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399 Project Development, el proveedor de Gobierno del Estado, Ayuntamientos y la «Herencia Maldita»

La empresa 399 Project Development, del piloto potosino Jesús Cordero de Ávila, no solo es la favorita de Ricardo Gallardo Cardona para la compra de vehículos y patrullas para las diversas fuerzas de seguridad del estado. También existe un favoritismo hacia la firma del piloto recién premiado por las los diputados con la presea “Plan de San Luis”, por parte del ayuntamiento de Rioverde, Ciudad Fernández y la capital, donde le han entregado jugosos contratos. Inclusive la llamada “Herencia Maldita”, del ex gobernador Juan Manuel Carreras, realizó contratos con 399 Tactical.

La actual administración estatal, le entregó el contrato de la compra de vehículos para la Coordinación Estatal de Protección Civil, por el monto de 2 millones 349 mil 988 pesos. Además, le entregó 33 millones de pesos en vehículos y ambulancias para la Fiscalía del Estado. A través de su página Web y redes, el proveedor exhibe que ha acaparado el contrato de vehículos para la Guardia Civil del Estado. El convenio para para vehículos de traslado del DIF estatal. Le compraron vehículos tipo escolta para el gobierno de Gallardo Cardona. Así como vehículos para Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. El monto de los cuatro últimos contratos, se mantiene oculto por parte del Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, quien apela a criterios que atentan a la seguridad, para no revelar el monto erogado en los contratos.

Vehículos entregados a la Guardia Civil Estatal
Camionetas para la Fiscalía General del Estado
Camionetas de Traslado para el DIF Estatal

El negocio 399 Project Development también resultó favorecido con jugosos convenios por el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, quién le entregó 4 patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Erogó 4 millones 560 mil pesos. Los datos se obtuvieron a través de la solicitud con folio 240474023000005, realizada por La Noticia. A través de su página web, se supo que 399 Project Development ha realizado contratos con el edil de Ciudad Fernández, Marcos González Jasso, por la compra de una patrulla. También se coló al ayuntamiento de la capital, que encabeza Enrique Galindo Ceballos, quién le ha brindado contratos para motocicletas viales, grúas de alumbrado y pipas de agua. Hasta el momento se desconoce el monto erogado.

Entrega de patrullas por el Ayuntamiento de Rioverde

Patrulla para el municipio de Ciudad Fernández
Grúa para el ayuntamiento de San Luis Potosí
Pipas para el Interapas

La empresa 399 Project Development expone haber prestado servicios en el sexenio anterior, con vehículos para Protección Civil y la Fuerza Metropolitana Estatal, donde entregó 50 vehículos tipo sedanes, 15 Pick Ups y 20 motocicletas en el 2017. Se desconoce el monto total erogado. En el 2018, se realizó otro contrato por 21 patrullas con un gasto de 16.7 millones de pesos.

El exclusivo proveedor, en otros estados cuenta con un negro historial. En el portal Agenda Política de Chihuahua, lo acusaron de haber sido sancionado por la Auditoría Superior del Estado, al incumplir un contrato superior a los 15 millones de pesos, por concepto de “un sistema de señales electrónicas, que tiene como objetivo, obtener y recabar informes por medio de cámaras públicas, para el análisis y suministro en los trabajos de seguridad pública del gobierno estatal”.

En el reportaje, se expone que también fue investigado por el diario, Sol de Quintana Roo, donde establecen que vendió “un servicio de conversión de unidades de seguridad”, vehículos convencionales a patrullas, con un sobrecosto del 400% al municipio de Solidaridad. El informe se publicó en agosto del 2021. Enfatizó que 399 Project Development, en su razón social, no específica ofertar equipos de seguridad pública. Lo que se confirma en el acta constitutiva, donde alude a gestiones y trámites aduaneros.

En la página web ofrece comercializar productos de seguridad, vehículos, software, entre otros servicios. Destaca que Cordero Ontiveros, uno de los principales socios, fue delegado de la extinta Procuraduría General de la República en Michoacán. Otros medios informativos nacionales exponen que lo detuvieron en el 2019, acusado por delitos de despojo de tierras en Michoacán, extorsiones y robo de mineral. Se dijo que fue investigado por el ejército al ostentarse como miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial.

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Carreras, el tartufo de la política, que sólo trajo calamidades a los potosinos

Antes y después de alcanzar la gubernatura, el doctor en derecho, Juan Manuel Carreras, siempre fue visto como el carga maletines de su primer mecenas, el ex mandatario interino, Gonzalo Martínez Corbalá, al que ubicaron como el mentor político del ex presidente Carlos Salinas. Lo cierto es que alcanzó el cenit gracias al empuje del maximato Horacio Sánchez Unzueta y su alumno, Fernando Silva, que lo hicieron secretario de desarrollo social, diputado federal y titular del ramo educativo. En lugar de apoyar al candidato del PRI a la presidencia de la república, Roberto Madrazo, convenenciero, se arrojó a los brazos del panista Felipe Calderón. En un mitin celebrado en la Plaza del Carmen, se puso la camiseta del adversario, lo que le valió insertarse en la nómina federal, como director del Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica y titular de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra.

Acostumbrado a avanzar sin el mínimo esfuerzo, ponto se ganó la fama de pusilánime. En plena campaña por la gubernatura, el que luego fue su secretario de finanzas, José Luis Ugalde, lo llamó hombre sin huevos, proclive a la transa. Lo corrió hasta que se enteró que hacía pingues negocios con los invernaderos de Santa Rita. Si había 5 trailes de hortalizas que se vendían al extranjero, el funcionario sólo reportaba 3, el resto lo consideraba desperdicio, aunque los ofertaba al mismo costo.

Apenas se había sentado en el cargo y Carreras fue denunciado de comprar un terreno para la armadora Ford en 265 millones de pesos a su compadre, Roberto del Valle López, lo que evidenció conflicto de intereses. Entonces ordenó que no le pagaran un centímetro de publicidad al medio La Orquesta, que lo había desenmascarado. Pero sus órdenes las ignoró la encargada administrativa de la secretaría de educación, Sandra Rojas Ramírez. En una acalorada asamblea, no la pudo intimidar Carreras, el secretario del ramo, Joel Ramírez, el vocero gubernamental, Raúl Camacho y su asistente contable, Edilberto Tapia. Carreras volvió a quedar en ridículo. Luego vendría un descalabro más, cuando el diputado local, Alejandro Segovia, le dijo también que le faltaban tanates para combatir a fondo la inseguridad que aun azota a los potosinos. Jamás lo llamó a cuentas.

Carreras fue el gran beneficiario de la captura del ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, acusado de lavado de dinero por 200 millones y nexos con la delincuencia organizada. Lo que le valió ser encarcelado en un penal de Hermosillo, Sonora y Ocampo, Guanajuato, por casi un año. Sánchez Unzueta y el gobernador saliente, Fernando Toranzo, chantajearon al padre, al feroz cacique, Ricardo Gallardo Juárez. Le exigieron, los ayudara a ganar las elecciones para Carreras. A cambio, dejan al hijo libre y le entregan la alcaldía de la capital. La maquinaria del fraude se activó para enterrar a la opositora panista, Sonia Mendoza, cuyo triunfo parecía inminente. Luego se quejó de una maniobra de estado para enterrarla. En las redes sociales se ventiló que al mapache le entregaron miles de boletas con las que rellenó las urnas. Se habían elaborado en la imprenta del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Carreras después fue amenazado de muerte por Gallardo Juárez, quien le reclamó, no se atreviera a hacerle fraude a su hijo, que ganó las elecciones para la gubernatura. En la Plaza de Fundadores, energúmeno, deslizó que también le quitaron el triunfo en el 2018, cuando se confrontó con Xavier Nava. Los seguidores del comerciante pollero narran que habían ganado las elecciones, pero Carreras giró órdenes de no hacer alboroto, por lo que jamás estrenaron sus camisetas para festejar. Gallardo se aguantó el coraje. Pero el doctor el derecho negoció sus intereses personales por los colectivos. Se hizo el desentendido ante las denuncias

penales que presentó el edil Xavier Nava, quien acusó a Gallardo Juárez de haber cometido un fraude que supera los 2 mil millones de pesos. Si Carreras hubiera actuado, cambia el escenario político inmediato.

Acostumbrado a los fáciles bandazos, en lugar de inclinarse por el candidato a la gubernatura de la alianza Sí por San Luis, Octavio Pedroza, Carreras jugó triple. Los seguidores de la combativa líder sindical, Francisca Reséndiz, denunciaron que compró en una cifra millonaria, la posición para su ex secretaria de salud, Mónica Rangel, que cargaba el desprestigio a cuestas, por denuncias de peculado, que podrían alcanzar los 500 millones de pesos. El objetivo, usarla de distractora. En la maniobra pudo estar de acuerdo con el líder nacional de Morena, Mario Delgado y el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de beneficiar a ultranza al postulado por el Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona, al que usaron de instrumento para acabar con el cacicazgo de 30 años de Sánchez Unzueta. Era también la alternativa de salvar el mediocre sexenio, con obras nulas. El tabasqueño lo premió con la carretera y libramiento a Tamazunchale, una añeja demanda postergada.

Fue entonces cuando Carreras le entregó por completo a los Gallardo, la estructura del Consejo Estatal Electoral. Su presidenta, Laura Elena Fonseca, también resultó amenazada de muerte por Gallardo Juárez, si su hijo no salía victorioso. Los demás consejeros temieron por su vida y dejaron el camino abierto. El candidato de Nueva Alianza a la alcaldía de Soledad, Roberto Cervantes, denunció que funcionarios del consejo electoral, de manera abierta y ostensible, antes de abrir las casillas, se dedicaron a embarazar urnas a favor de la abanderada del Verde Ecologista, Leonor Noyola, incondicional del peligroso dueto. Se demostró que fueron clonadas miles de actas de escrutinio y boletas electorales, con papel de diferente grosor y dimensiones.

En síntesis, Carreras puso al servicio de sus cómplices, al árbitro electoral y toda la estructura administrativa para hacerle fraude a sus presuntos aliados, Octavio Pedroza y Mónica Rangel, a los que dejó en completo abandono. Cerró la traición cuando su único seguidor honesto, el presidente estatal del PRI, Elías Pecina, desistió de impugnar los resultados ante los integrantes del tribunal local electoral. Al parecer, Carreras cubrió las facturas pendientes con sus históricos alquimistas que lo hicieron ganar y perder en su accidentada y vergonzosa trayectoria.

