarias que hagan falta a un costo bajísimo. Pero el objetivo inicial era tener un pretexto para sacarle un dineral al ayuntamiento. Se puede ahorrar una cifra importante de los que se paga en el recibo de luz en beneficio del municipio y no en la utilidad de los especuladores. El fedatario aludió al caso de la Ford. «Es inaceptable que el gobernador Juan Manuel Carreras no haya informado de cómo quedaron las negociaciones con la trasnacional, que se resiste a pagar las penalizaciones. Le podrían cubrir el lote que compró que luego donó a la empresa».

«En el convenio y adendo que se firmó, existen muchas interpretaciones y penalizaciones a favor de la empresa, que puede decir, devuelvo el predio. Si costó poco o mucho no es mi problema. Cubro sólo los gastos acreditados con facturas como honorarios de algunos trabajadores, renta de locales o publicidad que hayan contratado. Lo que no suma más de 30 millones de pesos. Ya se venció el plazo fatal para cerrar las negociaciones. El asunto pasará a los tribunales internacionales. Carreras no ha explicado por qué no acudió a las instancias. Lo más fuerte que puede exigir el mandatario es que le cubran los daños y perjuicios, aunque no se hayan acreditado en el convenio. Por el impacto que provocó en proveedores de bienes y servicios que no se vinieron a San Luis, lo que sumaría cientos de millones de pesos».

Añadió que prevalece una absoluta falta de transparencia porque Carreras no se ha atrevido a publicar en el Periódico Oficial del Estado el convenio, adendo y anexos. «Lo más grave es que no exista alguna crítica o reclamo por parte de los diputados, partidos opositores o empresarios. Con tal margen, Carreras puede hacer lo que quiera. Las inversiones que haría el gobierno con la Ford donde se incluyen donativos, subsidios y otros beneficios, podrían alcanzar los 3 mil millones de pesos. Similar a lo entregado a la BMW y no los mil 200 millones que señala el mandatario. Cuando la Ford devuelva el terreno, lo peor que puede hacer el ejecutivo es regresarlo a los especuladores a los que les debe casi el 50%. Menos ahora cuando se presume que hay empresas chinas y de otros países interesados en invertir en San Luis. Llegará a un acuerdo favorable para quienes le vendieron el lote en breña y una parte con infraestructura por más de mil millones de pesos. Pero en el contrato no se especifica si fueron instalaciones eléctricas, hidráulicas y vialidades. Por el precio se concluye que sólo abarca el lote y el compactado».

Martínez enfatizó que los contratistas no le pagaron al estado el 10% por enajenar o desincorporar los terrenos ejidales. Falta revisar si entregaron las áreas de donación al ayuntamiento de Villa de Reyes. «Hay muchos aspectos pendientes que favorecieron más a los inversionistas. Sabemos que Carreras no tiene el estilo para una férrea defensa. Tal vez el gobierno federal le exigió no hacer ruido. Pero una manera de presionar a la Ford era presentar la denuncia. Más ahora que se excedieron los términos para un trato amistoso. «El asunto debería estar en los tribunales. Pero va en contra de la naturaleza y carácter del gobernador, pelearse con la firma que engañó a los potosinos y los quiere indemnizar con una cantidad mínima».

 

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Peculados todos los días

El ex candidato independiente a la gubernatura, Edgardo Rubín de Celis, destacó que las lámparas que pretende instalar el ayuntamiento, las quiere cobrar 25 a 1, respecto a las que se han colocado en otras partes de la república. Las más baratas se han cotizado en mil 294 pesos. Aludió a un alcalde de Ciudad Juárez, que al inicio del trieno dio «suichazo» al inaugurar el alumbrado en la zona más oscura. En San Luis pretenden que se pague un dineral. «No estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia que se amplíe el contrato con la empresa Panavi, ya que nació viciado. Como litigante, conocemos varias acciones que se pueden realizar, ya que se trata de un convenio leonino. En el cabildo se autorizó el incremento de 112 millones. Ahora le toca al congresp resolver. Pero los diputados están maniatados ya que buscan reelegirse en el 2018. No vamos a permitir sigan en el cargo personas que no han realizado nada por la ciudadanía».

