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El extraño y peligroso pacto de Galindo Ceballos

Cuando se filtró en las redes sociales la posible alianza de la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, junto al magnate de Tanquián de Escobedo, Gerardo Sánchez Zumaya, el polémico industrial, José Luis Romero Calzada, alias el “Tecmoloco” y el ex alcalde de Matehuala, Alejandro Segovia, “El Jano”, al mandatario José Ricardo Gallardo Cardona le entró el pánico.

Se imaginó que tanto adversario junto, habían urdido derrotarlo en las elecciones del 2027, lo que podría regresarlo a las mazmorras que tanto odia. Sin importarle que Romero lo había llamado “rata, del tamaño de un canguro” y acusarlo de haberle dicho, iba a secuestrar, para luego cortarle la cabeza a su esposa, la ex legisladora huasteca, Gabriela Martínez, “La Chapis”, el ex aspirante a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas, se convirtió de pronto en una especie de delegado plenipotenciario del gobierno estatal en la zona huasteca.

Un fardo asfixiante del alcalde de Valles, David Medina, al que aspira a relevar. Con el respaldo financiero de su otrora adversario, Romero hace caminos con maquinaria pesada y reparte decenas de millones de pesos en despensas. Ya tiene oficinas propias donde luce, orondo, una enorme fotografía de su nuevo jefe, al que rinde pleitesía y le hace campaña sin reposo, a la senadora Ruth González Silva, que aspira a suplir en el cargo a su cónyuge, que también había confrontado con Segovia.

El ex diputado federal acusó a Gallardo de oportunista y traidor, ya que siempre lo buscó para que le financiera la más estrambótica iniciativa. Lo usó para hacerle falsas acusaciones al ex edil panista, Iván Estrada Guzmán, de tener vínculos con el crimen organizado, lo que le sirvió para sacarlo de la presidencia municipal, por no dar el bandazo del PAN al Verde Ecologista ni entregarle el manejo del erario.

En busca de blindaje, Segovia ya tenía un pie en Morena, donde se iba a reencontrar con su víctima, cuando ya habían hecho las paces. Pero Gallardo lo amenazó y obliga a volver a servirle o se atenga a las consecuencias. Fue como fracturó al grupo que creyó, lo iba a confrontar.

La misma conducta asumió cuando notó que el munícipe de la capital, Enrique Galindo Ceballos, apareció cercano, sonriente, al tomarse fotografías con la presidenta Claudia Sheinbaum, en su penúltima visita a San Luis. Desde que asumió el cargo, Gallardo ha atacado de manera soez y sistemática al único edil que no ha doblegado en la entidad. Lo ha llamado insistente, flojo, corrupto, integrante de la llamada “herencia maldita”.

Le ha molestado la cercanía que tiene con otras figuras de Morena, como el diputado federal, Gabino Morales. El ex candidato a la alcaldía de la capital y feroz tribuno, Leonel Serrato y la misma Rita Ozalia Rodríguez, con la que seguido se reúne en público.

En las recientes inundaciones de la huasteca, se filtró que la ambientalista, imperativa, le ordenó coordinarse con Galindo, para atender a los damnificados, que lo denunciaron de sacar raja política, al beneficiar sólo a los militantes del verde. Algunos columnistas han establecido que Galindo podría ser el eslabón adecuado para entablar una alianza de facto con Morena, como candidato del PAN a la gubernatura, el único partido con una estructura sólida, capaz de derrotar a Gallardo en los comicios del 2027.

Galindo ayudaría a crear los contrapesos indispensables que impidan considerar a México como un país bajo el mando de una tirana. Fue por lo que Gallardo optó un sorpresivo acercamiento con su paciente adversario, al anunciar inversiones conjuntas por más de 2 mil millones de pesos en la capital, en el 2026. Aunque apenas están en los prolegómenos. Para regresar la cortesía, Galindo lo invitó a la asamblea de cabildo, donde se abordó el 433 aniversario de San Luis. Gallardo le ofreció el Teatro de la Ciudad del parque

Tangamanga uno, para el cierre de los festejos, con un concierto de la banda sinfónica de la marina y la cantante Aída Cuevas.