Enemigo de la transparencia, para esconder los incontables saqueos al erario, el doctor en derecho designó como fiscal anti corrupción al ex diputado local, Jorge Alejandro Vega Noyola, hijo del sempiterno dueño del partido Conciencia Popular, Óscar Vera, enquistado en el poder legislativo durante los últimos 15 años. Fue por lo que nunca hubo pesquisas sobre la compra que hizo el Hospital Central de medicamentos caducos o alterados para el cáncer de mama y gástricos, por más de 120 millones de pesos. Su ácido aliado, Ricardo Gallardo, al asumir el cargo, ante cientos de invitados, fanfarroneó que su antecesor, tan sólo en el sector salud, le dejó un boquete económico por 20 mil millones de pesos. Para impedir que nadie escarbara en sus incontables latrocinios, Carreras compró la voluntad de los diputados locales e impuso como relevo de Vera, al que fue asesor del secretario de gobierno, Alejandro Leal, el litigante Felipe Aurelio Torres Zúñiga, rechazado varias veces por organizaciones cívicas, que se opusieron a su llegada, ya que sólo iba a garantizar impunidad a su jefe.

Los días finales de Carreras fueron los más desastrosos. Se concretó el sello de un mandato deshonesto, sin pies ni cabeza, nulas obras relevantes, cero justicia, plagado de desapariciones forzadas, secuestros, homicidios dolosos, feminicidios, cooptado por el arribo de 6 cárteles que se dividieron la entidad a su antojo. Carreras encubrió el turbio despliegue del director de la policía investigadora, José Guadalupe Castillo Celestino, al que grupos criminales acusaron de encabezar el Cartel de la Ministerial. Coló de fiscal al ineficiente notario 26, Federico Garza, que alardeó resolver el secuestro del sexenio, en la figura de la niña Zoé Zuleica.

Tampoco aclaró el asesinato del foto periodista, Daniel Esqueda, que pudo ser ejecutado por agentes ministeriales. Garza hizo el ridículo cuando empantanó las investigaciones sobre el deceso del ex presidente estatal del PRI, Aurelio Gancedo, que apareció descuartizado en la cajuela de su mini Cooper. Tenía las huellas inequívocas de que fue víctima del crimen organizado. El bonachón funcionario lo convirtió en crimen pasional. Temeroso de que Gallardo Cardona lo llame a cuentas por haber aceptado las denuncias contra su padre y no identificarse con el grupo que asume el mando, Garza alegó motivos personales y renunció al cargo tres años antes. Se le ubicó como el próximo secretario de la universidad autónoma.

El culmen del sexenio de Carreras resultó un balance objetivo del fracaso. Un estilo de gobierno fincado en una conducta frívola, corrupta, irracional, inhumana, irresponsable. Hacia fuera se proyectó como un tartufo, un patiño de la política. El actual secretario de transportes, Leonel Serrato, lo ridiculizó con el mote de “Carreritas”, con lo que aludió a un personaje mediocre del cine nacional, “Gutierritos”, un papanatas sin carácter, manipulable y cobarde. Pero en corto, en privado, fuera de los reflectores, cuentan que se convertía en un patán. La ofensa maternal era el castigo verbal más noble que usó contra la mínima falla de sus ayudantes.

A unas cuantas horas de irse, los ministerios públicos y policías investigadores bloquearon el acceso al distribuidor Juárez y parte de la carretera 57. Exigieron el pago del 5% al salario y retroactivos que se negaron a cubrirles durante meses de reclamos. Maestros de telesecundaria bloquearon el acceso a la secretaría de educación, ya que no les habían cubierto bonos y se retardó el pago a jubilados. Taxistas de la huasteca obstruyen el cruce de Muñoz y Hernán Cortés. Se quejan del nulo respaldo para atender las añejas demandas de conseguir un trato equitativo en las zonas indígenas. Ventajoso, el vocero gubernamental, Raúl Camacho, engatusó a varias decenas de propietarios de portales electrónicos y escritos, a los que no les pagó servicios publicitarios que contrató en los últimos dos años.

Los montos pueden superar los 20 millones de pesos. Para que los quejosos no salgan a la calle, los encerró en las oficinas de la secretaría de educación, donde los hace firmar, convenios y facturas chafas que no le cubre a la mayoría. El objetivo era ganar tiempo para dejarlos indefensos. Los afectados contemplan hacer una demanda colectiva contra Carreras y Camacho, por el delito de fraude, ya que, con la mano en la cintura, ignoran las deudas contraídas. Una imagen demoledora sintetiza el inútil mandato del doctor en derecho. Camina con la cabeza gacha, triste y sin moral, en los pasillos del palacio estatal. A su lado, sonriente, con el dorso henchido, su relevo, Ricardo Gallardo. Es la placa de la derrota y el éxito. El retrato del verdugo y el lacayo.

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JM CARRERAS DESTACA INTERCAMBIO MULTICULTURAL ENTRE SLP Y JAPÓN

Gobernador inaugura jardín Japonés en parque Tangamanga I.

Como parte de la conmemoración de los cien años de la migración nipona en San Luis Potosí, en donde se inauguró el jardín japonés en el interior del parque Tangamanga I y con la presencia del Cónsul General de Japón en León, Guanajuato Katsumi Itagaki, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, reconoció el aporte a nuestra sociedad derivada del intercambio cultural, económico y académico de ese país, lo que fortalece la relación entre ambas naciones.

Después de guardar un minuto de silencio en memoria de las victimas de Covid-19, acompañado por la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez, el mandatario estatal destacó que este evento representa un legado para las próximas generaciones, que se consolida en uno de los espacios más representativos para las y los potosinos.

Durante su intervención, Carlos Kasuga Osaka, presidente Fundador de la Fundación Kasuga, puntualizó que se siente honrado por la distinción de la comunidad japonesa para la construcción de este jardín, que representa los valores de meditación y el espíritu que vincula a ambas naciones.

Katsumi Itagaki, cónsul general de Japón en León, Guanajuato, indicó que este espacio será un remanso de las y los visitantes, proyecto que fue posible gracias a la colaboración entre la comunidad Nikkei y las autoridades estatales, que honran a los primeros migrantes que llegaron a municipios como Ciudad Valles, Cerritos, Charcas, Rioverde y Ciudad del Maíz.

Hideo Hayase, presidente de la Asociación México Japonesa A.C., destacó la colaboración entre las instancias de su país y su comunidad con el gobierno estatal, para consolidar el intercambio comercial y cooperación para realizar este proyecto que simboliza el fuerte vínculo entre el sector empresarial, comercial, cultural y académico entre ambas sociedades.

Alfredo Ueda Iijima, presidente de la Asociación Nikkei San Luis A.C., resaltó que este evento celebra la llegada de los primeros migrantes japoneses a San Luis Potosí, por lo que este jardín en el interior del Ecomuseo del Parque Tangamaga I, conmemora la vida, legado y trabajo de los primeros pioneros que arribaron a la entidad, además de que se contó con la presencia de descendientes de tercera, cuarta y quinta generación.

Así mismo, reconoció el compromiso de volutarios, residentes y gobierno estatal para la consumación de este proyecto, que contó con innumerables horas de trabajo de quienes aportaron su talento para consolidar este espacio que contará con tres árboles sakura, que representa la hermandad entre ambas culturas.

En su participación desde Japón, Teruaki Irie, de la Universidad Nodai de Agronomía de Tokio, señaló que este proyecto que se plasma en las instalaciones del emblemático parque Tangamanga I, constituye una conexión importante que reforzará el lazo de amistad entre Japón y México.

Dicho proyecto ha sido coordinado por la Asociación Nikkei de San Luis, A.C., con el apoyo de la Asociación México Japonesa, la Universidad de Agronomía de Tokio y con aportaciones en especie o donativos de familias Nikkei, empresas potosinas y japonesas y con la autorización de las Secretarías de Ecología y Gestión Ambiental, de Desarrollo Económico, así como de la Dirección General del Parque Tangamanga I.

Estuvieron presentes Xavier Nava Palacios, presidente Municipal de San Luis Potosí; Nancy Puente Orozco, presidenta del Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí; Yvett Salazar Torres, secretaria de Ecología y Gestión Ambiental; Gustavo Puente Orozco, secretario de Desarrollo Económico y Enrique Alfonso Obregón, director administrativo de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga.

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Más contratos en dependencias públicas

El polémico empresario Gabriel Salazar Soto, enfrenta varias demandas de los ahorradores que timó por  un monto que podría superar los 100 millones de pesos. Fue un proveedor recurrente de la Secretaría de Salud, donde obtuvo 17 contratos entre 2017 y 2018, por casi 65 millones de pesos. En el congreso local, también ofreció y cobró cursos de capacitación. Su negocio Corporativo Gavril, dedicado a la seguridad privada, creado en el 2014, se colocó pronto como proveedor favorito de dependencias y organismos públicos.

En el 2017, a través de un concurso restringido, el Museo de Arte Contemporáneo, que depende de la Secretaría de Cultura, convocó al Corporativo Gavril y la firma Seguridad Integral Greizz, para ofertar los servicios de vigilancia en un inmueble ubicado en Morelos 235. El contrato se entregó  a la empresa de Salazar por un lapso de 10 meses, del primero de marzo al 31 de diciembre. Le pagaron 253 mil 692 pesos en 10 partidas mensuales de 25 mil 369.20 pesos. Se comprometió a vigilar las instalaciones durante todos los días de la semana, con 3 elementos, 2 guardias para el turno diurno y uno para el nocturno.

El convenio lo firmó la directora del museo, Nuria Armengol Niño y el subdirector administrativo, Gerardo Juárez Lozano. Por parte de Gavril, la representante legal, Leslie Denisse Moreno Ferrer. La empresa de Salazar, cuyo domicilio se exhibe en internet, es una casa ubicada en Acerina 828, en el fraccionamiento Esmeralda. Se confirma que cambió de sede, a unas cuantas cuadras, ya que en el convenio aparece Amatista 538, en el mismo sector.

Salazar se coló además al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. En el 2016 cobró 8 cheques por un total de 129 mil 920 pesos. Los autorizó la directora Georgina Silva Barragán. Fueron emitidos el 15 de marzo, 2 de mayo, 1 de junio, 5 de agosto, 5 de septiembre, 4 de octubre, 11 y 25 de noviembre, del 2016, por un monto de 16 mil 240 pesos cada uno. Los movimientos constan en un listado de egresos al 31 de diciembre.

