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La oligarquía local, atrás de la golpiza a Carlos Covarrubias

La bestial golpiza que sufrió el litigante Carlos Covarrubias Rendón es un fiero aviso de hasta dónde puede llegar la oligarquía potosina, empeñada en quedarse, en una primera etapa, con 2 mil hectáreas de terrenos de alta plusvalía, conurbados, en la última gran reserva territorial que debía ser reclamada para los potosinos por el gobernador Juan Manuel Carreras y el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, para crear parques públicos, escuelas, universidades, complejos habitacionales a bajo costo. En diversas entrevistas, Covarrubias ha mencionado que San Juan de Guadalupe será el despojo del siglo que durante décadas ha acariciado el magnate Carlos López Medina, ya que no tiene a dónde ensanchar su exclusivo Club de Golf La Loma, que llegó a sus últimas ventas.

En días recientes, el abogado que resultó con la nariz y cinco costillas fracturadas, organizó un debate público sobre el agua en el congreso local. Otra vez deslizó que mientras los potosinos no tienen una gota para sus necesidades básicas, López Medina logró aterrizar en sus propiedades un canal directo desde la presa del Realito, para no sufrir ningún menoscabo. El incidente de violencia debe hacer meditar a Nava si habrá de continuar con las obras que necesita su mecenas para facilitar el acceso al emporio inmobiliario.

El fiscal Federico Garza debe investigar los ominosos hechos y meter a la cárcel a los cobardes agresores, que no se mandan solos. Covarrubias acrecentó el nivel de las protestas empujado por el diputado federal de Morena, Ricardo del Sol, quien, lo menos que puede conseguir, es motivar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante un conflicto que tiende a complicarse. Y de un herido indefenso, terminar en una masacre, con decenas de muertos.


Tras la evaluación médica, se dijo que Covarrubias Rendón tiene 5 costillas rotas con riesgo de perforarle el pulmón, la clavícula rota y la nariz desviada, por lo que fue necesario operarlo. Denunció que un empresarios dio dinero a los agresores para realizar el intento de homicidio. También les ha pagado para que se manifiestan afuera de la Procuraduría Agraria. “Los atacantes de manera clara mostraron la intención de acabarme”.

Covarrubias Rendón declaró que entre sus agresores pudo identificar a Alejandro Jasso Dávalos y Salomé Marín Castillo, junto con hombres armados, agentes de la Policía Ministerial y Policía Metropolitana, quienes cuidaron a los presuntos matones.

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Fracasa proyecto inmobiliario

La solicitud de opinión para conformar la sociedad inmobiliaria “Reserva” en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, no fue posible remitirla a oficinas centrales y fue devuelta con sus anexos a los promoventes con un acuerdo preventivo, de acuerdo a informes proporcionados mediante oficio, suscrito por el subdelegado de Conciliación Agraria, Emilio Zepeda Gómez.

La opinión de la Procuraduría Agraria es un requisito de procedencia para conformar el proyecto inmobiliario “Reserva”. El 13 de diciembre, durante la mesa de trabajo con ejidatarios y comuneros de diversos núcleos de población vinculados al Frente Amplio Opositor, se habló del contenido preventivo dirigido a la Mesa del Comisariado de bienes comunales de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, que implican la imposibilidad de llevar al cabo la asamblea de aportación programada para el 23 de diciembre próximo. Es evidente que la solicitud presentada por el comisariado comunal Rodolfo Valdés García adoleció de múltiples elementos de fondo y forma.

El nerviosismo era evidente en los aun funcionarios de la Procuraduría Agraria. Zepeda aparece en diversas denuncias como operador de los fraccionadores. Sin embargo ahora está en juego su trabajo. En medio de la presión de los asistentes, el funcionario enunció ante la presencia de la nueva delegada en San Luis Potosí de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola, que “el expediente no puede ser integrado con el manual que establece el procedimiento para la emisión de la opinión de la Procuraduría Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2011 y que refiere al artículo 75 fracción 2 de la Ley Agraria, pues no se trata de una sociedad mercantil, agrícola, ganadera o forestal. Es una inmobiliaria que se rige bajo lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Otra inconsistencia es el avalúo, pues el mismo debe ser elaborado por el Indaabin, el que presentaron fue hecho por una institución de crédito”.

Añadió que “el acta de asamblea en la que se aprueba, aparentemente solicitar la opinión, tiene que ser nuevamente realizada, para establecer si existe conformidad en pedir dicha opinión. Tampoco es suficiente haber presentado un acta del cabildo del ayuntamiento de San Luis Potosí del 28 de febrero de 2013, pues la misma sólo refiere a que se elabore el proyecto de modificación al plan del centro estratégico de San Luis Potosí y Soledad. Se debe presentar el plan estratégico que contenga la viabilidad del cambio de uso de suelo”. El trámite de modificación o creación de Plan Parcial puede llevarse meses o años, además, ser litigado en su momento. Con la determinación que debía cumplirse en un lapso de 15 días, el colapso del proyecto es un hecho.

