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La bancada del PAN exigirá, se aclare el destino de los fondos obtenidos por la venta de terrenos que desechó la trasnacional Ford

El diputado local panista, Rubén Guajardo Barrera, indicó que en la comparecencia del secretario de finanzas, Salvador González Martínez, con motivo de la glosa del segundo informe del ejecutivo, se le pedirá aclare el destino que se le dio a los 2 mil 50 millones de pesos, por la venta de los terrenos estatales, que desechó la trasnacional Ford. El predio de 480 hectáreas, que se ubica en el parque World Trade Center, fue comprado por la empresa acerera estadunidense, Steel Dymanics.

El legislador precisó que el congreso no tiene hasta el momento datos sobre las obras que se harán. La bancada del PAN pugnará para que se integre el órgano encargado de vigilar el manejo del dinero. Señaló que su partido siempre ha estado a favor de los manejos claros, tema que se logró establecer en el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, al crear el Instituto Nacional de Trasparencia. Pero que al actual gobierno federal de la Cuarta Transformación no le gusta, quedó demostrado cuando intentó cortarle un pie al Instituto Federal de Acceso a la Información.

Guajardo admitió que en el plebiscito realizado el 24 de septiembre, como uno de los requisitos que marca la ley para otorgar la categoría de municipio a Villa de Pozos, no hubo una alto despliegue ciudadano como se deseaba, pero es un mecanismo que se puede perfeccionar. Es un ejercicio que fortalece la democracia. .

Aseguró que convertir a Villa de Pozos en un nuevo municipio, no implica un gran impacto en el presupuesto que recibe el municipio de San Luis, se le quitaría un aproximado de 500 millones de pesos. “No se puede decir que se perderían los fondos. Se destinarían a cubrir servicios y nómina. Indicó que el polígono ya fue definido y la gran mayoría de la zona industrial seguirá bajo el control de la capital. A Pozos le quedará solo la parte que se localiza cerca de Ciudad Satélite.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que el congreso del estado, en su momento, combatirá la acción de inconstitucionalidad que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Movimiento Ciudadano en contra del decreto que aprobó el poder legislativo para aplazar el inicio del proceso electoral en San Luis. Dijo que los partidos y voces ciudadanas, están en su derecho de inconformarse por situaciones del congreso, que consideran, los afectan.

El legislador del PAN reiteró que sigue firme en su propósito de participar en un proceso interno de su partido para ser candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Afirmó que como parte del Frente Amplio por México, su partido debe proponer el candidato para la alcaldía en los comicios del 2024, en base al mayor número de votos que aportó en las elecciones anteriores.

Añadió que en la contienda interna, cuando lleguen los tiempos legales, podrán participar militantes panistas y de los otros partidos, como el edil Enrique Galindo Ceballos, que conforman la alianza, pero también gente sin partido. Afirmó que su carta de presentación, es el trabajo que lleva a cabo como legislador, por lo que se empeñará en hacerlo de la mejor manera posible. Indicó que la parte toral de su propuesta legislativa, va encaminada a promover y fortalecer la injerencia de la gente en programas de gobierno, sobre todo en el ámbito municipal.

En tal sentido, se aprobó la iniciativa de una nueva ley de juntas de participación ciudadana para fortalecer a los comités de obra, que actúan como una contraloría social. Vigila se hagan en forma correcta. Presentó una iniciativa para incorporar representantes ciudadanos en las juntas de mejoras de los organismos de agua potable. El siguiente paso será pugnar para que existan presupuestos participativos. Es decir, que los parroquianos decidan las obras más importantes.

Como coordinador de los diputados del PAN, buscará marcar una agenda en termas como la seguridad pública y el agua. Como presidente de la Jucopo, buscará acuerdos y coincidencias entre las diferentes fracciones para sacar adelante las elecciones del nuevo fiscalizador del estado, elegir a 15 magistrados supernumerarios del Poder Judicial del Estado, aprobar las leyes de ingreso y los presupuestos de egresos de los municipios y gobierno estatal.

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El compromiso político de Carreras: entregarle la gubernatura a Gallardo Juárez

Al consumirse la tercera parte del sexenio de Juan Manuel Carreras López, no existe claridad en el rumbo. Tampoco ha definido el propósito fundamental del eje inspirador de gobernar. El bono democrático se le acabó. Lo dilapidó en la inercia de proteger las cuentas públicas de su antecesor Fernando Toranzo y mantener los arreglos con los grupos de poder. Encabeza un gabinete hecho de retazos, de pedacería política. Todas las corrientes han impuesto su cuota en la parcela del control, lo que no le ha permitido darle un esbozo a su esquema de mando. No ha cuajado ningún proyecto de política pública importante. Su gran apuesta fue la llegada de la trasnacional Ford, pero se le cayó el trato. Los millones de dólares que le entregó la empresa por indemnizaciones, se manejaron con nula transparencia. Resulta espantoso el retroceso en materia de democracia. No hay libertad de prensa, salvo honrosas excepciones. Existe un control absoluto sobre los medios informativos. Incluso prevalece la política de negar la realidad, ausencia de debate. No hay legalidad en las decisiones de gobierno. Todo se enmarca en un contexto de autoritarismo silencioso donde no se permite en demasía la crítica.