Añadió que no se vive un estado de derecho ya que los poderes están coercionados. El gobernador Juan Manuel Carreras es un hombre tibio, tiene amordazado al poder legislativo. El edil Ricardo Gallardo comete peculados todos los días. Viola las licitaciones y todas las demás reglas. Construye con sus propias empresas. Ahora pretende engañar a los votantes con las luminarias. Hace poco, la auditoría superior del estado, le hizo observaciones por mil 500 millones de pesos. Pero al quejarse varios activistas y actores políticos de forma agresiva, salió que el ayuntamiento tiene un 10 en transparencia. «No podemos vivir con tantos ilícitos donde se estrangula a los potosinos. Con tales gobiernos, se debilita la economía. Los organismos como la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y la Ase no actúan para revisar el gasto público. Gallardo tiene con un pie en el cuello al cabildo, por lo que le autorizaron las luminarias. Las protestas de varios grupos y las redes sociales lograron retrasar un poco los beneficios que buscan entregar a Panavi. Es como si nos gobernara una pandilla donde unos se tapan con otros. Como el caso de la proveedora Sandra Sánchez Ruiz, una señora muy cercana a Gallardo».

Por su parte, los empresarios e industriales a la Canacintra, Canaco, Coparmex, Usuarios de la Zona Industrial, Cámara de la Industria Restaurante y de la construcción, negaron avalar las proyecciones de Panavi. En un desplegado manifestaron que es poco ético, no es concebible dar entrada a algo irregular, poco serio, que se nota como un perjuicio a las finanzas públicas. No podían dar anuencia a nuevas negociaciones con alguien que no cumplió en el primer contrato. Aunado a que priva la opacidad en los datos. Le pidieron a los legisladores no aprobar la iniciativa que presentó Gallardo y mostrar su compromiso con la ciudadanía. Exigieron se cancelara el contrato con Panavi e iniciar otro concurso. Precisaron que el ex edil Mario García proyectó el cambio de 47 mil lámparas led. A través de licitaciones nada transparentes, el congreso, de manera irresponsable, autorizó endeudar el ayuntamiento con mil 300 millones de pesos. Establecieron que Panavi no cumplió lo acordado y ahora le quieren ampliar los fondos.

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, resaltó que existen presuntos intentos de soborno a legisladores para que voten a favor del caso Panavi. Destacó que están obligados a resolver a la brevedad y votar en contra. “Hay en juego miles de millones de pesos, lo que podría representar una gran tentación para muchos. Además, los informes son incompletos y confusos, lo que ha creado serias sospechas». Informó que la diputada de su partido, Lucila Nava Piña, desde un principio asumió votar en contra de lo que se podría convertir en el hurto multimillonario en la historia de la entidad potosina.

Govea Arcos expuso que si el ayuntamiento asumiera su trabajo, no es necesario concesionar el servicio de alumbrado, porque tiene recursos y trabajadores suficientes para hacerlo, sin necesidad de contratar a un particular. Expuso que es lamentable evidenciar incapacidad en un tema tan simple como cambiar y reponer lámparas y se comprometan las arcas municipales al asumir una nueva deuda. Añadió que la Auditoria Superior de la Federación, podría dar una sorpresa sobre las irregularidades detectadas en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández, ya que existen anomalías que podrían ubicarlo en una postura incómoda.

La ex vocera del panista Marcelo de los Santos y directora del portal electrónico Código San Luis, María Luisa Paulín, que antes se confrontó de manera radical con los magnates Pablo y Miguel Valladares, a los que ridiculizó con panfletos, destacó que el negocio de mil 500 millones se orquestó en el trieno de Mario García. Ahora se ha convertido en una lucha visceral del codueño del periódico Pulso y San Luis Hoy, Pablo Valladares que se confronta con los presuntos dueños de Panavi, Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. También figura su sobrino, Juan Carlos Valladares Eichelman, hijo de Juan Carlos Valladares García, cercano en los afectos del mandatario Enrique Peña, que casi lo cuela como candidato a gobernador en lugar del ex diputado federal, Juan Manuel Carreras. Previo al destape, Pablo Valladares amenazó al PRI de no ungirlo o que se atuvieran a las consecuencias. Otro posible beneficiario es Carlos Torres Rodríguez, hijo del dueño del consorcio radiofónico Global Media, Carlos Torres Corzo… continúa (tomado de la versión impresa, ABRIL 2017)