           La Garita de Jalisco, el antecedente

La empresa Desarrollo del Pedregal de la cual Carlos López Medina es socio mayoritario, se constituyó en 1994, pero sería hasta el 2003, con la emisión del Plan de Centro Estratégico de Población de San Luís Potosí que pudo iniciar de manera formal operaciones. Las actividades que hiciera la empresa durante 24 años estuvieron plagadas de corrupción y desaciertos. Para que dicho plan sea modificado, primero debe tomarse el acuerdo de cabildo para que el Instituto Municipal de Planeación elabore un proyecto. Luego debe ser sometido a consulta pública. Situación que evidentemente confrontará al ayuntamiento con los comuneros inconformes y con la ciudadanía que se opone a la destrucción de la Sierra de San Miguelito.

Para cuando se tenga el papeleo listo, en San Juan de Guadalupe probablemente ya exista una nueva Ley Agraria que cancele proyectos nocivos. Las condiciones han cambiado pero el referente es muy claro. En México sólo se constituyeron 21 sociedades mercantiles inmobiliarias y todas en ejidos. Nunca se hizo una en alguna comunidad. La fórmula utilizada en San Luís Potosí fue un acto maquiavélico y sui géneris, pues se sustentó en una excepción casi imperceptible contenida en el artículo 125 de la Ley Agraria que dice: “las disposiciones del título son aplicables a las sociedades mercantiles o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales”.

“Asimismo, lo dispuesto en el título será aplicable a las sociedades a que se refieren los artículos 75 y 100 de la ley, excepto cuando se dediquen a actividades distintas a las señaladas en el párrafo anterior”. Con el argumento y la exposición de motivos de la Ley Agraria de 1992 que refería a la comercialización del suelo social y urbano y con la aplicación del artículo segundo de la ley agraria respecto a la norma de sociedades mercantiles, en el caso de aplicación supletoria, con el esquema, La Garita de Jalisco fue arrasada, se perdió el derecho de tanto y preferencia. Con la inscripción de las sociedades cambió el régimen de la tenencia de la tierra que propició un enriquecimiento desbordado e inimaginable de los desarrolladores.

                              La rebelión continúa

La presión de los opositores al proyecto ha logrado socavar la posibilidad de una opinión positiva. Ahora los desarrolladores más que nunca irán sobre el alcalde Xavier Nava para obligarlo a que les entregue a como de lugar, el cambio de uso de suelo. Sin embargo, el reagrupamiento de los disidentes e inconformes puede lograr la remoción de los comisariados pro empresarios, establecer alianzas con movimientos sociales, el congreso de la unión e involucrar al gobierno federal con su nueva visión para el campo. Por lo pronto, la asamblea de aportaciones del 23 de diciembre resultó un fiasco, un error y exhibe la incapacidad operativa de los desarrolladores, ayuntamiento y gobierno estatal. ¿Cómo explicar los millones de pesos malgastados en campañas políticas, asesores, líderes corruptos y manipulación de medios informativos?

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La Procuraduría Agraria, eje del robo a campesinos

Especuladores locales y foráneos, coludidos con funcionarios de la Procuraduría Agraria, se apropiaron con artimañas de 621 hectáreas de uso común del ejido Laguna de San Vicente en Villa de Reyes. Compraron el metro cuadrado a 30 pesos a través de asambleas manipuladas. Los nuevos dueños de los predios son Fernando Pablo Villarreal Ballesteros, Gustavo Alfonso Lozano Ardines, Juan Carlos y Eduardo Martín López Rodríguez, Manuel Sáinz de la Hidalga, Julio César Medina Tovar, Edgardo Antonio Meade de Zamacona, Enrique Zabal Cerdeira, José Antonio Vallarta Porras, Francisco Xavier Ponce de Léon Aguilar, Eduardo Cerillo Alemán, Ana Cecilia González Rodríguez, José Antonio Alanís Nieves y Andrés de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador Marcelo de los Santos y del ex alcalde de la capital, Guillermo Pizzuto Zamanillo.

Los ventajosos compradores, coludidos con la notaria 2 de Villa de Reyes, Magdalena Sofía Foyo Mancilla, manipularon el contenido de una acta de asamblea del 10 de junio de 2016, donde presuntamente, los ejidatarios aceptaron la adopción del domino pleno, para poder vender y recibieron a los intrusos como nuevos ejidatarios y avecindados. Las víctimas firmaron hojas en blanco, porque desde hace 10 años en el ejido no se cuenta con un libro de actas. La fedataria alteró el contenido para protocolizar el documento. La asamblea fue presidida por el visitador de la Procuraduría Agraria, Álvaro Pineda Maldonado y otros dos sujetos. Uno se hizo pasar como funcionario de la dependencia, el ingeniero Cecilio Torres, que se encontraba asignado a la huasteca. A algunos ejidatarios le informaron que se abordaría una posible venta de tierras. Pero cuando llegaron los compradores, ya tenían los cheques elaborados, para pagarle a 199 campesinos. A cada uno le darían 900 mil pesos en tres partes. Luego con chicanas, les aplazaron los abonos. Una parte aceptó que las 621 hectáreas se cambiaran de uso común a tierras parceladas y entregarlas a los industriales. Pero hay 45 ejidatarios que se niegan a reconocer los términos del escrito, menos a vender las parcelas. Sin embargo, 5 fueron doblegados. Son ancianos que no escuchan y firmaron. Se fueron con la inercia. Los otros 40 no recibieron pago alguno.