El consultor externo y articulista de varios medios locales, Oswaldo Ríos Medrano, enfatizó que existe un abandono de Carreras en las tareas centrales como la seguridad, obra pública, desarrollo social y lo educativo. La frase de que camina tranquilo por las calles de San Luis denota una enorme soberbia. Insensible al calvario que padecen los potosinos todos los días. “Lo que dijo se originó porque el ex gobernador Marcelo de los Santos mencionó que en su etapa, se podía transitar por la ciudad sin sobresaltos. En su momento, irrumpió el fenómeno de la delincuencia organizada. Acuñó el dicho de cuando se registraron actos de violencia, correspondían a hechos aislados. Fue un comentario desafortunado. También se reflejó como un hombre insensible ante el temor de los habitantes. Si comparamos la incidencia delictiva, criminal, de delincuencia común y organizada, que hubo con Marcelo de los Santos y Toranzo, después de 14 años de violencia implacable que ha azotado a la entidad, podemos sostener que lo dicho por el panista fueron en realidad hechos aislados”.

“Con Carreras se trata de sucesos continuados de extremo terror. Con Toranzo, eran aspectos habituales. Ahora los índices de homicidios dolosos están al doble de los que tuvo Toranzo y casi al triple con Marcelo de los Santos. En los primeros dos años de Carreras, los secuestros se han disparado 10 veces más a los ocurridos en los primeros dos años de Marcelo de los Santos. Las extorsiones se incrementaron más del triple. El robo a casas habitación y de autos, más del doble. El tiempo ha demostrado que en seguridad pública, los gobiernos del PRI han resultado más violentos y sangrientos que el de los panistas. No obstante que con Marcelo de los Santos se vivió una guerra desconocida. Lo que pasa ahora con Carreras, es más sangriento. El problema de la inseguridad en San Luis tiene varias dimensiones. La de la delincuencia organizada que compete al gobierno federal. Existe un problema que Carreras no ha podido resolver, se vincula a los señalamientos a lo que ocurre dentro de su gabinete. Pero no todo lo que sucede en San Luis abarca a la delincuencia organizada. Hay delitos del fuero común donde tampoco hay reacciones y le corresponde a Carreras resolverlos”.

“En los incontables feminicidios a Carreras es el primero al que le declaran la alerta de género. Es un reconocimiento a la incapacidad de atender el problema. Es como ponerle en la frente una estrellita negra, no dorada. No pudo proteger la integridad de las mujeres, antes y después de la alerta, como el asesinato atroz, brutal, de la señorita que cosieron a puñaladas en un camión que trasladaba obreros a la zona industrial. En el delito del feminicidio no hay excusas, es del orden común. No se ha tenido una respuesta preventiva ni reactiva a la alerta de género. El robo de vehículos con o sin violencia, es el más alto en la zona centro del país. También figuran las agresiones sexuales y la violencia intrafamiliar. Las extorsiones y el secuestro son delitos del orden común, que se han disparado. Le toca al gobierno estatal, prevenirlos y atenderlos. La única guerra que libra el gobierno estatal en materia de seguridad es dentro del propio gabinete. El secretario de gobierno, Alejandro Leal contra el procurador Federico Garza. O el secretario de seguridad, Arturo Gutiérrez contra el director de seguridad pública, Ángel Gámez Segovia”.

“Hacia afuera, la gente percibe que no hay patrullas ni agentes en las calles. El famoso 911 no atiende las llamadas de emergencia. Si llegan a contestar, arriban una hora después de registrados los hechos. No se procura la justicia de manera eficaz. Si alguien se atreve a denunciar algún delito, se arriesga a enfrentar a los propios elementos policiacos. La querella se pierde en el olvido. Es la realidad que viven todos los potosinos. Carreras camina tranquilo en una camioneta blindada, con cuatro escoltas en unidades blindadas, un equipo de 40 guaruras y 20 lambiscones alrededor. Es una nube que le permite moverse tranquilísimo. Los demás habitantes no tienen las mismas garantías y se la tienen que rifar al ir al trabajo o estudiar. Usan el camión urbano, los taxis en las calles, como nunca peligrosas. La inseguridad es mayúscula. No se resuelve si quitan al coronel Gutiérrez. Tendría que irse todo el gabinete. No han dado resultados en ningún sentido”.

