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Toranzo, cínico monje tibetano

Reapareció en Valles, en un festejo del hospital regional, el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, acompañado de su nueva pareja. El sello distintivo de su sexenio fueron las corruptelas en términos exponenciales. Usó el erario para convertirse en un nuevo rico, de los más boyantes de la entidad. La ex presidenta del DIF, María Luisa Ramos Segura, su ex cónyuge, exigía sobornos a los diversos proveedores hasta del 30%. Fue escandalosa la transacción que hizo con unos vendedores de equipo policiaco de Nuevo León, que le ofertaron insumos por 3 mil millones de pesos.

En una sola jugada se estima que ganó 90 millones de pesos, con la mano en la cintura. Con uno de sus hermanos, obtuvo pingues ganancias en las turbias compras de estufas ecológicas. Se le ubicó como socia del ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, en complejos inmobiliarios que ejecutan en Pozos, donde han despojado con métodos violentos a ejidatarios que se niegan a vender a precios de regalo.

Ramos se jactaba de haber sacado de la miseria al galeno, que en la etapa de estudiante de medicina, se iba de mojado a Estados Unidos, a limpiar el estiércol de vacas y cerdos. Luego, por las tardes, ya de regreso a sus labores académicas, se desempeñó como abonero. Incluso vendió bolsas de aserrín con diésel, que se usaban para calentar los boileres de agua. Sin el mínimo pudor, Toranzo dijo que se convirtió en monje tibetano, por lo que ya no le interesa la política, que usó inmoral para acrecentar su hacienda. Se dice que ahora habita la casa paterna, en Venado, donde se gasta impune el dinero que le arrebató a los potosinos

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Juan Manuel Carreras y Martín Juárez, la dupla de la derrota

A la debacle nacional del PRI, no podía faltar la de San Luis Potosí. No obstante el huracán de Morena que los sepultó, todavía se mantiene como dirigente el también inocuo diputado local Martín Juárez Córdoba. Su mayor mérito partidista para ganar el cargo es haber sido delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la etapa que su jefe, el gobernador Juan Manuel Carreras, fue secretario del ramo educativo.

Carreras y Juárez son los responsables de que el PRI haya perdido las principales alcaldías, como la de la capital, Rioverde, Valles, Matehuala y Tamazunchale. Tampoco son mayoría en el congreso local, donde de 27 diputados, apenas lograron 5 curules, tres de mayoría y dos plurinominales, donde se ubica Juárez y la ex oficial mayor del poder legislativo, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, que tiene como principal consigna, defender los millonarios latrocinios de su jefe, el ex mandatario Fernando Toranzo Fernández.

El PRI local consiguió ganar en votaciones abiertas el tercer distrito local, con cabecera en Santa María del Río, donde compitió aliado al Verde Ecologista y Nueva Alianza, Héctor Mauricio Ramírez Konishi. En el distrito 4, con cabecera en Salinas, se impuso, junto con el Verde y Conciencia Popular, Laura Patricia Silva Celis. En el 14, con cabecera en Tancanhuitz, junto con Nueva Alianza y el Verde Ecologista, se coló María del Rosario Sánchez Olivares.

Una de las virtudes capitales de Juárez es obedecer, acatar las órdenes que le dictó de manera férrea Carreras, que tiene alma de panista. Se le recuerda enfundado en una camiseta del PAN, en un mitin del ex presidente Felipe Calderón en la Plaza del Carmen, donde le levantó la mano. Lo que se le sirvió ser después director del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y titular de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, donde obtuvo datos para luego traficar con un lote que le entregó al ente Antorcha Campesina.

Por sus oscuras alianzas con el PAN, Carreras y Juárez jugaron a perder la capital, donde impulsaron como candidata a la directora del DIF estatal, Cecilia González Gordoa, que desempeñó un papel testimonial. Sin recursos ni la estructura institucional de su partido, se concentró en dar entrevistas televisivas. Hizo el cierre de campaña en el palenque de la Feria Nacional Potosina, donde no juntó ni mil seguidores.

