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Gallardo Cardona le paga a Adela Micha, más de 6 millones de pesos con recursos de los parques Tangamanga

Deseoso de protagonismo y ávido de los reflectores que inflen su imagen y ego, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ha dilapidado al uso de fondos públicos para promoverse a través de medios informativos acríticos y entrevistas facilonas, sin reparar que las grandes sumas de dinero, podría destinarlas a cubrir necesidades básicas y urgentes de los potosinos.
Una de las dependencias que el mandatario ha utilizado para financiar su propaganda personal, son los parques Tangamanga, donde ha malversado 6 millones 418 mil 666 pesos, divididos en 17 pagos, a la empresa Conducción de Telecomunicaciones, vinculada al espacio noticioso, Digital La Saga, propiedad de la conductora Adela Micha.
Al poco tiempo de asumir el cargo, La Saga comenzó a recibir pagos por concepto de servicios de comunicación social, promociones de programas y difusiones gubernamentales. Existe el registro de seis pagos por 625 mil 111 pesos cada uno, dos emisiones por 290 mil pesos y nueve más por 232 mil pesos. Suman un total superior a los 6.4 millones de pesos.
En el canal de Adela Micha, se registran seis entrevistas con Gallardo Cardona. Una cuando era candidato a la gubernatura y cinco más, ya en funciones como mandatario. El primer conversatorio posterior a la toma de protesta, se realizó en octubre del 2021, cuando prometió “contrarrestar los problemas heredados”, a los que calificó como “herencia maldita”. Los primeros pagos a Conducción de Telecomunicaciones, aparecen en junio del 2022, apenas 6 meses después de la charla. Por las primeras apariciones, Adela Micha habría recibido alrededor de un millón 600 mil pesos, provenientes de los parques Tangamanga.
La tercera plática entre Gallardo Cardona y Adela Micha se realizó durante la Feria Nacional Potosina 2023, donde el gobernador presumió los salarios de 25 mil pesos mensuales para los elementos policiacos y la entrega de patrullas eléctricas. La cuarta tuvo lugar en Real de Catorce, donde Gallardo habló sobre sus tres años de gestiones. Destacó las inversiones extranjeras, el impulso a la infraestructura y su mirada de empresario en la política. El quinto diálogo se registró en la edición 2024 de la Fenapo, donde el mandatario volvió a resaltar los logros de su desempeño y el crecimiento turístico del estado.
Según un análisis de los pagos y las fechas de transmisiones, se calcula que por cada entrevista y los servicios de difusiones en el espacio de Adela Micha, Gallardo habría pagado en promedio, un millón 283 mil 733 pesos, con recursos provenientes de los parques Tangamanga.
No es la primera vez que el mandatario utiliza la dependencia como caja chica. En años recientes, Gallardo Cardona y su aliado político, el diputado local Héctor Serrano Cortés, han erogado más de 26 millones de pesos de los mismos parques hacia el medio Contraréplica, también empleado para promover su imagen y desempeño.
Mientras tanto, los parques Tangamanga enfrentan múltiples carencias, áreas verdes descuidadas, baños deteriorados, poca vigilancia y falta de mantenimiento global. Los potosinos denuncian que tales espacios deben ser recreativos y de beneficio público. Pero han sido relegados para ensalzar imagen de Gallardo, que no tiene límites, incluso a costa de las verdaderas necesidades del estado.

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Héctor Serrano saquea los parques Tangamanga con sus medios informativos

Serrano ha recibido más de 25 millones de pesos en contratos de los parques Tangamanga

El diputado local, Héctor Serrano Cortés, quien huyó de la Ciudad de México tras estar vinculado a una red de espionaje contra figuras políticas, como el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, encontró en San Luis Potosí un lugar donde consolidar sus privilegios. Hoy, como coordinador de los legisladores del Verde Ecologista, goza de grandes beneficios, a costa del erario, con el aval del mandatario Ricardo Gallardo Cardona, a quien antes sirvió como asesor político. Ahora son socios y cómplices en el logro de millonarias ganancias.

Desde el inicio del sexenio de Gallardo, el fuereño Serrano halló en los parques Tangamanga, un mecanismo para lucrar con recursos públicos, mediante sus medios informativos y empresas vinculadas a su persona. Según registros institucionales, obtenidos por La Noticia, publicados en la página de transparencia de los parques Tangamanga, después que Gallardo Cardona asumió el cargo, Serrano ha obtenido incontables ventajas. A mediados del 2025, concentró 64 pagos provenientes de los parques, bajo los conceptos de servicios de comunicación social, promociones y difusiones de programas.

El monto total asciende a 25 millones 30 mil 993 pesos, canalizados a través de dos razones sociales, Ediciones San Francisco S.A. de C.V. y Agencia Contraréplica Digital S.A. de C.V. Ambas empresas están vinculadas al medio Contra Réplica, ligado al diputado Héctor Serrano, quien aparece en las actas constitutivas como socio mayoritario.

En Ediciones San Francisco, Serrano posee el 30% de las acciones y funge como presidente del consejo administrativo. La firma recibió 32 pagos en promedio de 419 mil pesos. En total, sumó un total de 13 millones 438 mil 663 pesos.

Por su parte, Agencia Contraréplica Digital, que también opera el medio Contra Réplica, ha recibido 32 pagos adicionales, con un total de 11 millones 592 mil 330 pesos. Un promedio de 362 mil pesos por factura. En tal negocio, Serrano figura con el 50% de las acciones y el mismo cargo directivo.

Los pagos no reflejan servicios esenciales de los parques Tangamanga, sirven para promocionar la imagen del gobernador, lo que ha generado un esquema de “ganar-ganar”, para el dúo político. Serrano recibe enormes sumas de dinero y Gallardo asegura las promociones positivas de sus gestiones.

Mientras tanto, los usuarios de los centros recreativos, enfrentan áreas verdes en pésimas condiciones, sanitarios descompuestos y canchas deportivas casi secas. Lo que contrasta con los millones destinados a los convenios de Serrano.

Los beneficios del influyente diputado no se limitan a los parques Tangamanga. En otras pesquisas realizadas por La Noticia, se documentó que también ha extendido sus influencias al Congreso del Estado, al utilizar una red de prestanombres y aliados políticos, para obtener contratos adicionales en el área de prensa.

A través de Grupo One Multimedia Center Click, recibió 100 mil pesos por difundir un banner institucional en el portal Yo Amo San Luis, durante diciembre del 2024. Los socios registrados en la compañía son Luis Carlos Delgado González y Luz Adriana Luera Zapata. Tienen vínculos previos con el portal One Click, que operó con el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y después se integró como filial del portal Contra Réplica, bajo la razón social, Ediciones San Francisco.

Las investigaciones apuntaron a que tanto Yo Amo San Luis como Contra Réplica, operaron con domicilios coincidentes en la colonia Las Lomas, lo que refuerza la hipótesis de un entramado de empresas con propósitos comunes. La influencia y avaricia de Serrano por rasguñar el presupuesto público, se extienden en otras vertientes. En el congreso local, destinan 4.4 millones de pesos mensuales al pago de 194 personas contratadas por honorarios, muchas vinculadas a Héctor Serrano.

Las contrataciones, según el organismo Ciudadanos Observando, representan una forma de pago a favores políticos. Lo ayudan a consolidar el poder interno de Serrano, quien ha colocado a personas de su círculo cercano en puestos estratégicos. Ante las distintas formas de sangrar el presupuesto con millonarias ganancias, el despeño del diputado y político es lo de menos. Su trabajo en el poder legislativo es de los peores evaluados. Según la encuestadora GobernArte S.C., fue ubicado en el lugar 30 de 32 presidentes de Juntas de Coordinación Políticas en el país, con apenas 9.8% de eficacia.

En evaluaciones por parte del Congreso Calificado, su desempeño continuó en descenso, con notas reprobatorias, que lo colocaron en los últimos lugares. No obstante, mantiene una influencia notable en las decisiones internas y en las asignaciones de recursos públicos.

Con exorbitantes ganancias, Serrano sabe para quien trabaja y no es el pueblo potosino. En fechas recientes, impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de San Luis, con el fin de sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial. La propuesta surgió tras ventilarse un narco video, presuntamente manipulado con IA. Ciudadanos Observando advirtió que la medida podría ser utilizada para restringir la libertad de prensa y perseguir a periodistas críticos del gobierno.

La red empresarial y política construida por Héctor Serrano Cortés, exhibe un modelo que concentra recursos públicos, oscurantismo y voracidad en el manejo del poder político, para beneficio personal. Los parques Tangamanga y el congreso, enfrentan severas carencias. Los contratos a sus empresas y aliados, superan los 21 millones de pesos, sumados a una estructura legislativa diseñada para pagar lealtades.

La falta de transparencia y la reserva de datos por parte de las dependencias públicas, impiden conocer el verdadero alcance de las operaciones donde Serrano, sin duda, podría abarcar todas las dependencias para obtener grandes contratos y saquear a su contentillo, los recursos de los potosinos. Los pocos registros revisados, muestran un mismo hilo conductor. El uso del erario para financiar al poder político y mediático, protegido por su principal socio, cómplice y “amigo de la pala”, Ricardo Gallardo Cardona.

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San Luis en bancarrota

Al asumir la gubernatura en el 2021, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona alardeó sus dotes de Casanova, que le han dejado varios hijos, “y los que vienen”, pero también acusó a su antecesor, Juan Manuel Carreras, heredarle un hoyo negro, financiero, por más de 20 mil millones de pesos. Pero nunca lo requirió, no obstante ubicarlo como el ícono e ideólogo de la “herencia maldita”.

