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Karla Pontigo , víctima del estado criminal

La sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el asesinato de la edecán Karla Pontigo Lucciotto, dejó sin efecto el anterior veredicto de homicidio culposo. Obliga a las autoridades locales a reponer las pesquisas con una perspectiva de género. El dictamen erosiona el manto de impunidad que se gestó en torno al caso. Las nuevas investigaciones tendrán consecuencias penales, administrativas, internacionales y patrimoniales. Buscan reparar el daño moral a la familia con una cifra multi millonaria. El estado es el principal responsable. El caso lo habrá de manejar un grupo de abogados competitivos, lo mejor de América Latina, semejantes a los que llevaron el caso del ex líder social desaparecido Rosendo Radilla y las asesinadas en los campos algodonero de Juárez. Los que transformaron al país con la nueva constitución en derechos humanos.

El litigante Marco Barrera, también colaboró en el tema de Pontigo. Logró sacarlo a nivel nacional, donde lo conectó con organizaciones feministas, que tienen el respaldo de abogados de todas las latitudes del mundo. “Saben cómo resolver el acertijo. En siete años que transcurrieron, el asunto habló sólo, más, que si se hubiera juzgado en tres meses. Se saben muchos detalles. Otras personas se acercaron a los defensores y la familia y dieron más datos. Los abogados que vienen a San Luis no le apuestan a saber quiénes mataron a la joven. Van a tratar de impactar a los involucrados en diversas áreas del aparato gubernamental”.

“El fiscal Federico Garza, como figura autónoma, tendrá que cumplir la sentencia, que es histórica. El gobernador Juan Manuel Carreras es el principal político responsable. Confío en que habrán de cumplir. Es una oportunidad para la ciudadanía. La corte alcanzó estándares muy altos. Viene muy pedagógica, hay que apegarse a lo que dice. Se debe apreciar como una oportunidad para darle voz a una causa que en el mundo es la más importante. Ahora se discute el medio ambiente, el fenómeno de las migraciones y modelos económicos. En el país se habla de la corrupción y democracia. Pero a la gente lo que más la afecta es la violencia contra la mujer. Algo que en generaciones pasadas nunca ocurrió de forma tan drástica”.

“Según la Organización de las Naciones Unidas, en México, todos los días, 9 mujeres son víctimas de feminicidios. Vemos cambios antropológicos en todo el mundo. Sucedió en Chile con el colectivo artístico Las Tesis, que se manifestaron en Valparaíso y que se replicó luego en otros países. En París, el 25 de noviembre, hubo una gran marcha donde se concentraron personas de muchas latitudes. El caso de Karla Pontigo estuvo representado por Amnistía Internacional. Le toca ser epicentro, se convirtió en icónico. Fue el segundo caso que manejó la Suprema Corte en sus 200 años de historia. Ojalá no hubiera tenido ninguno. Pero es algo que no se puede ocultar”.

“El primero que abordó fue el de la litigante Mariana Lima, que se registró en el Estado de México. Luego le tocó a Karla Pontigo. La corte lo aceptó por varios motivos. Lo que se dijo de Mariana Lima no resultó suficiente. Le sucedió todo tipo de situaciones. Intervino el estado, se generó impunidad y el agresor, un policía ministerial, está preso y sentenciado. Con Karla Pontigo hubo otro tipo de saña. La teoría de la puerta de vidrio no funcionó cuando hubo una autopsia tan poderosa donde se demostró que el cuerpo fue devastado, maltratado de manera draconiana. La familia sufrió violencia institucional, ya que no los dejaron entrar a la procuraduría de justicia”.

“No les permitieron interrogar testigos o la persona imputada, como el empresario Jorge Vasilakos. No los dejaron aportar pruebas. La lucha que enfrentó la familia fue contra una pared de impunidad. Son algunos elementos que en el caso de Mariana Lima no estaban muy visibles. La corte vio la alternativa de ampliar el espectro de jurisdicción que deben llevar los casos de feminicidio. Otra circunstancia que influyó es el momento constitucional que se vive en el país y el mundo, que es la violencia contra las mujeres. El caso de Karla Pontigo duró en la corte 4.5 años. Fue atraído el primero de julio del 2015 y lo resuelven el 13 de noviembre”.

“No debemos olvidar que México ha sido el único país que fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por 8 femincidios que sucedieron en el campo algodonero en el 2009. Ya se cumplieron 10 años. Todavía no se cumple la sentencia. Nos refleja que se trata de un problema fuerte en el país. Cuando a un estado se le escapan de las manos temas tan simples, como saber que Karla Pontigo fue asesinada de manera brutal, al no poder manejarlo, le echan la culpa a una puerta de vidrio. Ya no es un tema de corruptelas. Es de carácter constitucional. La Prueba Internacional para la Evaluación de Estudiantes, Pisa, que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos coloca en los últimos lugares de 71 países evaluados”.

“Estamos en el rango 53 de lectura. En el 57 en ciencias. En el 61 en matemáticas. Somos el penúltimo lugar de los países miembros. Sólo el 1% de los que estudian, son capaces de comprender un texto complejo. Somos un país sin cultura, no se puede ocultar. Otro de los problemas es la desigualdad. Existen 60 millones de personas que no tienen posibilidades de acceder a la justicia. El ámbito penal es sofisticado y costoso. Es lo que genera rabia. La gente se manifiesta con furia. Un sector de mujeres desahoga su impotencia con actos que pueden parecer vandálicos. Pero en realidad son expresiones mínimas de impotencia. Es verídico que existe una crisis institucional. San Luis Potosí es un reflejo de algo más grande, de que no sirve el estado mexicano, la clase política, las instituciones. Van a estar a prueba. Sabremos si de 7 años a la fecha, con la sentencia de la corte, con el apoyo de las redes internacionales, logramos reivindicarnos”.

“Todo empezó con un crimen que no se resolvió. Se convierte en aliciente para que se cometan más. Hubo otros lamentables, previos, como el de la bachiller del salesiano, Shantal González y uno que se registró en Carraza. No se aclaran y envían una señal psicológica a un perfil de criminales de que prevalece la impunidad. Pueden hacer lo que se les antoja y no pasa nada. Con la sentencia de la corte y la lucha de la madre, Esperanza Lucciotto, con su familia, presentan una tesis antagónica. Plantean que no importa hacer lo que sea, comprar autoridades, que sean flojas o se hayan corrompido o pasado mucho tiempo, pero habrá consecuencias. La corte envió el mensaje de que la película no se ha terminado. En materia penal, hay muchas formas de revivir los casos. Se viene el juicio más importante en la historia local, porque está en juego una sociedad viable”.

-Cómo se dio el dictamen burlesco de la puerta que asesinó a una persona. ¿Lo hizo un ministerio público desvelado?

-Lo dijo una institución corporativa de manera concienzuda, lo meditaron, lo ocultaron durante el año que actuaron a espaldas de la familia. Fue una organización criminal para sacar la tesis irrisoria. Le apostaron a que la señora no alcanzaría a impugnar. Cuando le dicen la teoría de la puerta de vidrio, ya había incluso el auto de formal captura en el juzgado. Era un tema de la procuraduría y del poder judicial, en particular, el segundo penal. Es obvio que hubo un contubernio. Es más que evidente, actuaron diversas instancias del estado. Es lo más grave. Hablamos de un ente criminal, como en África. Es lo que sucedía en San Luis hace 7 años.

“La conspiración se dio después de la violencia donde casi la privan de la vida, ya que muere al día siguiente, un lunes a la una y cuarto de la mañana. Buscaron tratar el control de daños. El plan se tejió en el Hospital Central o es la forma normal de actuar para quitarle los órganos a los jóvenes. Supongo que hay un mercado negro o para no dejar evidencias del caso. No se debe condicionar a una familia, quitarle los órganos para interponer una denuncia por feminicidio. Primero se los quitaron y después investigaron. Cuando se presume un asesinato, actuaron de manera irregular. A nivel nacional incineran los cuerpos. Es algo muy feo, ya que se habla de personas no identificadas. Pueden ser inmigrantes o que estuvieron en fosas comunes o clandestinas. Después resulta muy complejo saber lo que pasó. En el caso de Karla Pontigo hubo una autopsia. Al margen de cualquier herida interna, eran visibles las externas. La sentencia de la corte reproduce y explica la autopsia”.

“Casi dice que hubo un feminicidio. Ya sólo falta saber quién es el responsable. El estado actuó como un cómplice de quienes le ocasionaron la muerte a Pontigo. Era como hablarle a los compinches. Pero eran agentes de autoridad que viven de lo que les pagamos los ciudadanos. Es inaudito. Las fallas del caso se expresan en la sentencia. No agregaría ninguna. Por ejemplo, consignan que se tardaron 40 horas en llegar al lugar de los hechos. La persona que los recibe es el imputado. No acordonaron el sitio y la escena del crimen la buscaron ensuciar para que no fuera válida. La autopsia la hubieran ocultado y destruido. Pero una médica legista se la dio a la familia. Fue por lo que la hicimos pública en una rueda de prensa. Es lo que nos permite saber lo que pasó. Será un tema de resolver muy fácil. Es algo que habrá de determinar la procuraduría. Existen dos escuelas en la materia criminológica. Una vieja, clásica, es la que percibo en muchas personas en San Luis Potosí. Otra más moderna y desde su ángulo, el asunto es sencillo. No que sea fácil de cerrar, pero hay mucha evidencia. Y la procuración de justicia lleva sus tiempos. Debe incluir el debido proceso, pero desde una óptica diferente”.

“La corte no hubiera aceptado algo donde no hay posibilidades de resolverlo. El tema se abordará en el antiguo esquema penal. Para entender lo que es la perspectiva de género, hay que ubicarnos en el caso de Abril Pérez Sagahón, asesinada cuando circuló por las calles de Coyoacán. Después del crimen, se supo que un año antes, la atacó a batazos su ex pareja, Juan Carlos García, cuando dormía. El asunto no puede verse como simple violencia doméstica, por el contexto que vivía y el índice de feminicidios que se registran en el país y el mundo. Hay que analizarlo en la perspectiva de desigualdad que tiene el grupo en particular. Si los jueces lo abordan con un enfoque de género, sabrían que no era un tema menor. No fue y ahora es fácil saber lo que pasó y dar sermones. Igual pasa con las mujeres que envían a los albergues. Las ocultan de los agresores. No saben dónde se ubican, pero regresan a casa y las matan. No es lógica la política pública que busca protegerlas”.

“A la gente le interesa saber que no haya impunidad otra vez. Es lo que va a definir el sexenio del doctor Juan Manuel Carreras. Es a través de tales impulsos como se construyen las instituciones. El 28 de octubre, la directora de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Pannszi y su homólogo de Bélgica, Filippe Hensmans y la madre de la víctima, Esperanza Lucciotto López, le entregaron 83 mil 974 firmas que respaldan la exigencia de justicia en el marco del séptimo aniversario del deceso. Además de México, se recopilaron en España, Bélgica, Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica, Alemania, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Se juntaron en las campañas Vivan las mujeres y Juntas hasta la vida. Yo me vinculo al caso en el 2013. Antes lo manejó mi padre, Antonio Barrera, el licenciado Julio Ceballos y varias activistas”.

“Llegamos con un equipo apto para sacer el asunto de San Luis. Después se sumaron otras organizaciones y el movimiento se hizo internacional. Se volvió un tema insignia de Amnistía Internacional. Lo tomó primero como algo nacional, luego regional, para varios países de América Latina y ahora es mundial, ya que contiene todos los elementos de violencia que puede vivir una mujer. Incluso fue un tema de campaña en el 2018. El caso de Abril Pérez nos sirve de termómetro para saber a dónde se inclinará el caso de Karla Pontigo. Con Pérez, se incriminó al juez y magistrados que liberaron al presunto culpable. Los acusan de feminicidio en grado de complicidad. Es un avance muy sustantivo si se buscan cambios reales. En general, una autoridad que por omisiones no cumple con sus tareas, provocó que una mujer perdiera la vida. ¿En lo general, el feminicidio se agota hasta que una persona es privada de su existencia? ¿Qué sigue en todos los que lo encubrieron después?. En materia penal, la prueba reina es la indiciaria. Y en el caso de Pontigo hay muchos”.

