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Crece el malestar ciudadano por la conducta anómala de los diputados

Continúan las protestas ciudadanas en contra de la red de corrupción entre legisladores y funcionarios de la Auditoria Superior del Estado, que se ventiló en un video. Integrantes de asociaciones civiles, agrupaciones de médicos, empresarios y ciudadanos se manifestaron en la sede de Vallejo del Poder Legislativo para exigir que los diputados Enrique Flores Flores, Manuel Barrera Guillén, José Guadalupe Sánchez Torres y Óscar Bautista Villegas, pidan licencia al cargo y enfrenten las investigaciones del caso, sin protegerse en el fuero.

Los inconformes llevaron pancartas en las que se leían frases como No a la corrupción, No al cinismo, Por un gobierno transparente, algunos llevaron trampas para ratones que colocaron frente a la puerta de entrada al edificio y colocaron 27 sillas con frases como oportunistas, rateros, ladrones, lacras, exigieron también se aceleren las investigaciones y se castigue a quienes resulten responsables del blanqueo de las cuentas publicas.

El ex presidente del Colegio de la Profesión Medica, Ricardo Villarreal Villapando expuso que acudieron para decirles a los diputados que no los querían como sus representantes. Estaban avergonzados de tener representantes populares de tal calaña. “No es posible que un señor se ponga a bailar cumbia en las sesiones del congreso y otro se suba a lloriquear en tribuna sus asuntos personales y luego decir que todos tenemos cola que nos pisen. Nosotros no”.

Demandó como punto central que los 4 diputados de “la ecuación de la deshonra” soliciten licencia y enfrenten sin el fuero constitucional las graves acusaciones que se les hacen. Pidió a los asistentes manifestar su rechazo a los legisladores al darles la espalda, como lo hacen con el pueblo de San Luis Potosí.

La plataforma política Ganemos, en una carta dirigida al pleno y los cuatros diputados involucrados en el video escándalo, exigen pidan licencia al cargo, aprobar la ley para revocar el mandato, eliminar el fuero y cancelar el contrato con Panavi.

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Un gran revés a Panavi y sus defensores

