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Los socios de Serrano ligados al espionaje

Un personaje perverso y maquiavélico que huyó de la Ciudad de México a San Luis es el diputado plurinominal fuereño, Héctor Serrano Cortés, después de ser acusado por espionaje, tras ocupar posiciones de mando durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Aterrizó en el estado para asesorar y hacer negocios con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. Su nombre siempre se ha visto inmerso en polémicas por hacer el trabajo sucio. En múltiples investigaciones periodísticas, lo señalan como el principal operador de una presunta estructura de espionaje político durante el gobierno de Mancera. Tejer una red que habría vigilado a personajes como Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y otros actores públicos.

Entre los nombres que aparecen en el círculo más cercano a Serrano, se encuentran Manuel Cossío Ramos, Gustavo Alberto Caballero Torres y José Alfonso Cuevas Íñiguez. Los tres mantienen, de acuerdo con actas constitutivas, vínculos societarios a empresas relacionadas con Serrano, en particular, la Agencia Contra Réplica Digital y Ediciones San Francisco. Pero existe un elemento que distingue a cada uno. Cossío y Caballero aparecen también en investigaciones periodísticas relacionadas con presuntas actividades de inteligencia o espionaje. En cambio, Cuevas Íñiguez, cuenta con un perfil profesional relacionado a tecnologías y bases de datos, redes, plataformas digitales y seguridad informática. La coincidencia empresarial, política y laboral que los une, permite reconstruir parte del círculo que ha acompañado a Serrano, desde su etapa en la Ciudad de México a su actual desempeño.

Antes de su llegada a la capital, Serrano Cortés fue uno de los principales operadores políticos de Mancera. Ocupó la Secretaría de Gobierno y luego la Secretaría de Movilidad. Su nombre aparece en distintas investigaciones periodísticas relacionadas con una presunta estructura de espionaje, que operó desde un inmueble ubicado en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, en el centro de la Ciudad de México. Los señalamientos no provienen de una sola denuncia. Han sido documentados por investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Dromómanos, El País y Sin embargo. Además de informes donde lo vinculan con las pesquisas de la fiscalía capitalina. Los primeros señalamientos contra Serrano, por presuntas actividades de espionaje, se remontan al 2015. Entonces, integrantes de Morena, acusaron al ex secretario de gobierno, de utilizar estructuras del gabinete para realizar espionajes contra opositores y desarrollar estrategias políticas en su contra.

El señalamiento más relevante apareció años después. En septiembre de 2020, Mexicanos contra la Corrupción y Dromómanos, publicaron investigaciones que documentaron la existencia de un centro de inteligencia instalado en Márquez Sterling. Según los documentos revisados por periodistas, desde el inmueble, se dio seguimiento a 119 políticos, funcionarios y académicos. Se interceptaron miles de minutos de conversaciones telefónicas, además de mensajes y registros de llamadas. Entre las personas vigiladas aparecieron López Obrador, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Patricia Mercado.

Las pesquisas apuntaron directas hacia Serrano. El País habló de tres altos funcionarios consultados para el reportaje. Señalaron que Gustavo Alberto Caballero Torres, identificado como coordinador de las operaciones en Márquez Sterling, se reportaba con Héctor Serrano, con el que mantenía reuniones semanales. La misma denuncia estableció que Caballero y Serrano, aparecieron como socios fundadores de la agencia Contra Réplica.

Otro elemento señalado por Sin Embargo fue que Serrano recibía reportes periódicos sobre las actividades realizadas desde Márquez Sterling y se reunía con Mancera para revisar datos de políticos y funcionarios. Movimiento Contra la Corrupción, documentó testimonios según los cuales, Serrano presumía, durante reuniones privadas, tener revelaciones secretas sobre distintos actores. El reportaje sostuvo que algunos

funcionarios interpretaban su actitud como resultado de las actividades desarrolladas desde la estructura de inteligencia.

Los estudios revelan que después de las elecciones del 2018, el centro fue desmantelado. Alrededor de 365 mil archivos fueron borrados de 42 computadoras, según el análisis forense citado por El País. La Fiscalía de de la Ciudad de México abrió una carpeta sobre el inmueble y las actividades realizadas. Las investigaciones periodísticas y las indagatorias gubernamentales, no equivalen a una sentencia contra Héctor Serrano por espionaje. Las acusaciones en su contra, se han construido a partir de labores periodísticas, testimonios atribuidos a funcionarios y sus relaciones con personas identificadas como operadores de la estructura.

Uno de los nombres que destaca en la órbita empresarial de Serrano es Manuel Cossío Ramos. En las actas constitutivas figura como socio de Serrano en empresas relacionadas a Contra Réplica y Ediciones San Francisco. Su nombre, sin embargo, tiene un antecedente propio en materia de inteligencia. En el 2012, Cossío se convirtió en un elemento controvertido en el movimiento #YoSoy132, después de grabar conversaciones privadas con Saúl Alvídrez, uno de los integrantes más visibles de las organizaciones estudiantiles y difundir después fragmentos de las conversaciones.

El material buscó presentar al movimiento como un organismo influenciado por personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Alejandro Encinas. Las difusiones provocaron fuertes reclamos de los aludidos, que rechazaron los señalamientos y desconocieron a Cossío como dirigente o vocero. La revista Proceso publicó después un reportaje en el que señaló a Cossío como presunto operador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional e identificó su injerencia en el episodio de #YoSoy132. En las notas de Contralínea, también sostuvieron que Cossío habría sido utilizado para infiltrar las bases estudiantiles.

Otra vertiente de BuzzFeed News México, revisó las declaraciones patrimoniales y registros públicos que coincidían con el perfil de Cossío y documentó que un funcionario con tal nombre, había trabajado en el CISEN en el 2013. Enfatizaron las coincidencias en edad, trayectoria académica y empresas. Cossío negó las imputaciones. El antecedente es clave dentro de la red de Serrano. Permite afirmar que las relaciones empresariales, implican actividades de espionaje. Uno de los socios aparece en trabajos reporteriles que durante años lo han vinculado con operaciones de inteligencia y las infiltraciones de #YoSoy132.

El segundo nombre es Gustavo Alberto Caballero Torres. Su caso es distinto al de Cossío, porque existe una pesquisa institucional que derivó en una captura e imputaciones relacionadas con el llamado caso Márquez Sterling. Caballero es ingeniero en cómputo y desarrolló gran parte de su carrera dentro de áreas de seguridad, procuración de justicia y tecnologías de informes en la Ciudad de México. Durante el gobierno de Mancera encabezó la entonces Unidad de Investigación Cibernética de la procuraduría capitalina. Luego ocupó cargos relacionados con tecnologías e inteligencia. Los análisis de Mexicanos contra la Corrupción y Dromómanos, identificó a Caballero como coordinador de la estructura instalada en Márquez Sterling. El inmueble contaba con decenas de computadoras, vehículos, motocicletas y drones. Fue lo que les permitió recopilar datos de políticos, funcionarios y otros enemigos.

Los documentos revisados por los periodistas, destacaron el seguimiento a 119 personas y las intervenciones de diálogos, llamadas y mensajes. El País consignó que Caballero se reportaba directo con Héctor Serrano y que ambos, después, aparecieron como socios de ContraRéplica. En trato dejó de ser sólo un tema de investigaciones periodísticas en enero del 2023. La fiscalía capitalina informó entonces sobre la captura de Caballero y Arturo Zavala Munguía, dentro de las investigaciones del caso Márquez Sterling. Existían datos de prueba sobre su probable desempeño al escuchar intervenciones telefónicas de celulares, acceso a mensajes y correos electrónicos, para acechar a opositores políticos y comunicadores.

