Mientras el sistema de salud en San Luis Potosí opera al límite, con desabasto de medicamentos, hospitales saturados, personal insuficiente y equipo obsoleto, el gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona ha malversado recursos de la dependencia para promocionarse, junto con su esposa, la senadora Ruth González Silva. Durante el 2025, coludido con la titular del ramo, Leticia Mariana Gómez Ordaz, se realizaron 47 pagos a medios informativos bajo el concepto de “difusiones de programas y actividades gubernamentales”. Pero en los hechos, fueron utilizados para posicionar al mandatario y su círculo cercano. El monto total erogado asciende a 9 millones 451 mil 551 pesos.
Los principales beneficiarios fueron Reporte Índigo, con 3 millones 636 mil 363 pesos en cuatro pagos. La B Grande, con 2 millones 199 mil 999 pesos, en tres erogaciones y el periódico digital Sendero, con 800 mil pesos en tres abonos. En el ámbito local, el dinero se dispersó entre diversos medios y operadores. Radio Expresión Cultural recibió 435 mil pesos en tres exhibiciones. Publicidad Popular Potosina, 435 mil pesos. La revista Expresión, de Lucero Aguilar Fuentes, 440 mil pesos en cuatro emisiones. Es hermana del ariete político, Jesús Rafael Aguilar Fuentes, que Gallardo usa para atacar de manera soez a opositores y críticos.
Aparece Rogelio Hernández Lárraga obtuvo 385 mil 588 pesos en tres saldos. Espacios en Estéreo Bit 103.7 FM de Ciudad Valles, TG TV Cable, 240 mil pesos en ocho aportes. Paula Galaviz Morales, 270 mil pesos en el Círculo Rojo. Yuri Gema Roa Escobar, 179 mil 500 pesos. Rafael Piña Loredo, 137 mil 770 pesos en tres ocasiones. Cable Master, 145 mil pesos. Carlos Castillo González, 100 mil pesos en cuatro pagos, en el portal Última Hora San Luis y Ana María González, 46 mil 400 pesos.
El común denominador de los medios favorecidos es tener una línea editorial supeditada al gobierno estatal, sin críticas, centrados en replicar informes institucionales y resaltar el ego del gobernador. Además, engrandecer a González Silva, con miras al proceso electoral del 2027.
El esquema de expoliar a una dependencia con grandes demandas sociales, no se justifica, ya que el área de prensa, bajo el mando de Gerardo Zapata Rosales, en el 2025, ejerció un techo de 75 millones 441 mil 750 pesos, cifra que aumentó en 2026 a 76 millones 581 mil 50 pesos. Aun con los montos millonarios, Gallardo optó malgastar el dinero del sistema de salud, para ampliar su estrategia de propaganda.
El manejo de los fondos resulta grave ante la carencia de insumos básicos. Hospitales saturados, con largas filas de espera. Enfermos obligados a comprar sus propios tratamientos, médicos insuficientes, equipos en muchos casos obsoletos. Sin infraestructura que permita atender la creciente demanda. Las condiciones laborales de los trabajadores son limitadas y con pagos irregulares.
No es un esquema aislado. Existen antecedentes de otros despilfarros, como sucede en los parques Tangamanga, donde se documentaron pagos superiores a los 26 millones de pesos al socio y cómplice de Gallardo, el espía político y diputado local, Héctor Serrano, por servicios propagandísticos. Erogó más de 6 millones de pesos a la conductora Adela Micha, para impulsar su imagen. El desfalco se repite en otras distintas áreas, con el mismo objetivo, ensalzar al soberbio mandatario.
También sobresale el ocultamiento de datos. El vocero estatal, Gerardo Zapata, arbitrario, determinó esconder durante 10 años, todos los informes relacionados a contratos firmados con empresas periodísticas, correspondientes al 2023 y 2024. Bloqueó expedientes, pagos y cualquier documento vinculado a los derroches. La solicitud con folio 240468024000015, confirmó la reserva total, con lo que se impidió conocer el destino de los recursos públicos.
“Mamá, ven a la casa… nos dispararon”. La llamada quedó grabada en la memoria de la policía de investigación, Rosalinda Ávalos. Cuando llegó a la vivienda, encontró a dos de sus hijos muertos, dentro de un automóvil, en la cochera. Los asesinos, vinculados al Cártel de la Ministerial, actuaron impunes. Durante 5 años, la afectada ha denunciado el doble crimen en múltiples instancias, cometidos por agentes vinculados con células del crimen organizado. Las quejas fueron ignoradas por quienes deben proteger a la ciudadanía. Hoy, entre el dolor que no se olvida, la quejosa mantiene una lucha frontal contra el poder corrupto que permitió la tragedia. No se dobla al desnudar al sistema cómplice de una pandilla policiaca que sigue activa, protectora de delincuentes. Su historia es un testimonio de resistencia, coraje y el clamor urgente de la justicia real.
Ávalos inicia la entrevista con un dato aclaratorio. Aún es policía agente activa. Sigue vigente su cargo en la nómina, no obstante que se la pasa en juicios, en los tribunales. Es una garantía que le dieron como víctima y por su brillante desempeño. Con más de dos décadas de trayectoria, se ha dedicado al trabajo operativo en investigaciones que lograron resolverse rápido, incluso en casos de delitos de alto impacto. Según sus testimonios, desde el 2003, desempeña funciones de encargada de grupo, lo que implica asumir tareas de mando, sin recibir la categoría ni el salario correspondiente. “Quiere decir que hago funciones de mando, sin tener el sueldo del puesto. Mi nombramiento es policía segundo, pero en todos los años, he destacado por ser la titular de grupo. Jamás me promocionaron”.
A lo largo de su carrera, siempre acató órdenes de los jefes y acumuló diversos premios por su trabajo. “Tengo demasiados reconocimientos, muchas investigaciones que salieron adelante”. Entre sus superiores, menciona al actual alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos. “Sabe de mi persona, cómo me desenvuelvo”. Ávalos recuerda que ingresó a la policía ministerial en 1998. Estaba de gobernador Fernando Silva Nieto. El director era José Guadalupe Castillo Celestino. Con el paso de los años, hubo distintos titulares, pero en el 2015, en el sexenio de Juan Manuel Carreras, regresó Castillo, alias “El Lobo”. Es cuando empieza su calvario.
Cuenta que el funcionario volvió acompañado de su propio equipo. Se encontraba el comandante Antonio Varela López, quien “ya mostraba una resistencia hacia mi persona, por no decirlo de otra manera”. Ávalos sostiene que el conflicto inició después que investigara algunos robos a casas habitaciones. Expone que un grupo de jóvenes ingresaba a domicilios para cometer saqueos. Luego entregan los objetos sustraídos a una persona, que labora en un bar propiedad de Varela. “Investigué el hecho donde gente que trabajaba en la cantina, traía fuereños para delinquir. Es cuando me empezaron a ver con enojo, porque los descubrí”.
Ávalos participó después en otras pesquisas relacionadas con el asalto a dos tráileres que transportaban televisores del programa federal, Mover a México, mediante el cual se distribuían pantallas a la gente. “Se localizaron otros enseres. Varela se imaginó que atacaba su persona. Había llegado como asesor, pese a que ya se encontraba pensionado, debido a lesiones sufridas durante un enfrentamiento armado en Rioverde. Arribó como asesor de Castillo, director segundo operativo”. Ávalos ocupaba entonces el cargo de coordinadora segunda del sector de módulos. Tenía bajo su férula a varios subordinados.
Sin embargo, su entorno comenzó a cambiar. “Había ganado el puesto, pero Varela me miraba con actitud negativa. Sabía que lo investigué. Quería desquitarse”. Comenzaron a surgir versiones que existía una pesquisa en contra de Ávalos, por una supuesta y deficiente captura. Solicitar dinero a un detenido, lo que rechaza de manera categórica. “Al inculpado lo tuvo en una silla, en su oficina, el director operativo, el comandante Daniel Tenorio. Lo increpé y le dije, ¿te pedí dinero? Contestó que no. Me querían armar una jugarreta fuera de lugar”. Después fue llamada por Castillo Celestino para hablar del tema. “Me presionó, hasta lloré. Le dije que mi cargo, lo gané a base de esfuerzo. Pero ya había decidido el cambio. Me dijo que se abrió una indagatoria. Iba a entregar el puesto y me envió a la zona rural o de castigo”.
En diciembre del 2015 fue removida. La ponen bajo el mando del director operativo, Juan Alejandro Menchaca Sustaita, quien después se convertiría en director de la policía. “Me dejó otra vez como encargada de grupo en Mexquitic de Carmona”. Permaneció del 2015 al 2020. Sacó adelante los asuntos, sin problemas. Sin embargo, el escenario cambió al registrarse un choque armado contra presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el entronque con Ahualulco. Entonces recopiló datos preocupantes. Relata que el agente ministerial, Sabás Santiago Ipiña, tuvo conocimiento previo sobre los pistoleros involucrados en el tiroteo. “Incluso, intimidó a mis compañeros de grupo”. Ipiña apareció tiempo después como aspirante a juez de distrito en la lista final de candidatos emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado en el 2025.
Fueron las primeras señales del martirio que habría de enfrentar. “Lo supe a raíz de mis investigaciones. Ipiña mencionó que uno de los gatilleros que estuvo en el enfrentamiento, tenía parentesco con integrantes del grupo criminal. Un sicario que se batió en la reyerta, era pariente de un miembro del Cártel Jalisco. ¿Cómo lo supo? ¿Por qué tenía tantos datos?”. A pesar de las dudas, Ávalos continuó con sus pesquisas. Meses después, en junio del 2020, salió de vacaciones. Fue entonces cuando recibió una llamada de su superior, el comandante Juan Alejandro Menchaca Sustaita. Le dice que la van a cambiar de área. Habrán de rolar a todos los jefes.
La moverían a una de las zonas más complejas. “Se trataba de La Pila, un sitio muy delicado, por el exagerado índice delictivo, robos, narcomenudeo. Es donde están asentados diversos cárteles”. En el sector han circulado múltiples videos, donde se observan combates o presencia de distintos grupos criminales. Ávalos asegura que intentó evitar el traslado, por los peligros latentes. “Le supliqué que no me enviara, pues había muchísimos riesgos. Incluso, al comandante que me antecedió, Osvaldo, ya lo habían amenazado. Le dijeron que no fuera, porque estaba difícil”. No obstante las súplicas, la cambiaron. Jamás recibió ningún tipo de ayuda adicional. Ni siquiera por ser mujer.