El que pospone pierde y en el caso de la empresa Panavi y el edil Ricardo Gallardo Juárez, resultaron derrotados en su intentona de que el congreso del estado les aprobara modificar el contrato que firmó el ex alcalde Mario García Valdés para el cambio y mantenimiento de luminarias leds en la capital con la empresa jalisciense y sus socias.
Alas 6 de la tarde que se reanudó la asamblea, el líder de la mesa directiva, Manuel Barrera Guillén, anunció que a petición del presidente de la cartera de Desarrollo Territorial Sustentable, el panista Jorge Luis Díaz Salinas, se retiraba el dictamen y regresaba a comisiones.
El caso se dio luego de infructuosas negociaciones que realizaban en privado los diputados José Guadalupe Torres Sánchez, operador de Gallardo en el congreso, Óscar Bautista y Enrique Flores Flores por parte de las fracciones del PRI y el PAN para convencer a otros diputados y juntar los 18 sufragios requeridos para aprobar la iniciativa.
Doce legisladores se mantuvieron firmes en su negativa de aprobar los cambios al convenio con Panavi. El bloque de legisladores intentó sin éxito en dos ocasiones reanudar las pláticas que se encontraban en receso decretado a los pocos minutos de iniciada las discusiones. El silencio se prolongó por más de dos horas y media.
Los diputados que votarían en contra de la propuesta del ayuntamiento de San Luis Potosí, que pretende incrementar el monto del convenio en 211 millones de pesos más a Panavi, además de garantizarle el pago hasta con un 15% de las participaciones, son Héctor Mendizábal Pérez, Xitlálic Sánchez Servín, Josefina Salazar Báez y Héctor Meraz Rivera. Por parte del PRI, Fernando Chávez Méndez, que cambió el sentido de su voto, pues como integrante de las comisiones dictaminadoras de Gobernación y Desarrollo Territorial sustentable sufragó a favor. También en contra votaría Martha Orta y Gerardo Limón Montelongo. Los dos diputados del Panal, Guillermina Morquecho Pazzi y Ricardo García Melo estarían también en contra. Gerardo Serrano Gaviño del Verde Ecologista, Lucila Nava Piña de Movimiento Ciudadano y Óscar Vera Fabregat de Conciencia Popular que en comisiones dejó asentado por escrito que votaría en contra.
Entre los 15 votos a favor de la propuesta de Ricardo Gallardo, se contaron 4 seguros de los diputados del PRD, Guadalupe Torres Sánchez, Sergio Desfassiux Cabello, Graciela Gaytán Díaz y Dulcelina Sánchez de Lira. Además el de los priistas Óscar Bautista Villegas, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Rebeca Terán Guevara, José Luis Romero Calzada y Alejandro Segovia Hernández. Los panistas Enrique Flores Flores, Mariano Niño y Jorge Luis Díaz Salinas. Se incluyó el voto del diputado del Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén, del PT, José Belmares Herrera y el de Morena, Jesús Cardona Mireles.
La sesión del jueves inició a las 10 de la mañana, con una sala del pleno llena de comerciantes y ciudadanos que con pancartas y consignas rechazaron la propuesta a favor de Panavi. Se aprobaron los primeros puntos de la orden del día y cuando estaban cerca de abordar el asunto de las luminarias se decretó un amplio receso. Al reanudar los trabajos, se desahogaron otros puntos y de nuevo se pospuso la asamblea hasta las 6 de la tarde.
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Los asistentes en contra de Panavi pronto tuvieron de oponentes un reducido grupo de mujeres que exigían alumbrado y apoyaban a la empresa a través de mensajes escritos en cartulinas. El salón de plenos se convirtió por un momento en un ring donde las agresiones verbales de uno y de otro bando no cesaban. Algunos diputados como Sergio Desfassiux, José Luis Romero Calzada y Enrique Flores, no se salvaron de las burlas de los opositores al proyecto de las luminarias. Entre gritos y consignas inició y concluyó la sesión en la que parece ser el primer nocaut a las pretensiones de Panavi y el alcalde Ricardo Gallardo Juárez.
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Un galimatías el contrato de Panavi

El activista del Frente Anti Corrupción, José Manuel Martínez Guiza, destacó que el tema la empresa Panavi es una guerra entre el ayuntamiento de la capital, congreso y otros poderes locales. Destacó que no se debe aprobar la propuesta del alcalde Ricardo Gallardo de incrementar 200 millones de pesos para beneficio de la firma que instalará las lámparas leds. Sugirió auditar el contrato original que firmó el ex alcalde Mario García Valdés, ya que es nulo por los vicios iniciales en las licitaciones y no cumplir la mayoría de las cláusulas.

Expuso que en realidad se firmó un convenio de arrendamiento, no de prestación de servicios. Similar a rentar una fotocopiadora, donde el dueño se encarga del mantenimiento, sacar las copias y cobrar por unidad. Al final se crea una cláusula donde se plantea la alternativa de compra. Las luminarias se van a quedar en San Luis. El acuerdo se firmó en mil 300 millones de pesos. A los 15 años, por los costos financieros, se irá al doble. Luego el ayuntamiento hará un último desembolso para quedarse con los focos.

Censuró no existan datos suficientes. Falta el estudio de consumos 2012-2015 previos, como lo establecen las reglas operativas del Comité Nacional de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. Sirve para hacer un comparativo, ya que el ayuntamiento le cubrirá a Panavi en el primer año 108 millones de pesos con un rango de consumo de equis kilowatts. Son reportes que debió entregar la firma cada tres meses para establecer cuánto se ahorra. El dinero ya estaba presupuestado. Lo iban a entregar en ministraciones parciales. Panavi tenía que registrar el acuerdo ante la Conue para entrar a un concurso de quitas, hasta el 60%, del que, una tercera parte, se destinaría al ayuntamiento para saldar deuda pública. Lo restante es la utilidad de la empresa, con lo que paga al que le haya financiado las instalaciones.

