“Nos hicieron un juicio político por venganza. No nos querían en la vida pública, buscaron borrarnos de un plumazo. La injerencia del congreso local no fue relativa a los hechos, realidades y pruebas. No existe una sentencia o procedimiento de juicio político de 18 años para inhabilitarme. Ni a los peores ladrones del país ni al mismo gobernador Ricardo Gallardo, lo trataron igual”, declaró el ex alcalde de la capital, Francisco Xavier Nava Palacios.
Añadió que en diciembre del 2021, el poder legislativo ordenó inhabilitarlo, por no respetar un amparo federal, en el que se le ordenó no construir un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Río Españita y la carretera 57. El 25 de junio del 2025, tres años y medio después, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo exoneró, restituyó sus derechos políticos y electorales. Indicó que el gobernador usó el poder para cobrar venganza, porque en el 2018, le ganó la presidencia municipal de San Luis a su padre, Ricardo Gallardo Juárez, que buscó relegirse. También promovió una serie de denuncias penales por delitos de peculado, desvío de recursos públicos y asociación delictuosa.
Como no encontró la forma de sacarlo y era su único adversario real, decidió hacer algo que no tiene ningún fundamento en la ley. Fue lo que les dijo la Suprema Corte, lo hicieron todo al revés. Determinó que no debieron aceptar el juicio político, porque el argumento del congreso, fue que junto con nueve funcionarios del trienio, violaron una orden del juez, cuando no existía la suspensión. Y no la habrá porque los terrenos no son ejidales. No podrán comprobar que les pertenecen.
Precisó que el bulevar Antonio Rocha Cordero, es una ruta desde 1973. La gente circula desde entonces. Lo que hizo fue construir puentes superiores para desahogar el tránsito hacia a la zona industrial, porque era un cuello de botella. Expuso que el camino estuvo por décadas en la jurisdicción de la Junta Estatal de Caminos y en los programas de desarrollo urbano de la capital. Sostuvo que el juicio político fue una trampa, una patraña. El objetivo fue aniquilarlo, dejarlo fuera de la vida pública. Lo lograron durante tres años y medio, pero fue de manera inconstitucional. Es lo que dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que analizó los diversos agravios que la defensa presentó y determinó. Violaron el procedimiento, sus derechos fundamentales y lo relacionado al debido proceso.
Aseveró que el artículo 17 constitucional, establece que cuando se busca la justicia, los juzgadores o el poder judicial, tienen que ir por el máximo beneficio del quejoso, como regresar, para iniciar de nuevo el procedimiento. Pero como invadió facultades del poder judicial de la federación, al no esperar que hubiera una sentencia, dijeron que se había construido arriba de los terrenos del ejido, lo cual era falso. Entonces la Suprema Corte decidió ayudar al quejoso y tumbó el procedimiento judicial. Ordenó al congreso ir al inicio y declararlo improcedente. La sentencia es definitiva, no tiene salida, más que cumplirse.
Sin embargo, admitió que pueden hacerse tontos, porque su estilo y forma de actuar es pisotear la ley, violar los procedimientos y derechos de las personas. Ignoran que hay métodos para exigir, la ejecuten. Nava adelantó que son tan burdos que pueden hacerse locos, patear el balón un rato y dejar que el tiempo resuelva el problema. La ministra ponente, Loreta Ortiz, seguirá en el cargo, durante 12 años más, porque fue electa en las votaciones de junio. Cuando no quieran actuar, hay medidas de apremio, como inhabilitaciones, desafueros, que podrían darse si los trogloditas pretenden no cumplir lo ordenado.
Tampoco pueden darle cumplimiento después del 2027, cuando hayan pasado los comicios. La defensa buscaría el incidente de incumplimiento. Además, sería un agravio a la ministra Ortiz. “Es abusar otra vez, como lo hacen siempre. Pero habrá consecuencias graves para el congreso, ya que es un mandato definitivo”. Afirmó que a Gallardo y sus secuaces, se les acabó el tema del juicio político, por lo que recurrió a las amenazas. Como declarar que vienen los temas penales. “Los que se deben actualizar son los suyos. Jamás fue exonerado de los delitos del manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Tiene un amparo que le fue otorgado. Dice que es responsable de haberse robado 209 millones de pesos de Soledad y el ministerio público pide reconfigurar el caso, lo que nunca sucedió, por las complicidades y corruptelas que hay en el país y las amplísimas redes de complicidades que tejen los Gallardo. Pero en mi caso, no hay más que hacer”.