Lo cierto es que Carreras y Juárez apostaron al triunfo del candidato del PAN, Francisco Xavier Nava Palacios, sobrino del maximato Horacio Sánchez Unzueta, al que el doctor en derecho le debe su biografía política. Sánchez también tiene de alfil a Fernando Silva Nieto, al que hizo gobernador. Sánchez y Silva proyectaron a Carreras como delegado de Programación y Presupuesto, secretario de desarrollo social y diputado federal, donde trabó amistad con Calderón.

La misma estrategia de abandono activaron en Soledad Carreras y Juárez, donde el PRI postuló a la ex directora de gobernación, Margarita Hernández Fiscal, acusada de coludirse con los dueños de los giros negros, a los que solapó infringir la ley, al no respetar horarios para la venta de alcohol y estar cerca de centros educativos o de iglesias. También fue para facilitar el triunfo del edil perredista, Gilberto Hernández Villafuerte, títere de sus verdaderos y únicos jefes, los ex munícipes Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, con los que Carreras tuvo un pacto inicial, ya que lo ayudaron a ganar con fraude a la abanderada panista Sonia Mendoza.

Ante el creciente clima de violencia en la entidad, donde son cotidianos los asaltos con violencia, ejecutados, desaparecidos y feminicidios, diversos sectores le han exigido de forma reiterada a Carreras, hacer cambios en el gabinete. Se mencionó que el ex gobernador Fernando Silva, podría quedar al frente del sector educativo, en lugar de Joel Ramírez. En el PRI, quitar a Martín Juárez por el oficial mayor, Elías Pecina Rodríguez, cuya escasa currícula se remonta a la etapa en que fue regidor de la capital con el entonces munícipe Luis García Julián. Tras cumplir con encargos electorales en el norte del país, de regreso, Pecina sufrió un choque automovilístico, donde perdió una pierna. Desde entonces lo cubre una aureola de sacrificio en torno a su partido.

Pecina se refugió en la religión protestante, junto con su familia. Ha ocupado diversos cargos administrativos, donde fue nominado “Anciano Gobernador”. En días recientes, le quitaron a uno de sus protegidos, Ariel Martínez Castro, conocido como “El Rey del Moche”. Pecina es quizá el único hombre leal a Carreras, con el que se vinculó hace varios lustros. Alardea ser chofer de su jefe, con el que ha recorrido más de 200 mil kilómetros en la complicada geografía nacional.

Igual que Juárez, Pecina desconoce los intríngulis del PRI. En caso de llegar como desesperado relevo, tendrá como encargo hacer todos los amarres necesarios para garantizar el triunfo del alcalde panista Xavier Nava Palacios, para tomar la estafeta que le deje Carreras. Y afianzarse como diputado local plurinominal con el objetivo de cubrir el retiro del doctor en derecho. Tratar de evitar que no sea llamado a cuentas por sus incontables corruptelas. A mitad del sexenio, aunque ejerce más de 40 mil millones de pesos anuales, no ha hecho una obra relevante.

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Stevens paga 18 millones de pesos por la renta del edificio donde despacha

En casi 13 años, el gobierno estatal le otorgó casi 18 millones de pesos a la familia del ex comandante de la policía federal de caminos en retiro, Miguel Ángel Obregón Arrellano, ligado al coordinador de seguridad del centro histórico, al ex regidor de la capital, Miguel Naya Guerrero, por la renta del edificio San Miguel que se ubica en Cordillera Himalaya 295, colonia Garita de Jalisco, donde están las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Los gobiernos en turno hacen contratos de arrendamiento por año, lo que permite al beneficiario aumentar el costo del servicio, además de una serie de prendas a favor del dueño que se asientan en las cláusulas del documento.

El último contrato del inmueble se convino por un millón 266 mil 300 pesos más iva, pagados en 12 mensualidades de 105 mil 525 pesos. El convenio lo firmó el oficial mayor Elías Jesrael Pecina Rodríguez, el titular de la Seduvop, Leopoldo Stvens Amaro y la propietaria del edificio, María Eugenia Rivera Nieto, esposa de Obregón Arellano. Como testigos aparecen el director de servicios administrativos y el subdirector de servicios básicos de la oficialía mayor, Manuel Ariel Martínez Castro y José de Jesús González Carrillo.