Acostumbrado a traicionar a la vuelta de la esquina, en callejuelas oscuras, Gallardo debe mostrar que ahora sí jugará limpio. Junto con su esposa, ya no harán labores de alcaldes paralelos para fastidiar el desempeño de su vecino. Tendrá que desistir de convertir a la delegación de La Pila en el ayuntamiento 60. No ahondar en desaparecer el organismo operador de agua potable y alcantarillado, Interapas, además de cubrir un adeudo que ronda los 550 millones de pesos.

Galindo debe aprovechar la coyuntura política para realizar una de las grandes obras pendientes, sacar las vías del ferrocarril, ubicarlas en los suburbios y en el sitio, despejado, construir una zona metropolitana de avanzada, con parques, jardines, unidades deportivas, edificios con departamentos accesibles a las clases pobres, centros comerciales, cines.

Le podría fin a la categoría de potosinos de primera y quinta categoría, al partirse la ciudad ante el mínimo chubasco. Se acabarán los angustiantes tapones viales y las recurrentes inundaciones en las cercanías del centro histórico.

Con el respaldo de Gallardo, acercarse al añorado concepto de la ciudad ecológica, sustentable, similar a Medellín, Colombia o Curitiba en Brasil. Pero todo se puede ir al caño si en cualquier momento, Gallardo condiciona a Galindo, debe vestir la casaca del verde y entregarle el presupuesto que oscila en los 5 mil millones de pesos.

Mostrar el cobre de la súbita connivencia, para adelantarse a los planes electorales de Morena y el PAN, que lo pueden sepultar en definitiva. Incluso, arrebatarle Soledad, el epicentro de su voraz y corrupto cacicazgo. Hay otras aristas que inciden en la extraña e inesperada cercanía de dos personajes en pugna por la gubernatura, como determinar, qué obras y quién será el encargado de licitarlas. Galindo debe estar atento a que no lo sorprendan o enfrentará en el futuro, arqueos adversos por trabajos deficientes y con elevados precios.

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“El Jano” Segovia y la familia Espinoza, los contratistas del sexenio

El oscurantismo que prevalece en el manejo de la obra pública en el actual sexenio, ya sobresale una privilegiada familia de contratistas que acaparan convenios millonarios. Aunque el gobernador Ricardo Gallardo los acusa de pertenecer a la “Herencia Maldita”, los suma por los vínculos que tienen con el diputado federal y ex alcalde de Matehuala, Alejandro Segovia Hernández, alias “El Jano”, el que hace los cabildeos donde se gana cifras exponenciales.

Las empresas predilectas de Gallardo son Coedessa, donde aparecen como socios, los hermanos Julián Espinoza Sánchez y Rafael Espinoza Sánchez. Otra es Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar. La integran Sonia Mendoza Zavala y su hija Sonia Paloma Espinoza Mendoza, cónyuge e hija de Rafael Espinoza Sánchez, directivo de Coedessa. La tercera beneficiada es Caminos y Pavimentos de Matehuala, donde está como socio Rafael Espinoza Sánchez. Figuran por primera vez en los arreglos del parque Tangamanga uno. El trío de negocios se encargó de restaurar los caminos y vialidades. Como Gallardo se niega a informar de lo que hace, se ignora el monto obtenido.

En los primeros 7 meses, Coedessa recibió 7 contratos, uno por mes, según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidades y Obras Públicas, a través de la solicitud de datos, 240470322000069, que elaboró La Noticia. “En cuanto a lo pedido, correspondiente a la empresa Coedessa, se informa que de octubre del 2021 a abril del 2022, después de realizar una búsqueda dentro de los archivos físicos y digitales del departamento a mi cargo, se cuenta con 7 procesos con la firma referida”. Ocultó las obras y costos.

A Coedessa también le entregaron el rehabilitado de la avenida Fray Diego de la Magdalena, etapa uno, lateral sur, en el tramo Vasco de Quiroga a Hernán Cortés. Le destinaron un gasto de 10 millones 398 mil pesos. También la dieron el rehabilitado del periférico Rocha Codero, ahora llamado Circuito Potosí. Obtuvo un contrato de 61 millones de pesos, por reconstruir el sector que va del kilómetro 13 al 17. La compensaron con el paso superior vehicular atirantado del eje carretero 70, San Luis-Rioverde, las avenidas Cactus y Zaragoza. Las inversiones alcanzaron los 389 millones de pesos.

La empresa Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, ganó el amañado concurso para edificar la censurada Arena Potosí, que tendrá un tope de 500 millones de pesos. La obra la comparte con dos firmas de Monterrey. Destaca que el representante legal de los tres negocios, es Rafael Espinoza Sánchez, dueño de Coedessa.