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La Procuraduría Agraria, eje del robo a campesinos

Especuladores locales y foráneos, coludidos con funcionarios de la Procuraduría Agraria, se apropiaron con artimañas de 621 hectáreas de uso común del ejido Laguna de San Vicente en Villa de Reyes. Compraron el metro cuadrado a 30 pesos a través de asambleas manipuladas. Los nuevos dueños de los predios son Fernando Pablo Villarreal Ballesteros, Gustavo Alfonso Lozano Ardines, Juan Carlos y Eduardo Martín López Rodríguez, Manuel Sáinz de la Hidalga, Julio César Medina Tovar, Edgardo Antonio Meade de Zamacona, Enrique Zabal Cerdeira, José Antonio Vallarta Porras, Francisco Xavier Ponce de Léon Aguilar, Eduardo Cerillo Alemán, Ana Cecilia González Rodríguez, José Antonio Alanís Nieves y Andrés de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador Marcelo de los Santos y del ex alcalde de la capital, Guillermo Pizzuto Zamanillo.

Los ventajosos compradores, coludidos con la notaria 2 de Villa de Reyes, Magdalena Sofía Foyo Mancilla, manipularon el contenido de una acta de asamblea del 10 de junio de 2016, donde presuntamente, los ejidatarios aceptaron la adopción del domino pleno, para poder vender y recibieron a los intrusos como nuevos ejidatarios y avecindados. Las víctimas firmaron hojas en blanco, porque desde hace 10 años en el ejido no se cuenta con un libro de actas. La fedataria alteró el contenido para protocolizar el documento. La asamblea fue presidida por el visitador de la Procuraduría Agraria, Álvaro Pineda Maldonado y otros dos sujetos. Uno se hizo pasar como funcionario de la dependencia, el ingeniero Cecilio Torres, que se encontraba asignado a la huasteca. A algunos ejidatarios le informaron que se abordaría una posible venta de tierras. Pero cuando llegaron los compradores, ya tenían los cheques elaborados, para pagarle a 199 campesinos. A cada uno le darían 900 mil pesos en tres partes. Luego con chicanas, les aplazaron los abonos. Una parte aceptó que las 621 hectáreas se cambiaran de uso común a tierras parceladas y entregarlas a los industriales. Pero hay 45 ejidatarios que se niegan a reconocer los términos del escrito, menos a vender las parcelas. Sin embargo, 5 fueron doblegados. Son ancianos que no escuchan y firmaron. Se fueron con la inercia. Los otros 40 no recibieron pago alguno.

Foyo no consignó que se trate de una compra-venta. La anotó como asignación de tierras. La asamblea determinó ceder las 620 hectáreas en parcelas a cada uno de los compradores. Un ejemplo burdo se explica con Manuel Sáinz, oriundo del Distrito Federal. Le le entregaron 53 parcelas. A la ejidataria María Martínez Maya, 22. Entre ambas personas concentran una superficie que supera las 200 hectáreas. A Sáinz se le aceptó como nuevo ejidatario, sin tener derecho. No es avecindado ni hijo de beneficiarios. Se dedicó dos años antes a visitar cada domicilio para coaccionar a los moradores. Se valió de Martínez Maya y María de Jesús Molina Rosas, quienes le indicaban las carencias de sus vecinos para atinarle al clavo de la necesidad. En la manipulada asamblea se asignaron los derechos de 14 parcelas con una superficie por más de 313 hectáreas. A Ana Cecilia González Rodríguez le tocaron 2. A Fernando Pablo Villarreal Ballesteros una. Gustavo Alfonso Lozano Ardines 2. Andrés de los Santos Pizzuto 3. Eduardo Martín López Rodríguez 1. José Antonio Alanís Nieves 2. Juan Carlos López Rodríguez 3. Se distribuyeron 6 parcelas con una superficie que supera las 90 hectáreas. A Enrique Zabal Cerdeiria le asignaron 1. A Edgardo Meade de Zamacona 1. A José Antonio Vallarta Porras 1. A Francisco Xavier Ponce de León Aguilar 2. A Eduardo Cerrillo Alemán 1. Se aceptaron en total a 15 nuevos ejidatarios y avecindados.