En el 2016 firmó el convenio el mismo equipo de gobierno y el copropietario del inmueble Miguel Ángel Obregón Rivera, hijo del comandante en retiro y su madre María Eugenia Rivera. El monto del contrato se tasó en un millón 241 mil 472 pesos más iva. Obregón Rivera compareció en el acto con un poder especial y general para pleitos y cobranzas y actos de administración que se le otorgó el 27 de marzo del 2012 ante la fe del notario adscrito 16 Salvador Pedraza Romero.

Desde el 2004 hasta el 2017 se abarcan 5 años del panista Marcelo de los Santos Fraga, el sexenio de Fernando Toranzo Fernández y dos años de Juan Manuel Carreras. Le han pagado a la familia del policía de caminos, 17 millones 950 mil pesos. Solo del 2016 al 2017, Carreras le cubrió más de 3 millones de pesos. En un año la renta se incrementó 24 mil 828 mil pesos. Marcelo de los Santos fue el que inició el servicio de arrendamiento en el 2004, un año después de asumir el cargo. La dependencia antes de cambiarse se ubicó en la avenida Universidad 526 en el centro histórico, edificio que también se alquiló. Ahora son las oficinas de Telégrafos de México.

Toranzo y Carreras mantuvieron el arrendamiento, ya que su jefe, el maximato Horacio Sánchez Unzueta, es amigo cercano del ex comandante de la policía de caminos, Miguel Naya Guerrero. Cuando llegó a San Luis como comisionado, tuvo bajo su férula a Obregón Arellano, junto con los agentes Rafael Navarro Ortiz, Víctor Manuel Torres, Francisco Xavier Salazar Soni, Fernando Rojo y José Luis Mejía Ocampo. Los dos últimos sus socios en empresas de seguridad privadas.

Obregón Arellano fue después comisionado de la Policía Federal Preventiva en Tamaulipas y luego en Tabasco. En el 2007, el secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, lo removió. En su lugar dejó a Arturo Hernández Valle. Obregón se retiró. Vive en la huasteca, de donde es su esposa. Compró dos ranchos. Mantiene una amistad estrecha con Naya Guerrero. El terreno donde se ubica la Seduvop tiene 615 metros cuadrados. En 1994, el ciudadano Enrique Velázquez Bravo se lo compró con reserva de dominio a la Comisión para Regularizar la Tenencia de la Tierra en 9 mil pesos. En marzo del 2001, Velázquez vendió el predio a Miguel Ángel Obregón Rivera y al menor Mario Alejandro Obregón Rivera, representado por su madre, María Eugenia Rivera Nieto. Testificó la compraventa el notario Federico Garza Herrera, hoy procurador de justicia. El precio fue 30 mil 750 pesos.

El 28 de enero del 2017, los hermanos Obregón Rivera firmaron un contrato de donación pura, gratuita e incondicional a favor de su madre María Eugenia Rivera del lote 8, manzana 36, zona uno, localizado en Cordillera Himalaya, con una superficie de 615 metros cuadrados. El contrato de arrendamiento solo beneficia al arrendatario. La base que se fija es el índice nacional de precios y cotizaciones. La variable inflacionaria se ubica en el rango de los 24 mil a 30 mil pesos. El edificio se renta sin ningún mobiliario. No maneja algún programa de mantenimiento. Las rehabilitaciones corren por cuenta del estado.

La Seduvop paga el teléfono, agua potable, energía eléctrica y otros servicios que se llegaran a contratar. Lo debe mantener en condiciones óptimas. Implementar medidas de seguridad para el inmueble y las personas. Leopoldo Stevens también le arrendó al comerciante inmobiliario Gustavo García Suárez el edificio que se ubica en Pascual Moreno Hernández y 5 de mayo para reinstalar a la trabajadora María de Jesús Almendárez Nieto. Le pagará 59 mil 500 pesos en siete mensualidades de 8 mil 500 pesos más iva. El importe lo cubrirá la Secretaría de Finanzas. Obregón Arellano también le renta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano el edificio que ocupa la dependencia federal. Se localiza en Cordillera Himalaya 490, en la colonia Garita de Jalisco.