Otra obra millonaria donde está presente Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, es el rehabilitado de la presa “El Peaje”, donde recibió 56.8 millones de pesos en forma directa, por dos contratos que le entregó la Comisión Estatal del Agua. Ambas lograron jugosos ingresos en el periodo de Juan Manuel Carreras, símbolo de la “Herencia Maldita”, que tanto dice aborrecer Gallardo Cardona. Fueron señaladas por el ahora ex titular de comunicaciones y transportes, Leonel Serrato, de incumplir contratos en la Red Metro. Coedessa obtuvo en lo particular, 13 millones 864 mil 568 pesos. Coedessa y Triaco recibieron otros 17 millones 572 mil 804 pesos, por los trabajos del tramo 2 del carril confinado, del eje 124 al 128. Coedessa fue acusada de dejar inconclusa, en el altiplano, la presa La Maroma, en la que se invirtieron 189 millones de pesos.

Tratos cercanos

El favoritismo para ganar contratos sin licitar, sólo se explica por las estrechas relaciones que tiene el diputado federal, Alejandro Segovia, socio, compadre y prestanombres de Gallardo. El hilo conductor que une al legislador con sus allegados, se define por la amistad, el trabajo y las corruptelas.

Rafael Espinoza y el diputado presumen practicar el ciclismo y las rodadas nocturnas que se desarrollan en Matehuala. Las empresas que manejan, patrocinan diversos actos, que difunden en las redes sociales.

En el reciente festejo “Jano Fest”, para conmemorar el cumpleaños de diputado, socios de Coedessa se encargaron de organizar los detalles. Julián Espinoza Sánchez, hermano del dueño de Coedessa, Rafael Espinoza, exhibe sus lealtades al promocionar al Verde Ecologista y Gallardo Cardona.

Los boyantes socios hicieron un alarde de influencia al aparecer juntos cuando se inauguró el periódico “El tiempo del Altiplano”, donde se presume, Segovia tiene gran influencia. Lo usó para atacar soez al alcalde de Matehuala, Iván Estrada, al que busca destronar, junto con Gallardo, por negarse a entregarles el manejo de la hacienda pública. Segovia hace equipo con otra posible accionista, María Luisa Paulín, que también dirige el portal electrónico, Código San Luis, que se dedica a halagar al gobernador.

No podía faltar como invitado especial, el “padrino del proyecto”, según conceptos de Paulín, el constructor predilecto, Rafael Espinoza Sánchez. Felices, se tomaron decenas de placas. Un asistente de lujo fue el ex director del Archivo Histórico, Jesús Rafael Aguilar Fuentes. Cortó el listón y repartió bendiciones, el vocero de Gallardo, el ex edil interino de Soledad, Gerardo Zapata.

Otro aspecto que une a Segovia con los hermanos Espinoza, es que, en la etapa de alcalde, les entregó más del 60% de la obra pública a Coedessa, Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar y Caminos y Pavimentos de Matehuala. Les cedió 44 contratos por 55 millones 897 mil 167 pesos. Para compensar el respaldo, Coedessa le “obsequió” al DIF municipal algunas bicicletas, para jóvenes de escasos recursos.

Las transas también ligan a Segovia con sus testaferros. El diario digital Astrolabio, documentó que el legislador facturó 104 mil pesos, por el presunto arrendamiento de una camioneta a Coedessa. El objetivo de la empresa no incluye tales rubros.

En las constantes embestidas de Gallardo y Segovia contra Estrada Guzmán, el gobernador anunció que usará como alcalde paralelo al diputado, al que le habrá de entregar 200 millones de pesos, para hacer obras y eclipsar al panista. En la red de complicidades que teje el legislador, el que se lleva la tajada más grande es el ventajoso mandatario.

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Ante el vacío de poder que genera, Carreras es sujeto de burla

La falta de liderazgo del gobernador Juan Manuel Carreras López ya generó un prematuro vacío de poder. Incide para que diversos grupos y personajes le hagan cáusticos reclamos por su cada vez más notable inoperancia ante diversos y complejos problemas que no resuelve. El mayor escándalo se generó cuando el diputado del PRI, Alejandro Segovia, le espetó que le «faltan huevos» para hacer cambios en el gabinete. Tal vez «está dormido», por lo que no hace remociones donde el 70% de los funcionarios «no dan el kilo».