En las nuevas oficinas, comenzó a trabajar en diversas investigaciones, como dobles homicidios y otras cuestiones que no detalló, por estar vigentes. Con el paso de las semanas, empezó a notar conductas irregulares, entre algunos compañeros. Miró situaciones fuera de lugar. El 11 de septiembre, descubrió a varios involucrados en sucesos delictivos y los reportó. A los 10 días, recibió amenazas por teléfono. A partir de entonces, informó los hechos a los superiores. Le notificó directo a Menchaca Sustaita, pero no obtuvo respuesta. “Fue omiso. Me dejó sola. No le importó”. Cuando insistió, las circunstancias habían escalado. Entonces Menchaca le comentó que hablaría con Castillo Celestino. “Cuando salió me dijo, ¿qué crees, güera?, unos cabrones le dijeron al jefe que tú eras la que comete las corruptelas. Al escucharlo, estaba molesta. Me la voltearon”. Le reclamó a su interlocutor, no haberle dicho al momento en que buscaron desacreditarla. Le respondió que no lo hizo, para evitar, se volviera un escándalo. “Significó que las mujeres sólo llevamos chismes. Ignoró mi forma de reaccionar”.
A pesar de los reveses, siguió con sus labores. En noviembre del 2020, llegó el punto más trágico. El 11, salió temprano de su casa para cumplir la jornada laboral. Era plena pandemia del covid. Sus tres hijos se encontraban en el domicilio. La mayor, iba a presentar exámenes de inglés para concluir la licenciatura. La otra estudiaba arquitectura. Estaba conectada a las clases. Su hijo realizaba prácticas relacionadas con los estudios para chef. Entonces recibió la llamada que le cambió el rumbo de la vida. “Mi hija habló, me dijo, mamá, ven a la casa, nos dispararon”. El trayecto de regreso, se le hizo eterno. Intentó comunicarse con diversos amigos y compañeros. “Al que tenía al lado, le pedí que le marcara a Castillo Celestino. Al equipo, para que fueran a ver lo que sucedió”.
Cuando por fin llegó, encontró una escena que todavía no logra asimilar. “Hallé a dos de mis hijos muertos, adentro de la cochera, a bordo del vehículo, en la casa”. Para Ávalos, el ataque no fue casual. “Fueron a buscarlos a propósito. Sabían que no estaba. Los estudiaron. Según lo interpreta, el objetivo era causarle el mayor daño posible. “Lo hicieron para lastimarme, por ser mujer”. Concluyó, los responsables, eran los compañeros que había denunciado. En las amenazas recibidas, el contenido de los mensajes, era muy específico, sobre su familia. Aunque no puede revelar los detalles, debido a que forman parte de procesos judiciales en curso, hay elementos que respaldan sus versiones. “Ahora se acreditan, porque existe una sentencia. Elaboré un mundo de informes que reporté, pero me dejaron sola”.
Menciona que había un fondo de contingencia en la fiscalía estatal, que manejó de forma irregular, Castillo Celestino. Se trató de recursos previstos en el artículo 52 de la ley orgánica. Los titulares pueden designar a una figura con nivel jerárquico, equivalente a un cargo operativo o de mando, para administrarlo. El monto ascendía a 200 mil pesos al mes. “No era un asunto menor que podía ignorar. Se lo robaron”. Cuando comenzó a reportar las anomalías, Castillo debió adoptar medidas para protegerla, junto con su familia. Como pasó con Juan Alejandro Menchaca Sustaita, quien fue auxiliado. Lo mismo con otro colega, de apellido Caballero, al que respaldó en lo individual. “Lo ayudé a cambiarse de casa, en la noche. Lo custodiamos a un hotel cuando lo amenazaron en su domicilio. En mi caso, el trato fue distinto. ¿Por ser mujer?”.
Tras el ataque a la familia, recuerda los días posteriores, caóticos, marcados por el dolor y los trámites derivados de la tragedia. Pero una de sus hijas logró sobrevivir al cobarde ataque. Fue resultado de las circunstancias que escaparon al control de los agresores. “Le ayudó el instinto de sobrevivencia, una causa externa a los atacantes. Obvio, iban por los tres. El delito es tentativa de homicidio ante víctimas indefensas. ¿Cómo se iban a proteger? Estaban confiados a bordo del vehículo ante los disparos con armas de grueso calibre”. Después del atentado, mientras la hija que sobrevivió era atendida en el hospital, tras una primera cirugía, Ávalos recibió instrucciones de Castillo Celestino. “Tienes que moverte de la casa. Le dije, sólo tengo un domicilio, que hice en todos mis años de trabajo. No tengo a dónde irme”. El jefe le sugirió buscar una vivienda o departamento en renta. Le aseguró que recibiría apoyo económico para cubrir los gastos. Le preguntó de cuánto sería el incentivo. Le dijo que de 10 mil pesos”. Comenzó a buscar un lugar para vivir y encontró un departamento cuyo costo coincidía con la cantidad. Sin embargo, el propietario del inmueble le solicitó un aval para formalizar el contrato. “Le comenté que me pedían un garante. Se ofreció, pero después se retractó. Luego lo conseguí y se concretó el arrendamiento”.
El respaldo económico se lo entregaron en diciembre del 2020. Para recibirlo, tuvo que firmar dos documentos. “Cuando Castillo Celestino me dice que firme, eran dos hojas. Una carta compromiso donde se establecía que el dinero provenía del fondo de contingencia de la policía. Y no será en ningún momento, parte de mi sueldo. El otro documento era un recibo donde se asentó la entrega del efectivo. Al revisar las listas de más beneficiarios, detectó algo inusual. “Aparecían todos sus escoltas, gente muy cercana. Me pregunté sobre el destino de los ingresos. No podía ser otro que Castillo”. Estimó que los montos eran considerables. Al año, 2 millones 400 mil pesos, por 5 años que duró en el cargo, 12 millones de pesos. El sueldo que tenía su jefe, no corresponde con el nivel de vida que llevó. “Vive en una zona exclusiva, en una residencia de 10 millones de pesos. ¿Usted cree que en cinco años iba a hacer semejante obra? Claro que no”.
Ávalos lamenta que Castillo le haya creído al Cártel de la Ministerial, que atender sus denuncias de corruptelas. El grupo lo integran elementos que realizan diversas actividades ilícitas. “Hacen el trabajo sucio. Todo mundo lo sabe. Incluso en internet, pueden encontrarse referencias relacionadas con algunos casos. Usted guglea Cártel de la Ministerial y salen imágenes de Ulises, alias El Kiko o de Miguel, alias El Miki”. Establece que varios sujetos, están relacionados con el asesinato de sus hijos. Sostiene que siguen vigentes. Se dedican al cobro de piso, robos, extorsiones y filtran datos a otras organizaciones criminales. “Como policías, tienen estrechos vínculos con las células criminales que azotan a San Luis. Les entregan informes frescos a los delincuentes. Deciden a quién detienen o dejan libre. Hacen lo que se les antoja”.
Ávalos menciona que tiene datos preliminares sobre el homicidio del foto periodista, Daniel Esqueda. El caso no avanzó, por distintas circunstancias, como la muerte de la madre, que impulsó las investigaciones. “Hay datos por aterrizar de que Ulises N, tiene que ver con el asesinato. Existen algunos testigos que podrían aportar informes, pero temen hacerlo público”. Asegura que otros elementos policiacos, habrían participado en el artero crimen. “Hay una persona que los señala, pero tiene miedo de decir los nombres. En su momento lo supo Castillo Celestino”. Añade que existen más casos relacionados con presuntas actividades ilícitas. “Incluso, los ahora imputados, hicieron una carta al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, donde dicen que tienen más datos de su ex jefe”.
El escrito forma parte del expediente. Otras felonías que atribuye al grupo, son el robo y alteraciones de coches. “Doblan los carros, les cambian el número de motor y luego los venden, aunque tengan reporte de robo. Forman parte de una red criminal más amplia. Usted y yo podemos comprar un vehículo chueco. Hay una mafia enorme”. Asegura tener evidencias de que algunos elementos, acudían a casas de seguridad a cobrar dinero relacionado con actividades ilícitas. “No pueden argumentar que no existe el Cártel de la Ministerial”. Ávalos considera que las detenciones realizadas por el asesinato de sus hijos, no significan que el problema haya terminado. Establece que el origen del problema, se remonta a la llegada de Castillo Celestino a la policía. “Me han querido callar y decir, ya cálmate, hay nueve detenidos”. Sostiene que su ex jefe acumuló numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos. “No le importó mi resguardo. Prefirió echarse el dinero a los bolsillos”.
Ávalos establece que Castillo imaginó quedarse otra vez en el sexenio de Ricardo Gallardo Cardona, pero no fue considerado. Sostiene que desmantelar al llamado Cártel de la Ministerial, no sería una tarea complicada, si existe voluntad institucional. A su juicio, la razón por la que sigue con sus operaciones clandestinas, es simple: no han sido castigados. “He evidenciado muchos abusos. En todas las entrevistas que he concedido, solicito hablar con el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, para explicarle cómo funciona la célula criminal. Sigue vigente porque no los tocan. Tienen mi caso, donde se constata su presencia. Lo complicado es que alguien quiera declarar o aportar su testimonio. Pero faltaron al reglamento interno. Se les puede iniciar un procedimiento administrativo y separarlos del cargo”.
Como ejemplo, menciona a Daniel N, al que identifica como uno de los principales operadores. Es el que mantenía contacto con integrantes de otras organizaciones delincuenciales. Tras los cambios de directivos, intentó mantenerse a salvo. “Cuando llega el nuevo jefe, que era un general, lo busqué para explicarle cómo estaba el manejo interno. El inculpado se le acercó. Le dijo que era el encargado de la operatividad y quedaría con el grado de comandante. Me entero, busco al militar y le digo que Daniel N es de los más corruptos. Me respondió, gracias por alertarme. Lo voy a mandar a Tamazunchale, lo más lejos de la capital”.
Daniel N nunca aceptó ser removido y presentó una incapacidad médica falsa, de 29 días. “El seguro primero otorga tres días, luego siete y después 21. Pero recurrió a periodo largo. Pedí que la revisaran. Se dieron cuenta, le iniciaron un procedimiento administrativo y lo corrieron”. Las chicanas son prácticas recurrentes entre los agentes. “Había otros que hacían lo mismo. Juan Carlos N, por ejemplo, tiene más de un año con permisos apócrifos y nunca lo citaron. He solicitado a la Fiscalía de la República, atraiga el caso, porque el Seguro Social es una instancia federal. Los documentos los alteraban. Usan una incapacidad real, pero alteran el nombre. Dejaban el folio, quitaban el sujeto original y ponían el de otra persona. Son bastantes las anomalías cometidas. Los casos demuestran que existen mecanismos administrativos suficientes para desmantelar la ominosa estructura. Si revisan los expedientes, pueden iniciar procedimientos y dar de baja a los responsables”.