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Peculados todos los días

El ex candidato independiente a la gubernatura, Edgardo Rubín de Celis, destacó que las lámparas que pretende instalar el ayuntamiento, las quiere cobrar 25 a 1, respecto a las que se han colocado en otras partes de la república. Las más baratas se han cotizado en mil 294 pesos. Aludió a un alcalde de Ciudad Juárez, que al inicio del trieno dio «suichazo» al inaugurar el alumbrado en la zona más oscura. En San Luis pretenden que se pague un dineral. «No estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia que se amplíe el contrato con la empresa Panavi, ya que nació viciado. Como litigante, conocemos varias acciones que se pueden realizar, ya que se trata de un convenio leonino. En el cabildo se autorizó el incremento de 112 millones. Ahora le toca al congresp resolver. Pero los diputados están maniatados ya que buscan reelegirse en el 2018. No vamos a permitir sigan en el cargo personas que no han realizado nada por la ciudadanía».

Añadió que no se vive un estado de derecho ya que los poderes están coercionados. El gobernador Juan Manuel Carreras es un hombre tibio, tiene amordazado al poder legislativo. El edil Ricardo Gallardo comete peculados todos los días. Viola las licitaciones y todas las demás reglas. Construye con sus propias empresas. Ahora pretende engañar a los votantes con las luminarias. Hace poco, la auditoría superior del estado, le hizo observaciones por mil 500 millones de pesos. Pero al quejarse varios activistas y actores políticos de forma agresiva, salió que el ayuntamiento tiene un 10 en transparencia. «No podemos vivir con tantos ilícitos donde se estrangula a los potosinos. Con tales gobiernos, se debilita la economía. Los organismos como la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y la Ase no actúan para revisar el gasto público. Gallardo tiene con un pie en el cuello al cabildo, por lo que le autorizaron las luminarias. Las protestas de varios grupos y las redes sociales lograron retrasar un poco los beneficios que buscan entregar a Panavi. Es como si nos gobernara una pandilla donde unos se tapan con otros. Como el caso de la proveedora Sandra Sánchez Ruiz, una señora muy cercana a Gallardo».

Por su parte, los empresarios e industriales a la Canacintra, Canaco, Coparmex, Usuarios de la Zona Industrial, Cámara de la Industria Restaurante y de la construcción, negaron avalar las proyecciones de Panavi. En un desplegado manifestaron que es poco ético, no es concebible dar entrada a algo irregular, poco serio, que se nota como un perjuicio a las finanzas públicas. No podían dar anuencia a nuevas negociaciones con alguien que no cumplió en el primer contrato. Aunado a que priva la opacidad en los datos. Le pidieron a los legisladores no aprobar la iniciativa que presentó Gallardo y mostrar su compromiso con la ciudadanía. Exigieron se cancelara el contrato con Panavi e iniciar otro concurso. Precisaron que el ex edil Mario García proyectó el cambio de 47 mil lámparas led. A través de licitaciones nada transparentes, el congreso, de manera irresponsable, autorizó endeudar el ayuntamiento con mil 300 millones de pesos. Establecieron que Panavi no cumplió lo acordado y ahora le quieren ampliar los fondos.

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, resaltó que existen presuntos intentos de soborno a legisladores para que voten a favor del caso Panavi. Destacó que están obligados a resolver a la brevedad y votar en contra. “Hay en juego miles de millones de pesos, lo que podría representar una gran tentación para muchos. Además, los informes son incompletos y confusos, lo que ha creado serias sospechas». Informó que la diputada de su partido, Lucila Nava Piña, desde un principio asumió votar en contra de lo que se podría convertir en el hurto multimillonario en la historia de la entidad potosina.

Govea Arcos expuso que si el ayuntamiento asumiera su trabajo, no es necesario concesionar el servicio de alumbrado, porque tiene recursos y trabajadores suficientes para hacerlo, sin necesidad de contratar a un particular. Expuso que es lamentable evidenciar incapacidad en un tema tan simple como cambiar y reponer lámparas y se comprometan las arcas municipales al asumir una nueva deuda. Añadió que la Auditoria Superior de la Federación, podría dar una sorpresa sobre las irregularidades detectadas en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández, ya que existen anomalías que podrían ubicarlo en una postura incómoda.

