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La CTM exige garantías para los que han delinquido

La diputada local del PRI, Esther Angélica Martínez Cárdenas, presentó en la asamblea del 4 de mayo una iniciativa para eliminar de la ley estatal electoral el requisito de no antecedentes penales que deben acreditar ante la autoridad electoral los aspirantes al cargo de gobernador, presidente municipal y diputados locales, incluye también a quienes pretendan competir por la vía independiente.

Al exponer los motivos, Martínez Cárdenas argumentó que busca proteger los derechos humanos y no discriminar a quienes aspiran a un cargo de elección popular. Pedirles la carta de no antecedentes penales, señala, puede constituir una serie de violaciones a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, que consigna los derechos y garantías de todas las personas y de ordenamientos federales de carácter general, para que los ciudadanos gocen plenos de sus derechos políticos y ser votados.

La propuesta de la legisladora de la CTM causó controversia entre sus mismos compañeros y la crítica del dirigente del comité municipal del PAN, Maximino Jasso Padrón. Calificó la iniciativa de sospechosa y que tal vez esté a favor del ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, quién no está libre de sus derechos políticos. En respuesta el dirigente estatal del PRD y ex alcalde interino de Soledad, José Luis Fernández Martínez, señaló que Gallardo tiene sus derechos políticos a salvo y puede ser elegible, ya que salió absuelto de su proceso penal. Dijo que las declaraciones de Jasso eran tendenciosas, asumía una postura perversa para mal informar a la ciudadanía. Lo llamó ignorante de la ley.

La diputada del PRD, Graciela Gaytán, calificó al dirigente panista Maximino Jasso “un burro que habla de orejas, títere del presidente estatal del PAN, Xavier Azuára y del ex diputado local Rubén Guajardo. Se dedica solo a golpetear en los medios porque no tiene la más mínima idea de hacer algo que beneficie a los potosinos. O por lo menos a su partido”. A los tres días aparecieron dos espectaculares en la ciudad con la foto de Jasso, que porta orejas de burro y una botella de cerveza en la mano. Aparece la frase: “Max Jasso, títere, borracho y mentiroso”. A un lado el logo del PAN y la leyenda, Panistas unidos por San Luis. La dirigencia presentó una demanda ante el Consejo Estatal Electoral para que se castigue a los responsables.

La legisladora Martínez Cárdenas antes en la asamblea del 24 de abril, presentó una iniciativa para eliminar de la Constitución Política del Estado el requisito que limite a los ciudadanos aspirar al cargo de gobernador, diputado y miembro de un cabildo y no haber sido condenados en sentencia firme por cometer delitos que hayan ameritado pena de cárcel.

En sus argumentaciones, Martínez expuso que un eje conductor de las reformas hechas en el país están vinculadas al goce de los derechos humanos cuando no hay discriminación. Argumentó que la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los requisitos que exige para ser diputado federal, senador y presidente de la república, no establece haber sido sentenciado por delitos dolosos, por lo que la redacción actual de constitución local puede ser discriminatoria.

Los artículos que pidió derogar son el 46, fracción III, el 73 fracción VI y el 117 fracción III. Aluden a las exigencias que debe cumplir el ciudadanos que busque ser diputado local, gobernador o miembro del cabildo. Entre los diputados locales trascendió que la propuesta de Martínez para eliminar la carta de no antecedentes penales que exige la ley electoral a los aspirantes a un cargo popular se votó en contra en comisiones, por lo que continuará vigente el requisito.

 

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Un gran revés a Panavi y sus defensores

El que pospone pierde y en el caso de la empresa Panavi y el edil Ricardo Gallardo Juárez, resultaron derrotados en su intentona de que el congreso del estado les aprobara modificar el contrato que firmó el ex alcalde Mario García Valdés para el cambio y mantenimiento de luminarias leds en la capital con la empresa jalisciense y sus socias.
Alas 6 de la tarde que se reanudó la asamblea, el líder de la mesa directiva, Manuel Barrera Guillén, anunció que a petición del presidente de la cartera de Desarrollo Territorial Sustentable, el panista Jorge Luis Díaz Salinas, se retiraba el dictamen y regresaba a comisiones.
El caso se dio luego de infructuosas negociaciones que realizaban en privado los diputados José Guadalupe Torres Sánchez, operador de Gallardo en el congreso, Óscar Bautista y Enrique Flores Flores por parte de las fracciones del PRI y el PAN para convencer a otros diputados y juntar los 18 sufragios requeridos para aprobar la iniciativa.
Doce legisladores se mantuvieron firmes en su negativa de aprobar los cambios al convenio con Panavi. El bloque de legisladores intentó sin éxito en dos ocasiones reanudar las pláticas que se encontraban en receso decretado a los pocos minutos de iniciada las discusiones. El silencio se prolongó por más de dos horas y media.
Los diputados que votarían en contra de la propuesta del ayuntamiento de San Luis Potosí, que pretende incrementar el monto del convenio en 211 millones de pesos más a Panavi, además de garantizarle el pago hasta con un 15% de las participaciones, son Héctor Mendizábal Pérez, Xitlálic Sánchez Servín, Josefina Salazar Báez y Héctor Meraz Rivera. Por parte del PRI, Fernando Chávez Méndez, que cambió el sentido de su voto, pues como integrante de las comisiones dictaminadoras de Gobernación y Desarrollo Territorial sustentable sufragó a favor. También en contra votaría Martha Orta y Gerardo Limón Montelongo. Los dos diputados del Panal, Guillermina Morquecho Pazzi y Ricardo García Melo estarían también en contra. Gerardo Serrano Gaviño del Verde Ecologista, Lucila Nava Piña de Movimiento Ciudadano y Óscar Vera Fabregat de Conciencia Popular que en comisiones dejó asentado por escrito que votaría en contra.
Entre los 15 votos a favor de la propuesta de Ricardo Gallardo, se contaron 4 seguros de los diputados del PRD, Guadalupe Torres Sánchez, Sergio Desfassiux Cabello, Graciela Gaytán Díaz y Dulcelina Sánchez de Lira. Además el de los priistas Óscar Bautista Villegas, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Rebeca Terán Guevara, José Luis Romero Calzada y Alejandro Segovia Hernández. Los panistas Enrique Flores Flores, Mariano Niño y Jorge Luis Díaz Salinas. Se incluyó el voto del diputado del Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén, del PT, José Belmares Herrera y el de Morena, Jesús Cardona Mireles.
La sesión del jueves inició a las 10 de la mañana, con una sala del pleno llena de comerciantes y ciudadanos que con pancartas y consignas rechazaron la propuesta a favor de Panavi. Se aprobaron los primeros puntos de la orden del día y cuando estaban cerca de abordar el asunto de las luminarias se decretó un amplio receso. Al reanudar los trabajos, se desahogaron otros puntos y de nuevo se pospuso la asamblea hasta las 6 de la tarde.
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Los asistentes en contra de Panavi pronto tuvieron de oponentes un reducido grupo de mujeres que exigían alumbrado y apoyaban a la empresa a través de mensajes escritos en cartulinas. El salón de plenos se convirtió por un momento en un ring donde las agresiones verbales de uno y de otro bando no cesaban. Algunos diputados como Sergio Desfassiux, José Luis Romero Calzada y Enrique Flores, no se salvaron de las burlas de los opositores al proyecto de las luminarias. Entre gritos y consignas inició y concluyó la sesión en la que parece ser el primer nocaut a las pretensiones de Panavi y el alcalde Ricardo Gallardo Juárez.