El ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, adquirió 6.8 hectáreas del predio denominado Camino a la presa de San José, que se ubica en el rancho San José de Buenavista, perteneciente a la congregación de Escalerillas. Con sobornos y usurpación de identidad, es mentira que pagó 15 millones 500 mil pesos por el lote, declaró el representante legal de un grupo de comuneros del poblado, Antonio Ramírez Alfaro. En el 2009, cuando Gallardo Juárez ganó el ayuntamiento de Soledad, puso la mira en las tierras cuando el mismo Ramírez le dijo que tenía algunos predios para venderle. Ambos tramaron el acuerdo. Gallardo se deshizo de los intermediarios. Optó actuar por su cuenta. En el 2018, nueve años después, sus aliados en el cabildo y funcionarios del gabinete, le autorizaron el cambio de uso de suelo de las 6.8 hectáreas para construir viviendas. Los incontables latrocinios que el comerciante de pollos cometió, obligaron a su relevo, Xavier Nava Palacios, promover ante la Fiscalía General de la República, una demanda penal por malversar más de mil 200 millones de pesos. El terreno es propiedad del ayuntamiento. Es una zona de reserva ecológica. Es decir, Gallardo podría enfrentar otras querellas por los supuestos delitos de despojo y daño al medio ambiente. Incluso por mentir a la autoridad, pues dijo que pagó en el 2011a los vendedores José Carmen Bravo Blanco y María Magdalena Hernández Espericueta, entonces con 80 años, 15 millones 500 mil pesos en efectivo en una sola exhibición.
El viernes 15 de febrero del 2019 a nombre del ayuntamiento, el síndico Víctor Saldaña interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Gallardo Juárez, algunos ex integrantes del cabildo y ex funcionarios, por el cambio del uso de suelo de 6.8 hectáreas decretadas como área natural protegida desde 1996. Sin embargo, fue hasta lunes 19 cuando en rueda de prensa, Nava Palacios acompañado de la diputada federal Josefina Salazar Báez y los legisladores locales Rubén Guajardo Barrera, José Antonio Zapata y Ricardo Villareal Loo, expuso que su antecesor violentó la norma ambiental. Acusó a Gallardo de pisotear una orden judicial y se autorizó el cambio de uso suelo del predio que corresponde a una área natural protegida que es pública. “Usó el poder político para saquear el bien común. Hoy denunciamos los delitos contra quienes con dolo y ambición desmedida, atropellaron de manera sistemática la ley. No acataron una suspensión definitiva ordenada por un juez federal, violaron la constitución y la ley de amparo entre otros ordenamientos”.
Nava declaró que era la primera denuncia penal en contra de Gallardo Juárez y su equipo. En el cajón guarda un grueso expediente de las tropelías del empresario. Los casos más emblemáticos son el enriquecimiento ilícito del ex edil y su familia. La compra millonaria de medicamentos a la desconocida Sandra Sánchez que nadie logró ubicar. Giró un cheque por 20 millones de pesos que fueron a parar a su cuenta personal. El predio se ubica al poniente de la capital, sobre el camino a la presa de San José. Forma parte de las 200 hectáreas que en 1961, el entonces gobernador, Francisco Martínez de la Vega, le donó al municipio de la capital en el trienio de Salvador Nava Martínez. En 1996 la misma superficie quedó dentro de las 344 hectáreas que el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, mediante decreto, declaró reserva natural protegida. El predio colinda con una enorme barda de miles de metros lineales que protegen los fraccionamientos exclusivos Rinconada de los Andes, propiedad del urbanizador Carlos Gerardo López Medina. Si Gallardo pretendía construir un complejo, tenía que solicitar permiso al magnate para derribar el muro y acceder a la propiedad, ya que no existe otra vía.