“Mientras no existan consecuencias, habrá más feminicidios. Con Pontigo existe la oportunidad. Mi madre me preguntó las razones de por qué hay tanta violencia contra las mujeres. Le contesté que existe una sociedad muy injusta, por muchas razones. Una se debe a la responsabilidad del estado y del sector empresarial. En el entorno donde están las fábricas. Los índices más altos se registran en las zonas industriales, según estudios antropológicos de Estados Unidos. Las empresas les pagan muy poco y no contribuyen con un peso para mejorar la seguridad externa, para ayudar a la autoridad. No contribuyen con el alumbrado público, transporte y no pagan impuestos para cubrir la necesidad social que se tiene. En la explotación fabril se genera un clima de alta violencia. Aunque los ingresos sean bajos, hay cierto poder adquisitivo, por lo que prolifera el alcohol y las drogas. La corrupción en las instituciones y los crímenes sanguinarios, están relacionados con el modelo económico y el flujo de droga”.

“Hace poco desapareció en México la joven Karen Espíndola. Su hermano la reportó, ya que no llegó a la casa, después de tomar un taxi. El caso se hizo viral con 27 millones de tuits. Luego se supo que estaba en un bar. Es preferible la unión de la gente a que no llegue. Lo destacable es que la gente se organiza y da resultados. El estado no identifica el nudo y no da soluciones. Hay que ayudarle. No existen estadísticas para sostener en qué estratos sociales son más frecuentes los feminicidios. Cualquier mujer puede ser víctima de un crimen atroz. Pero sí existen diferencias en los tratos que las instituciones le dan a los casos. Se debe a la gran desigualdad económica. Es por lo que simpatizo con los movimientos feministas. Incluso los radicales. No las juzgo, ya que en México, 60 millones de personas no tendrían la chance que tuvo la familia de Pontigo de llegar a la Suprema Corte. Se logró por la ayuda internacional de muchas organizaciones y gente talentosa que lo logró”.

“En la Universidad Nacional Autónoma de México, en el caso de Berlín Valenzuela, las estudiantes se pusieron las pilas. Si se tardan en reaccionar, se las come el sistema. Para revertir un asunto semejante, se requieren millones de pesos. Muchas familias no los tienen. Dijeron que se ahorcó con un cable de teléfono. Y que Mariana Lima se había suicidado. La ciudadanía está alerta, participa. Ya miró avances en San Luis. Lo reconozco con el actual fiscal, Federico Garza, porque la gente participa. Hay que reconstruir o iremos peor. En tiempo real sabemos lo que sucede. Nunca antes lo vivimos”.

 

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Cándido Ochoa, “El Negro Durazo potosino»

Ahora que lamentablemente nos enteramos del fallecimiento de un escolta asignado al diputado local del partido Verde Ecologista, Cándido Ochoa, nos remontó a finales de los ochentas con Arturo Durazo Moreno, que fue jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal, durante el gobierno del mandatario José López Portillo. Utilizó a cientos de elementos para construir una mansión conocida como “El Partenón”, en Zihuatanejo, Guerrero.

En el caso de San Luis Potosí, la Fiscalía Estatal confirmó que eran dos y no uno los custodios que estaban asignados al diputado Cándido Ochoa Rojas. Ambos se encontraban en un rancho de su propiedad cuando ocurrió el accidente en el que murieron cuatro personas, uno era su “escolta”.

El custodio René Martínez Pedraza perdió la vida asfixiado, por inhalar gasolina, cuando se realizaban trabajos en un pozo, en el rancho de Ochoa. Cuando el problema creció, la Fiscalía General del Estado trató de dar una versión diferente. Señaló que el escolta perdió la vida al momento en que intentaba rescatar a un peón del rancho, que cayó dentro de una cisterna. Es decir, con tal de salir bien librados del problemón, de golpe y porrazo también salvan al perverso y abusivo legislador.

Se tiene que ir a fondo para deslindar responsabilidades. No se vale que para salir menos raspados, la fiscalía intente confundir con “nuevas versiones”. Se supo que al menos, son siete elementos los que se tienen asignados a dos diputados. Uno es Pedro Carrizales, conocido como “El Mijis” y el otro es Cándido Ochoa.

¿Cuántos elementos de la fiscalía como de seguridad pública estatal son usados como choferes, jardineros, albañiles y mozos de los funcionarios públicos, ex mandatarios y hasta por sus esposas?. Que aberrante es enterarnos de tales situaciones cuando uno falleció.

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La voracidad de los actuales diputados, encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rolando Hervert, no tiene límite y buscan distintas formas para derrochar los recursos públicos.

La nueva propuesta (que ya estaba elaborada por la coordinadora de finanzas Martha Elva Zúñiga) fue la de proponer en la pasada reunión de la Jucopo, contratar otras 27 personas más que costarían 13 millones de pesos. El panista Rolando Hervert intentó justificar la medida con la argucia de que los diputados necesitan «secretarios técnicos». La propuesta también fue respaldada por Paola Arreola, del Partido del Trabajo. Sin embargo, al filtrarse el dato a varios medios informativos y otros diputados, de momento congelaron la aberrante propuesta.

Sin embargo, Rolando Hervert se salió con la suya y logró meter en la nómina del congreso, como «asesora», con un sueldo de 20 mil pesos, a la ex diputada local plurinominal por Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, de tristes recuerdos para los potosinos, de acuerdo al acta número 50 de la Jucopo de la cual Ciudadanos Observando tiene una copia con las firmas de los diputados que aprobaron el cargo.

Ernesto Piña, asesor personal de Rolando Hervert, fue asistente de la ex diputada en la pasada legislatura y pieza clave para que llegara a la nómina actual con el fuerte respaldo del diputado Eugenio Govea, dueño del partido Movimiento Ciudadano. Lucila Nava fue contratada por honorarios bajo el argumento de que estará dedicada en el juicio político contra dos de sus ex compañeras legisladoras, Xitlálic Sánchez y Rebeca Terán.

 

En total opacidad ha mantenido sus gastos el Partido Regeneración Nacional ( MORENA ) en San Luis Potosí por lo que tuvimos que recurrir a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública ( CEGAIP ) y fue de esa forma como se obligó a este partido político a entregar información que se niega a publicar en la Plataforma Estatal de Transparencia a pesar de ser una obligación.

Morena ha ocultado que realizó ocho pagos entre el 18 de febrero y el 8 de mayo del 2019 que suman 640 mil 148 pesos a Elsa Dionisia Galván Turribiartes por consultoría para organización de varios eventos. Sin embargo Ciudadanos Observando cuenta con copia de documentos que revelan diversos egresos realizados durante 2019.
Elsa Dionisia Galván Turribiartes aparece como militante priista y que que ha fungido como Delegada de ese partido en la XXII Asamblea Nacional Ordinaria por el estado de San Luis Potosí.
También aparece como integrante del SNTE sección 52 y cuenta con dos plazas ( una como maestra de primaria y otra como oficial de mantenimiento y servicios de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

En relación a otros gastos, detectamos que a pesar de que el portal web www.morenaslp.org no funciona el pasado mes de junio Morena pagó 19 mil 662 pesos a Juan José Mendez Hernández por la supuesta creación de esa página web para cuestiones de transparencia. Dinero público tirado a la basura o que acaba en el bolsillo de otras gentes.

También entre los gastos llama mucho la atención que el 1° de junio del 2019 destinaron 925 mil 640 pesos para el pago por adelantado de cinco proveedores de transporte para traslado de gente a la Ciudad de México para el día 1° de julio donde se realizó un evento para celebrar el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda se repiten los viejos vicios de acarreo tan cuestionados en tiempos priistas.

Mensualmente Morena en San Luis Potosí recibe prerrogativas superiores al millón de pesos y se maneja con una terrible opacidad.

 

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Los Gallardo, más ricos que Peña Nieto

El binomio formado por los ex ediles de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, con su estilo gansteril de gobierno, representan 50 años de retrocesos, establece el dirigente del Movimiento Pueblo Libre, Pedro Torres Esquivel. Expuso que incrementaron sus fortunas por el manejo deshonesto del presupuesto, extorsiones con los programas anti alcohol y ejecutar las obras públicas con sus propias constructoras. Han despojado de terrenos y casas a decenas de víctimas, como una parroquiana de Soledad, a la que trataron de pagarle con un carro robado. Después por atreverse a cobrarles, le inventaron el delito de extorsión. Junto con el esposo, fueron remitidos a las mazmorras de La Pila. Dejaron a los hijos desprotegidos. Los familiares se mueven impunes gracias al cobijo del entonces procurador de justicia y ahora diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, al que Gallardo Cardona le obsequió un rancho para cubrir los favores recibidos. A los que osan denunciar sus tropelías, los acosan, amedrentan y les inventan delitos. En conjunto, son más ricos que el mismo presidente Enrique Peña Nieto, al que denostaron por una casa blanca. Los Gallardo tienen varios fraccionamientos que valen más de 300 millones de pesos. Torres expuso que urge la alternancia en la zona metropolitana, antes que los Gallardo empujen a los potosinos al voladero. Faltan obras de alto impacto, escuelas, puentes, pavimentaciones que se han relegado por la compra de tortillas, garrafones y despensas que reparten a cambio de votos. Existe el riesgo que otros alcaldes ventajosos los imiten, para aferrarse al presupuesto por tiempo indefinido.

“Hay que analizar las reacciones de Gallardo Juárez. Su perfil es de empresario y delincuente. No es político. Ha dicho que la alcaldía es un negocio. Es un grave error. Ningún municipio, menos la capital, se puede apreciar de tal manera. Los palacios fueron creados en 1800. Los hicieron gentes destacadas en la política. Se inspiraron también en el catolicismo. Muchos edificios llevan el nombre de un religioso. Gallardo llegó con el propósito de amedrentar a los comerciantes del centro histórico, de las vías y el rastro. Exprimirlos lo más que se pudiera. Es lo que en realidad le interesaba, más que reubicarlos. Una vez explotados, entonces removerlos. La estrategia de haber desistido es porque quiere seguir en el gobierno. Los tianguis que no quisieron jalar con sus planes fueron los del PRI. Los acosó para someterlos. Se le opuso el dirigente de Los Pinos, Miguel Hernández, por lo que lo invadió con vendedores extraños. El dirigente original desapareció. No se supo más de su paradero. Fue cuando llegó Jesús Yuren. En la colonia 21 de marzo, teníamos un tianguis. Como no pudo someternos, usó a otra dirigente, Concepción Mendiola, que nos traicionó y se quedó con el mercado. Es la que nos fabricó el delito de abuso sexual. Antes creímos que fue el cirujano Fernando Toranzo. Ahora que ya sabemos que el ex secretario de gobierno y diputado federal, Cándido Ochoa y el ex magistrado y secretario del ayuntamiento, Marco Antonio Aranda, trabajan para la misma persona, deducimos que Gallardo armó la trama. Aprovecharon que había unas mujeres que buscaban terrenos. Las aconsejaron para inventarnos un delito sexual y quitarnos los predios”.

“Como alcalde de Soledad, Gallardo Juárez hizo transas con la colonia Pueblo Libre que no estaba reconocida en lo jurídico. Nos cobraba el predial. Tuvimos una cita con la Promotora del Estado y les reclamamos sirvan a un cacique como otras instancias. Al final logramos legalizarla a través del cabildo y el congreso. El ayuntamiento solo cobra, no ha bajado un recurso para ayudarnos. Es semejante a los operativos anti alcohol, que los puso para extorsionar. A los comerciantes fijos y semi fijos les cobra elevadas cuotas por medio de protección civil. En las obras públicas, usa a sus ingenieros privados a los que les paga 20 mil pesos. Salen más caros que los trabajos realizados. Todo lo que captó, le sirvió a Gallardo para incursionar en las despensas, fortalecer los grupos que tiene en cada colonia. Es algo irregular. Optó invertir en tortillas, garrafones y mochilas, en lugar de canalizar los fondos a seguridad pública. Lo mismo hizo con el techo educativo. Fue como llegó a la alcaldía de la capital. Hoy podemos entender por qué en tales renglones no hemos avanzado nada. La colonia Pueblo Libre ya fue regularizada. Se hicieron las presiones al gobierno del estado y no interviniera tanto el ayuntamiento. En 12 años ya pusimos drenaje y agua, pero gracias a las presiones y apoyo del gobierno federal y estatal. Pero nunca de Gallardo, que solo cobró prediales muy carísimos de 4 a 6 mil pesos de golpe, sin abonos. Fue donde empezamos a tener choques muy fuertes por los robos del edil, que no daba resultados en los servicios de agua, drenaje y luz”.

