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El Verde infla su fuerza política con miedo, amenazas y presión para apoyarlos

El Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí presume ser la primera fuerza política del estado. Con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como líder moral y con la senadora Ruth González Silva adelantada en campaña, el discurso oficial habla de simpatía popular y más de 700 mil afiliados. Pero detrás de la propaganda verde crecen denuncias de presión, amenazas y condicionamiento de apoyos sociales para obligar a ciudadanos y trabajadores a sumarse al partido.

Mientras Ruth González minimiza a Morena y repite en mítines que el Verde domina políticamente el estado, trabajadores, policías, taxistas y beneficiarios de programas sociales describen otra realidad: un aparato político operando con lógica de cacicazgo, donde los apoyos públicos se convierten en moneda de control electoral.

Las denuncias anónimas coinciden en un mismo patrón: asistir a eventos del PVEM, apoyar publicaciones de Gallardo y Ruth González, afiliarse al partido y demostrar lealtad política para no perder despensas, pipas de agua, bonos o incluso el empleo.

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguran que son afiliados al Verde sin consentimiento. Cadetes y personal de nuevo ingreso entregan su INE para trámites administrativos y terminan registrados en el partido. Policías veteranos denuncian que, si se niegan a afiliarse, les retienen bonos de riesgo y apoyos de despensa. Además, mandos superiores les ordenan reaccionar y compartir publicaciones de Ricardo Gallardo y Ruth González, bajo vigilancia interna y listas de control para verificar quién obedece y quién no.

A este ambiente de presión se suman señalamientos hechos por trabajadores de la Secretaría de Finanzas estatal, quienes afirman que desde áreas internas del gobierno se les pide impulsar publicaciones oficiales en redes sociales relacionadas del mandatario  Ricardo Gallardo Cardona y su esposa , la senadora Ruth Gónzalez Silva. La instrucción circula principalmente en grupos  internos de WhatsApp de la dependencia,  donde administradores comparten enlaces y solicitan reaccionar, comentar y difundir contenido institucional , así como la actividad en redes de la pareja en el poder. Empleados aseguran que existe supervisión sobre quién participa y quién ignora las indicaciones.

Taxistas también denuncian presión. En audios y grupos de WhatsApp, líderes del gremio convocan a acudir a afiliarse en una casa de la calle 16 de Septiembre, en el barrio de Santiago, prometiendo “beneficios” ligados al Verde. El mensaje es claro: alinearse con el partido tiene recompensa; no hacerlo, consecuencias.

En Rioverde, durante la instalación del comité municipal del PVEM, ciudadanos denunciaron que les condicionaron apoyos alimentarios para asistir al evento. En chats vecinales se pedía acudir, tomarse foto como prueba y registrarse con operadores políticos para después poder recoger despensas. La amenaza final era directa: quien no asistiera tendría que esperar “nuevo aviso” para recibir ayuda.

En distintas colonias de la zona metropolitana también comenzaron a surgir acusaciones relacionadas con la distribución de apoyos alimentarios presuntamente vinculados con operadores del Partido Verde. Habitantes de la colonia Genaro Vázquez afirman que las despensas únicamente son entregadas a personas afiliadas al PVEM o a quienes acepten incorporarse al padrón partidista. Vecinos aseguran que, para acceder al beneficio, se les solicita presentar su credencial de elector y completar previamente un registro de afiliación en módulos instalados por operadores políticos.

En la zona metropolitana también surgen señalamientos sobre pipas de agua vinculadas al Partido Verde. Vecinos denuncian que para acceder al servicio primero deben registrar su credencial de elector con representantes del partido en sus colonias.

En Soledad de Graciano Sánchez, bastión del gallardismo, el regidor Conrado Pérez y el diputado local Fernando Gámez, son señalados por habitantes del municipio , de formar parte de una estructura que presume, opera el condicionamiento de apoyos sociales y el suministro de agua potable a cambio de afiliaciones al Verde Ecologista.

Uno de los casos exhibidos en WhatsApp, es el del regidor Conrado Pérez, donde promueve jornadas de afiliaciones en su domicilio y la entrega de la tarjeta.

En otros mensajes difundidos, afirman de manera abierta, que el plástico es indispensable para recibir agua en pipa. Una mujer reclamó que a su esposo le advirtieron, ya no recibirían el líquido, en caso de no presentar el documento.

Otra integrante del Partido Verde lanzó la amenaza sin rodeos: quien no se afilie, no podrá obtener despensas ni acceder a apoyos de purificadoras, útiles escolares o pipas de agua.

Algunos  vecinos de diversas colonias, señalaron al diputado Fernando Gámez como uno de los encargados de también condicionar los apoyos y sabotear el servicio de agua.

Según las denuncias, el legislador ordena cerrar válvulas en colonias para provocar desabasto y después intervenir con programas de respaldo, con el que condiciona el apoyo a cambio de sumarse al verde.

Los denunciantes también mencionan a una mujer identificada como “Félix, quien advirtió a los vecinos, si denunciaban los boicots, podrían perder el acceso a los programas clientelares.

Beneficiarios de programas administrados por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional,  sostienen que los apoyos económicos son utilizados para presionar políticamente a sectores vulnerables. Aseguran que adultos mayores y madres solteras han recibido advertencias para reunir copias de credenciales de elector de familiares o conocidos como condición para conservar los beneficios sociales.

Afectados señalan que se les convoca a participar en actividades y concentraciones partidistas, bajo la advertencia que de no asistir , pueden  perder de manera definitiva los apoyos gubernamentales que actualmente reciben.

Una ciudadana dela tercera edad originaria de Rioverde denuncia y confirma las presiones del PVEM, donde exigen que las beneficiarios recopilen 10 credenciales de elector de familiares, amigos o conocidos y que los convenzan ser afiliados al Partido verde, el pago de estas acciones es poder seguir recibiendo los beneficios de despensas y apoyos gubernmentales.

Mientras Gallardo y Ruth González presumen fuerza política, las denuncias retratan una estructura sostenida con presión y sometimiento. El “éxito” del Verde en San Luis Potosí no solo se mide en afiliados o mítines multitudinarios, sino en el miedo de trabajadores y ciudadanos a perder apoyos, ingresos o empleo si se niegan a doblarse ante el partido oficial.

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Ricardo Gallardo Cardona prometió velar por sus pensiones, no cumplió. Hoy los jubilados lo enfrentan en las calles, por lo que trabajaron toda la vida

En campaña, el ahora gobernador José Ricardo Gallardo Cardona recorría la huasteca potosina, lanzaba mensajes de cercanía con los trabajadores del estado, policías jubilados, maestros pensionados y burócratas retirados. Prometía ser un aliado de quienes “ya habían entregado su vida laboral” al servicio público.

“Quiero mandar un saludo a todos los policías jubilados, los empleados que cumplieron. Vamos a trabajar mucho para ustedes, a velar por sus jubilaciones, pensiones y derechos”, exclamaba eufórico en sus giras proselitistas rumbo a la gubernatura.

Ya en el poder, el discurso discrepa con lo logrado. El añorado respaldo a los  jubilados y pensionados, terminó con marchas de protestas, bloqueos, reclamos y acusaciones de incumplimiento.

A lo largo del desastroso sexenio, distintos sectores de trabajadores retirados han salido a las calles para denunciar retrasos en pagos, recortes, falta de aguinaldos, pensiones incompletas, retroactivos detenidos y liquidaciones congeladas durante años.

Lejos de convertirse en el gobierno que “velaría” por los empleados en retiro, grupos de jubilados acusan al mandatario, ser uno de los más abusivos con la base trabajadora en descanso.

Hace poco, los policías jubilados se manifestaron frente a palacio de gobierno para exigir el aumento prometido a sus pensiones que nunca se concretó. Los inconformes recordaron que el ejecutivo estatal anunció incrementos salariales para corporaciones activas y aseguró que el beneficio alcanzaría también a los retirados. Sin embargo, meses después, el ajuste jamás llegó.

En otro episodio, jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad, protestaron por recortes aplicados a sus pensiones. Los afectados señalaron que entre 500 y mil ex trabajadores fueron perjudicados por reducciones que impactaron sus ingresos mensuales.

También jubilados y pensionados vinculados a los parques Tangamanga se plantaron frente a Oficialía Mayor para exigir liquidaciones pendientes desde hace años. Denunciaron que alrededor de 300 ex trabajadores esperan pagos que les corresponden de manera legal.

Maestros jubilados de telesecundaria, que han protagonizado múltiples protestas durante el sexenio, en distintas ocasiones han denunciado falta de depósitos de pensiones, retrasos en aguinaldos, retroactivos sin cubrir y omisiones administrativas, que derivaron en problemas fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria.

Los docentes acusaron a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de reportes erróneos que provocaron cobros elevados de impuestos y multas imposibles de cubrir para pensionados que dependen de su retiro.

También médicos jubilados del Hospital Central, “Ignacio Morones Prieto”, han denunciado que les suspenden el pago de las pensiones y el incumplimiento de aguinaldos.

Otro grupo afectado es el de jubilados del gobierno estatal, que en reiteradas  ocasiones han acudido a la directiva de pensiones y secretaría de finanzas para exigir el pago completo de prestaciones y aguinaldos. Más de 4 mil 500 pensionados del sector se han visto afectados por retrasos y recortes.

Entre las protestas realizadas, los afectados han llegado a denunciar  que algunos compañeros murieron en espera de los pagos de sus jubilaciones, liquidaciones o retroactivos que nunca llegaron. Los que alguna vez escucharon promesas reivindicatroias y respaldo absoluto, hoy denuncian abandono, indiferencia y desgaste económico.

Ahora, al cierre del sexenio, Gallardo busca mantenerse en el poder, al impulsar la figura de su cónyuge, Ruth González Silva, para que lo releve. La legisladora repite el machote de cercanía con la gente, apoyo a los sectores vulnerables y respaldo a los trabajadores del estado.

Sin embargo, entre jubilados, pensionados y ex trabajadores, crece el descontento. Para muchos inconformes, el intento de heredar el poder ocurre en medio de un sexenio marcado por reclamos constantes de haberlos ignorado, cuando el principal responsable, repitió que los iba a salvar.