En 1923 se constituyó la congregación de Escalerillas. El fundador fue Simón de la Cruz Leyva que se estableció en el poblado con dos caballerías menores y una mayor. La comunidad quedó integrada por los pequeños poblados o rancherías conocidos como San José de Buenavista, La Mesa de los Conejos, La Maroma y El Ahogado. Después, San Juana de la Cruz, hija de Simón de la Cruz Leyva, les regaló a los pobladores las tierras. Sin embargo, en 1929, mediante resolución presidencial, cuando se reconoció legalmente la comunidad con 5 mil 815 hectáreas, en el mismo decreto el gobierno federal creó el ejido de Escalerillas y lo dotó de 3 mil 592 hectáreas. En el 2005 se instituyó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. En el proyecto se sumó comunidad con ejido y se hizo un solo núcleo. Los habitantes promovieron una queja de nulidad y solicitó que la congregación se separe. La demanda aún sigue vigente.
La congregación de Escalerillas no escapó a la especulación de los voraces urbanizadores, empresarios, comerciantes, políticos, líderes sociales y pseudo abogados. Hoy el 90% de las tierras están en manos de particulares, la mayoría mediante actos ilegales como el caso de la “compra” de las 6.8 hectáreas que Gallardo hizo a José Carmen Bravo Blanco y María Magdalena Hernández, quienes adquieren la propiedad en los noventa a los señores Francisco Pérez Morales y Alejandrina Pérez Morales, originarios de San José de Buenavista. Los Pérez Morales, como otras familias de Escalerillas, se posesionaron de cientos de hectáreas que después, de manera irregular, escrituraron a su nombre para vender. En otros casos, se utilizó al dueto para legitimar una compra o venta de tierras. El 16 de febrero de 1995 Francisco Pérez Morales vendió a José Carmen Bravo Blanco y Ángel Pérez Hernández los 68 mil metros cuadrados del predio. Cado uno adquirió el 50%. El 7 de octubre de 1996, Pérez Hernández donó a María Magdalena Hernández su parte del inmueble. Dio fe el notario 17, Alfonso Leal Varela. En el 2000, Antonio Ramírez Alfaro se convirtió en representante legal del grupo de comuneros. Su habilidad para convencer al más duro e incrédulo, le permitió obtener un poder general de José Carmen Bravo Blanco y de otros representados. En agosto del 2009 conoció a Ricardo Gallardo Juárez, un mes después de ganar la presidencia de Soledad.
El entonces edil Gallardo Juárez aprovechó la oportunidad de usar el puesto público para incursionar en el ámbito inmobiliario y competir con los grandes especuladores del suelo urbano de San Luis. El predio se ubica en la zona con mayor plusvalía donde el metro cuadrado tiene un valor de 10 mil pesos. Colinda con fraccionamientos exclusivos de López Medina. Junto con Ramírez inició los trámites para conseguirlo. Se tardó más de 9 años, cuatro contratos de compraventa que realizó con el igual número de notarios. El 5 de octubre del 2009 celebró el primer convenio ante el fedatario 17, Alfonso Leal Varela, que tenía un antecedente. Solicitó al Registro Publico de la Propiedad y el Comercio, hoy Instituto Registral y Catastral del Estado, un certificado libre de todo gravamen. En noviembre, según la boleta Q296759, pidió una segunda libertad de responsabilidad del mismo inmueble. El proceso se detuvo. Lo reinició a los 7 meses. El 27 de agosto del 2010 Leal solicitó una libertad de gravamen. El 27 de agosto pidió otra. El 30 de agosto envió el primer aviso preventivo de la compraventa del inmueble. En la operación se presentó como comprador Ricardo Gallardo Juárez, José Carmen Bravo y José Ángel Pérez Hernández, sin ser dueños. Pérez en 1995 donó a su madre María Magdalena Hernández Espericueta el 50% del lote. El 7 de septiembre Leal envió de nuevo el primer aviso preventivo de la transacción, pero no el segundo. La venta quedó incompleta. Gallardo cambió de postura y determinó adquirir el inmueble a través de una empresa familiar.