“Lo más impresionante es que cómo Pueblo Libre hizo colonias para los pobres, mientras Gallardo apenas 8 fraccionamientos privados para beneficio personal y de su familia. Tienen casas de un millón y medio de pesos. No son para el ciudadano común. Se pudren de solas, por lo caras. Como las que tiene en la colonia Rivera, a un kilómetro del periférico, en los márgenes del río Santiago. Hicimos la colonia Las Minas, con calles de 14 metros, una de las más fregonas. Los lotes salieron de 5 mil a 12 mil pesos en abonos. Le conseguimos a la gente material para que construyeran sus viviendas. Calculamos que las pueden hacer con unos 30 ó 40 mil pesos en una colonia que está sobre la carretera a Cerro de San Pedro, con agua, luz y escrituras. Es por lo que Gallardo nos tiene odio y envidia. Compra lotes baratísimos a 200 mil pesos la hectárea y calcula sacar 20 millones. Las Minas de San Pedro costaron 2 millones de pesos, con casas muy grandes que tienen todos los servicios. Se puede resolver el problema de la falta de vivienda, pero quiere sacarle el mayor provecho. Se roba los predios y el dinero. La gente no le compra porque se va a esclavizar 30 años. Y como es un mercenario, si tienen algún accidente, les quitará lo abonado. Conocemos varios casos, no podemos hacer nada, porque es un asunto privado. Antes hubo dinero destinado para una escuela, lo facilitó la secretaría de educación. Nosotros habíamos donado el terreno para el kinder y primaria. También habría un pozo, gestionado por el Sistema Estatal de Educación Regular y la Comisión Nacional del Agua. Se perforó en el kilometro uno de la carretera a Cerro de San Pedro, en la colonia Torres de San Pedro. Todo lo bloqueó Gallardo”.

“Donde si actuamos es con las raterías que hace en todos los sentidos. Una vez platicamos con el ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona. Alardeó que tenía miles de seguidores. Le dijimos que no nos importaba si era un millón de votos. Pero si le pegaba a alguien de nosotros, teníamos que reaccionar. Si aguantamos sus corruptelas, debía respetar nuestras manifestaciones. Pero nos amedrentó, metió compañeros a la cárcel, nos fabricó delitos. Nos envió civiles a amenazarnos. Fuimos la única organización que le puso el ejemplo a las mismas instancias públicas, que deben velar por los intereses de los demás. Nos hemos peleado con derechos humanos, el auditor superior del estado, procuraduría de justicia, congreso y cabildos. Les hemos reprochado por qué no actúan, se dejan manipular por un cacique. No puede ser que la prensa nacional hable de sus raterías mientras las instituciones están calladas. Unos dicen que por miedo, creo que se dejaron comprar. El dinero lo destina a baratijas y dispendios. En un mitin afuera del palacio de gobierno, el compañero masón, Emilio Rodríguez Orta, le recriminó al entonces secretario de gobierno, Cándido Ochoa, sobre el rancho que le regaló Gallardo Cardona. Se dejó seducir por el obsequio. Una vez, temeroso, Ochoa me dijo, quiero hablar a solas contigo. Me negué al principio. Luego me comentó muy preocupado, cómo estaba el tema del rancho que decían, le dieron. Le dije que lo ignoraba. Sólo lo sabía Rodríguez Orta. La denuncia no le gustó a las mafias de las logias, donde lo agredieron. Buscaron callar el escándalo. No se explica cómo de manera instantánea, Ochoa se hizo masón. Sabemos que apoya al alcalde. Tiene al ex diputado local y ex líder de la sección 26 del magisterio, Vito Lucas Gómez, en el área educativa. Cómo es posible que el ex edil de un ranchito como Soledad, pudo controlar toda la estructura del gobierno estatal. El PRI tiene muchos traidores. Gallardo no ha dicho la verdad. Es el primero que trabajó para el PRI. Siempre le echa la culpa al PRI o PAN de que lo atacan, cuando le ayudaron. Lo favoreció el ex candidato del PRD a la gubernatura, Fernando Pérez Espinosa, que le ayudó a cubrir todo el lodazal. Cuando el Calolo fue presidente del congreso, pudo hacer más para desbaratar la ecuación corrupta que se destapó. En los operativos anti alcohol, Gallardo se dedicó a robar, a diestra y siniestra. Lo protegió el entonces procurador, Cándido Ochoa”.

“El actual presidente de los derechos humanos, Jorge Andrés López Espinosa, también obedece a Gallardo Juárez. Lo visitamos y se deslindó. Pero no lo hace público y no defiende a las víctimas. La ecuación corrupta llegó lejos porque la solapó el congreso, procurador, el Supremo Tribunal de Justicia, el gobernador Juan Manuel Carreras, que debe reaccionar. Impedir que las instituciones trabajen para un cacique. El problema es que no saben cómo sacudirse la sombra del alcalde, porque existe un pacto político. Nos preocupa porque no hemos dejado de combatirlo. A veces nos sentimos arrinconados en espera de los fregadazos. Pero estamos contentos, demostramos que no somos materialistas, que solo nos gustaba pedir. En Villa de Reyes, castigamos, le hicimos juicio político al alcalde Gustavo Alarcón que terminó en la cárcel. Gallardo es más descarado, más peligroso, porque no existe diálogo, hay persecuciones. Los ciudadanos perciben que los mil 800 policías de la zona metropolitana se dedican a robar, quitan placas de los vehículos de manera arbitraria, levantan borrachitos para quitarles la quincena, no existe seguridad. Los mismos agentes dicen que los mandan al atraco. Lo negativo es que otros alcaldes tratarán de imitarlo. Ya no harán puentes, clínicas, escuelas. El hospital central necesita 100 millones de pesos al año para atender a los enfermos. Cualquier candidato puede prometer despensas, garrafones y mochilas para conseguir los votos. Es muy lamentable porque en los próximos años no habrá salud, seguridad, las escuelas serán insuficientes para los jóvenes. Si prevalece la política miserable de Gallardo, habrá un enorme retroceso. Es lo que no se ha entendido. La gente se conforma con miserias que pagan con sus impuestos. Pero se las cobran muy caras”.

“En la colonia Los Vergeles exigen obras, lugares recreativos, pero Gallardo se zafó de sus compromisos. Ojalá que la gente reaccionara igual en otras partes. Pero en el resto de las 800 colonias se conforman con migajas, sin saber que las pagan con sus impuestos. Hay varias formas para detener al mal gobierno. Necesitamos que alguien retome la zona metropolitana o nos iremos al abismo. Existe una enorme corrupción, falta de transparencia. Nunca se había visto algo similar. Gallardo roba de manera descarada hasta lo triple. Hace las obras con sus constructoras. Mete a la cárcel e intimida a cualquiera. El gobernador Juan Manuel Carreras lo sabe. Le hemos dicho, le pasará lo mismo que al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, donde se cayó el mando. Ya nos pasó con el asesinato del foto reportero Daniel Esqueda. Se metieron con los comunicadores y activistas. La prensa no reaccionó como se esperaba. Si todos lo hubieran hecho con fuerza, Gallardo se tambalea. Pero la mayoría tolera sus transas. Amplió su cacicazgo por las traiciones del PRI y coqueteos del PAN. También son responsables. Al ex diputado panista Enrique Flores varias veces le sacaron fotos con Gallardo. Era uno de los que operaban los asaltos del alcalde. Junto con el ex legislador del PRD, José Guadalupe Torres. El del PRI, Óscar Bautista y el del Verde, Manuel Barrera. Carreras lo permitió. Ahora no se lo puede quitar de encima”.

“Se puede meter en una dificultad, como cuando Ochoa puso un tianguis de antorchistas en la explanada del mercado república, 4 meses. Los ataques fueron para el edil Mario García. No actuó porque buscó ser gobernador. Ochoa nos fabricó un delito sin importarle los conflictos que le generó a su jefe Toranzo. Gallardo tenía infiltrados en todas partes. Hacían una carretera en Soledad y aparecía como si la hubiera ejecutado. Lo mismo pasó con los puentes que realizó Marcelo de los Santos. Les ponían leyendas de Soledad para engañar a los ciudadanos de que había transformado la zona metropolitana. Toranzo edificó el del periférico. Gallardo hizo creer que levantó el oriente, cuando lo gestionó su antecesora Victoria Labastida. La más corrupta e inepta deja atrás al vendedor de pollos con el puente oriente, los trabajos de la Alameda, que no concluyó, porque tuvo problemas con la empresa y la comandancia oriente. Obras de alto impacto. Si preguntamos sobre acciones de la misma magnitud en 9 años con Gallardo, nadie sabe responder. Le va peor con Marcelo de los Santos, que cambió San Luis. Gallardo presumió que iba a meter a la cárcel a Mario García y Labastida y no cumplió. Hay un gran retroceso de 50 años con Gallardo Juárez, que prefiere invertir en despensas en lugar puentes, pues le rinde más el dinero y saca mayor provecho. No se necesita ser inteligente para ofrecer el doble en la campaña y ganar. Se nos hace interesante cuando dicen que harán viviendas para la gente pobre o que van a subsanar los problemas de salud. Necesitamos a alguien con capacidad que retome la zona metropolitana, ya que San Luis camina para atrás”.

“Dicen que el adoquín de las calles se los llevó a sus ranchos. Son patrimonio cultural de los potosinos. Son mejores que el concreto, ya que permiten filtraciones de agua al subsuelo. En el centro histórico no hay ningún avance. No cumplió lo prometido. Es un fracaso. Nos metimos a defender a los ambulantes, a los que trató de reubicar de manera arbitraria. No tapó los baches, creció la inseguridad. La infraestructura de calles y escuelas la quiso suplir con baratijas. Muchas colonias ya se rebelaron. Ha ahuyentado las inversiones, ya que de todo pide moches. Impresiona que la prensa y autoridades no reaccionen. Es negativo para los potosinos. Cuando Gallardo empezó hace 9 años, me dijo que si era muy fregón, habláramos a solas. Lo primero que hizo fue amenazarme, que me iría pésimo. Me recalcó que yo tenía problemas. Sabía dónde vivo. Me recordó a Las Lidias, con las que me fabricó el delito de acoso sexual. Le entregué un pliego petitorio. Imaginamos que iba a evolucionar, pero fue todo lo contrario. San Luis va para abajo, ya que sólo vino a robar. Si la prensa hubiera hablado y dicho lo que era Gallardo, no llega a donde está. Citó a los reporteros de Pulso, Sol de San Luis y San Luis Hoy para preguntarme lo que deseaba. Le dije que quitara el anti alcohol, un pretexto para atracar, ya que se quedaba con todo el dinero. Meter a la cárcel a los que estaban antes en la alcaldía, que se llevaron el presupuesto, como Roberto Cervantes, Juan Manuel Velázquez y Juan Gaytán. Y que ya no se auto vendiera las áreas verdes como un predio de la colonia Morelos, pegada al Terremoto, que hizo fraccionamiento. Los diarios no publicaron nada de lo que reclamé. El video lo saca a veces su golpeador, el herrero Rafael Aguilar alias El Chiquilín, pero editado. Exhiben las partes donde dicen que soy terrateniente y alardea que no me dará un peso. Manipulan, distorsionan los hechos a su favor”.

“Existen muchas personas a las que les han quitado sus propiedades, pero no hablan porque tienen miedo. A una señora de Soledad, Lupita, Gallardo Cardona le compró un pequeño salón de fiestas y dos locales en 2 millones de pesos en la calle de Negrete. Le dio un millón y un carro BMW que resultó robado. El que hizo las transacciones fue el ex diputado Guadalupe Torres. La afectada dice que ya no quiere el trato. Le aseguran que le cubrirán el resto pero jamás le cumplen. Se nos unió a una marcha que hicimos a Soledad con 5 mil personas. Quiso cachetear a Torres, para que le pagara su terreno. Después del incidente, le dije que no fuera sola a cobrar, pero no hizo caso. La engañaron con el cuento de que iban a saldar el adeudo y le fabricaron un cuatro. La filmaron con cámaras para acusarla de extorsión. La víctima se fue a la cárcel con todo y marido, dejaron a los hijos solos. La señora me pidió no intervenir para que ya no la perjudicaran. Les dije que no fueran cabrones, que dejaron a los niños indefensos. La tildaron de loca y no conocerla. Pero existen los documentos que lo prueban, firmaron el contrato de una casa que no pagaron. A la señora la han amenazado y siguen sin pagarle. Hay muchos más casos de despojos que involucran a los Gallardo”.