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Gallardo Cardona cobra el 1% de cada viaje efectuado por las empresas que usan las plataformas para el transporte de pasajeros

Agremiados al organismo Taxistas Moviendo a San Luis Potosí, se manifestaron al poniente de la ciudad para exigir, sea removida la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aracely Martínez Acosta, a quien  acusan de omisa, negarse al diálogo, presuntos actos de corruptelas  y  no aplicar la ley para regularizar las plataformas que les representan una competencia desleal.

Después de la protesta que realizaron con sus unidades por la avenidas Sierra Leona, Cordillera de los Himalaya, Alpes, Glorieta de la Bandera y en el circuito oriente, con cruce en la Avenida Chapultepec, los dirigentes y su abogada, Natalia Castillo, ofrecieron una rueda de prensa. La litigante señaló que sus clientes están cansados de realizar peticiones a la funcionaria, sin obtener respuestas, sólo reciben un trato denigrante. Calificó a Martínez de incompetente, ignorar la ley y manipular los informes.

Dijo que han tenido reuniones con el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, al que han entregado peticiones por escrito, pero las oculta. Lo único que buscan es mantener a la dependencia  como la caja chica del gobierno estatal y tratar a los ruleteros como sus empleados. Exigen la salida de Martínez Acosta, que se escuda en la acción de inconstitucional que obtuvieron las plataformas, para no sujetarlas a la norma, cuando si lo puede hacer.

Los taxistas, permisionarios y concesionarios, dijo, están en todo su derecho de protestar y quejarse de su ineficacia. ´´Es una mentira, diga que trabaja las 24 horas del día. Se la pasa en campaña y obliga a los taxistas y familiares, afiliarse al Verde Ecologista”. Denunció que obliga a los choferes, pagar capacitaciones y cursos a precios exorbitantes, cuando deben ser gratuitos o cobrarse en base al entorno socioeconómico de sus agremiados, que enfrentan dificultades por la competencia desleal que tienen ante las 30 mil unidades que prestan servicio a través de plataformas.

´´Martínez ha sido inoperante para atender a los taxistas, pero si es capaz de irse a realizar campañas políticas a la huasteca, con la que quiere ser gobernadora, Ruth González. Es una mentirosa, no es cierto que los conductores no quieran pagar el pase de revista. Lo que no puede hacer, son cobros indebidos a cuentas que no están regularizadas. No podemos hacerlo en las farmacias Guadalajara, a una firma que se llama Gobierno del Estado, S.A. Vamos a realizar todos los procedimientos legales para que cumpla la ley, pero primero se tiene que ir. En caso de negarse, le avisamos al gobernador que es la primera de muchas manifestaciones´´. 

Precisó que con la ley actual, Martínez puede sancionar a las plataformas que operan en lo clandestino, detenerlos, ponerlos bajo la tutela de la fiscalía local e iniciar el trámite administrativo. Dijo  que las unidades de plataformas, cuentan con sitios donde atienden a los usuarios, lo que está prohibido, como el cobro en efectivo que realizan. Castillo aseguró que Aracely Martínez tendrá que responder ante la autoridad por su incompetencia, corruptelas, inoperancia y omisiones de no cumplir el reglamento para regular las plataformas. Manifestó sus dudas, de cómo Gallardo Cardona cobra el 1%  por cada viaje que realizan las empresas de las plataformas. “¿Se lo dan por abajo del agua, en forma personal o en las cuentas que tiene, no entiendo?”. Señaló que la queja de sus agremiados fue ordenada, se avisó y no hubo agresiones, ni una sola injuria a ningún potosino, para que no quieran confundir a la ciudadanía. ´´Es momento que Gallardo deje de utilizar a las dependecnias para campañas políticas. Dicen que somos unos cuantos, pero si hay una sola familia, tienen que atenderla”.

Castillo dijo que el gobierno actual utiliza los recursos públicos para comprar lealtades y se aprovecha de las necesidades de la gente. Censuró que Martínez obligó a los taxistas, ir a la Arena Potosí por boletos para el festejo del día del niño. Insistió en que debe responder y aclarar, donde están o a quienes le otorgaron las 104 concesiones de taxis sobrantes en las cifras que presenta la dependencia, pues tienen un registro de 5 mil 442 taxistas concesionados. Según la revista del año anterior, hay un remanente de 104. Censuró que Gallardo, en sus mítines, ofrece entregar o rifar concesiones, como aseguró en un acto público,  que dará 2, solo porque le da la gana o se le calentó la boca. Anunció que al no tener una respuesta a sus demandas en los próximos días, como les dijeron, van a continuar las protestas y bloquearán dependencias, como la fiscalía del estado, secretaría de finanzas, comunicaciones y transportes.      

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Un fraude completo, el Dinoasis Aqua Park, que remodeló y amplió Gallardo Cardona, contra la negativa de los potosinos

El pasado 4 de abril, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona inauguró las remodelaciones del Dinoasis Aqua Parq. Lo hizo con su tradicional oscurantismo en el manejo de las obras, pues no informó cuánto les costó a los potosinos su nueva ocurrencia. No precisó si los trabajos fueron licitado o no, qué empresa o contratista las ejecutó. Fiel  a su estilo, también  mintió al anunciarlo como “el parque acuático más grande de México”.

Presumió las acciones como un éxito más de su mandato. Las hizo a toda prisa, para terminarlas en semana santa, como lo anunció en noviembre del año pasado a través de las redes sociales. Hasta el nuevo nombre que le puso, desató controversias, pues el órgano civil, Cambio de Ruta, documentó que en Michoacán, existe un complejo similar, solicitado el 19 de febrero, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, para obtener la titularidad, Dinoasis Aqua Park. El peticionario fue Enrique José Rueda López, con residencia en el poblado de Pátzcuaro.

También en noviembre del 2025, cuando anunció la obra, Gallardo Cardona realizó un video desde las instalaciones. Alardeó que las renovaciones, ampliaciones y modernizaciones del antiguo Splash, lo transformarían en el parque acuático más grande del país, por lo que se integraría una área con juegos renovados, reforestaciones, pasto nuevo. Iba a rescatar la alberca de olas y los toboganes, que durante años permanecieron en el abandono, por culpa de la “herencia maldita”.

Por la falta de transparencia e incumplir la ley en materia ecológica, al no contar con el manifiesto de impacto ambiental y posibles afectaciones al arbolado, Cambio de Ruta presentó un amparo para frenar las excavaciones e impulsó una iniciativa para la defensa y recuperar el parque Tangamanga uno, mediante una exiegncia pública, que buscó frenar las furtivas maniobras. Gallardo criticó los amparos, que dijo, frenan el desarrollo del estado y lanzó una amenaza velada al dirigente Luis González Lozano. Anunció proceder en términos legales contra los responsables, por lo que solicitó a la fiscalía local, cuantificar las pérdidas, que cobrará “hasta el último centavo”.

En respuesta a las bravatas, el litigante le envió sendas cartas al ejecutivo y secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, para expresarles en forma directa, “que las acusaciones contra quienes defendemos el medio ambiente y los derechos humanos, son graves, pues criminalizan el ejercicio legítimo de acceso a la justicia”. Expuso que defender parques, áreas verdes y el interés público, no es un delito. «Promover amparos y exigir se cumpla la ley, es parte esencial del estado constitucional del derecho y la democracia”.

Indicó que su misiva, la remitieron, “para conocimiento y constancia, a autoridades federales, constitucionales, organismos de derechos humanos, instancias internacionales, la embajada de España, medios informativos, en ejercicio del principio de máxima publicidad”. Sin importarle el amparo y las firmas de más de 10 mil ciudadanos que demandaron transparencia en las obras y se garantizara, no afectar árboles y áreas verdes, Gallardo continuó los trabajos. Coludido con la secretaria del ramo, Sonia Mendoza Díaz, quien afirmó, tenían las manifestaciones de impacto ambiental del proyecto, lo que resultó falso. Según una solicitud de datos, contestó que no había tal documento. En tanto, la secretaria de desarrollo urbano, vialidades y obras públicas, Leticia Vargas Tinajero, amplió el enredo. Se le pidió un informe detallado del costo de lo realizado, raíces del de financiamiento, contratista, convenios, anexos, planes ejecutivos, licitaciones y calendario de ejecuciones.

La respuesta fue que los datos se encontraban en el portal de transparencia, en el apartado de licitaciones públicas o invitaciones restringidas, lo que resultó falso. En los últimos 4 meses, no aparece nada relacionado con el ahora llamado Dinoasis Aqua Park. Gallardo engañó a sus ahijados y potosinos, al decirles que sería el parque acuático más grande de México y gratuito. El 13 de noviembre, cuando lo anunció, expuso, “el Tangamanga Splash volverá a abrir sus puertas la próxima semana santa, renovado y gratuito”. Conforme avanzaron los cambios, modificó el discurso. Luego remarcó que ya no será gratis, solo las primeras dos semanas y contempló cobrar alrededor de 200 pesos por niño, para cubrir los gastos de mantenimiento. Sonia Mendoza afirmó en rueda de prensa, que no habría ampliaciones. Sólo se iban a intervenir las 7.5 hectáreas asignadas y delimitadas desde que se construyó el Splash. Ya no fueron 12, como se manejó al inicio.

No es cierto que el Dinoasis Aqua Park sea el más grande de México y ni que las figuras mecánicas de dinosaurios gigantes, que presumió Gallardo, sean aportes innovadores suyos. Acostumbra a copiar obras o programas sociales del gobierno federal o del ayuntamiento de la capital, al cambiarles el nombre, para presentarlas como propias, lo mismo hizo con el promocionado parque acuático, que encaprichado, reconstruyó contra la voluntad de la gente.

En el municipio de Ixmiquilpan Hidalgo, se encuentra el parque acuático con la temática de dinosaurios, Valle Paraiso. Entre sus atractivos cuenta con figuras gigantes de dinosaurios, toboganes de varios tamaños, una alberca de olas gigantes, varias de diversos tamaños, pozas rústicas de aguas termales, áreas  de juegos infantiles, zonas verdes y de acampar. Los precios que ofreció en semana santa 2026, fueron de 200 pesos por persona, 100 adultos mayores y niños de menos de un metro de altura, gratis. Contrastan con los 300 pesos por adultos, 200 niños que se cobran en la insigne obra de Gallardo en el parque Tangamanga uno.