El corporativo Gavril fue contratado además por el Consejo Estatal Electoral, desde por lo menos el 2016. Lo que consta en un documento del organismo sobre adquisiciones directas a proveedores del 24 de febrero del mismo año. Le dieron un contrato por 208 mil 800 pesos. Otras 5 empresas presentaron sus propuestas. Se trata de Seguridad Privada de Mexquitic, Seguridad Privada, Resguardo y Vigilancia del Centro y Occidente, Hejoir, Vigilancia y Protección Privada de San Luis y JTSBAC. En el 2018, Salazar continuó en la misma instancia. En un informe de origen y aplicación de recursos, balance general y estado de resultados del 25 de junio, que fue presentado a la Secretaría de Finanzas, apareció Corporativo Gavril en el listado de cuentas por pagar. Le debían 8 mil 999.28 pesos.

También se incrustó en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. En un estado financiero de mayo del 2019, registra un pago de 11 mil 600 pesos. El llamado “príncipe del emprendimiento”, alardea en sus charlas motivacionales, que un punto central para conseguir clientes es promover las empresas como exitosas, antes de operar. Incluso ya tener clientes potenciales para solventar los gastos y no invertir recursos propios.

Pronto encontró la oportunidad de expandirse. En el 2017 consiguió que la secretaría de seguridad pública estatal, al mando del general de división retirado, Arturo Gutiérrez, le expidiera la licencia inicial para la empresa Scoltta, que pronto acaparó clientes en dependencias públicas. Lo contrató la Minera México, Draexlmaier y la cadena trasnacional Walmart, Plaza Tangamanga y otras.

Con su estilo ostentoso y protagónico, el presidente del consejo administrativo del Grupo Infinite, Gabriel Alan Salazar Soto, publicitó el 10 de diciembre del 2019, la compra automóviles, motocicletas y cuatrimotos para las dos empresas dedicadas a la seguridad, Gavril y Scoltta. “Debemos enfrentar las situaciones que se presentan con calidad y marcar la diferencia”.

Invitó a los interesados en sus operaciones o que buscan empleo, dirigirse o llamar a las oficinas, ahora ubicadas en el edificio M, en avenida Carranza 990. Varios días después de anunciar el concurso mercantil de su emporio, con una avalancha de demandas en contra, por el fraude a cientos de incautos ahorradores que acudieron a Invercorp Capital Financial, el propio Salazar, en las redes sociales, difundió un video donde aparece con sus colaboradores. Juntos decomisan las motos de las empresas que atendieron.

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Carreras y AMLO podrían pactar una sucesión de terciopelo

Cada vez es más evidente que Juan Manuel Carreras y Andrés Manuel López Obrador se llevan bien. Se nota que al presidente le agrada el gobernador. Cada que tiene oportunidad AMLO se expresa elogiosamente de Carreras. El gobernador por su parte ha sido muy respetuoso de la investidura del primer mandatario. Se ha convertido en un facilitador de las políticas del gobierno federal apoyando con todo al súper delegado Gabino Morales.

Esta relación institucional se está traduciendo en obras y acciones en benéficos de los potosinos.

Se puede interpretar que el entendimiento entre ambos mandatarios es lo políticamente correcto. Se evitan confrontaciones y uno y otro consiguen que sus acciones de gobierno luzcan y beneficien a los ciudadanos. Esta reciprocidad suma legitimidad y prestigio a ambos gobiernos.

López Obrador y Juan Manuel Carreras pertenecen a diferentes partidos. Su identidad y proyectos políticos son aparentemente antagónicos. Pero creo que en el corto plazo podrían llegar a consolidar un acuerdo no explícito que impulse una agenda que vayan más allá de las acciones de gobierno y que incluya un pacto de caballeros para lograr una transición de terciopelo en el relevo de la gubernatura en 2021.

Se están creando las condiciones para que las riendas de la sucesión gubernamental en San Luis Potosí queden en manos de Carreras y AMLO. Los dos quieren impulsar un proyecto ganador. *In péctore tienen candidato. Y queda claro que para el presidente de la república el adversario a vencer es el PAN. AMLO considera a los panistas como sus más aborrecidos enemigos por conservadores, mojigatos y “fifis”. Así que aunque parezca absurdo la alianza correcta del Peje para operar el relevo en la gubernatura sería con el gobernador Carreras. Sobre todo si hay coincidencia en apoyar – oficial o extraoficialmente – a un candidato rentable, conocido y que no tenga cadáveres en el closet. Un candidato que sume y no que reste. Que de entrada sea un personaje que provoque la convergencia de diversos actores políticos, económicos y sociales. Un militante o simpatizante de Morena o de la sociedad civil al que no le hagan el fuchi o el guácala los del PRI. Por ejemplo Juan Ramiro Robledo o Esteban Moctezuma. O bien, un potosino exitoso como profesionista y servidor público, con potencial y que cuente con el apoyo de los poderes de facto de nuestra entidad, como Gustavo Puente Orozco, secretario de desarrollo económico del gobierno del estado que desde mi muy particular punto de vista es el mejor secretario del gabinete de Juan Manuel Carreras.

Algunos podrán decir que tanto Juan Ramiro Robledo como Esteban Moctezuma ya han manifestado que no han considerado ser candidatos. Pero ya se sabe que el manual de corrección política recomienda a cualquier aspirante negar sus legítimas aspiraciones, ello para evitar un desgaste prematuro que evapore sus posibilidades de llegar a ser el “bueno”. El hecho innegable es que tanto Robledo como Moctezuma son dos políticos profesionales que tienen los méritos y el curriculum necesario para ser candidatos a gobernador.

Algo que va a fortalecer la capacidad de operación política de Juan Manuel Carreras en temas de gestión gubernamental y de relevo en el poder frente al 2021 es el hecho de que recientemente ha sido nombrado vicepresidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con lo cual se convertirá en los próximos meses en un mediador funcional entre los gobernadores y el presidente de la república. El estilo cuidadoso y refinado de Carreras va a facilitar los acuerdos entre AMLO y los gobernadores del país. Es previsible entonces que la comunicación y los pactos políticos entre el gobernador potosino y el presidente de la república se consoliden.

Sólo como una posibilidad vale la pena dar seguimiento a la evolución que tenga una hipótesis como la que hoy ofrezco. En un país surrealista como el nuestro todo puede suceder.

*In pectore.- significa literalmente “en el pecho” y se emplea para referirse a la persona que ya ha sido designada para un cargo, pero cuyo nombramiento no se ha hecho público todavía.

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La niña extraviada del sexenio

La niña Zoé Zuleica Torres Gómez es la menor desaparecida del sexenio de Juan Manuel Carreras, que debe encontrarla antes de irse, sentencia el presidente del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, el litigante Ricardo Sánchez García. Destacó que desapareció el 27 de diciembre del 2015, cuando estaba dentro de una camioneta estacionada afuera de un salón de fiestas, ubicado en la colonia Genovevo Rivas Guillén. Un sitio semi despoblado, en un radio de dos a tres cuadras, cerca de la media noche. Calificó el caso como inédito y de los más difíciles de resolver. Censuró la falta de pericia del ministerio público, nulos recursos e insensibilidad para no culminar algunas líneas de análisis. No hay avances. El fiscal Federico Garza Herrera no ha realizado los arreglos suficientes para la búsqueda. Cuando la niña fue sustraída del vehículo, la madre, Carolina Gómez Rocha, presentó la denuncia en lo inmediato.

Los familiares y la procuraduría la buscan sin resultados. Le dijeron que no se preocupara, que al día siguiente iba a regresar. “Nosotros tomamos el caso a los tres meses, cuando la madre llegó a nuestra oficina. Conseguimos la carpeta. Nos dimos cuenta que no existían actuaciones fundamentales. Las entrevistas no se terminaron. No abordaron a mucha gente. Algunos exámenes psicológicos obligatorios, que debieron hacer a los parientes, no se aplicaron. La inactividad en las averiguaciones previas, resultaron fundamentales para que la niña no fuera localizada. Iniciamos pesquisas con documentos, informes, periciales que hicimos después, con testimonios que acudieron a la fiesta, donde desapareció la menor. Hay hilos sueltos que deben seguirse. La fiscalía ha informado que hay casos resueltos. Pero contabilizan todo. Si un niño se le suelta de la mano a la mamá y después lo localizan, lo suman a favor”.

“La encargada del programa Alerta Ámber ha dicho que el único caso de niños que no ha resuelto es de Zoé Zuleica Torres. Es mentira, está el caso de Tadeo Morales González, hijo de la perito Guadalupe González Vázquez, que no lo ubican como desaparecido. Hay muchos infantes y jovencitas en San Luis que no han regresado. Algunas se van por problemas familiares. En el caso de Torres, no hay justificaciones para no aclararse. Le hemos dicho a la autoridad, que no importa resuelvan mil asuntos si existe uno pendiente. ¿Cómo le explican a la madre, familiares y ciudadanía, que la niña no ha regresado en más de tres años al hogar?. Le quitaron el derecho de crecer con los suyos, más allá del dolor de la mamá y su hermanito de 10 años. No se ha concretado por carencia de fondos, nula capacidad para tejer estrategias de búsqueda, incluso, en otros países”.

-Culpan a la madre de haberla dejado sola, en la camioneta.

-Es muy fácil hacer un juicio sobre las progenitoras. En los tiempos actuales, pesa mucho el rol de las mamás. Nosotros que hemos estudiado el asunto a fondo, sabemos que hay muchas circunstancias alrededor. Son económicas, anímicas, de salud, relacionadas con el concepto de ser mujer. Hay un tema de género y violencia en el caso. No hemos querido darle realce a pesar de las críticas que ha tenido. Las atenciones deben centrarse en que, bajo ninguna circunstancia, nadie puede sustraer una menor y llevársela. Hubo alguien que cometió un delito. El estado tiene la obligación de encontrar a los responsables.

-¿Pudo ser algún familiar cercano?

-Es probable, pero se ha descartado la línea. La verdad, es un caso muy extraño. Hemos localizado personas desaparecidas. En algún momento creímos que había muchas oportunidades de lograrlo. Pero como pasa el tiempo, se borran las huellas. Nos cuestionan mucho las razones, motivos y las personas que hayan intervenido. La historia nos consterna. Hay otros casos de niños, con menos datos y podemos saber que pudo ser la delincuencia. Con Torres es muy difícil. Todas las teorías que podemos plantear, al final resultan insuficientes.