La ex vocera del panista Marcelo de los Santos y directora del portal electrónico Código San Luis, María Luisa Paulín, que antes se confrontó de manera radical con los magnates Pablo y Miguel Valladares, a los que ridiculizó con panfletos, destacó que el negocio de mil 500 millones se orquestó en el trieno de Mario García. Ahora se ha convertido en una lucha visceral del codueño del periódico Pulso y San Luis Hoy, Pablo Valladares que se confronta con los presuntos dueños de Panavi, Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. También figura su sobrino, Juan Carlos Valladares Eichelman, hijo de Juan Carlos Valladares García, cercano en los afectos del mandatario Enrique Peña, que casi lo cuela como candidato a gobernador en lugar del ex diputado federal, Juan Manuel Carreras. Previo al destape, Pablo Valladares amenazó al PRI de no ungirlo o que se atuvieran a las consecuencias. Otro posible beneficiario es Carlos Torres Rodríguez, hijo del dueño del consorcio radiofónico Global Media, Carlos Torres Corzo… continúa (tomado de la versión impresa, ABRIL 2017)

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Carreras, ahogado por facciones internas y el feroz protagonismo de Gallardo Juárez

Lo más sobresaliente del primer año de gestiones del gobernador Juan Manuel Carreras López fue garantizarle impunidad a su predecesor y mecenas, el galeno de bajísimo perfil, Fernando Toranzo Fernández. Cuando asumió el mando estableció que no iba a ser cómplice de corruptelas e impunidades. Fue lo que concretó para sepultar los incontables latrocinios de su todavía jefe, que lo hizo secretario del ramo educativo y lo puso en la contienda interna del PRI para ser ungido por el dedazo del presidente Enrique Peña Nieto. Sólo por su currículo académico, doctor en derecho, Carreras superó a los demás contendientes, pero era el más pusilánime. Al cobijo de la estructura económica y política que el garantizó su impulsor, dejó en el camino al bronco dirigente de la Confederación Nacional de Transportistas de México, Elías Dip Ramé. Al irascible magnate Juan Carlos Valladares. Al ex senador José Ramón Martell. Al ex diputado federal y actual cónsul en el condado de San Bernardino, California, Salomón Rosas, entre otros.

No existe una calle, un puente, una carretera, que se adjudique al desempeño de Carreras, que comparte el mando con infinidad de grupos políticos que le patrocinaron la campaña. Tiene de asfixiante contrapeso al dueño de los diarios Pulso y San Luis Hoy, Pablo Valladares, que le impuso como secretario de gobierno al ex director del periódico La Razón, Alejandro Leal Tobías, al que le atribuyen tener el control absoluto de las riendas. Lo que le permite hacer también varios negocios con el presupuesto. Gracias a sus influencias, su hermano, el contratista Guillermo Leal Tobías, acapara obras en diversos sectores. Otro impulsor secreto de Carreras, que también gira órdenes, es el maximato Horacio Sánchez Unzueta, que mantuvo como directora del consejo tutelar de menores a su esposa, Concepción Guadalupe Nava Calvillo. El ex mandatario de cuatro años es inamovible como encargado de regenerar el centro histórico, donde sólo ha generado estropicios con trabajos de dudosa calidad, caros y tardados.

Por su impericia, causó el cierre de decenas de comercios. Tampoco rinde cuentas claras de las cantidades millonarias que maneja. Además de Toranzo, se ha ventilado que también ejerce una gran influencia sobre Carreras el diputado federal Cándido Ochoa Rojas, al que al menos le debe no haberlo vetado. Se le ubica como el verdadero manejador del congreso local y poder judicial. Tapizó las dependencias estatales de incondicionales. A Ochoa lo llaman además el poder tras bambalinas. A Carreras lo limita el llamado Grupo Tamaulipas, esparcido en todo el gabinete. Antes se ubicó como cabecilla al ex director del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, César García Coronado, que colocó sin ambages como titular de la Comisión Estatal del Agua a Jesús Alfonso Medina Salazar. Hizo secretario de agricultura a Manuel Alejandro Cambeses Ballina y delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación al huasteco Gastón Santos Ward. Se especula que García coló al secretario de turismo, Arturo Esper Sulaimán, que también podría deberle el cargo a Sánchez Unzueta, que controla al director de los parques Tangamanga, Antonio Esper Bujaidar, padre del funcionario. En la legión extranjera destaca el oficial mayor, Elías Pecina Rodríguez, que opaca a su jefe con sus férreas decisiones. Se dice que lo controla por su habilidad discursiva como ministro protestante. En la misma tesitura se ubica al secretario de seguridad, el rebelde ex general Arturo Gutiérrez García y Alejandro Leal, entre más.