Otro que se coló como falso ejidatario es José Francisco Pacheco Rodríguez, que aparece desde el 2013 como el número uno del padrón. A Pacheco y Pablo Villarreal Ballesteros se les ubica con el mismo modus operandi en las franjas industriales de Nuevo León y Jalisco. Los ejidatarios rebeldes tampoco aceptan que las restantes 450 hectáreas de uso común, sean vendidas en un futuro al ayuntamiento de Villa de Reyes o gobierno estatal, como se estableció. Si se concreta el abuso, se extinguiría el ejido Laguna de San Vicente, uno de los más grandes de la zona. Foyo fue denunciada ante la procuraduría de justicia por los delitos de fraude y falsificar documentos. Los llamados inversionistas incursionaron a través del cabildero, el ex visitador de la Procuraduría Agraria y ex alcalde de Real de Catorce, Héctor Moreno Arriaga.

Es un intermediario que aparece en las primeras ventas ejidales a la firma Bachoco, Parque Logístico y General Motors. Se empezó a ligar con el ex comisariado José Carmen Guanajuato Carranza, que se convirtió en el cacique del ejido, donde impuso durante años al que más le convenía. A Moreno lo protege también el ex secretario de gobierno y diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, lo que les ha permitido imponerse con amenazas y violencia. Moreno se ostenta desde hace 10 años como asesor legal de los ejidatarios a los que manipula con descaro. Incluso les maneja otros asuntos en su despacho privado. Los ayuda a cobrar cuentas vencidas de una carretera que hizo General Motors. Ha sido padrino de varias generaciones de estudiantes y compadre de incontables campesinos a los que controla con dádivas. Le ayuda en sus labores de engaño su asistente Guillermo Cortés de Jáuregui, ex visitador de la Procuraduría Agraria, conocido por su carácter intimidatorio. A cualquiera que se le opuso, lo confrontaba con descalificaciones. El astuto ex edil aprovechó su cargo para olfatear el crecimiento urbano e industrial y sacar ventaja. Se dedicó a cazar a ejidatarios ingenuos que se imaginaron los iba a ayudar por tratarse de un funcionario. Moreno, junto con Sáinz de la Hidalga, previo a la asamblea del 2016, aprovecharon el 10 de mayo. En el salón ejidal, con el beneplácito del comisariado José Guadalupe Gutiérrez Oliva, le entregaron electrodomésticos al grupo que habían doblegado.

Los ejidatarios que se oponen al despojo buscan revertir la ilegal asamblea. Empezar otra vez de cero para decidir de manera libre si quieren o no enajenar las tierras y las condiciones. Los que se rebelan a aceptar espejos tienen como representantes a Margarito Gaspar Martínez, Manuel Piña y Tomás Maya, que ya fue amenazado de muerte…continúa (tomado de la versión impresa, Marzo 2017)

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Censuran la incompetencia de Juan Paulo Almazán Cué

El litigante Víctor Manuel Gallardo Macías se plantó a la entrada de la ciudad judicial para exigirle al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cué, agilizar los expedientes que se manejan para garantizar un servicio rápido y eficiente. El nuevo titular fue antes juez de lo familiar, pero desconoce el servicio público. Destacó que los funcionarios razonan con el estómago, no con la cabeza. «Somos libres, el vínculo con el gobierno y demás instancias. No nos hacen algún favor al atendernos. Aceptó recibirme por ser el líder de los abogados, pero no le interesaba hablar con otros. Y que el gobernador Juan Manuel Carreras lo instruyó ejercer cero tolerancia a las corruptelas, cuando es producto de las mismas, ya que no lo eligió el pleno del consejo o los magistrados. Llegó por voluntad del ejecutivo o del secretario Alejandro Leal Tobías».

No descartó la injerencia del diputado federal Cándido Ochoa Rojas para que le den prioridad a los asuntos que trata su despacho, como el de los influyentes José Mario de la Garza, Jaime Suárez Altamirano y Gustavo Barrera, que han metido a sus recomendados al poder judicial. Enfatizó que los magistrados ascienden sin tener carrera, lo que lesiona a las instituciones que han tomado como un botín o coto de poder. «Los actuarios venden la fe pública. Afirman que fueron con el demandado, al que requieren por la falta de pago. Le piden que señale los bienes y se niega. La víctima se convierte en accionante. Tiene que hacer un juicio, le dan 9 días para contestar la demanda o lo ubican como rebelde. La gente ni cuenta nota las chapuzas de los abogados».

