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Con un mediocre desempeño a cuestas, supeditados al ejecutivo, algunos diputados buscan reelegirse

En el congreso local, ya empezó la desbandada de los diputados chapulines que buscan otro cargo o repetir otros 3 años más, ya que 9 de 27, han manifestado sus intenciones de competir en los comicios del 2 de junio del actual año. Aunque en su gran mayoría tuvieron un pobre desempeño legislativo, al no presentar en lo particular nuevas leyes que beneficien a la gente, serán recordados por integrar una bancada entreguista, sometida a los designios del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al que sin el mínimo cuestionamiento o cambios, le aprobaron todas sus iniciativas y propuestas. Le permitieron hacer y deshacer con el presupuesto público. Gastó sin darles cuentas de los recursos obtenidos con la venta de la los terrenos de la Ford, tema en el que no pudieron ser capaces de integrar un comité que vigilara el destino de los fondos.

El diputado José Luis Fernández Martínez, por órdenes de su jefe político, Gallardo Cardona, manejó el congreso como si fuera una dependencia más del ejecutivo. Ejerció un férreo control de las áreas administrativas cuando estuvo al frente de la Junta de Coordinación Política. Después de dejar la presidencia, se mantuvo como integrante del órgano, hasta el último día que se separó del cargo para buscar reelegirse. Se colocó como integrante de las carteras más importantes, como gobernación, puntos constitucionales, desarrollo territorial sustentable y representante suplente del poder legislativo ante el Consejo Estatal Electoral. La única orden que no pudo cumplir, Fernández, apodado “El Chiquis a su patrocinador, fue convertir la delegación de Pozos en el municipio 59. Y ser quizás el primer edil, pues se le mencionó como posible candidato para el cargo.

Alfil de los Gallardo, Fernández Martínez, con apenas estudios de preparatoria, ha logrado ocupar los puestos de regidor y alcalde interino de Soledad. Fue presidente del comité estatal del PRD cuando sus mecenas se apoderaron de las siglas. Fue asesor de la actual edil de Soledad, Leonor Noyola, cundo fue senadora. Es consejero estatal en el Partido Verde Ecologista. Sería la tercera vez que Fernández buscaría una curul local. En el 2018, fue derrotado en el distrito IX, con cabecera en Soledad, por la candidata de Morena, Angélica Mendoza. En el 2021, se impuso a sus contrincantes del PRI-PAN-PRD, María Guadalupe Salazar Castillo y de Morena, Roberto Silva. Ahora, con la nueva restructura electoral, competirá en el distrito 10 de Soledad. Otra incondicional de los Gallardo es la legisladora Dolores Eliza García Román. Pretende brincar a la alcaldía de Ciudad del Maíz, de donde es originaria, pero tienen mucho tiempo que salió del municipio. Con miras a postularse, desde octubre del 2023, se dejó ver. Empezó con labores de proselitismo, al usar los programas sociales que maneja el gobierno estatal. Encabezó las entregas de despensas en comunidades. Realizó posadas donde regaló juguetes, cobijas y repartió roscas de reyes.

Con Ricardo Gallardo Juárez como edil de Soledad, García Román fue directora de comercio. Ocupó el mismo cargo en el ayuntamiento de San Luis, cuando su jefe gobernó la capital. Como no pudo reelegirse en el 2018, Gallardo la mandó de nuevo a Soledad. La hizo directora de servicios municipales, en el trienio de Gilberto Hernández Villafuerte. Luego brincó como candidata a la curul local en el distrito 5, con cabecera en Soledad, pero comprende también algunas colonias de la capital. Abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, que conformaron el Partido Verde y el PT, derrotó en el 2021 a la candidata de la alianza Si por San Luis, Margarita Hernández Fiscal. Convertida en diputada local, García Román tuvo un gris desempeño. En pocas ocasiones, se le vio subir a la tribuna a debatir. En el último año de la 53 legislatura, fungió como presidenta del Congreso del Estado, donde la puso el “enlace con el ejecutivo” y coordinador parlamentario, José Luis Fernández Martínez. García Román difunde en sus redes sociales, como parte de sus tareas primordiales, acompañar al gobernador Ricardo Gallardo a todas las reuniones, inauguraciones o arranques de alguna obra que realiza en Soledad o la capital.