En Ixmiquilpan existen dos parques acuáticos con albercas y atractivos similares al que remodeló Gallardo, que tienen precios inferiores. El parque acuático Te Pathé cuenta con toboganes, albercas, palapas y zonas de descanso con cabañas. El costo es de 160 pesos por persona y ofrece tarifas especiales para niños y adultos mayores. En el mismo municipio, está el parque el Tephé e, que cuenta con la alberca más grande de olas y toboganes  extremos y de enorme velocidad, zona de niños, áreas de descanso y pic nic. El costo es 150 pesos por persona, sábados, domingos y en puentes vacacionales, aumenta la tarifa a 230 pesos por persona. En el municipio de Ajacuba, Hidalgo, existe un parque acuático y ecológico que cuenta con piscinas y pozas de aguas termales, áreas para senderismo, toboganes y juegos acuáticos , zona verde con palapa y asadores. El precio individual es de 140 pesos la entrada.

En el vecino estado de Querétero, de donde según Gallardo, vendrían cientos de visitantes al Dinoasis Aqua Park, porque es único a nivel regional, ya más moderado, porque antes aseguró que sería el más grande de México, se ubica el parque acuático El Oasis, que tiene un costo de entrada de 150 pesos los adultos y 120 pesos niños y personas de la tercera edad. Cuenta con albercas de aguas termales, una tirolesa acuática, toboganes, zona infantil, aérea de camping, palapas y asaderos.

A Gallardo, acostumbrado a magnificar las obras y publicitarlas como únicas en su tipo, solo le faltó decir que el Dinoasis Aqua Park, es mejor que el famoso parque acuático El Rollo, ubicado en Tlaquiltenango, Morelos, que ofrece piscinas de olas, toboganes de caída libre y hasta un río lento para niños. En un boletín que difundió su jefe de prensa, Gerardo Zapata, se afirmó que durante el viernes, sábado y domingo, de la semana santa, el parque Tangamanga concentró el mayor número de visitantes, con 53 mil personas. En el aumento influyó, dijeron, la apertura del Dinoasis, que registró un impacto del 90%, equivalente a 3 mil 600 personas, pues tiene cupo para 4 mil.

Lo que no se informó, es que el padrino regaló la gran mayoría de los pases. Con los costos de 300 pesos para adultos y 200 los niños. Pronto se sabrá si los ahijados de Gallardo y familias compuestas de cuatro menores y dos adultos, están dispuestos a gastarse mil 400 pesos, solo por acceder y abarrotar el parque acuático. Sin contar lo que gastarán en comidas, antojos que ofrecen los comercios y  franquicias que operan en el sitio. Al igual que las obras sin liciar, nadie sabrá a quienes y en qué términos las negoció el avaricioso Gallardo.

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Gallardo Cardona, ni con violencia policiaca y múltiples trampas, ha podido doblegar a las mujeres sindicalistas

La dirigente moral del sindicato independiente de trabajadores estatales, Francisca Reséndiz Lara, destacó que las mujeres son el principal ingrediente en las incansables luchas que dan contra los abusos e ilegalidades que comete en su contra el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Reiteró que el mandatario se ha empeñado de manera “terca, inútil, en desaparecer al sindicato, a como dé lugar, con toda clase de trampas, represiones policiales, violencia institucional y de género, robo de recursos, campañas mediáticas difamatorias y persecuciones políticas, pero no ha podido lograrlo. Jamás lo conseguirá, porque somos el corazón de las batallas en la defensa de los derechos humanos y laborales”.

Denunció que Gallardo, tras emprender acciones violentas contra los miembros del organismo gremial, ahora busca destruir también a sus familias, las que agrede con mayor fiereza, al despojarlas de lo más básico. Les quita el alimento de sus mesas, el derecho a la salud y lo educativo. Las condiciones se agravan cuando se trata de mujeres que a la vez son jefas de familia, tienen que hacer un esfuerzo mayor, con una triple jornada laboral en circunstancias más precarias, comparadas con los varones.

Reséndiz Lara refirió el caso de la trabajadora de la Fiscalía del Estado, Irene Herrera, quien realizaba labores administrativas por ser discapacitada. Pero la amenazaron con perder el empleo, en caso de negarse, fuera incorporaba al servicio activo. Aceptó para proteger el sueldo con el que mantenía a su madre.

Por las presiones psicológicas y el hostigamiento, sufrió un accidente, tras el cual, asistió lesionada a trabajar. Al día siguiente murió. “La madre quedó desamparada, por el capricho de un gobernante insensible e inhumano”. Al participar en el conversatorio “Mujeres que han hecho historia en San Luis Potosí”, Reséndiz Lara refirió que en su trayectoria como líder sindical, fue encarcelada en forma ilegal, por defender los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, mantiene firme el compromiso personal por la honestidad, la defensa de la ley y la justicia, sin buscar nunca el reconocimiento fácil, ni las fanfarrias del poder. Tan sólo aspira a cumplir con sus obligaciones, al exponer que pugnó durante 10 años para constituir el sindicato, que rompió con el monopolio de otros órganos charros.

“Hoy mi lucha sigue adelante, lo real supera a la fantasía del feminismo gubernamental. Por más que difundan logros irreales para las mujeres, he sufrido represiones institucionales y policiales, persecuciones políticas, violencia política de género y campañas mediáticas difamatorias por defender los derechos laborales. Hemos denunciado que las mujeres y sus familias son las más afectadas por el autoritarismo de Gallardo, empeñado en destruirnos, pero no lo va a lograr. No nos detendrá hasta que se haga efectiva la justicia sindical”.

En el acto, “La mujer proletaria, complemento necesario en la lucha de clases”, precisó que las obreras de la Fábrica Cotton en 1908, por exigir mejores condiciones de labores, fueron quemadas vivas. Son similares a las tragedias que viven las trabajadoras en el presente, “ya que no han logrado siquiera alcanzar las demandas de las precursoras. Al contrario, las condiciones empeoran, llegan a un nivel cercano a la esclavitud. En el caso de nosotras, son peores a las que tienen los hombres. Lo constaté al encabezar la defensa de los derechos de los integrantes del sindicato. He vivido en carne propia, las represiones policiales e institucionales”.

“La violencia política y económica, las persecuciones, el hostigamiento y las difamaciones que ejercen en mi contra, por parte de nuestro jefe, José Ricardo Gallardo Cardona. Sólo por ser una mujer que no se somete a sus intereses, terca, que sigue adelante en la lucha por la justicia laboral y social”. Agradeció el apoyo de las organizaciones populares nacionales y extranjeras, que forman parte de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, en donde, refirió, se ha unificado la pugna sindical con la social, en un acto colectivo, a favor de las demandas de las agrupaciones. En un frente común, sin fronteras, ni distingos, donde no tiene cabida la violencia, discriminaciones de género y se lucha unidos.

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Más de 9 millones de pesos del Sistema de Salud, derrochados en promover la imagen de Gallardo Cardona y su cónyuge Ruth González

Mientras el sistema de salud en San Luis Potosí opera al límite, con desabasto de medicamentos, hospitales saturados, personal insuficiente y equipo obsoleto, el gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona ha malversado recursos de la dependencia para promocionarse, junto con su esposa, la senadora Ruth González Silva. Durante el 2025, coludido con la titular del ramo, Leticia Mariana Gómez Ordaz, se realizaron 47 pagos a medios informativos bajo el concepto de “difusiones de programas y actividades gubernamentales”. Pero en los hechos, fueron utilizados para posicionar al mandatario y su círculo cercano. El monto total erogado asciende a 9 millones 451 mil 551 pesos.

Los principales beneficiarios fueron Reporte Índigo, con 3 millones 636 mil 363 pesos en cuatro pagos. La B Grande, con 2 millones 199 mil 999 pesos, en tres erogaciones y el periódico digital Sendero, con 800 mil pesos en tres abonos. En el ámbito local, el dinero se dispersó entre diversos medios y operadores. Radio Expresión Cultural recibió 435 mil pesos en tres exhibiciones. Publicidad Popular Potosina, 435 mil pesos. La revista Expresión, de Lucero Aguilar Fuentes, 440 mil pesos en cuatro emisiones. Es hermana del ariete político, Jesús Rafael Aguilar Fuentes, que Gallardo usa para atacar de manera soez a opositores y críticos.

Aparece Rogelio Hernández Lárraga obtuvo 385 mil 588 pesos en tres saldos. Espacios en Estéreo Bit 103.7 FM de Ciudad Valles, TG TV Cable, 240 mil pesos en ocho aportes. Paula Galaviz Morales, 270 mil pesos en el Círculo Rojo. Yuri Gema Roa Escobar, 179 mil 500 pesos. Rafael Piña Loredo, 137 mil 770 pesos en tres ocasiones. Cable Master, 145 mil pesos. Carlos Castillo González, 100 mil pesos en cuatro pagos, en el portal Última Hora San Luis y Ana María González, 46 mil 400 pesos.

El común denominador de los medios favorecidos es tener una línea editorial supeditada al gobierno estatal, sin críticas, centrados en replicar informes institucionales y resaltar el ego del gobernador. Además, engrandecer a González Silva, con miras al proceso electoral del 2027.

El esquema de expoliar a una dependencia con grandes demandas sociales, no se justifica, ya que el área de prensa, bajo el mando de Gerardo Zapata Rosales, en el 2025, ejerció un techo de 75 millones 441 mil 750 pesos, cifra que aumentó en 2026 a 76 millones 581 mil 50 pesos. Aun con los montos millonarios, Gallardo optó malgastar el dinero del sistema de salud, para ampliar su estrategia de propaganda.

El manejo de los fondos resulta grave ante la carencia de insumos básicos. Hospitales saturados, con largas filas de espera. Enfermos obligados a comprar sus propios tratamientos, médicos insuficientes, equipos en muchos casos obsoletos. Sin infraestructura que permita atender la creciente demanda. Las condiciones laborales de los trabajadores son limitadas y con pagos irregulares.

No es un esquema aislado. Existen antecedentes de otros despilfarros, como sucede en los parques Tangamanga, donde se documentaron pagos superiores a los 26 millones de pesos al socio y cómplice de Gallardo, el espía político y diputado local, Héctor Serrano, por servicios propagandísticos. Erogó más de 6 millones de pesos a la conductora Adela Micha, para impulsar su imagen. El desfalco se repite en otras distintas áreas, con el mismo objetivo, ensalzar al soberbio mandatario.