En el caso de Caballero, la fiscalía le hizo imputaciones por ejercicio abusivo de funciones, violar comunicaciones particulares y excesos de autoridad. Su nombre también apareció en un reportaje de la reportera Fabiola Cortés Miranda, quien documentó su llegada a Quintana Roo y su acceso a la Fiscalía del Estado, después de su paso por el mandato de Mancera. Caballero conecta dos etapas de la historia. Generó una estructura de inteligencia y sus relaciones empresariales con Héctor Serrano.

El tercer personaje es José Alfonso Cuevas Íñiguez. Su diferencia es fundamental. No aparece en las investigaciones acusado de espionaje. Su relevancia dentro del círculo de Serrano, está relacionada a su despliegue empresarial.

Según el acta constitutiva de la Agencia ContraRéplica, Cuevas Íñiguez posee un derecho minoritario como administrador único, mientras Serrano aparece como accionista mayoritario. Su currículo es casi tecnológico. Se identifica como ingeniero en sistemas computacionales, con una maestría en alta dirección e inteligencia estratégica. Desarrolla aplicaciones, bases de datos, administra servidores, redes, VoIP, virtualizaciones y seguridad informática. También refiere experiencia en PHP, MySQL, LAMP, HTML5, CSS3, JQuery, AJAX y APIs, además de conocimientos en redes CCNA, CCNE y CCIE.

Su experiencia profesional incluye puestos relacionados con tecnologías informativas en Birmex y la Central de Abasto de la Ciudad de México. Estuvo en el Instituto de Educación Media Superior y en el desarrollo de plataformas digitales para medios informativos. Indica que que desde 2013, participa en NTCD.mx, un portal dedicado a recopilar y distribuir datos gubernamentales. Combina tres áreas, tecnología, manejo de informes y medios digitales. No existen evidencias de que Cuevas Íñiguez haya participado en las operaciones de espionaje atribuidas a la estructura de Márquez Sterling.

Lo que sí hay es un trato empresarial documentado con Serrano y los manejos con tecnologías y seguridad informática. La historia de los vínculos no termina en la Ciudad de México. En 2021, Héctor Serrano llegó a San Luis Potosí para incorporarse al equipo de Ricardo Gallardo Cardona. Cuevas arribó a San Luis en el 2021 y fue colocado al frente del Canal 9, la televisora pública estatal. Los datos de transparencia arrojan que tenía un salario mensual cercano a los 56 mil pesos. Permaneció en el cargo hasta 2024. Meses después reapareció en el Congreso del Estado.

El acuerdo JUCOPO/LXIV-I/072/2025, contenido en el acta de la asamblea número 20, del 4 de febrero del 2025, estableció que lo designaron subcoordinador de seguridad y resguardo de la 65 legislatura, con efectos retroactivos al 1 de enero. El nombramiento fue aprobado por la Junta de Coordinación Política, entonces presidida por Héctor Serrano. Cuevas fue incorporado como personal de confianza, nivel 14, con un ingreso cercano a los 45 mil pesos mensuales. La circunstancia que coloca el nombramiento bajo escrutinio es, quien presidía el órgano que aprobó su ingreso al poder legislativo, era al mismo tiempo su socio empresarial.

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Gallardo Cardona, bravucón, frívolo y vinculado al crimen organizado

El dirigente del nuevo partido Somos México, Xavier Nava palacios, denunció que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, no hizo nada para resolver la pobreza. Tampoco construyó los cinco hospitales que alardeó.

Sólo habla del cantante, su socio y compadre, Julión Álvarez. Lo relacionan a desastres con la delincuencia organizada. Le debe más de 500 millones de pesos al organismo intermunicipal de agua potable y alcantarillado, Interapas. Las purificadoras que instaló, fueron para hacer negocios. Se mueve entre lo frívolo y las bravuconadas.

«El debate político en San Luis es nulo. Tenemos el ejemplo de la mujer desnuda en palacio y llevan a algunos medios informativos a hacer un recorrido. Gallardo no habla de los problemas que tiene San Luis, qué hace para combatir la pobreza.

¿Dónde está el nuevo modelo de salud? Sólo usa la bravuconada, que iba a construir cinco nuevos hospitales, cuando no lleva nada. ¿En qué parte está lo educativo, empleo, cómo van a crecer las zonas industriales, enfrentar lo que sucede con los aranceles y las nuevas políticas comerciales de Estados Unidos? Sólo habla de la Feria Nacional Potosina.

Alardea que vivimos en uno de los estados más seguros. Puede decir lo que quiera, nadie le cree. La gente vive otra realidad. Está vinculado a los desastres que existen en delincuencia organizada. Jamás se va a resolver la problemática de San Luis. Le gusta disertar sobre Julión Álvarez y los artistas de Estados Unidos que va a contratar”.

“Al organismo intermunicipal de agua potable le deben más de 500 millones de pesos en Soledad. Las purificadoras las pusieron como el negocio más importante del mundo. Tenían 27, las compraron carísimo. Las llenaban con pipas del Interapas. La gente necesita otro tipo de satisfactores.

Cuando estuvimos al frente, iluminamos toda la capital, lo que repercute en la calidad de vida de todos los días. Creamos instituciones. Hicimos los programas de ordenamiento territorial, para tener una ciudad más habitable. Inventamos los planes de movilidad.

Han tratado de destruirlos, pero no han podido, por las presiones de los colectivos, que se han opuesto. Hay que ampliar las ciclovías, que tienen implicaciones positivas en términos de salud pública y reducir los contaminantes”.

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Ruth González, se burla y asegura no ser nepotismo suceder en el cargo a su esposo el gobernador Ricardo Gallardo

🟠Alardeó estar lista y preparada para ser la próxima gobernadora

En entrevista pagada con la locutora Adela Micha, que le pudo costar a los potosinos de uno a dos millones de pesos, la senadora Ruth González, ante los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que se espere 6 años para competir por la gubernatura, ya que encarna el nepotismo, retadora, omisa, responde que no es nepotismo suceder en el cargo a su esposo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, “si es pueblo lo decide, no es nepotismo”.

La cismática legisladora le antepone un concepto distinto al beneficio político familiar: la gente opina lo contrario. Con sorna, planteó que una manera de romper el estigma, sería a través del divorcio.

Alegó estar alejada de corruptelas, pero como presidenta del DIF, hizo compras millonarias de despensas, sin licitar, a firmas ligadas al crimen organizado.

Además, González tiene en campaña proselitista adelantada, casi cinco años, donde usa de plataforma, la estructura administrativa, financiera y política del aparato estatal, donde ha malversado más de mil millones de pesos. Lo que le generó también, varias denuncias ante los órganos electorales y la demanda de juicio político ante el congreso federal, por el litigante, Carlos Calderón Millán.

Alardeó estar capacitada para ser la primera mujer mandataria de San Luis y lo que digan de ella, “le vale, la tienen sin cuidado los reclamos, está libre de espantos”

Oronda, repite el estribillo de cómo actúa su cónyuge, José Ricardo Gallardo Cardona, para “hacer tantas obras”. Le contesta a sus simpatizantes y detractores, “fácil, no se roba el dinero”.