La legisladora Cinthia Segovia Colunga, que ocupa la curul por el PT, ahora buscará dar el salto a la alcaldía de Cedral, para lo cual se inscribió ya como precandidata del Verde Ecologista. Su pasado fue priista, como su padre, Juan Manuel Segovia, que intentó sin éxito, ser edil del municipio y diputado local por el mismo distrito. En el 2016 al 2020, fue delegada de la secretaría de finanzas del gobierno estatal en el altiplano. En las elecciones del 2021, ya como militante del Partido Verde, llegó a la curul, al derrotar en el distrito 1, con cabecera en Matehuala, al priista Alfonso Nava. Como legisladora, Segovia Colunga fue reprobada en las 9 mediciones que lleva a cabo el organismo, Congreso Calificado, que evalúa puntos positivos y negativos sobre el desempeño de los diputados, como son, eficacia, congruencia legislativa y política, propuestas legislativas de alto impacto, vinculación con los ciudadanos y transparencia. Consiguió iniciativas y puntos de acuerdo caducos. Inasistencias, retardos al pleno, negligencia contra iniciativas ciudadanas y conducta perniciosa. Colunga destacó también como una de las más faltistas. Ocupó la presidencia de la mesa directiva del congreso del 1 de febrero del 2023 al 14 de septiembre. Durante sus gestiones, junto con otras integrantes, fueron condenadas por un juez a pagar una multa de 10 mil 374 pesos cada una, por desacato a un mandato judicial federal, que se emitió a favor de la magistrada del poder judicial, María del Refugió González Reyes, quien interpuso una querella para ser ratificada en el cargo.

En el PAN se destapó Rubén Guajardo Barrera, como aspirante a la presidencia municipal de San Luis. Aseguró que se iba a medir en la contienda interna con otros panistas, ya que a su partido le tocaba poner al candidato, en caso de repetirse la alianza con el PRI y PRD, como pasó en el 2021. Cuando las cúpulas partidistas decidieron que sería el PRI el que designara al abanderado que competiría en las elecciones del 2 de junio, Barrera calificó el veredicto como una burla. Acusó a las dirigencias estatal y nacional de su partido, tomar el acuerdo a espaldas de la militancia y por debajo de la mesa. El 23 de enero anunció que competiría en el proceso interno del PRI. Sólo esperaba la convocatoria para inscribirse. Un día después, presentó al litigante y ex secretario de gobierno, José Guadalupe Durón Santillón, como su representante en el proceso. El 30 de enero, en rueda de prensa, anunció su retiro ya que la convocatoria emitida 3 días antes, marcaba como requisito, ser militante. Denunció que el PAN recibía un trato indigno como aliado al excluirlos de participar. Culpó de la maniobra al alcalde Enrique Galindo Ceballos. El legislador no descartó buscar otro cargo. Ha ocupado en tres ocasiones una curul local, en el 2012-2015, 2018-2021 y ahora, al reelegirse. Es el coordinador de los diputados de su partido y preside la Junta de Coordinación Política.

La legisladora panista, Aranzazú Puente Bustindui, intentó sin éxito brincar a otro puesto. Fue aspirante al senado de la república por 4 días. Solicitó el registro el 19 de enero y el 23 anunció que desistía en aras de la unidad de su partido. Antes de ocupar la curul, fue directora de gestión y atención ciudadana en el sexenio de Marcelo de los Santos. Como aspirante a diputada, prometió combatir las corruptelas que se dan en las licitaciones de obras públicas, al fiscalizar los recursos. Ya en el cargo, aprobó sin objetar o disentir, todas las iniciativas y propuestas del gobernador. En los 4 meses y medio que ocupó la presidencia de la mesa directiva, se supeditó a las indicaciones del diputado José Luis Fernández Martínez, operador del ejecutivo. En su desempeño legislativo, Puente empujó una iniciativa para prevenir y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres, donde se establecen principios y obligaciones que deben atender los funcionarios. Puente reprobó la mayoría de las evaluaciones que aplicó a la actual legislatura, el órgano Congreso Calificado.