También sobresale el ocultamiento de datos. El vocero estatal, Gerardo Zapata, arbitrario, determinó esconder durante 10 años, todos los informes relacionados a contratos firmados con empresas periodísticas, correspondientes al 2023 y 2024. Bloqueó expedientes, pagos y cualquier documento vinculado a los derroches. La solicitud con folio 240468024000015, confirmó la reserva total, con lo que se impidió conocer el destino de los recursos públicos.

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Rosalinda Ávalos, madre y policía que denunció al «Cártel de la Ministerial»: el crimen tocó a su familia y hoy sigue en pie de lucha

“Mamá, ven a la casa… nos dispararon”. La llamada quedó grabada en la memoria de la policía de investigación, Rosalinda Ávalos. Cuando llegó a la vivienda, encontró a dos de sus hijos muertos, dentro de un automóvil, en la cochera. Los asesinos, vinculados al Cártel de la Ministerial, actuaron impunes. Durante 5 años, la afectada ha denunciado el doble crimen en múltiples instancias, cometidos por agentes vinculados con células del crimen organizado. Las quejas fueron ignoradas por quienes deben proteger a la ciudadanía. Hoy, entre el dolor que no se olvida, la quejosa mantiene una lucha frontal contra el poder corrupto que permitió la tragedia. No se dobla al desnudar al sistema cómplice de una pandilla policiaca que sigue activa, protectora de delincuentes. Su historia es un testimonio de resistencia, coraje y el clamor urgente de la justicia real.

Ávalos inicia la entrevista con un dato aclaratorio. Aún es policía agente activa. Sigue vigente su cargo en la nómina, no obstante que se la pasa en juicios, en los tribunales. Es una garantía que le dieron como víctima y por su brillante desempeño. Con más de dos décadas de trayectoria, se ha dedicado al trabajo operativo en investigaciones que lograron resolverse rápido, incluso en casos de delitos de alto impacto. Según sus testimonios, desde el 2003, desempeña funciones de encargada de grupo, lo que implica asumir tareas de mando, sin recibir la categoría ni el salario correspondiente. “Quiere decir que hago funciones de mando, sin tener el sueldo del puesto. Mi nombramiento es policía segundo, pero en todos los años, he destacado por ser la titular de grupo. Jamás me promocionaron”.

A lo largo de su carrera, siempre acató órdenes de los jefes y acumuló diversos premios por su trabajo. “Tengo demasiados reconocimientos, muchas investigaciones que salieron adelante”. Entre sus superiores, menciona al actual alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos. “Sabe de mi persona, cómo me desenvuelvo”. Ávalos recuerda que ingresó a la policía ministerial en 1998. Estaba de gobernador Fernando Silva Nieto. El director era José Guadalupe Castillo Celestino. Con el paso de los años, hubo distintos titulares, pero en el 2015, en el sexenio de Juan Manuel Carreras, regresó Castillo, alias “El Lobo”. Es cuando empieza su calvario.

Cuenta que el funcionario volvió acompañado de su propio equipo. Se encontraba el comandante Antonio Varela López, quien “ya mostraba una resistencia hacia mi persona, por no decirlo de otra manera”. Ávalos sostiene que el conflicto inició después que investigara algunos robos a casas habitaciones. Expone que un grupo de jóvenes ingresaba a domicilios para cometer saqueos. Luego entregan los objetos sustraídos a una persona, que labora en un bar propiedad de Varela. “Investigué el hecho donde gente que trabajaba en la cantina, traía fuereños para delinquir. Es cuando me empezaron a ver con enojo, porque los descubrí”.

Ávalos participó después en otras pesquisas relacionadas con el asalto a dos tráileres que transportaban televisores del programa federal, Mover a México, mediante el cual se distribuían pantallas a la gente. “Se localizaron otros enseres. Varela se imaginó que atacaba su persona. Había llegado como asesor, pese a que ya se encontraba pensionado, debido a lesiones sufridas durante un enfrentamiento armado en Rioverde. Arribó como asesor de Castillo, director segundo operativo”. Ávalos ocupaba entonces el cargo de coordinadora segunda del sector de módulos. Tenía bajo su férula a varios subordinados.

Sin embargo, su entorno comenzó a cambiar. “Había ganado el puesto, pero Varela me miraba con actitud negativa. Sabía que lo investigué. Quería desquitarse”. Comenzaron a surgir versiones que existía una pesquisa en contra de Ávalos, por una supuesta y deficiente captura. Solicitar dinero a un detenido, lo que rechaza de manera categórica. “Al inculpado lo tuvo en una silla, en su oficina, el director operativo, el comandante Daniel Tenorio. Lo increpé y le dije, ¿te pedí dinero? Contestó que no. Me querían armar una jugarreta fuera de lugar”. Después fue llamada por Castillo Celestino para hablar del tema. “Me presionó, hasta lloré. Le dije que mi cargo, lo gané a base de esfuerzo. Pero ya había decidido el cambio. Me dijo que se abrió una indagatoria. Iba a entregar el puesto y me envió a la zona rural o de castigo”.

En diciembre del 2015 fue removida. La ponen bajo el mando del director operativo, Juan Alejandro Menchaca Sustaita, quien después se convertiría en director de la policía. “Me dejó otra vez como encargada de grupo en Mexquitic de Carmona”. Permaneció del 2015 al 2020. Sacó adelante los asuntos, sin problemas. Sin embargo, el escenario cambió al registrarse un choque armado contra presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el entronque con Ahualulco. Entonces recopiló datos preocupantes. Relata que el agente ministerial, Sabás Santiago Ipiña, tuvo conocimiento previo sobre los pistoleros involucrados en el tiroteo. “Incluso, intimidó a mis compañeros de grupo”. Ipiña apareció tiempo después como aspirante a juez de distrito en la lista final de candidatos emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado en el 2025.

Fueron las primeras señales del martirio que habría de enfrentar. “Lo supe a raíz de mis investigaciones. Ipiña mencionó que uno de los gatilleros que estuvo en el enfrentamiento, tenía parentesco con integrantes del grupo criminal. Un sicario que se batió en la reyerta, era pariente de un miembro del Cártel Jalisco. ¿Cómo lo supo? ¿Por qué tenía tantos datos?”. A pesar de las dudas, Ávalos continuó con sus pesquisas. Meses después, en junio del 2020, salió de vacaciones. Fue entonces cuando recibió una llamada de su superior, el comandante Juan Alejandro Menchaca Sustaita. Le dice que la van a cambiar de área. Habrán de rolar a todos los jefes.

La moverían a una de las zonas más complejas. “Se trataba de La Pila, un sitio muy delicado, por el exagerado índice delictivo, robos, narcomenudeo. Es donde están asentados diversos cárteles”. En el sector han circulado múltiples videos, donde se observan combates o presencia de distintos grupos criminales. Ávalos asegura que intentó evitar el traslado, por los peligros latentes. “Le supliqué que no me enviara, pues había muchísimos riesgos. Incluso, al comandante que me antecedió, Osvaldo, ya lo habían amenazado. Le dijeron que no fuera, porque estaba difícil”. No obstante las súplicas, la cambiaron. Jamás recibió ningún tipo de ayuda adicional. Ni siquiera por ser mujer.

En las nuevas oficinas, comenzó a trabajar en diversas investigaciones, como dobles homicidios y otras cuestiones que no detalló, por estar vigentes. Con el paso de las semanas, empezó a notar conductas irregulares, entre algunos compañeros. Miró situaciones fuera de lugar. El 11 de septiembre, descubrió a varios involucrados en sucesos delictivos y los reportó. A los 10 días, recibió amenazas por teléfono. A partir de entonces, informó los hechos a los superiores. Le notificó directo a Menchaca Sustaita, pero no obtuvo respuesta. “Fue omiso. Me dejó sola. No le importó”. Cuando insistió, las circunstancias habían escalado. Entonces Menchaca le comentó que hablaría con Castillo Celestino. “Cuando salió me dijo, ¿qué crees, güera?, unos cabrones le dijeron al jefe que tú eras la que comete las corruptelas. Al escucharlo, estaba molesta. Me la voltearon”. Le reclamó a su interlocutor, no haberle dicho al momento en que buscaron desacreditarla. Le respondió que no lo hizo, para evitar, se volviera un escándalo. “Significó que las mujeres sólo llevamos chismes. Ignoró mi forma de reaccionar”.

A pesar de los reveses, siguió con sus labores. En noviembre del 2020, llegó el punto más trágico. El 11, salió temprano de su casa para cumplir la jornada laboral. Era plena pandemia del covid. Sus tres hijos se encontraban en el domicilio. La mayor, iba a presentar exámenes de inglés para concluir la licenciatura. La otra estudiaba arquitectura. Estaba conectada a las clases. Su hijo realizaba prácticas relacionadas con los estudios para chef. Entonces recibió la llamada que le cambió el rumbo de la vida. “Mi hija habló, me dijo, mamá, ven a la casa, nos dispararon”. El trayecto de regreso, se le hizo eterno. Intentó comunicarse con diversos amigos y compañeros. “Al que tenía al lado, le pedí que le marcara a Castillo Celestino. Al equipo, para que fueran a ver lo que sucedió”.

Cuando por fin llegó, encontró una escena que todavía no logra asimilar. “Hallé a dos de mis hijos muertos, adentro de la cochera, a bordo del vehículo, en la casa”. Para Ávalos, el ataque no fue casual. “Fueron a buscarlos a propósito. Sabían que no estaba. Los estudiaron. Según lo interpreta, el objetivo era causarle el mayor daño posible. “Lo hicieron para lastimarme, por ser mujer”. Concluyó, los responsables, eran los compañeros que había denunciado. En las amenazas recibidas, el contenido de los mensajes, era muy específico, sobre su familia. Aunque no puede revelar los detalles, debido a que forman parte de procesos judiciales en curso, hay elementos que respaldan sus versiones. “Ahora se acreditan, porque existe una sentencia. Elaboré un mundo de informes que reporté, pero me dejaron sola”.