Gallardo resaltó que la élite económica no impone a los jueces más capaces, prefieren los obedientes. Al llegar un magistrado sin experiencia, atentan contra la ciudadanía que exigen justicia, que no aparece por ningún lado. «La suple una mujer voluptuosa, de anchas caderas, pechos exhuberantes, pero con un rostro asqueroso. Es la injusticia, amiga de los funcionarios. Mucha gente dice que tiene 30 ó 40 años con un asunto que empezaron sus abuelos y no lo han terminado. No hay voluntad de cambio. La central de actuarios surgió a instancia nuestra. Era una terminal de autobuses. El actuario apenas llegaba y ya lo esperaban. Pero los magistrados y consejeros metieron a su gente. La dirigente mayoritaria de los burócratas, Benardina Lara Arguelles incrustó a su sobrina Gisela Hernández Lara como recepcionista. Estaba un día y cuatro no. Pero cobraba completo. Tenía otro cargo en el Teatro de la Paz en el mismo horario. Ahora que cerraron la central de actuarios, Lara reclama que hayan despedido a sus agremiados, que no pueden estar sindicalizados, ya que se rompe el esquema institucional. No deben estar por encima de los objetivos máximos que son dar justicia. Viajamos a Guanajuato, Zacatecas, Durango y Chihuahua donde funciona perfecta. En noviembre estuve con el presidente del tribunal, el director de la central de actuarios y una magistrada. Duramos 4 horas encerrados, fueron muy atentos. Les pregunté cómo solucionaron el problema. Lo hicieron sencillo, con personal de confianza. El actuario que cometa un acto deshonesto se va a la cárcel o la calle. Los actuarios ganan la mitad respecto a San Luis y trabajan el doble, en la mañana y tarde. Antes venían a estudiar leyes con nosotros porque tenían cupos limitados. Ya nos rebasaron. En los juicios orales van muy rápido, el tribunal funciona con la mitad del presupuesto de lo que se gasta aquí. Reciben 300 millones, en San Luis se quejaban por tener solo 600 millones para la nomina».

«No podemos permitir que se repita la inoperancia que se vivió con Fernando Toranzo. Vienen tiempos negros, muy malos y si los litigantes que somos libres no nos organizamos, estaremos en medio del conflicto. Muchos compañeros no se capacitan. Tampoco los jueces, policías, ministerios públicos, que sólo actúan a su real entender. El nuevo esquema de justicia es muy delicado para tomarlo a la ligera. Se nota la falta de voluntad. Si la cabeza no coordina, el cuerpo se desmaya, se hace un desbarajuste. Las acciones preventivas de seguridad le corresponden al ayuntamiento y policía estatal, a la que usan para reprimir al pueblo. En la procuraduría en lugar de investigar, detienen para torturar. Por órdenes del ex secretario de gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, me atropellaron y dejaron en silla de ruedas dos años. Se regresó a la época del cacique Gonzalo Santos, que pregonaba la ley de los tres hierros: encierro, destierro o entierro. Entonces me configuraron ocho órdenes de arresto ficticias. Un compañero fue testigo de la amenza. Comíamos en La Parroquia, entonces me dicen que me busca el funcionario, que estaba en el estacionamiento. Me acerco y saca dos fajos de billetes, al parecer de 50 mil pesos cada uno. Me dijo que los mandaba el gobernador Fernando Silva, para que me fuera a pasear. Estaba vigente el fraude a la Unión de Crédito Regional. Luego, un domingo en el mercado de las vías fui a repartir un ejemplar del Coyote y me embisten. Me querían dejar sin piernas, pero me dejé caer al lado contrario de la camioneta. Tengo la certeza de que los culpables eran elementos de la policía estatal vestidos de civiles. Llegaron unos tipejos en bicicleta, eran agentes y le dicen a los tripulantes que se vayan porque yo tuve la culpa».