El legislador Mauricio Ramírez Konishi se inscribió como precandidato de Movimiento Ciudadano a la curul federal por el distrito 3, con cabecera en Rioverde. Militó en el PRI durante 26 años. Anunció en diciembre del 2022 su salida, después de alcanzar el puesto en un reducto del sector obrero. Su padre, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, sempiterno dirigente de la CTM, en varias ocasiones fue diputado local y federal. En los comicios del 2021, Ramírez Konshi se reeligió. Fue el primer coordinador de la bancada del PRI, antes de dimitir. Pretendió sin éxito, se le reconociera como parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, por lo que naufraga como independiente. Ha enfocado sus críticas en las acciones del gobierno federal, pero ha mantenido una actitud condescendiente con Gallardo, al que le aprobó la mayoría de sus iniciativas.

Ramírez, antes de llegar al congreso, fue director del Instituto Estatal de la Vivienda, con el ex gobernador Juan Manuel Carreras López, su padrino político que lo invitó a ser diputado, según contó en una entrevista con el portal Emisor Noticias, que maneja el ex diputado del PAN, Ricardo Villarreal Loo. Externó que también aspiraba a ser gobernador. Fue el legislador reprobado con las más bajas calificaciones en las evaluaciones trimestrales de Congreso Calificado, que dirige el litigante José Mario de la Garza Marroquín, en los nueve arqueos dados a conocer en la 53 legislatura. El cetemista encabeza la lista negra con los menores puntajes.

El diputado de Morena, José Antonio Lorca Valle, se inscribió como aspirante a la alcaldía de la capital. Pero una vez que se firmó el acuerdo parcial de coalición y que el PT y Verde Ecologista impondrían al candidato, guardó sepulcral silencio. El empresario del ramo automotriz llegó al congreso local por la vía plurinominal. Lo colocaron en un sitio de privilegio como pago a su disciplin al coordinar la campaña a la gubernatura de la defenestrada ex secretaria de salud, Mónica Liliana Rangel, que impulsó el gobernador Juan Manuel Carreras. Siempre se supo que iba directa al fracaso. El acceso de Lorca al congreso se pudo determinar además por ser sobrino de la ex presidenta del DIF estatal, Lorena Valle. Es por lo que se mantiene casi escondido. No hace la mínima crítica a Gallardo, que se ensaña de dientes para afuera, con la llamada Herencia Maldita, donde involucra a sus predecesores en el saqueo a las finanzas públicas. Incluye a Carreras como gran benefactor.

Lorca, en fecha reciente, se pronunció a favor del recorte que hizo Gallardo, por más de 80 millones de pesos al presupuesto del Consejo Estatal Electoral. Expuso que el organismo contaba con suficientes recursos y debía revisar el gasto ordinario, donde presentaba mayores aumentos. Fue de los pocos morenistas que en el 2021, apoyó la alianza con el Partido Verde Ecologista. Hace poco dijo que le gustaría brincar al senado y tener de compañera a la presidenta estatal del DIF, Ruth González Silva, esposa de Gallardo. Aunque fue su coordinador de campaña, con desparpajo alertó que el partido no se debe equivocar, como en el 2018, al lanzar como candidata a la gubernatura a Mónica Rangel o en la alcaldía a Xavier Nava. Exaltó juntarse con el Verde y PT.

La legisladora Gabriela Martínez Lárraga, llegó al congreso por la vía plurinominal a través del extinto Partido Redes Progresistas, que postuló en el 2018 a su esposo, José Luis Romero Calzada, candidato a gobernador. Ahora como independiente, pretende ser diputada federal por el 4 distrito con cabecera en Valles. La postula la alianza Fuerza y Corazón por México. La integran PAN, PRI y PRD. En noviembre del 2022, se inscribió como precandidata a la curul federal en el mismo distrito, con Movimiento Ciudadano. Renunció para formar parte en la coalición que hoy la impulsa. Martínez Lárraga fue una de las pocas voces discordantes que cuestionó los dispendios del gobernador en obras innecesarias como la Arena Potosí y los llamados puentes atirantados. Censuró la falta de medicinas en las clínicas, la creciente inseguridad y el abandono al campo. Sus criticas la confrontaron con el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, que la llamo necia y ocurrente, durante la comparecencia que sostuvo con los legisladores, por el segundo informe de Gallardo.