Pero vuelve a mentir, oculta los grotescos latrocinios. No puede explicar, si gana 35 mil pesos al mes, cómo ha acumulado una fortuna tasada en los 50 mil millones de pesos.

A González no le importa contender sola por el Verde Ecologista en el 2027, ya que Morena, le reiteró antes, le falta mucho despegar en San Luis, con lo que adelanta su absoluta derrota.

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Gallardo le paga a Adela Micha, más de un millón de pesos, por entrevistas facilonas. Le ha cubierto en total, más de 10 millones

🟢 La pareja nepotista, Ricardo Gallardo y Ruth González, se proyectan como falsos defensores de la libertad de prensa y contar con las mayores simpatías, para volver a ganar las elecciones en el 2027.

En está ocasión ocupó las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, la conductora de noticieros nacionales, Adela Micha, para entrevistar sin los mínimos cuestionamientos a la pareja nepotista, integrada por José Ricardo Gallardo Cardona y la senadora Ruth González Silva, quienes se proyectan como falsos defensores de la libertad de prensa y contar con las mayores simpatías, para volver a ganar los comicios del 2027.

Sin embargo, la presencia de la informadora, no es gratuita. Adela Micha es una de las principales beneficiarias de los recursos destinados a promover y difundir los mensajes institucionales, provenientes de los parques Tangamanga.

🟡Para el 2025 había acumulado un total de 17 pagos por 6 millones 418 mil 666 pesos, realizados mediante Conducción de Telecomunicaciones, firma vinculada con Digital La Saga.

🟢A los recursos se suman los pagos realizados en 2026 a través de Qash de México, empresa que también comercializa espacios publicitarios en la plataforma digital La Saga, que recibió durante los primeros cinco meses del año, seis pagos que suman 3 millones 63 mil 555 pesos.

Las erogaciones hacia empresas vinculadas con la comunicadora se mantienen desde los primeros años en el cargo de Gallardo Cardona.

Los primeros registros a Conducción de Telecomunicaciones aparecen en junio de 2022, pocos meses después de que Gallardo asumiera la gubernatura. Desde entonces, los recursos fluyen bajo conceptos relacionados a comunicación social, promoción y difusión gubernamental.

Adela Micha ha entrevistado de manera recurrente a Gallardo, desde su etapa como candidato y luego gobernador.

Entre los encuentros, destacan los realizados en octubre de 2021, la Fenapo 2023, Real de Catorce y la Fenapo 2024.

La entrevista más reciente ocurrió durante la Fenapo 2026, donde Gallardo negó haber perseguido y encerrado a periodistas, con el uso faccioso de la llamada “Ley Serrano”.

La secuencia de los pagos y las charlas colocan a La Saga como un espacio recurrente para promover la egocéntrica imagen y las acciones del gobernador y de su esposa Ruth González.

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En Soledad, Juan Manuel Navarro gasta más de 14 millones de pesos en tres meses, en redes sociales

🔴 Solo invierte un millón al año en pipas surtidoras de agua

La regidora de Morena de Soledad, Dulce Galván, alertó, las denuncias que hace sobre las fallas del ayuntamiento, se tapizan rápido de bots extranjeros, lo que no afecta sus ánimos, ya que se declara partidaria de las libres manifestaciones de prensa.

Pero se mostró sorprendida, de dónde sale el dinero para cubrir la gran cantidad de granjas de programas automatizados que buscan desacreditar sus críticas y evidenciar los problemas del municipio.

Recordó que en el presupuesto de egresos del 2026, apenas se destinó al año, un millón de pesos para abastecer de agua a los ciudadanos, por medio de pipas, sin plantear soluciones de fondo.

En contraste, el edil canalizó 14 millones 585 mil pesos, en el trimestre de abril a junio, en difusiones de radio, televisión y otros medios. Mostró el dictamen de los estados financieros donde se constata el despilfarro.

Expuso que resulta incongruente, en un municipio con desabasto de agua e incontables carencias básicas, como el drenaje y alcantarillado obsoleto, Navarro ocupó el dinero público para difundir la entrega de despensas y auxilios mecánicos de los agentes preventivos, cuando urge arreglar pavimentos colapsados, que generan hoyancos peligrosos para ciclistas, peatones y automóviles. Censuró que Navarro centralice el gasto en su imagen política.

Enfatizó que recorre las colonias para conocer su problemática. Pero a raíz de ventilar los atrasos ancestrales, ya no la dejan visitar a la gente. O la bloquean a través de los dirigentes seccionales, que aconsejan a los demás, no asistir a la asamblea programada. Si desobedecen, los dejan fuera de los programas sociales.

Enfatizó que la contactan porque no se resuelven las demandas torales.

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Otra vez Gallardo Cardona alista nuevas demandas penales contra medios informativos

🔴 Alega que lo vuelven a desprestigiar con un vídeo hecho con IA, donde aparece con un fusil de asalto AR-15

En un antro de la Feria Nacional Potosina, autorizado por el patronato que controla el mismo gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, con música estridente de narco corridos, exhiben una foto donde aparece el mandatario que carga un rifle de asalto AR-15.

Se trata de una fotografía real que inundó las redes sociales desde que fue tomada en junio del 2010, en una práctica de tiro realizada en el Club Cinegético Ferrocarrilero, ubicado en Mexquitic.

Era alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez. El director de la policía municipal, Jesús Maldonado, aparece a un lado de su segundo jefe, en la histórica placa que sale en cada reportaje, nota o entrevista nacional, donde vinculan al ahora mandatario con pandillas criminales.

El video ha sido difundido en diversos portales informativos y rápido se ha hecho viral.

Gallardo Cardona, el actor central de las imágenes, volvió a repetir el estribillo de que se trata de inteligencia artificial para desacreditarlo. Como pasó con las filmaciones verídicas que hizo el Cártel del Golfo, donde lo acusan de estar involucrado en el crimen de un policía de Ciudad del Maíz.

Con el pretexto de legislar el uso de la IA, Gallardo y su testaferro, el diputado local plurinominal, el defeño Héctor Serrano, crearon la represiva Ley Garrote, para asediar a una decena de periodistas y encerrar a tres durante 15 y 30 días en las mazmorras de La Pila.

A Gallardo lo culpan de tumbar las páginas electrónicas de La Noticia, Emisor, Despertar San Luis, Pulso e incontables medios electrónicos donde exhiben sus latrocinios y prepotencia. Hace poco clonó La Noticia y otra decena de medios incómodos.

Para ocultar el negro historial que no lo abandona, Gallardo expuso que lo vuelven a atacar con IA, ya que están cerca los procesos electorales.

No obstante, como lo hizo antes con la Ley Mordaza, volverá a entablar demandas penales contra los «pseudo periodistas» que se atrevieron a difundir el video donde aparece como si fuera un pistolero matón, con lo que dañan su prestigio, el de la Fenapo y San Luis.

Sin embargo, cada año tapiza la cartelera del Teatro del Pueblo y palenque con íconos que idolatran el terror atrapado en estrofas demenciales.

Los medios informativos afectados por los ataques clandestinos de Gallardo, ansían que los persiga con ataques penales, para que aclare también los incontables perjuicios que ha ocasionado a la libertad de prensa.