“Maquinaron controlar el gobierno en su totalidad, pero ya no es posible, sacaron de la jugada al Calolo. Gallardo y Ochoa hacen equipo. Trataron de comprar la franquicia del Partido del Trabajo al eterno dirigente, José Belmarez. No hubo acuerdo. Buscan proyectar que todos los apoyan. Dudo mucho haya un pacto del gobernador Carreras con Gallardo. Aunque tenemos un mandatario tímido, que no se quiere confrontar con nadie, sí manda. Toranzo era un mandilón por lo que Ochoa lo suplantó. Le puso golpes bajos al PRI para dejar crecer a Gallardo. La prensa manejó que Ochoa puso al ex auditor superior, José de Jesús Jiménez, para limpiar las cuentas de Gallardo y de otros ayuntamientos donde buscó ampliar su influencia política. Tenemos un edil malandrín, un personaje que actúa como voraz empresario y ratero. Le romperá la madre al que se le ponga al frente. Aplica el lema, el fin justifica los medios. Lo que nos gustó fue la demanda que le hicieron por una cantidad menor. En menos de 5 minutos hizo el cheque. Si los mil trabajadores que corrió hicieran lo mismo, logran más beneficios. Ha actuado de forma gansteril, se ha brincado la ley. Cometió un gran desfalco con las falsas compras de medicina a través de la desconocida Sandra Sánchez, lo de la clínica Wong, los 500 millones que le reclamó la Auditoria Superior de la Federación. No podrá enfrentar todas las demandas laborales. Le apuesta a la suerte. La libertad de Gallardo Cardona fue un acuerdo político. Si fuera inocente, no se destapan tantas injusticias. Amenaza a periodistas y dirigentes sociales. Necesita un verdadero juicio político. A lo mejor se lo hacemos, porque nadie quiere despertar”.

“El edil reta al que se le ponga enfrente. Controla a la mayoría de los medios informativos. Nos impacta lo que hace. El salario que percibe no da para tanto. Provoca escalofríos la fortuna que ha acumulado. Algunos dicen que ya era rico. Falso. Andaba en una camioneta destartalada. Ahora se mueve en unidades blindadas que valen hasta 6 millones de pesos, con escoltas armados. Cuando la prensa nacional le preguntó que si tiene una colección de carros antiguos, habla de doce, pero tiene entre 50 y 70 en una bodega con vitrales para que no se llenen de polvo. Ya rebasó al presidente Enrique Peña, que sólo tiene una casa blanca. Gallardo posee fraccionamientos. Cuando el ex alcalde panista Juan Manuel Velázquez compró una Explorer en 700 mil pesos, el pueblo se le echó encima. Ahora la traen de patrulla. Gallardo compró hoteles, gasolineras, ranchos, colecciona coches, carga Rolex, un violín de 5 millones de pesos. Es un edil de rancho y cuestionan más a Peña por una sola casa. El munícipe hace complejos habitacionales de 100 a 300 casas que valen cientos de millones de pesos. Es complicado controlar tanto. Una vez que visitó sus propiedades, se bajó del carro para regañar a un pobre albañil que movió unos ladrillos. Casi lo desaparecen. Están locos de poder. Es imposible que con solo vender pollos tenga tanto. Hay empresarios que tienen negocios mejores y no han progresado tanto. Nunca he debatido con su tapete, Rafael Aguilar, jamás lo haría. Lo volvería hacer con su jefe. Pero es un cobarde. Dice que tiene enemigos, pero todos le rinden culto, la prensa, empresarios, partidos. Es donde está la corrupción”.

“Se pelean con su propia sombra. Son pocos los que lo critican. Lo mismo pasa con la prensa, son contados los que dicen la verdad. El Pueblo Libre y el Frente de Comerciantes son los únicos que se han rebelado. Quiero decirle al marrano y pandillero del Chiquilín que mencione los enemigos. A todos los sobornan. El herrero se volvió loco, decían que se la pasaba fumando cocaína atrás de la Cruz Roja, en una hojalatería. Se metía pasta hasta más no poder. Siempre anda borracho. Cuando hubo un curso de oratoria en la penitenciaria, le ganamos todos los debates cuando quiso defender a Gallardo. No tiene calidad moral. El señor se iba a dormir, se metía encima la mitad de coca y otra de alcohol. El que le haga caso pierde el tiempo. Ya se trastornó, perdió los estribos. No es el único esquirol que tienen, hay muchos más. Les pagan con dinero sucio que entra al ayuntamiento. Gallardo manda a robar a los policías y luego el herrero los regaña. Ya no les decimos nada, nos responden que deben obedecer. No les queda de otra. Fue un error creer que el PRD nos iba a sacar del hoyo, pero ha cometido muchas injusticias. Pero a Gallardo se le puede ganar si la mayoría sale a votar. Entonces habrá grandes diferencias. No es popular, siempre anda protegido. Llega en camionetas de lujo, blindadas, con guaruras armados, a lugares donde no tienen techo, agua, ni nada. Es humillante lo que hace, con sus desplantes de burgués. Ya no sale de las colonias más caras, es un multimillonario. Tiene más dinero que Peña Nieto”.

“Hay que reconocerle valor al diputado federal Xavier Nava por desligarse del cacique. Nos falta abrir una escuela de cuadros para generar conciencia en el pueblo. La procuraduría de justicia la controla una mafia. El hospital central es casi privado. El poder judicial, los juzgados, son un desastre. Sería muy delicado que dejen avanzar a Gallardo. Los que tenemos valor de decirlo, no alcanzamos cobertura. Los que tienen cobertura, se quedan callados. Llevo incontables amenazas de los Gallardo. A mis hijos les trataron de fabricar algún delito. Los combatimos siempre de frente. No buscamos negociar nada, queremos que termine la pesadilla política. Jamás haremos las paces. Guadalupe Torres se ofreció llevarme a la feria. Me negué porque somos contrarios, ya que su política es caciquil y de raterías. Seguiremos hasta el final. Son pocos los que se han vendido. Somos resistentes. No nos dejamos amedrentar ni comprar con baratijas. Reconocemos que Gallardo Cardona tuvo una gran presencia. Con la mano en la cintura pudo haber ganado, lo que no le convenía al papá, que gobernó primero. Dejó que su hijo continuara con las transas en la clínica Wong. Lo pudo frenar y no lo hizo. A donde se vaya Gallardo Juárez, senador o gobernador, dejará a alguien que pueda mangonear, como al títere alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte”.

“Gallardo no tiene relevos. La gente acude con miedo a los mítines. Tampoco formó al herrero Rafael Aguilar, que ni siquiera es activista. Es un arrastrado que encontró un patrocinador. Jamás ha ayudado a nadie en toda su vida. No ha construido colonias, pozos, puentes, escuelas. Lo que si tiene son demandas penales por fraude. Pero lo mal habido no rinde y pronto estará en la miseria. Y como sirve al cacique sin razonar, todo el daño que le hacen al pueblo se les revertirá. Además ni lo pelan. Está más solo que nunca, por su gran desprestigio. La ciudadanía no debe confiar más en Gallardo, que ha perdido simpatizantes. Tiene capacidad económica para mantener la estructura, pero ya le brincan asuntos por el desvío de dinero. La autoridad lo presiona. Le frenamos los aumentos del agua, el tema de Panavi. No va a meter sus propiedades para conseguir recursos. Usa los fondos públicos, que le quita al pueblo. Ya le han bloqueado varios actos. Se topó con la pared. Avanzó por la entrega de dádivas. Para hacerlo, necesita oxígeno. Le hemos puesto trabas. Hace falta un alto total. Tenemos 8 años de confrontarlo. Le reclamamos a las instituciones, por qué tienen tratos con un cacique y nos joden a todos. ¿Acaso ignoran que es el nuevo multimillonario de la zona metropolitana?”.

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Entre burócratas, recomendados y ex titulares del organismo saldrá la terna del nuevo auditor

El ex contador mayor de hacienda del congreso del estado durante el cuatrienio de Horacio Sánchez Unzueta y contralor durante más de 2 años en el sexenio de Fernando Silva Nieto, Óscar Alarcón Guerrero es uno de los que aspiran a dirigir la Auditoria Superior del Estado. Es la segunda vez que participa para el cargo. En el proceso del 2014 donde se eligió a José de Jesús Martínez Loredo, también se anotó, pero fue descartado por los legisladores que se apegaron a la línea dictada por el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, que suplantó a su jefe Fernando Toranzo en el mando. Martínez resultó un auténtico fracaso en el cargo.

            En la primera de dos entrevistas que sostuvo ante los legisladores integrantes de la cartera de vigilancia, como parte del proceso selectivo, Alarcón Guerrero se asumió como apartidista y aseguró que uno de los motivos por lo que decidió participar fue al ver la triste realidad en la que se encuentra la instancia, con una serie de dudas y señalamientos sobre su desempeño. Dijo que a 10 años de fundada la ASE, se hizo grande en personal. No cumple sus objetivos y se contaminó con el ejercicio de prácticas incorrectas. No es creíble ni tiene autoridad.

           Afirmó que incursionó en base a su trabajo “de ninguna forma por amistad o intereses con funcionarios o político alguno”. Pasó de la contaduría mayor de hacienda a la contraloría estatal invitado por los resultados obtenidos, sin tener amistad con el entonces gobernador Fernando Silva Nieto. Su plan de trabajo al frente de la ASE será coincidente con el sistema nacional y estatal anticorrupción. Constará de cinco líneas: capacitación permanente del personal. Revisar y adecuar los métodos de trabajo. Renovar la estructura de la ASE para incorporar otras áreas que dictan las nuevas leyes, como las unidades de investigación y sustentación. Implementar el sistema profesional de carrera y resolver conforme a la ley asuntos pendientes como revisar las cuentas públicas del 2016 cuyos informes rechazó el congreso. Prometió atender todas las denuncias ciudadanas con pruebas que se presenten y trabajar en forma coordinada con la cartera de vigilancia y su nueva unidad de evaluación que supervisará el trabajo de ASE, para recobrar la confianza de los ciudadanos en el ente fiscalizador.

            En su currícula, Alarcón detalló que al inicio de su carrera trabajó en el despacho del ex alcalde y ex candidato a la gubernatura por el PRI, Luis García Julián, que antes fungió como consejero ciudadano y presumía su apartidismo. Alarcón también fue socio y director de un despacho con el ex contador mayor de hacienda y ex secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía. Laboró para varias empresas de la iniciativa privada y como auditor externo de organismos gubernamentales como la Feria Nacional Potosina, Colegio de Bachilleres y la delegación del Infonavit, entre otros.

|           Ocho de los 24 candidatos que compiten por la titularidad de la ASE, son trabajadores o ex empleados del órgano fiscalizador. Jesús Mejía Lira pretende ahora ocupar el lugar de su ex jefe, Jesús Martínez Loredo. Fungió del 2014 al 2015 como auditor especial de fiscalización municipal y sus organismos, de donde salió, según dijo a los diputados, porque no respetaron su trabajo y le cambiaban por arte de magia los informes, para lo cual no requerían de su firma. Lo que no les mencionó es que por 14 meses que laboró para la ASE, se le indemnizó con 281 mil 768 pesos. Las abultadas liquidaciones al personal fueron una constante en las fallas que se ventilaron. Mejia Lira fue director de administración en la Secretaría de Educación Pública donde tuvo de jefe al ahora gobernador Juan Manuel Carreras López, por lo cual se le ubica como una de las cartas del ejecutivo. También cuenta con el respaldo de algunos legisladores del PAN, ya que fungió como tesorero del ex edil Jorge Lozano Armengol, recordado por privatizar el servicio de limpia que entregó mediante una oscura maniobra a la firma Vigue. Mejía fue contralor con el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y ha ocupado cargos administrativos en dependencias del gobierno estatal, como la oficialía mayor, secretaría de desarrollo agropecuario y comunicaciones y transportes. Es contador público y auditor. Cuenta con una maestría en administración pública y un doctorado en sociología de las organizaciones, que cursó durante un año en una universidad de París, Francia.

            En la primera entrevista con los diputados, Mejía Lira lamentó que la corrupción en el país vaya en aumento. Citó un estudio del Instituto Nacional de Competitividad, donde señala que es nefasta, disminuye las inversiones, derrota el empoderamiento, minimiza la credibilidad, afecta el bienestar social, reduce toda eficiencia, genera una mayor desigualdad y obstaculiza la justicia. Mencionó que datos del 2016, revelan que el costo de las corruptelas en México es del 10% del Producto Interno Bruto, cifra que equivale a casi 90 veces el presupuesto de la Uiversidad Nacional Autónoma de México, 8 veces el de la Seretaría de Desarrollo Social y 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. “Con todos los cuestionamientos que se han manejado en la ASE, ¿ Cuánto no podríamos hacer con los recursos”.