Periodistas y el diputado del Verde Ecologista, Eloy Franklin, en enero del 2022, exigieron su renuncia a la presidencia de la cartera de derechos Humanos, al señalar que estaba impedida para atender las quejas contra su cónyuge, José Luis Romero Calzada, uno de los principales violentadores de reporteros. La señora Silva Castillo, madre del joven Alán Francisco, asesinado en 2019, realizó una protesta en su contra en el congreso local. Refirió que Martínez nunca la atendió ni le concedió una cita para plantearle los problemas que enfrentó para que se aclarara el homicidio. La diputada centró sus iniciativas en el no maltrato a las mujeres, defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Impulsó sin conseguirlo, una ley contra la violencia vicaria, defensa de madres y personas cuidadoras.

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Los diputados locales, ofenden a los ciudadanos

Los diputados locales de la actual legislatura, sorprenden con su opacidad, omisiones y dolo. Lastiman, laceran y agravian a los potosinos, por la impunidad, acompañada de corruptelas en todos los niveles. Lo más ofensivo es que los responsables de ejercer y aplicar la ley, no lo hacen. Pasan por alto y de manera clara el atropello, les vale, cuando juran cumplir y hacer cumplir la ley.

Nuestros flamantes diputados atentan contra la inteligencia de los potosinos al actuar de manera facciosa y dolosa, en referencia a lo más reciente, los manejos indecentes de una alcaldía recién saqueada. Aunque es un fenómeno que se arrastra desde antes, con desvíos de recursos públicos en todos partes. Hay funcionarios que se hacen ricos de la noche a la mañana, como si fuera un acto de magia, con la práctica de taparse los unos a los otros, al cabo que pueblito paga.

La llamada «gallardía”, se estima que cometió saqueos que superan los mil millones de pesos. Tuvo cientos de observaciones y no pasa nada, no obstante las múltiples denuncias interpuestas por el ayuntamiento y la ciudadanía. Hace poco, en el ámbito de los diputados, llegaron varias peticiones de juicios políticos sobre algunos servidores públicos. Los diputados son los indicados para determinar si procedían o no.

En forma sorpresiva, desecharon por improcedente, la petición de juicio político contra el anterior munícipe, Ricardo Gallardo Juárez, sobre el que pesan incontables observaciones de un ente como es la Auditoria Superior de la Federación. Aluden a corruptelas. Para los diputados no fueron suficientes los argumentos que exigen juicio político. Se lavaron las manos al señalar que la petición estaba fuera de tiempo, que ya prescribió.

Y como decían en un programa, caso resuelto, caso cerrado. Las comisiones de gobernación y justicia, por mayoría, lo declararon improcedente. Todos estuvieron de común acuerdo. Solo resta decir a los “representantes populares”, que existía un interés colectivo. Deben sopesar si Gallardo incurrió en omisiones que afectaron el erario. Analizar si violentó de manera sistemática la ley.

Si cometió desfalcos millonarios, si lesionó los derechos humanos. Por lo visto, ya empezó el rejuego político. Afloran los intereses del fuego no tan amigo, las ambiciones, los acuerdos de facto. Es inconcebible, le dieran entrada a otra petición de juicio político contra el alcalde Xavier Nava, en funciones, y al saliente lo protegen. O todos coludos o todos rabones.

Señores diputados, hay que tener más decencia, algo de ética. No se olviden que también son ciudadanos. Lo que decidan como representantes, repercute en lo social. Es cuánto. Solo una reflexión adicional. En un examen de química, plantean, ¿cuál es la diferencia entre disolución y una solución? El alumno más avanzado contestó, si meten a dos políticos (diputados) en un tinaco de ácido, se disuelven. Es una disolución. ¡Pero si los metemos a todos, sería una solución! Hasta la próxima.

 

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Por fin se van, dejan huellas de indignidad.

Ya han sido juzgados y sentenciados por el tribunal de la opinión pública. Son la peor legislatura que ha existido en los últimos tiempos. Se ganaron a pulso esta fama. Los diputados y diputadas que el próximo trece de septiembre concluyen su mandato (salvo honrosas excepciones) hicieron un lamentable papel. Dañaron la dignidad y el poco prestigio que le quedaba al poder legislativo.