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Otra vez Serrano: consigue dos socios más dentro del poder legislativo. Amplía sus redes de influencias, patrocinadas con el erario

Si existe un personaje político que ha logrado extender sus áreas de colaboradores dentro del Gobierno del Estado y Congreso de San Luis Potosí, es el diputado local Héctor Serrano Cortés. A los casos previamente documentados de personas cercanas incorporadas a la burocracia estatal, ahora se suman dos nuevos nombres: José Alfonso Cuevas Íñiguez y Martha Aída Bautista Gallangos, ambos socios de Serrano en empresas relacionadas con el medio informativo Contra Réplica, y quienes ahora aparecen beneficiados dentro del Poder Legislativo mediante contratos pagados con recursos públicos.

En el caso de José Alfonso Cuevas Iñiguez, figura en el acta constitutiva de Agencia Contra Réplica Digital, empresa editora del portal Contra Réplica.

En tal firma, Héctor Serrano posee el 50% de las acciones, mientras que Cuevas Íñiguez cuenta con apenas el 5%. Sin embargo, ocupa el cargo de administrador único, con facultades para representar en lo legal a la empresa y ejercer actos administrativos, pleitos y cobranzas. Los tratos entre ambos no son recientes. Coincidieron durante las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera en la entonces Ciudad de México, donde Serrano ocupó diversos cargos dentro del gobierno capitalino. Cuevas Íñiguez laboró en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la delegación Azcapotzalco.

Héctor Serrano arribó a San Luis Potosí como asesor político de Ricardo Gallardo Cardona durante el proceso rumbo a la gubernatura en el 2021, luego de haber coincidido en la cámara de diputados federal. Después fue delegado político nacional del Partido del Trabajo en San Luis Potosí. Ocurrió después de su fallido intento por ser diputado plurinominal a través del PT. Aunque presentó una carta de residencia expedida por el ayuntamiento de Soledad, donde Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, fueron alcaldes, el documento no fue considerado válido para acreditar el tiempo de residencia requerido en el estado. Además, Serrano tampoco solicitó licencia al cargo de diputado federal, dentro del plazo establecido por la ley.

Por su parte, Cuevas Íñiguez llegó a San Luis Potosí en el 2021 para quedar como director del Canal 9 estatal, al inicio del gobierno de Gallardo Cardona. Aun cuando no cumplía con los requisitos y la normativa establecidos en el reglamento de la televisora, como tener experiencia comprobable en áreas informativas, fue designado para encabezar el cargo. Según informes de transparencia, tuvo un sueldo mensual de 56 mil 275 pesos.

En su currículo, señaló ser ingeniero en sistemas y maestro en alta dirección. También refirió habilidades en desarrollo tecnológico, mediante una empresa propia dedicada a diversas soluciones, como redes sociales, sitios web, infraestructura de redes y virtualizaciones con XenServer/Citrix. Indicó que desde el 2013, se desempeña como coordinador de NTCD.mx. Entre sus antecedentes laborales, menciona haber sido encargado de Tecnologías de la Información en Birmex, gerente de Sistemas en la Central de Abasto de la Ciudad de México con plataformas AS400/IBM i y subdirector de Formación en Línea en el Instituto de Educación Media Superior. También dice conocer sobre seguridad informática aplicada a medios informativos, manejo de personal y liderazgo de equipos, cargar conocimientos en tecnologías como PHP, MySQL, LAMP, redes CCNA/CCNP/CCIE y AS400.

Cuevas Íñiguez permaneció en el cargo hasta septiembre del 2024, cuando dejó el Canal 9, sin que informara las razones de su salida. Sin embargo, apenas unos meses después, reapareció dentro del Congreso del Estado. Según el acuerdo del folio JUCOPO/LXIV-I/072/2025, contenido en el acta de la asamblea número 20 del 4 de febrero del 2025, muestra que fue designado subcoordinador de Seguridad y Resguardo de la 64 legislatura, con efectos retroactivos al 1 de enero del mismo año.

El asunto fue autorizado por la Junta de Coordinación Política, presidida por Héctor Serrano Cortés, quien firmó el nombramiento de quien además es su socio en una empresa privada. Luego Cuevas Íñiguez fue incorporado a la nómina legislativa como personal de confianza, nivel 14, con un salario cercano a los 45 mil pesos mensuales. La coincidencia empresarial previa y el cargo aprobado por el mismo diputado, colocan el caso bajo el escrutinio público, ante un posible conflicto de intereses.

El segundo tema involucra a Martha Aída Bautista Gallangos, quien también mantiene un trato mercantil con Héctor Serrano.

Documentos constitutivos de Ediciones San Francisco, muestran que Serrano participa como socio mayoritario con el 30% de las acciones, mientras Bautista Gallangos posee el 10%.

La cercanía entre ambos también data de los gobiernos de la Ciudad de México. Durante el periodo en que Serrano fue secretario de gobierno, Bautista Gallangos formó parte de su equipo como subdirectora de comunicación social.

El acuerdo JUCOPO/LXIV-I/113/2025, aprobado durante la asamblea número 33 celebrada el 24 de junio del 2025, autorizó fuera contratado por honorarios para desempeñarse como auxiliar de la 64 legislatura. El convenio comprende del 1 de julio al 15 de septiembre del 2025 y establece un pago de 23 mil 55.90 pesos. Aunque se trata de un acuerdo temporal, el hecho de que la beneficiaria mantenga un pacto empresarial con quien encabezó la Junta de Coordinación Política, vuelve a colocar sobre la mesa, cuestionamientos respecto de la transparencia y la posible problemática de un conflicto de interés en las asignaciones de contratos dentro del congreso.

Los casos de José Alfonso Cuevas Íñiguez y Martha Aída Bautista Gallangos, no aparecen de manera aislada. Desde el inicio del actual sexenio, diversos reportes periodísticos han documentado los nexos de colaboradores cercanos a Héctor Serrano. El portal Astrolabio expuso que el diputado Serrano Cortés habría incorporado a la nómina estatal a 16 personas cercanas, todas provenientes de la Ciudad de México, quienes ocupan cargos directivos y sub directivos en la Oficialía Mayor. El grupo percibe 348 mil 507.14 pesos mensuales en salarios, con remuneraciones que van de 22 mil 753.48 a 28 mil 824.90 pesos netos al mes.

El organismo Ciudadanos Observando reveló que el Congreso del Estado mantenía 194 personas contratadas por honorarios, con un gasto mensual superior a los 4.4 millones de pesos, entre las que destacan perfiles relacionados con el legislador.

Los casos de Cuevas Íñiguez y Bautista Gallangos agregan un elemento distinto: ambos fueron ayudantes políticos de Serrano. Además, mantienen relaciones mercantiles registradas.

Las actas constitutivas de las empresas, los acuerdos de la Jucopo y los documentos de transparencia, permiten establecer los vínculos que hoy colocan de nuevo a Héctor Serrano bajo cuestionamientos sobre las designaciones de personas en su círculo cercano, dentro de la estructura del Congreso del Estado y el posible tráfico de influencias que representa.

El pago de los beneficios mediante contratos a sus empresas y las asignaciones de recursos a personas de su círculo inmediato, se podría explicar en parte, por el rol que ha asumido Héctor Serrano dentro del escenario político estatal, que ha sido operar a favor del proyecto de Gallardo Cardona, al impulsar desde el congreso, una agenda legislativa que ha generado controversias, como la llamada “Ley Serrano”, señalada como instrumento de ataque a la prensa libre. O la llamada “Ley Esposa” o “Ley Ruth”, que buscó facilitar el camino de la senadora Ruth González, esposa de Gallardo Cardona, rumbo a la gubernatura del 2027.