            “La ciudadanía reclama una verdadera rendición de cuentas. Exige una gran transparencia y adecuado uso de los recursos públicos. Claridad en el ejercicio del gasto, que los reportes sean veraces, con evaluaciones que muestren el impacto, saber que la acción gubernamental causa efectos positivos a la comunidad”. Se pronunció por reforzar los mecanismos fiscalizadores, mejorar el desmepeño de la ASE para que en un plazo breve sea catalogada como una de las mejores del país. Dijo poder afrontar el reto. Prometió cumplir de manera cabal con todas las atribuciones que la ley le confiere. Hacer un análisis de las remuneraciones que perciben los empleados de la auditoria. Clasificar las observaciones que resulten de las auditorías, en graves, muy graves y regulares. Poner el acento en las más complicadas, aplicar las sanciones y procedimientos para evitar que prescriban, como ahora sucede. Presentar las denuncias penales y los juicios políticos que procedan. Dijo que va a trasparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas y solicitudes de los ciudadanos. Habrá de incorporar a la ASE a los mejores hombres y mujeres. Se basará en su capacidad técnica y honradez, no en amiguismos o compadrazgos. Buscará incorporar en el personal una mística de servicio, trabajo de calidad y un rechazo sistemático a las conductas deshonestas.

            Otra que aspira al cargo es María del Rocío Torres Armenta, actual jefa del departamento de servicio civil de carrera del órgano fiscalizador. En 13 años ha ocupado los cargos de directora de auditoria, contadora mayor de hacienda, encargada de despacho de la auditoria y coordinadora de organismos autónomos. Es hermana de José Guadalupe Torres Armenta, ex secretario técnico del gabinete con el gobernador Fernando Toranzo Fernández. Con Carreras permaneció en el mismo cargo hasta octubre del 2016. Sobre los Torres Armenta pesan acusaciones de tráfico de influencias y nepotismo. En la auditoria, además de María del Rocío, laboran sus hermanos Ruth del Consuelo Torres Armenta, que se desempeña como jefa de recursos humanos. Marco Antonio Torres Armenta es jefe del departamento del área legal y su cuñada, la auditora, Enedina Ibarra, es esposa de José Guadalupe.

            El portal La Orquesta ventiló en marzo reciente la denuncia de la empleada de la ASE, Laura de la Rosa Jiménez, cuyo seguro médico fue usufructuado y agotado sin su permiso por el ex funcionario José Guadalupe Torres Armenta y sus hijos Luis Alejandro y José Pablo Torres Ibarra, que aparecían como beneficiarios. La quejosa notificó la irregularidad a la administradora, Ruth Torres Armenta, que la ignoró, por lo que decidió presentar la querella ante la procuraduría de justicia.

            María del Rocío Torres Armenta es contadora pública certificada. Tiene una maestría en gestión pública, diplomados en contabilidad gubernamental, disciplina financiera y presupuesto basado en resultados. En respuesta a preguntas de los diputados, aseguró que no le temblaría la mano para iniciar procesos administrativos por fallas en el manejo de los recursos públicos, que por no estar sustentados los procesos u observaciones no prosperan. Dijo haber contribuido a lograr avances al rendir cuentas, en los puestos que ha ocupado, como auditar a los tres poderes del estado, que antes no se revisaban y los organismos autónomos como la universidad autónoma, que se resistía a ser fiscalizada.

            Aseguró que el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo desde su llegada la vio como una enemiga por su honestidad. Supo que no se prestaría a sus malos manejos. Admitió haberse dado cuenta de las irregularidades que ocurrían en la dependencia, pero no tenía las pruebas para acusar a alguien. Expuso que con Martínez el personal cayó en el desánimo y decían que las observaciones las iban a negociar. Los aconsejaba cumplir sus tareas sin importar lo que pudiera hacer el auditor. Expuso que con el servicio civil de carrera que ya implementó, se eliminará la práctica de aceptar recomendados de diputados y funcionarios que no cumplan el perfil.  

            El ex coordinador de auditorias y ex auditor especial de fiscalización gubernamental y de los municipios, Camerino Hernández Gamboa, busca regresar a la ASE, pero ahora al puesto de auditor superior, cargo que pretendía desde que le ganó Martínez Loredo por su amistad y compadrazgo que siempre presumió con la ex presidenta del DIF y esposa de Fernando, la anestesióloga María Luisa Ramos, que lo metió a la nómina. El polémico ex funcionario fue acusado de maquillar y quitar observaciones de malos manejos a las cuentas públicas del 2012 y 2013 de ex alcaldes y funcionarios de Cedral a cambio de sobornos. En el 2016, antes de revelarse el escándalo de la ecuación corrupta en el congreso, que confesó el aún diputado panista con licencia Enrique Flores Flores, el ex auditor fue denunciado ante el congreso y la propia auditoria, por integrantes del organismo Huastecos Unidos Contra la Corrupción, que encabezó Isaías Rodríguez Ballesteros. Lo acusaron de haber reunido a varios ediles huastecos y ofrecerles todo el apoyo para el desahogo de las cuentas públicas y borrar observaciones a cambio de dádivas. Les aseguró que contaba con el respaldo de Flores.

            Hernández Gamboa, en su paso por la ASE, fue clave para que las cuentas públicas del exgobernador Fernando Toranzo salieran inmaculadas y fue un hostigador dentro de la dependencia para que se deslindara al ex mandatario de las observaciones que realizó el ex titular del órgano fiscalizador Héctor Vicente Mayorga Delgado del que Toranzo fue responsable de aplicar y no justificar el destino de casi 562 millones de pesos del polémico préstamo de mil 500 millones de pesos que solicitó el ex gobernador Marcelo de los Santos casi al final de su mandato. Lo que derivó en que fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos ya que recibió una mega multa que le impuso el extinto contralor Isaac Delgado. Lo obligó a litigar en los tribunales.

            Camerino Hernández en el 2014 fue separado por un breve tiempo como auditor especial adjunto, que le creó exprofeso en la dependencia Martínez Loredo, para someterlo a una revisión interna. Presionado desde el gobierno, Martínez se vio obligado a desistir y volverlo a ocupar a los pocos días. En marzo del 2016 fue separado en forma abrupta al impedírle la entrada al edificio de la ASE. Le sellaron la oficina hasta realizar la entrega- recepción. Un día después de la bochornosa salida se difundió el audio de una supuesta amenaza de Hernández, donde despotrica contra Martínez.

           Camerino Hernández fue uno de los beneficiarios de las millonarias indemnizaciones que entregó a los despedidos Martínez Loredo. El auditor adjunto recibió más de un millón de pesos en dos cheques, por 476 mil 774 pesos en marzo y otro por 523 mil 225 pesos en abril del 2016. En la entrevista con diputados, Gamboa aseguró que nunca se le notificó la causa de su salida. En su arenga, señaló que la dependencia, lejos de cumplir su objetivo de ser un organismo autónomo, con fuerza para no politizar su trabajo y responder al reclamo ciudadano, de que haya un manejo honesto de los recursos públicos, ha servido para ensalzar a un solo individuo que castiga y perdona según le dicte su conciencia, intereses políticos y personales.

            Añadió que para exigir a los entes auditados actuar en forma responsable, la auditoria está obligada a predicar con el ejemplo y atender los principios de integridad, congruencia, transparencia y rendición de cuentas. Es una de las más atrasadas en el uso de las nuevas tecnologías de última generación, lo que coadyuvaría a mejorar el trabajo. Tener menos riesgos de errores humanos, un ahorro en gastos de viáticos, tiempo y programas de trabajo. Su plan lo resumió en cuatro ejes: administración interna, control y fiscalización, actualización tecnológica, trasparencia y controles anticorrupción. Mencionó que para eliminar triquiñuelas de los auditores, los rotaría cada trimestre y año.

            Pretende dirigir la ASE el abogado y asesor laboral de la dependencia, Óscar Omar Niño Rodríguez. En la entrevista con los diputados, admitió que tiene demandada a la instancia con un juicio laboral porque Martínez Loredo no lo indemnizó después de terminar sus obligaciones laborales. Tampoco le cumplió con el salario que le prometió. Le llevó a la dependencia 6 juicios laborales, de los cuales asegura que ganó 4 y 2 se encuentran pendientes. Trabajó también como asesor de la contaduría mayor de hacienda durante dos años y medio. Ahora es asesor del ayuntamiento de Matehuala, fue síndico en Villa de Ramos y asesor durante 5 años en Soledad.

En la etapa de preguntas, Niño dijo que su primera acción como auditor sería integrar un equipo de trabajo eficiente y con conocimientos básicos en auditoria. Aseguró que el órgano fiscalizador cuenta con esquemas eficientes, pero lo que hace falta es respeto mutuo entre el congreso y la dependencia en cuanto a sus ámbitos de competencia. “Si permiten la libertad, la auditoria va cambiar, se va sanear la imagen de la dependencia y el congreso”. Les dijo a los diputados que cometieron un grave error jurídico en cuanto a la forma y tiempo, al rechazar los informes finales de las cuentas 2016 de los municipios, que ya había aprobado la cartera de vigilancia, así como acordar en el pleno el rechazo a los informes de las cuentas de los tres poderes, sin argumentarlo. Por lo que incluso el procedimiento podría ser materia de una controversia constitucional, que retrasaría el dictamen hasta el 2021.

            Otro ex empleado de la auditoria que busca el máximo cargo es el litigante Juan José Frías Aguilera, que se desempeñó durante 7 años como coordinador de ejecución fiscal, hasta febrero del 2014 que fue despedido. Además de demandar a la dependencia para que lo indemnizara, denunció ante la procuraduría de justicia a Martínez Loredo y le promovió en el congreso un juicio político. Lo acusó de uso indebido de recursos públicos, no ser elegible para el cargo. Lo definió como un delincuente de cuello blanco. En contraparte, Frías fue acusado de extorsión y chantaje por ex presidentes municipales que entregaron a la auditoria escritos y copias de depósitos que le hacían por asesorías ficticias. Empleados de la dependencia lo denunciaron por acoso laboral. El litigante fue también asesor jurídico del congreso de 1990 a 1993 y director de ejecución fiscal en el ayuntamiento de Soledad del 2000 al 2002. En su encuentro con los legisladores, Frías expuso que la sociedad potosina exige y merece trasparencia, resultados positivos en el manejo de los recursos públicos. “La gente ya está harta de los actos de impunidad y corruptelas, de que las autoridades, lejos de aplicar la ley, se preocupan más por los intereses políticos y personales”.

            La actual encargada de la auditoria, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado busca ser electa para el cargo los próximos 7 años. Cervantes tiene más de 22 años como empleada del órgano fiscalizador. Se ha desempeñado como auxiliar de auditora, auditora, supervisora de fiscalización municipal, coordinadora de auditoria especial de fiscalización gubernamental y organismos descentralizados. En junio del año en curso, se le designó encargada del despacho, tras la renuncia de Martínez Loredo y sus cercanos colaboradores. A Cervantes se le ubica como la carta secreta del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, para ser la próxima titular. Cuenta con el apoyo de por lo menos dos legisladores de la cartera de vigilancia. Podría integrar la terna que se someta a votación. En entrevista con los diputados, se le cuestionó sobre la existencia de la nómina secreta que operó Martínez. Las acciones a implementar para mejorar la deteriorada imagen de la auditoria y si estaba impedida para contender por el cargo. Cervantes adelantó que concluida la pesquisa sobre la nómina alterna, presentaría la denuncia ante la procuraduría. Afirmó no estar impedida para contender, ya que la ley interna contempla se reelija el titular. Cervantes cuenta con las simpatías del secretario de finanzas, José Luis Ugalde. Le dijo a los diputados que las corruptelas se deben a la falta de supervisión y no fomentar valores éticos entre el personal.

           Busca ser auditor superior, el actual director de administración y finanzas de la secretaría de comunicaciones y transportes del gobierno estatal, Víctor Lomelí Guerrero que hasta febrero del 2014 ocupó el cargo de contralor interno de la auditoria. En el sexenio de Marcelo de los Santos fue subdirector de recaudación y política fiscal. Desde el 2009 hasta 2013 trabajó en el ayuntamiento de San Luis Potosí como auditor, jefe de departamento y un breve tiempo oficial mayor.