Fue un pacto de sangre, ya que el doctor en derecho, tampoco emprendió acciones judiciales contra el ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, padre del mandatario, implicado en peculados que pueden superar los 3 mil millones de pesos.

Agotados todos los nichos de ingresos, Gallardo recurre constante a los caros créditos quirografarios, de rápido reembolso. Tan sólo en el 2024, solicitó 4, por un monto de 2 mil 290 millones de pesos. A Banorte le pidió 990 millones. A Scotiabank 650 y Banco Bilbao Vizcaya Accival o Bancomer, otros 650, por los que cubrió casi 204 millones de pesos en intereses. Lo que debía ejercer según lo establecido en el presupuesto anual, lo saca de improviso, para saldar aguinaldos del magisterio, burocracia y tal vez los costos de la Feria Nacional Potosina, donde en el 2025, podría malversar 200 millones de pesos.

Experto en vaciar las arcas públicas y no dar el mínimo dato de su conducta fraudulenta, ya se alista para endeudar sin ambages a los potosinos. Antes de irse, podría heredarles un déficit cercano a los 40 mil millones de pesos.

Es por lo que le urge y nadie le habrá de impedir que deje como relevo a su cónyuge, la senadora del Verde Ecologista, Ruth González Silva. Además, ya anunció que en el 2026, se sumará a la abierta y prematura campaña, para también blindarse como futuro diputado federal. Lo calculó todo, sin el mínimo error.

El 14 de agosto del 2020, el entonces encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, acusó ante el fiscal de la república, Alejandro Gertz Manero, al ahora gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez, por el lavado de 724 millones 608 mil 296.43 pesos, delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, evasores fiscales y corruptelas. El dinero fue extraído de los ayuntamientos de Soledad y la capital.

Las pesquisas también alcanzaron al magnate acerero, Juan Carlos Valladares García, padre del legislador federal, Juan Carlos Valladares Eichelmann, ex secretario de fomento económico y virtual candidato a la alcaldía de San Luis. Para dispersar los recursos, usaron 20 sociedades mercantiles y 19 personas físicas. El dinero terminó en las reservas del ahora mandatario y sus allegados.

Usaron empresas fachadas para actividades simuladas, falsearon declaraciones fiscales, por lo que les aseguraron 178 cuentas bancarias. Utilizaron a Investigaciones Médicas del Potosí, donde apareció el director del hospital Lomas, Manuel Trigo Velasco y Valladares García, al que también involucraron en la compra fraudulenta de lámparas led con la firma Panavi, que Gallardo Juárez desacreditó, ya que no le dejaron un amplio margen de ganancia.

Otra empresa implicada fue la Clínica de Especialidades Wong, que tuvo de accionistas a los hermanos Enrique y Jorge Wong Castañeda. El apoderado legal fue Miguel Ángel Wong Zamudio. Apareció el Grupo Axioma Kusuri. Los socios mayoritarios fueron Juan Carlos Negrete Ayala y Juan Carlos Jiménez Rivera. Negrete fue compañero de Gallardo en la escuela, luego director de servicios médicos del ayuntamiento de Soledad. Es médico de cabecera de su jefe.

“Un porcentaje de los recursos fondearon las cuentas de Gallardo Cardona a través de depósitos millonarios en efectivo. Fue como expandieron las inversiones, que luego integraron como capitales en apariencia lícitos, a través de personas morales, compra de inmuebles y diversas transferencias internacionales dirigidas a Estados Unidos y Australia”.

También fueron denunciados Gallardo Continental, Distribuidora Gallardo, Tangamanga Continental, Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios, Inmobiliaria Jorica, Renueva con Coordinación Profesional, Creativa Motors, Agroindustrias Ricón, Acabados Finos del Centro, Dealers Motors San Luis Potosí, RG Eventos Sociales, Texano Food, Institución Educativa Potosina, Tangamanga Andre, Marketing Visual del Pacífico, 79 Integración Empresarial Center y Quality Inmobiliaria Potosina.

Las personas físicas coludidas son Miguel Ángel Wong Zamudio, Juan Carlos Negrete Ayala, María Elena Rodríguez Álvarez, Juan Carlos Jiménez Rivera, Jesús Ernesto de la Maza, María del Pilar Cardona Reyna, Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona, Verónica Williams Méndez, Karina Lizet Cardoso Amaya, Marta Amaya Covarrubias, Juan Carlos Valladares García, Manuel Trigo Velasco, Candy Araceli Gallardo Cardona, Roberto Carlos Cardona Reyes, Fernando Juan Marcos Issa, Yonabad Nava Tovar y Eduardo Hernández Tovar.

En noviembre del 2024, el columnista de Pulso, Juan José Rodríguez Medina, reveló que el expediente criminal fue reactivado por la fiscalía de la república, tras cuatro años de estar empolvado. Entre los motivos, destaca la conducta atrabiliaria y voraz de Gallardo Cardona.

Otro de los lastres financieros más voluminosos que ponen en riesgo la seguridad física de Gallardo Cardona, es colapsar el manejo administrativo y político del aparato gubernamental, con el débito que arrastra por casi 6 mil millones de pesos en el sistema de pensiones.

Ante los desplantes de prepotencia y sentirse intocable, si el poder central decide mandarlo a la banca, neutralizará sus peligrosos despliegues. Ya tiene con el inmenso pasivo a los jubilados, el pretexto ideal para enterrar sus pretensiones transexenales.  En un solo lance lo pueden borrar del mapa, junto con su cónyuge, la faltista senadora, metida a instalar boyas sin las mínimas planeaciones, Ruth González Silva y el padre, con expedientes criminales inconclusos, que podrían superar los 3 mil millones de pesos, en la etapa que fue alcalde de la capital, donde impuso un estilo tenebroso de sobornos y chantajes al sector inmobiliario.

Si buscaban hacer un edificio, tenían que darle uno o dos departamentos, a cambio de autorizarles todos los trámites. Se salvó de pisar la cárcel, por el contubernio que tejió con el ex gobernador Juan Manuel Carreras López, al que el hijo acusa de robarse 20 mil millones de pesos del erario, además, ser el ideólogo y líder de la llamada “herencia maldita”.

Sin importarle las constantes zancadillas y sabotajes que le ha endilgado a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, como echarle por la alcantarilla, la iniciativa de ley para vetar el nepotismo, Gallardo busca sin reposo, endosarle el atroz déficit y los 800 millones de pesos que elude con el sistema de Telesecundarias.

Para zafarse de las presiones de miles de profesores, inventó la charada del fantasma de una mujer desnuda en la segunda planta del palacio de gobierno, lo que generó carcajadas planetarias. El volátil ejecutivo se ganó el título del “estúpido más grande de México”.

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Buscan llevar al banquillo de los acusados a la senadora Ruth González, por menospreciar el cargo y dedicarse a campañas adelantadas en busca de la gubernatura

El litigante Carlos Roberto Calderón Millán, solicitó a la cámara de diputados federal, entablar juicio político en contra de la senadora del Verde Ecologista, Ruth Miriam González Silva, por suspender una asamblea legislativa para dedicarse a la entrega de apoyos sociales, el reciente 10 de junio, en Pozos y otras colonias de la zona metropolitana. Censuró, desdeñara la cita de tres comisiones para analizar temas de la política exterior.

El tema se postergó a “solicitud expresa de la legisladora, a través de un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y al secretario técnico, Carlos Alberto González Ordóñez.

Se iba a analizar un tema bilateral con Estados Unidos, programada para el 10 de junio, en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países. Marcado por las protestas en Los Ángeles y acusaciones de funcionarios estadunidenses”.

Aunque González Ordóñez firmó el documento donde se anuló la cita por “razones ajenas” al comité interno, se estima que influyeron también las presiones políticas generadas después de las manifestaciones de los braceros en el país del norte.

La secretaria de seguridad nacional en Estados Unidos, Kristy Noem, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas en Los Ángeles. La señaló como responsable de los enfrentamientos entre migrantes y autoridades.

Calderón relató que el 10 de junio, a la misma hora que se había programado la asamblea bilateral con representantes de Estados Unidos, Ruth González se encontraba en plena campaña electoral.

Se promueve para ser candidata a la gubernatura en el 2027. “Decidió postergar una cita legislativa en el senado, para centrarse en la entrega de apoyos sociales en otros municipios”. Ruth González preside la cartera de relaciones exteriores.

La solicitud para ausentarse, fue notificada por el secretario técnico, González Ordóñez, mediante oficio dirigido a Fernández Noroña.

El encuentro iba a reunir a integrantes de tres comisiones para abordar temas de política exterior, pero se suspendió debido a la exigencia de la senadora.

Después de cancelar el encuentro, encabezó actos públicos en Pozos y la comunidad de Tierra Blanca. “El fenómeno migratorio es complejo, multifacético y afecta a ambas naciones. Tiene un impacto en la vida social, económica y cultural en los dos países. El interés público se manifiesta en múltiples aspectos”.

En el apartado de agravios, Calderón aludió a los embrollos políticos. “El tema de los migrantes es un punto central en la agenda bilateral. Genera debates y negociaciones entre los gobiernos”.

En el ámbito social, resaltó que afecta la estructura de los poblados. Las relaciones étnicas y las dinámicas entre ambos países. En lo económico, el impacto se traduce por medio de las remesas, empleo y la oferta laboral. En lo cultural, aludió las diversas cosmovisiones, intercambios y tensiones entre los países.