Cada vez que se exponen acusaciones sobre posibles actos de influyentismo o beneficios para testaferros del círculo inmediato al legislador, su respuesta suele estar marcada por una postura defensiva. Sin embargo, mantiene una actitud retadora cuando denuncian sus abusos y prepotencias. Es todo lo contrario al conseguir beneficios individuales. Se muestra fiero, déspota, para lesionar a los demás. Más al depredar los recursos públicos estatales.

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Gallardo reparte contratos a sus amigos charros. Favorece al exdirector de la Fenapo, Luis Antonio Zamudio Martínez

El amiguismo vuelve a marcar el desempeño del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien otra vez se inclinó a favor de su círculo cercano mediante contratos públicos, sin importar las inconsistencias legales, empresas inexistentes o falta de pericia técnica, todo con el objetivo de beneficiar a sus “amigos charros”.

Otra vez Gallardo Cardona beneficia a su cuate charro, el ex director del patronato de la Feria Nacional Potosina, Luis Antonio Zamudio Martínez, quien fue beneficiado con tres contratos. Uno por servicios y dos más de obra pública a través de su hijo Luis Leopoldo Zamudio Zárate, mediante la empresa Remol-kar, que en los hechos, presenta serias dudas sobre su existencia.

El convenio para las prestaciones de servicios se firmó el 4 de agosto del 2025, bajo el número DGA-DCO-CO108-IR-38-25, entre el oficial mayor, Noé Lara y la empresa Remol-kar, quien presenta como apoderado a Leopoldo Zamudio Zárate, por un monto de 699 mil 25 pesos, mediante adjudicaciones restringidas. El acuerdo fue par el  traslado de vehículos siniestrados de la Guardia Civil Estatal. Un convenio que facilitó la entrega directa de recursos públicos a un allegado del gobernador.

El  problema alude al procedimiento de las licitaciones, pero al consultar datos de la firma, Remol-kar no aparece en el Registro Público de Comercio comoente constituido. En el contrato se presenta con domicilio en carretera Anillo Periférico Oriente, kilómetro 22, rancho Los Rivera, en Soledad. Al investigar el domicilio, la empresa no existe. En su lugar opera Grúas y Pensiones San José, donde figura como socio mayoritario el propio Luis Antonio Zamudio Martínez. A escasos metros también se encuentra Súper Servicios Zárate, vinculada a la familia Zamudio. La  búsqueda expone un entramado de negocios reales conectados al grupo y uno “fantasma”, utilizado para firmar contratos públicos.

Las triangulaciones son claras, un contrato estatal, una empresa sin registro verificable y un beneficiario directo realacionado con Gallardo. A pesar de que Remol-kar declara actividades de arrastre y salvamento de vehículos, también fue beneficiada con asignaciones de obra pública, algo incongruente con su presunto giro.

En alcalde de Rayón, Baltazar Tello Pérez, del Verde Ecologista, le otorgó por favoritismos, un pavimentado en la calle Matamoros, por un millón 156 mil 769 pesos. Se añade otro contrato, en Matehula, con el registro, MMA/DDSM/PAV/009-2025, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, de un millón 430 mil 86.45 pesos, para obras de pavimentado en la colonia Guadalupe. Es decir, una empresa dedicada a grúas, también ejecuta obras públicas sin justificar perfil técnico. Basta tener el aval de Gallardo Cardona.

Pero no es la primera vez que el gobernador beneficia a la red de Zamudio. Mientras dirigía la Fenapo, su hija, Mónica Elizabeth Zamudio Zárate, fue incorporada a la Secretaría Particular como directora de relaciones públicas, con un salario mensual de 32 mil 652.14 pesos, a pesar de contar sólo con estudios de preparatoria y experiencia limitada en empresas familiares, como Grúas Zárate. Su cercanía no es casual, formó parte del entorno charril del mandatario por medio del equipo RG2 al que ayudó a lograr el bicampeonato en competencias. Además, fue  impulsada como posible candidata a diputada plurinominal del Verde Ecologista en el pasado periodo electoral.

Los beneficios al círculo charro del ejecutivo, también se exponen en el propio nombraminto de Zamudio Martínez al frente de la Fenapo, quien no tuvo experiencia en cargos públicos. Ocupó una de las dependecias más oscurantistas,con  manejos irregulares del presupuesto. Durante su paso por la Fenapo, fue señalado de ocultar informes sobre los costos millonarias erogados en remodelaciones, contratos de artistas y asignaciones directas de obras que favorecieron a allegados del mandatario, como el cantante Julión Álvarez, en beneficios relacionados a la renta de tapancos y equipos de sonido.

Cuando  Zamudio Martínez dejó el cargo, lejos de representar una ruptura, su  relevo mantuvo la misma lógica de compadrazgos. Lo suplió Fernando Rojo Ocejo, otro cercano al conglomerado. Arrastra antecedentes de favoritismo. El ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, padre del ejecutivo, le entregó a una empresa donde tenía intereses, Construcciones y Desarrollo Barfe, 19 contratos por 27 millones 983 mil 507.93 pesos.

No se trata de hechos aislados, lo que se observa es un patrón repetido, contratos arreglados, empresas cuestionables, familiares en nómina y cargos públicos distribuidos entre amigos. El caso de Remol-kar exhibe cómo una empresa sin fundamentos legales, puede acceder a recursos públicos. Mientras, otras solventes, quedan fuera. No existen errores administrativos, sólo un mecanismo que se mueve en el entorno a la figura de Gallardo.

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Reprueban al jefe de bancada del Verde Ecologista y “periodista político” Héctor Serrano, con un -3.4 y dos ceros

El organismo cívico, Congreso Calificado, en su séptimo arqueo trimestral, reprobó a la actual legislatura, en las áreas de rezago, legislativo, iniciativas ciudadanas y ausentismo.

Los diputados con el desempeño individual más bajo, son Sara Rocha Rocha Medina, del PRI, con -6.56 puntos. Ocupa el lugar 26. La sigue el del PT, Tomás Zavala con un -3.53.

En el sitial 24 de 27, el diputado plurinominal defeño del Verde Ecologista, jefe de bancada y “periodista político”, Héctor Serrano Cortés, con un irrisorio -3.04. No le ayudó nada elaborar la represiva “Ley Garrote o Ley Mordaza”, para hostigar y meter a la cárcel a los periodistas que osan criticarlo, lo mismo que a su socio financiero y jefe político, José Ricardo Gallardo Cardona.

Serrano Cortés obtuvo ceros de calificación en los indicadores de eficacia política, acciones legislativas de alto impacto y vinculaciones con la ciudadanía.

Además fue sancionado por conducta “notoriamente perniciosa”, junto con su compañero de bancada, Tomás Zavala.

El organismo señaló que el indicador negativo, “castiga la conducta individual de los legisladores que provoquen un daño a la imagen del congreso del estado, consistente en plagio de iniciativas, ejercer violencia, coacciones a la ley, conductas que demeritan la imagen de la institución a su cargo y sean indiciados por cometer algún delito o falta administrativa”.

Serrano se vio envuelto en un escándalo nacional e internacional de la ley censura, que criminaliza el ejercicio periodístico.