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La Procuraduría Agraria, eje del robo a campesinos

Especuladores locales y foráneos, coludidos con funcionarios de la Procuraduría Agraria, se apropiaron con artimañas de 621 hectáreas de uso común del ejido Laguna de San Vicente en Villa de Reyes. Compraron el metro cuadrado a 30 pesos a través de asambleas manipuladas. Los nuevos dueños de los predios son Fernando Pablo Villarreal Ballesteros, Gustavo Alfonso Lozano Ardines, Juan Carlos y Eduardo Martín López Rodríguez, Manuel Sáinz de la Hidalga, Julio César Medina Tovar, Edgardo Antonio Meade de Zamacona, Enrique Zabal Cerdeira, José Antonio Vallarta Porras, Francisco Xavier Ponce de Léon Aguilar, Eduardo Cerillo Alemán, Ana Cecilia González Rodríguez, José Antonio Alanís Nieves y Andrés de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador Marcelo de los Santos y del ex alcalde de la capital, Guillermo Pizzuto Zamanillo.

Los ventajosos compradores, coludidos con la notaria 2 de Villa de Reyes, Magdalena Sofía Foyo Mancilla, manipularon el contenido de una acta de asamblea del 10 de junio de 2016, donde presuntamente, los ejidatarios aceptaron la adopción del domino pleno, para poder vender y recibieron a los intrusos como nuevos ejidatarios y avecindados. Las víctimas firmaron hojas en blanco, porque desde hace 10 años en el ejido no se cuenta con un libro de actas. La fedataria alteró el contenido para protocolizar el documento. La asamblea fue presidida por el visitador de la Procuraduría Agraria, Álvaro Pineda Maldonado y otros dos sujetos. Uno se hizo pasar como funcionario de la dependencia, el ingeniero Cecilio Torres, que se encontraba asignado a la huasteca. A algunos ejidatarios le informaron que se abordaría una posible venta de tierras. Pero cuando llegaron los compradores, ya tenían los cheques elaborados, para pagarle a 199 campesinos. A cada uno le darían 900 mil pesos en tres partes. Luego con chicanas, les aplazaron los abonos. Una parte aceptó que las 621 hectáreas se cambiaran de uso común a tierras parceladas y entregarlas a los industriales. Pero hay 45 ejidatarios que se niegan a reconocer los términos del escrito, menos a vender las parcelas. Sin embargo, 5 fueron doblegados. Son ancianos que no escuchan y firmaron. Se fueron con la inercia. Los otros 40 no recibieron pago alguno.

Foyo no consignó que se trate de una compra-venta. La anotó como asignación de tierras. La asamblea determinó ceder las 620 hectáreas en parcelas a cada uno de los compradores. Un ejemplo burdo se explica con Manuel Sáinz, oriundo del Distrito Federal. Le le entregaron 53 parcelas. A la ejidataria María Martínez Maya, 22. Entre ambas personas concentran una superficie que supera las 200 hectáreas. A Sáinz se le aceptó como nuevo ejidatario, sin tener derecho. No es avecindado ni hijo de beneficiarios. Se dedicó dos años antes a visitar cada domicilio para coaccionar a los moradores. Se valió de Martínez Maya y María de Jesús Molina Rosas, quienes le indicaban las carencias de sus vecinos para atinarle al clavo de la necesidad. En la manipulada asamblea se asignaron los derechos de 14 parcelas con una superficie por más de 313 hectáreas. A Ana Cecilia González Rodríguez le tocaron 2. A Fernando Pablo Villarreal Ballesteros una. Gustavo Alfonso Lozano Ardines 2. Andrés de los Santos Pizzuto 3. Eduardo Martín López Rodríguez 1. José Antonio Alanís Nieves 2. Juan Carlos López Rodríguez 3. Se distribuyeron 6 parcelas con una superficie que supera las 90 hectáreas. A Enrique Zabal Cerdeiria le asignaron 1. A Edgardo Meade de Zamacona 1. A José Antonio Vallarta Porras 1. A Francisco Xavier Ponce de León Aguilar 2. A Eduardo Cerrillo Alemán 1. Se aceptaron en total a 15 nuevos ejidatarios y avecindados.

Otro que se coló como falso ejidatario es José Francisco Pacheco Rodríguez, que aparece desde el 2013 como el número uno del padrón. A Pacheco y Pablo Villarreal Ballesteros se les ubica con el mismo modus operandi en las franjas industriales de Nuevo León y Jalisco. Los ejidatarios rebeldes tampoco aceptan que las restantes 450 hectáreas de uso común, sean vendidas en un futuro al ayuntamiento de Villa de Reyes o gobierno estatal, como se estableció. Si se concreta el abuso, se extinguiría el ejido Laguna de San Vicente, uno de los más grandes de la zona. Foyo fue denunciada ante la procuraduría de justicia por los delitos de fraude y falsificar documentos. Los llamados inversionistas incursionaron a través del cabildero, el ex visitador de la Procuraduría Agraria y ex alcalde de Real de Catorce, Héctor Moreno Arriaga.

Es un intermediario que aparece en las primeras ventas ejidales a la firma Bachoco, Parque Logístico y General Motors. Se empezó a ligar con el ex comisariado José Carmen Guanajuato Carranza, que se convirtió en el cacique del ejido, donde impuso durante años al que más le convenía. A Moreno lo protege también el ex secretario de gobierno y diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, lo que les ha permitido imponerse con amenazas y violencia. Moreno se ostenta desde hace 10 años como asesor legal de los ejidatarios a los que manipula con descaro. Incluso les maneja otros asuntos en su despacho privado. Los ayuda a cobrar cuentas vencidas de una carretera que hizo General Motors. Ha sido padrino de varias generaciones de estudiantes y compadre de incontables campesinos a los que controla con dádivas. Le ayuda en sus labores de engaño su asistente Guillermo Cortés de Jáuregui, ex visitador de la Procuraduría Agraria, conocido por su carácter intimidatorio. A cualquiera que se le opuso, lo confrontaba con descalificaciones. El astuto ex edil aprovechó su cargo para olfatear el crecimiento urbano e industrial y sacar ventaja. Se dedicó a cazar a ejidatarios ingenuos que se imaginaron los iba a ayudar por tratarse de un funcionario. Moreno, junto con Sáinz de la Hidalga, previo a la asamblea del 2016, aprovecharon el 10 de mayo. En el salón ejidal, con el beneplácito del comisariado José Guadalupe Gutiérrez Oliva, le entregaron electrodomésticos al grupo que habían doblegado.

Los ejidatarios que se oponen al despojo buscan revertir la ilegal asamblea. Empezar otra vez de cero para decidir de manera libre si quieren o no enajenar las tierras y las condiciones. Los que se rebelan a aceptar espejos tienen como representantes a Margarito Gaspar Martínez, Manuel Piña y Tomás Maya, que ya fue amenazado de muerte…continúa (tomado de la versión impresa, Marzo 2017)

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No quieren de consejeros maestros a funcionarios

En sus afanes de suceder en la rectoría de la universidad autónoma a Manuel Fermín Villar Rubio, el secretario Juan Manuel Reinoso Sandoval aprovecha el vacío de poder que le genera su jefe para empezar a acomodar sus alfiles. En las elecciones de consejeros maestros de la facultad de derecho, que se llevarán en marzo próximo, empuja a la juez tercera de lo familiar, María Luisa Pérez de Portales, que ambiciosa, trata de reelegirse. Por su deficiente desempeño, los litigantes han solicitado su cambio a Valles. Ha fomentado el rezago en los juicios que maneja. Una de las razones por las que el presidente del Tribunal de Justicia, Juan Pablo Almazán Cue, desapareció la central de actuarios, un nido de corruptelas.

El defensor de oficio, Santiago Camacho, también aspira a ser consejero maestro. El ex secretario de gobierno y ahora diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, lo hizo presidente de la Asociación de Abogados. En lugar de ayudar a los desposeídos en sus oficinas púbiocas, se dedica a chacotear en las escalinatas y cafetería de la escuela.

También aspira a ser consejero el director administrativo de la secretería particular del gobernador Juan Manuel Carreras, el catedrático Daniel Medina Castillo. No se descarta al consejero jurídico estatal, Daniel Pedroza Gaitán. Otro que busca colarse es el director del Centro Estatal de Estudios Municipales, Luis Gerardo Aldaco Ortega, operador político del ex alcalde de la capital, Mario Gracía Valdés, acusado de un desfalco millonario. Su mecenas lo hizo regidor, donde con frecuncia pasó la «charola» para juntar fondos económicos que los ayudara a ganar la gubernatura. Aldaco fue acusado de promover con recursos públicos, diversos candidatos para alcanzar la Federación Universitaria Potosina.

Un grupo de profesores inconformes por tener representantes «chambistas», denunciaron que si quieren participar en los procesos internos, deben renunciar al cargo de asesores del procurador, Federico Arturo Garza Herrera, el maestro Francisco Enrique Portillo Reyes y Alberto Armando Ayala Flores. En la misma tesitura se ubica la directora del registro civil, Luz María Lastras Martínez. La consejera de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, Yolanda Esperanza Camacho Zapata. El director estatal de catastro, José Manuel Fajardo González.

El secretario del ayuntamiento de la capital, Marco Antonio Aranda. El síndico de Soledad, Pedro de Jesús Olvera Vázquez. El delegado de la secretaría del trabajo, Edgar Durón Puente. El delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro. El integrante de la consejería jurídica del estado, Jorge Alejandro Vera Noyola, hijo del dueño del partido Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat, que ya lo hizo diputado local y candidato a la alcaldía de la capital.

Los inconformes resaltaron que si quieren inscribirse en las planillas internas, antes deben renunciar a sus cargos de magistradas, María Manuela García Cázares y Luz María Enriqueta Cabrero Romero. Impugnaron al director administrativo de la secretaría particular del gobierno estatal, Daniel Medina Castillo. Si quiere contender, debe renunciar a la nómina en Estudios Municipales, León Felipe Cantú Pérez, que obedece a pie juntillas a su protector, Gerardo Aldaco. Los quejosos reclaman que el rector Villar sea más cuidadoso al aceptar los perfiles de los consejeros maestros con los que habrá de cohabitar varios meses antes de dejar el cargo que le busca arrebatar Reinoso.

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Carreras y Ochoa miden fuerzas en las elecciones internas de los notarios

En la elección del nuevo líder del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, como en otros frentes, medirán fuerzas los seguidores del gobernador Juan Manuel Carerras contra los simpatizantes del influyente diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, que tiene infinidad de adeptos en todas las dependencias, poder judicial, legislativo y varios ayuntamientos.

El que deja el cargo es Antonio Ávila Chalita, identificado con Ochoa. Se reeligió durante 4 veces consecutivas para completar 8 años de absoluta negligencia y frivolidad. Se dedicó a viajar por todo el país, en particular a Saltillo, a donde asistió a los concursos de paella. Nunca defendió al gremio en predicamentos, como al fedatario número 3, Rubén González López, al que acusaron de un fraude millonario por la venta de terrenos. Hace poco recuperó la libertad por esfuerzos propios.

Pero el caso de mayor escándalo que Ávila ignoró fue el del notario número 21, Gerardo Parra Espínola, al que, de manera abierta y sin escrúpulos, Cándido Ochoa trató de quitarle el fiat, ya que se trata de una de las instancias de mayor bonanza en la entidad.

Ochoa y Ávila Chalita tratan de mantener el control a través de la notaria número dos, Paulina de Antuñano Mier, que ocupó el cargo de secretaria. Cada miércoles acude a los encuentros ciudadanos del alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez. Ochoa y Gallardo tienen un pacto de sangre a través del diputado local, José Guadalupe Torres Sánchez, que antes fue regidor, consejero y secretario del ayuntamiento de Soledad, enclave político del también empresario de pollos.

En el bloque de Ochoa figura el ex secretario de gobierno, Juan Carlos Barrón Cerda. Su ex jefe, Fernando Silva Nieto, lo trató de promover como candidato a la alcaldía de la capital. Se le ubica como el fedatario más influyente de la entidad. Casi dueño de los trámites que realiza el Infonavit, Fovissste e instituciones bancarias. El único que le compite es Parra, por lo que Ochoa trató de pulverizarlo.