Foyo no consignó que se trate de una compra-venta. La anotó como asignación de tierras. La asamblea determinó ceder las 620 hectáreas en parcelas a cada uno de los compradores. Un ejemplo burdo se explica con Manuel Sáinz, oriundo del Distrito Federal. Le le entregaron 53 parcelas. A la ejidataria María Martínez Maya, 22. Entre ambas personas concentran una superficie que supera las 200 hectáreas. A Sáinz se le aceptó como nuevo ejidatario, sin tener derecho. No es avecindado ni hijo de beneficiarios. Se dedicó dos años antes a visitar cada domicilio para coaccionar a los moradores. Se valió de Martínez Maya y María de Jesús Molina Rosas, quienes le indicaban las carencias de sus vecinos para atinarle al clavo de la necesidad. En la manipulada asamblea se asignaron los derechos de 14 parcelas con una superficie por más de 313 hectáreas. A Ana Cecilia González Rodríguez le tocaron 2. A Fernando Pablo Villarreal Ballesteros una. Gustavo Alfonso Lozano Ardines 2. Andrés de los Santos Pizzuto 3. Eduardo Martín López Rodríguez 1. José Antonio Alanís Nieves 2. Juan Carlos López Rodríguez 3. Se distribuyeron 6 parcelas con una superficie que supera las 90 hectáreas. A Enrique Zabal Cerdeiria le asignaron 1. A Edgardo Meade de Zamacona 1. A José Antonio Vallarta Porras 1. A Francisco Xavier Ponce de León Aguilar 2. A Eduardo Cerrillo Alemán 1. Se aceptaron en total a 15 nuevos ejidatarios y avecindados.

Otro que se coló como falso ejidatario es José Francisco Pacheco Rodríguez, que aparece desde el 2013 como el número uno del padrón. A Pacheco y Pablo Villarreal Ballesteros se les ubica con el mismo modus operandi en las franjas industriales de Nuevo León y Jalisco. Los ejidatarios rebeldes tampoco aceptan que las restantes 450 hectáreas de uso común, sean vendidas en un futuro al ayuntamiento de Villa de Reyes o gobierno estatal, como se estableció. Si se concreta el abuso, se extinguiría el ejido Laguna de San Vicente, uno de los más grandes de la zona. Foyo fue denunciada ante la procuraduría de justicia por los delitos de fraude y falsificar documentos. Los llamados inversionistas incursionaron a través del cabildero, el ex visitador de la Procuraduría Agraria y ex alcalde de Real de Catorce, Héctor Moreno Arriaga.

Es un intermediario que aparece en las primeras ventas ejidales a la firma Bachoco, Parque Logístico y General Motors. Se empezó a ligar con el ex comisariado José Carmen Guanajuato Carranza, que se convirtió en el cacique del ejido, donde impuso durante años al que más le convenía. A Moreno lo protege también el ex secretario de gobierno y diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, lo que les ha permitido imponerse con amenazas y violencia. Moreno se ostenta desde hace 10 años como asesor legal de los ejidatarios a los que manipula con descaro. Incluso les maneja otros asuntos en su despacho privado. Los ayuda a cobrar cuentas vencidas de una carretera que hizo General Motors. Ha sido padrino de varias generaciones de estudiantes y compadre de incontables campesinos a los que controla con dádivas. Le ayuda en sus labores de engaño su asistente Guillermo Cortés de Jáuregui, ex visitador de la Procuraduría Agraria, conocido por su carácter intimidatorio. A cualquiera que se le opuso, lo confrontaba con descalificaciones. El astuto ex edil aprovechó su cargo para olfatear el crecimiento urbano e industrial y sacar ventaja. Se dedicó a cazar a ejidatarios ingenuos que se imaginaron los iba a ayudar por tratarse de un funcionario. Moreno, junto con Sáinz de la Hidalga, previo a la asamblea del 2016, aprovecharon el 10 de mayo. En el salón ejidal, con el beneplácito del comisariado José Guadalupe Gutiérrez Oliva, le entregaron electrodomésticos al grupo que habían doblegado.

Los ejidatarios que se oponen al despojo buscan revertir la ilegal asamblea. Empezar otra vez de cero para decidir de manera libre si quieren o no enajenar las tierras y las condiciones. Los que se rebelan a aceptar espejos tienen como representantes a Margarito Gaspar Martínez, Manuel Piña y Tomás Maya, que ya fue amenazado de muerte…continúa (tomado de la versión impresa, Marzo 2017)