En septiembre del 2010, Gallardo Juárez ordenó a sus hijos José Ricardo y Candy Aracely Gallardo Cardona crear la constructora Tangamanga Continental Sociedad Anónima de Capital Variable para comprar el predio. El 5 de noviembre, Leal Varela solicitó una nueva libertad de gravamen del lote, donde señala las medidas y colindancias a nombre de los propietarios José Carmen Bravo Blanco y José Ángel Pérez Hernández. En la misma fecha el fedatario emite y pide al Registro Público de la Propiedad y el Comercio el primer aviso del contrato de compraventa que celebraron Bravo Blanco y María Magdalena Hernández Espiricueta, madre de José Ángel Pérez Hernández y Tangamanga Continental, representada por Gallardo Cardona. La maniobra se quedó trunca, nunca se envió el segundo aviso preventivo de la compraventa. Tangamanga Continental es una de las múltiples empresas que crearon los Gallardo para adquirir más de cinco propiedades.
Luego Gallardo Juárez dio un giro para concluir la compraventa de las 6.8 hectáreas. Según los archivos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio contrató al fedatario 10 Francisco Artolózaga Noriega, con quien tenía acuerdos cercanos. Como edil, la directora de catastro fue la hija del notario, Claudia Artolózoga Sthal. El certificador emitió y envió para su registro el primer aviso preventivo de la compra. Estableció que el contrato se realizó el 9 de septiembre del 2010, un día antes que se constituyera Tangamanga Continental que adquirió el 100% de la propiedad. En el documento se asentó que el dueño anterior fue Gallardo Juárez que luego terminó por poner a su nombre el terreno. Cambió de nuevo al notario, hizo un tercer contrato de compraventa, se deshizo de su intermediario de bienes y raíces y liga con los comuneros de Escalerillas. Hace el trato directo, pide a su equipo de guardaespaldas llevar ante el fedatario a la parte vendedora, por la fuerza, con rifles y pistolas por delante. Bravo Blanco y María Hernández Bravo, sobrina de María Magdalena Hernández Espericueta, asistieron a la notaria para firmar el contrato.
El 11 de julio del 2011 el notario 14, Miguel Ángel Martínez Navarro, solicitó al Registro Público de la Propiedad y el Comercio una nueva libertad de gravamen. En el mismo escrito pidió emitir el primer aviso preventivo de la transacción. Dijo tramitar una escritura de contrato de compraventa entre José Carmen Bravo Blanco y María Magdalena Hernández Espericueta como vendedores y Ricardo Gallardo Juárez como comprador. El 12 de julio las partes firmaron la escritura de la compraventa. Fue hasta el 1 de febrero del 2018 que se trasmitió el dominio. En el documento se estableció que Gallardo Juárez pagó por el predio 15 millones 500 mil pesos. “Valor que la parte vendedora recibió en efectivo y moneda nacional. Por medio del presente acusa en favor de la compradora el más perfecto recibo que a su seguridad conduzca y como comprobante de la suma le ha sido pagada a su entera satisfacción”. El 18 de julio, cuando Gallardo Cardona había ganado la alcaldía de Soledad, Navarro emitió el segundo aviso preventivo de la compraventa del inmueble, con lo que la operación quedó fija.