También sigue a Ochoa el notario público número 22, Jacinto Lárraga, además, presidente de la Fundación Colosio. Otro es el fedatario número 28, Carlos Alberto Ordoñez Vogel, muy cercano a las directrices que le marca Lárraga. El ortodoxo notario número 4, Octaviano Gómez y la dos, Magdalena Sofía Foyo Mancilla. El notario 23, Juan Gerardo Zamanillo Olvera, hasta hace poco, secretario del gabite técnico de Soledad. Salió del cargo por intrigas del dirigente estatal del PRD, José Luis Fernández, ya que le podría entorpecer sus aspiraciones por convertirse en diputado local.

Carreras apuesta al triunfo con el notario número 17, Alfonso Leal Bravo, hijo del ex catedrático de la facultad de derecho de la universidad autónoma, Alfonso Leal Varela, lo que podría sumarle simpatías adicionales. Lo apoya el notario 15, Maurio Mier Padrón, hermano del ex diputado local panista y ex presidente de Industriales Potosinos, Carlos Mier Padrón.

En el ala de Carreras se apuntó el notario 36, el ex secretario de gobierno, Alfonso Castillo Machuca, brazo derecho del ex mandatario panista, Marcelo de los Santos Fraga. En el mismo bloque aparece el fedatario 33, Leopoldo de la Garza Marroquín, hermano del belicoso litigante, José Mario de la Garza Marroquín. Figuran los institucionales, el número 8, Roberto Castañón Ruiz, la 31, Laura Carrillo Farfán y el 7, Francisco Corripio Ahumada.

Leal Bravo busca aglutinar el gremio y acabar con las ilegales sucursales de notarías, como la de Foyo Mancilla en Villa de Reyes, cuando tiene su sede en Santa María del Río. Lo mismo hace el ex diputado local y ex dirigente del PRI, el notario 14, Miguel Ángel Martínez Navarro, quien tiene su domicilio en Melchor Ocampo 213, en el centro histórico, pero maneja una filial a través de su hermano, José Luis Martínez Navarro en Xilitla.

Leal busca romper el control monolítico de Ochoa y sus seguidores, que tratan de quedarse con los nuevos fiats y no se expidan más donde no existen, como en Salinas. O donde sólo hay un prestador del servicio, como en Venado y Villa de Arriaga, lo que provoca, se trate al ciudadano con prepotencia y costos elevados.

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Pepenadores de lujo

“Lo sostengo: los Gallardo recolectan el aluminio, cartón y fierro. Obligan a los trabajadores a que junten los residuos de manera separada. Hay lugares donde los depositan y luego los venden por toneladas. Es el negocio oculto de la familia, quedarse con el recolectado de la basura, ya que es una mina de oro”, denunció el ex diputado local del PAN, Raúl Paulín Rojas, cuando el pasado julio, el juez tercero del ramo penal, le dictó auto de soltura después de tres años de estar bajo libertad condicional por los supuestos delitos de ataques a las vías de comunicación y ultrajes a la autoridad, que interpuso en su contra el ayuntamiento de Soledad, entonces bajo el yugo del alcalde Ricardo Gallardo Cardona.

El 8 de julio del 3013 la policía municipal de Soledad detuvo a Paulín Rojas cuando encabezó un numeroso contingente de pepenadores de basura que se oponían a la orden de Gallardo y el cabildo de sustituir el sistema tradicional de juntar los desechos con carretones y cambiarlos por motocicletas. Los agentes lo llevaron a una   bodega. Luego de más de dos horas lo trasladaron a la comandancia. Después de otras ocho horas, lo dejaron platicar con la familia. Lo presentaron al ministerio público bajo el cargo de motín y ataques a las vías de comunicación. Se le envió a la penitenciaria de La Pila. Fue liberado en la madrugada. Se dijo que hubo un acuerdo político con el entonces secretario de gobierno y hoy diputado federal Cándido Ochoa Rojas y el ex líder estatal del PAN y ahora legislador local, Héctor Mendizábal Pérez.

En una corta entrevista que se realizó en una tienda de autoservicio cercana al comité estatal panista, Paulín Rojas advirtió sin miedo que promoverá una denuncia penal en contra del ayuntamiento de Soledad, el sindico Pedro de Jesús Olvera Vázquez, Gallardo Cardona y el gobierno estatal, por fabricarle delitos inexistentes, lesionar sus derechos humanos, políticos y sociales, además del daño moral y patrimonial infringido. El ex legislador relata. “Fue un proceso muy largo, de tres años, pero gracias a la pericia de mis abogados, los hermanos Rafael y Francisco Aguilar, expertos en derecho penal, fui absuelto de las acusaciones tan burdas del ayuntamiento, donde me montaron un escenario idóneo para mantenerme bajo resguardo institucional. O sea en prisión por un período de 8 a 10 años que era lo que alcanzaba la pena. No pudieron sostener las acusaciones por falta de pruebas porque todo fue inventado”.

Paulín Rojas se alejó de los escenarios ya que se le infectó un riñón, lo que lo mantuvo hospitalizado por casi un mes. Encomió a los medios informativos que  también lo ayudaron. “Gracias a unos periodistas que estuvieron cerca en el momento, de manera circunstancial, que se dieron cuenta de mi captura. Tuve en las manos fotografías que se aportaron como pruebas”. Además lo ayudaron organizaciones sociales que presionaron para ser liberado. Detalló que a los dos años del proceso, sus demandantes le dejaron como último recurso el delito de insultos a la autoridad que tampoco procedió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no lo era. Pero la procuraduría insistió en mantenerlo. El estado no puede estar por encima de la carta magna. No obstante, lo amenazaron. Si hablaba le retiraban la libertad condicional. En la víspera de que se venciera el término constitucional y le dictaron auto de formal arresto o inocencia, “no les quedó más remedio que soltarme, por falta de pruebas y elementos suficientes».

En el primer año se les cayó el delito de ataque a las vías de comunicación federal y estatal, por falta de pruebas. Luego la sedición y motín. Después las lesiones graves. No lo probaron porque no hubo dictamen médico. Le dejaron ultrajes a la autoridad, inexistente. Los presuntos elementos a los que lesionó en el rostro y cuerpo, los obligaron a declarar. Luego huyeron, se escondieron, dejaron el trabajo, se fueron para no enfrentar las consecuencias de la falsedad que orquestó Pedro Olvera. Hay pruebas donde llegó y le dijo que estaba detenido. Hizo funciones de policía que no le tocaban. Es el primero en la demanda. Señaló que a raíz de su ilegal arresto y de la denuncia que promovió contra sus agresores 6 meses después la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 3/2013 al ayuntamiento de Soledad, con atención al entonces director de seguridad pública municipal Eloy Gómez Mendoza. Le solicitó iniciar un procedimiento administrativo contra los servidores públicos que participaron en los hechos. Evitar las demoras o hechos justificados al elaborar los informes, estudio pericial homologado y poner a disposición los detenidos ante las autoridades competentes. Exigió capacitar y dar trato humano a los cuerpos policiacos y directores por el castigo que le dieron.

Sus verdugos le provocaron daño moral, psicológico y patrimonial, ya que por su carácter de detenido, no pudo conseguir empleo, estuvo preso, contrató un despacho de abogados y su imagen quedó dañada al acusarlo de delincuente cuando en su historial nunca se le detuvo ni siquiera por una falta administrativa, ebriedad, manejar a alta velocidad o trasnochador. Los daños causados los debe resarcir el estado, que puede ser demandado y vencido porque no es omnipotente. Su papel es guardar el orden, no fabricar delitos. Lamentó no haber sido candidato a un cargo electivo. Resaltó que hay elementos suficientes para obligar el pago del daño tanto económico como moral. El ex diputado sostuvo que a tres años de distancia el origen de su captura se relaciona con el acaparamiento de la basura por parte de los ex ediles de Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez. Le molestó, le quitaran de tajo a 300 familias el sustento. Son elementos frágiles que pueden ser reclutados por la delincuencia.

Paulín le sugirió a los Gallardo contratar dos veterinarios para que cuidaran los caballos en el corralón municipal, aledaño al rastro. A través del área de fomento agropecuario, a los dueños de los caballos, mulas y burros, les proporcionaran alimento a bajo precio, además de un descanso suficiente del animal. Y si trataban de modernizar la junta de la basura, no lesionar a las familias de los recolectores. El esquema de las motocicletas resultó un fracaso. No cargan la misma cantidad de desechos que un carretón. Las máquinas eran inestables y se convirtieron en chatarra. Los beneficiarios todavía deben el 50% del costo de la unidad. Sentenció que el fondo y origen del programa fue el negocio. Los Gallardo obligan a los pepenadores a separar los desechos. Los depositan en distintos sitios y luego los venden por toneladas. Es el negocio oculto, una mina de oro. «Le quitaron el sustento a incontables familias. Se quedaron con el negocio, no modernizaron el servicio, persisten los tiraderos a cielo abierto. Los camiones recolectores son insuficientes. Se ignora lo que hacen con los desechos sólidos. ¿Dónde está el ingreso por juntar la basura. El desglose del ayuntamiento de las entradas y salidas por el servicio?. ¿Cuánto recibieron de las empresas que solicitaron comprar lo reciclable?».

 

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Por mayoría de votos, aprueban la ofensiva última cuenta de Fernando Toranzo

En los cuestionamientos que hizo al informe final de auditoria de la cuenta pública 2015 del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, la diputada panista Xitlálic Sánchez Servín destacó que el invernadero de Santa Rita representó el ícono más grande de opacidad al no registrar ganancias. Calificó de inaceptable que el auditor superior, José de Jesús Martínez Loredo, no haya observado ni la mitad de un punto del presupuesto ejercido ni haber reparado en la ganancia ilícita de 34 millones de pesos que obtuvo el contratista Rodolfo Ramos Segura, hermano de la presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, en la compra de estufas ecológicas. Sánchez Servín fue la primera en subir a la tribuna para rechazar el trabajo realizado por Martínez que apenas objetó arriba de 103 millones de pesos de observaciones financieras a la cuenta pública 2015. Lo que significó el 0.49% del presupuesto de 21 mil millones 135 mil 514 pesos. Indicó que el órgano fiscalizador no investigó la adjudicación para instalar más de 34 mil estufas que se compraron a sobreprecios a una empresa que perteneció a Ramos, donde obtuvo una ganancia ilícita por más de 34 millones de pesos. Hecho que denunció uno de los participantes. “¿Cuáles fueron los señalamientos y presuntos delitos en que se incurrieron en la compra e instalado de 60 mil estufas ecológicas que reportó el ex gobernador Toranzo, en su sexto informe?. ¿Dónde están las observaciones en torno a las adjudicaciones y supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a familiares?”, inquirió.

La diputada del PAN afirmó que en materia de salud, durante el último año de Toranzo, se dio cabida y gastaron más de 400 millones de pesos en empresas de outsourcing lo que representó casi el 15% de los 3 mil 412 millones de pesos ejercidos por los Servicios de Salud en el estado, cuando la dependencia hasta antes del 2009 contrató personal con sus propios recursos.   No se investigaron ni se hicieron públicos los nombres de las empresas que pertenecieron a familiares del ex gobernador, que rescindían contratos y corrían a su suerte a los médicos y administrativos, sin pagarles un solo centavo de indemnizaciones. Expuso que tampoco fue observada por la Ase, la Torre Médica del hospital general de Valles, que se inunda en la parte baja. Se tuvo que destruir una pared para desahogar el agua en los últimos meses. Tampoco se investigó la outsourcing que la opera. Calificó de inexistente y una burla la supuesta conservación del eje carretero Xolol-Tamuín, que reportó Toranzo en el sexto informe. Manejó erogar 158 millones de pesos para conservar carreteras estatales. La diputada aseguró contar con las evidencias de que el tramo carretero está destruido y lleno de baches. Lo que originó en agosto del 2015 una protesta de ganaderos. “Es una burla que no veamos una denuncia o seguimiento al dinero supuestamente erogado”.