No se van con la frente en alto. Cargan en su conciencia terribles historias de indignidad. Fueron protagonistas de innumerables infamias.

Unos se van y otros llegan. El 14 de septiembre comienza un nuevo ciclo en el Congreso del estado. Empezará a escribirse una nueva historia. Puede ser otro ciclo de deshonra o el inicio de un tiempo ejemplar que restaure la dignidad de ese espacio donde se supone reside el imperio del pueblo.

A los diputados y diputadas que debutan les esperan grandes retos, volver a lo básico: dignificar la labor legislativa haciendo valer una auténtica división de poderes; realizar, sin complicidades, las funciones de vigilancia y control del poder Ejecutivo, el Judicial y los Ayuntamientos. Liberarse del sometimiento que tradicionalmente ha ejercido el gobernador sobre esta Asamblea. Elevar el debate parlamentario que fue tan degradado por diputados bufones que convirtieron la “máxima tribuna del estado” en un vertedero de inmundicias. Acabar con privilegios, practicar la austeridad, desaparecer presupuestos para gestoría que solo han servido para encubrir atracos y legislar para que a través de la ley y las instituciones se combata la corrupción, impunidad e inseguridad que hoy ofenden y hieren a la comunidad. Aumentar derechos en favor de los ciudadanos y reorientar el gasto público para combatir la desigualdad económica y social. Defender los derechos humanos y la libertad de expresión. Legislar en favor de las minorías discriminadas y ofendidas. Presionar para que haya transparencia y rendición de cuentas de parte de todos los funcionarios y entes obligados. Cuidar que las finanzas de los municipios se conserven sanas y, en fin, ser un poder dialogante y comprometido con las demandas de los ciudadanos.

¿Héroes o Villanos?

La LXII (62) Legislatura que entra en funciones este 14 de septiembre tiene características muy particulares. Se integra con una mayoría de diputados de Morena y sus aliados (PT y PES) ,10 en total. La segunda minoría la organiza el Partido Acción Nacional con 6 legisladores, la tercera fuerza la constituye el PRI con 5 parlamentarios y luego tenemos las mini bancadas (La chiquillada), PVEM con 2, PRD 1, MC 1, PCP 1 y PNA un diputado.

En este momento es un misterio saber si a nivel local se van a dar alianzas parlamentarias que fortalezcan aún más a Morena. A nivel nacional ya se supo que el Partido Verde Ecologista decidió divorciarse del PRI después de 15 años de matrimonio y sumar sus diputados al partido fundado por López Obrador. Si esto llegara a ocurrir en nuestro estado, Morena y sus aliados (incluyendo al Verde) tendrían 12 votos para lo que se ofrezca, con ello estarían en posibilidad de obligar al gobernador a bailar al son que ellos le toquen.

Si a esto se suma que el Partido Acción Nacional y el PRD tienen agravios contra Juan Manuel Carreras (reales o ficticios) derivados de un presunto mangoneo en las últimas elecciones de Tamazunchale y el municipio de la capital, entonces el escenario para el gobernador se complica.

A partir de ahora tratar con el nuevo Congreso del estado ya no será un tranquilo paseo por las arboledas del parque Tangamanga. A Juan Manuel Carreras se le acabó la luna de miel con los partidos de oposición.

Debido a que el partido del gobernador es minoría en el Congreso local el titular del Ejecutivo se verá obligado a cambiar su estilo de gobernar. Ya no podrá imponer a capricho la agenda legislativa, ni definir arbitrariamente la forma en que se va a gastar el presupuesto de cada año. Al mismo tiempo,

Carreras y sus funcionarios estarán más vigilados y habrá un control más estricto de su desempeño. La integración del nuevo Congreso puede dar vida a nuevas formas de ejercicio del poder.

Aunque en la práctica está por verse si los nuevos diputados se toman en serio su papel de freno y contrapeso de las acciones del gobernador y los otros poderes. La duda vale, pues es posible que los legisladores que arriban se dejen seducir por los embrujos del poder. Las tentaciones son muchas y ya se sabe que el poder y el dinero trastornan la personalidad de los mediocres y acomplejados.