«Me fui porque tenía orden de arresto y si caigo a la cárcel me matan. Me habían acusado de motín porque escupí a un periodista. No fue accidental, me pegaba con la cámara en la cara. Tal vez era oreja de gobierno. Me provocaba. Estaba en su apogeo el conflicto de los camioneros. Decían que Silva era el dueño de los camiones verdes. Yo tenia como clientes a las otras 5 líneas. No podía quedarme y poner en riesgo a la familia. Me fui a curar con tratamientos naturistas, recuperé gran parte de la movilidad. Aún camino chueco. Cuando hace frio me duelen las lesiones. El atentado quedó impune. Me atropellan un domingo y el lunes entré a la plaza de armas en silla de ruedas. No me esperaban, con un micrófono, le dije a Silva que si ya empezó, acabara de matarme. Le grité que lo hizo su propia policía. Bajó a verme y externó que debía parar la violencia. Si las fuerzas públicas no están capacitadas, ¿a dónde vamos a llegar?… continúa (tomado de la revista impresa, Febrero 2017)

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Gallardo Juárez, cacique multimillonario

El líder del Movimiento Pueblo Libre, Pedro Torres Esquivel, denunció que el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, con múltiples «transas», ha incrementado su fortuna económica de manera espantosa. Expuso que no le interesa negociar con los ambulantes, a los que sólo busca imponerles elevadas cuotas. Como las arbitrarias multas a los automovilistas, que ya no tienen una zona libre donde pararse. Remarcó que Gallardo está obsesionado con el poder y el dinero. Tiene programado heredarle el cargo a su hijo Ricardo Gallardo Cardona. A su nuera, Ruth Miriam González Silva, ubicarla como edil de Soledad. No buscará reelegirse, ya que planea convertise en senador. Y como no hacen nada, aprovechar el tiempo para realizar proselitismo y buscar la gubernatura. Torres censuró que en casi 8 años de controlar Soledad y la capital, los Gallardo no han ejecutado alguna obra sobresaliente. Se han expandido gracias a las baratijas que reparten a la ciudadanía. Destacó que el munícipe logra mayores ingresos con las obras que acapara, al inflar los costos y hacerlas con materiales de ínfima calidad. Reclamó la tibieza del gobernador Juan Manuel Carreras, que nada hace para castigar sus constantes abusos. Lamentó que también tenga bajo su férula a la mayoría de los medios informativos, que no garantizan el derecho de réplica y podrían servir de contrapeso al arbitrario cacique.

-¿Qué provocó el choque, no hay negociaciones?

-Lo primero que nos llevó a romper con Ricardo Gallardo Juárez fue no apoyarlo como candidato a la alcaldía de Soledad. Había una avaricia desmedida en su mirada, rostro y forma de hablar. No era un simple apoyo o dejarlo entrar con nuestra gente para convencerla. Fue un tema de respaldarlo y punto. Nos hemos dado cuenta y concluído que no la regamos. Vimos que todos los líderes en Soledad tuvieron miedo. Otra gran parte, la mayoría, se vendió. Decidimos quedarnos al lado del pueblo, pues no tendría quién lo defendiera. Gallardo también logró controlar otros poderes, instancias que están para ayudar a la gente, no para trabajar con caciques. No estamos ante un alcalde de izquierda. Es un empresario obsesionado con el dinero. Hemos realizado un análisis donde puso de modo a su hijo para que fuera arrestado. No sabemos cómo le hizo para salir adelante con sus cuentas. Lo de la fantasmal proveedora Sandra Sánchez Ruiz nos sorprende mucho. Fue similar a lo que pasó con la clínica Wong. Ricardo Gallardo Cardona era un gran político, pudo llegar a ser gobernador. El problema es que el padre era su consejero y pudo haberlo salvado. Pero está enajenado con el poder y el dinero. Es capaz de poner a su propia familia de por medio. Es dónde creemos que estamos ante un gran riesgo.

«Al principio creíamos que el hijo era el pensante y que el papá ejecutaba las indicaciones. Pero cuando sucedió el desfalco con la clínica Wong, nos dimos cuenta que el papá fue el maquinador. El muchacho no gobernaba. No tenía tanta experiencia. Le pesaba la sombra de Gallardo Juárez, que se siente poderoso. Ahora cambiaron los papeles. El hijo está manchado por el proceso judicial que arrastra. El papá se siente liberado, pero no es cierto. Hay muchos temas que lo afectan. Uno como padre no debe poner a los hijos en riesgo. Meterlos en problemas. El que está enfermo de poder es el padre, no el muchacho. La primera vez que hablamos, llegó en forma modesta a pedir apoyo. Hoy lo vemos en camionetas de lujo. Carga convois de gente armada. Cambió mucho de cuando estuvo en Soledad hasta el momento. Después de 8 años, se volvió multimillonario, cuando estuvo a punto de irse a la quiebra. Hoy tiene fraccionamientos, hoteles, ranchos. Es impresionante saber hasta dónde ha llegado. Pero no ha realizado una obra importante. En los 8 años que ha gobernado, no ha hecho algo que impresione. La misma Victoria Labastida, a la que tanto ha criticado, lo dejó abajo».