Menciona que había un fondo de contingencia en la fiscalía estatal, que manejó de forma irregular, Castillo Celestino. Se trató de recursos previstos en el artículo 52 de la ley orgánica. Los titulares pueden designar a una figura con nivel jerárquico, equivalente a un cargo operativo o de mando, para administrarlo. El monto ascendía a 200 mil pesos al mes. “No era un asunto menor que podía ignorar. Se lo robaron”. Cuando comenzó a reportar las anomalías, Castillo debió adoptar medidas para protegerla, junto con su familia. Como pasó con Juan Alejandro Menchaca Sustaita, quien fue auxiliado. Lo mismo con otro colega, de apellido Caballero, al que respaldó en lo individual. “Lo ayudé a cambiarse de casa, en la noche. Lo custodiamos a un hotel cuando lo amenazaron en su domicilio. En mi caso, el trato fue distinto. ¿Por ser mujer?”.

               Tras el ataque a la familia, recuerda los días posteriores, caóticos, marcados por el dolor y los trámites derivados de la tragedia. Pero una de sus hijas logró sobrevivir al cobarde ataque. Fue resultado de las circunstancias que escaparon al control de los agresores. “Le ayudó el instinto de sobrevivencia, una causa externa a los atacantes. Obvio, iban por los tres. El delito es tentativa de homicidio ante víctimas indefensas. ¿Cómo se iban a proteger? Estaban confiados a bordo del vehículo ante los disparos con armas de grueso calibre”. Después del atentado, mientras la hija que sobrevivió era atendida en el hospital, tras una primera cirugía, Ávalos recibió instrucciones de Castillo Celestino. “Tienes que moverte de la casa. Le dije, sólo tengo un domicilio, que hice en todos mis años de trabajo. No tengo a dónde irme”. El jefe le sugirió buscar una vivienda o departamento en renta. Le aseguró que recibiría apoyo económico para cubrir los gastos. Le preguntó de cuánto sería el incentivo. Le dijo que de 10 mil pesos”. Comenzó a buscar un lugar para vivir y encontró un departamento cuyo costo coincidía con la cantidad. Sin embargo, el propietario del inmueble le solicitó un aval para formalizar el contrato. “Le comenté que me pedían un garante. Se ofreció, pero después se retractó. Luego lo conseguí y se concretó el arrendamiento”.

El respaldo económico se lo entregaron en diciembre del 2020. Para recibirlo, tuvo que firmar dos documentos. “Cuando Castillo Celestino me dice que firme, eran dos hojas. Una carta compromiso donde se establecía que el dinero provenía del fondo de contingencia de la policía. Y no será en ningún momento, parte de mi sueldo. El otro documento era un recibo donde se asentó la entrega del efectivo. Al revisar las listas de más beneficiarios, detectó algo inusual. “Aparecían todos sus escoltas, gente muy cercana. Me pregunté sobre el destino de los ingresos. No podía ser otro que Castillo”. Estimó que los montos eran considerables. Al año, 2 millones 400 mil pesos, por 5 años que duró en el cargo, 12 millones de pesos. El sueldo que tenía su jefe, no corresponde con el nivel de vida que llevó. “Vive en una zona exclusiva, en una residencia de 10 millones de pesos. ¿Usted cree que en cinco años iba a hacer semejante obra? Claro que no”.

Ávalos lamenta que Castillo le haya creído al Cártel de la Ministerial, que atender sus denuncias de corruptelas. El grupo lo integran elementos que realizan diversas actividades ilícitas. “Hacen el trabajo sucio. Todo mundo lo sabe. Incluso en internet, pueden encontrarse referencias relacionadas con algunos casos. Usted guglea Cártel de la Ministerial y salen imágenes de Ulises, alias El Kiko o de Miguel, alias El Miki”. Establece que varios sujetos, están relacionados con el asesinato de sus hijos. Sostiene que siguen vigentes. Se dedican al cobro de piso, robos, extorsiones y filtran datos a otras organizaciones criminales. “Como policías, tienen estrechos vínculos con las células criminales que azotan a San Luis. Les entregan informes frescos a los delincuentes. Deciden a quién detienen o dejan libre. Hacen lo que se les antoja”.

Ávalos menciona que tiene datos preliminares sobre el homicidio del foto periodista, Daniel Esqueda. El caso no avanzó, por distintas circunstancias, como la muerte de la madre, que impulsó las investigaciones. “Hay datos por aterrizar de que Ulises N, tiene que ver con el asesinato. Existen algunos testigos que podrían aportar informes, pero temen hacerlo público”. Asegura que otros elementos policiacos, habrían participado en el artero crimen. “Hay una persona que los señala, pero tiene miedo de decir los nombres. En su momento lo supo Castillo Celestino”. Añade que existen más casos relacionados con presuntas actividades ilícitas. “Incluso, los ahora imputados, hicieron una carta al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, donde dicen que tienen más datos de su ex jefe”.

El escrito forma parte del expediente. Otras felonías que atribuye al grupo, son el robo y alteraciones de coches. “Doblan los carros, les cambian el número de motor y luego los venden, aunque tengan reporte de robo. Forman parte de una red criminal más amplia. Usted y yo podemos comprar un vehículo chueco. Hay una mafia enorme”. Asegura tener evidencias de que algunos elementos, acudían a casas de seguridad a cobrar dinero relacionado con actividades ilícitas. “No pueden argumentar que no existe el Cártel de la Ministerial”. Ávalos considera que las detenciones realizadas por el asesinato de sus hijos, no significan que el problema haya terminado. Establece que el origen del problema, se remonta a la llegada de Castillo Celestino a la policía. “Me han querido callar y decir, ya cálmate, hay nueve detenidos”. Sostiene que su ex jefe acumuló numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos. “No le importó mi resguardo. Prefirió echarse el dinero a los bolsillos”.

Ávalos establece que Castillo imaginó quedarse otra vez en el sexenio de Ricardo Gallardo Cardona, pero no fue considerado. Sostiene que desmantelar al llamado Cártel de la Ministerial, no sería una tarea complicada, si existe voluntad institucional. A su juicio, la razón por la que sigue con sus operaciones clandestinas, es simple: no han sido castigados. “He evidenciado muchos abusos. En todas las entrevistas que he concedido, solicito hablar con el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, para explicarle cómo funciona la célula criminal. Sigue vigente porque no los tocan. Tienen mi caso, donde se constata su presencia. Lo complicado es que alguien quiera declarar o aportar su testimonio. Pero faltaron al reglamento interno. Se les puede iniciar un procedimiento administrativo y separarlos del cargo”.

Como ejemplo, menciona a Daniel N, al que identifica como uno de los principales operadores. Es el que mantenía contacto con integrantes de otras organizaciones delincuenciales. Tras los cambios de directivos, intentó mantenerse a salvo. “Cuando llega el nuevo jefe, que era un general, lo busqué para explicarle cómo estaba el manejo interno. El inculpado se le acercó. Le dijo que era el encargado de la operatividad y quedaría con el grado de comandante. Me entero, busco al militar y le digo que Daniel N es de los más corruptos. Me respondió, gracias por alertarme. Lo voy a mandar a Tamazunchale, lo más lejos de la capital”.

Daniel N nunca aceptó ser removido y presentó una incapacidad médica falsa, de 29 días. “El seguro primero otorga tres días, luego siete y después 21. Pero recurrió a periodo largo. Pedí que la revisaran. Se dieron cuenta, le iniciaron un procedimiento administrativo y lo corrieron”. Las chicanas son prácticas recurrentes entre los agentes. “Había otros que hacían lo mismo. Juan Carlos N, por ejemplo, tiene más de un año con permisos apócrifos y nunca lo citaron. He solicitado a la Fiscalía de la República, atraiga el caso, porque el Seguro Social es una instancia federal. Los documentos los alteraban. Usan una incapacidad real, pero alteran el nombre. Dejaban el folio, quitaban el sujeto original y ponían el de otra persona. Son bastantes las anomalías cometidas. Los casos demuestran que existen mecanismos administrativos suficientes para desmantelar la ominosa estructura. Si revisan los expedientes, pueden iniciar procedimientos y dar de baja a los responsables”.

Mencionó el caso de otra agente, Joana N, también relacionada al Cártel del Noreste. “Se sabe de los tratos que tenía con los malhechores.  Lo que hacen es cambiarlos de adscripciones, mandarlos fuera de la ciudad. Pero en su caso, iniciaron un procedimiento. La detuvo la Fiscalía de la República por delincuencia organizada”. Otro nombre que menciona es el de Denisse N, ligada a la misma pandilla. “Estuvo vinculada con mi caso. Hace un año la capturaron por cargar armas de fuego. Incluso, ahora aparece como testigo de mi defensa”. Expone que los nexos entre policías y bandidos, han quedado evidenciados en otros hechos violentos. Recuerda lo ocurrido en una casa de masajes, ubicada en Fray Diego de la Magdalena, donde murieron dos personas y otras dos fueron secuestradas. Falleció un ex policía ministerial de Rioverde. Lo habían dado de baja por cuestiones administrativas y apareció tirado en el río Santiago, junto con una mujer que también habían sacado del lugar”.

Otro caso es el de un agente apodado “El Tuky”. Se incapacitó porque lo habían baleado en un puesto de tacos que tenía. Después apareció muerto rumbo a Santa María. Para Ávalos, los episodios son parte de un esquema que demuestra la existencia de una red interna de corruptelas. “Si de verdad quisieran resolver las anomalías, les rescinden los contratos. Hay suficientes elementos para hacerlo”. Tras el asesinato de los hijos, asegura que su vida cambió por completo. Comenzó a seguir las investigaciones y aportar informes a las autoridades. “Después de levantarme y seguir el duelo, con un dolor intenso, decidí empezar la lucha. Mis hijos no merecían lo que sufrieron. Sabía quiénes fueron, por las investigaciones que realicé en La Pila. Se hicieron las primeras detenciones en julio. Abrieron una carpeta debido a delitos cometidos por servidores públicos”.

Reconoce que no siempre es posible acreditar la culpa de funcionarios en el homicidio, al menos existen elementos para investigarlos por omisiones o fallas al impartir la justicia. Ahora, las indagaciones enfrentan nuevos obstáculos. Señala directa a la agente del ministerio público, Antonia Deyanira Gómez Serrato, a quien acusa de frenar el avance del caso. “Encubre a varias personas. Ha hecho maniobras para quitarme del camino y ya no impulse la carpeta”. Relata un episodio. “Me dijo que formulaba imputaciones contra tres personas. Le respondí que incluyó a un muerto, Carlos N, quien fue ejecutado en el 2023”. El asunto también evidenció relaciones entre policías e infractores. “Lo encontraron calcinado en Villa de Reyes, dentro de una BMW. Era policía y vendía droga. Tenía las armas institucionales cuando estaba de vacaciones. Las debió resguardar el gobierno”.