«Tales datos no se han difundido. Tenemos 200 páginas, una parte del expediente, que debe ser público y gratuito, como lo es en Ahome, Sinaloa. Tienen una página en el Consejo Ciudadano de Transparencia donde existen los estudios de consumo, licitaciones, contratos, anexos y adendos que sirven para modificar el convenio de arrendamiento. En San Luis, desde Mario García y con Gallardo, cobran a 37.75 pesos cada cara de una hoja de máquina. Para acceder al expediente de Panavi, alguien debe gastar casi 50 mil pesos. Hay una serie de desinformaciones. Todo se relaciona con la falta de democracia. Tienen en común las corruptelas. Cualquier tema como las tarifas de transporte público, los que estamos en la lucha cívica, nos hemos dado cuenta que el sustrato es la transa a través de la opacidad».

Martínez estableció que es el momento de integrar un frente amplio para combatir las corruptelas y lograr que el sistema estatal en ciernes, sea un espacio de los ciudadanos y no del gobierno. «Mientras no tengamos acceso a todos los datos, habrá solo especulaciones. Tenemos las bases del concurso, modelo del contrato, anexos y fichas técnicas. El hecho que cada página cueste casi 76 pesos, es una forma de inhibir la transparencia, cuando la ley establece que no se debe pagar el doble del costo real. En el caso de las luminarias se configura lo oscuro. Faltan los reportes de supervisión. El comparativo del ahorro estimado en el primer año que fue de 48 millones. Todo viene en la corrida financiera en el anexo e».

«Lo estimaron cuando firmaron el contrato. Ya pasaron más de 600 días, por lo que deben informar con sus tablas, cuánto se gastó en el 2012, 2013 y 2014, antes del convenio. Cuánto erogaron en el año y medio que lleva el acuerdo. Lo que se ahorró. Nos demuestren que sus estimaciones son correctas o lo aproximado que resultó. Si fuera diputado y no es una película de Cantinflas, les pediría el expediente para saber si el contrato se sustentó. Y después revisar la propuesta de ampliar el costo con 211 millones de pesos. Con el esquema y corrida financiera, estimar si es factible y correcto a futuro. Compararlo con otros municipios donde Panavi tiene contratos de arrendamiento. Tampoco se clarifica si al final el ayuntamiento tasará cuánto vale el equipamiento urbano. Se hará cargo de las luminarias o ampliará la concesión. Como está el documento, se asume que los focos serán del municipio».

«En la avenida Salvador Nava, en la glorieta de Balcones del Valle, hicieron una estación solar para dar servicio a los carriles centrales, que son parte del contrato que van a iluminar. No es cierto, ya que los paneles solares se instalaron desde el principio como led. Faltan datos para saber qué circuitos van a cubrir, sólo dicen que instalarán 47 mil 800 luminarias. ¿Dónde empezaron, con qué criterios?. Yo lo haría con las más viejas, donde hay mayor densidad de pobladores, más conflictos de inseguridad, donde transitan más carros y ciudadanos. Es sentido común. No puede hacerse al azar. Se requiere un estudio para ubicarlas. Nada es explícito en el contrato primario ni los anexos. Tampoco queda clara la propuesta del ayuntamiento de ampliar y modificar el contrato».

«Se habla de pedir más deuda. Lo cierto es que se darán como garantía las participaciones federales hasta un cierto porcentaje. Existe todo un galimatías porque los informes no son claros. Los diputados no deben aprobar la propuesta porque no existen los datos, análisis ni valoraciones adecuadas. Parece que hubo doble incumplimiento de Panavi y el ayuntamiento. ¿Qué pasa si lo aprueban o no?. El tema es lo mismo, la falta de datos precisos». Martínez Guiza expuso que Panavi es una empresa de Jalisco. En la acta constitutiva aparecen como dueñas las hermanas Paulina y Viridiana Salas Mayagoitia. Se rumora que son testaferras de una sociedad de inversiones llamada Prorsus, cuyo líder es Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas. En San Luis su principal promotor a trasmano es Carlos Torres Corzo. El mismo perfil deben tener las otras dos empresas asociadas en los contratos de luminarias que tienen en casi todo el país.