«La corrupción originó la impresionante riqueza de los Gallardo. No lo decimos nosotros. Cuando se generó el problema del hijo, los medios nacionales manejaban que tenía carros de colección, relojes de un millón de pesos, un violín de 5 millones, fraccionamientos. ¿Cómo lo hicieron, si la empresa de pollos estaba colapsada?. Ya la arreglaron. Todo es muy sospechoso. Es preocupante cómo se han adueñado de Soledad con las las baratijas que reparten. Lograron impactar a la gente, que no lo entiende. Les sale cara la despensa, ya que los multa, cobra recargos, meten a los hijos a la cárcel. Lo preocupante es que el engaño va para largo. Pueden llegar a ser gobernadores con las baratijas. No con proyectos de escuelas, hospitales, puentes, colonias para los pobres. Saben que con las despensas, garrafones, tortillas, pueden controlar a la ciudadanía. Lo que les permitió dar el salto a la capital, son las miserias que le dan al pueblo. Pero también hubo instancias que tuvieron la culpa. Como el comité estatal de derechos humanos, que no defendió al pueblo de las ofensas. Optó ir abrazado al presidente municipal. Una gran parte del gabinete del ex mandatario Fernando Toranzo trabajó para ayudarlo. Como el ex secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas. El actual diputado local, José Guadalupe Torres. El ex candidato a la gubernastura por el PRD, Fernando Pérez Espinosa. El ex diputado local, Vito Lucas Gómez. Controlaba la procuraduría de justicia, el Supremo Tribunal de Justicia, para fabricar delitos. Le inyectaba temor a los que se atrevían a protestar. Fue lo que lo llevó a donde ahora se encuentra”.

«Gallardo atropellaba, fabricó delitos con gran facilidad. Su caminar casi lo alfombraron. Fue muy astuto. Dicen que repartió regalos por todos lados, a los funcionarios. Es lamentable que las instancias laboren para su beneficio. Si las dependencias no funcionan para lo que fueron creadas, nos llevarán a un Veracruz, un Ayotzinapa, Guerrero. Se dejan dominar por alguien. La proveedora Sandra Sánchez no existe. Fue una maniobra similar a la clínica Wong. Gallardo se salvó por un acuerdo que hizo con el PRI. Sandra Sánchez es como el sello del antialcohol que el alcalde nunca se podrá quitar de encima. Es la corrupción más palpable. No me quiero equivocar, pero el respaldo del PRI se dio por las reformas políticas.

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Carreras le garantiza impunidad a Eduardo Perogordo

El psicólogo criminal, Julio Alfredo Ceballos Alonso, analiza de manera tangencial las arteras violaciones sexuales del empresario Eduardo Víctor del Sagrado Corazón Perogordo Oliva en contra de su hija Greta Ximena Perogordo Corral, desde la perspectiva del incesto y sus múltiples facetas familiares y sociales. Se remonta a los orígenes primitivos donde las hordas lo rechazaron para expander la economía. A raíz del último caso que aborda, le llegaron testimonios de 36 mujeres que han sido agredidas en el seno de sus respectivos hogares. Lamentó que las agrupaciones feministas lo han dejado solo en un tema de influyentismo político y económico. Expuso que el verdugo goza de absoluta impunidad por la cercanía que tiene con el gobernador Juan Mamuel Carreras López, ya que ambos fueron compañeros en el Instituto Potosino, donde también jugaron en el mismo equipo de fútbol. Ceballos lamentó el deficiente desempeño del procurador Federico Garza Herrera, que no ha ordenado los mínimos estudios médicos y forenses para analizar los estragos físicos y racionales en la víctima, que por indicaciones de su progenitor, resultó sodomizada en encuentros grupales, junto con su madre, Beatriz Corral Elorduy, lo que despertó su coraje para denunciar las incontables vejaciones con nulos resultados.