Mencionó el caso de otra agente, Joana N, también relacionada al Cártel del Noreste. “Se sabe de los tratos que tenía con los malhechores. Lo que hacen es cambiarlos de adscripciones, mandarlos fuera de la ciudad. Pero en su caso, iniciaron un procedimiento. La detuvo la Fiscalía de la República por delincuencia organizada”. Otro nombre que menciona es el de Denisse N, ligada a la misma pandilla. “Estuvo vinculada con mi caso. Hace un año la capturaron por cargar armas de fuego. Incluso, ahora aparece como testigo de mi defensa”. Expone que los nexos entre policías y bandidos, han quedado evidenciados en otros hechos violentos. Recuerda lo ocurrido en una casa de masajes, ubicada en Fray Diego de la Magdalena, donde murieron dos personas y otras dos fueron secuestradas. Falleció un ex policía ministerial de Rioverde. Lo habían dado de baja por cuestiones administrativas y apareció tirado en el río Santiago, junto con una mujer que también habían sacado del lugar”.
Otro caso es el de un agente apodado “El Tuky”. Se incapacitó porque lo habían baleado en un puesto de tacos que tenía. Después apareció muerto rumbo a Santa María. Para Ávalos, los episodios son parte de un esquema que demuestra la existencia de una red interna de corruptelas. “Si de verdad quisieran resolver las anomalías, les rescinden los contratos. Hay suficientes elementos para hacerlo”. Tras el asesinato de los hijos, asegura que su vida cambió por completo. Comenzó a seguir las investigaciones y aportar informes a las autoridades. “Después de levantarme y seguir el duelo, con un dolor intenso, decidí empezar la lucha. Mis hijos no merecían lo que sufrieron. Sabía quiénes fueron, por las investigaciones que realicé en La Pila. Se hicieron las primeras detenciones en julio. Abrieron una carpeta debido a delitos cometidos por servidores públicos”.
Reconoce que no siempre es posible acreditar la culpa de funcionarios en el homicidio, al menos existen elementos para investigarlos por omisiones o fallas al impartir la justicia. Ahora, las indagaciones enfrentan nuevos obstáculos. Señala directa a la agente del ministerio público, Antonia Deyanira Gómez Serrato, a quien acusa de frenar el avance del caso. “Encubre a varias personas. Ha hecho maniobras para quitarme del camino y ya no impulse la carpeta”. Relata un episodio. “Me dijo que formulaba imputaciones contra tres personas. Le respondí que incluyó a un muerto, Carlos N, quien fue ejecutado en el 2023”. El asunto también evidenció relaciones entre policías e infractores. “Lo encontraron calcinado en Villa de Reyes, dentro de una BMW. Era policía y vendía droga. Tenía las armas institucionales cuando estaba de vacaciones. Las debió resguardar el gobierno”.
A pesar de los obstáculos, Ávalos decidió denunciar los incidentes. “Relaté los hechos en forma detallada. Fue de donde salieron las detenciones. Ahora hay seis sentencias de 68 años y seis meses para cada uno de los responsables”. Entre los implicados señala al policía Ulises N, alias “Kiko” y cinco civiles vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. “Aparece Roberto Carlos, alias El Cometa o El Capuchino. Era el jefe de una célula del Cártel Jalisco en La Pila. Evaristo N, alias El Tolo y tres sicarios, Felipe Prisciliano N, Fernando N y José Guadalupe N. Existen otros procesos que continúan el curso. El 25 de marzo comenzó el juicio contra otro policía, Miguel Ángel N, alias El Mickey y Juan Carlos N, alias El Fuerte y Brayan N”.
Según Ávalos, en los homicidios de sus hijos, participaron sicarios junto con policías. El motivo, haber expuesto actos de corruptelas. “El Cártel Jalisco apoyó al Cártel de la Ministerial para hacerme daño. Estaban coludidos, eran uno solo. Los evidencié. Hice detenciones, investigué y descubrí bastante mugre dentro de las filas policiales”. Se le pregunta si fue desproporcionado el nivel de violencia en su contra. “Es el tema. Buscaron castigarme, como si dijeran, eres mujer y no te vas a enfrentar a nosotros. Y lo hice”. Resume que 6 personas fueron sentenciadas por su injerencia en el crimen. Cada una recibió una condena de 68 años y seis meses de cárcel. Aunque el proceso judicial continúa en otras causas relacionadas.
“Están detenidos, vinculados a proceso desde el 2021. Por ser muy peligrosos, los trasladaron a diferentes penales. Uno está en Chiapas, otro en Ciudad Valles. Ahora se hallan en tránsito. Después de leerles la sentencia, empieza a correr el plazo de las apelaciones. Otro de los acusados, cuyo juicio comenzó el 25 de marzo, fue recluido en el penal federal de alta seguridad, en Hermosillo, Sonora, debido a sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada”. Ávalos alude a los llamados exámenes de control y confianza. “No son un mito, pero tampoco se aplican como deben ser. Muchas veces, sólo mandan a un grupo para que se cumpla el requisito y bajar los recursos federales”.
En su caso, asegura haberlos aprobado en repetidas ocasiones. “En el 2023, participé en una convocatoria para ministerio público y también los acredité”. Sin embargo, en el 2025, le retiraron el uso del arma. “Me la quitó Juan Alejandro Menchaca Sustaita. Había estado dentro de la licencia colectiva. Hice los exámenes psicométricos, el toxicológico y los que pide la Secretaría de la Defensa Nacional para actualizar la licencia. Los cubrí todos. Es una incógnita. Desconozco el motivo. Tal vez para dejarme más vulnerable. En los estudios se detectaban conductas erróneas, pero quedaron archivados. Los resultados llegaban a los jefes. Sabían quién reprobaba y los protegían. A los que siempre pasamos, nos mandaban para cubrir el requisito y les llegara dinero fresco. Hay agentes que nunca acudieron a los exámenes, como Daniel N, que tuvo un procedimiento administrativo por las bajas notas en México”.
Ávalos describe el perfil de las personas a las que enfrentó durante sus averiguaciones. “Era gente de la delincuencia organizada, jefes de células criminales asentados en La Pila. Uno tenía casa de seguridad con alberca, donde hacían fiestas los ministeriales. El domicilio es conocido en los estrechos círculos. Reflejan el nivel de cercanía entre agentes y malandros. Incluyeron a un grupo de motociclistas llamado Barrio Fino. No digo que todos estén involucrados, pero muchos supieron lo que sucedía en el lugar.Los cárteles se pelean el territorio, pero los policías tienen una ventaja, podían entrar a cualquier lugar. No conocen límites. Un criminal no invade las zonas de otro grupo. Pero un agente puede meterse donde quiera, accionar en distintas facciones. No dicen de manera abierta, con quién trabajaban. Se mezclan con los de Jalisco y del Noreste, al mismo tiempo. No les avisan. Hacían sus jugadas”.
Ávalos sostiene que parte de la red sigue activa. “Todavía están en la nómina de los cárteles. Las autoridades saben quiénes son, porque tienen los informes”. Evalúa el costo personal de haber denunciado las viciadas prácticas. “Conozco todo por dentro. Y por haber expuesto la podredumbre, pagué caro las consecuencias. Me dejaron sin mis hijos y en una lucha que no termina. A pesar de las sentencias obtenidas, el proceso judicial continúa. Ahora existen seis sentenciados, pero sigue el otro litigio. Viene una audiencia intermedia y faltan más. Promuevo recurso tras recurso”. Relata que el único respaldo institucional, lo encontró en el poder judicial federal. A nivel local, ha encontrado muchos obstáculos. En particular, acusa a la agente del ministerio público, Antonia Deyanira Gómez Serrato. La tilda de encubrir a varios infractores. También cuestiona el desempeño de los visitadores de la fiscalía, el órgano encargado de supervisar la conducta de los agentes.
“El asignado Carlos Gustavo conoce mi caso desde que empezó y no actuó. La visitaduría debe regular el comportamiento de los policías, pero si los encubren, no pasa nada”. Ávalos también critica el desempeño de la fiscal, Manuela García Cázares. “La señora es un cero a la izquierda. Sólo me atendió una vez, en febrero de 2025. Dijo que iba a revisar mi caso y nunca más me volvió a recibir”. Ante la falta de respuesta institucional, decidió recurrir al amparo. “Tuve que promoverlo por el derecho de petición, porque no me atienden. Está por resolverse”. Narra que el proceso ha sido largo y costoso. “Tengo asesores de la Comisión Estatal de Víctimas. Para el tema de la carpeta contra servidores públicos, tuve que contratar un despacho. Gasto en abogados, porque al final estoy sola. El único respaldo constante, ha venido de organizaciones civiles. Un organismo de México, me ayudó a promover la queja donde me otorgaron la suspensión de plano, porque mi vida estaba en riesgo. El sistema de justicia suele desgastar a las víctimas, para que dejen de luchar. Pero no abandonaré el caso. Mis hijos necesitan justicia”.
A pesar de los avances judiciales, Ávalos asegura que el proceso está lejos de terminar. Su objetivo es llegar hasta donde le sea posible. “Voy a seguir a donde me alcance”. Hasta ahora, explica, nueve personas han sido detenidas, por haber participado en el ataque a su familia. Sin embargo, las pesquisas continúan. Todavía hay más involucrados en la carpeta. Menciona a Saúl N, a quien asegura haber confrontado indirecta, a través de un antiguo compañero. “Hay otros cuatro civiles que participaron en ciertas funciones. No puedo dar más detalles, porque la causa sigue abierta. Es muy amigo de otros compañeros. Enfrenté a uno, le dije el 21 de marzo, ve y dile a Saúl, al que tanto proteges, que está relacionado con la muerte de mis hijos. Les reclamé, ¿por qué lo protegen como cártel? Todo mundo sabe que está con la mafia, junto con su sobrino, Juan N”.
Según sus propias indagaciones, ambos fungían como “halcones”, encargados de vigilar y reportar movimientos. “Faltan de ser llamados. También la hermana de Capuchino y su esposo, que hacían las cuestiones administrativas de la célula”. Para Ávalos, la red es mucho más amplia de lo que parecía. Después de años de análisis, asegura haber logrado reconstruir gran parte de lo ocurrido. “Es una red extensa. No termino de conocer toda la verdad. Con mis propios recursos y tantas batallas, armé gran parte del rompecabezas. Si la instancia encargada de aplicar la justicia quisiera hacerlo, lo podría resolver fácil. Pero no quieren. No les conviene descubrir toda la maraña. La fiscal ¿qué hace? Sólo aparece en la foto, en reuniones de seguridad. Se supone que es un órgano autónomo”. Recuerda que tras la reforma del 2017, la instancia dejó de ser procuraduría, para convertirse en fiscalía, independiente del poder ejecutivo. “En teoría es autónoma. Tuve esperanzas de que me apoyara. No busqué un favor personal, sólo ser mujer y aplicarse al problema”.