Estableció que los paisanos tienen derecho a la seguridad social, salud y justicia. Se han generado debates sobre la urgencia de renovar el sistema imperante. Los dólares que envían los connacionales a México, son una fuente de ingreso para las familias y motor de desarrollo.

La vigilancia fronteriza plantea controles sobre los flujos migratorios. Busca prevenir la entrada ilegal de personas a Estados Unidos. “Se generan diversas percepciones que dan lugar a prejuicios y discriminaciones”.

“Pero al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su esposa Ruth González les vale madre la ley. Van a seguir con la tapadera de baches, aunque no les corresponde y se encabrone el alcalde de la capital, Enrique Galindo.

El juicio político es un mecanismo constitucional para sancionar a servidores públicos, por conductas que lesionan el interés colectivo. El procedimiento busca proteger los intereses de los demás y garantizar el sano manejo de los recursos”.

Calderón Millán dijo que el artículo 110 constitucional establece que pueden ser sujetos de juicio político los senadores. Inicia en la cámara de diputados a través de la cartera jurisdiccional, que determina si existen elementos suficientes para acusar a un legislador, por actos u omisiones que causen perjuicio a los intereses mayoritarios.

Como sucede con millones de mexicanos en el extranjero y en el país. La denuncia la puede realizar cualquier ciudadano.

“Por lo expuesto, fundado y motivado, en uso de las facultades que me concede la constitución, me permito solicitar, se inicie juicio político en contra de la senadora Ruth Miriam González Silva.

Una vez determinado si es responsable, se le destituya e inhabilite para ocupar otro cargo público en el futuro. Las sanciones se aplican si el funcionario ha cometido actos y omisiones que vulneren el cumplimiento de sus tareas. El juicio político no es un acto penal, es de control político.

Las sanciones que se imponen son distintas”. Calderón ratificó en lo inmediato la demanda el 11 de junio ante el representante de los servicios legales de la cámara de diputados, Alan Lujano Guzmán. El administrador especializado, Uriel Anzaldo Gómez y la secretaria ejecutiva, Fernanda Joyce Mejía Sandoval.

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Nava, libre, conmina a los potosinos, denunciar los latrocinios de los Gallardo, que llevan al precipicio a San Luis

“Nos hicieron un juicio político por venganza. No nos querían en la vida pública, buscaron borrarnos de un plumazo. La injerencia del congreso local no fue relativa a los hechos, realidades y pruebas. No existe una sentencia o procedimiento de juicio político de 18 años para inhabilitarme. Ni a los peores ladrones del país ni al mismo gobernador Ricardo Gallardo, lo trataron igual”, declaró el ex alcalde de la capital, Francisco Xavier Nava Palacios.

Añadió que en diciembre del 2021, el poder legislativo ordenó inhabilitarlo, por no respetar un amparo federal, en el que se le ordenó no construir un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Río Españita y la carretera 57. El 25 de junio del 2025, tres años y medio después, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo exoneró, restituyó sus derechos políticos y electorales. Indicó que el gobernador usó el poder para cobrar venganza, porque en el 2018, le ganó la presidencia municipal de San Luis a su padre, Ricardo Gallardo Juárez, que buscó relegirse. También promovió una serie de denuncias penales por delitos de peculado, desvío de recursos públicos y asociación delictuosa.

Como no encontró la forma de sacarlo y era su único adversario real, decidió hacer algo que no tiene ningún fundamento en la ley. Fue lo que les dijo la Suprema Corte, lo hicieron todo al revés. Determinó que no debieron aceptar el juicio político, porque el argumento del congreso, fue que junto con nueve funcionarios del trienio, violaron una orden del juez, cuando no existía la suspensión. Y no la habrá porque los terrenos no son ejidales. No podrán comprobar que les pertenecen.

Precisó que el bulevar Antonio Rocha Cordero, es una ruta desde 1973. La gente circula desde entonces. Lo que hizo fue construir puentes superiores para desahogar el tránsito hacia a la zona industrial, porque era un cuello de botella. Expuso que el camino estuvo por décadas en la jurisdicción de la Junta Estatal de Caminos y en los programas de desarrollo urbano de la capital. Sostuvo que el juicio político fue una trampa, una patraña. El objetivo fue aniquilarlo, dejarlo fuera de la vida pública. Lo lograron durante tres años y medio, pero fue de manera inconstitucional. Es lo que dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que analizó los diversos agravios que la defensa presentó y determinó. Violaron el procedimiento, sus derechos fundamentales y lo relacionado al debido proceso.

 Aseveró que el artículo 17 constitucional, establece que cuando se busca la justicia, los juzgadores o el poder judicial, tienen que ir por el máximo beneficio del quejoso, como regresar, para iniciar de nuevo el procedimiento. Pero como invadió facultades del poder judicial de la federación, al no esperar que hubiera una sentencia, dijeron que se había construido arriba de los terrenos del ejido, lo cual era falso. Entonces la Suprema Corte decidió ayudar al quejoso y tumbó el procedimiento judicial. Ordenó al congreso ir al inicio y declararlo improcedente. La sentencia es definitiva, no tiene salida, más que cumplirse.

Sin embargo, admitió que pueden hacerse tontos, porque su estilo y forma de actuar es pisotear la ley, violar los procedimientos y derechos de las personas. Ignoran que hay métodos para exigir, la ejecuten. Nava adelantó que son tan burdos que pueden hacerse locos, patear el balón un rato y dejar que el tiempo resuelva el problema. La ministra ponente, Loreta Ortiz, seguirá en el cargo, durante 12 años más, porque fue electa en las votaciones de junio. Cuando no quieran actuar, hay medidas de apremio, como inhabilitaciones, desafueros, que podrían darse si los trogloditas pretenden no cumplir lo ordenado.

  Tampoco pueden darle cumplimiento después del 2027, cuando hayan pasado los comicios. La defensa buscaría el incidente de incumplimiento. Además, sería un agravio a la ministra Ortiz. “Es abusar otra vez, como lo hacen siempre. Pero habrá consecuencias graves para el congreso, ya que es un mandato definitivo”. Afirmó que a Gallardo y sus secuaces, se les acabó el tema del juicio político, por lo que recurrió a las amenazas. Como declarar que vienen los temas penales. “Los que se deben actualizar son los suyos. Jamás fue exonerado de los delitos del manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Tiene un amparo que le fue otorgado. Dice que es responsable de haberse robado 209 millones de pesos de Soledad y el ministerio público pide reconfigurar el caso, lo que nunca sucedió, por las complicidades y corruptelas que hay en el país y las amplísimas redes de complicidades que tejen los Gallardo. Pero en mi caso, no hay más que hacer”.

Desconoce los cargos penales, aunque tampoco se pueden inventar. Pueden existir documentos sin firma o si faltó el procedimiento de alguna compra. Son faltas menores que se pueden subsanar. Indicó que tiene clara y tranquila la conciencia de lo que hizo. “No nos han acusado nunca de enriquecimiento ilícito. Tengo la misma casa y coche. No existen evidencias de manejar en forma indebida los recursos. Nunca apareció una empresa fantasma, ni un contratista que diga, le pedimos dinero. Hay las licitaciones de obra pública donde participaban de 40 a 50 gentes. Es diferente su manejo. Llevaron un solo constructor que se presentó a las licitaciones o fueron declaradas desiertas, para luego asignarlas”.

  “Pueden inventar lo que sea, pero nosotros nos vamos a defender. Les decimos que el abuso de autoridad es un delito. Lo que inventan tiene consecuencias. Y si vamos ir al escrutinio público, son las reglas de juego. Hagámoslo todos, porque tenemos más denuncias penales en su contra. Hay expedientes completos, como el de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ladrón que ejerce el gobierno. Parece ser que los borraron, pero hay que poner la lupa. Los desfalcos a San Luis son evidentes, en las obras y puentes que se caen. En el lienzo charro, en los trabajos de los parques Tangamanga, que nunca se justificaron. No han informado de los procedimientos que se llevaron a cabo para construir las obras. No existen los trámites”.

  “Además, hay que revisar el fondo de pensiones del estado, donde antes de arribar Gallardo, había un déficit de mil 300 millones de pesos, que se arrastraba de administraciones anteriores. Hay que revisar, por qué falta el dinero. Pero después de tres años y medio que maneja el delincuente el fondo, tiene una deuda por 6 mil millones de pesos. Más lo que se sume. Es un delito establecido en la ley. Se roban lo que le descuentan a los trabajadore e incumple con las aportaciones correspondientes. Hay que presentar las denuncias, porque los trabajadores se quedaron sin opciones de jubilarse. No va a parar hasta quebrar la dependencia”.

Nava dijo que lo mismo hicieron con el Infonavit en el ayuntamiento de la capital. No le pagaron 70 millones de pesos. Usaron los impuestos de la Secretaría de Hacienda, a la que no le cubrieron 240 millones de pesos. Repitieron el mismo esquema, se robaron las aportaciones de los policías. Igual pasó con los pagos de los seguros, préstamos a cajas de ahorro y crédito. Es un desfalco por todos lados. Se imaginan eternos. No hay victorias permanentes ni derrotas que duran para siempre. Es claro, más en la política. Lo que hacen es avasallar, dejar a todo mundo lesionado, tirado en el suelo, donde creen, se quedarán toda la vida. Es algo que no va a suceder, habrá respuestas”.