-¿Por qué se dijo que pudo ubicarse en Estados Unidos?

-En su momento, la madre estuvo desesperada. Cualquier luz de esperanza para encontrarla, buscó que se concretara. Había elementos que se concatenaron, discursos, testimonios, pruebas. Pero nada fue definitivo, sólo dichos de una mujer desesperada que quiere mirar de nuevo a la hija. En su momento mandó mensajes para sensibilizar a la persona que pudiera tenerla. Creyó que la niña pudo estar en un sitio familiar, atendida de manera adecuada. Pretendió tocar el corazón del captor. Le dijo: si tienes a mi hija, regrésala. No vamos a presentar denuncia. Sólo quiero volver a mirarla.

-¿Fue un caso de secuestro, donde se pidió recompensa?

-No es un caso por dinero. Hubo el intento de extorsión. La mamá recibió llamadas de esperanza donde le dijeron que sabían dónde estaba la niña. Hemos estudiado a la gente que se aprovecha para obtener una ganancia. Se han acercado espiritistas o quienes adivinan el futuro. Lo que hacemos es orientar en base a los testimonios. Tenemos un libro que se llama Red de los derechos para todos y todas que hicieron algunas organizaciones. Plantean que es muy común encontrar a alguien que ofrece soluciones rápidas por un cobro. Algo es fundamental, si dicen tener poderes para mirar lugares o extraviados, deben ayudar. Se trata de una virtud al servicio de la ciudadanía. Si cobran y no dan resultados, es peor. Para quienes imaginan dónde está Torres, por la sensibilidad ante un dolor tan fuerte, darían los datos sin pedir nada a cambio. No sabemos el móvil, en muchos aspectos, se trata de un tema distinto. Una de la razones es que estaba en una fiesta donde la mayoría eran familiares. Entonces, decir que alguien fue hasta el lugar a robársela es muy aventurado. Afirmar que la niña se levantó y caminó donde está oscuro, cuando a unos pasos había luz y sonido, es muy riesgoso sostener que un conocido la sustrajo.

“Ya se investigaron. La niña debe estar en un sitio. Hay que aprender a buscar de otra manera. Las madres de la plaza 25 de mayo de Argentina, lo demostraron al encontrar hace poco al niño 125, cuando fueron robados de manera ilegal en los setentas. Los hallaron y juntaron con sus abuelas. En algunos casos las madres fueron asesinadas y los infantes entregados en adopciones ilegales durante la guerra sucia. Ahora se tienen pruebas como el adn, por lo que debemos cambiar los parámetros. Le hemos dicho a la fiscalía que si desaparece una mujer, se busca de una manera. Si es un joven, de otra. En el caso de una niña, traer especialistas que tengan mecanismos que les hayan funcionado para encontrar menores. Hay que seguir a los niños donde pudieran estar. Empezar en cinco lugares, como las fronteras. En lugares donde los ponen a trabajar en condiciones de esclavitud, trata de personas y con fines sexuales. Investigar en la red subterránea del internet en la que se llevan a cabo los peores delitos. Solicitamos a la fiscalía la ayuda de especialistas y con un software único, ingresar a los espacios donde la niña pudiera estar. Es posible que la tengan en otros países. La búsqueda debe salir de la entidad. Si estuviera en San Luis, ya la hubiéramos encontrado”.

Sánchez calificó de aventurado que el fiscal Garza Herrera haya anunciado en su comparecencia ante el congreso, que estaba por resolver el paradero de Zoé Zulaica Torres. “Imagínate que yo dijera que tengo avanzado el 70%, ¿pero en qué consiste el restante 30%?. Se puede hablar de un porcentaje en las investigaciones, sin predecir los resultados que se van a obtener. Si crea esperanzas en la madre, debe tener todos los datos en las manos. Hemos ido a otras ciudades donde nos dijeron que había una niña con rasgos muy parecidos a Torres. La mamá nos acompañó para reconocerla. En otras ocasiones nos mandaron fotos, fuimos para descartarla. También nos acompañó gente de la fiscalía. Garza no debe generar falsas expectativas tan sólo porque rinde un informe que la gente escucha. Ahora que cumpla y diga dónde se ubica la niña. Mientras no se localice el cuerpo de una víctima, siempre hay la alternativa de que viva. Como lo señala el grito de guerra de los familiares afectados: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los que tienen un desaparecido, no todos aceptan que se los entreguen muertos”.

“No sabemos el móvil. Sería muy elaborado decir que pusieron a la madre en el sitio donde se llevaron a la hija. Urgen acciones para localizarla. El papá, Juan Torres Gómez, tenía mucho separado de la madre. Acudió a la fiesta porque hay un trato familiar con la ex cónyuge, ya que procrearon tres hijos más. Ha colaborado en todo lo que se le pidió, en los interrogatorios, investigaciones y testimonios. Es otra víctima. Hemos seguido sus actividades, conserva el mismo trabajo, vive donde siempre. Si un padre o madre se roba un hijo, lo hacen para convivir. Le pedimos a Garza y al gobernador Juan Manuel Carreras, agoten todas las líneas de investigación. Se comprometió que iba a apoyar con recursos de manera ilimitada. Al fiscal ya se le venció el tiempo, debe dar resultados. No argumentar que sucedió en otro sexenio. Al contrario, responder de manera institucional, demostrar que es mejor que el anterior mandatario”.

“El colectivo Samuel Ruiz acompaña a los padres y demás familiares, que son los actores centrales. Hacemos y dejamos de hacer lo que nos dicen. Las personas que pierden un ser querido, pueden tener varios estados de ánimo. Son procesos muy dolorosos. Deben ser acompañados por profesionales. A veces se desbaratan, se derrumban durante meses. Luego retoman fuerzas para continuar la lucha. Nos marcan la pauta. Hay momentos que la señora Carolina Gómez se desaparece varias semanas cuando existen actividades programadas. Le preguntamos qué hacía y nos contesta que estaba en su cuarto encerrada. Respetamos sus procesos. Caminamos de acuerdo a sus fuerzas. No es fácil, tienen una economía familiar, otros hijos que les exigen, los atiendan. Se los dicen de muchas maneras. Hay cifras alarmantes de niños desaparecidos en América Latina, son miles o millones. Los países con mayores incidencias son los de escasos recursos como Honduras, Guatemala y ciudades de México con mayor pobreza. Los especialistas nos dicen que desaparecen por cuestiones de trata, donaciones ilegales de órganos, adopciones ilícitas u otros fines. Es un drama mundial. También hay infantes perdidos en Estados Unidos, Europa y África. Sabemos de víctimas en Guadalajara, Saltillo, México, con edades similares a las de Zoé Torres. Nos hemos reunido para intercambiar experiencias. Hacemos redes para difundir los casos”.

“En Guanajuato se manejan 25 niños desaparecidos en un sexenio. Hay que tener cuidados extremos. La primera responsabilidad es de la familia, no sólo de la madre, que recibe la carga social de manera natural. Hay varias formas preventivas. En los lugares concurridos, siempre tenerlos agarrados de las manos. Nunca perderlos de vista. A tal edad, no pueden decidir a dónde van. Si alguien encuentra un niño fuera del ámbito familiar, denunciarlo a la autoridad inmediata, para que lo canalice con los suyos. Si existe un delito, el estado debe investigar y esclarecerlo. Nadie está exento de que un hijo se pierda. Cuando hay un extravío ilegal, las autoridades deben actuar. Hay que denunciar y prevenir. Pero tampoco inhibirnos. No quedarnos encerrados o que los jóvenes no salgan a divertirse. La autoridad está obligada a garantizar un clima que nos permita admirar un paisaje, disfrutar del aire. Salir a carretera, sin miedo de que nos van a secuestrar. Hay que construir espacios seguros. Ir al fondo del asunto, relacionado con lo impune. Cada delito que se cometa debe ser castigado. Crear condiciones económicas donde todos podamos encontrar formas de vida digna. A los jóvenes, en lugar de estigmatizarlos de ninis, darles espacios deportivos, limpios, seguros y públicos. No hacer patrullajes con más policías, se requiere sancionar a los que cometen delitos. Abrir fuentes de empleo, ampliar la matrícula en la universidad, ya que muchos se quedan sin estudiar, por no aprobar el examen. Hay que cuestionar el sistema educativo, que desde el origen, no los capacitó para acreditar la prueba mayor. No todos pueden pagar sus estudios, es dónde se crean las condiciones para aumentar la delincuencia”.

-¿Hay momentos y lugares donde desaparecen más personas?

-En la historia de México, en los 70 y 80 las desapariciones fueron estrategias del gobierno en la llamada guerra sucia, entendida como la fuerza del estado en contra de los ciudadanos organizados y disidentes. Tenemos como caso emblemático el del luchador social Rosendo Radilla que terminó con una recomendación de la Corte Interamericana donde se obligó al gobierno a pedir una disculpa de que hubo en México la desaparición forzada. Después se vivieron momentos difíciles en el sexenio de Felipe Calderón, en su guerra contra el narcotráfico, que nos llevó a una etapa muy difícil del 2009 al 2011, donde hubo una gran cantidad de personas desaparecidas, muertos, asesinatos, colgados. Se vieron las peores formas de cometer un delito contra una persona. San Luis no estuvo ajeno a la ola de violencia que se desató en el país. Calderón en su momento le llamó daños colaterales. Como todos los delitos, las personas desaparecidas deben buscarse y encontrarse. No importa si pertenecen o no a algún grupo delictivo. En el lapso del 2011 al 2016 hubo cierta calma. Pero continuaron las desapariciones. La mayoría de las personas que buscamos son del 2011, 2012 y 20113. No los hemos hallado y los familiares siguen las búsquedas.

“En el caso de las mujeres, hemos descubierto que existe un perfil constante. Oscilan entre los 15 y 25 años. Son menuditas, incluso mayores de 18 años, aunque parecen menores. Los horarios en que se las llevan son por las noches o antes de amanecer. Las cargan dónde parten o llegan del trabajo. En cruceros con salidas rápidas. En le entidad, Garza Herrera ha estigmatizado a las personas que desaparecen. Dijo que se fueron con el novio. Habrá unos casos, pero no la mayoría. Los protocolos señalan que las personas deben ser buscadas en lo inmediato. Sabemos que existe una red de trata. El enganche se da mediante el enamoramiento o las redes sociales, donde conocen a otro. Algunas se van por su propia voluntad. Otras veces son amenazadas. Una de las características es que pierden el diálogo con los familiares, al sentirse coaccionadas. El delito de trata existe desde el momento que trasladan a una mujer sin que lo consienta”.