“Mi hija ha padecido demasiado. He luchado sola, al empujar la carpeta, investigaciones y promover amparos. Ha sido muy desgastante. Pero escudriño y descubro más elementos. Me gustaría entregar todos los informes que ha recopilado a las autoridades federales. Tengo bastantes evidencias. Aspiro hablar con el secretario de seguridad a nivel nacional y darle todo lo que tengo”. Explica que ha intentado acercarse a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, cuando visita San Luis Potosí, pero no ha sido posible. “No me dejan acercar. He tratado que conozca mi caso a través de entrevistas y lo que se ha publicado. Durante mucho tiempo, mi caso permaneció casi desconocido. Luché en la penumbra contra todo el sistema. Mi caso no se dio a conocer hasta que entré al recinto legislativo. Fue cuando la prensa empezó a darse cuenta de la magnitud de lo que había denunciado. Mientras estuve en las sombras, sola, pasaron muchas circunstancias”.
El juez Fernando Zapata, permitió que uno de los imputados, enfrentara el proceso en cárcel domiciliaria, cuando ya estaba sentenciado. El cambio de medida cautelar, generó un riesgo evidente de fuga. Para revertir el dictamen, tuvo que iniciar otra batalla legal. “Promoví un amparo. Apelé lo hecho por el juez y la sala la confirmó. Después, el poder judicial federal resolvió que se habían transgredido mis derechos fundamentales. Tras el dictamen, se realizó una audiencia revisora, la semana pasada. Ordenaron que regresara al encierro. No fue porque quisieran, hubo un resolutivo federal. El caso es un ejemplo de lo que hubiera ocurrido. Le ayudó estar cerca del proceso. Mantiene abiertos varios recursos judiciales. “Gracias a que aprendí a defenderme y promover los recursos, a mi tema no le dieron carpetazo. Tengo incontables vertientes en curso. Incluso contra el juez Zapata, inicié un procedimiento administrativo. Lo desecharon y lo llevé al amparo”.
Ante la falta de espacios en medios locales, decidió hablar con periodistas fuera del país. Agradece a los pocos que han decidido publicar su historia. “Los canales de denuncia se me cerraron en San Luis. Entonces me entrevistaron en España, pude dar bastantes detalles del caso. Son los que han dado voz a lo que padezco. Nunca quise estar en la picota, pero no me dejaron otra salida”. Rememora el episodio que generó un escándalo mayúsculo. Fue cuando irrumpió en el congreso del estado, donde se abordó el proceso para renovar el poder judicial. Acudió para presentar un escrito. La convocatoria decía que cualquier persona podía aportar datos, si consideraba que un aspirante no era idóneo. Su objetivo era advertir al comité sobre un candidato, Sabás Santiago Ipiña, que tenía antecedentes vinculatorios a los hechos que investigaba. “Cuando escuché su nombre y dijeron que iba directo a la boleta, intervine. No podía creerlo. Ya estaba denunciado desde el 2021. Sólo fui a ejercer mi derecho a expresarme. El comité decidió excluirlo. No fue por mi denuncia. El aspirante no cumplía los requisitos legales. No tenía los cinco años de litigio que pedía la constitución. Tras quedar fuera, impugnó lo acordado. El tribunal electoral dijo que no había materia, porque ya no estaba en la contienda. Ipiña me responsabilizó por quedar excluido. Me echó la culpa, cuando no formé parte del comité. Yo sólo fui y hablé. Presentó una denuncia penal en mi contra. Me acusó de abuso de autoridad y otros delitos. Llevó como testigo a un integrante del Cártel Jalisco, de Ahualulco”.
Lo interpreta como un signo intimidatorio. “Equivalía a decirme, mira quién me respalda. Fui al poder legislativo como ciudadana y madre a ejercer mi derecho a expresarme. No como policía”. Destacó que Ipiña tenía tratos con integrantes de la célula criminal. En particular con Roberto Carlos, alias “El Cometa”. Incluso, presumió que le patrocinaba un equipo de fútbol. “Todos sabían que cargaba una orden de arresto por desapariciones forzadas. No obstante, convivían”. Ávalos mencionó también a otra funcionaria que forma parte de la red de connivencia delincuencial. Se trata de una agente del ministerio público identificada como Patricia N. “Era jefa de la unidad de combate al narcomenudeo y le daba cobijo institucional al jefe de la célula del Cártel Jalisco. En la carpeta de análisis, existen datos que apuntan al contubernio. “Cuando la citaron a comparecer, no pudieron localizarla. Ya gestiona jubilarse. Comentó que mi asunto, no la iba a afectar como servidora pública. Optó por el retiro. Pero tarde o temprano, la justicia terrenal o divina la alcanzará. Su hija compite para ministerio público en la convocatoria. Imaginen la escuelita que va tener”.
Al preguntarle sobre los ciudadanos que buscan justicia en un sistema que protege a delincuentes y prevalece la impunidad total, externa que su caso es una muestra de cómo funciona el aparato estatal. “No todos los policías son iguales. Yo que estoy dentro, conozco cómo funciona, me pasa lo que sufro, imaginen al ciudadano común. Hay agentes muy calificadas, con la camiseta puesta, que aman su trabajo”. Sin embargo, asegura que el miedo y el silencio terminan por imponerse. “Los hacen callar. Vieron de lo que son capaces los mafiosos. Saben todo el daño que me hicieron. Les pedí ayuda a varios compañeros. Me decían, tengo familia. Es por lo que no hablan. Se vuelve más complicado el escenario”.
Para Rosalinda Ávalos, los riesgos que enfrenta son reales. “Los asesinos son capaces de todo. Pero no les temo. Después de perder a mis hijos, lo único que resta es seguir adelante con la lucha. La meta es llegar hasta las últimas consecuencias. Ya me quitaron la vida que tenía. Lo único que me anima es enfrentarlos. No voy a descansar hasta que caiga el último culpable”. Recuerda que sus descendientes no tenían nexos con su trabajo, ni los conflictos que padeció. Si alguien la confrontó antes, debieron buscarla. Aseveró que no pretende beneficios personales. “Mis niños eran inocentes. No le debían nada a nadie. Si me buscaban, el pleito era conmigo. Voy a seguir hasta donde me alcance. Lo único que aspiro es lograr la justicia. No quiero dinero, cargos, nada. Sólo que se escuche mi voz y los medios informativos difundan la verdad”.
Considera que a su hija le deben reparar de manera integral, el daño sufrido. Recuerda que entre los tres hermanos, existía un vínculo muy fuerte. “Mi pequeña era ajena al conflicto. No debió ver cómo mataban a sus consanguíneos. Eran lo más importante en su entorno”. Tras cinco años de lucha, se le pregunta qué debe ocurrir para cerrar el lamentable capítulo. Su respuesta es inmediata. “Hasta que caiga el último maloso. Faltan otros responsables por enfrentar la justicia, ya que proporcionaron datos sobre mi familia”. Se pregunta, cómo los homicidas, supieran tanto sobre sus rutinas. “No me pueden callar, al sostener que con nueve detenidos, se acabó el tema. Muchos hablaron, dijeron dónde vivía. ¿Cómo sabían de mis tres hijos?”. Recuerda que en algunas ocasiones, los llevó a festejos organizados por la dependencia. Los que identificaron a sus hijos fueron agentes.
“Los llevé a los desayunos de las fiestas de la policía, a las posadas. Fue donde los conocieron. Los mismos gendarmes los identificaron”. Insiste en que su lucha no es contra un delincuente aislado. Es un sistema viciado. Fue el castigo porque decidió combatirlos, cuando aún tenían poder. Hoy paga las consecuencias. “Fui la única que los enfrentó. No me arrepiento. Ya está hecho, tengo que seguir adelante”. Reconoce, el camino por recorrer, es largo. Tiene mucho por investigar. Las corruptelas provocaron su tragedia.
“Ya di los pasos iniciales, con las primeras sentencias.Falta mucho por denunciar. Sabían que yo podía defenderme, mis hijos no. Eran seres indefensos. Además, el mensaje estaba dirigido a toda la policía. Desde entonces, nadie se ha atrevido a denunciar algo similar. El miedo los domina. Fue una advertencia. Es lo que les sucede a quienes se meten con la delincuencia. Después de lo que me aconteció, nadie dice nada. Me ven pasar y actúan indiferentes. A los que les pesa, sólo agachan la cabeza”. Insiste en que no se callará. Si algo le ocurre, ya ubicó a los responsables en su denuncia.
Ahora cuenta con medidas protectoras, por ganar un amparo. El recurso judicial lo promovió un organismo civil, no el gobierno. “Me otorgaron una suspensión de plano, porque estaba indefensa. Ha sido por mi propia lucha, no porque las autoridades se hayan preocupado por mí. Sé que estoy sola. Pero tengo la fortaleza y los conocimientos para continuar. En los últimos años, me he preparado para entender los procedimientos legales. Tenemos derecho a acceder a las carpetas de las investigaciones. No he permitido que me engañen. La lucha es doble. La instancia para la que trabajo, es la que más daño me ha causado”.
“No pueden decir que trabajan en mi caso, porque no es cierto. Mi lucha es contra la delincuencia y el sistema. La fiscalía es la que más me ha discriminado, pisotea mis derechos. No me detendré. Voy a encontrar la paz cuando todos los responsables enfrenten la justicia. En caso de no ocurrir, ayudar a otras víctimas en situaciones similares. Alguien tiene que decir, cómo enfrentarlo. Ojalá la presidenta escuche mi historia. El amor por mis hijos, es lo que me mantiene en pie. Lo que pasó, ya fue. A veces caigo del dolor, pero vuelvo a resurgir. Me inspiran a seguir en la lucha”.
Parte 2 / El Cártel de la Ministerial aún existe y opera con impunidad, denuncia Rosalinda Ávalos. Por exhibir las corruptelas, asesinaron a dos de sus hijos. Pero no dejará de luchar por alcanzar la justiciahttps://www.facebook.com/share/v/18LAHT18Go/
La regidora de Morena en Soledad, Dulce Galván, cuestionó al ayuntamiento que encabeza el alcalde Juan Manuel Navarro, por la falta de transparencia, presuntas fallas en el manejo de recursos públicos y ausencia de un programa objetivo para resolver la crisis hídrica en el municipio. Señaló que no existe hasta el momento, un esquema formal, técnico, financiero que sustente, separar al organismo operador de agua potable y alcantarillado de la zona metropolitana.
Explicó que en asamblea sobre el tema, solicitaron informes concretos de los planes de trabajo, contratos y estudios, pero no exhibieron ningún estudio. Afirmó que no considera viable, fraccionar al Interapas, ya que el sistema hidrológico, se encuentra deteriorado. Necesita mantenimiento urgente, pues se podría generar mayor incertidumbre de abastecimiento durante el proceso.