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, solicitó juicio político contra Carreras por facilitar más de 700 millones de pesos de manera turbia para adecuar terrenos que entregó a la armadora trasnacional Ford. La bancada de diputados federales del Partido Verde Ecologista demandó que se separe del cargo hasta que no aclare el destino de 400 millones de pesos de las pensiones de maestros que desapareció en la etapa que fue secretario del ramo educativo.

Carreras aparece codemandado en un juicio mercantil que promueve el director del Laboratorio Nacional de Construcción, Eduardo Yedid Cohen, que reclama el pago de 4 millones 100 mil pesos por servicios no cubiertos en las obras donde se instaló de manera temporal la armadora de vehículos Ford. En la nota publicada por el diario Pulso, el afectado refirió que lo contrataron para avalar las planchas de concreto construidas en las 300 hectáreas aportadas por el ejecutivo. En abril del 2016 le notificaron que ya no requerían su ayuda pero le exigieron los resultados de sus estudios. Aceptó darlos a cambio del pago, lo que no cumplieron. No obstante, las plataformas fueron entregadas, pero advirtió que los análisis pudieron ser alterados.

Las tareas de Cohen estuvieron supervisadas por el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo de San Luis Potosí por instrucciones de Carreras, que luego ordenó ya no inyectarle recursos. Los empresarios que lo contrataron arguyeron que tampoco les habían cubierto lo acordado. Por tantas evasivas, demandó en octubre del 2016 a los implicados.

Antes, en julio del 2016, el presidente de la cartera de honor y justicia del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Narciso Mendoza, destacó que era lamentable la conducta de Juan Manuel Carreras y sus colaboradores al violentar las garantías de los autóctonos. Aseveró que «enseña el rostro verdadero de un político hipócrita que solo beneficia a caciques y ricos de la huasteca a los que entrega cargos públicos». Lo acusó de no tener voluntad para corregir las omisiones en que incurrió al ignorar a sus representados en el Plan Estatal de Desarrollo. «Nos agrede. Nos hemos sentado tres veces juntos. Firmó un documento donde se comprometió hacer las consultas, pero hizo todo lo contrario.

Tiene un documento, busca que lo aprobemos sin escucharnos. Sigue el hostigamiento que inició con la anterior directora del organismo, Margarita Viñas Orta. Envían emisarios para que validen el plan de desarrollo. Fue destituida después de una queja ante el Comité Nacional contra la Discriminación. Pero mantuvo la misma conducta su relevo Raúl de Jesús González Vega». Añadió que la mayoría de consejeros exigen se cumplan con las normas. Viven con temor, por lo que hacen responsable de lo que les pase a Carreras.

A través del representante del Centro de Derechos Humanos, Samuel Ruiz, el litigante Ricardo Sánchez Ruiz y el dirigente de la Clínica de Litigio en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Guillermo Luévano, interpusieron un amparo al saber que González convocó a reuniones de consejo para convalidar el Plan Estatal de Desarrollo sin tener atribuciones.

Luévano expuso que Carreras se niega a publicar el reglamento del consejo consultivo, que ya fue elaborado y aprobado por sus integrantes desde septiembre del 2015. Aludió a una convocatoria donde se estableció que el doctor en derecho buscó encabezar la asamblea, lo cual violó la autonomía del organismo y transgredió la ley. «Puede ser invitado pero no presidir. Lo mismo hizo González, llamó a una cita extraordinaria, pero carece de facultades».

Los quejosos lamentaron que se trate de manipular a los indígenas con mentiras, sobornos y promesas de gobierno para darle la espalda a los consejeros que han promovido los amparos. Contaron a la revista Proceso que «existe miseria extrema, hambre, enfermedad, muerte de niños y mujeres, alcoholismo y drogas que han metido para ensuciar a los jóvenes. No hay trabajo o lo pagan muy barato. Nos quieren quitar las escuelas, borrar de la faz de la tierra para quedarse con la riqueza que hay en nuestros territorios, quieren introducir minas, pozos de chapapote, tubos de gas sin importar la vida de la gente».