Desconoce los cargos penales, aunque tampoco se pueden inventar. Pueden existir documentos sin firma o si faltó el procedimiento de alguna compra. Son faltas menores que se pueden subsanar. Indicó que tiene clara y tranquila la conciencia de lo que hizo. “No nos han acusado nunca de enriquecimiento ilícito. Tengo la misma casa y coche. No existen evidencias de manejar en forma indebida los recursos. Nunca apareció una empresa fantasma, ni un contratista que diga, le pedimos dinero. Hay las licitaciones de obra pública donde participaban de 40 a 50 gentes. Es diferente su manejo. Llevaron un solo constructor que se presentó a las licitaciones o fueron declaradas desiertas, para luego asignarlas”.
“Pueden inventar lo que sea, pero nosotros nos vamos a defender. Les decimos que el abuso de autoridad es un delito. Lo que inventan tiene consecuencias. Y si vamos ir al escrutinio público, son las reglas de juego. Hagámoslo todos, porque tenemos más denuncias penales en su contra. Hay expedientes completos, como el de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ladrón que ejerce el gobierno. Parece ser que los borraron, pero hay que poner la lupa. Los desfalcos a San Luis son evidentes, en las obras y puentes que se caen. En el lienzo charro, en los trabajos de los parques Tangamanga, que nunca se justificaron. No han informado de los procedimientos que se llevaron a cabo para construir las obras. No existen los trámites”.
“Además, hay que revisar el fondo de pensiones del estado, donde antes de arribar Gallardo, había un déficit de mil 300 millones de pesos, que se arrastraba de administraciones anteriores. Hay que revisar, por qué falta el dinero. Pero después de tres años y medio que maneja el delincuente el fondo, tiene una deuda por 6 mil millones de pesos. Más lo que se sume. Es un delito establecido en la ley. Se roban lo que le descuentan a los trabajadore e incumple con las aportaciones correspondientes. Hay que presentar las denuncias, porque los trabajadores se quedaron sin opciones de jubilarse. No va a parar hasta quebrar la dependencia”.
Nava dijo que lo mismo hicieron con el Infonavit en el ayuntamiento de la capital. No le pagaron 70 millones de pesos. Usaron los impuestos de la Secretaría de Hacienda, a la que no le cubrieron 240 millones de pesos. Repitieron el mismo esquema, se robaron las aportaciones de los policías. Igual pasó con los pagos de los seguros, préstamos a cajas de ahorro y crédito. Es un desfalco por todos lados. Se imaginan eternos. No hay victorias permanentes ni derrotas que duran para siempre. Es claro, más en la política. Lo que hacen es avasallar, dejar a todo mundo lesionado, tirado en el suelo, donde creen, se quedarán toda la vida. Es algo que no va a suceder, habrá respuestas”.
Precisó que se demandara a quienes cometieron el abuso y se prestaron al juego perverso para afectarlos en lo particular, cuando no había ninguna prueba. No pidieron títulos de propiedad del supuesto terreno afectado. Era fácil si querían hacer justicia, pero el fin era hacer política y perjudicar al otro. Usaron a los diputados integrantes de las comisiones instructoras y jurisdiccionales, además los que votaron en el pleno. Sostuvo que no son ajenos Gallardo Cardona y el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos. El mandatario les dio instrucciones, amenazó o compró. El edil no debió moverse hasta que demostraran que eran dueños los ejidatarios.
Buscan se haga justicia como ciudadanos, ya que no aspiran a un cargo o candidatura. Los privaron de sus derechos. Se dedicó a defenderse y cumplir con las reglas que le impusieron a la mala. “Lo respetamos y ahora tenemos un resultado. No hay muchos que se ríen en el hotel o palacio de gobierno”. Lo decidido por la Suprema Corte, fue un golpe inesperado para Gallardo Cardona. Nava Palacios dijo que el resolutivo beneficia al resto de los nueve ex funcionarios de su gabinete, incluidos en el juicio político.
Precisó que el gobernador y sus peones intentaron voltear los hechos, por estar inmersos en corruptelas. “No me engañan. No vemos la política de la misma manera. No actuamos con mala fe. Nunca clausuramos un negocio porque era de un adversario. No despojamos a nadie de sus patrimonios”. Asentó que si Gallardo y sus hordas quieren atacar a los que han cometido delitos, se tienen que auto castigar. “La fiscalía les reabra procedimientos donde están las pruebas de que atracaron a la capital, Soledad y ahora el estado. No dejan títere con cabeza”.