-¿Por que fraccionan una empresa en varias, con distintas sedes, con gente de bajo perfil o ajenas al negocio que sustentan?.

-No es que se dividan. En el caso local, Prorsus es una sociedad de inversiones que crea diversas empresas específicas. Es algo muy común en las altas esferas financieras. Lo que les sirve para cuestiones fiscales y hacer holdings, controlar el mercado. Como sociedades anónimas, es difícil relacionarlas en forma directa. Es como el constructor de la capital, Guillermo Leal Tobías, hermano del secretario de gobierno, Alejandro Leal, que usa varias compañías para las licitaciones.

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Otro estigma similar al de Sandra Sánchez

«Si queremos que el proyecto político del alcalde de la capital Ricardo Gallardo se vaya al abismo, el congreso debe autorizarle las modificaciones que pide al contrato con Panavi», destacó el ex diputado local del PRD, Eduardo Martínez Benavente. Añadió que existen litigantes dispuestos a presentar denuncias para combatir el resolutivo pendiente. En caso de aprobarse, «habría un estigma más en contra, similar al negocio de los medicamentos. Lo más conveniente para el edil es retirar la iniciativa que presentó para ampliar y modificar el convenio que firmó el ex munícipe Mario García. No alimentar una serie de críticas, descalificaciones y manotazos que se han dado en el poder legislativo».

Al mismo tiempo, añadió, rescindir el convenio o le pesará toda la vida el asunto. «Es falso el argumento que dio Gallardo en el sentido de que tiene que pagar el 90% de penas si disuelve el convenio. Sucede si estuvieran instaladas la mayoría de luminarias, pero sabemos que la firma no cumplió. Es muy fácil para el ayuntamiento cancelar el acuerdo. Pero una de las características de Gallardo es recular en todos los temas. Y cada vez le crecen. Las negociaciones de García con Panavi y las que ahora se pretenden, están manchadas por denuncias de personas que buscan hacerse más ricas con el sobreprecio establecido».

Indicó que en otras partes de la república, se acreditó que el servicio del alumbrado vale la tercera parte de lo que se busca pagar en San Luis. Los 211 millones de pesos son las tajadas para algunas gentes que promueven el negocio. Hacer un contrato de 15 años con tecnología que en 5 ó 7 puede ser obsoleta es inaceptable. En tal lapso habrá un método nuevo más económico y eficiente para iluminar la ciudad. ¿Para qué casarse a tanto tiempo?. Ya se investigó que las dos principales accionistas viven en Guadalajara. ¿Para qué insistir en pagar el sobreprecio cuando en otras partes los focos son más baratos?. La insistencia denota una enorme corruptela y un sobreprecio que habrá de enriquecer a muchos que dan manotazos. Lo de Panavi es el punto más oscuro que debe aclarar Mario García.

-¿Gallardo demuestra su capacidad para salpicar a los presuntos beneficiarios?.

-No lo puedo acreditar con documentos. Los que vivimos la realidad en México, entendemos que el dinero salpica por todos lados. Un ayuntamiento que cuida los recursos de la ciudad y nota que se trata de un enorme fraude, ya lo hubiera retirado. Gallardo además de no rescindir el contrato, busca incrementarlo. Lo único explicable es la enorme corrupción que prevalece. Los diputados debieron recibir cantidades importantes de dinero. Los que estamos atentos a los asuntos públicos, nos damos cuenta que es un negocio manchado. Antes en el congreso, un operador del edil pidió anular el convenio de Mario García. Lo de Panavi es uno de los temas más sucios que me ha tocado analizar en los años que hemos estado atentos a lo que ocurre en San Luis.