Tomás Zavala fue exhibido por portar y presumir costosos relojes. Destaca que el 90% de las iniciativas ciudadanas que recibe la 54 legislatura, son rechazadas, improcedentes o caducan. Y de un total de 749 que se han presentado, el 44% siguen sin dictamen.

Sobre el total de los 27 diputados, 20 han registrado por lo menos una falta a las sesiones.

Los diputados mejor evaluados fueron la del Verde Ecologista, María Dolores Robles Chaires, con 4.39 puntos. El panista Rubén Guajardo Barrera, con un 4.20. La del Partido del Trabajo, María Leticia Vázquez Hernández, con 3.61 puntos.

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El espía político de la presidenta Claudia Sheinbaum, Héctor Serrano Cortés, se colude con Gallardo Cardona, para desafiarla desde San Luis, donde también hace negocios millonarios con las arcas públicas

Una década después que fue asediada por el espía político, Héctor Serrano Cortés, la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo vuelve a mencionar para develar las corruptelas en las que se encuentra inmerso. En el largo trayecto donde anduvo a salto de mata, el oscuro personaje aterrizó en San Luis, donde le dio cobijo el enemigo número uno de la ambientalista, Morena y de la llamada Cuarta Transformación, José Ricardo Gallardo Cardona. Juntos han maquinado múltiples sabotajes para que las visitas de la mandataria a la entidad, resulten en auténticos fracasos. El mayor golpe político que le asestaron fue cuando evitaron que llegara al senado su delfina, la huasteca Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.
Antes dirigente del Partido del Trabado en el estado, Serrano dio el bandazo al Verde Ecologista para convertirse en jefe de bancada y ex titular de la Junta de Coordinación Política. Gallardo lo ha colmado de contratos millonarios de propaganda en el poder legislativo y ejecutivo, que le cubre con los techos financieros del parque Tangamanga uno, que usa como caja chica. Serrano no es ajeno al centro de espionaje que desmanteló el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, en el exclusivo complejo residencial La Loma, que servía para ahondar en las vidas privadas de políticos adversos, empresarios y medios informativos críticos, a los que jaquearon y pulverizaron sus páginas de Facebook.
Sheinbaum, el reciente 31 de marzo, reseñó que un tribunal internacional les dio la razón en un arbitraje relacionado con las licitaciones de tabletas electrónicas para taxistas de la Ciudad de México, un caso que data del 2016, pero que estuvo rodeado de situaciones irregulares. El episodio se originó en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, de Miguel Mancera, cuando la Secretaría de Movilidad, creó un programa para reemplazar los taxímetros tradicionales, de los 140 mil carros de la capital, por tabletas. El titular de la dependencia era Héctor Serrano Cortés. El propósito fue modernizar el servicio, al estilo de las plataformas como Uber o Cabify, con una app gratuita para usuarios y dispositivos con botón de pánico y geo referenciadores.
Sin embargo, cuando Sheinbaum relevó a Mancera en el 2018, encontró un panorama distinto. Los taxistas que la habían ayudado en la campaña, se quejaban de los montos que debían pagar por los aditamentos. Cuestionaban, cómo se había elegido al proveedor sin consultarlos. Al revisar el expediente, detectaron fallas al asignar las concesiones. Entonces deciden cancelar el contrato. Fue cuando comenzó el litigio. Los concesionarios, junto con ex colaboradores de Mancera, involucrados en las licitaciones, presentaron un arbitraje internacional, amparados en el tratado comercial con Estados Unidos. Argumentaron que había empresas extranjeras vinculadas al negocio de las tabletas y cancelarlas, violaba el convenio.
El caso estuvo activo durante varios años, con audiencias públicas celebradas en Estados Unidos, donde salieron a la luz detalles sobre quienes gestionaron el acuerdo, contrato, negociadores y qué legisladores participaron. Sheinbaum adelantó que los informes, no se habían ventilado antes, porque durante un litigio internacional, está prohibido divulgar cualquier tema relacionado a la controversia. Ahora que el tribunal resolvió a favor del gobierno, confirmó que las cancelaciones fueron legales, no se violaron tratados comerciales y las restricciones desaparecen.
“Cuando venga algún diputado, vamos a informar todo el entramado”, anticipó la presidenta, quien prometió revelar los detalles de cómo se armó el negocio original. El caso fue llevado a través de cuatro secretarios de economía, Graciela Márquez, Tatiana Clouthier, Raquel Buenrostro y Marcelo Ebrard. Sheinbaum pidió al ex secretario de Movilidad, Andrés Layús, quien fue más cercano al tema, en los próximos días, acuda a la Mañanera del Pueblo, a explicar los intríngulis del asunto. “Es muy interesante cómo se dieron las asignaciones de las tabletas”. El cerco se le reduce a Serrano.
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La revista Proceso publicó el 9 de septiembre del 2018, que en la etapa de secretario gobierno de la Ciudad de México, bajo el mando de Miguel Ángel Mancera, de diciembre del 2012 a julio del 2015, Héctor Serrano Cortés dispuso de forma libre, de los recursos asignados a su área, que sólo en el 2014, ascendieron a 2 mil 900 millones de pesos. Según el listado de los gastos generados por el promotor de la corriente Vanguardia Progresista y entonces legislador federal del PRD, desvió recursos del erario para solventar necesidades de diputados, gobernadores, jefes delegacionales de su partido, aliados y escoltas.
También de su despacho salió dinero para sufragar cuestiones personales y familiares, como el mantenimiento y remodelaciones de al menos dos casas y una oficina particular, para celebrar actos sociales ajenos a la actividad pública. Incluso su brazo financiero, María Eugenia Guarneros, quien fungía como directora administrativa, fue candidata del PRD al senado, se dio vuelo: utilizó recursos públicos para comprar ropa, zapatos, perfumes y medicamentos. También para pagar los gastos de tintorería, comprar antojitos y … darse una manita de gato.
En el documento se consignan pagos por peinados y arreglos de las uñas de manos y pies. En vísperas de las elecciones intermedias del 2015, el PRD de la Ciudad de México usó la secretaría de gobierno como caja chica alterna. En febrero del 2014, por ejemplo, Serrano malversó 2 millones 189 mil 964 pesos para cubrir las credencializaciones, con miras al programa de selecciones internas del partido, que implicó adquirir 100 computadoras laptop modelo 245, un lector de huella y un Ipad para firma electrónica. Entre abril y julio, asumió el costo de diversos festejos partidistas organizados en el cárcamo de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, que implicaron erogar otros 500 mil pesos. Además, el 30 de agosto, desembolsó un millón 373 mil 962 pesos en la logística para el concierto “Que me pregunten Fest 2014”, como parte de las acciones promovidas por el gobierno de la capital. El 4 de enero salieron de la caja, cerca de 20 mil pesos para la fiesta de cumpleaños de la mamá de Serrano. Según el control de gastos, el pastel costó mil pesos. El regalo de Sears, 6 mil 585 pesos. El alquiler del sonido, 3 mil 500. El alcohol, 4 mil 899 y el vino tinto, 2 mil 555 pesos.