La compra del inmueble se sumó a otros cientos que los Gallardo adquirieron. La pujante empresa inmobiliaria no se detuvo con la captura de Gallardo Cardona a principios de enero del 2015 por la entonces Procuraduría General de la Republica y enviado a las mazmorras por los supuestos delitos de fraude y nexos con la delincuencia organizada. El 22 de junio, Gallardo Juárez era candidato a la alcaldía de la capital. Entonces registró en la dirección general de catastro y desarrollo urbano del ayuntamiento, el predio a su nombre con la clave catastral 2400102801000105506800001000000. Gallardo Juárez recurrió a una sociedad anónima para trasmitir el predio y otras propiedades a su nombre. El objetivo fue simular la compraventa de inmuebles a través de prestanombres. Contrató los servicios del notario 15 Mauricio Mier Padrón para llevar a cabo las distintas operaciones. El entonces diputado local José Guadalupe Torres Sánchez, consejero del munícipe, pidió prestada a su compañero de curul en el congreso local, Óscar Bautista Villegas, hoy diputado federal, la sociedad anónima Servicios y Suministros de la Zona Media. En el 2007 se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Tiene domicilio en Rioverde. Su objeto es la compraventa, consignación, importación, exportación, fabricación, maquila, traslado, exhibición y comercialización de toda clase de materiales, la realización de cualquier tipo de proyecto arquitectónico, construcción de caminos, puentes y drenajes, rehabilitación de presas, obras de alumbrado, traslados y flete de cualquier mercancía por tierra, cielo y mar, entre muchas otras actividades. La sociedad tiene una duración de 99 años. La integran Haidé Elena García Leyva que es la administradora única y Manuel Castillo Díaz de Vivar. Cada uno con el 50% del capital de 500 mil pesos dividido en 250 acciones. Ambos son militantes del PRI vinculados a Bautista. El 11 de marzo del 2017 celebraron una asamblea. Se aprobó ceder el valor nominal de todas las acciones a Lidia Margarita Silva Carmona y Paloma Martínez Hurtado. Renunció como administradora única García Leyva. También se le revocaron los distintos poderes. La suplió Silva Carmona. Se cambió el domicilio a San Luis Potosí. Pero el acta apareció registrada hasta el 28 de septiembre del 2018. El 4 de agosto del 2014, cuando Gallardo Cardona era alcalde de Soledad, Silva Carmona ingresó a la nómina del Interapas en la capital como auxiliar en la contraloría del organismo que preside desde 2013 Salvador González Martínez, que fue tesorero con Gallardo Juárez. Silva Carmona pasó después a secretaria “A” de la misma área, donde se mantuvo hasta septiembre del 2018. A Paloma Martínez Hurtado se le ubicó como pareja sentimental de Gallardo Juárez. Estuvo en la nómina del ayuntamiento de la capital. Cobró un sueldo superior a los 17 mil pesos sin trabajar. También coló a su mamá Edith Hurtado González y su hermana Jaqueline Martínez Hurtado. Paloma Martínez aparece como prestanombres de Gallardo Juárez en Multiconstrucciones Centrales, Cimientos y Construcciones de San Luis y Hurtado Construcciones Hidráulicas. Las acciones de las primeras dos empresas terminaron en manos del cuñado de Gallardo Juárez, Roberto Cardona Reyna. A la tercera firma se le asignaron sin licitar contratos en Interapas por un millón 757 mil 565 pesos.
El ex alcalde no se detuvo en la embestida de hacer rentable la nueva propiedad. El 4 de diciembre del 2017 a través del subdirector de administración y desarrollo urbano, José Gabino Manzo Castrejón, elaboró la constancia de vocación de uso de suelo con folio 4411, documento que dirigió a Lidia Margarita Silva Carmona, apoderada legal de Servicios y Suministros de la Zona Media. Gallardo se mantuvo siempre al frente de las operaciones del predio como juez y parte. El 17 de diciembre del 2017 solicitó a la directora de catastro y desarrollo urbano, Lidia Velázquez, la certificación de medidas y colindancias del predio. En el 2018, el edil apostó a reelegirse para acrecentar su fortuna y la de la familia. Pero fue derrotado por el candidato del PAN, Francisco Xavier Nava Palacios. Apenas se repuso de la derrota regresó, ordenó cubrir todos los huecos y concluir el proyecto de vivienda en las 6.8 hectáreas. El 19 de julio del 2018, la dirección de administración y desarrollo urbano emitió la licencia de alineamiento y número oficial Folio 67127 a su nombre. Se clasificó como confidencial el dato. El 14 de agosto, con el igual folio apareció la misma licencia de alineamiento pero a nombre de Servicios y Suministros de la Zona Media.
Gallardo usó el gabinete para cerrar el negocio inmobiliario. El 6 de agosto del 2018, Velázquez Neri contestó la petición a su “jefe”. Informó que de acuerdo a la visita física al predio y cotejo con la escritura, las medias y colindancias no coinciden con lo asentado en el documento que emitió Martínez Navarro. Velázquez modificó las medidas y colindancias y emitió otro certificado. Velázquez fue antes directora de catastro en Soledad con Gallardo Cardona. El 15 de agosto del 2018, los regidores Ana Cristina Silva Velázquez, del PRD y Raymundo Roberto Ramírez Urbina, del PAN, presidenta y secretario de la comisión de alumbrado y obras públicas, luego de dar el aval, turnaron un dictamen para cambiar el uso de suelo al terreno mencionado. Un día antes, el subdirector de desarrollo urbano, José Gabino Manzo, les envió un oficio para analizar si era viable cambiar el uso de suelo del predio.