Precisó que se demandara a quienes cometieron el abuso y se prestaron al juego perverso para afectarlos en lo particular, cuando no había ninguna prueba. No pidieron títulos de propiedad del supuesto terreno afectado. Era fácil si querían hacer justicia, pero el fin era hacer política y perjudicar al otro. Usaron a los diputados integrantes de las comisiones instructoras y jurisdiccionales, además los que votaron en el pleno. Sostuvo que no son ajenos Gallardo Cardona y el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos. El mandatario les dio instrucciones, amenazó o compró. El edil no debió moverse hasta que demostraran que eran dueños los ejidatarios.

Buscan se haga justicia como ciudadanos, ya que no aspiran a un cargo o candidatura. Los privaron de sus derechos. Se dedicó a defenderse y cumplir con las reglas que le impusieron a la mala. “Lo respetamos y ahora tenemos un resultado. No hay muchos que se ríen en el hotel o palacio de gobierno”. Lo decidido por la Suprema Corte, fue un golpe inesperado para Gallardo Cardona. Nava Palacios dijo que el resolutivo beneficia al resto de los nueve ex funcionarios de su gabinete, incluidos en el juicio político.

Precisó que el gobernador y sus peones intentaron voltear los hechos, por estar inmersos en corruptelas. “No me engañan. No vemos la política de la misma manera. No actuamos con mala fe. Nunca clausuramos un negocio porque era de un adversario. No despojamos a nadie de sus patrimonios”. Asentó que si Gallardo y sus hordas quieren atacar a los que han cometido delitos, se tienen que auto castigar. “La fiscalía les reabra procedimientos donde están las pruebas de que atracaron a la capital, Soledad y ahora el estado. No dejan títere con cabeza”.

 Reveló que la embestida de Gallardo, al amenazarlo con acciones penales en su contra, es una señal de miedo, ya que actúa en forma distinta. No forma parte de ningún partido político. “No le gusta porque sus redes de complicidades, abarcan distintos colores e ideologías. Son daltónicos para hacer sus componendas y transas.

No pueden permitir, afecte a los maestros, burócratas, pensionados y doctores. Se vive en lo precario. No hay medicamentos en los hospitales. En campaña se comprometió a construir cinco nuevos hospitales. Hace obras que se caen a los dos meses, por la voracidad que tiene para hacer dinero desde la política. Extorsiona a los alcaldes. Acapara todos los poderes”.

 Nava destacó ser un hombre libre para levantar la voz ante los atropellos cotidianos. No se puede tolerar el dispendio y conductas frívolas. Rechazó que la curul federal, se las deba a los Gallardo. “Es una vil mentira. Me invitaron del PRD nacional, por la cercanía del partido con mi abuelo, Salvador Nava Martínez. También me llamó el ex candidato a la gubernatura, el empresario Fernando Pérez Espinosa. Ninguno de los Gallardo intervino. No les pareció mi presencia. No pudimos convivir. Coincidí con el papá en sus despliegues por la alcaldía. Nunca hubo una alianza, caminamos juntos en una contienda electoral del mismo lado. No fue ruptura, porque nunca hubo un acuerdo previo. No estuve cerca y no me equivoqué”.

Reveló que como diputado, intentaron extorsionarlo, para que les bajara recursos a los ayuntamientos que controlaban. Se dieron las fricciones. Se quejó con la dirigencia del PRD. Les dijo que no podían respaldar a semejantes personajes. Lo mandaron golpear a través de varios diputados locales. “Es su estilo. No entienden que en política hay múltiples opiniones. No estar sujetos a lo que diga un jefe. Ahora no sabemos quién manda. Se pelean entre sí, para ver quién es más ladrón”. Lamentó que el gobierno federal tenga de aliados a sujetos vinculados a lo peor, que tienen un desempeño negativo. “No entendemos cómo los toleran”. Aludió a las 15 denuncias que se encuentran en la Fiscalía de la Republica contra Gallardo Juárez, por uso indebido de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, durante su etapa como alcalde de la capital. “No deben quedar en limbo. Investigar por qué no le han dado seguimiento. Sería hacer justicia en el país”. Le reclamó a Gallardo Cardona los negocios que ejecuta para saquear las arcas, como la Arena Potosí y el antro El Richie, donde murieron varios jóvenes. “¿Dónde están los hospitales que prometió? Su mandato es un fracaso”. Conminó a la ciudadanía, presentar denuncias penales en su contra. Todas las obras cargan sobreprecios. Las licitaciones son irregulares. “La ciudadanía tiene la fuerza. Hay que actuar. No queremos ir a la batalla por miedo. Si nos rendimos antes de tiempo, ya valió madre”. Negó ser enemigo de los Gallardo, ya que no actúa en lo personal. Buscan heredar el poder a la familia. “Es una afrenta a los potosinos. Pero lo hacen porque no confían en nadie. Si llega otro, se dará cuenta de tanto latrocinio y lo que hicieron para afectar a San Luis”.

 Nunca les interesó un proyecto exitoso para el desarrollo, que combata la pobreza y genere mejores condiciones de vida. Convirtieron al estado en una empresa privada, denominada San Luis Potosí, Sociedad Anónima de Capital Variable. “Es su negocio, hacen lo que quieren con las instituciones. Llevan a la entidad al precipicio, donde el deterioro será irremediable. Los pésimos gobiernos terminan por pagar las consecuencias”. Citó al ex presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que presumía durante sus gestiones, los nuevos cuadros del PRI, como Duarte de Veracruz, el otro Duarte en Chihuahua y Borge en Quintana Roo. Iban a transformar los estados. A unos cuantos años, todos están en la cárcel.

Sostuvo que Gallardo Cardona es parte de la “herencia maldita que critica, culpa y desafía. Se alió con los que le ayudaron a salir de la cárcel, sin haber probado su inocencia”

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Gerardo Zapata, el alfil de los Gallardo que se niega sistemático a informar sobre las malversaciones del dinero público en propagandas mediáticas

La nueva campaña institucional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, bajo el lema “Potosí Sin Límites”, se promueve ya de forma extensa en documentos institucionales, gafetes de empleados, redes sociales, medios informativos, espectaculares y objetos promocionales como gorras, camisetas y mochilas. Vía transparencia, se buscó conocer el costo, los objetivos, las contrataciones y el financiamiento. La respuesta fue evasiva y contradictoria.

La solicitud, registrada con el folio 240469725000044, fue dirigida a la Coordinación de Comunicación Social, dependencia encargada de la imagen promocional del gobierno. En lugar de proporcionar datos, se limitaron a señalar que “lo peticionado compete a otro organismo centralizado, lo cual nos imposibilita atender la solicitud”.

Además, dijeron que se realizó una búsqueda en archivos físicos y digitales de la Dirección Jurídica de Servicios, adscrita a la Dirección de Servicios Administrativos, sin que se localizara informe alguno. Lo más grave es que la misma Coordinación de Comunicación Social afirmó que solicitaría datos a la Oficialía Mayor, que en una cadena absurda de evasiones, respondió que le correspondía facilitarlos al área de prensa.

No no es la primera vez que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se niega a transparentar el manejo de recursos públicos en campañas propagandísticas. Cuando lanzó la denominada, “Ya se nota”, era un eslogan que comenzó como lema publicitario y terminó convertido en insignia de gobierno. Se utilizó en más de 50 espectaculares repartidos por la capital del estado, en avenidas como Salvador Nava y el río Santiago. También apareció en spots de radio y televisión, portales de noticias, redes sociales, boletines institucionales y entrevistas pagadas.

La campaña fue ejecutada por el área de comunicación social bajo la dirección de Gerardo Zapata Rosales, quien activó una estrategia basada en resaltar supuestos logros del gobierno, mientras evadía temas como la inseguridad, la crisis en servicios médicos, el desabasto de agua y el desvío de recursos en programas sociales.

Cuando se solicitó por transparencia el monto total gastado en esta campaña (folio 240468022000012), la respuesta fue que no se realizaron erogaciones bajo esos conceptos, es decir, que el gasto fue de cero pesos. Una afirmación rotundamente falsa, desmentida por la evidente exposición de la campaña en todos los canales institucionales y mediáticos.

Lo mismo ocurrió con la campaña anterior, “Vivir sin miedo”, utilizada en los primeros meses del sexenio. Aunque el eslogan se estampó en espectaculares, bardas, boletines y entrevistas promocionales, nunca se informó cuánto se invirtió ni qué empresas fueron contratadas.

La opacidad también ha alcanzado los informes de gobierno. El segundo informe del gobernador Gallardo, realizado en Ciudad Valles, fue un acto ostentoso con pantallas gigantes, fuegos artificiales, escenario con luces, sonido profesional, sillas para más de mil invitados y fuerte presencia mediática.

Sin embargo, cuando fueron solicitados los gastos mediante tres solicitudes distintas, las respuestas fueron inconsistente. Primero dijeron que había un presupuesto de 1.5 millones de pesos, pero que no se ejerció un peso. Luego, que el área de prensa no era competente para responder. Tras otro intento, se afirmó que el gasto fue de cero pesos, lo cual carece de certeza ante la magnitud del despliegue. Incluso, la ex diputada Gabriela Martínez Lárraga, presente en el acto, declaró que parecía más una fiesta de 15 años. Censuró el abismo entre el pueblo y los funcionarios, mediante barandales de acero y el derroche ante las carencias sociales.