El mes negro de Carreras fue abril. En la Gaceta Parlamentaria del congreso federal se incluyó un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Verde Ecologista, donde solicitaron que el mandatario deje el cargo mientras se investiga un presunto desvío por 400 millones de pesos de las pensiones del magisterio. El documento lo firmó el ex secretario de gobierno Cándido Ochoa Rojas, considerado el verdadero gobernador ante el fracaso del galeno Fernando Toranzo. Ochoa era el jefe de Carreras cuando se desempeñó como secretario de educación. En los motivos, los legisladores expusieron que en el país, los moches, el tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales de corrupción. Provocan desigualdad entre los ciudadanos.

La corrupción es un problema que ha infectado y contaminado a todo el sistema político. No hay partido que no sea vulnerable a tal práctica. «Hay casos de corruptelas e impunidades como el de Juan Manuel Carreras. Cuando fue titular del sector educativo entre el 2013 y 2015, se desaparecieron 400 millones de pesos para cubrir las pensiones de los profesores de telesecundarias, que durante su vida laboral, atendieron a los niños más pobres de la entidad». Expusieron que en materia de corrupción, San Luis ocupa el indigno 86.1% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, mientras que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes es del 15.7%. Una de las más altas en la república.

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Censuran la ineptitud de Arturo Gutiérrez para detener la incesante ola delictiva

Un grupo de policías que integran la asociación de elementos del sistema estatal de seguridad pública, encabezados por el presidente Arnulfo Delgado González, exigieron ante los diputados la renuncia del general Arturo Gutiérrez, titular de la dependencia, por incapaz para frenar la ola delictiva que azota a San Luis. Además obstaculiza las mejoras salariales y promociones de los uniformados. En contraparte otorga ascensos sin cumplir con el perfil y altos sueldos a agentes que trajo de Tamaulipas y otras partes.

Los afectados estuvieron acompañados por líderes del frente de comerciantes. Dijeron que Arnulfo Delgado fue notificado de manera verbal de su baja a la policía después de 26 años de servicio porque se atrevió a defender los derechos laborales de sus compañeros. Se enteraron que presentaría al congreso una iniciativa de ley que busca mejorar sus condiciones de trabajo.

Delgado y los representantes de los vendedores se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Flores Flores, que sin éxito buscó que los inconformes fueran recibidos por Gutiérrez. Al término de la asamblea, los quejosos ingresaron al recinto y entre consignas, el dirigente de los comerciantes del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, denunció el despido del policía y solicitó respaldarlo.

El legislador Alejandro Segovia se solidarizó con los afectados. Resaltó las carencias con las que realizan las labores. Exigió la renuncia del secretario Gutiérrez. Llamarlo a comparecer no basta, pues no ha dado cuentas de los millonarios recursos que recibe para atender la seguridad de los potosinos que va de mal en peor. “Es feo, se siente gacho, lo he afirmado, el sistema político mexicano no sirve. Tenemos que cambiar, me siento mal por no poder hacer nada por ustedes. Pero se que se los lleva la chingada. Hay que sacar al general o nos irá peor. Solicito la renuncia de Gutiérrez, se que no me harán caso. Le pido a mis compañeros, se amarren los pantalones y me apoyen a solicitar la salida».

En entrevista el agente Arnulfo Delgado González, al que también le exigieron entregar su patrulla, denunció que Arturo Gutiérrez ha metido a trabajar a la dependencia más de 200 foráneos, cercanos y familiares, por el simple hueso. Les otorgó grados altos para que perciban un jugoso salario. A la mayoría los tiene en las oficinas de la dependencia, en el C4 o academia de policía. No los saca a la calle, mientras los ciudadanos andan inseguros. “Ojalá y se una más gente para exigir su renuncia, como ya se pronunció en el congreso el diputado Segovia. Los potosinos no podemos soportar gente de fuera que no conoce la ciudad y no sabe nada del tema».

Aseguró que su despido obedecía a que integró una asociación civil, sin fines de lucro, con el objetivo de exigir apoyos para sus compañeros y ampararlos de las injusticias. Dijo que las protestas afectaban los intereses del jefe policiaco e incondicionales, que bajan recursos para combatir la delincuencia. Pero los policías de a pie, que andan en la calle, no ven un peso que se refleje en mejoras laborales. Ya tienen 17 años que no les otorgan un aumento en prestaciones. “No entregan un bono de riesgo. No nos suben de grado para ganar más. La ley marca que cada dos años se debe aplicar un procedimiento para subir de nivel. Peleamos con una mafia, con el gobierno. Lo más fácil resultó darme de baja, quitarme de en medio para seguir con los atropellos». Añadió que Gutiérrez a sus adeptos los acomoda con grados altos y horarios de oficina en detrimento de policías que tienen más de 20 años de laborar. Puso como ejemplo a la hija del director de la academia estatal de policía a la que asignaron un vehículo institucional y gasolina con cargo al erario.