Martínez Benavente aseveró que el departamento de alumbrado público se podría encargar de poner las luminarias que hagan falta a un costo bajísimo. Pero el objetivo inicial era tener un pretexto para sacarle un dineral al ayuntamiento. Se puede ahorrar una cifra importante de los que se paga en el recibo de luz en beneficio del municipio y no en la utilidad de los especuladores. El fedatario aludió al caso de la Ford. «Es inaceptable que el gobernador Juan Manuel Carreras no haya informado de cómo quedaron las negociaciones con la trasnacional, que se resiste a pagar las penalizaciones. Le podrían cubrir el lote que compró que luego donó a la empresa».

«En el convenio y adendo que se firmó, existen muchas interpretaciones y penalizaciones a favor de la empresa, que puede decir, devuelvo el predio. Si costó poco o mucho no es mi problema. Cubro sólo los gastos acreditados con facturas como honorarios de algunos trabajadores, renta de locales o publicidad que hayan contratado. Lo que no suma más de 30 millones de pesos. Ya se venció el plazo fatal para cerrar las negociaciones. El asunto pasará a los tribunales internacionales. Carreras no ha explicado por qué no acudió a las instancias. Lo más fuerte que puede exigir el mandatario es que le cubran los daños y perjuicios, aunque no se hayan acreditado en el convenio. Por el impacto que provocó en proveedores de bienes y servicios que no se vinieron a San Luis, lo que sumaría cientos de millones de pesos».

Añadió que prevalece una absoluta falta de transparencia porque Carreras no se ha atrevido a publicar en el Periódico Oficial del Estado el convenio, adendo y anexos. «Lo más grave es que no exista alguna crítica o reclamo por parte de los diputados, partidos opositores o empresarios. Con tal margen, Carreras puede hacer lo que quiera. Las inversiones que haría el gobierno con la Ford donde se incluyen donativos, subsidios y otros beneficios, podrían alcanzar los 3 mil millones de pesos. Similar a lo entregado a la BMW y no los mil 200 millones que señala el mandatario. Cuando la Ford devuelva el terreno, lo peor que puede hacer el ejecutivo es regresarlo a los especuladores a los que les debe casi el 50%. Menos ahora cuando se presume que hay empresas chinas y de otros países interesados en invertir en San Luis. Llegará a un acuerdo favorable para quienes le vendieron el lote en breña y una parte con infraestructura por más de mil millones de pesos. Pero en el contrato no se especifica si fueron instalaciones eléctricas, hidráulicas y vialidades. Por el precio se concluye que sólo abarca el lote y el compactado».

Martínez enfatizó que los contratistas no le pagaron al estado el 10% por enajenar o desincorporar los terrenos ejidales. Falta revisar si entregaron las áreas de donación al ayuntamiento de Villa de Reyes. «Hay muchos aspectos pendientes que favorecieron más a los inversionistas. Sabemos que Carreras no tiene el estilo para una férrea defensa. Tal vez el gobierno federal le exigió no hacer ruido. Pero una manera de presionar a la Ford era presentar la denuncia. Más ahora que se excedieron los términos para un trato amistoso. «El asunto debería estar en los tribunales. Pero va en contra de la naturaleza y carácter del gobernador, pelearse con la firma que engañó a los potosinos y los quiere indemnizar con una cantidad mínima».

 

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La intrincada maraña política de Panavi

La concesionaria del alumbrado público, Panavi, podría convertirse en la punta de la madeja que dejaría al descubierto los sucios negocios que hacen capitalistas y políticos con los recursos públicos. El alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, que antes aseguró cancelar el convenio que calificó como un robo, en menos de cuatro meses se desdijo. Además de mantenerlo, busca incrementarlo 200 millones. Para cubrir los pagos, no le importa hipotecar las participaciones federales. Gallardo Juárez y su antecesor Mario García Valdés son simples peones del capital económico, lavadores de dinero de prestanombres para acrecentar sus fortunas personales a la sombra del poder político. El ex edil de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, tiene su propio listado de contadores públicos para sus maniobras depurativas. El único requisito que exige es darse de alta ante la Secretaría de Hacienda, expedir facturas y pagar impuestos. El ejemplo más palpable es la proveedora fantasmal Sandra Sánchez Ruiz. El apoderado de Panavi es Francisco Xavier Razo Méndez, experto en contabilidad. Pero se ha ubicado como verdadero dueño al hijo del ex presidente Carlos Salinas, Juan Cristóbal Salinas Occelli.