En forma prematura se ha establecido que Carreras es una copia fiel de Toranzo, lo que augura para los potosinos otro sexenio perdido. Pero todavía el cirujano lo supera, ya que por su conducta bipolar, explosiva e intestinal, se sacudió la tutela de Sánchez Unzueta, al correr del gabinete al que fuera su jefe de asesores, Juan José Rodríguez. Al consejero jurídico, Leonel Serrato Sánchez y al mismo cuñado de su mentor, el ex secretario de la Seduvop, Luis Alfonso Nava Calvillo. Parece que el fatalismo se ensañó con Carreras, que tiene al frente del ayuntamiento de la capital al polémico y exhibicionista alcalde del PRD, Ricardo Gallardo Juárez, quien desde el inicio del trienio apareció todos los días en las primeras planas de los diarios. Enemigo de la crítica, derrochador, prepotente, el edil se ha dedicado a hacer negocios con el erario. No licita las obras, las entrega a un grupo de prestanombres a los que cobra un elevado diezmo y las ejecuta con pésima calidad.

Gallardo se imagina intocable porque se coludió con el PRI para sacar a flote a Carreras. A través de un mega fraude en contra de la panista Sonia Mendoza, se estima que aportó más de 200 mil votos para evitar la inminente alternancia. Lo que valió también para lograr la libertad de su hijo Ricardo Gallardo Cardona, acusado de malversar 200 millones de pesos y tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Con el empuje de sus protectores locales Sánchez Unzueta, Toranzo y Cándido Ochoa, Gallardo se volvió un fenómeno político que le permitió ganar los dos municipios más grandes de la entidad, varias curules locales y federales, que lo proyectan como el único y verdadero gobernador de San Luis. Aprovecha el perfil timorato de su vecino, al que tiene con un pie en el cuello. Lo utilizó de ornato cuando inauguró la llamada Feria Nacional de la Enchilada de Soledad y en el arranque del Festival de la Cantera, que desplazó al que antes hacían cada año los anteriores mandatarios. Pulverizado, Carreras ha optado por la penumbra. Se esconde de sus votantes en otros municipios, donde aparece como invitado de honor para inaugurar menguadas ferias regionales. Otro de sus aportes intrascendentes.

Ricardo Gallardo se ha convertido en un auténtico fenómeno político. Hizo factible la utopía de que el PRD ganara la capital, considerada un bastión exclusivo del PAN y PRD. Convirtió en añicos las predicciones de que su fracaso político era seguro, ya que Soledad no era San Luis. Al contrario, su capacidad corruptora le ha permitido establecer nuevas y sólidas alianzas con los barones del dinero, donde figura el boyante contratista Carlos López Medina, al que permite explotar el negocio del agua en sus fraccionamientos exclusivos, como una autoridad paralela. Antes se estilaba que los gobernadores pisoteaban al munícipe que tenían al frente. Lo hizo Marcelo de los Santos con Octavio Pedroza, al que provocó el llanto en público y lo obligó a volver a entregar unas motocicletas a los agentes viales. Toranzo desató una cacería brutal, ominosa, en contra de Victoria Labastida, que por patrocinar con fondos públicos la campaña presidencial de Peña Nieto, fue destapada candidata a senadora. Si ganaba, iba a poner en crisis los planes transexenales de Sánchez Unzueta. Carreras y Gallardo serían ahora parte del anecdotario. El controvertido alcalde salió a flote, no obstante tener en contra la dirigencia nacional de su partido, que lo acusó de ser el Abarca de la entidad. También superó a los demás partidos en las oscuras y denigrantes tareas del populismo. Y dará más sorpresas si busca relevar a Carreras por la vía independiente o adquiere la franquicia del Movimiento de Regeneración Nacional para hacer proselitismo en el 2018, vestido de demócrata, al lado del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

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Por mayoría de votos, aprueban la ofensiva última cuenta de Fernando Toranzo