“No hay que esperar 72 horas para buscar a las personas, se debe actuar al instante. No obstante que existen los protocolos, no se aplican rápido por falta de capacidad de las autoridades que tienen el manejo inmediato con los hechos. Los primeros indicios de que alguien desapareció es cuando no existe contacto con la persona que tiene una rutina y constante trato con la familia. Y suceden hechos que no son comunes. También hay jóvenes que se ausentan hasta tres días de la casa, pero sus conocidos están acostumbrados. Otros avisan cuando regresan de sus actividades o envían mensajes que están en determinado lugar. Lo primero que se debe hacer es acudir al ministerio público. Llevar una acta de nacimiento en caso de ser menor de edad. Incorporar datos de las redes sociales que maneja. Una fotografía reciente donde se noten los rasgos físicos y testimonios de las últimas personas con las que se tuvo tratos. Con tales elementos se puede iniciar una indagatoria. Muchas veces por desconocimiento, los familiares suben fotografías y dan los celulares personales. Es como se dan las extorsiones. Se recomienda facilitar los números de las autoridades. Aunque somos críticos de los funcionarios, les pedimos que actúen de manera correcta”.

“Ahora todos los delitos se regulan en el código penal. Antes era común sustraer menores por parte de los padres. Existen maneras de convivencia con los hijos. No todos los desaparecidos terminan como secuestros y extorsiones. Muchas veces es para otros fines que no entendemos. Es una serie de muchos ilícitos. Se le retiene por la fuerza, luego viene la amenaza, extorsión, secuestro y la muerte. Como sucedió con un médico de Tamazunchale, que a los tres días se encontró muerto. Hemos tenido casos donde, a pesar de entregar el botín, le quitan la vida al que se llevaron. La principal víctima es la persona que fue sustraída, pero el delito afecta a toda la familia. Y de manera escalonada, a la comunidad. Los negocios cierran temprano, la economía no se mueve. Los jóvenes optan convivir en las casas, cuando tienen derecho a caminar por las calles en cualquier momento. Antes, el padre, madre, los hijos y la mascota le daban vuelta al parque sin problemas. Hay que luchar para que regrese la calma que antes teníamos. Es tarea del estado garantizarla”.

“Hemos insistido en que la búsqueda se haga ante los primeros indicios. Hay que difundir fotografías para que si alguien miró a la víctima, la reconozca. Revisar las cámaras del C3, C4 y comercios aledaños que pudieron captar los hechos. Aunque muchas veces no funcionan o se revisan tarde, cuando las cintas se borraron. Abordar a las gentes que estuvieron en el lugar de los hechos. Las primeras horas y días son fundamentales para encontrar una persona. El caso del Pirasol, registrado en la huasteca en el 2010, donde desaparecieron 29 inmigrantes potosinos que viajaron en un autobús, ocurrió en un periodo donde hubo mucha delincuencia. No es justificante para que no se haya aclarado. Demostró todas las irregularidades que hubo al investigar. Encontraron el camión, ropa, maletas, otros indicios, pero se realizó la cadena de custodia. Las fosas clandestinas que salieron antes, no se trataban como ahora, con los cuidados que los colectivos hemos impulsado. Se pugna para que haya una base de datos. Exista la figura de un comisionado para la búsqueda de personas. Y que el cargo lo ocupen con figuras que tengan el perfil adecuado”.

“En San Luis hay discrepancias en las cifras de los desaparecidos. Se hablan de 195, 60, menos o más. A nivel nacional, hay estados con mayores índices de desapariciones como Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Cancún, Nuevo Laredo. Por su propia historia e idiosincrasia fueron punta de lanza en buscar a los ausentes. En Veracruz conocimos al sacerdote que comenzó a unirse a los organismos civiles. La gente denunció de forma anónima, el lugar donde existían inhumaciones clandestinas. Se empezó a dar con los cuerpos. Los familiares cambiaron la conducta al saber que el estado no les iba a regresar a los suyos, por lo que debían buscarlos por su cuenta. No los van a encontrar en las carpetas de investigación o averiguaciones previas. O donde los enterraron. Fue un proceso doloroso. Algunos reconocieron que sus familiares no estaban con vida. Luego pasaron a otra etapa donde se unieron a organismos. Sopesaron que al no encontrar al hermano o amigo, ayudarían a encontrar a otros. Se solidarizaron y fue como obligaron a las autoridades a investigar en todas las fosas clandestinas. Sumaron a ministerios públicos, fiscalías, peritos forenses y otros especialistas en antropología y arqueología. Fue como se logró desenterrar la verdad que el estado negó: había inhumaciones clandestinas en todo el país. San Luis tiene su propia historia”.

“Las cifras que se tienen no son exactas porque los afectados tenían miedo hablar. En cierto tiempo era peligroso decir en público algunos conceptos. Cuando hubo denuncias, las mismas autoridades inhibían las búsquedas. Decían, no se metan, no sabemos de qué se trata. Los que decidieron se investigara, después de un año, dos o tres vueltas, se cansaron. Son casos que no se contabilizaron. Hemos encontrado averiguaciones previas que estaban sumergidas en el olvido. Tenían testimonios pero no los consideró la fiscalía. No les convenía aceptarlos. Entre más chico sea el número, mejor. En el 2016 se logró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera un informe especial sobre los desaparecidos. Se reconoció el problema. No es definitivo, se basó en las quejas recibidas. Las cifras negras exceden con mucho a la realidad que se presenta”.

 

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Los Gallardo, impunes, atacan sin piedad a Xavier Nava