Gallardo llegó al extremo de reservar los datos relacionados en los contratos firmados con medios informativos locales y nacionales, durante 10 años. Una de las solicitudes, folio 240468024000015, buscó conocer el gasto público destinado a la empresa Badabun, contratada para producir y difundir más de 20 videos propagandísticos, donde Gallardo y su esposa, Ruth González Silva, presidenta del DIF estatal y senadora, son los protagonistas centrales.

El vocero gubernamental, Gerardo Zapata Rosales, reservó todos los informes de contratos, órdenes de compra, pautas de difusiones, fichas técnicas, materiales entregables y expedientes completos. La excusa fue que divulgar los datos, podría “poner en riesgo la vida, salud o recaudaciones tributarias”, un argumento absurdo, ya que se le pidieron contratos públicos con una empresa de contenido digital.

La misma suerte corrió la solicitud de contratos con figuras mediáticas como Adela Micha, quien ha difundido entrevistas y reportajes favorables al gobernador a nivel nacional. También se ha complicado conocer los montos pagados a influencers y medios alineados que forman parte de la maquinaria de promociones burocráticas.

Además, niegan el acceso a cuestiones elementales sobre convenios con medios informativos y se bloquea el conocimiento sobre cuánto se gasta en promocionar a Gallardo y su entorno con recursos que deberían destinarse a salud, educación, seguridad o infraestructura básica. El responsable de ocultar la verdad es Zapata Rosales. Con experiencia previa como vocero en los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez en San Luis y ayuntamiento de Soledad, ha consolidado una estrategia basada en el control informativo, negar hechos y hacer manipulaciones mediáticas. Evita rendir cuentas sobre los recursos públicos gastados en promover la imagen del actual mandatario.

Lejos de ejercer sus tareas como enlace transparente entre el gobierno y la ciudadanía, Zapata se ha convertido en cómplice del derroche, encubrir los millonarios gastos en campañas que buscan imponer una imagen de éxito. Mientras, se imponen los hechos crudos, en hospitales sin medicamentos, pensiones sin pagar y la violencia ascendente que no da tregua. En los promocionales de “Potosí Sin Límites”, intenta perpetuar la imagen de Gallardo como un benefactor, pero a costa del bolsillo de los potosinos, quienes no conocen cuánto cuesta la propaganda insulsa.

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Ahora el Infonavit hará casas para rentarlas a los trabajadores

El doctor en derecho fiscal, Pedro Gaytán, dijo que el mando federal convirtió a los gobiernos estatales en entes recaudadores con pistola y tolete. No persiguen a las grandes empresas, sólo a los pequeños negocios y clase trabajadora del país. En el 2025, el gobierno central hizo cambios de fondo, pero no solo en temas fiscales. Uno de los más relevantes es el de prestaciones a los empleados. En febrero se aprobó y entró en vigor un nuevo decreto. Por falta de estructura del Infonavit y Seguro Social, se pospuso para septiembre próximo.

Explicó que ahora obligan a todos los patrones, retener al trabajador, un porcentaje del salario, que va del 10 al 30%, para cubrir el crédito actual que tiene con el Infonavit y entregarlo por bimestre a la misma dependencia. Además, deben pagar los días por incapacidades y ausencias del empleado, cuando las leyes vigentes dictan que le toca cubrirlas al Seguro Social y las ausencias no las salda ninguna de las partes.

Refirió que en el nuevo decreto, el Infonavit no tendrá dinero, porque el organismo va construir 75 mil casas. No son para darlas en créditos, como propiedad a los obreros. Se van usar para rentarlas. El dueño será el estado. Los descuentos serán del 30%. Además, se disminuye el número de viviendas y el presupuesto para quienes buscan adquirir un domicilio. El 80% del techo financiero se va a canalizar para hacer hogares que serán arrendados.

“Tampoco bajaron los costos de los créditos, para que haya mayor demanda y cada persona consiga dónde vivir. Es lo justo. Es una tarea del gobierno. Si construyen para rentar, no habrá negocio. Al dueño se le complica, le paguen. O inicia un juicio de desalojo. Ahora serán los patrones, los que cobren. Son los que va a retener los pagos. Es el mejor negocio. Algo inaudito, pero es la nueva ley. Lo más grave es que el Infonavit hará las viviendas. Está prohibido. Regresan al pasado, lo que generó altas producciones. ¿Contra quién se quejará la gente si se caen los techos, por no impermeabilizar? O no funcionen los paneles solares. No haya agua. Antes obligaban al constructor a cumplir. Se especializaron en hacer casas de interés social. Ahora se van a inconformar contra el estado”.

Gaytán sostuvo que si el gobierno hace las 75 mil casas, va a generar corruptelas. Habrá nuevos ricos. Conminó a los trabajadores que tengan derecho a su crédito, lo utilicen para comprar, no rentar la morada, porque no será suya. “Es dinero tirado a la basura. Si el obrero se incapacita o ausenta, el empresario pagará los costos. Será el cobrador y encargado de pagarle al instituto”.

Señaló que hay incapacidades permanentes, lo que permite a la instancia, prepararse para pagar al trabajador las pensiones, lo que sucede a los 7 ó 12 meses, para otorgar el retiro vitalicio por enfermedad. “No lo hace el Seguro Social, debido a los vicios existentes, lo que afecta a los afiliados. Jamás entrega incapacidades por 30 días. Los primeros cuatro no los cubren, se los roban. Lo hacen a partir del quinto. En lugar de dar pensiones definitivas, las entregan temporales, cada mes. Pero al juntar 10, le quitan 40 días al asalariado. El más afectado. Es por lo que el Seguro Social busca en lo financiero, dejar de pagar. Es una manera vil de robar en términos legales. En las pensiones, primero entregan incapacidades mensuales, durante un año. Luego dan la definitiva. El seguro despoja al empleado, casi un mes y medio de sueldo”.

A partir de septiembre del 2025, los dueños de las empresas, saldarán el crédito de la vivienda y las incapacidades del trabajador. También se vendrá una cascada de amparos por inconformes que no asumirán lo que no les corresponde. Le compete al estado. Aclaró que el Infonavit le cobra al trabajador por medio del sector patronal. “No es lo mismo ser retenedores, exigir rentas a convertirse en avales. Son cambios que afectan a los involucrados”.

El fiscalista relató que en diciembre del 2024, entró en vigor la “Ley Silla”, que se aplica a partir del uno de junio del año en curso. La norma establece que todos los negocios, están obligados a proporcionar, en las horas de descanso del empleado, una silla con respaldo. La necesitan los que caminan demasiado en los bares. Citó La Caverna, que usa piedras o bancos de madera, pero sin apoyos. La Ley Federal del Trabajo establece que hay jornadas laborales de 4 y 8 horas continuas, con 30 minutos para comer. Las empresas están ceñidas a darle a los empleados, agua y sillas exprofeso.

Gaytán informó que el salario se incrementó en un 143% en los últimos seis años. “Hubo un impacto benéfico para el trabajador, que junto con los negocios, también deben cubrir el seguro social, que se incrementó al mismo nivel, igual el Infonavit. Si van a tener más recursos, no deben entregar créditos para renta. Mejor facilitar, adquieran una vivienda propia. Con tantos cambios de fondo, el gobierno se convirtió en un instrumento fiscalizador político. El Seguro Social, Protección Civil de cada municipio y estado, Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal y estatal, lo manejan como una mina de ingresos. Son recaudadoras, sancionadoras, porque necesitan cumplir una cuota. Pero no van contra las grandes empresas, que saben defenderse. Buscan las pequeñas”.

Multan a destajo a pequeños negocios, con un trabajador, como papeleras, ferreteras, panaderías, talleres que hacen cambios de aceite en vehículos. Si tienen apenas una silla con respaldo, carecen de extinguidores, botiquín de primeros auxilios, no hay salidas de emergencia, les imponen multas de 25 mil pesos. Además, un dictamen de funcionamiento, que solo hace el compadre del recaudador. Las sanciones se elevan a 50 mil pesos. Debía ser un acto preventivo, a través de cursos gratuitos. Pero le dieron un giro extorsionador, al exigirle a cada dependencia, llegar a una cuota”.

Explicó que se mantuvo el Régimen de Incorporación Fiscal y se le dio mayor énfasis al Régimen Simplificado de Confianza, done tiene derecho a un ingreso de 3.5 millones de pesos. “No se necesita contabilidad, porque no paga Impuesto Sobre la Renta.  Se cubre una tasa o cuota de 1 al 2.5%. Es positivo, en el aspecto de simplificar y transparencia. El contribuyente declara que vendió 10 mil pesos y paga 100 pesos, sin documentos”. Exaltó que el estado combata a las factureras, que están en el poder legislativo local y dependencias estatales. Nadie las detiene.

Aclaró que el Impuesto sobre el Valor Agregado o IVA, “es la parte complicada, porque se maneja con todos los requisitos fiscales. Ojalá se establezca el pago de una tasa única, del uno por ciento. Le ayudará mucho al fisco a recaudar, no generar complicaciones. Vienen más arqueos, porque el estado necesita cubrir una cuota”. Agregó que otros temas nacionales, fueron las devoluciones de impuestos a personas físicas. Afirmó que los principales pagadores de impuestos en México, son los trabajadores. Se les retiene en forma directa, el 8 y 15%. Cuando rebasan los 30 mil pesos, sube al 30%.