Serrano Cortés tenía consentida a su madre, cada mes, le enviaba dotaciones de quesos selectos. El 21 de marzo, canalizó 50 mil pesos para agasajar a la esposa, con motivo de su cumpleaños. Compró copas, platos, salseras, alcohol, velas, hielo, cojines, hamburguesas y se alquilaron máquinas de juego. El 3 de junio, el secretario de gobierno le cumplió un capricho a su hijo Ernesto Badyr Serrano González. Le pagó el instalado de un sistema de audio fijo en el rancho Los Pirules, en la delegación Iztapalapa, donde el heredero organizó una pachanga. Al igual que su padre, es miembro de la Asociación Mexicana de Charros. El caprichito le costó al gobierno de la capital, 103 mil pesos.
El operador político de Miguel Ángel Mancera, que cargó con la derrota electoral en los comicios intermedios del 2015 y la del 1 de julio último, también fue generoso consigo mismo. Con recursos del erario, remodeló y equipó en 2014, dos inmuebles, uno en Paseo de los Encinos. Otro en Xochicalco y Torres Adalid, colonia Narvarte, donde malversó más de 35 mil pesos. En un rastreo a la nómina gubernamental, se encontró también que el diputado federal mantenía en diferentes áreas una red de 13 familiares, que le cuestan al erario, 101 mil 579 pesos mensuales. La lista la encabezaban su hijo Héctor Serrano Azamar, quien fracasó en el intento de conseguir una curul en el congreso local y su hermano Alejandro Serrano.
Serrano fue 30 años burócrata en México y 15 años militante del PRD, antes de convertirse en jefe de la bancada del Verde Ecologista y Partido del Trabajo en San Luis, subordinado al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.Fue subdelegado en la alcaldía de Venustiano Carranza. Ocupó cargos como secretario técnico de la cartera de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados en la 54 legislatura, oficial mayor en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y oficial mayor en la Cámara de Diputados. Como jefe delegacional en Carranza y otros cargos, fue designado secretario de Movilidad. Su desempeño estuvo inmerso en infinitas corruptelas. Su jefa, Claudia Sheinbaum Pardo, el 9 de octubre de 2019, lo acusó de desfalcos por mil 260 millones cuando buscó que los taxistas cobraran los banderazos a través de tabletas, en lugar del método tradicional.
Luego brincó a la cámara de diputados federal, donde hizo equipo con el coordinador de bancada del PRD, Ricardo Gallardo Cardona. Pero en la asamblea del 28 de agosto del 2020, dio el bandazo al Verde Ecologista, donde lo siguen, Lidia Villafuerte Zavala, Luz Estefanía Rosas Martínez, Carlos Torres Piña, Emanuel Reyes Carmona, Raymundo García Gutiérrez, Mauricio Toledo, Javier Salinas y el mismo Gallardo. Serrano anuncia que su nuevo mesías, iba a buscar la gubernatura en el 2021. Lo exaltó por encabezar programas exitosos. Se definieron de izquierda, como el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
No obstante las acusaciones de espía político y estar inmerso en corruptelas, se convirtió en coordinador de campaña. Lo denunciaron de tratar de quedarse en el primer lugar de la lista de aspirantes a diputados plurinominales. El Consejo Estatal Electoral le negó el registro, para carecer de la residencia legal. Trató de burlar la aduana con una carta que le expidió el ayuntamiento de Soledad, cuando todavía era legislador federal. Pero rápido colocó a su hermano Alejandro Serrano Cortés, como oficial mayor en el ayuntamiento conurbado. Pero además, tapizó de incondicionales la misma dependencia estatal. Luego lo nombran comisionado político nacional del Partido del Trabajo, donde manejó los ingresos financieros para su directo beneficio. Después logra colarse al frente de las listas plurinominales del Verde Ecologista y con el respaldo de su impulsor, jefe de dos bancadas.
Incontables medios informativos nacionales destacaron que el gobierno de la Ciudad México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, se salvó de pagar más de 2 mil millones de pesos a los estafadores Santiago León y Eduardo Zayas, ligados al actual jefe de las bancadas del Verde Ecologista y Partido del Trabajo, en el poder legislativo de San Luis, Héctor Serrano Cortés. También estuvieron conectados con el diputado del PAN en México, Federico Doring. En el 2016, el dueto le ofreció al entonces secretario de gobierno, Serrano, usar taxímetros digitales o tabletas, en el sector ruletero. Las concesiones pactadas originaron que el estado enfrentara un complejo litigio en tribunales de Estados Unidos, por una demanda exponencial, que concluyó después de 6 años.
La querella inició en mayo de 2020, bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El reciente 26 de marzo del 2026, el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, rechazó todas las reclamaciones presentadas por las empresas, Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC, en contra del gobierno mexicano. Incluye el nulo pago de indemnizaciones por más de 2 mil millones de dólares, por supuestas pérdidas de inversiones y robo intelectual. En el 2023, se dieron a conocer los pactos oscuros de Serrano y sus aliados. El caso se cimentó en dos concesiones atípicas pactadas a puerta cerrada, con documentos falsos y obtenidas con apoyo de la propia concesionaria, la Secretaría de Movilidad, dirigida por Serrano. Los simuladores consiguieron el respaldo del magnate, dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, para el uso de la variante Libre, que se iba a instalar con tabletas en los taxis.
En junio del 2016, Accendo Holdings, propiedad del empresario Moisés Cosío Espinosa, invirtió al menos 40 millones de dólares a través de intermediarios, pero luego retiró el dinero. En septiembre del 2017, buscaron capital de Libero Partners, una firma donde aparecen indirectos, Fabio Massimo Covarrubias Piffer y Salinas Pliego. Un representante de Grupo Salinas, Luciano Pascoe, dijo al Wall Street Journal que «algunas personas buscan involucrar al señor Salinas Pliego con asuntos que le son ajenos”.
En el segundo semestre del 2015, el ex diputado del Verde Ecologista, Santiago León Aveleyra, buscado por la Interpol desde 2022, por fraudes a inversionistas, se reunió con Héctor Serrano, entonces secretario de Movilidad con Mancera. Al mostrarle las aplicaciones de Taxinet de Ecuador, le vendió la alternativa de instalar taxímetros digitales en la flota de miles de taxis. Un proyecto que tenía con su otro socio, Eduardo Zayas, quien cargaba antecedentes de haber defraudado a la actriz Leticia Calderón, que gastó en un permiso minero para extraer oro, pero ya estaba vencida. La oferta de Servicios Digitales Lusad, filial de Libre Holding, no tenía el software funcional, patrocinadores ni experiencia técnica previa.
Además plagiaron el desarrollo de la vertiente implementada en Ecuador. En junio de 2016, la Semovi de Serrano les dio un «proyecto de concesión», para un «periodo de pruebas». En abril del 2018, se otorgó el título de 10 años para instalar las tabletas Libres, con un geolocalizador satelital, muestran los documentos públicos del asunto, Espíritu Santo y Libre, contra el gobierno de la Ciudad de México. Para obtener las concesiones atípicas, sin licitaciones públicas, tuvieron ayuda de la Semovi. A través de correos extra institucionales, ex funcionarios de la secretaría capitalina especificaron a los estafadores, los pasos a seguir para solicitar y obtener los permisos. En diciembre del 2015, Eduardo Zayas recibió comentarios para «un contrato de prestaciones de servicios, (concesión Lusad) de Rubén García, entonces director jurídico de la Semovi.
Durante el largo juicio, se argumentó ante el Tribunal en Nueva York, que la Semovi no cuenta con las facultades para autorizar taxímetros. Se regulan mediante permisos y autorizaciones de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, no por concesiones. Es cuando aparece el cabildero, Federico Doring, quien conoce al ex diputado del Verde Ecologista, Santiago León, que poco sabe de vender tabletas. Lo toral es que tenía conexiones con el gobierno de México. Döring programó una cita con Héctor Serrano y León, que le habló a Luis Noboa, manejador de Taxinet de Ecuador, que inspiró a Libre. Le dijo que el panista «plancharía» el tema con Serrano para llegar a acuerdos.