Aunque en campaña ante un grupo de empresarios anunció que podía aplastar sin esfuerzo al “par de mafiosillos”, en referencia al dueto de ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, pero al expresar después que habrá de perdonar a los delincuentes y funcionarios corruptos, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, le garantizó impunidad a los personajes que lo secuestraron en el río Santiago, para imponerle condiciones leoninas. Saben también que el gobernador Juan Manuel Carreras no se atreverá a tocarlos, ya que le ayudaron a ganar con fraude el cargo, en detrimento de la ex senadora panista Sonia Mendoza Díaz, por lo que tampoco les echará encima al fiscal Federico Garza, que tiene una decena de averiguaciones penales en su contra por desfalcos millonarios. Entonces los ex diles, a través de diversos portales electrónicos, no cejan de atacar, frontales, al munícipe de la capital, Francisco Xavier Nava Palacios, maniatado para llevar a los tribunales a su antecesor, Gallardo Juárez, al que acusó de malversar más de mil 200 millones de pesos de la hacienda pública.
Aunque Nava contó con el respaldo de Carreras para derrotar al ominoso vendedor de pollos, el doctor en derecho no se ruboriza en lo mínimo cuando acompaña al diputado federal del PRD, Gallardo Cardona, a sus constantes visitas distritales, en abierta campaña para buscar la gubernatura en el 2021. Con un ayuntamiento saqueado, sin los mínimos recursos para emprender una campaña de bacheo por las destrozadas y oscuras calles de la capital, Nava es sitiado de manera cotidiana por los medios que controlan sus detractores, donde sobresalen Código San Luis, La Orquesta, Close Up, One Click, El Espectador de México y Círculo Rojo, entre tantos. En su etapa de alcalde, Gallardo Juárez los patrocinó ostensible para contener la ola de denuncias en su contra por el manejo oscuro del presupuesto. Aunque casi de manera cotidiana le hacen un ajuste de cuentas al edil, aprovechan el mínimo error para denostarlo, lo mismo que a sus colaboradores. Nava los desdeña, repite que no se dejará intimidar por pasquines y portales tendenciosos.
Acostumbrados a pagar todo del presupuesto, se presume que el costoso aparato publicitario y propagandístico de los Gallardo lo cubre el presidente municipal marioneta de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, al que no lo dejaron poner ningún incondicional en la nómina. El que fuera operador político de los comerciantes polleros en Los Magueyes, César Mercado Torres, que ahora labora con Nava en desarrollo social, denunció que se alejó de sus otrora mecenas, ya que en la etapa proselitista, no les dieron ni para el camión urbano. Los aguantaron por la promesa fallida de que les iba a construir una cancha deportiva, casetas de vigilancia y una distribuidora de agua gratuita. Para cobrarle que lo había hecho candidato a regidor, Gallardo Juárez usó de manera simultánea de chofer a Gerardo Gutiérrez Turrubiartes. Una mañana, antes de iniciar el laberíntico recorrido, le exigió llenar el tanque de gasolina de la ostentosa suburban. Aunque nunca lo doblegaron, le reclamaron la mitad del salario al ex diputado local Sergio Desfassiux, por lo que el trato se tensó. A varios colaboradores y ex regidores, les exigían aportar una cuota para cubrir la renta, luz y empleados que atienden los expendios de garrafones. A los que son dueños de locales, los abandonaron con deudas que oscilan entre los 300 y 500 mil pesos por consumo de agua potable. En otros casos, tan sólo se conectaban a la red, para cometer un robo vil.
Un escándalo nacional que pudo ser orquestado por los Gallardo para diezmar la figura de Nava se dio cuando Ovaciones, Excélsior, Televisa y El Universal ventilaron el caso de la directora de imagen institucional del área de prensa, la venezolana María Fernanda Castrillo, que posó desnuda para la portada de la revista Playboy en mayo del 2007. Se ventiló que era de las mejor pagadas, ya que percibía al mes 80 mil pesos. El Círculo Rojo la denostó al sostener que no cubría el perfil. La acusó de orquestar una guerra sucia en la campaña contra reporteros y opositores. Indicaron que Nava la prefirió sobre las potosinas por sus atributos físicos y tener un trato cercano. Criticaron que el edil haya suspendido las labores del ayuntamiento y acarrear al personal femenino para respaldarla. Aunque la ofendida aclaró ganar 12 mil pesos al mes, sus detractores sostienen que prevalecen las dudas sobre lo que en realidad gana, ya que no mostró los recibos de nómina. Nava la defendió al sostener que la ex modelo tiene la capacidad para desempeñar sus labores. Relató que se sumó a la campaña a través del jefe de prensa, Carlos Hernández Palomares. Indicó que la hicieron víctima de una campaña misógina y xenófoba. Indicó que hay oportunidades para todos y la iba a respaldar si demanda a los que afectaron su integridad.
El conductor del informativo nocturno del Grupo Imagen, Ciro Gómez Leyva, al que Gallardo Juárez llamó mercenario de la noticia y lamentó no haberlo encontrado para ponerlo parejo, le dio revuelo a la nota de Castrillo, de la que publicó videos donde aparece voluptuosa, exótica, desnuda. En las redes sociales se rescató la figura que anteponen al escudo del ayuntamiento de la capital. La funcionaria condenó hayan publicado placas de más de 15 años, que no le impiden volver a laborar. Dijo que su estatus migratorio le permite ser diseñadora, por lo que gana 6 mil pesos quincenales. Precisó que la descalifican por migrante y mujer “Deben pagar sus infamias, calumnias y mentiras perversas”. La ofendida de 39 años, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Cuando la afectada apareció en la unidad administrativa, la escoltaron más de 100 compañeras. Atrás estaba la presidenta del DIF municipal, Nancy Puente Orozco, solidaria, pero con un gesto adusto. La síndica Alicia Nayely Vázquez Martínez reclamó que no se debe solapar ningún acto de violencia de género. Invitó a otras mujeres vulneradas, denunciar el atropello. La directora de recursos humanos, Claudia Fitch Watkings, destacó que Castrillo no tiene cargo directivo y que gana a la quincena 6 mil 111 pesos. Tiene experiencia laboral comprobada por lo que su contrato es lícito. Pero las suspicacias se desataron. En un programa de mujeres, se dijo que la venezolana posee cualidades físicas notables. La odian por bonita. Sabe manejar su imagen. Debe recibir sólo elogios. Se nota que es buena funcionaria. La debieron nacionalizar en 10 minutos. No es razonable la descalifiquen por venir de otro país. En las redes sociales, dijeron que Nava ya tenía el pretexto para llegar a casa tarde los viernes. Lo culparon de llenar el edificio municipal de varones morbosos que acudieron en masa a realizar trámites. Lo bautizaron como el edil cachondo.
Xavier Nava se llevó un golpazo de la directora del portal Código San Luis, María Luisa Paulín, que publicó un reportaje sin firma, sobre la fundación Salvador Nava Martínez, que usó el edil para repartir becas. Lo acusó de posible fraude fiscal y daño al Instituto Nacional Electoral. La estructura es una copia fiel de los trabajos que antes publicó contra Gallardo Juárez, el reportero del diario digital Astrolabio, Jaime Nava Noriega, primo del alcalde, que se adjudicó las pesquisas sobre la fantasmal proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz, que en realidad hizo el experto en temas de transparencia, Victoriano Martínez Guzmán. Según Paulín, Nava sostenía el humanista organismo con el 75% de su salario cuando fue diputado federal del PRD, por las alianzas que tejió antes con Gallardo. La vocera del gobernador panista Marcelo de los Santos, destacó que “los registros encontrados, no concuerdan con el dinero donado”, que podrían alcanzar los 2 millones de pesos. “No menciona gastos operativos, renta de local y listado de trabajadores. Pudo incurrir en lavado de dinero, ya que no se ubica el padrón de asociaciones civiles donatarias con permiso de la Secretaría de Hacienda para dar recibos deducibles de impuestos”.
Le endilgaron a Nava tráfico de influencias y nepotismo ya que el tesorero de la fundación, Rodrigo Portilla Díaz ocupa el mismo cargo en el ayuntamiento. El comité de becas lo integra la esposa del ex líder cívico, Concepción Calvillo Alonso. La madre del edil, Patricia Palacios. El vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción, Hugo Stevens y Jaime Nava, entre otros. Paulín expuso que las becas se entregaron a falsos beneficiarios, la mayoría vinculados a la campaña de Nava, como la estudiante de artes plásticas, Arleth Pizaña Guel, Ayudó al ex presidente estatal del PRD, Alfredo Zamora Marín, que terminó la carrera de derecho. Gallardo Juárez lo golpeó cuando se le opuso. Ahora lo acusa de quedarse con un millón de pesos para su beneficio. Salió premiado el ex candidato a la secretaría de acción juvenil del PAN, Juan Carlos Bernal Cobián, al que exhiben con autos de lujo. Ayudaron a la niña Suintla Rivera Muñoz, ya que su madre, Delia Muñiz Rivera, firmó un desplegado dirigido al fiscal Federico Garza, donde solicitan castigar los latrocinios de Gallardo Juárez. Fue reconocido el ex consejero alumno de la carrera de biofísica de la universidad autónoma, Ulises Hernández Martín del Campo. La estudiante de derecho, Stephany Almaguer Segura, novia de Miguel Corpus, que labora en el ayuntamiento por estar en la campaña “Rompe el silencio”. El director de la fundación es Mario Aguilar Blanco, al que pintan de robusto y violento. Fue el encargado de la logística y acarreo de gente a los mítines.
Aguilar está ligado a la dirigente de Ciudadanos Empoderados, Esmeralda Ramos, que apoyó la campaña de Nava y ahora recibe dinero público. A Jaime Nava lo ubican como el enlace de Ganemos, que capitanea Óscar David Reyes Medrano, que asesora al diputado local de Morena, Pedro Carrizales. En el mismo engranaje está el Frente Democrático Universitario, “donde enrolan a jóvenes en las falsas filas del navismo”. Citan a Ciudadanos Observando, de Guadalupe González, “que apoyó la falaz lucha anti corruptelas y la entrega de becas, que luego subía a su página de face”. Ubican a Ciudadanos hasta la madre y Nueva Luna, cuyos integrantes ahora cobran en el ayuntamiento. Aunque Nava subestima los ataques, los Gallardo no le conceden el mínimo reposo. Lo llaman Dorian Grey, por someterse a un costoso implante de cabello en Venezuela. Lo atacaron por tratar de incrementar las tarifas del agua un 40%, para afectar a las clases más pobres. Y que en su intentona, de nada le valieron los cabildeos de Carreras con los diputados. Cuando la iniciativa fue desechada, las huestes de los Gallardo lo festejaron en el recinto legislativo, a donde llevaron una turba de provocadores que encabezó el violento herrero Rafael Aguilar. El último ataque soez se dio contra el secretario del ayuntamiento, Pablo Zendejas, al que acusaron de haber provocado un choque automovilístico y tumbar una barda en el cruce de Salvador Nava 155 y Niño Artillero donde resultaron dos lesionados, a los que se negó pagarles los gastos médicos. Usó sus influencias para llamar a los peritos a los que ordenó alterar los hechos. Es el viacrucis que enfrenta Nava. Sus mínimos errores son ventilados sin piedad. Ya lo empiezan a pintar de ineficiente, pues no ha tapado un hoyo en tres meses.

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La dentista asesinada y menor de edad

El femincidio de la dentista Érika Muñoz Villaseñor el 17 de octubre del 2018, sacudió e irritó a los potosinos, se supo que tenía 8 meses de embarazo. El bebé estaba por nacer. Fue ejecutada de cuatro balazos en su consultorio ubicado en la calle San Bonifacio, en el fraccionamiento Juan Pablo, ubicado en la capital. Al principio se dijo que fue ultimada por resistirse al robo, pero no se llevaron nada de sus pertenencias. El subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, dijo que se investigó el presunto asalto y entorno personal de la occisa. Ante tantos casos similares, impunes, un ciudadano increpó al gobernador Juan Manuel Carreras, al que reclamó la inseguridad y tener a San Luis en un baño de sangre. Le exigió esclarecer el asesinato de Muñoz.

Ante las presiones de organizaciones feministas nacionales, el gremio de odontólogos y medios informativos, la policía ministerial agilizó las pesquisas. Se supo que el sicario fue un muchacho de 20 años, llamado Cristian Eduardo. Cometió el error de llegar al consultorio a atenderse una supuesta dolencia, en un carro de modelo reciente, que su suegra le había comprado para manejarlo como Uber. La secretaria le dijo que fuera por la tarde. Regresó, la doctora atendía a otro paciente. Le sugirió volver en media hora. Cuando entró, se topó con la persona que salía. Como ya no había más visitas, la víctima cerró el local y se quedó sola con el verdugo.

Los vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y llamaron a la policía. Nadie miró que saliera el pistolero, pero fue captado por una cámara cercana donde se grabó la huida en el carro que usó por la mañana. Los agentes encontraron a la profesionista tirada en un charco de sangre. Tenía dos impactos en el vientre. La bolsa, llaves del coche y otros enseres estaban intactas, por lo que se descartó el móvil del asalto.

Los agentes siguieron la ruta del homicida a través de las cámaras de los diversos comercios. Una de alta definición captó las placas de la unidad, que los llevó con la dueña, la suegra del sospechoso, enviado por el autor intelectual, Othón Isaac, que fue paciente de Muñoz, con el que tuvo un romance y resultó embarazada. La víctima se negó a abortar, como le pidió su pareja, con el que tuvo fricciones para que le cubriera las citas al ginecólogo y la clínica del parto. La cesárea se planeó el 22 de octubre, 5 días antes de ser ejecutada.

Se supo que Othón Isaac estudió en el colegio militar y tuvo un alto cargo en la policía turística de Acapulco. Luego llegó a San Luis donde se dedicó a vender productos naturistas para bajar de pesos. Por un interpósito, conoció al gatillero, que cobraría 50 mil pesos por la encomienda. Recibió la mitad como adelanto, el resto consumado el cobarde asesinato. Cuando fue ubicado por los ministeriales, trató de huir por las azoteas vecinas, pero fue capturado.

Otro feminicidio que alteró a los potosinos fue el de la joven de 16 años, Odalis Hipólito que  el sábado 10 de marzo del año en curso, le llamó a su hermano José Hipólito, cuando manejaba un auto, acompañado de su madre. Puso el altavoz. La escucharon decir que estaba en el cumpleaños de una amiga. Iba a pasar la noche en casa de una tía. Les sugirió que al día siguiente fueran a comer y al cine, junto con un amigo que les iba a presentar. Les pidió checar la cartelera por internet para elegir la película.

Las crónicas locales relataron que la víctima quería regresar a la preparatoria Lasalle, ubicada en Reforma, que dejó meses antes. Hija de familiares ambulantes y vendedores establecidos, los ayudó de manera ocasional. También colaboró con su mamá en las labores domésticas. Le gustaba escuchar la música de Adán Zapata a todo volumen. Dicen que sabía andar en la calle. Conoció el centro histórico, ya que hizo la primaria y secundaria en la zona. Aunque era una niña, mostró cierta independencia. Vivía con su madre y dos hermanos, solía quedarse con la abuela, en la colonia San Luis o con una de las tías. Siempre dijo dónde andaba. El sábado por la tarde, metió a su mochila dos playeras, un cambio de ropa interior y los audífonos. Partió a la fiesta.