“Si hubiera una medida preventiva de los delitos adecuada, con una deficiente aplicación de la justicia, se tendría que ir Garza. Si hubiera un excelente procurador y una deficiente estrategia para prevenir los delitos, se iba Gutiérrez. El problema es que no hay policía de proximidad, no existe un plan básico de seguridad pública. Deben irse todos para replantear las medidas con la injerencia ciudadana. El concepto debe incorporar criterios de derechos humanos, legalidad, funcionarios probos y respetables, que rindan sus declaraciones 3 de 3. Decir a cuánto asciende su patrimonio, para qué empresas han trabajado, sus relaciones políticas y personales, pero existe una opacidad total. Con Marcelo de los Santos, varios ex gobernadores se juntaron para exigirle en público, un diagnóstico de la seguridad. Dijera lo que hacía para devolverle la tranquilidad a los potosinos. Los mismos personajes y la ciudadanía, le deben solicitar a Carreras, que en su informe relate, de qué tamaño es la inseguridad. Lo que hará para enfrentarla. Está sentado sobre el problema. No alcanza a notar el monstruo que enfrenta y lo rebasa. No tiene nada que hacer, ya que no reconoce que está encima de un volcán”.

“La llamada policía metropolitana es un artificio de propaganda gubernamental. La presentó a la carrera, con trompicones, para tener algo que decir en el segundo informe. No necesitamos ser adivinos para saber que cuando hable de seguridad, habrá de presentar espectaculares videos, para mostrar que hay nuevos uniformes, patrullas y 500 elementos. Los mismos de seguridad pública que sólo transfirió. Con las mismas tácticas y denuncias de tortura cuando hacen las detenciones. Roban a los ciudadanos si los encuentran en las noches, en estado inconveniente. Con la policía metropolitana, Carreras busca equilibrar al alcalde de la capital, Ricardo Gallardo. Son 500 elementos para más de un millón de habitantes. Es ridículo. Si dividimos las patrullas a cada potosino le tocaría una calavera. Carreras debe apuntalar las policías municipales, que están descalificadas para cumplir sus tareas. Hay municipios que tienen dos o tres agentes”.

Oswaldo Ríos enfatizó que Carreras busca dejar de fiscal general a Garza, como pretendió hacerlo el presidente Enrique Peña, que trató de investir al procurador Raúl Cervantes. Se lo impidió el movimiento cívico organizado, diputados del PAN y PRD, que generaron una crisis de ingobernabilidad en la cámara y obligaron a rectificar la propuesta. “En San Luis notamos que el movimiento ciudadano, que tiene ferocidad y franca animadversión contra el congreso, se porta sumiso frente a Carreras. Con un desplegado, avalaron la llegada de Garza al nuevo cargo. A nivel nacional hubo debate en el congreso, a nivel local, se usa el recinto para el burlesque, una carpa donde se montan espectáculos decadentes de cabaret barato. Los partidos opositores no ejercen los contrapesos, salvo el PAN. El PRD, controlado por el dueto de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, co-gobierna con Carreras”.

Expuso que Marcelo de los Santos fue un gobernador fuerte. Al final del sexenio, el PRI le hizo una campaña adversa para que ganara el cirujano Fernando Toranzo. “El panista aguantó y ahora camina tranquilo por San Luis. Toranzo tenía problemas de carácter, de personalidad. Se enojaba con facilidad. Era hedonista. No le gustaba el ejercicio del poder. Al cierre, tuvo una salida negativa. Ahora arrastra escándalos de índole familiar que han trascendido. Carreras no ha llegado siquiera a ejercer el poder con la medianía de Toranzo. No tiene la mínima autoridad, no sabemos cómo va a concluir. Si Marcelo de los Santos terminó con dificultades, no imaginamos cómo será el de Carreras. Si continúa con el mismo estilo, le dará terror entregarle la estafeta a Gallardo Juárez. Le he llamado el corredor constitucional del estado. Ha sido su única respuesta ante los problemas. Sale a correr como un acto de cobardía, evasivo de la realidad y las exigencias de los potosinos. Es un hombre que no quiere gobernar. Tenemos un burócrata de alto nivel, que ocupa una oficina en el palacio estatal”.