A pesar de los obstáculos, Ávalos decidió denunciar los incidentes. “Relaté los hechos en forma detallada. Fue de donde salieron las detenciones. Ahora hay seis sentencias de 68 años y seis meses para cada uno de los responsables”. Entre los implicados señala al policía Ulises N, alias “Kiko” y cinco civiles vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. “Aparece Roberto Carlos, alias El Cometa o El Capuchino. Era el jefe de una célula del Cártel Jalisco en La Pila. Evaristo N, alias El Tolo y tres sicarios, Felipe Prisciliano N, Fernando N y José Guadalupe N. Existen otros procesos que continúan el curso. El 25 de marzo comenzó el juicio contra otro policía, Miguel Ángel N, alias El Mickey y Juan Carlos N, alias El Fuerte y Brayan N”.

Según Ávalos, en los homicidios de sus hijos, participaron sicarios junto con policías. El motivo, haber expuesto actos de corruptelas. “El Cártel Jalisco apoyó al Cártel de la Ministerial para hacerme daño. Estaban coludidos, eran uno solo. Los evidencié. Hice detenciones, investigué y descubrí bastante mugre dentro de las filas policiales”. Se le pregunta si fue desproporcionado el nivel de violencia en su contra. “Es el tema. Buscaron castigarme, como si dijeran, eres mujer y no te vas a enfrentar a nosotros. Y lo hice”. Resume que 6 personas fueron sentenciadas por su injerencia en el crimen. Cada una recibió una condena de 68 años y seis meses de cárcel. Aunque el proceso judicial continúa en otras causas relacionadas.

Están detenidos, vinculados a proceso desde el 2021. Por ser muy peligrosos, los trasladaron a diferentes penales. Uno está en Chiapas, otro en Ciudad Valles. Ahora se hallan en tránsito. Después de leerles la sentencia, empieza a correr el plazo de las apelaciones. Otro de los acusados, cuyo juicio comenzó el 25 de marzo, fue recluido en el penal federal de alta seguridad, en Hermosillo, Sonora, debido a sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada”. Ávalos alude a los llamados exámenes de control y confianza. “No son un mito, pero tampoco se aplican como deben ser. Muchas veces, sólo mandan a un grupo para que se cumpla el requisito y bajar los recursos federales”.

En su caso, asegura haberlos aprobado en repetidas ocasiones. “En el 2023, participé en una convocatoria para ministerio público y también los acredité”. Sin embargo, en el 2025, le retiraron el uso del arma. “Me la quitó Juan Alejandro Menchaca Sustaita. Había estado dentro de la licencia colectiva. Hice los exámenes psicométricos, el toxicológico y los que pide la Secretaría de la Defensa Nacional para actualizar la licencia. Los cubrí todos. Es una incógnita. Desconozco el motivo. Tal vez para dejarme más vulnerable. En los estudios se detectaban conductas erróneas, pero quedaron archivados. Los resultados llegaban a los jefes. Sabían quién reprobaba y los protegían. A los que siempre pasamos, nos mandaban para cubrir el requisito y les llegara dinero fresco. Hay agentes que nunca acudieron a los exámenes, como Daniel N, que tuvo un procedimiento administrativo por las bajas notas en México”.

Ávalos describe el perfil de las personas a las que enfrentó durante sus averiguaciones. “Era gente de la delincuencia organizada, jefes de células criminales asentados en La Pila. Uno tenía casa de seguridad con alberca, donde hacían fiestas los ministeriales. El domicilio es conocido en los estrechos círculos. Reflejan el nivel de cercanía entre agentes y malandros. Incluyeron a un grupo de motociclistas llamado Barrio Fino. No digo que todos estén involucrados, pero muchos supieron lo que sucedía en el lugar. Los cárteles se pelean el territorio, pero los policías tienen una ventaja, podían entrar a cualquier lugar. No conocen límites. Un criminal no invade las zonas de otro grupo. Pero un agente puede meterse donde quiera, accionar en distintas facciones. No dicen de manera abierta, con quién trabajaban. Se mezclan con los de Jalisco y del Noreste, al mismo tiempo. No les avisan. Hacían sus jugadas”.

Ávalos sostiene que parte de la red sigue activa. “Todavía están en la nómina de los cárteles. Las autoridades saben quiénes son, porque tienen los informes”. Evalúa el costo personal de haber denunciado las viciadas prácticas. “Conozco todo por dentro. Y por haber expuesto la podredumbre, pagué caro las consecuencias. Me dejaron sin mis hijos y en una lucha que no termina. A pesar de las sentencias obtenidas, el proceso judicial continúa. Ahora existen seis sentenciados, pero sigue el otro litigio. Viene una audiencia intermedia y faltan más. Promuevo recurso tras recurso”. Relata que el único respaldo institucional, lo encontró en el poder judicial federal. A nivel local, ha encontrado muchos obstáculos. En particular, acusa a la agente del ministerio público, Antonia Deyanira Gómez Serrato. La tilda de encubrir a varios infractores. También cuestiona el desempeño de los visitadores de la fiscalía, el órgano encargado de supervisar la conducta de los agentes.

El asignado Carlos Gustavo conoce mi caso desde que empezó y no actuó. La visitaduría debe regular el comportamiento de los policías, pero si los encubren, no pasa nada”. Ávalos también critica el desempeño de la fiscal, Manuela García Cázares. “La señora es un cero a la izquierda. Sólo me atendió una vez, en febrero de 2025. Dijo que iba a revisar mi caso y nunca más me volvió a recibir”. Ante la falta de respuesta institucional, decidió recurrir al amparo. “Tuve que promoverlo por el derecho de petición, porque no me atienden. Está por resolverse”. Narra que el proceso ha sido largo y costoso. “Tengo asesores de la Comisión Estatal de Víctimas. Para el tema de la carpeta contra servidores públicos, tuve que contratar un despacho. Gasto en abogados, porque al final estoy sola. El único respaldo constante, ha venido de organizaciones civiles. Un organismo de México, me ayudó a promover la queja donde me otorgaron la suspensión de plano, porque mi vida estaba en riesgo. El sistema de justicia suele desgastar a las víctimas, para que dejen de luchar. Pero no abandonaré el caso. Mis hijos necesitan justicia”.

A pesar de los avances judiciales, Ávalos asegura que el proceso está lejos de terminar. Su objetivo es llegar hasta donde le sea posible. “Voy a seguir a donde me alcance”. Hasta ahora, explica, nueve personas han sido detenidas, por haber participado en el ataque a su familia. Sin embargo, las pesquisas continúan. Todavía hay más involucrados en la carpeta. Menciona a Saúl N, a quien asegura haber confrontado indirecta, a través de un antiguo compañero. “Hay otros cuatro civiles que participaron en ciertas funciones. No puedo dar más detalles, porque la causa sigue abierta. Es muy amigo de otros compañeros. Enfrenté a uno, le dije el 21 de marzo, ve y dile a Saúl, al que tanto proteges, que está relacionado con la muerte de mis hijos. Les reclamé, ¿por qué lo protegen como cártel? Todo mundo sabe que está con la mafia, junto con su sobrino, Juan N”.

Según sus propias indagaciones, ambos fungían como “halcones”, encargados de vigilar y reportar movimientos. “Faltan de ser llamados. También la hermana de Capuchino y su esposo, que hacían las cuestiones administrativas de la célula”. Para Ávalos, la red es mucho más amplia de lo que parecía. Después de años de análisis, asegura haber logrado reconstruir gran parte de lo ocurrido. “Es una red extensa. No termino de conocer toda la verdad. Con mis propios recursos y tantas batallas, armé gran parte del rompecabezas. Si la instancia encargada de aplicar la justicia quisiera hacerlo, lo podría resolver fácil. Pero no quieren. No les conviene descubrir toda la maraña. La fiscal ¿qué hace? Sólo aparece en la foto, en reuniones de seguridad. Se supone que es un órgano autónomo”. Recuerda que tras la reforma del 2017, la instancia dejó de ser procuraduría, para convertirse en fiscalía, independiente del poder ejecutivo. “En teoría es autónoma. Tuve esperanzas de que me apoyara. No busqué un favor personal, sólo ser mujer y aplicarse al problema”.

Mi hija ha padecido demasiado. He luchado sola, al empujar la carpeta, investigaciones y promover amparos. Ha sido muy desgastante. Pero escudriño y descubro más elementos. Me gustaría entregar todos los informes que ha recopilado a las autoridades federales. Tengo bastantes evidencias. Aspiro hablar con el secretario de seguridad a nivel nacional y darle todo lo que tengo”. Explica que ha intentado acercarse a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, cuando visita San Luis Potosí, pero no ha sido posible. “No me dejan acercar. He tratado que conozca mi caso a través de entrevistas y lo que se ha publicado. Durante mucho tiempo, mi caso permaneció casi desconocido. Luché en la penumbra contra todo el sistema. Mi caso no se dio a conocer hasta que entré al recinto legislativo. Fue cuando la prensa empezó a darse cuenta de la magnitud de lo que había denunciado. Mientras estuve en las sombras, sola, pasaron muchas circunstancias”.

El juez Fernando Zapata, permitió que uno de los imputados, enfrentara el proceso en cárcel domiciliaria, cuando ya estaba sentenciado. El cambio de medida cautelar, generó un riesgo evidente de fuga. Para revertir el dictamen, tuvo que iniciar otra batalla legal. “Promoví un amparo. Apelé lo hecho por el juez y la sala la confirmó. Después, el poder judicial federal resolvió que se habían transgredido mis derechos fundamentales. Tras el dictamen, se realizó una audiencia revisora, la semana pasada. Ordenaron que regresara al encierro. No fue porque quisieran, hubo un resolutivo federal. El caso es un ejemplo de lo que hubiera ocurrido. Le ayudó estar cerca del proceso. Mantiene abiertos varios recursos judiciales. “Gracias a que aprendí a defenderme y promover los recursos, a mi tema no le dieron carpetazo. Tengo incontables vertientes en curso. Incluso contra el juez Zapata, inicié un procedimiento administrativo. Lo desecharon y lo llevé al amparo”.