Indicó que el desabasto es uno de los principales problemas. Existen colonias que durante años, enfrentan carencias en el suministro, colapsos de drenaje, fugas constantes y alcantarillas sin mantenimiento. Señaló que cerca del 50% de los fraccionamientos, presentan algún tipo de deficiencia en servicios básicos relacionados con el agua y drenaje. Recordó el caso de Los Fresnos, donde se contaminó la red con aguas residuales, lo que provocó afectaciones sanitarias.
Galván informó que los vecinos se quejan del suministro mediante pipas, ya que lo condicionan los líderes, que deciden a quien surten, ya que exigen mostrar identificaciones asociadas a un color partidista. Consideró que tales prácticas, son ilegales, debido a que los servicios públicos deben otorgarse sin distinciones políticas. Reconoció que existen pocas denuncias formales, pero se repiten en diversas zonas.
En materia ambiental, habló del tiradero de basura ubicado frente al complejo Puerta Real, en El Zapote. Explicó que desde el 2017, existen solicitudes ciudadanas para su cierre, debido a que opera a cielo abierto, sin membranas para el control de lixiviados. Con presencia de fauna nociva y malos olores por la quema de residuos. Añadió que el sitio se encuentra cercano a zonas habitacionales. Se tiene conocimiento de la existencia de un manto acuífero en la parte inferior. Destacó que ahora prevalece una clausura parcial, al detectarse materiales tóxicos. Todavía no se ha presentado un plan integral para remediarlo, ni un proyecto definitivo de un nuevo relleno sanitario. Como alternativa temporal, planteó colaborar con el ayuntamiento de San Luis Potosí, que hace poco activó uno nuevo.
Cuestionó el convenio mediante el cual, el ayuntamiento cede el 60% de las recaudaciones del impuesto predial al gobierno estatal. No se presentó ante el cabildo el estudio completo con las cláusulas, por lo que no existe transparencia sobre los términos en
cómo se administran los recursos. Indicó que en los presupuestos de egresos 2025 y 2026, el porcentaje aparece dentro del rubro “Fortalecimiento Municipal”, que contempla gastos como dietas, gasolina, arrendamientos y prensa. Establece que los recursos deben canalizarse en priorizar problemáticas urgentes, como surtir agua y ejecutar obra pública.
Estimó que en el programa presupuestal, se destinan alrededor de 4 millones de pesos mensuales a prensa, radio, tele y plataformas digitales. Indicó que es importante informar a la ciudadanía, sobre las acciones gubernamentales. Pero consideró elevado el monto, frente a las carencias que enfrentan múltiples colonias. Relató que al gestionar reductores de velocidad en algunas zonas, el ayuntamiento, por falta de material, planteó que los propios vecinos cooperen para instalarlos. Calificó de injusta la medida, dado que los ciudadanos contribuyen mediante el pago de impuestos.
Galván señaló que han tergiversado sus declaraciones cuando habló de fallas administrativas. Aunque evitó responsabilizar a alguien, consideró que las acciones podrían formar parte de una estrategia para distorsionar los temas que ha expuesto. Exigió fortalecer la transparencia, presentar documentos sobre los programas municipales y garantizar que los recursos públicos se destinen de forma prioritaria a resolver las necesidades básicas de la gente.
Desesperado por adueñarse a toda costa del ayuntamiento de la capital, donde no lo aceptan, lo mismo que al Verde Ecologista, el gobernador José Ricardo Gallardo recurrió a varias argucias y métodos de cooptaciones para llevar a sus filas a la hoy ex diputada local del PAN, María Aranzazú Puente Bustindui, a la que usará para que les junte la mayoría de votos en el octavo distrito, considerado un reducto panista en la zona metropolitana. Confían que al doblegarla, por ósmosis, los ciudadanos que simpatizan con la ideología del PAN, ahora en masa, se irán a engrosar los padrones que inflan con afiliaciones obligadas, amenazas o por una despensa.
La salida de Puente se empezó a gestar desde el segundo año de ejercicio de la legislatura pasada, cuando fue electa presidenta de la mesa directiva, propuesta que impulsó y apoyo el diputado José Luis Fernández Martínez, que manejó el congreso como un apéndice del ejecutivo. Desde entonces, la ex panista no faltaba a ningún acto del mandatario, donde era requerida, por mínimo que fuera. Al acercamiento que empezó a tener con el ejecutivo, se sumó la ruptura que se gestó dentro de la bancada del PAN, por reacomodos en el congreso y con la dirigente estatal del partido, Verónica Rodríguez.
El mismo Gallardo Cardona felicitó a la ex panista por su nombramiento como dirigente de la mesa directiva del congreso, el 13 de septiembre del 2022. “Aprovecho para felicitar a la nueva presidenta de los diputados del PAN. Una persona que desde un inicio dejó los colores a un lado. Le va a ir excelente. Ha tenido un desempeño extraordinario con el gobierno estatal, para beneficio de los potosinos”.
María Aranzazú Puente Bustindui llegó al congreso al ganar en 2021, las elecciones en el séptimo distrito, como parte de la alianza “Si por San Luis”, conformada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular. Derrotó por un amplio margen al aspirante de la figura, Juntos haremos historia. Durante el primer año como legisladora, aun cuando se mantuvo fiel a su grupo, nunca tuvo una conducta crítica como opositora al gobierno del estado. Ya como presidenta del congreso, durante el segundo año como legisladora, fue asidua asistente a los actos de Gallardo. Apoyó sin cuestionar todas las iniciativas que les envío y nombramientos que impuso, como el del auditor carnal, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización del Estado, antes consejero jurídico de gobierno. Luego fue empleado del mandatario en Soledad y la capital, donde se desempeñó como litigante y contralor.
Puente aprobó sin regateos la ley de ingresos y presupuesto de egresos de Gallardo en el 2023, modificaciones a la ley de salud, las expediciones de licencias y placas gratis, entre otras. Como presidenta del congreso duró 4 meses y medio. El 30 de enero del 2023, entregó la estafeta a la diputada del PT, Cinthia Verónica Segovia. El 19 de abril del 2024, solicitó licencia para buscar reelegirse como diputada en el octavo distrito, que se reconfiguró para los comicios del 2024. Ahora abarca parte de la geografía de lo que era el distrito 7, que ganó en el 2021.
En junio del 2024, venció a la candidata del Verde Ecologista, María Eugenia Torres Vilet. Se reelige como diputada del PAN, pero ya era evidente el distanciamiento con su bancada y el encono con la líder estatal, Verónica Rodríguez. El 13 de septiembre del 2024, Puente no asistió a la rueda de prensa que ofreció la también senadora, para dar a conocer que el diputado Rubén Guajardo Barrera, sería el coordinador de la fracción del PAN, en el poder legislativo. Estuvieron presentes los otros dos legisladores, Mireya Vancini y Marcelino Rivera.
A varias semanas de asumir el cargo, el 16 agosto, la diputada Aranzazú Puente cuestionó en tribuna a la dirigencia estatal de su partido, por los negativos resultados. Solicitó reflexionar si era viable, continuara al
frente Rodríguez. En diciembre del 2024, votó en contra de la ley de ingresos del alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos. Alegó que su propuesta contenía un agresivo plan de impuestos, cuando antes avaló sus gestiones. Al asistir al inicial informe del edil en el primer trienio, acudió como presidenta del congreso. En entrevista con los medios informativos, destacó que había un cambio en la capital, sopesó las inversiones realizadas en infraestructura, mantenimiento de calles y avenidas. Destacó que Galindo, ejercía un gobierno cercano a los ciudadanos, mediante el programa “Domingo de Pilas”. Aseveró que desde el congreso, lo apoyarían para lograr los retos previstos.
A los pocos meses, cambió su actitud hacia el munícipe, al elegirse las personas que integrarían el consejo municipal en Villa de Pozos. La legisladora afirmó que Galindo hizo acuerdos en lo oscurito con la dirigente de su partido, para proponer a los aspirantes a consejeros y le pidió sacar las manos del proceso. Acusó a Verónica Rodríguez de decidir a espaldas de los diputados. No tomarlos en cuenta en las evaluaciones y selecciones de los perfiles que propondría el PAN.
El rechazo de Puente a la ley de ingresos de Galindo para el 2025, le valió una reprimenda por parte de Verónica Rodríguez, que les había pedido a los legisladores, apoyarla. Expuso que el despliegue de Puente estuvo desfasado, al rechazar la iniciativa y aprobar los nuevos impuestos de la ley de ingresos del gobierno estatal. “Hay diputados que en ocasiones, no obedecen los intereses de los potosinos. Mejor siguen alguna línea que seguro les dieron”. Aranzazú Puente censuró que Rodríguez se reeligiera como dirigente estatal del PAN. Denunció la compra de votos y coacciones a consejeros. Cuando se repuso el proceso por órdenes de las autoridades electorales, afirmó que se repetían las mismas prácticas de las primeras votaciones. No iba a validar una contienda con tantas fallas.
Mientras consolidaba su cercanía con la bancada del Verde, Puente denunció ser víctima de violencia política de sus compañeros y la dirigencia estatal. Se quejó en octubre del año pasado, no le compartieron la agenda del PAN, para el segundo año de trabajo. No obstante, iba a continuar en sus filas. No había ruptura, pero si una falta de diálogo. Desde marzo, no fue requerida a las reuniones. En diciembre del 2025, Puente votó a favor de la iniciativa de reforma a la constitución local y ley electoral, para imponer la llamada Ley Esposa, que obligaba a los partidos políticos a postular solo mujeres como candidatas a la gubernatura en el 2027. Pese a las evidencias que mostraban sus adhesiones al bloque gobiernista en el congreso, insistió en que las votaciones en contra de su bancada, no significaron traicionar a su partido. Decidía libre y lo supo la dirigencia nacional y estatal.
Su salida del PAN, para incorporarse al Verde Ecologista, ya estaba anunciada, mucho antes de concretarla, lo que a nadie sorprendió. El 22 de enero, en rueda de prensa, informó que dejaba al partido donde militó 23 años. Le permitió llegar a la curul que hoy ocupa en un segundo trienio consecutivo. Aseguró que la renuncia, no fue algo improvisado. No lo hizo por enojo o resentimiento. Abandonó unas siglas que dejaron de ser congruentes con sus principios. Y en las condiciones actuales, ya no le permitían un ejercicio político libre, equitativo ni respetuoso. “Hablan de democracia y ser plurales, pero en la práctica, no todas las voces cuentan. No respetan las trayectorias. Las decisiones no se asumen en forma libre”. Se quejó de existir una línea clara entre el comité estatal y un grupo parlamentario orientado a obstaculizar su trabajo, limitar su capacidad de incidencia y frenar el ejercicio legislativo. Afirmó irse con la conciencia tranquila, principios y valores intactos. Se declaró diputada sin partido. Aún no había decidido unirse a otro.