Ríos Medrano expuso que las zalamerías que rodearon el ascenso pusilánime de Carreras no significan que tenga habilidades políticas. “Lo llamé Tiquismiquis. Tiene una pulcritud en las formas, que le sirvieron de manera extraordinaria para hacer relaciones públicas. Pero gobernar no equivale a frivolizar el poder. Se relaciona con el costo de tomar decisiones. Se le puede decir lo que debe hacer. Fue un excelente empleado de Felipe Calderón y Toranzo. Pero como empleado de los potosinos, es un fracaso. El cargo que le dio la ciudadanía es para que gobierne y tome decisiones, lo que no sabe hacer. Se le vio la vena política, su currícula académica e intelectual… continúa (tomado de la revista impresa, Septiembre 2017)

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Ante el vacío de poder que genera, Carreras es sujeto de burla

La falta de liderazgo del gobernador Juan Manuel Carreras López ya generó un prematuro vacío de poder. Incide para que diversos grupos y personajes le hagan cáusticos reclamos por su cada vez más notable inoperancia ante diversos y complejos problemas que no resuelve. El mayor escándalo se generó cuando el diputado del PRI, Alejandro Segovia, le espetó que le «faltan huevos» para hacer cambios en el gabinete. Tal vez «está dormido», por lo que no hace remociones donde el 70% de los funcionarios «no dan el kilo».

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, solicitó juicio político contra Carreras por facilitar más de 700 millones de pesos de manera turbia para adecuar terrenos que entregó a la armadora trasnacional Ford. La bancada de diputados federales del Partido Verde Ecologista demandó que se separe del cargo hasta que no aclare el destino de 400 millones de pesos de las pensiones de maestros que desapareció en la etapa que fue secretario del ramo educativo.

Carreras aparece codemandado en un juicio mercantil que promueve el director del Laboratorio Nacional de Construcción, Eduardo Yedid Cohen, que reclama el pago de 4 millones 100 mil pesos por servicios no cubiertos en las obras donde se instaló de manera temporal la armadora de vehículos Ford. En la nota publicada por el diario Pulso, el afectado refirió que lo contrataron para avalar las planchas de concreto construidas en las 300 hectáreas aportadas por el ejecutivo. En abril del 2016 le notificaron que ya no requerían su ayuda pero le exigieron los resultados de sus estudios. Aceptó darlos a cambio del pago, lo que no cumplieron. No obstante, las plataformas fueron entregadas, pero advirtió que los análisis pudieron ser alterados.

Las tareas de Cohen estuvieron supervisadas por el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo de San Luis Potosí por instrucciones de Carreras, que luego ordenó ya no inyectarle recursos. Los empresarios que lo contrataron arguyeron que tampoco les habían cubierto lo acordado. Por tantas evasivas, demandó en octubre del 2016 a los implicados.

Antes, en julio del 2016, el presidente de la cartera de honor y justicia del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Narciso Mendoza, destacó que era lamentable la conducta de Juan Manuel Carreras y sus colaboradores al violentar las garantías de los autóctonos. Aseveró que «enseña el rostro verdadero de un político hipócrita que solo beneficia a caciques y ricos de la huasteca a los que entrega cargos públicos». Lo acusó de no tener voluntad para corregir las omisiones en que incurrió al ignorar a sus representados en el Plan Estatal de Desarrollo. «Nos agrede. Nos hemos sentado tres veces juntos. Firmó un documento donde se comprometió hacer las consultas, pero hizo todo lo contrario.

Tiene un documento, busca que lo aprobemos sin escucharnos. Sigue el hostigamiento que inició con la anterior directora del organismo, Margarita Viñas Orta. Envían emisarios para que validen el plan de desarrollo. Fue destituida después de una queja ante el Comité Nacional contra la Discriminación. Pero mantuvo la misma conducta su relevo Raúl de Jesús González Vega». Añadió que la mayoría de consejeros exigen se cumplan con las normas. Viven con temor, por lo que hacen responsable de lo que les pase a Carreras.

A través del representante del Centro de Derechos Humanos, Samuel Ruiz, el litigante Ricardo Sánchez Ruiz y el dirigente de la Clínica de Litigio en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Guillermo Luévano, interpusieron un amparo al saber que González convocó a reuniones de consejo para convalidar el Plan Estatal de Desarrollo sin tener atribuciones.

Luévano expuso que Carreras se niega a publicar el reglamento del consejo consultivo, que ya fue elaborado y aprobado por sus integrantes desde septiembre del 2015. Aludió a una convocatoria donde se estableció que el doctor en derecho buscó encabezar la asamblea, lo cual violó la autonomía del organismo y transgredió la ley. «Puede ser invitado pero no presidir. Lo mismo hizo González, llamó a una cita extraordinaria, pero carece de facultades».

Los quejosos lamentaron que se trate de manipular a los indígenas con mentiras, sobornos y promesas de gobierno para darle la espalda a los consejeros que han promovido los amparos. Contaron a la revista Proceso que «existe miseria extrema, hambre, enfermedad, muerte de niños y mujeres, alcoholismo y drogas que han metido para ensuciar a los jóvenes. No hay trabajo o lo pagan muy barato. Nos quieren quitar las escuelas, borrar de la faz de la tierra para quedarse con la riqueza que hay en nuestros territorios, quieren introducir minas, pozos de chapapote, tubos de gas sin importar la vida de la gente».