-¿De dónde viene el incesto, por qué persiste en la actualidad?.

-El incesto en una relación sexual entre familiares de línea sanguínea muy directa. Es decir, entre padre e hija, madre e hijo, mujer-hermano, mujer-tío, mujer- abuelo. Se ha hecho un tanto extenso el término, porque es más que una violación de un familiar cercano. Alude a cuando una mujer tiene relaciones sexuales con el yerno o la nuera con el suegro. Ha llegado a tal grado. Aun se le denomina incesto cuando hay un nexo entre compadre con la comadre. La víctima no tiene que estar consciente. El incesto lo puede concretar un adulto mayor, gente responsable. Es decir, el papá de 60 años y la hija de 20. Es sexo consensado. Si vamos a la cuestión histórica, tenemos estudios muy profundos de Sigmund Freud en su libro Tótem y Tabú donde plantea que el incesto es muy primitivo. Pero las tribus prehistóricas lo aborrecían por cuestiones económicas. Cuando se practica el incesto, la endogamia, es decir, el sexo y la procreación hacia el interior de la familia, no crece la sociedad, no prospera. Entonces empiezan a practicar la exogamia, el matrimonio fuera de la familia. Buscan otra familia que los auxilie en la búsqueda de alimentos. En la actualidad existe una falacia, un mito. Se dice que cuando procrean una pareja con lazos de afinidad sanguínea muy cercanos, el niño nace con malformaciones congénitas.

«No se ha comprobado todavía porque hay relaciones entre padre e hija, madre e hijo y tienen familia. Los niños son perfectamente sanos. Es un tabú social muy poderoso. Mis investigaciones van dirigidas a la sociedad potosina, nunca a la autoridad. Hay derecho humano a la verdad, que niegan las autoridades. Hay casos de alto impacto que pasan desapercibidos por instituciones irresponsables, omisas y corruptas. Yo quiero darle una respuesta a México. Mis pesquisas llegan a muchas partes del mundo. El incesto se maneja como algo muy oculto. Pero me doy cuenta que es tan común como los calcetines rotos. Cuando comienzo a trabajar e investigar el caso de Greta Perogordo aparecieron 36 mujeres conocidas. Me dieron testimonios de sus experiencias incestuosas. La mayoría dijo que fueron abusadas a los 6 años. Todas coinciden en la edad. Ignoro si sea el límite o antes no tenían memoria porque hay abusos sexuales de un recién nacido, uno o dos años. Hay tocamientos obscenos, violaciones que no pasan desapercibidas, aunque no tengan lenguaje todavía. Hay tres proyecciones psicológicas para saber si fueron abusados sexualmente».

«La sociedad potosina aceptó que yo acusara a un ministro de la iglesia católica, José Carlos Contreras, como responsable de violar y dar muerte a la estudiante del salesiano Shantal González López, pero ahora no permiten que yo acuse a un padre de familia que violó a su hija. El incesto no es más que la violación de un familiar cercano. Nos referimos al caso de Greta Perogordo Corral. Lo más extraño, que me entristece y enoja mucho, es que las mismas mujeres potosinas no le conceden el derecho a la duda. Todas dicen que miente. Como psicólogo, para determinar que lo hace, no sirve mi capacidad intelectual ni mi instinto policiaco. La tengo que someter a una serie de estudios, baterías de pruebas, hacer un gráfico de su perfil y determinar su conducta. No solo porque la vieron en un video o la televisión pueden decir que miente. Ni el polígrafo lo hace. No detecta la mentira ni la verdad. No entiendo por qué las mujeres no se volcaron en su ayuda. Las autoridades fueron omisas en el caso de Greta Perogordo. Tan grave es que ni siquiera existe un certificado del médico legista de cómo se encuentra su cuerpo. No se ha determinado cómo estaban sus genitales, si hubo desflore y si con el tiempo cicatrizó. He denunciado que el caso camina hacia la impunidad. Es un asunto que golpea a la familia política potosina, al PAN, por la postura socioeconómica del victimario Eduardo Perogordo Oliva, ingeniero geólogo, poseedor de algunas minas donde hay metales preciosos. Pertenece a la elite de la sociedad potosina, lo que deja indefensa a la menor»…continúa (tomado de la versión impresa, ENERO 2017)

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