Gallardo solicitó al notario Mauricio Mier Padrón, certificar el documento. Además de protocolizar la compraventa del predio a la sociedad Servicios y Suministros de Zona Media, para que obtuviera los permisos y concretar el plan urbanizador. El 23 de agosto, Mier emitió la modificación de medidas lineales y colindancias del predio. Según el expediente, la constancia certificada se expidió a favor de Servicios y Suministros de la Zona Media que se acreditó como propietaria del terreno con el folio real 164226 para obtener 15 días después el cambio de uso de suelo, cuando fue Gallardo Juárez quien solicitó al fedatario el documento. El 27 de agosto, Mier Padrón inscribió en el Instituto Catastral y Registral del Estado cuatro compraventas de inmuebles que hizo Gallardo Juárez a Servicios y Suministros de la Zona Media además de las 6.8 hectáreas del predio Camino a la Presa. Se trata de dos predios que se ubican en la Fracción Tercera Grande. Uno, denominado La Chorrera con 15 mil metros cuadrados. Otro de 916 metros cuadrados. Uno de 6 mil 79 metros que está en el Camino a Soledad. También se realizó la compraventa de los niveles cuatro y cinco de las oficinas y cajones de estacionamiento número 7, 7-A, 6 y 6-A del edificio “Puga” que se encuentra en Carranza esquina con Benigno Arriaga. En todos los actos la empresa estuvo representada por la apoderada legal, Lidia Margarita Silva Carmona. Las seis operaciones ingresaron al Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 28 de agosto del 2018 ya con el nombre de Servicios y Suministros de la Zona Media como adquiriente en los avisos preventivos.
La asociación civil Cambio de Ruta impugnó el cambio de uso de suelo a través de un amparo. Sin embargo, el 30 de agosto, en la décima sexta sesión ordinaria de cabildo, Gallardo y sus regidores aprobaron la medida. Eran 68 mil metros cuadrados de una área natural protegida, con fines habitacionales de densidad media alta. El munícipe y su aplanadora votaron a favor a pesar de que el dictamen hizo notar que el predio se ubica a 100 metros del “Parque Urbano Paseo de la Presa San José”. Una parte del terreno es área de reserva ecológica. El documento no cumplió con los requisitos, según el artículo 136 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. El apartado primero del artículo establece que las solicitudes de licencia deben señalar el uso actual del suelo y superficie construido. El uso del suelo que se propone, superficie por construir y anexar croquis. En las páginas del dictamen no se menciona el número de metros cuadrados comprendidos dentro del dictamen. Votaron a favor los regidores del PRD, PT y Gallardo.
Durante la asamblea, el regidor del PAN, César Augusto Contreras Malibrán denunció que faltaba información. Anunció que votaría en contra ya que para ingresar a Rinconada de los Andes, sólo hay una vía. Calificó como “una locura” autorizar el cambio de uso de suelo. Advirtió que “se mira complicado, ya que es la única entrada y salida”. La regidora del PRD y entonces presidenta de la cartera de alumbrado y obras públicas, Ana Cristina Silva Velázquez, respondió que era un asunto técnico, ya que se cumplían todos los dictámenes de procedimiento. Para que el cabildo autorizara el cambio de uso de suelo, Lidia Margarita Silva Carmona entregó una serie de documentos a desarrollo urbano y catastro que antes se turnaron a alumbrado y obras públicas. Como pasó con los estudios de impacto urbano, vial y el informe preventivo de impacto ambiental para el cambio de uso de suelo que elaboró Carlos Alejandro Alderete Morales. En cada uno de los documentos ubican la extensión del terreno detrás de la barda donde termina Rinconada de los Andes al poniente de la capital. En la segunda página del estudio se lee: “el predio es el resultado de una compraventa entre particulares, quienes al obtener de las autoridades el dominio pleno, fue adquirido por Servicios y Suministros de la Zona Media”.