El mes negro de Carreras fue abril. En la Gaceta Parlamentaria del congreso federal se incluyó un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Verde Ecologista, donde solicitaron que el mandatario deje el cargo mientras se investiga un presunto desvío por 400 millones de pesos de las pensiones del magisterio. El documento lo firmó el ex secretario de gobierno Cándido Ochoa Rojas, considerado el verdadero gobernador ante el fracaso del galeno Fernando Toranzo. Ochoa era el jefe de Carreras cuando se desempeñó como secretario de educación. En los motivos, los legisladores expusieron que en el país, los moches, el tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales de corrupción. Provocan desigualdad entre los ciudadanos.

La corrupción es un problema que ha infectado y contaminado a todo el sistema político. No hay partido que no sea vulnerable a tal práctica. «Hay casos de corruptelas e impunidades como el de Juan Manuel Carreras. Cuando fue titular del sector educativo entre el 2013 y 2015, se desaparecieron 400 millones de pesos para cubrir las pensiones de los profesores de telesecundarias, que durante su vida laboral, atendieron a los niños más pobres de la entidad». Expusieron que en materia de corrupción, San Luis ocupa el indigno 86.1% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, mientras que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes es del 15.7%. Una de las más altas en la república.

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Otro estigma similar al de Sandra Sánchez

«Si queremos que el proyecto político del alcalde de la capital Ricardo Gallardo se vaya al abismo, el congreso debe autorizarle las modificaciones que pide al contrato con Panavi», destacó el ex diputado local del PRD, Eduardo Martínez Benavente. Añadió que existen litigantes dispuestos a presentar denuncias para combatir el resolutivo pendiente. En caso de aprobarse, «habría un estigma más en contra, similar al negocio de los medicamentos. Lo más conveniente para el edil es retirar la iniciativa que presentó para ampliar y modificar el convenio que firmó el ex munícipe Mario García. No alimentar una serie de críticas, descalificaciones y manotazos que se han dado en el poder legislativo».

Al mismo tiempo, añadió, rescindir el convenio o le pesará toda la vida el asunto. «Es falso el argumento que dio Gallardo en el sentido de que tiene que pagar el 90% de penas si disuelve el convenio. Sucede si estuvieran instaladas la mayoría de luminarias, pero sabemos que la firma no cumplió. Es muy fácil para el ayuntamiento cancelar el acuerdo. Pero una de las características de Gallardo es recular en todos los temas. Y cada vez le crecen. Las negociaciones de García con Panavi y las que ahora se pretenden, están manchadas por denuncias de personas que buscan hacerse más ricas con el sobreprecio establecido».

Indicó que en otras partes de la república, se acreditó que el servicio del alumbrado vale la tercera parte de lo que se busca pagar en San Luis. Los 211 millones de pesos son las tajadas para algunas gentes que promueven el negocio. Hacer un contrato de 15 años con tecnología que en 5 ó 7 puede ser obsoleta es inaceptable. En tal lapso habrá un método nuevo más económico y eficiente para iluminar la ciudad. ¿Para qué casarse a tanto tiempo?. Ya se investigó que las dos principales accionistas viven en Guadalajara. ¿Para qué insistir en pagar el sobreprecio cuando en otras partes los focos son más baratos?. La insistencia denota una enorme corruptela y un sobreprecio que habrá de enriquecer a muchos que dan manotazos. Lo de Panavi es el punto más oscuro que debe aclarar Mario García.

-¿Gallardo demuestra su capacidad para salpicar a los presuntos beneficiarios?.

-No lo puedo acreditar con documentos. Los que vivimos la realidad en México, entendemos que el dinero salpica por todos lados. Un ayuntamiento que cuida los recursos de la ciudad y nota que se trata de un enorme fraude, ya lo hubiera retirado. Gallardo además de no rescindir el contrato, busca incrementarlo. Lo único explicable es la enorme corrupción que prevalece. Los diputados debieron recibir cantidades importantes de dinero. Los que estamos atentos a los asuntos públicos, nos damos cuenta que es un negocio manchado. Antes en el congreso, un operador del edil pidió anular el convenio de Mario García. Lo de Panavi es uno de los temas más sucios que me ha tocado analizar en los años que hemos estado atentos a lo que ocurre en San Luis.

Martínez Benavente aseveró que el departamento de alumbrado público se podría encargar de poner las luminarias que hagan falta a un costo bajísimo. Pero el objetivo inicial era tener un pretexto para sacarle un dineral al ayuntamiento. Se puede ahorrar una cifra importante de los que se paga en el recibo de luz en beneficio del municipio y no en la utilidad de los especuladores. El fedatario aludió al caso de la Ford. «Es inaceptable que el gobernador Juan Manuel Carreras no haya informado de cómo quedaron las negociaciones con la trasnacional, que se resiste a pagar las penalizaciones. Le podrían cubrir el lote que compró que luego donó a la empresa».