Conocedores de la naturaleza humana los hombres que ejercer el poder tiende tradicionalmente a utilizar como estrategia la seducción, la adulación y la fuerza corruptora del dinero para doblegar la voluntad y el voto de los legisladores.

El partido que más responsabilidad tiene para evitar que esto ocurra es Morena (No mentir, no robar, no traicionar al Pueblo).

Ellos y su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, son quienes se han comprometido ante el pueblo de México a provocar un cambio verdadero (La Cuarta Transformación de la República). Son, según su propaganda: “La esperanza de México”. ¿Cumplirán su palabra o acabaran repitiendo la lamentable historia de la legislatura que ya se va?

Por otro lado hay que considerar que entre los que llegan al Congreso hay diputados y diputadas con experiencia y prestigio que tiene legítimas aspiraciones de ascender a otros cargos de elección popular en 2021 (a la gubernatura, por ejemplo). Si quieren ganara más reputación actuaran con profesionalismo, madurez e independencia para no dar la impresión de que se convirtieron en lacayos del gobernador.

Habrá que observarlos, darles seguimiento y juzgarlos a partir de lo que hagan a partir de ahora. Pueden ser héroes o villanos, construirse un sólido futuro político o hundirse en el fango del desprestigio.

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La Procuraduría Agraria, eje del robo a campesinos

Especuladores locales y foráneos, coludidos con funcionarios de la Procuraduría Agraria, se apropiaron con artimañas de 621 hectáreas de uso común del ejido Laguna de San Vicente en Villa de Reyes. Compraron el metro cuadrado a 30 pesos a través de asambleas manipuladas. Los nuevos dueños de los predios son Fernando Pablo Villarreal Ballesteros, Gustavo Alfonso Lozano Ardines, Juan Carlos y Eduardo Martín López Rodríguez, Manuel Sáinz de la Hidalga, Julio César Medina Tovar, Edgardo Antonio Meade de Zamacona, Enrique Zabal Cerdeira, José Antonio Vallarta Porras, Francisco Xavier Ponce de Léon Aguilar, Eduardo Cerillo Alemán, Ana Cecilia González Rodríguez, José Antonio Alanís Nieves y Andrés de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador Marcelo de los Santos y del ex alcalde de la capital, Guillermo Pizzuto Zamanillo.

Los ventajosos compradores, coludidos con la notaria 2 de Villa de Reyes, Magdalena Sofía Foyo Mancilla, manipularon el contenido de una acta de asamblea del 10 de junio de 2016, donde presuntamente, los ejidatarios aceptaron la adopción del domino pleno, para poder vender y recibieron a los intrusos como nuevos ejidatarios y avecindados. Las víctimas firmaron hojas en blanco, porque desde hace 10 años en el ejido no se cuenta con un libro de actas. La fedataria alteró el contenido para protocolizar el documento. La asamblea fue presidida por el visitador de la Procuraduría Agraria, Álvaro Pineda Maldonado y otros dos sujetos. Uno se hizo pasar como funcionario de la dependencia, el ingeniero Cecilio Torres, que se encontraba asignado a la huasteca. A algunos ejidatarios le informaron que se abordaría una posible venta de tierras. Pero cuando llegaron los compradores, ya tenían los cheques elaborados, para pagarle a 199 campesinos. A cada uno le darían 900 mil pesos en tres partes. Luego con chicanas, les aplazaron los abonos. Una parte aceptó que las 621 hectáreas se cambiaran de uso común a tierras parceladas y entregarlas a los industriales. Pero hay 45 ejidatarios que se niegan a reconocer los términos del escrito, menos a vender las parcelas. Sin embargo, 5 fueron doblegados. Son ancianos que no escuchan y firmaron. Se fueron con la inercia. Los otros 40 no recibieron pago alguno.