Entre los aliados, socios y peones de Salinas Occcelli se ubica el rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. El ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. El actual mandatario Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. El ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ex edil de la capital Mario García. Los empresarios potosinos Juan Carlos Valladares Eichelmann y Juan Carlos Torres Rodríguez y Gallardo Cardona que en el 2014 asignó a Led Lumina o Lámparas Ahorradoras Estado Sólido, socia de Panavi, un contrato de 15 años por un monto de casi 500 millones de pesos para el cambio de 14 mil luminarias, mantenimiento, operación y administración del servicio de alumbrado público. Al equipo también se subió el diputado local Enrique Alejandro Flores Flores. El epicentro del negocio de Salinas Occelli se ubicó en Jalisco con el panista González Márquez, que administró la entidad del 2007 al 2013. La liga con Carlos Salinas fue evidente. En el 2010 le pidió recursos para terminar la ruta Lagos de Moreno-San Luis, que se suspendió en el 2013 por litigios. El congreso acordó reabrirla y le asignó 500 millones de pesos, más del 50% de la inversión original. Salinas fue el puente para que su hijo asentara los negocios donde entregó gubernaturas al PAN, como Jalisco, Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Pero fue con González donde apareció la avalancha de contratos para empresas que manejan lámparas leds. Salinas Occelli a través de prestanombres, en menos de tres años cubrió municipios de Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Baja California, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Jalisco. Los contratos le redituaron 5 mil millones de pesos por servicio de arrendamiento, instalación, mantenimiento y administración del alumbrado público.

La sociedad que ganó la mayoría de los contratos fue Led Lumina Leasing. Tenía vínculos con el hermano del gobernador, Eugenio González Márquez, también asesor del alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero, del Movimiento Ciudadano. El municipio firmó con la empresa un contrato de 42 millones durante 15 años, es decir 630 millones de pesos. Se sumó Chapala que pagó 135 millones de pesos, en un lapso de 15 años, para cambiar 2 mil 972 lámparas. En el 2011 se instalaron 400 luminarias que el estado le regaló al ayuntamiento. Guadalajara hizo un convenio por 300 millones de pesos en 15 años. Zapopan signó 78 millones por 14 mil 500 luminarias. Tonalá 300 millones por 21 mil luminarias. Chihuahua instaló 8 mil lámparas. En Madero, Tamaulipas, cuatro mil focos costaron 32 millones de pesos.

Panavi ganó en Ensenada, Baja California, un contrato de 15 años por 4 mil 313 millones 430 mil pesos. Más de 600 millones de pesos al mes. También contrataron sus servicios varios municipios de Sinaloa. Ahome firmó por 350 millones de pesos durante 15 años por instalar 30 mil luminarias. Guasave hizo un convenio por 271 millones de pesos para adquirir 19 mil luminarias. Delicias contrató 40 millones anuales durante 15 años. González Márquez asistió a la boda de Juan Cristóbal Salinas y Natalia Esponda. También el secretario de González, Rolando Santiesteban, hoy líder en el senado de la bancada del Verde Ecologista. Además de las luminarias leds que operan Salinas y González vía prestanombres, la dupla intentó hacer negocio con el aeródromo Francisco Primo de Verdad Ramos, que tiene 33.4 hectáreas. El inmueble está cercano a la carretera que une a Lagos de Moreno con Unión de San Antonio, a la altura del kilómetro 10 a poca distancia de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno. El proyecto que se cayó contempló como parte del equipo del hijo del ex presidente a María del Pilar Mena González, sobrina de González Márquez. A Jorge Tamayo Mora, operador financiero del ex gobernador. Todos buscaron reactivar la pequeña terminal área. El grupo de Juan Cristóbal Salinas, con el arribo del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz arremetió contra los municipios, durante el 2013 y 2014 se movió a través de Led Lumina que luego canjeó por la empresa Lámparas Ahorradoras Estado Sólido.