«En el convenio y adendo que se firmó, existen muchas interpretaciones y penalizaciones a favor de la empresa, que puede decir, devuelvo el predio. Si costó poco o mucho no es mi problema. Cubro sólo los gastos acreditados con facturas como honorarios de algunos trabajadores, renta de locales o publicidad que hayan contratado. Lo que no suma más de 30 millones de pesos. Ya se venció el plazo fatal para cerrar las negociaciones. El asunto pasará a los tribunales internacionales. Carreras no ha explicado por qué no acudió a las instancias. Lo más fuerte que puede exigir el mandatario es que le cubran los daños y perjuicios, aunque no se hayan acreditado en el convenio. Por el impacto que provocó en proveedores de bienes y servicios que no se vinieron a San Luis, lo que sumaría cientos de millones de pesos».

Añadió que prevalece una absoluta falta de transparencia porque Carreras no se ha atrevido a publicar en el Periódico Oficial del Estado el convenio, adendo y anexos. «Lo más grave es que no exista alguna crítica o reclamo por parte de los diputados, partidos opositores o empresarios. Con tal margen, Carreras puede hacer lo que quiera. Las inversiones que haría el gobierno con la Ford donde se incluyen donativos, subsidios y otros beneficios, podrían alcanzar los 3 mil millones de pesos. Similar a lo entregado a la BMW y no los mil 200 millones que señala el mandatario. Cuando la Ford devuelva el terreno, lo peor que puede hacer el ejecutivo es regresarlo a los especuladores a los que les debe casi el 50%. Menos ahora cuando se presume que hay empresas chinas y de otros países interesados en invertir en San Luis. Llegará a un acuerdo favorable para quienes le vendieron el lote en breña y una parte con infraestructura por más de mil millones de pesos. Pero en el contrato no se especifica si fueron instalaciones eléctricas, hidráulicas y vialidades. Por el precio se concluye que sólo abarca el lote y el compactado».

Martínez enfatizó que los contratistas no le pagaron al estado el 10% por enajenar o desincorporar los terrenos ejidales. Falta revisar si entregaron las áreas de donación al ayuntamiento de Villa de Reyes. «Hay muchos aspectos pendientes que favorecieron más a los inversionistas. Sabemos que Carreras no tiene el estilo para una férrea defensa. Tal vez el gobierno federal le exigió no hacer ruido. Pero una manera de presionar a la Ford era presentar la denuncia. Más ahora que se excedieron los términos para un trato amistoso. «El asunto debería estar en los tribunales. Pero va en contra de la naturaleza y carácter del gobernador, pelearse con la firma que engañó a los potosinos y los quiere indemnizar con una cantidad mínima».

 

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Carreras, de rodillas ante la Ford

El gobernador Juan Manuel Carreras López puede ser sujeto de un juicio político por el convenio que firmó con la armadora trasnacional Ford. El documento fue leonino y obsequioso. El doctor en derecho se puso de rodillas para presumir en público que la empresa se iba a instalar en San Luis. Se trata de un mandatario que no ha realizado obra pública y ha sido inoperante. Tampoco inscribió ni publicó el acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. Los gringos que se rajaron, lo tienen agarrado del cogote. En caso de que Carreras no acepte algún pago por las supuestas erogaciones que hicieron, pueden aducir que el trato no es válido. Otras entidades rechazaron la oferta por las exigencias de la firma. Si se analiza la versión que aparece en la Secretaría de Desarrollo Económico, se percibe que la empresa automotriz lo podría cancelar en cualquier momento.

El notario número uno y ex diputado local Eduardo Martínez Benavente añadió que los únicos ganadores son los vendedores de los terrenos, Vicente Rangel y su compadre Roberto del Valle López con 265 millones de pesos. Destacó que no se trata de una compra ilícita. La Ford lo adquirió por las características, ubicación y estar cerca de otras armadoras. La ley de adquisiciones se aplica a bienes, muebles y servicios, no para inmuebles. El predio no se puede licitar. «Lo indebido es que la sociedad que vende el lote es de la familia del Valle. La infraestructura la hizo la familia Rangel a través del Grupo Valoran. Es lo irregular, porque se pudieron licitar los 656 millones que se invirtieron. Más iva, arrojan 762 millones de pesos. Y los 265 millones del terreno, dan un total de mil 27 millones que según Carreras, era lo que iban a destinar a la Ford. Mediante una estrategia legal, trataron de salvar las licitaciones de infraestructura. Era correcto si los dueños tuvieran el predio con la nave y piso. Pero actuaron de manera chueca para beneficiar a Valoran, un grupo cercano a Carreras. Se ignora si en la escritura completa de la compra-venta, aparezca a detalle en qué consisten las obras».