Odalis Hipólito y un primo caminaron por calles oscuras hasta una casa en Valentín Amador, cerca de la antigua estación del Ferrocarril. Los esperaba su amigo Jorge con su madre y la cumpleañera. Las reseñas establecen que no probó el pastel, sólo pidió un vaso de leche. El domicilio era casi familiar, ya que su pariente se metió a una recámara a ver la tele. La víctima siguió la velada con sus conocidos. Al notar que era tarde, pidió prestado un celular para hablar a su casa. Le llamó a su hermano y una prima. Les dijo que pasaría la noche en casa de una tía. “Adiós carnal, te quiero mucho, nos vemos mañana”. Se despidió luego de planear la ida al cine.

El domingo a las 7 de la mañana, José Hipólito recibe otra llamada del mismo número. Le informan que su hermana está muerta. Era la voz era de la mujer que había facilitado el celular. Se imaginó una broma, pero del otro lado de la línea siguió la cruenta historia. La informante narró que otro de sus hijos salió a trabajar temprano y que se encontró con policías y trabajadores funerarios que bajaron el cuerpo de la jovencita de los barrotes.

Uno de los que participaron en las fúnebres tareas, conocía al testigo y Odalis. Le dijo que la occisa era su amiga. Corrió al domicilio a dar la fatal noticia. La madre se comunicó con los familiares de la caída. José Hipólito se cambió rápido para ir al sitio donde estaba su hermana. Luego les informaron que se había ahorcado en el barandal donde se ubica la zona de transferencia del transporte urbano. Todo era confuso y lleno de dolor. Los afectados no alcanzaron a mirar la grotesca escena. La policía llevó el cuerpo al servicio médico legal de la procuraduría.

Algunos agentes y el ministerio público les dijeron que se trataba de un suicidio. Como la muerte ocurrió en la madrugada, se excusaron de no reparar en nada extraño. Ansiosos de recuperar a la niña, padre e hijo dijeron que no requerían más investigaciones. Veloz, en menos de cuatro horas, el fiscal Ángel Francisco Requena Aguirre, la entregó. Cuando vieron las fotografías de la menor en los diarios, sospecharon que no se trataba de un suicidio. Entonces notaron una herida en el mentón y arañazos en sus manos. Mientras velaban cuerpo, el padre, un tío y el hermano, volvieron a la procuraduría para solicitar se investigara la muerte. Les dijeron que volvieran a los tres días, porque estaban muy ocupados.

Molestos por el trato recibido, esperaron al subprocurador Aarón Edmundo Castro, quien remarcó que todo apuntaba al suicidio, ya que no hubo señales de abuso sexual. No les brindó datos de la necropsia ni abrió alguna pesquisa. En el acta de defunción, se consignó muerte por ahorcamiento. Nunca ahondaron sobre lo qué pasó desde la llamada a las 11:30 del sábado a las 2 de la mañana del domingo cuando pereció. La mujer que notificó el deceso y su hijo Jorge acudieron al velorio el domingo por la noche. José Hipólito los interrogó. Entonces supo que el primo se quedó a dormir en la casa.

La muchacha se despidió a la media noche. Jorge la acompañó al sitio de transferencia, donde tomó un taxi. Le preguntaron el número del auto, contestó no haberlo registrado. Los dos se despidieron, desde entonces no han vuelto a hablar. La procuraduría jamás los citó. Los familiares realizaron varias marchas para exigir se aclare el feminicidio. Se sumó el reclamo de la desaparecida hace 9 meses, Silvia Gómez. En cartulinas dijeron que a Odalys fue asesinada. El colectivo Vivas nos queremos, negó el suicidio, resaltó que es feminicidio. Exigieron la renuncia de Edmundo Castro.

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Juan Manuel Carreras y Martín Juárez, la dupla de la derrota

A la debacle nacional del PRI, no podía faltar la de San Luis Potosí. No obstante el huracán de Morena que los sepultó, todavía se mantiene como dirigente el también inocuo diputado local Martín Juárez Córdoba. Su mayor mérito partidista para ganar el cargo es haber sido delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la etapa que su jefe, el gobernador Juan Manuel Carreras, fue secretario del ramo educativo.

Carreras y Juárez son los responsables de que el PRI haya perdido las principales alcaldías, como la de la capital, Rioverde, Valles, Matehuala y Tamazunchale. Tampoco son mayoría en el congreso local, donde de 27 diputados, apenas lograron 5 curules, tres de mayoría y dos plurinominales, donde se ubica Juárez y la ex oficial mayor del poder legislativo, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, que tiene como principal consigna, defender los millonarios latrocinios de su jefe, el ex mandatario Fernando Toranzo Fernández.

El PRI local consiguió ganar en votaciones abiertas el tercer distrito local, con cabecera en Santa María del Río, donde compitió aliado al Verde Ecologista y Nueva Alianza, Héctor Mauricio Ramírez Konishi. En el distrito 4, con cabecera en Salinas, se impuso, junto con el Verde y Conciencia Popular, Laura Patricia Silva Celis. En el 14, con cabecera en Tancanhuitz, junto con Nueva Alianza y el Verde Ecologista, se coló María del Rosario Sánchez Olivares.

Una de las virtudes capitales de Juárez es obedecer, acatar las órdenes que le dictó de manera férrea Carreras, que tiene alma de panista. Se le recuerda enfundado en una camiseta del PAN, en un mitin del ex presidente Felipe Calderón en la Plaza del Carmen, donde le levantó la mano. Lo que se le sirvió ser después director del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y titular de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, donde obtuvo datos para luego traficar con un lote que le entregó al ente Antorcha Campesina.

Por sus oscuras alianzas con el PAN, Carreras y Juárez jugaron a perder la capital, donde impulsaron como candidata a la directora del DIF estatal, Cecilia González Gordoa, que desempeñó un papel testimonial. Sin recursos ni la estructura institucional de su partido, se concentró en dar entrevistas televisivas. Hizo el cierre de campaña en el palenque de la Feria Nacional Potosina, donde no juntó ni mil seguidores.

Lo cierto es que Carreras y Juárez apostaron al triunfo del candidato del PAN, Francisco Xavier Nava Palacios, sobrino del maximato Horacio Sánchez Unzueta, al que el doctor en derecho le debe su biografía política. Sánchez también tiene de alfil a Fernando Silva Nieto, al que hizo gobernador. Sánchez y Silva proyectaron a Carreras como delegado de Programación y Presupuesto, secretario de desarrollo social y diputado federal, donde trabó amistad con Calderón.

La misma estrategia de abandono activaron en Soledad Carreras y Juárez, donde el PRI postuló a la ex directora de gobernación, Margarita Hernández Fiscal, acusada de coludirse con los dueños de los giros negros, a los que solapó infringir la ley, al no respetar horarios para la venta de alcohol y estar cerca de centros educativos o de iglesias. También fue para facilitar el triunfo del edil perredista, Gilberto Hernández Villafuerte, títere de sus verdaderos y únicos jefes, los ex munícipes Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, con los que Carreras tuvo un pacto inicial, ya que lo ayudaron a ganar con fraude a la abanderada panista Sonia Mendoza.

Ante el creciente clima de violencia en la entidad, donde son cotidianos los asaltos con violencia, ejecutados, desaparecidos y feminicidios, diversos sectores le han exigido de forma reiterada a Carreras, hacer cambios en el gabinete. Se mencionó que el ex gobernador Fernando Silva, podría quedar al frente del sector educativo, en lugar de Joel Ramírez. En el PRI, quitar a Martín Juárez por el oficial mayor, Elías Pecina Rodríguez, cuya escasa currícula se remonta a la etapa en que fue regidor de la capital con el entonces munícipe Luis García Julián. Tras cumplir con encargos electorales en el norte del país, de regreso, Pecina sufrió un choque automovilístico, donde perdió una pierna. Desde entonces lo cubre una aureola de sacrificio en torno a su partido.

Pecina se refugió en la religión protestante, junto con su familia. Ha ocupado diversos cargos administrativos, donde fue nominado “Anciano Gobernador”. En días recientes, le quitaron a uno de sus protegidos, Ariel Martínez Castro, conocido como “El Rey del Moche”. Pecina es quizá el único hombre leal a Carreras, con el que se vinculó hace varios lustros. Alardea ser chofer de su jefe, con el que ha recorrido más de 200 mil kilómetros en la complicada geografía nacional.

Igual que Juárez, Pecina desconoce los intríngulis del PRI. En caso de llegar como desesperado relevo, tendrá como encargo hacer todos los amarres necesarios para garantizar el triunfo del alcalde panista Xavier Nava Palacios, para tomar la estafeta que le deje Carreras. Y afianzarse como diputado local plurinominal con el objetivo de cubrir el retiro del doctor en derecho. Tratar de evitar que no sea llamado a cuentas por sus incontables corruptelas. A mitad del sexenio, aunque ejerce más de 40 mil millones de pesos anuales, no ha hecho una obra relevante.

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A mitad del camino Carreras se muestra debilucho. Un viejo prematuro en lo político

El ex diputado local, ex presidente estatal del PRI y ex enlace del ejecutivo con el congreso, José Ángel Castillo Torres, hace un puntilloso balance de lo que va del sexenio del gobernador Juan Manuel Carreras López, donde no sale favorecido. Le critica su falta de voluntad para ejercer el poder a plenitud, lo que lo pinta como un mandatario debilucho, que ha envejecido en lo político de manera prematura. Con resultados reprobatorios en el campo de la inseguridad. Castillo plantea que tampoco favorece al doctor en derecho el escenario local, ya que no tiene el control del congreso, la mayoría ni las más importantes presidencias municipales. Y peor, no goza de las simpatías del presidente electo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lo que lo obligará a redoblar esfuerzos para sacar adelante las obras programadas. Castillo sostiene que Carreras está obligado a hacer cambios en el gabinete, donde existen figuras que no dieron el ancho. Alistarse para tratar de dejar un relevo, lo que se antoja complicado ante el canibalismo sucesorio que adelantó y enfrentar el esquema presidencialista, donde López Obrador tratará de sembrar sus alfiles.

-Carreras llega cuestionado al tercer año de gobierno.