Sánchez cuestionó que en el rubro de infraestructura hidráulica, Toranzo alardeó culminar y entregar el sistema de agua potable Tének con lo que benefició a 8 mil 500 personas. En realidad se trata de una obra de mala calidad que tampoco observó Martínez Loredo. Metió tubería usada y vieja que pertenecía al sistema Tanchachín, el agua no llega a comunidades alejadas como Tamarindo, Chuchupe y Ojo de Agua de la Cordillera Tenek. Sánchez Servín objetó que el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, reportó en el 2015, gastos por 10 millones de pesos para difundir el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sin que existan evidencias de las erogaciones. A San Luis Potosí le destinó en el 2014 y 2015, 100 millones de pesos para los rubros de capacitaciones, infraestructura y equipamiento del nuevo sistema de justicia. La legisladora del PAN dijo que en casi todas las dependencias en el 2015 hubo opacidad, excesos y despilfarro del dinero del pueblo. En más de una, malversación de recursos y un estilo caciquil al mal gastar el dinero de los potosinos. Los invernaderos de Santa Rita no reportaron ganancias en el 2015. El dato contrasta con lo dicho por el secretario de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos, Héctor Rodríguez Castro. En una entrevista de enero, reveló que en cada ciclo se producen 10 mil toneladas de tomate gurmet. El costo por tonelada era de 400 dólares por lo que las ventas rondaban los 4 millones de dólares. ¿Dónde está el dinero que dejan los huertos?, preguntó Sánchez. Calificó de cómplice al que votara a favor de la última cuenta de Toranzo.

En su turno, la también panista Josefina Salazar afirmó que en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se presentaron casos documentados de irregularidades y presumibles actos de corruptelas en el ejercicio 2015 en un presupuesto cercano a los 580 millones de pesos. Pero no fue revisado por la Ase. Enumeró entre las anomalías del DIF, los precios exorbitantes en la compra de productos básicos para los programas de desayunos escolares y la entrega de despensas, que repartía a la gente más vulnerable. Precisó que Toranzó pagó el kilo de harina de maíz a 12.30 pesos cuando Distribuidora Conasupo lo ofrecía a 9 pesos. El sobreprecio fue del 36%. Compró el kilo de arroz en 15.40 pesos cuando Diconsa lo tenía en 8.86 pesos. El incremento fue del 70%. El kilo de frijol lo adquirió en 26.8 pesos cuando lo pudo comprar en 16.45. El aumento fue del 60%. Además de los costos alzados, las compras se realizaron mediante contrato directo a parientes de funcionarios de alto nivel.

Por el cúmulo de irregularidades, añadió, el gobernador Juan Manuel Carreras inició un proceso administrativo ante la contraloría estatal. También rechazó el otorgamiento ilegal de plazas de base a trabajadores de confianza e inició pesquisas contra el ex director jurídico del DIF, Héctor del Castillo Chagoya, que al mismo tiempo cobró servicios profesionales por 2 millones 600 mil pesos en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología y 750 mil pesos en el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Estableció que la contraloría estatal inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos al ex funcionario. Pero no se le exigió resarcir el daño económico ni se fincaron cargos a su jefa inmediata, María Luisa Ramos Segura. Salazar indicó que el solo caso del DIF era suficiente para no creer en el trabajo del auditor, que calificó de inverosímil e incongruente. Argumentó por qué los legisladores del PAN no aprobarían la cuenta de Toranzo. Estableció que no se fiscalizaron los ingresos propios de varias dependencias. Las variaciones y ampliaciones al presupuesto que de 37 mil 500 millones de pesos pasó a 41 mil millones. La diferencia se destinó en su mayoría al rubro de servicios personales, cuando la ley exige se aplique al gasto social.

La Ase no revisó el destino del crédito de 750 millones de pesos que se autorizó a Fernando Toranzo para apoyar la llegada de la trasnacional BMW. No constató que los recursos se aplicaran de manera responsable, trasparente y con apego al decreto. Cuestionó que en el ejercicio 2015, de 2816 procesos de adquisiciones, el 70% se hizo por adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Y solo el 25% a través de licitaciones públicas como marca la ley. La también presidenta del congreso local aseguró que un argumento irrebatible que desmiente el informe final de auditoria presentado por la Ase, un hecho que perciben los ciudadanos, son los datos que arrojó la encuesta nacional de impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática en el 2014. Entonces se ubicó a San Luis como el estado más corrupto del país. La tasa de prevalencia por cada 100 mil habitantes fue de 17 mil 907 ciudadanos. Significa que 465 mil 57 personas fueron víctimas de hechos indecentes. “La realidad fue visible para todos, incluso para Martín Toranzo, hermano del ex gobernador, que a finales del 2014 denunció por extorsión y cohecho a funcionarios estatales por involucrarlo en el reparto de obras y contratos. No se supo el final de la denuncia. No se investigaron los señalamientos ni se deslindaron responsabilidades en el informe de la cuenta pública”.

El legislador panista Héctor Mendizábal Pérez respaldó los comentarios de sus compañeras de bancada. No votaría a favor de la cuenta de Toranzo porque no se observaron los principios generales de contabilidad, que permiten garantizar el trabajo de análisis. Calificó de irresponsable, ilegal e injusto, evaluar con un solo dictamen la cuenta final del galeno, cuando abarca 3 meses de Juan Manuel Carreras. Dijo que de acuerdo al estudio que realizó el consejo ciudadano de transparencia y vigilanacia para adquirir y contratar obra pública estatal, durante el periodo del ex gobernador Toranzo, las adjudicaciones directas se dispararon en más del 60%. En el actual gobierno se recuperaron los niveles entre el 11 y 14%. Preguntó si sería justo calificar el desempeño de la actual presidenta del DIF, Lorena Valle, por el despliegue que tuvo María Luisa Ramos…continúa (tomado de la revista, JULIO 2016)

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El juego doble de Héctor Mendizábal para conseguirle derrotas al PAN

La reforma a la ley orgánica del congreso local donde se faculta a diputados elegir a su líder parlamentario, tarea que hacían antes los dirigentes estatales de los partidos políticos, que empujó también el gobernador Juan Manuel Carreras López, para conseguir que el legislativo aprobara la cuenta pública 2015, dejó al descubierto el amasiato político que existe entre el diputado local y ex dirigente estatal del PAN en San Luis, Héctor Mendizábal Pérez y los ex ediles de Soledad, José Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez, actual alcalde de la capital, donde sirve de puente e interlocutor el diputado federal y ex secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas. La iniciativa se aprobó cuatro meses antes. Se ubica como autor principal al legislador Mendizábal Pérez. El objetivo: cobrar una venganza personal al líder estatal Xavier Azuara que un mes antes lo había relevado del cargo de coordinador del grupo parlamentario. En su lugar asignó a la presidenta de la mesa directiva, Josefina Salazar Báez.

En la última semana de junio y en la víspera de votar las cuentas públicas, el proyecto se sacó del cajón, se aprobó con 21 votos a favor y 6 en contra. Se publicó en el diario oficial mediante el decreto 0233. Mendizábal Pérez ganó triple partida: cobró la afrenta a Azuara, lo minimizó, le arrebató el control dentro y fuera del partido y sirvió a sus aliados y mecenas, Cándido Ochoa y la dupla de los Gallardo, con los que camina desde el 2009. Méndizábal fue reclutado vía Ochoa Rojas. Diversas voces ventilaron que el legislador, ya sin ningún pudor, le puso en charola de plata la estructura que opera fuera del PAN a los Gallardo. Les sirve como soldado para cobrar a Azuara haberlo removido como líder parlamentario. Busca que el partido lo expulse para convertirse en víctima, dividir y evitar un posible castigo, sacudirse un castigo administrativo, ya que incurrió en desvíos de recursos públicos estatales y federales.

En el 2009, como presidente local del PAN, Héctor Mendizábal Pérez intentó hacer una alianza con el PRD para impulsar al empresario pollero, Ricardo Gallardo Juárez, como candidato a la alcaldía de la capital. Gallardo rechazó la propuesta, ya que buscaría otra vez la presidencia municipal de Soledad. Entonces lo derrotó el panista Juan Manuel Velázquez Galarza. El PAN se inclinó por el restaurantero Jacobo Payán Latuff. En Soledad figuró el notario público Gerardo Zamanillo Olvera. A Payán le ganó la candidata del PRI, Victoria Labastida Aguirre y Gallardo a Zamanillo. Payán y el fedatario Zamanillo culparon a Mendizábal de la derrota. Ochoa propuso a Gallardo como director jurídico a su socio de despacho y ahora diputado local José Guadalupe Torres Sánchez, amigo del legislador panista. A finales del 2009, Mendizábal dejó la dirigencia del partido porque concluyó su período. Lo relevó el ex diputado local, Marco Gama Basarte. Después fue nombrado delegado de la secretaria de economía. La designación del ex líder panista provocó el enojo del gobernador Fernando Toranzo. En campaña, Mendizábal lo acusó de recibir recursos de la delincuencia organizada. Un grupo de inconformes se manifestó frente a la delegación. Pidieron la renuncia de Mendizábal y le aventaron huevos al edificio. Después el funcionario sufrió un intento de asesinato, dentro de su vehículo, le dispararon, sin acertar. El incidente nunca se esclareció. Corrieron diversos rumores que apuntaron contra el ex diputado local Manuel Calzada al que le había prometido asignarle la curul federal que dejaría Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza. Le pidió al entonces procurador de justicia, Cándido Ochoa, investigar el incidente. Ochoa propuso a Gallardo Juárez como síndico a su socio en el despacho, el litigante José Guadalupe Torres Sánchez.

En el 2012 Héctor Mendizábal buscó ser candidato a la alcaldía de la capital. En la contienda interna lo derrotó Zapata. En un arranque de ira, amagó que corría por su cuenta, que el ex senador no fuera otra vez alcalde. En las votaciones constitucionales, lo derrotó el novato ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario García Valdés. En Soledad, el candidato del PRD, José Ricardo Gallardo Cardona, derrotó al ex diputado local, Raúl Paulín Rojas, alfil de Mendizábal. Ochoa pasó de procurador a secretario de gobierno y Torres Sánchez asumió la dirección jurídica en el trienio de Gallardo Cardona. A principios del 2013, Mendizábal regresó a la dirigencia estatal del PAN. Le ganó la elección interna a Gama Basarte, que intentó repetir otros tres años más en el cargo. La relación con Ochoa Rojas se consolidó. Gallardo Cardona y Ochoa ordenaron la detención y encarcelamiento de Raúl Paulín Rojas por apoyar los recolectores de basura.

Paulín Rojas le pidió a Mendizábal intervenir para que lo sacaran de las mazmorras. El legislador acudió con Ochoa que ordenó lo liberaran en la madrugada. Se dijo que Mendizábal negoció entonces la alcaldía de San Luis y Soledad, tres distritos federales y tres locales. Gallardo Cardona nombró como secretario del ayuntamiento a Torres Sánchez en lugar de Pedro Olvera Vázquez, quien detuvo al opositor y lo entregó a los policías municipales y estatales. Olvera regresó como síndico con el actual edil, Gilberto Hernández Villafuerte. En el 2015, como presidente estatal del PAN, Mendizábal Pérez perdió otra vez la gubernatura con la abanderada Sonia Mendoza, le ganó con un fraude de estado, el candidato del PRI, Juan Manuel Carreras, aliado de Gallardo Juárez. Seis años antes sufrió la misma suerte el ex senador Alejandro Zapata, que mordió el polvo ante el galeno de bajo perfil, Fernando Toranzo, también apoyado por Gallardo Juárez. Además perdió la lucha por la alcaldía de la capital Xavier Azuara Zúñiga, al que Gallardo Juárez doblegó con soltura. En Soledad se impuso el alfil de los Gallardo, Gilberto Hernández. Derrotó al constructor panista Juan Carlos Velázquez. En los distritos locales cuatro y ocho de la capital, antes reductos del panismo y el dos de Soledad, los ganaron los perredistas Dulcelina Sánchez de Lira, Sergio Desfassiux Cabello y Graciela Gaitán Díaz, ex colaboradores de los Gallardo, que derrotaron a María Antonieta Ramírez, al entonces diputado federal Felipe Almaguer Torres y la enfermera Matilde Rojo.

Mendizábal también perdió tres de las cuatro diputaciones federales, el distrito tres con cabecera en Soledad. La regidora y presidenta estatal del PRD, Erika Briones, dobló a Adriana Paulín Rojas, hermana de Raúl y José Cruz Paulín Rojas, a los que utiliza para el sacrificio. En el cierre de campaña de la candidata Sonia Mendoza Díaz en Villa de Reyes, ubicada en el distrito dos, Mendizábal presentó y cedió el micrófono a los demás contendientes, menos a Adriana Paulín. En el distrito quinto federal con cabecera en Valles, en contra de la militancia, impulsó como candidato del PAN al diputado local del Partido Verde Ecologista, Alfonso Díaz de León, un aspirante débil, ajeno al partido. El objetivo era facilitar el triunfo de su aliado Cándido Ochoa Rojas, candidato del PRI y Verde Ecologista. Sin embargo…continúa (tomado de la versión impresa, JULIO 2016)