Gaytán expuso que el contribuyente, tiene derecho a retribuciones, al presentar las declaraciones anuales y tenga ingresos mayores a 400 mil pesos. Es decir, si ganó en promedio de 30 o 35 mil pesos mensuales y cubrió gastos escolares, servicios médicos, nutricionales, psicológicos y defunciones. Los cinco rubros son deducibles. La ley establece que le deben ser devueltos. “Lo que no ocurrió, porque el nuevo secretario de hacienda, Édgar Amador Zamora, dijo que no. Hizo las fiscalizaciones más estrictas contra los trabajadores.  No incluyó las empresas”.

“Dijeron que son gastos médicos atípicos. Significa, son poco probables, se hicieran. La autoridad supuso que el empleado está sano. Además, le pidieron demostrar lo material. Es decir, si fue al doctor. Incluso, los obligan a pedir un justificante, para sustentar la visita. Después, la constancia fiscal del especialista. Con tales acciones, el estado rompió la esfera de lo confiable. Violentó las protecciones a los datos del médico y paciente. Los afectados promovieron amparos. Después del primero de junio, sabrán si ganaron”.

Pedro Gaitán indicó que el Sistema de Administración Tributario se convirtió en una maquinaria protectora de acciones que violentan los derechos de los trabajadores. Obligó a los ciudadanos a tramitar otra vez las devoluciones. “El estado ha sido muy cruel. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que lo hará, nunca les devolverán su dinero. El uso de la inteligencia artificial y los robotitos, les han funcionado de manera efectiva. Recordemos que después del 2014, al instituirse por primera vez la firma electrónica, cuando alguien emite una factura, después de Dios, el SAT lo sabe. Tienen los datos de lo que comemos y con quien se duerme”.

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Gallardo Cardona dejará en la quiebra financiera a los potosinos, por lo que se habrá de blindar, al buscar dejarle la estafeta a su cónyuge, Ruth González Silva

Al asumir la gubernatura en el 2021, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona alardeó sus dotes de Casanova, que le han dejado varios hijos, “y los que vienen”, pero también acusó a su antecesor, Juan Manuel Carreras, dejarle un hoyo negro, financiero, por más de 20 mil millones de pesos. Pero nunca lo requirió, no obstante ubicarlo como el ícono e ideólogo de la “herencia maldita”. Fue un pacto de sangre, ya que el doctor en derecho, tampoco emprendió acciones judiciales contra el ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, padre del mandatario, implicado en peculados que pueden superar los 3 mil millones de pesos. Agotados todos los nichos de ingresos, Gallardo recurre constante a los caros créditos quirografarios, de rápido reembolso. Tan sólo en el 2024, solicitó 4, por un monto de 2 mil 290 millones de pesos. A Banorte le pidió 990 millones. A Scotiabank 650 y Banco Bilbao Vizcaya Accival o Bancomer, otros 650, por los que cubrió casi 204 millones de pesos en intereses. Lo que debía ejercer según lo establecido en el presupuesto anual, lo saca de improviso, para saldar aguinaldos del magisterio, burocracia y tal vez los costos de la Feria Nacional Potosina, donde en el 2025, podría malversar 200 millones de pesos. Experto en vaciar las arcas públicas y no dar el mínimo dato de su conducta fraudulenta, ya se alista para endeudar sin ambages a los potosinos. Antes de irse, podría heredarles un déficit cercano a los 40 mil millones de pesos. Es por lo que le urge y nadie le habrá de impedir que deje como relevo a su cónyuge, la senadora del Verde Ecologista, Ruth González Silva. Además, ya anunció que en el 2026, se sumará a la abierta y prematura campaña, para también blindarse como futuro diputado federal. Lo calculó todo, sin el mínimo error.

El 14 de agosto del 2020, el entonces encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, acusó ante el fiscal de la república, Alejandro Gertz Manero, al ahora gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez, por el lavado de 724 millones 608 mil 296.43 pesos, delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, evasores fiscales y corruptelas. El dinero fue extraído de los ayuntamientos de Soledad y la capital. Las pesquisas también alcanzaron al magnate acerero, Juan Carlos Valladares García, padre del legislador federal, Juan Carlos Valladares Eichelmann, ex secretario de fomento económico y virtual candidato a la alcaldía de San Luis.  Para dispersar los recursos, usaron 20 sociedades mercantiles y 19 personas físicas. El dinero terminó en las reservas del ahora mandatario y sus allegados. Usaron empresas fachadas para actividades simuladas, falsearon declaraciones fiscales, por lo que les aseguraron 178 cuentas bancarias. Utilizaron a Investigaciones Médicas del Potosí, donde apareció el director del hospital Lomas, Manuel Trigo Velasco y Valladares García, al que también involucraron en la compra fraudulenta de lámparas led con la firma Panavi, que Gallardo Juárez desacreditó, ya que no le dejaron un amplio margen de ganancia.

Otra empresa implicada fue la Clínica de Especialidades Wong, que tuvo de accionistas a los hermanos Enrique y Jorge Wong Castañeda. El apoderado legal fue Miguel Ángel Wong Zamudio. Apareció el Grupo Axioma Kusuri. Los socios mayoritarios fueron Juan Carlos Negrete Ayala y Juan Carlos Jiménez Rivera. Negrete fue compañero de Gallardo en la escuela, luego director de servicios médicos del ayuntamiento de Soledad. Es médico de cabecera de su jefe. “Un porcentaje de los recursos fondearon las cuentas de Gallardo Cardona a través de depósitos millonarios en efectivo. Fue como expandieron las inversiones, que luego integraron como capitales en apariencia lícitos, a través de personas morales, compra de inmuebles y diversas transferencias internacionales dirigidas a Estados Unidos y Australia”.

También fueron denunciados Gallardo Continental, Distribuidora Gallardo, Tangamanga Continental, Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios, Inmobiliaria Jorica, Renueva con Coordinación Profesional, Creativa Motors, Agroindustrias Ricón, Acabados Finos del Centro, Dealers Motors San Luis Potosí, RG Eventos Sociales, Taxano Food, Institución Educativa Potosina, Tangamanga Andre, Marketing Visual del Pacífico, 79 Integración Empresarial Center y Quality Inmobiliaria Potosina.

Las personas físicas coludidas son Miguel Ángel Wong Zamudio, Juan Carlos Negrete Ayala, María Elena Rodríguez Álvarez, Juan Carlos Jiménez Rivera, Jesús Ernesto de la Maza, María del Pilar Cardona Reyna, Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona, Verónica Williams Méndez, Karina Lizet Cardoso Amaya, Marta Amaya Covarrubias, Juan Carlos Valladares García, Manuel Trigo Velasco, Candy Araceli Gallardo Cardona, Roberto Carlos Cardona Reyes, Fernando Juan Marcos Issa, Yonabad Nava Tovar y Eduardo Hernández Tovar. En noviembre del 2024, el columnista de Pulso, Juan José Rodríguez Medina, reveló que el expediente criminal fue reactivado por la fiscalía de la república, tras cuatro años de estar empolvado. Entre los motivos, destaca la conducta atrabiliaria y voraz de Gallardo Cardona.

Otro de los lastres financieros más voluminosos que ponen en riesgo la seguridad física de Gallardo Cardona, es colapsar el manejo administrativo y político del aparato gubernamental, con el débito que arrastra por casi 6 mil millones de pesos en el sistema de pensiones. Ante los desplantes de prepotencia y sentirse intocable, si el poder central decide mandarlo a la banca, neutralizar sus peligrosos despliegues, ya tiene con el inmenso pasivo a los jubilados, el pretexto ideal para enterrar sus pretensiones transexenales. En un solo lance lo pueden borrar del mapa, junto con su cónyuge, la faltista senadora, metida a instalar boyas sin las mínimas planeaciones, Ruth González Silva y el padre, con expedientes criminales inconclusos, que podrían superar los 3 mil millones de pesos, en la etapa que fue alcalde de la capital, donde impuso un estilo tenebroso de sobornos y chantajes al sector inmobiliario. Si buscaban hacer un edificio, tenían que darle uno o dos departamentos, a cambio de autorizarles todos los trámites. Se salvó de pisar la cárcel, por el contubernio que tejió con el ex gobernador Juan Manuel Carreras López, al que el hijo acusa de robarse 20 mil millones de pesos del erario, ser el ideólogo y líder de la llamada “herencia maldita”.

Sin importarle las constantes zancadillas y sabotajes que le ha endilgado a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, como echarle por la alcantarilla, la iniciativa de ley para vetar el nepotismo, Gallardo busca sin reposo, endosarle el atroz déficit y los 800 millones de pesos que elude con el sistema de Telesecundarias. Para zafarse de las presiones de miles de profesores, inventó la charada del fantasma de una mujer desnuda en la segunda planta del palacio de gobierno, lo que generó carcajadas planetarias. El volátil ejecutivo se ganó el título del “estúpido más grande de México”.

Tampoco le importó que miles de profesores de tele secundaria de las cuatro zonas del estado, se hayan manifestado, hace meses, durante casi una semana, en las calles y frente al palacio estatal, para exigirle pagos atrasados que oscilan los 800 millones de pesos. Ignoró que, estoicos, con dinero de sus bolsillos, se financiaron el traslado a la capital, para cubrir hospedaje y comida, con resultados adversos. No les pagó un centavo. No le hicieron mella que los manifestantes hayan soportado los quemantes rayos del sol y las altas temperaturas durante la noche. Para darles atole con el dedo, se confabuló con el entreguista dirigente de la sección 26 del magisterio, Juan Carlos Bárcenas.