«A lo mejor ni siquiera las consignan porque son cuatotes del gobernador. O quizás tengan un documento escondido donde las describan. Es lo que motiva la molestia con los grupos empresariales, diputados, partidos, medios informativos, que no han insistido en el tema. Al permitir que no se publique todo el convenio ni los pormenores de la compraventa cuando ya no existe compromiso con los gringos de guardar secrecía o que otros estados de la república se enteren de las aportaciones. También se miente al decir que a San Luis le iba a costar la llegada de la Ford mil 27 millones de pesos. El asunto es qué tanto van a estirar los contratistas, que al menos deben regresar a Carreras lo que invirtió en infraestructura, lo que no hará Ford. En el convenio se dijo que en caso de no avanzar el proyecto, se estableció que iban a devolver las cantidades que hubiera erogado el gobierno según los documentos que cubran los requisitos fiscales. Ojalá que al menos los tengan en orden los funcionarios locales. Ya aceptó Carreras que tampoco va a reclamar daños y perjuicios».

El fedatario explicó que la compra-venta se hizo en abonos, sin reserva de dominio, para que el gobierno pudiera donar en lo inmediato los terrenos a la Ford. La infraestructura alude a las instalaciones eléctricas, pozos, vialidades, espuelas del ferrocarril. «Se dio un ilícito, porque la ley de adquisiciones del estado no señala excepciones para no licitarlas. Sólo se puede hacer por cuestiones de emergencia o seguridad. Es seguro que pudieron existir mejores postores que ofrecieran servicios de calidad. Es ilegal porque los fondos estatales que se aportaron a través de un fideicomiso, no tuvieron una partida presupuestal ni disponibilidad financiera. Si alguien analiza la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, las cantidades entregadas a la Sedeco no amparan el dinero que se dio a la Ford. El gobierno estatal ha planteado la mentira de que un porcentaje se obtiene de los impuestos sobre la nómina. Es falso. Una parte se canaliza para cubrir un crédito bancario que solicitó el ex gobernador Fernando Toranzo, para la compra y compactado de un terreno que se destinó a la BMW».

«No sabemos qué maniobras hizo Carreras para obtener el dinero que dispuso para la Ford. Según el calendario de pagos, se iniciaron en mayo del 2016 con 100 millones de pesos. En junio darían la misma cifra. Igual en julio, agosto y septiembre. La lógica se transfiere al 2017, que seguro ya no se darán, ya que la Ford canceló de manera unilateral el convenio. No sabemos qué tan adelantados se hicieron las aportaciones. La trasnacional no pierde nada. Las estructuras que levantaron no significan nada. Las cantidades que devuelvan a Carreras serán mínimas. Si le avientan un cheque de 20 millones, será mucho. Le podrán remarcar que sólo cubrió unas becas, oficinas para los funcionarios, viáticos, traductores. Le dan un cheque de 20 millones de pesos, le regresan el predio y sabrá si le paga a los vendedores. Será difícil que otra empresa ocupe las 220 hectáreas. Se requiere otro convenio igual por el lote que aportó el ayuntamiento de Villa de Reyes».

-¿Las locuras de Trump de retirar las inversiones estadunidenses en México, exhiben al gobernador que tienen los potosinos?.

-Fue un asunto penoso y humillante para San Luis. Más la respuesta que dio el gobierno estatal y federal. Era el momento para que Juan Manuel Carreras hubiera hecho algo distinto. Al menos decir que en San Luis, por el agravio, nadie comprará autos Ford. El que se aventó fue el vocero del arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera. Incluso los concesionarios ya no son potosinos, pertenecen a Guadalajara. Para resarcir su deteriorada imagen, Carreras debe recurrir a las instancias legales y reclamar el enorme daño patrimonial que ha originado la arbitraria medida de la Ford de cancelar sus inversiones en San Luis Potosí. No es suficiente reclamar los gastos desembolsados y facturados. Es lo que hace en teoría el secretario de finanzas, José Luis Ugalde y el titular de Sedeco, Gustavo Puente Orozco, se hacen tarugos… continúa (tomado de la revista impresa, Febrero 2017)

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Carreras presume logros del primer mundo

Sin protestas incómodas y con un escenario repleto de empleados uniformados de los programas federales como Prospera, Seguro Popular, desayunos escolares que fueron colocados en forma estratégica en la sala principal del Centro de Convenciones, y que las cámaras de televisión mostraban cuando se mencionaron los logros alcanzados en tales rubros, el doctor en derecho Juan Manuel Carreras López rindió su primer informe de actividades donde destacó la llegada de las armadoras de automóviles, General Motors, BMW y Ford. Las tres gestionadas por el gobierno federal.