Pero estuvo indecisa apenas 14 días. El 5 de febrero se fue al Verde Ecologista. Previo al anuncio, se reunió con el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quién informó, existían amplias opciones de incorporarse al partido gobernante. La acompañó la senadora Ruth González Silva, diputados federales y locales. El dirigente del partido, Ignacio Segura Morquecho, afirmó que la ex panista decidió, convencida, unirse a la primera fuerza del cambio. Anunció que la apoyarán con una casa de atenciones ciudadanas en el octavo distrito. Trabajarán juntos con miras a ganarlo por mayoría en el 2027.
Ruth González le dijo que al unirse al verde, estaba en el lado correcto de la historia en San Luis Potosí. Afirmó que en todo México y San Luis Potosí, ya es tiempo de mujeres. Aseguró que con hechos y trabajo, Gallardo ha construido un estado digno y en paz. Alardeó que son la primera fuerza política del estado, al
gobernar en 40 municipios. Tienen la mayoría en el congreso, 6 de 7 diputados federales y en el 2027, refrendarán sus alcances. Aranzazú Puente agradeció el apoyo, dijo que el Verde Ecologista se convertirá en su nueva casa. Unidos y en equipo, trabajarán por una misma causa, construir, sumar y trasformar. Verónica Rodríguez afirmó que Aranzazú Puente, con su salida del PAN, para irse a otro partido, traicionó al electorado, que le dio un espacio en el congreso.
El obrero que labora en la zona industrial, Brayan Enrique Alvarado Sánchez, tiene 15 días internado en la clínica 50 del Seguro Social, donde no le pueden atender las quemaduras que recibió por manejar sustancias químicas. Carecen de gasas, sueros y agua oxinada para hacerle al menos curaciones superfluas.
Los familiares tienen que comprarlos en farmacias privadas, cuando el estado debe garantizarle el servicio, por los impuestos que cubre. Tampoco tienen dinero para comprar gasolina, que permitan transportarlo a México, donde podría aminorar los fuertes dolores físicos que padece.
Los quejosos lamentan que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en vez de auxiliar al hospital, seguro social y otras clínicas públicas, por el convenio que tiene con el programa del bienestar, se dedica a dilapidar el erario en negocios que le dejan ganancias millonarias, como remoderlar y ampliar el balneario Splash, ubicado en el parque Tangamanga, donde taló cientos de árboles para conseguir sus ambiciosos propósitos, de espalda a la ciudadanía.
También se gasta cifras exponenciales en la ilícita y adelantada campaña para heredarle la estafeta a su cónyuge, la senadora Ruth González Silva.
Los afectados censuran ser víctimas de la herencia maldita que encabeza Gallardo. Los ubica como si estuvieran en Cuba. La clínica 50, además de no tener los medicamentos básicos, doctores, enfermeros, ambulancias con chofer y suficiente combustóleo, ya empieza a sufrir apagones eléctricos.
Igual que Alvarado, son múltiples los enfermos que sufren las consecuencias de un nosocomio que asemeja un cascajo. Faltan camillas para las decenas de pacientes internados. A la mayoría los acomodan en sillones, bancos o el suelo.
La insensible administradora que los trata con despotismo, justifica su inoperancia al argumentar que el pésimo servicio es culpa de Ruth González, quien acapara el dinero destinado a la salud pública.
Lo usa para hacer proselitismo en los municipios, donde entrega despensas de baja calidad y afilia a sus ahijado con la amenaza de dejarlos fuera de los programas clientelares.
El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona es un catálogo de ocurrencias, también se le puede distinguir como un proyecto de copia y pega. Programas fallidos como implementar en el parque Tangamanga uno, algo similar al río que existe en Santa Lucía, Monterrey. La policía Swat que nadie sabe donde opera. Los puentes “atirantados”, que no lo son o el pino más grande de Latinoamérica, muestran las improvisaciones constantes. Pero además, se fusila iniciativas ajenas y se las apropia como suyas. La emblemática Arena Potosí, es un calca de la mega obra de su jefe político, el senador Manuel Velasco. La estrategia publicitaria al lado de su esposa Ruth González, es una burda réplica de lo que ejecuta su homólogo de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez.
El mandato carece de toques originales y mínimas estrategias. Todo es mimetismo y simulaciones, mientras presume logros que no le pertenecen. Gallardo es, en esencia, un “copión” que gobierna en base a las imitaciones. Uno de los casos más recientes es el reparto de frijol, mediante el cual, anunció comprar 20 mil toneladas anuales a productores del altiplano, para entregarlos gratis a través del Programa de Seguridad Alimentaria. La medida fue presentada como un acto revoluvionario de rescate al campo potosino. Sin embargo, el esquema es casi idéntico al plan federal, Frijoles Bienestar, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025, el cual fija un precio de compra de 30 pesos por kilo a los productores para eliminar intermediarios. Se puso en marcha en Zacatecas, Durango y Nayarit. El producto sería integrado a los apoyos sociales a un costo menor a los consumidores. Otro ejemplo es el programa estatal “Tu Casa, Tu Apoyo”, iniciado por el gobierno local, con el que dona terrenos urbanizados a familias de bajos ingresos. Gallardo ha presumido la entrega hasta de 30 mil lotes, como una política social sin precedentes.
No obstante, el modelo coincide con el Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado a nivel federal desde el 2024 y formalizado en 2025, que contempla construer 1.8 millones de viviendas y 450 mil mejoras mediante subsidios, créditos sin intereses y atenciones prioritarias a mujeres, adultos mayores y comunidades indígenas.
En materia de salud, el paralelismo es aún más evidente. El programa federal Casa por Casa, dirigido a adultos mayores y con discapacidades, a través de brigadas médicas que realizan visitas domiciliarias, monitoreo de enfermedades crónicas y canalizaciones hospitalarias.En San Luis Potosí, Gallardo puso en marcha el símil, “Visitando Corazones”, con enfermeras que recorren colonias, ofrecen detecciones de diabetes, hipertensión, entrega de medicamentos y seguimiento médico, bajo el mismo esquema preventivo del mandp federal.
Algo similar ocurre con los apoyos a madres solteras y adultos mayores, anunciados por Gallardo en el 2022, con transferencias bimestrales de 3 mil pesos. El programa estatal replica el principio de las pensiones federales que existen desde 2019, ahora reforzadas con la Pensión Mujeres Bienestar, creada en 2024 y que en 2026 entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. Aunque los esquemas estatales pueden ampliar coberturas o adaptarse en lo local, el patrón se repite con los mismos objetivos, mecanismos y discursos. Pero Gallardo Cardona insiste en presentarlos como políticas originales, sin reconocer el origen federal. El sello del copia y pega, Gallardo también lo replica con las acciones del ayuntamiento de la capital.
Antes que Gallardo anunciara con bombo y platillo el tema “Enchúlame la colonia”, el municipio encabezado por Enrique Galindo Ceballos, ya había puesto en marcha alternativas idénticas como Domingo de Pilas y Capital al 100, enfocados en el rescate de espacios públicos, mejora de servicios y atenciones directas en las colonias. Desde el 2022, Domingo de Pilas se consolidó como una estrategia comunitaria en colonias y delegaciones, con jornadas semanales para limpiar áreas verdes, rehabilitar espacios públicos, mejorar luminarias y reforzar la seguridad. Luego, en el 2023, lanzó Capital al 100, que amplió la cobertura con la suma de los directores de área, cuadrillas municipales y vecinos, que arreglan calles, predios abandonados y zonas con altos niveles de deterioro urbano. Ambas iniciativas comparten el mismo, recuperar zonas colectivas.
Ahora en el 2026, orondo, Gallardo presume “Enchúlame la Colonia”, con el que promete intervenir 200 áreas metropolitanas mediante el bacheo, pavimentado, cambio de luminarias, rehabilitado de áreas verdes, juegos infantiles y aparatos de ejercicio, con gastos por 600 millones de pesos. El mandatario adelantó que en 2027, habrá una segunda etapa, para llegar a 400 colonias, además de reforzar la seguridad con patrullajes de la Guardia Civil Estatal.
Gallardo presentó el proyectocomo innovador, “sin precedentes”, cuando el ayuntamiento lo ejecuta desde hace años. Pero también se colgó de las gestiones de Galindo, como el vuelo internacional San Luis Potosí–Atlanta y las transmisiones del mundial de fútbol en el 2026, en espacios públicos de la capital. Adelantó que sostiene reuniones con la Federación Internaiconal de Fútbol y televisoras para garantizar accesos gratuitos de los partidos. Sin embargo, son arreglos que ya había cerrado el edil. Más evidente aún fue el caso del vuelo San Luis Potosí–Atlanta. Donde por más de dos años de trabajo técnico, negociaciones y gestión directa con aerolíneas y autoridades aeroportuarias, el arranque del vuelo fue celebrado como un logro histórico del Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo. No obstante, durante el acto protocolario inaugural, el gobernador fue invitado como figura institucional. Al concluir el acto, utilizó sus redes sociales y otros medios informativos para adjudicarse las gestiones.
El ayuntamiento emitió un comunicado en donde aclaró que la apertura de la ruta, fue gracias al trabajo realizado por el gobierno municipal. Ahondó que se trata de vuelos diarios, operados por Aeroméxico y Delta, en conexiones directas a uno de los centros económicos más importantes de Estados Unidos. Las omisiones deliberadas de Gallardo, evidenciaron el intento de apropiarse de un logro que no le corresponde.
Incluso, en las obras magnas que ejecuta el mandatario, aflora la carencia de lo original. Es el caso de la Arena Potosí, cuestionada por los elevados costos, la nula utilidad social y la oscura forma en que fue asignada. También es una burda réplicadel Foro Chiapas, un elefante blanco que hizo años atrás, en su etapa de gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, principal aliado político y mecenas de su imitador.
La Arena Potosí la hizo sin consulta ciudadana, sin concurso público en su arranque y con un presupuesto que aumentó conforme avanzó la obra. Al inicio tuvo un costo cercano a los 200 millones de pesos. La cifra se disparó arriba de los 500 millones, sin explicar las modificaciones técnicas y financieras. El argumento fue dotar a San Luis Potosí de un recinto de espectáculos “de primer nivel”, aun cuando a escasos metros ya existe El Domo, infraestructura con capacidad para cupos masivos.
El libreto es casi idéntico al que Manuel Velasco ejecutó en el 2014, cuando ordenó construir un rodeo a gran escala en Tuxtla Gutiérrez, para albergar el Congreso Nacional Charro. Entonces Chiapas ya contaba con el Poliforum, pero la obra se justificó como un gasto estratégico. Fue criticado por el dispendio, levantarse en un estado con altos índices de pobreza y sin consenso social. Ante el rechazo ciudadano, el trazo cambió de nombre, de Auditorio de la Gente a Foro Chiapas, sin alterar su esencia.