Los quejosos reclamaron, les homologuen 6 horas laborales, para lo cual se requiere un presupuesto de 167 millones 754 mil 248.15 pesos anuales. Les regularicen el convenio del servicio de gastos médicos mayores, vencido desde el 2021. Pago del seguro institucional patronal, por invalidez, equivalente a 53 millones 653 mil 429.20 pesos. Demandaron les cubran el seguro patronal por invalidez, que alcanza los 11 millones, 495 mil 754.40 pesos. Les cubran las retenciones de seguro conyugal, concepto SP, por 4 millones 366 mil 275.08 pesos. Liquiden las retenciones del seguro conyugal, concepto 98, por 104 millones 6 mil pesos. Saldar un adeudo del Fondo de Vivienda, por 324 millones 191 mil 14.39 pesos. Liquiden el Fondo de Ahorro para el Retiro, en las etapas 14, 15 y 16, por 150 millones 833 mil 7.33 pesos y subsecuentes.

Les cumplan el Fondo de Préstamos Emergentes, concepto 23, que asciende a 11 millones 527 mil 167.10 pesos. Aplicar en lo inmediato, las vacantes generadas en el proceso de promociones verticales, del ciclo escolar 2024-2025, con base a la normativa vigente de los lineamientos y disposiciones de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros. Contrataciones inmediatas a docentes que permitan cubrir las vacantes por jubilaciones, pensiones o defunciones. Generar categorías directivas que ayuden a saldar las vacantes, que justifican el desempeño de los diversos centros escolares. Cubran el bono de permanencia, de septiembre 2024 a febrero del 2025, por 26 millones, 365 mil 748 pesos. Les paguen compensaciones a directores comisionados de telesecundaria, concepto 97.

Para quitarse las presiones que iban en aumento, a Gallardo se le ocurrieron dos estrategias que provocaron carcajadas planetarias. Ubicó a una mujer desnuda, que se asomó por una de las ventanas de la parte alta del palacio gubernamental, que luego, junto con su gabinete de encubridores, al unísono, con una cara de espanto, repitieron que se trató de un fantasma. Pero se equivocó en las referencias históricas, al establecer que era la emperatriz Carlota de Habsburgo, cuando debió aludir a la princesa Agnes Elisabeth Winona Leclerc Joy, mejor conocida como la princesa Inés de Salm-Salm. Se hizo famosa por los múltiples intentos de salvar la vida del emperador Maximiliano I de México y haberle rogado al presidente Benito Juárez, le perdonara la vida a su esposo, el príncipe Félix de Salm-Salm. Por sus constantes equívocos, Gallardo se ganó el título que debe ubicarlo en las vitrinas de Ripley: el estúpido más grande de México. Luego de las extenuantes y fracasadas batallas de los mentores, lanzó un mensaje lapidario: en el 2025, ya se acabó el dinero para sindicatos y cualquier tipo de reclamo social que le heredó sin pudor “la maldita herencia”. El presupuesto restante lo dedicará a promover como relevo, a su cónyuge, la senadora Ruth González Silva. Además, realizar obras chafas, caras, sin licitaciones, que le dejan ganancias exponenciales.

En su actuar demencial, en días recientes, el deudor más grande en la historia de San Luis, ventiló la infantil excusa: la responsable de la quiebra de pensiones, es la histórica y tesonera dirigente sindical, Francisca Reséndiz Lara, a cuyo gremio le adeuda incontables prestaciones, cuotas y descuentos por casi 140 millones de pesos. Como no ha podido desaparecer al gremio, ha ordenado a la Guardia Civil Estatal y Policía de Investigación, agredirla en 14 ocasiones o desaparecerla, como pasó con el empleado, Francisco Javier Montes Hernández, corrido de manera arbitraria por su activismo en defensa de los derechos laborales. Aunque el mandatario se ha dedicado a saquear de manera sistemática el fondo de pensiones, ahora le resulta más fácil culpar de la inminente quiebra a su víctima, que capitanea mil 800 elementos. Les ha despedido de manera ilícita a 409 empleados, sin darles las liquidaciones ni la parte proporcional de aguinaldo.

A otros 180 integrantes, les retiene la paga, con el propósito de que renuncien a su militancia. Les ha quitado las cuotas sindicales, fondo de ahorro y préstamos internos. Aunque les descuenta los montos, no los entrega, para ahorcarlos en lo financiero. Les arrebató además las prestaciones contractuales que corresponden al día del padre, madre, niño y aniversario sindical. Sin ingresos, al no tener su fuente de trabajo, murió por la indolencia patronal, María Antonieta Vargas Guerrero, quien padecía una enfermedad crónico degenerativa. Al quitarles Gallardo el acceso al Seguro Social y un hospital privado, falleció otra compañera, que no pudo recibir atenciones médicas precisas. En la misma circunstancia de abandono se encuentran otros 145 miembros del sindicato.

Desde que asumió el mando, les retiene el fondo de pensiones, se queda con el 7% del salario que les rebaja a los trabajadores cada quincena. Tampoco entrega el otro 7% que le corresponde como empleador. El doctor en derecho, Juan Manuel Carreras, dejó un adeudo a los jubilados de mil 196 millones 727 mil 841 pesos. En tres años de malversaciones, Gallardo lo incrementó a 4 mil 725 millones 17 mil 841 pesos. Es por lo que busca con denuedo, que la presidenta Claudia Sheinbaum pague los platos rotos, como pasó con los débitos del hospital central. También promueve reformas a la ley de pensiones, para que los trabajadores cubran lo que se robó, al incrementar las rebajas al salario y la edad para retirarse.

Además, es un misterio, un enigma, un auténtico acertijo, saber dónde se encuentran los más de 2 mil millones de pesos, producto de la venta de terrenos que desechó la trasnacional Ford, que la “maldita herencia” no se atrevió a desaparecer. Las más frecuentes versiones apuntan a que Gallardo los puso a “sudar” en un banco que se presta a sus malabares. Otras explicaciones apuntan a que ya se lo gastó en comprarle 500 mil votos a su cónyuge, Ruth González Silva, para convertirla en senadora de la república y evitar que le hiciera sombra, la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, a la que hostigó y pisoteó para que perdiera de manera vergonzosa.

A través de su vasallo, el ex diputado local, José Luis Fernández, alias “El Chiquis”, logró romper los intentos de los demás legisladores, para formar un comité exprofeso que vigilara el destino de los fondos, que debieron servir para realizar obras prioritarias en las cuatro zonas del estado. Pero Gallardo, empecinado, alardeó, los iba a destinar para construir un tercer piso del distribuidor Juárez. Trazar una vía de cuota hasta Pozos, los próximos 50 años. No se descarta que el dinero lo haya malversado en el elefante blanco conocido como Arena Potosí, donde dilapidó casi 700 millones de pesos.

Es el único beneficiario de los conciertos que realiza con grupos y artistas que entonan narco corridos. Embrutece a sus “ahijados” con la venta industrial de cerveza y alcohol de altos grados. Otra vertiente es que usó los más de 2 mil millones para comprar despensas, que ahora le ayuda a repartir el sospechoso industrial, José Luis Romero, “El Tecmoloco”, quien ya se convirtió en uno de los principales merolicos. Le hace el trabajo sucio para que Ruth González se filtre como gobernadora. Lo cierto es que el gran faltante, Gallardo Cardona lo usa para incrementar su peculio. Busca convertirse, al final del sexenio, en el hombre más rico de San Luis.

Enemigo de las cuentas claras, Gallardo jamás aceptará que tiene en virtual bancarrota a los potosinos. Aunque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pregonó meterlo a la cárcel, por mafioso, le entregó el mando, lo que de nada le sirvió. Ignoró las órdenes imperativas para que arreglara de fondo, el problema del ducto de agua, El Realito, que sigue vigente. No aportó los 100 millones de pesos que le tocaban para activar el programa de apoyos a los discapacitados, uno de los íconos promocionales del tabasqueño, que esperó más de un año a su alumno preferido, que al final, dio lo que quiso. Entre los incontables débitos que Gallardo le endilgó a los potosinos, podría figurar todavía un pendiente de 310 millones 100 mil pesos a la empresa Veolia, que atendió la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Tanque Tenorio, durante 18 años. Antes, desmintió al secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, de haber finiquitado el tema.

El monto se elevó, al 22 de marzo del 2024, a 310 millones de pesos, cantidad que se acumuló desde abril del 2023, cuando decidió ya no pagar. La línea de crédito contingente del fideicomiso que se tenía para garantizar el pasivo, fue concluida en su plazo por el gobierno estatal el 21 de noviembre del 2023, sin justificante alguno. Los afectados dijeron que la Planta Tenorio mantuvo una excelencia operativa durante tres sexenios, de acuerdo al contrato. Además, le propuso al deudor, diversos planes para resarcir el daño y darle continuidad a las actividades. Veolia manifestó estar en la mejor apertura, para mantener un diálogo abierto y transparente con las autoridades estatales, que permitieran alcanzar una salida justa y favorable para ambas partes, en estricto apego a los términos establecidos en el convenio.

“Reiteramos nuestro firme compromiso con la veracidad y transparencia informativa. Estamos dispuestos a esclarecer cualquier mal entendido. En Veolia mantenemos un diálogo constante hacia la ciudadanía, para actualizarla sobre los avances del asunto”. Gallardo jamás aclaró si el entuerto se resolvió, de dónde sacó los recursos para cubrirlo y los trámites realizados para contratar al nuevo encargado de limpiar las aguas del Tanque Tenorio, que tuvo en el abandono varios meses, lo que generó altos niveles de contaminantes a la naturaleza y una insoportable pestilencia entre los vecinos de los fraccionamientos adyacentes.