Reveló que la embestida de Gallardo, al amenazarlo con acciones penales en su contra, es una señal de miedo, ya que actúa en forma distinta. No forma parte de ningún partido político. “No le gusta porque sus redes de complicidades, abarcan distintos colores e ideologías. Son daltónicos para hacer sus componendas y transas.
No pueden permitir, afecte a los maestros, burócratas, pensionados y doctores. Se vive en lo precario. No hay medicamentos en los hospitales. En campaña se comprometió a construir cinco nuevos hospitales. Hace obras que se caen a los dos meses, por la voracidad que tiene para hacer dinero desde la política. Extorsiona a los alcaldes. Acapara todos los poderes”.
Nava destacó ser un hombre libre para levantar la voz ante los atropellos cotidianos. No se puede tolerar el dispendio y conductas frívolas. Rechazó que la curul federal, se las deba a los Gallardo. “Es una vil mentira. Me invitaron del PRD nacional, por la cercanía del partido con mi abuelo, Salvador Nava Martínez. También me llamó el ex candidato a la gubernatura, el empresario Fernando Pérez Espinosa. Ninguno de los Gallardo intervino. No les pareció mi presencia. No pudimos convivir. Coincidí con el papá en sus despliegues por la alcaldía. Nunca hubo una alianza, caminamos juntos en una contienda electoral del mismo lado. No fue ruptura, porque nunca hubo un acuerdo previo. No estuve cerca y no me equivoqué”.
Reveló que como diputado, intentaron extorsionarlo, para que les bajara recursos a los ayuntamientos que controlaban. Se dieron las fricciones. Se quejó con la dirigencia del PRD. Les dijo que no podían respaldar a semejantes personajes. Lo mandaron golpear a través de varios diputados locales. “Es su estilo. No entienden que en política hay múltiples opiniones. No estar sujetos a lo que diga un jefe. Ahora no sabemos quién manda. Se pelean entre sí, para ver quién es más ladrón”. Lamentó que el gobierno federal tenga de aliados a sujetos vinculados a lo peor, que tienen un desempeño negativo. “No entendemos cómo los toleran”. Aludió a las 15 denuncias que se encuentran en la Fiscalía de la Republica contra Gallardo Juárez, por uso indebido de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, durante su etapa como alcalde de la capital. “No deben quedar en limbo. Investigar por qué no le han dado seguimiento. Sería hacer justicia en el país”. Le reclamó a Gallardo Cardona los negocios que ejecuta para saquear las arcas, como la Arena Potosí y el antro El Richie, donde murieron varios jóvenes. “¿Dónde están los hospitales que prometió? Su mandato es un fracaso”. Conminó a la ciudadanía, presentar denuncias penales en su contra. Todas las obras cargan sobreprecios. Las licitaciones son irregulares. “La ciudadanía tiene la fuerza. Hay que actuar. No queremos ir a la batalla por miedo. Si nos rendimos antes de tiempo, ya valió madre”. Negó ser enemigo de los Gallardo, ya que no actúa en lo personal. Buscan heredar el poder a la familia. “Es una afrenta a los potosinos. Pero lo hacen porque no confían en nadie. Si llega otro, se dará cuenta de tanto latrocinio y lo que hicieron para afectar a San Luis”.
Nunca les interesó un proyecto exitoso para el desarrollo, que combata la pobreza y genere mejores condiciones de vida. Convirtieron al estado en una empresa privada, denominada San Luis Potosí, Sociedad Anónima de Capital Variable. “Es su negocio, hacen lo que quieren con las instituciones. Llevan a la entidad al precipicio, donde el deterioro será irremediable. Los pésimos gobiernos terminan por pagar las consecuencias”. Citó al ex presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que presumía durante sus gestiones, los nuevos cuadros del PRI, como Duarte de Veracruz, el otro Duarte en Chihuahua y Borge en Quintana Roo. Iban a transformar los estados. A unos cuantos años, todos están en la cárcel.
Sostuvo que Gallardo Cardona es parte de la “herencia maldita que critica, culpa y desafía. Se alió con los que le ayudaron a salir de la cárcel, sin haber probado su inocencia”