Aseguró que el coraje de los agentes estatales va en aumento porque no tienen apoyo. Tampoco miran estrategias claras para combatir la inseguridad en las calles, con asaltos, robos y homicidios que ocurren a plena luz del día. “Urge quitar a Gutiérrez. Se trajo toda la mafia de Tamaulipas que opera en Valles, donde secuestran empresarios. Es notorio”.

-¿Dentro de las corporaciones policiales está el crimen organizado?

-Sí. Los trajo el secretario. ¿A dónde iremos a dar?. Arnulfo Delgado dijo que hace un año se arriesgó a perder su empleo por exigir un horario de trabajo justo para los policías, como lo marca la ley, de laborar 12 horas y descansar 24. Como represalia fue cambiado a Valles por órdenes de Gutiérrez. Apeló la medida ante otros funcionarios del gobernador, que consideraron injusto el castigo y ordenaron regresarlo a la capital.

Otros policías que participaron en la protesta, que pidieron omitir su nombres por temor a perder el trabajo, reiteraron que Gutiérrez relega a los agentes locales y otorga privilegios a su camarilla que trajo de Tamaulipas, Veracruz y otras partes del país donde laboró. Señalaron que para cubrir las apariencias envía a sus súbditos tres meses a la academia para justificar los ascensos. Hay casos de personas locales con grado de vigilante, el nivel más bajo, con 20 años de servicio, que desde hace dos participaron en las evaluaciones. Cubrieron los exámenes físicos, psicológicos y académicos que les exigen para subir de categoría y no los promovieron.

En enero del 2017, 14 policías con rango de vigilantes, concluyeron un curso de tres meses en la academia estatal como requisito para ascenderlos. Hasta la fecha no les han cumplido. Se sorprendieron cuando notaron que habían acudido en total 40 alumnos. Los restantes 26 eran recomendados del general Gutiérrez, sin cumplir con el perfil. Manifestaron que ha llegado al extremo de otorgar grados de policías a civiles que forman parte del patronato de voluntarios que preside su esposa. El reglamento lo prohíbe. Los ascensos se dan a través de promociones que se deben realizar cada dos años a los que laboran como agentes. Los niveles que existen en la secretaría de seguridad pública estatal, son de vigilantes, agente c, policía segundo, policía primero, suboficial, oficial, primer oficial e inspector.

Expresaron que los salarios son muy bajos. Los que tienen el puesto de vigilantes, ya con los descuentos que les hacen, reciben menos de 4 mil pesos quincenales. Sin contar que algunos tienen préstamos personales. Las compensaciones que reciben algunos agentes son de 920 pesos al mes. No se han incrementado desde la época del comandante Miguel Naya. Los uniformes que les entregan son de mala calidad. Les redujeron de 40 a 35 los litros de gasolina que se entrega a cada patrulla por turno.

Expresaron que el general Gutiérrez en lugar de reunirlos para darles indicaciones, delinear estrategias para el desempeño de sus labores o combate a la delincuencia, como lo hacían otros jefes policiacos, opta por hablar de religión y les da una homilía. En la Academia Estatal de Policía, después de los honores a la bandera, obliga a los alumnos y agentes a escuchar media hora al pastor que les lleva. “En vez de apoyarnos y darnos mejores herramientas para el trabajo, nos encomienda a Dios”.

 

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Schiaffino se estrella con la estructura gubernamental que encubre a Gallardo Juárez