-El poder desgasta. Sobre todo si se ejerce con titubeos u omisiones. Al respecto Maquiavelo decía, “quien no ejerce el poder, no lo tiene”. Hay además suficientes evidencias de que sus compañeros de viaje, su equipo de gobierno, salvo honrosas excepciones, no muestra capacidades ni oficio político. Le han fallado y provocado un envejecimiento prematuro. Se esperaba más. Sin embargo diversas encuestas reportan que Juan Manuel Carreras está mal calificado por los ciudadanos. Llegó al gobierno acompañado de la fama de ser un hombre preparado, con experiencia y relaciones en los mandos centrales. Un potosino que se había preparado toda su vida para mandar el estado.

“Es doctor en derecho, ex diputado federal, funcionario federal y estatal, corroboraban que había tenido la oportunidad de aprender el oficio de gobernar. Los potosinos abrazaron la esperanza de que tendrían un mandatario de resultados. Pero no fue cierto. Luego de tres años, Carreras empieza a perder fuerza. Se le percibe como una autoridad débil y errática en lo político. En  su capacidad de conducir el gabinete. Ganó la gubernatura con un escaso margen de votos. Tuvo el beneficio de la duda. Hay temas en los que ha sido muy cuestionado. La inseguridad galopante es su talón de Aquiles y puede ser su Waterloo”.

“Hay que sumar la falta de compromiso con un auténtico combate a la corrupción reflejado en la perversión y secuestro que hizo del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción y en especial del nombramiento de un fiscal carnal y del fiscal anticorrupción. El drama de los feminicidios, el mediocre e insuficiente Nuevo Sistema de Justicia Penal. El déficit en las pensiones de los trabajadores del estado, los persistentes índices de marginalidad y pobreza en amplias franjas sociales en todo el estado. El fallido sistema integral de transporte metropolitano conocido como el Metrobús”.

“La ausencia de un plan de movilidad para la capital y zona conurbada. La impunidad que cobija casos como el de la “Ecuación Corrupta”, el asesinato del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda y el del activista del PRI en Valles, Pablo Vázquez Moctezuma. Las narco fosas de Ciudad del Maíz. La desaparición sin resolver de Zoé Zuleica Torres Gómez. Los presuntos moches en la dirección de compras de la Oficialía Mayor y la simpatía gubernamental para que opere el fracking en la huasteca potosina”.

“En  lo político su disminución como líder deriva de la gran derrota sufrida por su partido el pasado primero de julio, que provocó que su candidato a la presidencia de la república, al senado, a las diputaciones y las más importantes alcaldías del estado se perdieran y convirtieran al tricolor en partido de minoría y al ejecutivo en un Napoleón derrotado. La nueva correlación de fuerzas políticas en el ámbito federal y estatal le ha impuesto al gobernador frenos y contrapesos que disminuyen su margen de maniobra, provocan su debilitamiento. A partir de diciembre del 2018 habrá un nuevo presidente de la república que no es de su partido”.

“Su capacidad de gestión será la de un gobernador estándar. Sin privilegios ni derecho de picaporte. Además, Carreras no tiene el control del congreso local ni de las principales alcaldías. No contará con el manejo operativo y económico de los programas federales de apoyo social e infraestructura. Tendrá que tocar puertas y hacer fila para que el estado reciba presupuestos para obras y servicios. Si se toma en cuenta que dependemos en más de un 90% de los dineros que transfiere la federación vía el presupuesto de egresos de cada año, hay que imaginar las limitaciones financieras que tendrá el gobierno de Carreras. El que se habrá de fortalecer será el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ya que tendrá el dinero y poder político para actuar a nivel federal y local”.

Castillo añadió que después de tres años no hay una obra emblemática que asegure al gobierno de Carreras un sitio de honor en la historia. A pesar de que cada año ha contado con más de 40 mil millones de pesos de presupuesto. Ha sido un gobierno que administra la coyuntura, el día a día. El mayor mérito que presume es generar empleos y atraer inversiones destinadas a la industria, comercio y turismo. Pero muchos de los logros son producto de la iniciativa y visión de los grandes capitales nacionales y extranjeros y de las gestiones que los gobiernos de Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo hicieron en su tiempo.

“A Carreras sólo le tocó poner la cereza en el pastel. Lo que abundan son los proyectos que no acaban de concretarse. El Metrobús, la carretera Valles-Tamazunchale, presa La Maroma, nueva infraestructura vial en la glorieta Juárez-zona industrial, recuperación de presas en la zona conurbada de la capital, rehabilitar el centro histórico. Pero las obras de infraestructura, al igual que todos los programas federales de apoyo social a la gente en condiciones de pobreza, dependen del dinero que aporta el mando federal. El gobernador tendrá que doblegarse ante el futuro presidente de la república para que haya presupuesto y se puedan concluir”.

El ex presidente estatal del PRI resaltó que Carreras tendrá que ganarse la confianza de López Obrador y reconocerlo como el nuevo jefe de las instituciones del país y como el portador de un fuerte apoyo social e institucional. Sobre todo en la cámara de diputados y senadores y en 19 congresos locales, que le da una solidez y mando incuestionable. Lo respaldan 30 millones de votos. Sus amigos los tecnócratas del gobierno de Enrique Peña Nieto ya no estarán para ayudarlo. Los resultados de las elecciones del pasado primero de julio cambiaron la geografía política del estado. El PRI fue barrido y enviado al tercer lugar. Significó un doloroso infortunio para el gobernador. Surgió Morena como nuevo actor político dominante. El PAN, aunque maltrecho, logró conservar el segundo lugar. El resto de los partidos mantienen su condición de satélites que orbitan en torno a los grandes. La realidad ha provocado que de manera prematura empiece la lucha por la gubernatura que estará en disputa en 2021. Y aunque faltan tres años ya hay prospectos. En el PAN despuntan Sonia Mendoza, Marco Antonio Gama y Xavier Nava, por el momento. El edil cuenta con el presunto, apoyo y simpatía de Carreras debido a que en el PRI no hay figuras relevantes con posibilidades de ser competitivos. La apuesta por Nava sería la única que tendría alguna posibilidad de garantizar la continuidad y protección que necesita el gobernador cuando se vaya.

En Morena se mueve el secretario de educación, Esteban Moctezuma. El ex candidato a la alcaldía de la capital y notario 32, Leonel Serrato. El senador Primo Dothé. El magistrado administrativo, Juan Ramiro Robledo. En el PRI, el secretario de fianzas, José Luis Ugalde. El ex presidente de la Coparmex local, Gustavo Puente y el ex comisionado de la policía federal, Enrique Galindo. Los forcejeos para ganar terreno en la lucha por la candidatura distraerán al gobierno de Carreras. Le quitarán reflectores e impactarán la espectacularidad de las obras y acciones que pudiera realizar en los próximos dos años. No será el gobernador el principal actor y operador de la sucesión. El proyecto para consolidar a Morena hará que López Obrador sea el factor definitivo. Como presidente de la república buscará ganar la gubernatura potosina. A menos que su desempeño sea tan malo en los próximos dos años que lo incapaciten en la empresa para renovar los poderes locales. Morena y el tabasqueño cuentan con el poder presidencial y los recursos económicos para la aventura.

El ex diputado local aseveró que Carreras tiene frente a sí un panorama complicado. Debe evitar el derrumbe de su gobierno. Acumular fortalezas para entregar cuentas positivas y ganarse un sitio de honor en la historia potosina. Llegar con posibilidades de operar con eficiencia su relevo en 2021. Hasta hoy una parte importante de su fracaso se debe a su equipo. Ya han transcurrido tres años y conoce quiénes dieron el ancho o solo simulan y lo meten en problemas. Para Carreras ha llegado la hora de “gobernar al gobierno”. De poner un hasta aquí a la ineptitud y ausencia de resultados de algunos de los integrantes de su gabinete legal y ampliado. El mandatario sabe que gobierno que no renueva la esperanza está condenado al desprestigio y rechazo del pueblo. Por tal circunstancia, se esperaría que entre noviembre del año en curso y enero del próximo, de manera gradual, se dieran algunos cambios en el equipo para enfrentar los nuevos desafíos que aparecieron luego de la gran derrota del primero de julio y el desgaste natural que ya se observa.

“Carreras se ha ganado la fama de ser muy pausado para tomar decisiones. Pero ante un escenario emergente como el que hoy lo golpea, la exigencia es renovarse o morir. El pragmatismo y su sentido de la realidad hacen previsible que optará por cambiar a una parte de su equipo. Muchos ya tuvieron la oportunidad y la desaprovecharon. Ahora lo importante es construir un cierre lo menos traumático que se pueda. Con un congreso del estado adverso, presidentes municipales que no le deben el puesto y que tienen lealtades hacia otros actores políticos, una ciudadanía vigilante y con capacidad para presionar, un gobierno federal que tiene un proyecto político incompatible con el suyo, un escaso margen de maniobra en cuanto a presupuestos para obras y acciones y una sucesión adelantada, obligan a Carreras a cambiar su estilo ortodoxo”.

“El reto será aprender a gobernar en la pluralidad. Privilegiar el diálogo y la negociación. Dar resultados indiscutibles. Menos retórica y más acción. Un ya basta a la inseguridad. Más juego a la gente. Fin de la impunidad. Transparencia y rendición de cuentas y asumir que se gobierna obedeciendo. El viejo modelo autoritario que se regía por el dogma de que: el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar, se extinguió hace tiempo. Tuvo que hacer de tripas corazón y acudir a la toma de protesta de Alejandro, Jano, Segovia, como presidente municipal en Matehuala a pesar de su evidente animadversión. Pero la paciencia del gobernador y su talante de presunto demócrata serán puestos a prueba muchas veces más en los próximos meses. Tendrá que sortear las embestidas del círculo rojo y de la opinión colectiva adversa. Los reclamos de ciudadanos indignados como el que lo cuestionó afuera de la unidad deportiva de la universidad autónoma, por el hartazgo ante tanta ineficacia en el combate a la inseguridad. Tiene que administrar con estoicismo y entereza los certeros cuestionamientos que le harán diputados opositores bastante aguerridos como Eugenio Govea y Edgardo Hernández Contreras. Estar vigilante y con atinados reflejos ante probables conspiraciones orquestadas por el Joseph Fouché del congreso local, el diputado Cándido Ochoa, quien gusta de tejer complots en la oscuridad y aprovechará cualquier descuido o debilidad  para tomar revancha por los muchos desprecios y ninguneos a lo que ha sido sometido. Y porque el otrora vicegobernador también quiere ser el elegido en el 2021”.