En los cuestionamientos que hizo al informe final de auditoria de la cuenta pública 2015 del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, la diputada panista Xitlálic Sánchez Servín destacó que el invernadero de Santa Rita representó el ícono más grande de opacidad al no registrar ganancias. Calificó de inaceptable que el auditor superior, José de Jesús Martínez Loredo, no haya observado ni la mitad de un punto del presupuesto ejercido ni haber reparado en la ganancia ilícita de 34 millones de pesos que obtuvo el contratista Rodolfo Ramos Segura, hermano de la presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, en la compra de estufas ecológicas. Sánchez Servín fue la primera en subir a la tribuna para rechazar el trabajo realizado por Martínez que apenas objetó arriba de 103 millones de pesos de observaciones financieras a la cuenta pública 2015. Lo que significó el 0.49% del presupuesto de 21 mil millones 135 mil 514 pesos. Indicó que el órgano fiscalizador no investigó la adjudicación para instalar más de 34 mil estufas que se compraron a sobreprecios a una empresa que perteneció a Ramos, donde obtuvo una ganancia ilícita por más de 34 millones de pesos. Hecho que denunció uno de los participantes. “¿Cuáles fueron los señalamientos y presuntos delitos en que se incurrieron en la compra e instalado de 60 mil estufas ecológicas que reportó el ex gobernador Toranzo, en su sexto informe?. ¿Dónde están las observaciones en torno a las adjudicaciones y supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a familiares?”, inquirió.

La diputada del PAN afirmó que en materia de salud, durante el último año de Toranzo, se dio cabida y gastaron más de 400 millones de pesos en empresas de outsourcing lo que representó casi el 15% de los 3 mil 412 millones de pesos ejercidos por los Servicios de Salud en el estado, cuando la dependencia hasta antes del 2009 contrató personal con sus propios recursos.   No se investigaron ni se hicieron públicos los nombres de las empresas que pertenecieron a familiares del ex gobernador, que rescindían contratos y corrían a su suerte a los médicos y administrativos, sin pagarles un solo centavo de indemnizaciones. Expuso que tampoco fue observada por la Ase, la Torre Médica del hospital general de Valles, que se inunda en la parte baja. Se tuvo que destruir una pared para desahogar el agua en los últimos meses. Tampoco se investigó la outsourcing que la opera. Calificó de inexistente y una burla la supuesta conservación del eje carretero Xolol-Tamuín, que reportó Toranzo en el sexto informe. Manejó erogar 158 millones de pesos para conservar carreteras estatales. La diputada aseguró contar con las evidencias de que el tramo carretero está destruido y lleno de baches. Lo que originó en agosto del 2015 una protesta de ganaderos. “Es una burla que no veamos una denuncia o seguimiento al dinero supuestamente erogado”.

Sánchez cuestionó que en el rubro de infraestructura hidráulica, Toranzo alardeó culminar y entregar el sistema de agua potable Tének con lo que benefició a 8 mil 500 personas. En realidad se trata de una obra de mala calidad que tampoco observó Martínez Loredo. Metió tubería usada y vieja que pertenecía al sistema Tanchachín, el agua no llega a comunidades alejadas como Tamarindo, Chuchupe y Ojo de Agua de la Cordillera Tenek. Sánchez Servín objetó que el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, reportó en el 2015, gastos por 10 millones de pesos para difundir el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sin que existan evidencias de las erogaciones. A San Luis Potosí le destinó en el 2014 y 2015, 100 millones de pesos para los rubros de capacitaciones, infraestructura y equipamiento del nuevo sistema de justicia. La legisladora del PAN dijo que en casi todas las dependencias en el 2015 hubo opacidad, excesos y despilfarro del dinero del pueblo. En más de una, malversación de recursos y un estilo caciquil al mal gastar el dinero de los potosinos. Los invernaderos de Santa Rita no reportaron ganancias en el 2015. El dato contrasta con lo dicho por el secretario de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos, Héctor Rodríguez Castro. En una entrevista de enero, reveló que en cada ciclo se producen 10 mil toneladas de tomate gurmet. El costo por tonelada era de 400 dólares por lo que las ventas rondaban los 4 millones de dólares. ¿Dónde está el dinero que dejan los huertos?, preguntó Sánchez. Calificó de cómplice al que votara a favor de la última cuenta de Toranzo.