En los documentos se asentó que lo adquirió la representante legal Lidia Margarita Silva Carmona. “Las escrituras serán mostradas en el momento de ser requeridas por la autoridad correspondiente. No se presentan por razones de seguridad del interesado”. En el estudio de impacto urbano insisten que el terreno se ubica dentro del área natural protegida, declarada desde el 5 de junio de 1996 por medio de un decreto del ejecutivo. En el artículo primero se establece que se ubica en la modalidad de parque urbano, con una superficie de 344-02-30 hectáreas, propiedad del ayuntamiento. En el Sistema de Información Geográfica Municipal, creado durante el trienio de Mario García, se puede acceder a los planos de la ciudad y delimitar las zonas naturales protegidas. Se establece que después de la línea recta donde termina Rinconada de los Andes, comienza el área natural protegida, por lo que el terreno de 6.8 hectáreas es propiedad municipal. El entonces director de ingresos, José Alberto Sánchez Gutiérrez, extendió una constancia con número de folio 1337891 para acreditar que no existía adeudo por el pago predial del inmueble.
El munícipe creyó cerrar el negocio, pero los afectados lo pusieron contra la pared. El 21 de septiembre de 2018, comuneros de Escalerillas advirtieron promover una demanda en su contra. Señalaron que con la “compra” de 6.8 hectáreas en San José de Buena Vista, buscó adueñarse de 544 hectáreas. El representante legal de los comuneros, Antonio Ramírez Alfaro, acusó al edil de mentiroso, porque no pagó los 15 millones 500 mil pesos. Afirmó que el terreno lo obtuvo por medio de “sobornos y usurpación de identidad”. Le pidieron regresar el predio. “El señor tiene que devolver lo que no le pertenece”. Ramírez lo acusó de manipular el nombre de la comunera Alejandrina Pérez Morales, quien murió en diciembre de 1990, pero “empadronó 862 hectáreas en junio de 1991. El lote no es suyo, es de Escalerillas. Tenemos las pruebas”.
El 25 de septiembre, Gallardo se puso colérico cuando los medios lo cuestionaron sobre el tema. Negó haber tomado alguna propiedad. Calificó de falsas las declaraciones. Exigió le pusieran enfrente al comunero que dijo, se ha robado una hectárea. Sostuvo que mentían sus detractores. Sin cuidar las formas, sin importarle dejar rastros de las chicanas, al obtener de manera ilegal el cambio de uso de suelo, cometer despojo y auto-venderse el predio, concretó la maniobra. El 28 de septiembre, Mier Padrón solicitó al Instituto Registral y Catastral, la libertad de toda responsabilidad y gravamen. Informar si estaba pendiente de inscripción algún testimonio o documento que modifique la situación jurídica. Si aparece como morada conyugal o forma parte del patrimonio familiar. Si está dentro de los planes de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico que prevé la normatividad vigente. Pidió emitir el primer aviso preventivo de compraventa con reserva de dominio entre Gallardo Juárez como vendedor de la empresa Servicios y Suministros de la Zona Media a través de Lidia Margarita Silva Carmona. El segundo aviso preventivo se envió el 5 de octubre del 2018.
Los notarios que contrató Gallardo violentaron el artículo 23 de la Ley del Registro Público de la Propiedad donde señala: “cuando se firme una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes inmuebles o cualquier derecho real sobre los mismos, el notario ante quien se realice la operación, dentro los cuatro días hábiles siguientes en que se haya firmado la escritura, por escrito o por los medios electrónicos previstos por ley y demás disposiciones, deberá presentar segundo aviso preventivo en el que se señale, I, el acto jurídico de que se trate. II. El inmueble materia de la operación, describiéndolo de manera indubitable sus antecedentes registrales. III. Nombre de las partes que intervienen en la operación y IV, fecha y número de la escritura pública”. Los cuatros fedatarios emitieron los segundos avisos preventivos hasta con 15 días de diferencia.