Ante la falta de espacios en medios locales, decidió hablar con periodistas fuera del país. Agradece a los pocos que han decidido publicar su historia. “Los canales de denuncia se me cerraron en San Luis. Entonces me entrevistaron en España, pude dar bastantes detalles del caso. Son los que han dado voz a lo que padezco. Nunca quise estar en la picota, pero no me dejaron otra salida”. Rememora el episodio que generó un escándalo mayúsculo. Fue cuando irrumpió en el congreso del estado, donde se abordó el proceso para renovar el poder judicial. Acudió para presentar un escrito. La convocatoria decía que cualquier persona podía aportar datos, si consideraba que un aspirante no era idóneo. Su objetivo era advertir al comité sobre un candidato, Sabás Santiago Ipiña, que tenía antecedentes vinculatorios a los hechos que investigaba. “Cuando escuché su nombre y dijeron que iba directo a la boleta, intervine. No podía creerlo. Ya estaba denunciado desde el 2021. Sólo fui a ejercer mi derecho a expresarme. El comité decidió excluirlo. No fue por mi denuncia. El aspirante no cumplía los requisitos legales. No tenía los cinco años de litigio que pedía la constitución. Tras quedar fuera, impugnó lo acordado. El tribunal electoral dijo que no había materia, porque ya no estaba en la contienda. Ipiña me responsabilizó por quedar excluido. Me echó la culpa, cuando no formé parte del comité. Yo sólo fui y hablé. Presentó una denuncia penal en mi contra. Me acusó de abuso de autoridad y otros delitos. Llevó como testigo a un integrante del Cártel Jalisco, de Ahualulco”.

Lo interpreta como un signo intimidatorio. “Equivalía a decirme, mira quién me respalda. Fui al poder legislativo como ciudadana y madre a ejercer mi derecho a expresarme. No como policía”. Destacó que Ipiña tenía tratos con integrantes de la célula criminal. En particular con Roberto Carlos, alias “El Cometa”. Incluso, presumió que le patrocinaba un equipo de fútbol. “Todos sabían que cargaba una orden de arresto por desapariciones forzadas. No obstante, convivían”. Ávalos mencionó también a otra funcionaria que forma parte de la red de connivencia delincuencial. Se trata de una agente del ministerio público identificada como Patricia N. “Era jefa de la unidad de combate al narcomenudeo y le daba cobijo institucional al jefe de la célula del Cártel Jalisco. En la carpeta de análisis, existen datos que apuntan al contubernio. “Cuando la citaron a comparecer, no pudieron localizarla. Ya gestiona jubilarse. Comentó que mi asunto, no la iba a afectar como servidora pública. Optó por el retiro. Pero tarde o temprano, la justicia terrenal o divina la alcanzará. Su hija compite para ministerio público en la convocatoria. Imaginen la escuelita que va tener”.

Al preguntarle sobre los ciudadanos que buscan justicia en un sistema que protege a delincuentes y prevalece la impunidad total, externa que su caso es una muestra de cómo funciona el aparato estatal. “No todos los policías son iguales. Yo que estoy dentro, conozco cómo funciona, me pasa lo que sufro, imaginen al ciudadano común. Hay agentes muy calificadas, con la camiseta puesta, que aman su trabajo”. Sin embargo, asegura que el miedo y el silencio terminan por imponerse. “Los hacen callar. Vieron de lo que son capaces los mafiosos. Saben todo el daño que me hicieron. Les pedí ayuda a varios compañeros. Me decían, tengo familia. Es por lo que no hablan. Se vuelve más complicado el escenario”.

Para Rosalinda Ávalos, los riesgos que enfrenta son reales. “Los asesinos son capaces de todo. Pero no les temo. Después de perder a mis hijos, lo único que resta es seguir adelante con la lucha. La meta es llegar hasta las últimas consecuencias. Ya me quitaron la vida que tenía. Lo único que me anima es enfrentarlos. No voy a descansar hasta que caiga el último culpable”. Recuerda que sus descendientes no tenían nexos con su trabajo, ni los conflictos que padeció. Si alguien la confrontó antes, debieron buscarla. Aseveró que no pretende beneficios personales. “Mis niños eran inocentes. No le debían nada a nadie. Si me buscaban, el pleito era conmigo. Voy a seguir hasta donde me alcance. Lo único que aspiro es lograr la justicia. No quiero dinero, cargos, nada. Sólo que se escuche mi voz y los medios informativos difundan la verdad”.

Considera que a su hija le deben reparar de manera integral, el daño sufrido. Recuerda que entre los tres hermanos, existía un vínculo muy fuerte. “Mi pequeña era ajena al conflicto. No debió ver cómo mataban a sus consanguíneos. Eran lo más importante en su entorno”. Tras cinco años de lucha, se le pregunta qué debe ocurrir para cerrar el lamentable capítulo. Su respuesta es inmediata. “Hasta que caiga el último maloso. Faltan otros responsables por enfrentar la justicia, ya que proporcionaron datos sobre mi familia”. Se pregunta, cómo los homicidas, supieran tanto sobre sus rutinas. “No me pueden callar, al sostener que con nueve detenidos, se acabó el tema. Muchos hablaron, dijeron dónde vivía. ¿Cómo sabían de mis tres hijos?”. Recuerda que en algunas ocasiones, los llevó a festejos organizados por la dependencia. Los que identificaron a sus hijos fueron agentes.

Los llevé a los desayunos de las fiestas de la policía, a las posadas. Fue donde los conocieron. Los mismos gendarmes los identificaron”. Insiste en que su lucha no es contra un delincuente aislado. Es un sistema viciado. Fue el castigo porque decidió combatirlos, cuando aún tenían poder. Hoy paga las consecuencias. “Fui la única que los enfrentó. No me arrepiento. Ya está hecho, tengo que seguir adelante”. Reconoce, el camino por recorrer, es largo. Tiene mucho por investigar. Las corruptelas provocaron su tragedia.

“Ya di los pasos iniciales, con las primeras sentencias. Falta mucho por denunciar. Sabían que yo podía defenderme, mis hijos no. Eran seres indefensos. Además, el mensaje estaba dirigido a toda la policía. Desde entonces, nadie se ha atrevido a denunciar algo similar. El miedo los domina. Fue una advertencia. Es lo que les sucede a quienes se meten con la delincuencia. Después de lo que me aconteció, nadie dice nada. Me ven pasar y actúan indiferentes. A los que les pesa, sólo agachan la cabeza”. Insiste en que no se callará. Si algo le ocurre, ya ubicó a los responsables en su denuncia.

 Ahora cuenta con medidas protectoras, por ganar un amparo. El recurso judicial lo promovió un organismo civil, no el gobierno. “Me otorgaron una suspensión de plano, porque estaba indefensa. Ha sido por mi propia lucha, no porque las autoridades se hayan preocupado por mí. Sé que estoy sola. Pero tengo la fortaleza y los conocimientos para continuar. En los últimos años, me he preparado para entender los procedimientos legales. Tenemos derecho a acceder a las carpetas de las investigaciones. No he permitido que me engañen. La lucha es doble. La instancia para la que trabajo, es la que más daño me ha causado”.

No pueden decir que trabajan en mi caso, porque no es cierto. Mi lucha es contra la delincuencia y el sistema. La fiscalía es la que más me ha discriminado, pisotea mis derechos. No me detendré. Voy a encontrar la paz cuando todos los responsables enfrenten la justicia. En caso de no ocurrir, ayudar a otras víctimas en situaciones similares. Alguien tiene que decir, cómo enfrentarlo. Ojalá la presidenta escuche mi historia. El amor por mis hijos, es lo que me mantiene en pie. Lo que pasó, ya fue. A veces caigo del dolor, pero vuelvo a resurgir. Me inspiran a seguir en la lucha”.

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Publicación en revista escrita ( https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1647070300753217&set=pb.100063507880716.-2207520000&type=3 )

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Dulce Galván denuncia presuntos manejos oscuros en los recursos públicos y falta de estrategias para garantizar el agua potable a la gente de Soledad

La regidora de Morena en Soledad, Dulce Galván, cuestionó al ayuntamiento que encabeza el alcalde Juan Manuel Navarro, por la falta de transparencia, presuntas fallas en el manejo de recursos públicos y ausencia de un programa objetivo para resolver la crisis hídrica en el municipio. Señaló que no existe hasta el momento, un esquema formal, técnico, financiero que sustente, separar al organismo operador de agua potable y alcantarillado de la zona metropolitana.

Explicó que en asamblea sobre el tema, solicitaron informes concretos de los planes de trabajo, contratos y estudios, pero no exhibieron ningún estudio. Afirmó que no considera viable, fraccionar al Interapas, ya que el sistema hidrológico, se encuentra deteriorado. Necesita mantenimiento urgente, pues se podría generar mayor incertidumbre de abastecimiento durante el proceso.

Indicó que el desabasto es uno de los principales problemas. Existen colonias que durante años, enfrentan carencias en el suministro, colapsos de drenaje, fugas constantes y alcantarillas sin mantenimiento. Señaló que cerca del 50% de los fraccionamientos, presentan algún tipo de deficiencia en servicios básicos relacionados con el agua y drenaje. Recordó el caso de Los Fresnos, donde se contaminó la red con aguas residuales, lo que provocó afectaciones sanitarias.

Galván informó que los vecinos se quejan del suministro mediante pipas, ya que lo condicionan los líderes, que deciden a quien surten, ya que exigen mostrar identificaciones asociadas a un color partidista. Consideró que tales prácticas, son ilegales, debido a que los servicios públicos deben otorgarse sin distinciones políticas. Reconoció que existen pocas denuncias formales, pero se repiten en diversas zonas.

En materia ambiental, habló del tiradero de basura ubicado frente al complejo Puerta Real, en El Zapote. Explicó que desde el 2017, existen solicitudes ciudadanas para su cierre, debido a que opera a cielo abierto, sin membranas para el control de lixiviados. Con presencia de fauna nociva y malos olores por la quema de residuos. Añadió que el sitio se encuentra cercano a zonas habitacionales. Se tiene conocimiento de la existencia de un manto acuífero en la parte inferior. Destacó que ahora prevalece una clausura parcial, al detectarse materiales tóxicos. Todavía no se ha presentado un plan integral para remediarlo, ni un proyecto definitivo de un nuevo relleno sanitario. Como alternativa temporal, planteó colaborar con el ayuntamiento de San Luis Potosí, que hace poco activó uno nuevo.