Aseguró que ahora la entidad se convirtió en polo mundial de la industria automotriz. Ocupa el sexto lugar en inversiones extranjeras y cuarto nacional con menor tasa de desempleo. En el halagueño recuento manejó incontables cifras que aludían a un sitio del primer mundo. Como lo dijera antes al asumir el cargo y empecinado en garantizarle impunidad a su antecesor e impulsor Fernando Toranzo, reiteró combatir las corruptelas y respetar la libertad de prensa. Como lo marca la norma federal, mimético, insistió en que se contará con un sistema estatal anticorrupción y un fiscal independiente, por lo que ya se encuentran las iniciativas en el congreso.

Aunque las cifras y hechos lo desmienten, machacó que San Luis es un estado seguro, comparado con otros. Lo ubicó entre los 10 con menor incidencia delictiva. Ocultó el incremento que se registró en su primer año en ejecuciones, secuestros y robos a domicilios. La procuraduría de justicia no cuantificó tan solo en el año anterior, 10 mil 231 hechos delictivos. Exaltó que la dependencia se modernizó en términos administrativos como nunca en la historia. Presumió castigar a los feminicidas, pero sin dar cifras ni referentes.

Aseguró que el combate al rezago educativo «no tiene precedentes», ya que hay más y mejores escuelas. Las matrículas en el ámbito medio y medio superior registraron incrementos del 5 y 5.5%. Aunque en las clínicas faltan médicos y medicinas, resaltó que en el rubro de salud, San Luis Potosí ocupa el primer lugar nacional con mayor cobertura de acceso, con un millón 506 mil potosinos afiliados al Seguro Popular. Con el apoyo del gobierno federal va a transformar el Hospital Central en otro de especialidades, en los próximos dos años.

Aunque han crecido los flujos migratorios a Estados Unidos, por la falta de apoyo a los campesinos, Carreras alardeó que logró incrementar las cosechas agrícolas en un 6 %, lo mismo la pecuaria. Se concluyó el histórico y rezagado Pujal Coy. “Nos preparamos para tener un campo fuerte y con mayor rentabilidad». Habló de logros en infraestructura carretera. Aludió al presidente Enrique Peña Nieto que inauguró el libramiento Valles-Tamuín. Anunció para el 2018 un nuevo aeropuerto que construirá la iniciativa privada.

Aunque sus colaboradores y un ejército de simpatizantes trataron de proyectarlo como un gobernante entusiasta y cumplido, por enésima vez le quitó los reflectores el polémico y protagonista alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, que desde su llegada al recinto, acaparó a reporteros, fotógrafos y seguidores que buscaron saludarlo y tomarse una placa, como si fuera un artista internacional. Fue el único edil que llegó hasta la escalinata del Centro de Convenciones en su lujosa suburban, rodeado de acompañantes y guaruras. Los demás munícipes tuvieron que caminar, ya que no permitieron la entrada de vehículos. Perdido en la multitud, solitario, cabizbajo, con el leve cojeo de una pierna, apareció el maximato en declive, Horacio Sánchez Unzueta. Ex jefe de Carreras, que lo aludió como invitado junto a los otros ex gobernantes, Florencio Salazar, Teofilo Torres Corzo y Fernando Silva Nieto, al término del informe, Sánchez Unzueta se retiró discreto, en el anonimato. Gallardo, por su parte después de múltiples y fáciles entrevistas, incansable de saludar a quienes lo buscaban, entró al recinto, acompañado de su escudero y fiel sirviente, el edil de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte. Lo volvieron a abordar más reporteros tardíos, pero una bola de asistentes le abrió paso para que entrara al sitio, porque estaba por comenzar el mensaje de Carreras.

Ya sólo faltaba el doctor en derecho en rendirle pleitesía a Gallardo, al que aludió en sus saludos de los invitados especiales, que encabezó el secretario de salud, José Narro, A los demás alcaldes los mencionó en lo general. En cambio los subordinados de Carreras que organizaban la entrada al salón fueron groseros con el edil de Tanlajás, Domingo Rodríguez Martell. Con el de Ahualulco, Federico Monsiváis y con el de Tampacán, Filemón Hilario Flores. En la lista se sumó al de Tamuín, Aquismón, Alaquines, Cedral, Armadillo, Villa de la Paz y un regidor de la capital del PT a los que no les ofrecieron un asiento. Tuvieron que escuchar parados más de 10 minutos.

Alentados por Rodríguez Martell, los alcaldes, molestos, se negaron a ocupar los asientos que con apuros, les encontraron los organizadores y edecanes. Les dijeron que iban a acceder si estaban todos juntos. Incluso amenazaron con retirarse. En un acto desesperado, los anfitriones optaron por levantar a otros invitados para acomodar a los quejosos. Al término del acto protocolario, la edil de Alaquines, María Leónides Zecaida López, se quejó de la descortesía por desplazar de lugares a otros invitados. Resaltó que los ediles ya tenían un sitio reservado que no se respetó.