Pero la justicia federal paró en seco al ex edil y su equipo. El 14 de diciembre del 2018 el juez octavo de distrito ordenó al ayuntamiento dejar sin efecto y revocar la autorización de cambio de uso de suelo de un predio de 6.8 hectáreas en San José de Buenavista porque se violó la suspensión del amparo 30/2018-III. El resolutivo se dio el 14 de diciembre, con la que se avaló la denuncia de Cambio de Ruta ante diversos incumplimientos por parte de las autoridades estatales para conservar el área natural protegida. Le dieron al ayuntamiento un plazo de 24 horas para dejar sin efecto el acuerdo del 30 de agosto. El edil Xavier Nava Palacios insistió en los atropellos de su antecesor. El 21 de diciembre del 2018, en sesión ordinaria del cabildo, revocaron la aprobación del cambio de uso de suelo como ordenó la juez octava de distrito, Laura Coria, ya que se violentó el amparo 30/2018-III.
El ex regidor del ayuntamiento de la capital e integrante del Frente Ciudadano Anticorrupción, Manuel Nava, dijo que el predio colinda con 190 hectáreas donde se ubica el fraccionamiento Rinconadas de los Andes, que López Medina reclama como suyas. Son las mismas que en la década de los 50, se apropió mediante operaciones simuladas, su padre Carlos López Martin Campo que también usó a su papá ya fallecido para celebrar una compraventa de la superficie a los espurios dueños. Expuso que el terreno no tiene acceso de norte a sur. Significa que si Gallardo pretendía construir un fraccionamiento, debe convenir con el magnate. “No es descabellado imaginar que el mismo urbanizador le propuso se robara el predio. Pero flaco favor le hizo, vaya que lo engañó”. Dijo que al ex edil no le cuajó el despojo. Se sumaría a su creciente y dudosa fortuna. El Frente Ciudadano Anticorrupción, en febrero del 2018, promovió una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado, por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito. Explicó que en 9 años, Gallardo Juárez y su familia adquirieron inmuebles por más de 3000 millones de metros cuadrados. Si el precio se tasara en un peso, significan 300 millones de pesos. Una gran fortuna que amasó sin justificar su origen. Cada peso que cubrió por los inmuebles, lo cubrió en su mayoría en efectivo.
Gallardo Juárez confrontó a Xavier Nava a través de sus alfiles. El presidente estatal del PRD, Ernesto Barajas, declaró que el munícipe no es juez ni ministerio público. “No tiene nada que ver con la política. Se afectaron los intereses ciudadanos, violaron la normatividad”. Nava Palacios se mantuvo, dijo que no hay riesgo de que se “caiga” la denuncia penal que se interpuso ante la fiscalía contra el ex presidente por el cambio de uso de suelo de una área protegida. Aseveró que se había cometido un delito federal que afecta el patrimonio de los potosinos. En el Instituto Catastral y Registral existe una inscripción del 2007, que corresponde a la fecha que se formó Servicios y Suministros de Zona Media. Pero hay otra del 30 de septiembre del 2018. El mismo día que el cabildo y Gallardo aprobaron el cambio de uso de suelo de las 6.8 hectáreas. Pero no es posible localizar sus oficinas actuales. En los archivos, hasta la fecha, aparece como dueño del predio Ricardo Gallardo Juárez. Nava advirtió el 19 de febrero que se trataba de la primera denuncia penal en contra del ex edil. Falta contabilizar el desvío de un cheque de 20 millones de pesos que terminó en la cuenta personal del ex alcalde. La tesorería municipal lo expidió un día antes de que dejara el cargo. Lo cambió el entonces secretario del ayuntamiento, Ernesto Barajas Ábrego, hoy líder del comité municipal del PRD. Después el monto se transfirió a una de las cuentas de Gallardo. Está pendiente el fraude de 15 millones de pesos de recursos federales para el rubro de seguridad que el también vendedor de pollos usó para comprar ollas que regaló a las personas que pagaron el predial a tiempo.