En su turno, la también panista Josefina Salazar afirmó que en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se presentaron casos documentados de irregularidades y presumibles actos de corruptelas en el ejercicio 2015 en un presupuesto cercano a los 580 millones de pesos. Pero no fue revisado por la Ase. Enumeró entre las anomalías del DIF, los precios exorbitantes en la compra de productos básicos para los programas de desayunos escolares y la entrega de despensas, que repartía a la gente más vulnerable. Precisó que Toranzó pagó el kilo de harina de maíz a 12.30 pesos cuando Distribuidora Conasupo lo ofrecía a 9 pesos. El sobreprecio fue del 36%. Compró el kilo de arroz en 15.40 pesos cuando Diconsa lo tenía en 8.86 pesos. El incremento fue del 70%. El kilo de frijol lo adquirió en 26.8 pesos cuando lo pudo comprar en 16.45. El aumento fue del 60%. Además de los costos alzados, las compras se realizaron mediante contrato directo a parientes de funcionarios de alto nivel.

Por el cúmulo de irregularidades, añadió, el gobernador Juan Manuel Carreras inició un proceso administrativo ante la contraloría estatal. También rechazó el otorgamiento ilegal de plazas de base a trabajadores de confianza e inició pesquisas contra el ex director jurídico del DIF, Héctor del Castillo Chagoya, que al mismo tiempo cobró servicios profesionales por 2 millones 600 mil pesos en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología y 750 mil pesos en el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Estableció que la contraloría estatal inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos al ex funcionario. Pero no se le exigió resarcir el daño económico ni se fincaron cargos a su jefa inmediata, María Luisa Ramos Segura. Salazar indicó que el solo caso del DIF era suficiente para no creer en el trabajo del auditor, que calificó de inverosímil e incongruente. Argumentó por qué los legisladores del PAN no aprobarían la cuenta de Toranzo. Estableció que no se fiscalizaron los ingresos propios de varias dependencias. Las variaciones y ampliaciones al presupuesto que de 37 mil 500 millones de pesos pasó a 41 mil millones. La diferencia se destinó en su mayoría al rubro de servicios personales, cuando la ley exige se aplique al gasto social.

La Ase no revisó el destino del crédito de 750 millones de pesos que se autorizó a Fernando Toranzo para apoyar la llegada de la trasnacional BMW. No constató que los recursos se aplicaran de manera responsable, trasparente y con apego al decreto. Cuestionó que en el ejercicio 2015, de 2816 procesos de adquisiciones, el 70% se hizo por adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Y solo el 25% a través de licitaciones públicas como marca la ley. La también presidenta del congreso local aseguró que un argumento irrebatible que desmiente el informe final de auditoria presentado por la Ase, un hecho que perciben los ciudadanos, son los datos que arrojó la encuesta nacional de impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática en el 2014. Entonces se ubicó a San Luis como el estado más corrupto del país. La tasa de prevalencia por cada 100 mil habitantes fue de 17 mil 907 ciudadanos. Significa que 465 mil 57 personas fueron víctimas de hechos indecentes. “La realidad fue visible para todos, incluso para Martín Toranzo, hermano del ex gobernador, que a finales del 2014 denunció por extorsión y cohecho a funcionarios estatales por involucrarlo en el reparto de obras y contratos. No se supo el final de la denuncia. No se investigaron los señalamientos ni se deslindaron responsabilidades en el informe de la cuenta pública”.

El legislador panista Héctor Mendizábal Pérez respaldó los comentarios de sus compañeras de bancada. No votaría a favor de la cuenta de Toranzo porque no se observaron los principios generales de contabilidad, que permiten garantizar el trabajo de análisis. Calificó de irresponsable, ilegal e injusto, evaluar con un solo dictamen la cuenta final del galeno, cuando abarca 3 meses de Juan Manuel Carreras. Dijo que de acuerdo al estudio que realizó el consejo ciudadano de transparencia y vigilanacia para adquirir y contratar obra pública estatal, durante el periodo del ex gobernador Toranzo, las adjudicaciones directas se dispararon en más del 60%. En el actual gobierno se recuperaron los niveles entre el 11 y 14%. Preguntó si sería justo calificar el desempeño de la actual presidenta del DIF, Lorena Valle, por el despliegue que tuvo María Luisa Ramos…continúa (tomado de la revista, JULIO 2016)