El controvertido delegado del PRI en San Luis, Jorge Schiaffino Isunza, no obstante tener en contra al gobernador Juan Manuel Carreras, el sector de los llamados diputados broncos y al mismo dirigente estatal del partido, Martín Juárez Córdoba, no se cansa de pregonar que el ayuntamiento de la capital y de Soledad, controlados por el comerciante pollero, Ricardo Gallardo Juárez, están bajo la férula del crimen organizado, que es capaz de violentar el estado de derecho. La ira del quejoso se desató cuando se supo que el auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, de un tajo, sin el mínimo análisis, borró las observaciones que se hicieron a los tres primeros meses del desempeño del polémico edil, donde se incluyen los 34 millones de pesos que entregó sin licitar a la fantasmal proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz. Se especuló además que Gallardo negoció su impunidad a cambio de olvidarse de las bravatas contra sus antecesores, Victoria Labastida y Mario García, que también tuvieron un desempeño desastroso y dejaron las arcas vacías. Entrevistado por el Canal 7 local, destacó que el blanqueo de la cuenta pública del munícipe significa la presencia de dinero mal habido que se utiliza para el clientelismo político y lavar las fallas administrativas. El político oriundo del Distrito Federal recalcó que el ocultamiento de datos corrobora que todo lo maneja a través del crimen organizado. Se constata por los varios tentáculos para comprar voluntades y desaparecer hechos tan evidentes. Es peligroso lo que acontece, ya que no se sabe en manos de quién se encuentran los potosinos.

Tal vez Schiaffino ignora la complicidad que existe entre el gobernador Juan Manuel Carreras y Gallardo, al que le debe el cargo, ya que le aportó a través de sus tentáculos corporativos, más de 200 mil votos. El polémico edil llegó al cenit gracias al irrestricto respaldo del ex gobernador Fernando Toranzo y del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, con amplia influencia en el ala priista del congreso local. Carreras también obedece al fallido galeno Toranzo, que antes lo ocupó como secretario del ramo educativo. Es la enmarañada y sólida estructura que enfrentó Schiaffino, que rápido lo minimizó. El coordinador de los legisladores del PRI, Fernando Chávez Méndez, que suplió en días recientes a la poco eficiente Marta Orta, destacó que las declaraciones del delegado no contribuyen en nada a generar un ambiente positivo a nivel local. Destacó que no compartía sus opiniones a título personal, ya que el PRI de San Luis siempre ha buscado la civilidad democrática. Expuso que confían en las instituciones para sancionar las irregularidades con documentos y expedientes fundados. El subsecretario de enlace institucional, José Ángel Castillo Torres, calificó de temerarias las acusaciones, que no abonan a la gobernabilidad. Le exigió aclarar los exabruptos, ya que se había equivocado. Toranzo designó auditor a Martínez para que le cubriera los saqueos millonarios que hizo junto con su esposa, la ex presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, que repartió contratos millonarios a cambio de jugosos sobornos. Chávez tiene la consigna de evitar la mínima falla que los lleve al banquillo de los acusados, ya que se coludió con Ramos en el tráfico de desayunos escolares y la compra inflada de estufas ecológicas. El enlace del ejecutivo con el congreso, Ángel Castillo, fue en el anterior sexenio director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado. El grupo de los llamados Broncos ha obtenido diversas canonjías de Gallardo, como aceptar una lista de recomendados que se desempeñan como aviadores.

Schiaffino fue descobijado de girar instrucciones a los diputados del PRI para atacar a Gallardo, por órdenes de México, ya que se trata del «personaje con más influencia en San Luis, al gobernar con sus fuerzas políticas el núcleo poblacional metropolitano, el más numeroso del estado». Se dijo que al momento de filtrar la consigna, lo acompañó Ángel Castillo y el dirigente estatal del PRI, Martín Juárez. El motivo de la asonada sería que el edil iba a entablar procesos penales contra sus predecesores Victoria Labastida y Mario García. En lugar del apoyo automático, provocó la ira de sus correligionarios José Luis Romero, Alejandro Segovia, Fernando Pérez, Marta Orta y Óscar Bautista. Romero fanfarroneó que el edil era su amigo y le iba a llamar para ponerlo al tanto de las maquinaciones. En un boletín sin firma que se atribuyó al jefe de prensa estatal, Adrián Vázquez, se estableció que Carreras jamás ordenó atacar al munícipe desde el congreso u otro ámbito. Precisaron que el delegado «fue mal aconsejado. Conoce muy poco de la realidad política local, que origina el desplante golpeador. No revisa ni mide las consecuencias». Se exaltó que Martín Juárez y la secretaria del partido, Sara Rocha, «han guardado prudencia y conservado los equilibrios para evitar descalificaciones». Enfatizaron que el único interesado en desgastar la imagen de Gallardo era Schiaffino. Se insistió en que Carreras busca «cerrar filas y establecer alianzas para dar el empuje que necesita San Luis». Le restregaron al defeño le haga al auditor con los mandos opositores…continúa (tomado de la versión impresa, JUNIO 2016)