En San Luis Potosí ocurre lo mismo. La Arena Potosí fue concebida como lienzo charro, luego ampliada como recinto multifuncional para conciertos, juegos de basquetbol, fútbol americano y espectáculos internacionales. Se anunció con diferentes fechas inaugurals que nunca se cumplieron, con capacidades ajustadas sobre la marcha. Como en Chiapas, alardeaon que el impacto económico justificó el gasto, aunque no existiera una demanda ciudadana explícita ni estudios públicos que avalaran lo rentable del inmueble.
La similitudes no se limitan al diseño o al concepto, es al estilo de gobernar. En ambos casos, la obra fue impulsada como un capricho sexenal ligado a las aficiones personales por la charrería, con prisas por concluirla para lo que surgiera, sumó costos inflados, asignaciones cuestionadas y justificaciones oficiosas. En Chiapas, la obra de Velasco fue señalada por el uso de recursos federales asignados a otros rubros. En San Luis Potosí, la Arena Potosí ha sido señalada por avanzar sin transparencia plena y por convertirse en prioridad frente a carencias evidentes en salud, pensiones y servicios básicos
La estrategia de calcar no se queda nada más en lo político. Gallardo Cardona también ha replicado y adoptado un modelo ya existente sobre como promocionar su imagen, la de su esposa y senadora Ruth Gonzalez Silva. Replican acríticos el modelo del gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez. Usan profusos las redes sociales, la estética y las emociones. Usan tenis fosforecentes, un lenguaje juvenil y estilo informal al vestir. No actúan por ocurrencias, son una marca política. La presidenta del DIF se convirtió en el rostro amable del gobierno, cercana, visible en causas sociales, conectada con una audiencia digital. Mientras uno gobierna, la otra comunica.
En San Luis Potosí, el guión se repite. Ricardo Gallardo adoptó una estrategia similar, ropa casual, tenis llamativos, mensajes elocuentes, poses estudiadas y estilo que busca proyectarlo como un gobernante “del pueblo”, moderno y accesible. Incluso los tenis llamativos fueron implementados en su campaña, símbolo ya reconocido del marketing político de Samuel García. La réplica sigue. Como Mariana Rodríguez fue integrada al centro de la estrategia política de Nuevo León, Ruth González Silva se ha convertido en una pieza clave del proyecto nepotista. Su presencia constante en giras, actos protocolarios, programas sociales y fotografías institucionales, no responden al azar ni a una agenda paralela, es un posicionamiento. El modelo de Samuel García-Mariana Rodríguez encontró eco y el dueto Gallardo–González busca replicarlo con los mismos códigos, aunque adaptados al contexto local. Replican una forma en el ejercicio del poder en clave familiar, diluye las fronteras entre lo institucional y lo personal, apuesta por el continuismo politico, mediante exposicionds constantes. Cambian los nombres, el estado y los colores, pero el método es el mismo, una pareja convertida en marca.
Un grupo de empleados de la secretaría del bienestar, denunciaron que el delegado Guillermo Morales López, no ha podido resolver el atraso en el pago de once quincenas a enfermeros del programa Salud casa por casa, que lleva atenciones médicas a los hogares de los beneficiarios desde mediados del 2025.
También denunciaron la incompetencia del administrador Cristian Pérez Rosales, que no resuelve la carencia de agua, mantenimiento de instalaciones y nula limpieza del edificio, lo que no impide atender a miles de personas que acuden a realizar trámites.
Resaltan que desde la llegada de Morales al cargo, resalta la incompetencia de sus colaboradores y múltiples denuncias de manejos irregulares de los programas sociales.
Señalan que en una comunidad de Guadalcázar, los encargados de hacer las obras, las cotizan con sobrecostos. Los obligan a contratar a ingenieros prepotentes y sin experiencia. Mejor contratan a albañiles locales, más capaces y con precios justos.
Aseguran tener evidencias de corruptelas y saqueos generadas en La escuela es nuestra y La clínica es nuestra, toleradas por Morales. Los quejosos exigen el pago por el trabajo realizado.
Otro grupo de quejosos denunció que Morales solapa a aviadoras en Matehuala, como parte de los favores políticos que le hace al delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jesús Guillermo Martínez. “Hay otros empleados que figuran en nómina, sin que desempeñen alguna labor, mientras los activos enfrentan cargas extraordinarias de trabajo”.
Relataron que a inicios del 2005, enviaron a un grupo a comisiones efectuadas en Tamaulipas, Baja California y la huasteca potosina, en tareas para repatriar a migrantes, censos y atender emergencias. Aunque son labores que competen a sus atribuciones, por el gran cúmulo de llamados, recibieron presiones y amenazas de Morales para cumplir más rápido.
Los denunciantes establecen que tienen documentos fidedignos de las declaraciones patrimoniales de las involucrados, donde se alude a las fechas en que fueron contratadas, áreas donde residen y funciones asignadas, lo que coincide con padrones y archivos de la estructura federal.
Mencionan a Lailah Damaris Martínez, servidora de la nación, que se incorporó a la nómina el 1 de marzo del 2024, adscrita a la unidad coordinadora de delegaciones para difundir los programas sociales. Su ingreso coincide cuando su hermano Jesús Guillermo Martínez era director regional del bienestar, cargo que dejó en el 2025 para convertirse en delegado de la Sedatu, considerada una cartera estratégica.
Otro expediente corresponde al de Mayra Fernanda Ibarra Loredo, dada de alta el 1 de febrero del 2024, en la misma unidad y con funciones similares. Ambas aparecen adscritas a Matehuala. Pero jamás laboraron en el municipio u otro. En contraste con empleados que cubren comisiones fuera del estado. Las excepciones fueron toleradas por Morales, responsable administrativo en San Luis.
El ex candidato a la alcaldía de Rioverde, Leobardo Guerrero, señaló que el revés de la llamada “Ley Gobernadora”, que pretendía obligar a que en las elecciones para gobernador en el 2027, se postularan solo mujeres, era una circunstancia previsible. “Un acuerdo o norma, no puede estar por encima de la constitución de la república. Para prosperar, tendría que haber acuerdos y arreglos previos a nivel nacional”.
Precisó que el argumento de la paridad, que utilizó para aprobarla el Congreso del Estado, ya está garantizada con los acuerdos y reglas que fijó en su momento el Instituto Nacional Electoral. Se acataron en los dos últimos procesos, donde los partidos propusieron para los cargos, 50% hombres y 50% mujeres como sus candidatos. En los casos donde los puestos a elegir son pares, 50 más uno de mujeres y el resto de candidatos hombres, cuando los cargos a disputar son impares. Si le querían dar otro enfoque a la iniciativa, es un juego político aparte.
En caso de que hubiera prosperado en lo local la iniciativa, su partido Morena cuenta con dos perfiles sólidos, competitivos y ganadores para los comicios del próximo año. La actual secretaria de gobernación, Rosa Isela Rodríguez y su hermana, la actual dirigente de Morena en San Luis, Rita Ozalia Rodríguez. “Son cartas tremendas para jugar en las elecciones, sobra decirlo”.
En el caso de las votaciones en Rioverde, refirió que no se complicaría el proceso, si fuera una mujer o un hombre. “Las carencias de la ciudadanía, no se concretan por un género. Apoyarán al perfil que les ofrezca mayores opciones para que se concreten los cambios que faltan en el municipio”.
Aseveró que le gustaría participar en la siguiente contienda y los ayuntamientos se integren con gabinetes paritarios. En su caso, dijo que lo integrará por estar convencido, no de manera obligatoria. Señalo que la regla se debe respetar, no solo en cargos electivos, también en otras, como las empresas privadas o negocios familiares.
Guerrero destacó que relegar a las mujeres y la violencia en su contra, viene de épocas ancestrales. Se convirtió en algo generacional. “Pero en nuestros tiempos, también se recrudeció, cuando el género femenino comenzó a ocupar cargos que por años, fueron exclusivos para los hombres. Es cuando vemos que algunas personas desadaptadas, no tuvieron la madurez para ceder el lugar que siempre consideraron propios”.
Expuso que las nuevas generaciones tienen otro concepto. Miran como algo natural, que cualquier puesto político, social o empresarial, lo puede ocupar una mujer u hombre. El que tenga más destrezas. “Es el rumbo que llevamos. Esperamos no haya más violencia por razones de género”.
Guerrero aseveró que como un brigadista más de Morena, se ha dado a la tarea de visitar comunidades y algunas colonias de Rioverde, para ayudar en las afiliaciones, con resultados positivos. “Mucha gente se identifica con el partido y el trabajo realizado en todos los niveles, a través de los coordinadores territoriales, servidores de la nación, funcionarios que trabajan para el gobierno federal y que se han desempeñado con eficacia, sin distinciones”.
Leobardo Guerrero precisó que en Rioverde, falta escuchar a los ciudadanos. No se puede hablar, que viven en el primer mundo, cuando no hay enseñanza vial, infraestructura ni se garantizan los servicios básicos. “Nadie se puede descuidar, porque al instante se roban la bicicleta o bolsa del vehículo. Hay mucho que hacer y atender, para aspirar a lo que se dice, ser de vanguardia. Tampoco hacen falta inversiones millonarias, sólo educar al ciudadano, tener apertura con la gente”
El doctor en derecho en el nuevo esquema de justicia, Luis Fernando Leal Beltrán, indicó que si el gobernador José Ricardo Gallardo insiste en dejarle la estafeta a su esposa, la senadora Ruth Gonzalez Silva, la mejor estrategia para generar un contrapeso, sería postular a la empresaria huasteca, Samantha Portales, que hace equipo con el boyante industrial de Tanquián de Escobedo, Gerardo Sánchez Zumaya. “Juntos tienen grandes simpatías dentro y fuera de Morena. Incluso, muy por encima de la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Portales es una mujer sensible a los problemas de San Luis. Tiene los estudios suficientes para debatir y elaborar una efectiva estrategia política. Genera arrastre social. No se escuda en nada. Impacta a la gente sin hacerse propaganda. Es una gran prospecta para San Luis. Es similar a la esposa del ex alcalde sacrificado de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la señora Grecia Quiroz. No necesita nada para ser la gobernadora de su estado. Sólo requiere aceptar que los ciudadanos la propongan y gana sin problemas”.
Señaló que a diferencia de Ruth González, a quien siempre le han armado escenarios con gente acarreada o amenazada con no darles despensas o quitarles los programas sociales, Portales ha sabido generar de manera orgánica, un arrastre y simpatía social. “Es sabido que la esposa del gobernador no tiene sinergias ni respeto por nadie. Los 500 mil votos que presume, con los que obtuvo el triunfo, a lo mucho llega a 50 mil. Nunca ha sido una figura que aporte algo a los demás. No convence a la gente. Gallardo le creó la Ley Esposa para dejarle el camino fácil”.