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La columnista de El Heraldo, Laura Puente, destacó que Héctor Serrano Cortés fue expulsado por la corriente de la izquierda mexicana, que hoy conforma Morena, pero fue arropado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien lo tiene como una especie de asesor o jefe de gabinete, aunque muchos lo ubican como el Jefe de Jefes de la plaza. En palacio nacional existe un firme axioma, el actual diputado local, es el principal responsable de las confrontaciones que se viven ahora en San Luis, entre el mandatario, todo lo relacionado con Morena y el gobierno federal. Se fundamenta en que Serrano juró vengarse del movimiento que formó el tabasqueñ Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Como el titiritero, el asesor mueve un pájaro sin temor a que lo desplumen. Hoy, en San Luis Potosí, no es coincidencia la llegada de los cárteles de la droga ni el temor de la gente hacia Gallardo. Todo huele a “Serrano”.
“Recordemos que durante su paso por posiciones claves en el gobierno de la Ciudad de México, se expandieron a sus anchas facciones de cárteles como la Unión Tepito y más de 15 células que hoy tienen presencia en distintas alcaldías de la capital del país. Serrano y Gallardo son observados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imaginen el futuro para los dos personajes. Si algo ha demostrado la trayectoria de Serrano, es que donde llega, hay tensiones, confrontaciones y gobiernos turbios. Pero ahora, el margen de maniobra es menor y sin duda, la historia le cobrará una factura muy cara por retar a los mandos centrales”.
La Gazzeta Policiaca Digital, del 15 de julio del 2025, establece: las sombras del pasado alcanzaron a Héctor Serrano Cortés en San Luis Potosí. El gabinete de seguridad federal tiene bajo investigaciones al diputado local, por la presunta hechura de un centro de espionaje ilegal. Testigos familiarizados con sus métodos clandestinos, revelaron que cerca del C5 potosino, el legislador habría montado una nueva base de operaciones. La red de vigilancia irregular que lo persigue desde su época en la Ciudad de México, ahora se extiende a territorio potosino. El fantasma del edificio de Manuel Márquez Sterling número 15 vuelve a atormentar a Serrano Cortés.
Durante su despliegue como secretario de gobierno con Miguel Ángel Mancera, el inmueble en el centro histórico de la capital, albergó un sofisticado centro de espionaje. Con recursos públicos desviados, interceptaron comunicaciones de figuras como Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador y decenas de políticos de Morena. La tecnología de punta incluía drones, vehículos especializados y equipos de cómputo que funcionaban 24 horas diarias. El cerebro de la red era Gustavo Caballero, policía de investigaciones que se reportaba cada semana con Serrano Cortés.
Las juntas se realizaban en oficinas gubernamentales, donde el entonces secretario revisaba expedientes, capturas de pantalla y grabaciones comprometedoras. Testigos de las reuniones describen a un Serrano Cortés que se jactaba de poseer datos íntimos sobre líderes políticos y sociales. La arrogancia del poder se manifestaba en cada alarde sobre los secretos que guardaban sus archivos digitales. El desmantelamiento llegó con la derrota electoral del 2018 y la inminente llegada de Sheinbaum al gobierno capitalino.Miles de archivos fueron borrados del centro clandestino, mientras equipos tecnológicos desaparecieron del inmueble de Manuel Márquez Sterling.
Las maniobras de limpieza, evidenciaron la magnitud del espionaje: Patricia Mercado, Ricardo Monreal y otros actores políticos habían sido vigilados durante años. La Fiscalía de de la Ciudad de México abrió carpetas de investigaciones. Señaló como directo responsable a Serrano Cortés,” abogado” de 52 años y cabildero de larga trayectoria. Enfrentó el rigor de la justicia federal. Su ascenso en las estructuras de poder, lo llevó de las oficinas del gobierno capitalino a una curul potosina. Pero las prácticas irregulares de soplón, lo persiguen como una sombra. El caso representa un quiebre sobre los límites del poder político y el uso indebido de recursos públicos para la vigilancia ciudadana. Las pesquisas federales no han determinado si San Luis Potosí fue el escenario de una nueva red de espionaje político.
En un artículo de Sinembargo, se dijo que “Héctor Serrano Cortés no fue electo en un proceso electoral, pero se asumió como el funcionario más poderoso en el gobierno de la ciudad más grande del mundo. No existen constancias de que cuente con la cédula profesional, aunque se ostenta como licenciado en derecho, como lo hace Gallardo Cardona. Tuvo a su cargo áreas claves como las cárceles y los vendedores ambulantes. Creó una especie de gobierno paralelo que alcanzó las entrañas del PRD, el legislativo capitalino y las autoridades electorales. Sus ojos y oídos están en todas partes, de acuerdo con diversos testimonios. Su red mafiosa le permite anticiparse a innumerables decisiones políticas y administrativas del Distrito Federal».
“Serrano trabajó al cobijo de los tres principales partidos políticos del país. El ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón fue, sin embargo, quien encumbró al kraken o pulpo mitológico, cuyos tentáculos se extienden a diario, mientras la figura de Miguel Ángel Mancera Espinosa, se achica y pierde el respaldo ciudadano. Los que conocen a Serrano o han acatado sus órdenes, lo describen como un hombre temperamental, acomodaticio y desleal. Alguien que traiciona todos los días al jefe de gobierno. Cuando termine el mandato, dicen los que han seguido sus pasos, Mancera habrá perdido el control de innumerables zonas, mientras su ayudante se fortalece y alcanzará un poder pocas veces visto en la Ciudad de México”.
El diario digital Sinembargo, citó el libro, “Las siete mafias chilangas”, que coordinó la reportera Sandra Normandía. Consignó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló cifras de las ganancias que generaban las corruptelas de Serrano. Manejó que existían 140 mil taxis y en los dos centros de trámites, para sacar licencias tipo b, los gestores cobraban 6 mil pesos por el trámite. La mitad para pagarlo y la otra, destinada a los coyotes.
Se realizaban también los re emplacados y las revistas vehiculares, por los cuales también les exigían otros 6 mil pesos por cada uno y se quedaban con el 50%. Los concesionarios llegaron a cubrir otros 9 mil pesos extras. La mandataria aseguró que en el desempeño de Serrano Cortés como titular de la Secretaría de Movilidad, hubo desfalcos por más de mil millones de pesos, producto de cobros indebidos a taxistas, por lo que la contraloría y procuraduría de justicia, hicieron las investigaciones correspondientes. Se le atribuyen prácticas que han llevado a pérdidas significativas a los ruleteros. Ejecuta “cobros de piso”, se apropia de permisos y licencias. Usa el cargo para beneficiar a ciertos grupos a expensas de los trabajadores del volante. Las conexiones entre Serrano y otras pandillas, sugieren que sus influencias, además de los choferes, forman parte de un sistema más amplio de corruptelas y abusos del poder. Como asesor político de Gallardo, fue denunciado de acomodar a 16 incondicionales en la Oficialía Mayor. Resalta el caso del subdirector de manuales de organizaciones, Jesús Rubén Fernández.