Aunque en la Feria Nacional Potosina el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se podría gastar 200 millones de pesos, se ignora de dónde los obtiene. No le importa convertirse en un deudor contumaz. Le debe a medio mundo y ni siquiera se inmuta. El ex senador de Morena, Primo Dothé, denunció que en los hospitales públicos, existe una severa crisis de insumos, que impiden realizar las hemodiálisis a cientos de enfermos. En forma arbitraria, le quitó las aportaciones que le competen entregar cada año a la universidad autónoma, con el pretexto de que le iba a pagar con obras en especie, lo que tampoco ha cumplido.

Acostumbrado a hacer trabajos chafas y caros, no alcanza a superar las normas estrictas de calidad que exige la institución. Además, está sujeto a licitar las acciones, lo que representa un obstáculo mayúsculo, ya que su estilo es hacer concursos arreglados, donde siempre ganan sus prestanombres, socios o las empresas que usa de fachada. Temeroso de su seguridad y estado físico, el rector Alejandro Zermeño siempre se anduvo por las ramas al momento de cobrarle los rezagos, para no provocar la ira del capataz, que no le ha pagado 150 millones de pesos. Usó de intermediaria a la autoridad federal en el ramo educativo para reclamar el débito, sin resultados favorables. Casi furtivo, declaró que ha intentado hablar con el mandatario y la secretaría de finanzas sobre el tema, pero resultó inútil el esfuerzo. Se consoló a sí mismo al concluir que sin duda, tienen otras prioridades. El débito podría dejar sin aguinaldo a miles de universitarios, nulo pago de quincenas y vulnerar el esquema de pensiones antes de que concluya el 2025. Zermeño enfatizó que enfrenta un contexto preocupante.

La fallida presa Las Escobas que anunció con grandes expectativas la presidenta Claudia Sheinbaum, es casi seguro no se hará por la conducta omisa e irresponsable de Gallardo, al que le encargó hacer los estudios preliminares y manejar el tema las indemnizaciones con los habitantes de Escalerillas. El sustrato que podría explicar el fracaso es que Gallardo no tiene los 300 millones de pesos que le tocó aportar. Aunque presume ser un jeque huachichil, existen sólidos ejemplos de que ha entrado en una peligrosa etapa de insolvencia. Y si ya endeudó a los potosinos con rezagos estratosféricos, sería catastrófico que el obsecuente poder legislativo le autorice otra suma igual, que habrá de destinar a despilfarros.

Entre sus colaboradores más cercanos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se proyecta como un empresario exitoso. Alardea que todas las inversiones ejecutadas, le dejan pingues dividendos. Pero no aclara que lo erogado, sale de las arcas. No le cuestan un centavo. Las firmas que usa de fachadas, tienen garantizados saldos favorables, con sobreprecios. Como elude las licitaciones públicas, se queda con las obras más boyantes a través de prestanombres. Al figurar como proveedor número uno del estado, obtiene lucros exponenciales al ejecutar una carretera, el pavimentado de una calle, venta de mochilas, uniformes, zapatos, garrafones de agua, tortillas, intermediario de grupos musicales, boletaje para conciertos y bebidas alcohólicas que oferta en la Arena Potosí, Feria Nacional Potosina, Teatro del Pueblo y palenque de la Fenapo.  Aunque tiene apenas estudios tangibles de secundaria, se considera con mayor inteligencia que el ex mandatario y contador público, Marcelo de los Santos Fraga, experto en blanquear cuentas públicas. No obstante los saldos multi millonarios que logra al año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó años atrás, que arrastraba deudas individuales por 12 millones 300 mil pesos de impuestos sobre la renta, por multas y recargos al fisco.

La magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez aseveró que calificaron de “inoperantes, los conceptos impugnatorios planteados en contra de las revisiones de gabinete, ya que Gallardo promovió un amparo de juicio indirecto en contra del mandato”. En forma unánime, de 10 votos a favor y cero en contra, se determinó un crédito fiscal de 12 millones 300 mil pesos por depósitos bancarios no declarados en 2013, por el ahora gobernante. En el 2015, recibió la visita del Servicio de Administración Tributaria, cuando el diario Reforma, reveló que tenía propiedades en Texas, junto con su padre, Ricardo Gallardo Juárez. Desde el 2019, impugnó el adeudo del ISR por depósitos bancarios recibidos durante el ejercicio fiscal en febrero del 2013, los cuales no justificó ante el SAT. A través de un oficio, el órgano recaudador determinó el 20 de junio del 2018, que Gallardo Cardona tiene un crédito fiscal por la cantidad de 12 millones 300 mil pesos, que incluye ISR, actualizaciones, recargos y multas en el ejercicio 2013, como por la miscelánea fiscal para el 2013. Mosri Gutiérrez explicó que Ricardo Gallardo Cardona “no aclaró el origen de depósitos bancarios observados, por la cantidad de un millón 800 mil pesos, al no proporcionar los números donde consta el registro ni exhibir las comprobaciones respectivas”. Diversos diarios nacionales aludieron a que el gobernador estuvo preso en el 2015, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

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El diputado Roberto García impulsa el turismo comunitario

Durante su recorrido por los puestos, el legislador Roberto García Castillo, convivió con los productores de Huehuetlán. Los felicitó por sus iniciativas y reconoció el valor del trabajo, que enriquece la cultura e identifica al pueblo Tének. Y les abre nuevas puertas para fortalecer la economía de las familias de La Escalera y otros poblados, que tienen en el turismo, una de sus principales fuentes de ingresos.

“Las ferias regionales muestran lo mejor de nuestras comunidades, su orden, tradiciones y la dignidad con la que salen adelante. Desde el Congreso del Estado, vamos a impulsar políticas que fortalezcan el desarrollo económico, desde abajo”.

Por su parte, el presidente municipal, Ramón Martínez, destacó que La Escalera se consolida como uno de los principales paradores turísticos del municipio. Agradeció el respaldo del legislador, que ha logrado apoyos para fortalecer el trabajo comunitario.

La feria sirve para celebrar el orgullo indígena y la riqueza cultural de la huasteca potosina. Varios centenares de familias convivieron en un ambiente festivo, que reflejó la fuerza de la economía social y del turismo autóctono.

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No dejarán la estafeta en los próximos 50 años consecutivos

Al tomar la protesta al comité municipal del Verde Ecologista en Soledad, la senadora Ruth González Silva reiteró lo que cada rato insiste su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo, no dejarán el mando en los próximos 50 años. Es decir, buscan tener el mando, siete sexenios consecutivos.

Sin importarle que la presidenta Claudia Sheinbaum ya advirtió que el pueblo no votará por figuras que encarnen el nepotismo y cargar una denuncia de juicio político por realizar campañas proselitistas, fuera de los tiempos legales y con el respaldo de todo el aparato gubernamental, la volátil legisladora enfatizó: “desde Soledad arrancó un gran sueño que cambió a San Luis Potosí”.

“Hoy nos toca construirlo con más obras, salud, caminos y programas sociales, como nos enseñó Ricardo Gallardo, que ha dejado huella. Marca un antes y después en la historia del estado. Vamos por más, durante los próximos 20, 30 ó 50 años”.

El alcalde Juan Manuel Navarro, que además maneja los oscuros contratos de obras más boyantes y sin licitar, por instrucciones de su jefe Gallardo, resaltó: “Soledad ha sido el corazón del cambio en San Luis y será el músculo que lleve al Verde Ecologista a la victoria. Somos la cuna del gallardismo, la locomotora electoral del 2027. Tenemos la estructura más chingona del estado y vamos a arrasar”.

El dirigente estatal del Verde Ecologista, Ignacio Segura Morquecho, que a hurtadillas sigue con el control de la secretaría de desarrollo social, para entregar miles de despensas con criterios clientelares, exaltó a la militancia y se haya instalado, “una estructura sólida, con liderazgos preparados para hacer otra vez historia. Estamos más vivos que nunca en Soledad. Con tal equipo, no hay duda que vamos a consolidar las transformaciones y seguir como la primera fuerza política del estado”.

La diputada local y coordinadora del comité municipal, Diana Ruelas Gaitán, expuso que “San Luis Potosí está listo para tener una mujer gobernadora, con un Verde que sí se mira”. Agradeció la confianza de la dirigencia estatal y el respaldo de la estructura local. Se comprometió a trabajar unidos, con fuerza territorial y cercanos a la gente. “Soledad será ejemplo de orden y el motor que llevará al Verde a nuevas victorias”.

González y su tío político, del secretario del ramo educativo, Juan Carlos Torres Cedillo, dieron el banderazo de un techo en la primaria Narciso Mendoza, en el poblado de Nexcuayo, en Matlapa. Además, entregaron aires acondicionados. Atendieron peticiones de los padres de familia y docentes.

El litigante Carlos Calderón, interpuso ante el Consejo Estatal Electoral, una denuncia contra Gallardo y González, por efectuar actos proselitistas adelantados, previos a las votaciones del 2027, para lograr quedarse otra vez con la estafeta del mando. El quejoso lamentó los gastos desmedidos de la pareja, al malversar el erario, en acrecentar la imagen y vanidad de la legisladora.

La querella demostrará si el árbitro electoral es autónomo o ya se plegó a los intereses del ejecutivo. Resaltó que es vital, actúe de manera autónoma, para ayudar a prevenir, detectar y sancionar, delitos de diversa índole. “Un sistema con fuertes contrapesos, garantiza procesos comiciales sanos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”.