Leal Beltrán reprobó las contradicciones del mandatario, al censurar su propia iniciativa, que le ordenó al Consejo Estatal Electoral, presentar ante el poder legislativo. Expuso que por ser un personaje ambiguo y cambiante, no existe un documento donde conste que en efecto, la propuesta se extinguió. “Cuando supimos que se vulneraban los derechos de todos los potosinos y las identidades distintas al género mujer que querían ser electos, decidimos impugnar, ya que nos coartan la alternativa de votar en forma libre. Imponer que voten por un género en específico, viola los derechos. Acudimos al juicio para la defensa de las garantías ciudadanas e interpusimos la denuncia”.
“Después lo alargaron de forma mañosa, lo bajaron y de la nada dijeron que habían resuelto. El argumento fue que, por haber una propuesta de reforma de ley, que incluye una reforma constitucional, no iba a alcanzar lo que pretendía, impugnarla. La cierto es que fue ilegal el resolutivo, batearon el recurso, peor que una pelota de softbol. Fue una respuesta falsa. Como abogados, sabemos que en un juicio electoral, es el único juicio que se puede hacer. Se retraigan todos los actos y comenzar desde el principio. Sucede es que estamos ante un consejo electoral y un tribunal corruptos, entreguistas, linieros y vende patrias. Es por lo que desecharon la demanda. Me negaron el derecho y de todos los potosinos, a tener justicia. Debieron analizar a fondo la ley desde un principio”.
El también experto en temas electorales, alertó que el mandatario, junto con su equipo de asesores, después del fracaso de la llamada “Ley Esposa”, buscarán reformar otra vez la ley electoral para tratar de “legalizar” el nepotismo. “Es una maniobra sencilla, meten un parrafito donde digan, cuando la candidatura corresponda a la voluntad popular manifiesta, no se habrá de considerar nepotismo, sólo un derecho. El que hace la ley, teje la trampa. La misma senadora, Ruth González, ya lo dijo, si la gente se lo pide, va a participar para relevar a su cónyuge”.
Adelantó que no cejará en su recurso de queja para proteger los derechos ciudadanos. “Pero Gallardo, como ya es su costumbre, habla mucho en las redes sociales. Salió a decir que plantearía su derecho al veto de la Ley Esposa, pero al mismo tiempo ordenó al consejo electoral, la propusiera. Sabemos que dicha norma no favorece a los potosinos. Era para facilitarle el camino a su esposa y lo releve en el cargo. Habló de derechos y equidad, pero hasta ahora, no hay un documento que avale que su veto sea legal y definitivo, por lo cual, interpuse de nuevo, mi recurso. En el peor de los escenarios, si se materializa el veto, pues desechan mi juicio por improcedente y no pasa nada. El punto es luchar para que respeten nuestros derechos humanos”.
Expuso que la conducta injerencista de Gallardo, ya corrompió las elecciones del 2027, al comprar al árbitro y jueces electorales. Las tapizó de sospechas. El consejo y tribunal electoral, se coludieron con alevosía y ventaja en el plan que les ordenó el gobernador. “Es inconcebible que el árbitro, encargado de proponer y vigilar las reglas del juego, percatarse que sean cumplidas por los participantes, esté bajo las órdenes que le impone el legislativo. Se puede resumir, no importa quien participe en las elecciones del 2027, el consejo electoral no es confiable. Está vendido, es liniero, no es confiable. Ya se maleó. Carece de autoridad moral para vigilar los próximos comicios. Las votaciones se trastocaron, están viciadas de origen. Si todo sigue igual, sin importar las reformas constitucionales que impulse la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a tener un silbante viciado, al que se le sumará el tribunal electoral. Se volvieron más descarados. No son garantes de lo jurídico en San Luis. Nos han dejado muy en claro, de que lado juegan. Los únicos perjudicados y tirados a la deriva, serán los potosinos. En caso de no tomar acciones legales en su contra, la única salida será ajustarse a lo que determine el gobernador y los órganos corruptos. Su único trabajo era cuidar la transparencia y las garantías de los potosinos”.
Leal declaró que las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, sustentan parte de las transformaciones del país, como desaparecer los organismos que no tienen funciones relevantes. Acabar con el nepotismo electoral, reducir o desaparecer los candidatos plurinominales en los congresos estatales, federales y en el senado, entre otras acciones que pretende implementar. “Deben dejar el tribunal electoral para facilitar a los ciudadanos, interponer los recursos vía electrónica. Luego desaparecer los parásitos y elefantes blancos, que no sirven de nada, solo para saquear más al país”.
“Sabemos que la presidenta no la tiene fácil, ha tenido que hacer arreglos con partidos nefastos y corruptos que viven de las migajas, pero se venden caros, como el Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Sheinbaum debe dar el manotazo en la mesa sin miedo. Actuar en beneficio de los demás. Y de paso, meta a dos o tres pillos de primer nivel a la cárcel, algunos gobernadores que ya se ganaron el acceso hace varios años, como Gallardo Cardona. Le ayudará a legitimar su mandato”.
Subrayó que el mandatario nunca ha tenido un respeto genuino hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Su soberbia y egolatría le impiden aceptar, recibir órdenes de alguien más. En caso de no respetarlas, le puede salir caro. “Sabemos que le dijeron, parar el carro, cuando buscó imponer la ley esposa. Se prendieron voces a nivel nacional y le llegaron a la presidenta, quien no lo tomó con agrado. Es lamentable, el malestar haya alcanzado a la ambientalista para intervenir, porque a nivel estatal, no se hizo nada, salvo la querella que yo interpuse. Todos opinaban en las redes sociales, pero nadie fue capaz de detenerlo, encabezar un movimiento y tomar acciones legales. En San Luis nos hemos llenado de politólogos cobardes, de personas que dicen amar al estado, que quieren participar en política para hacer cambios, pero cuando llegan, se olvidan de sus principios y terminan por cuidar solo sus intereses. Un claro ejemplo, es nuestro congreso del estado, que está lleno de 27 ladrones”.
“Nomás chingan a los potosinos. Debieron frenar el atentando legislativo en comisiones, pero cómo lo harían, si son unos viles empleados del gobernador, lacayos. Nos cuestan mucho dinero y no sirven para nada, traidores a la patria. En el caso de los alcaldes municipales, tenemos el mismo caso. Gallardo los tiene agarrados del pescuezo, les retiene los recursos y los obliga a cambiarse al Verde Ecologista. Los deja jugar a ser ediles, pero tienen que afiliar gente. No tienen dignidad ni moral. El único que se salva es el de la capital, Enrique Galindo. El gobernador se justifica que la herencia maldita ha saqueado al estado durante 30 años, pero no aclara que hace lo mismo. En los casi 5 años que tiene en el cargo, ha robado más dinero que los otros en 30”.
El litigante argumentó que el miedo, represiones y amenazas, son los principales ataques que aplica el gobernador ante cualquier persona que no esté de acuerdo con sus órdenes. “A todo mundo tiene amenazado, soy parte de la lista. A través de su cuñado, Juan Pascual Salinas, me han intimidado de muerte. Los hago responsables si algo me pasa a mí o la familia. El estado lo tiene en la quiebra financiera. Habrá más acciones similares, mientras la sociedad no se imponga. El día que la gente asuma el poder es las elecciones, tomar el poder y ejercerlo, le dará un cambio a sus vidas. No debe repetirse lo que pasó en los comicios de jueces, donde nadie salió a votar. En el 2027, si dejamos que rellenen urnas, estaremos acabados”.
“En su quinto año de mandato, Gallardo sigue con el mismo discurso trillado de la maldita herencia, la que nos tiene en la bancarrota. Imagina que a los potosinos nos engaña y no nos damos cuenta de todos los negocios propios que ha construido con desfalcos millonarios que le hace todo el tiempo al estado, para su beneficio y el de su familia. Las alarmas se le deben prender a los potosinos y la presidenta. Ya se lo hizo al aplazarle la reforma en contra del nepotismo, hasta el 2030 y al tratar de imponer la Ley Esposa, que iba a generar un desorden institucional, jurídico y una revuelta en la que después los gobernadores o cualquier ente político, buscará hacer nuevos países independientes, como ya una vez se planeó”.
Leal hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto en los próximos comicios y elijan candidatos de convicciones verdaderas para hacer transformaciones en el estado y mejorar el bienestar de los potosinos. “Sabemos que el billetito será el principal jugador en las elecciones, es lamentable que la política se haya mercantilizado. Siempre terminamos arrepentidos. Hay que ser conscientes del rumbo que buscamos darle al estado, si queremos mejorar en todos los aspectos o hundir nos. No podemos elegir a personajes que solo buscan su beneficio propio. Se hacen ricos a costillas de nosotros. El diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez, alias Don Pollote, fue un antecedente. Pero dejamos llegar al hijo, que ha sido un ingrato y malagradecido. Vemos que prefiere apoyar a su esposa, Ruth González o al legislador federal, Juan Carlos Valladares, para que lo sucedan en el cargo, que a su padre, quién lo subió a donde se ubica. El papá es el jefe de la bancada del verde, que no han servido para nada. Resultó fría y vergonzante para los potosinos. Son un grupo de bandidos que le han dado en la madre al estado y cubren las triquiñuelas de su jefe. Como potosinos, tenemos que tomar acciones ya. Si tales sujetos quieren seguir en la robadera, lo hagan, pero en Uruapan Michoacán, Zacatecas, Querétaro, donde sea. Pero hay que sacarlos de San Luis”.
Una muestra que las hermanas Rosa Icela Rodríguez y Rita Ozalia Rodríguez muy pronto habrán de emprender la cruzada por la gubernatura, es que ya formaron el órgano cívico, Renovando el Rumbo, un apócrifo que alude a Rosa Rodríguez y Rita Rodríguez. En las cúpulas nacionales y locales de Morena, se plantea que la secretaria de gobernación, dejará el cargo entre marzo y abril, para moverse con fines proselitistas. Mencionan que la habrá de relevar el diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, también aspirante a mandar en Zacatecas, donde busca pulverizar el añejo cacicazgo de la familia Monreal. Manejan que la dirigente nacional del partido. Luisa María Alcalde, brincará como titular del ramo educativo, ya que el actual, Mario Delgado, buscará ser mandatario de su natal Colima. Alcalde será relevada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. En los posibles raecomodos, se nota la mano inexorable del poder tras el trono, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Si son ciertos los reacomodos, en San Luis se altera de manera sustantiva la correlación de fuerzas. Un axioma no escrito es que la presidenta Claudia Sheinbaum, no manda a su delfina a perder. Estiman que si mantienen la alianza con el Verde Ecologista, habrán de obligar a Gallardo Cardona a juntarle votos a la huasteca. Ya no le permitirán el carro completo para su personal beneficio, al usar a Morena de tapete. En caso de que no lo sometan, buscarán invitar al boyante empresario de Tanquián de Escobedo, Gerardo Sánchez Zumaya, al que le van a encomendar, gane la capital con 200 mil votos en el 2027, los que también necesita Rodríguez para colarse como la primera gobernadora de San Luis en toda la historia.