Foyo no consignó que se trate de una compra-venta. La anotó como asignación de tierras. La asamblea determinó ceder las 620 hectáreas en parcelas a cada uno de los compradores. Un ejemplo burdo se explica con Manuel Sáinz, oriundo del Distrito Federal. Le le entregaron 53 parcelas. A la ejidataria María Martínez Maya, 22. Entre ambas personas concentran una superficie que supera las 200 hectáreas. A Sáinz se le aceptó como nuevo ejidatario, sin tener derecho. No es avecindado ni hijo de beneficiarios. Se dedicó dos años antes a visitar cada domicilio para coaccionar a los moradores. Se valió de Martínez Maya y María de Jesús Molina Rosas, quienes le indicaban las carencias de sus vecinos para atinarle al clavo de la necesidad. En la manipulada asamblea se asignaron los derechos de 14 parcelas con una superficie por más de 313 hectáreas. A Ana Cecilia González Rodríguez le tocaron 2. A Fernando Pablo Villarreal Ballesteros una. Gustavo Alfonso Lozano Ardines 2. Andrés de los Santos Pizzuto 3. Eduardo Martín López Rodríguez 1. José Antonio Alanís Nieves 2. Juan Carlos López Rodríguez 3. Se distribuyeron 6 parcelas con una superficie que supera las 90 hectáreas. A Enrique Zabal Cerdeiria le asignaron 1. A Edgardo Meade de Zamacona 1. A José Antonio Vallarta Porras 1. A Francisco Xavier Ponce de León Aguilar 2. A Eduardo Cerrillo Alemán 1. Se aceptaron en total a 15 nuevos ejidatarios y avecindados.

Otro que se coló como falso ejidatario es José Francisco Pacheco Rodríguez, que aparece desde el 2013 como el número uno del padrón. A Pacheco y Pablo Villarreal Ballesteros se les ubica con el mismo modus operandi en las franjas industriales de Nuevo León y Jalisco. Los ejidatarios rebeldes tampoco aceptan que las restantes 450 hectáreas de uso común, sean vendidas en un futuro al ayuntamiento de Villa de Reyes o gobierno estatal, como se estableció. Si se concreta el abuso, se extinguiría el ejido Laguna de San Vicente, uno de los más grandes de la zona. Foyo fue denunciada ante la procuraduría de justicia por los delitos de fraude y falsificar documentos. Los llamados inversionistas incursionaron a través del cabildero, el ex visitador de la Procuraduría Agraria y ex alcalde de Real de Catorce, Héctor Moreno Arriaga.

Es un intermediario que aparece en las primeras ventas ejidales a la firma Bachoco, Parque Logístico y General Motors. Se empezó a ligar con el ex comisariado José Carmen Guanajuato Carranza, que se convirtió en el cacique del ejido, donde impuso durante años al que más le convenía. A Moreno lo protege también el ex secretario de gobierno y diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, lo que les ha permitido imponerse con amenazas y violencia. Moreno se ostenta desde hace 10 años como asesor legal de los ejidatarios a los que manipula con descaro. Incluso les maneja otros asuntos en su despacho privado. Los ayuda a cobrar cuentas vencidas de una carretera que hizo General Motors. Ha sido padrino de varias generaciones de estudiantes y compadre de incontables campesinos a los que controla con dádivas. Le ayuda en sus labores de engaño su asistente Guillermo Cortés de Jáuregui, ex visitador de la Procuraduría Agraria, conocido por su carácter intimidatorio. A cualquiera que se le opuso, lo confrontaba con descalificaciones. El astuto ex edil aprovechó su cargo para olfatear el crecimiento urbano e industrial y sacar ventaja. Se dedicó a cazar a ejidatarios ingenuos que se imaginaron los iba a ayudar por tratarse de un funcionario. Moreno, junto con Sáinz de la Hidalga, previo a la asamblea del 2016, aprovecharon el 10 de mayo. En el salón ejidal, con el beneplácito del comisariado José Guadalupe Gutiérrez Oliva, le entregaron electrodomésticos al grupo que habían doblegado.

Los ejidatarios que se oponen al despojo buscan revertir la ilegal asamblea. Empezar otra vez de cero para decidir de manera libre si quieren o no enajenar las tierras y las condiciones. Los que se rebelan a aceptar espejos tienen como representantes a Margarito Gaspar Martínez, Manuel Piña y Tomás Maya, que ya fue amenazado de muerte…continúa (tomado de la versión impresa, Marzo 2017)