Cuestionó el convenio mediante el cual, el ayuntamiento cede el 60% de las recaudaciones del impuesto predial al gobierno estatal. No se presentó ante el cabildo el estudio completo con las cláusulas, por lo que no existe transparencia sobre los términos en

cómo se administran los recursos. Indicó que en los presupuestos de egresos 2025 y 2026, el porcentaje aparece dentro del rubro “Fortalecimiento Municipal”, que contempla gastos como dietas, gasolina, arrendamientos y prensa. Establece que los recursos deben canalizarse en priorizar problemáticas urgentes, como surtir agua y ejecutar obra pública.

Estimó que en el programa presupuestal, se destinan alrededor de 4 millones de pesos mensuales a prensa, radio, tele y plataformas digitales. Indicó que es importante informar a la ciudadanía, sobre las acciones gubernamentales. Pero consideró elevado el monto, frente a las carencias que enfrentan múltiples colonias. Relató que al gestionar reductores de velocidad en algunas zonas, el ayuntamiento, por falta de material, planteó que los propios vecinos cooperen para instalarlos. Calificó de injusta la medida, dado que los ciudadanos contribuyen mediante el pago de impuestos.

Galván señaló que han tergiversado sus declaraciones cuando habló de fallas administrativas. Aunque evitó responsabilizar a alguien, consideró que las acciones podrían formar parte de una estrategia para distorsionar los temas que ha expuesto. Exigió fortalecer la transparencia, presentar documentos sobre los programas municipales y garantizar que los recursos públicos se destinen de forma prioritaria a resolver las necesidades básicas de la gente.

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Antes de dar el bandazo del PAN al Verde Ecologista, Aranzazú Puente siempre estuvo subordinada a Gallardo Cardona

Desesperado por adueñarse a toda costa del ayuntamiento de la capital, donde no lo aceptan, lo mismo que al Verde Ecologista, el gobernador José Ricardo Gallardo recurrió a varias argucias y métodos de cooptaciones para llevar a sus filas a la hoy ex diputada local del PAN, María Aranzazú Puente Bustindui, a la que usará para que les junte la mayoría de votos en el octavo distrito, considerado un reducto panista en la zona metropolitana. Confían que al doblegarla, por ósmosis, los ciudadanos que simpatizan con la ideología del PAN, ahora en masa, se irán a engrosar los padrones que inflan con afiliaciones obligadas, amenazas o por una despensa.

La salida de Puente se empezó a gestar desde el segundo año de ejercicio de la legislatura pasada, cuando fue electa presidenta de la mesa directiva, propuesta que impulsó y apoyo el diputado José Luis Fernández Martínez, que manejó el congreso como un apéndice del ejecutivo. Desde entonces, la ex panista no faltaba a ningún acto del mandatario, donde era requerida, por mínimo que fuera. Al acercamiento que empezó a tener con el ejecutivo, se sumó la ruptura que se gestó dentro de la bancada del PAN, por reacomodos en el congreso y con la dirigente estatal del partido, Verónica Rodríguez.

El mismo Gallardo Cardona felicitó a la ex panista por su nombramiento como dirigente de la mesa directiva del congreso, el 13 de septiembre del 2022. “Aprovecho para felicitar a la nueva presidenta de los diputados del PAN. Una persona que desde un inicio dejó los colores a un lado. Le va a ir excelente. Ha tenido un desempeño extraordinario con el gobierno estatal, para beneficio de los potosinos”.

María Aranzazú Puente Bustindui llegó al congreso al ganar en 2021, las elecciones en el séptimo distrito, como parte de la alianza “Si por San Luis”, conformada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular. Derrotó por un amplio margen al aspirante de la figura, Juntos haremos historia. Durante el primer año como legisladora, aun cuando se mantuvo fiel a su grupo, nunca tuvo una conducta crítica como opositora al gobierno del estado. Ya como presidenta del congreso, durante el segundo año como legisladora, fue asidua asistente a los actos de Gallardo. Apoyó sin cuestionar todas las iniciativas que les envío y nombramientos que impuso, como el del auditor carnal, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización del Estado, antes consejero jurídico de gobierno. Luego fue empleado del mandatario en Soledad y la capital, donde se desempeñó como litigante y contralor.

Puente aprobó sin regateos la ley de ingresos y presupuesto de egresos de Gallardo en el 2023, modificaciones a la ley de salud, las expediciones de licencias y placas gratis, entre otras. Como presidenta del congreso duró 4 meses y medio. El 30 de enero del 2023, entregó la estafeta a la diputada del PT, Cinthia Verónica Segovia. El 19 de abril del 2024, solicitó licencia para buscar reelegirse como diputada en el octavo distrito, que se reconfiguró para los comicios del 2024. Ahora abarca parte de la geografía de lo que era el distrito 7, que ganó en el 2021.

En junio del 2024, venció a la candidata del Verde Ecologista, María Eugenia Torres Vilet. Se reelige como diputada del PAN, pero ya era evidente el distanciamiento con su bancada y el encono con la líder estatal, Verónica Rodríguez. El 13 de septiembre del 2024, Puente no asistió a la rueda de prensa que ofreció la también senadora, para dar a conocer que el diputado Rubén Guajardo Barrera, sería el coordinador de la fracción del PAN, en el poder legislativo. Estuvieron presentes los otros dos legisladores, Mireya Vancini y Marcelino Rivera.

A varias semanas de asumir el cargo, el 16 agosto, la diputada Aranzazú Puente cuestionó en tribuna a la dirigencia estatal de su partido, por los negativos resultados. Solicitó reflexionar si era viable, continuara al

frente Rodríguez. En diciembre del 2024, votó en contra de la ley de ingresos del alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos. Alegó que su propuesta contenía un agresivo plan de impuestos, cuando antes avaló sus gestiones. Al asistir al inicial informe del edil en el primer trienio, acudió como presidenta del congreso. En entrevista con los medios informativos, destacó que había un cambio en la capital, sopesó las inversiones realizadas en infraestructura, mantenimiento de calles y avenidas. Destacó que Galindo, ejercía un gobierno cercano a los ciudadanos, mediante el programa “Domingo de Pilas”. Aseveró que desde el congreso, lo apoyarían para lograr los retos previstos.

A los pocos meses, cambió su actitud hacia el munícipe, al elegirse las personas que integrarían el consejo municipal en Villa de Pozos. La legisladora afirmó que Galindo hizo acuerdos en lo oscurito con la dirigente de su partido, para proponer a los aspirantes a consejeros y le pidió sacar las manos del proceso. Acusó a Verónica Rodríguez de decidir a espaldas de los diputados. No tomarlos en cuenta en las evaluaciones y selecciones de los perfiles que propondría el PAN.

El rechazo de Puente a la ley de ingresos de Galindo para el 2025, le valió una reprimenda por parte de Verónica Rodríguez, que les había pedido a los legisladores, apoyarla. Expuso que el despliegue de Puente estuvo desfasado, al rechazar la iniciativa y aprobar los nuevos impuestos de la ley de ingresos del gobierno estatal. “Hay diputados que en ocasiones, no obedecen los intereses de los potosinos. Mejor siguen alguna línea que seguro les dieron”. Aranzazú Puente censuró que Rodríguez se reeligiera como dirigente estatal del PAN. Denunció la compra de votos y coacciones a consejeros. Cuando se repuso el proceso por órdenes de las autoridades electorales, afirmó que se repetían las mismas prácticas de las primeras votaciones. No iba a validar una contienda con tantas fallas.

Mientras consolidaba su cercanía con la bancada del Verde, Puente denunció ser víctima de violencia política de sus compañeros y la dirigencia estatal. Se quejó en octubre del año pasado, no le compartieron la agenda del PAN, para el segundo año de trabajo. No obstante, iba a continuar en sus filas. No había ruptura, pero si una falta de diálogo. Desde marzo, no fue requerida a las reuniones. En diciembre del 2025, Puente votó a favor de la iniciativa de reforma a la constitución local y ley electoral, para imponer la llamada Ley Esposa, que obligaba a los partidos políticos a postular solo mujeres como candidatas a la gubernatura en el 2027. Pese a las evidencias que mostraban sus adhesiones al bloque gobiernista en el congreso, insistió en que las votaciones en contra de su bancada, no significaron traicionar a su partido. Decidía libre y lo supo la dirigencia nacional y estatal.

Su salida del PAN, para incorporarse al Verde Ecologista, ya estaba anunciada, mucho antes de concretarla, lo que a nadie sorprendió. El 22 de enero, en rueda de prensa, informó que dejaba al partido donde militó 23 años. Le permitió llegar a la curul que hoy ocupa en un segundo trienio consecutivo. Aseguró que la renuncia, no fue algo improvisado. No lo hizo por enojo o resentimiento. Abandonó unas siglas que dejaron de ser congruentes con sus principios. Y en las condiciones actuales, ya no le permitían un ejercicio político libre, equitativo ni respetuoso. “Hablan de democracia y ser plurales, pero en la práctica, no todas las voces cuentan. No respetan las trayectorias. Las decisiones no se asumen en forma libre”. Se quejó de existir una línea clara entre el comité estatal y un grupo parlamentario orientado a obstaculizar su trabajo, limitar su capacidad de incidencia y frenar el ejercicio legislativo. Afirmó irse con la conciencia tranquila, principios y valores intactos. Se declaró diputada sin partido. Aún no había decidido unirse a otro.

Pero estuvo indecisa apenas 14 días. El 5 de febrero se fue al Verde Ecologista. Previo al anuncio, se reunió con el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quién informó, existían amplias opciones de incorporarse al partido gobernante. La acompañó la senadora Ruth González Silva, diputados federales y locales. El dirigente del partido, Ignacio Segura Morquecho, afirmó que la ex panista decidió, convencida, unirse a la primera fuerza del cambio. Anunció que la apoyarán con una casa de atenciones ciudadanas en el octavo distrito. Trabajarán juntos con miras a ganarlo por mayoría en el 2027.

Ruth González le dijo que al unirse al verde, estaba en el lado correcto de la historia en San Luis Potosí. Afirmó que en todo México y San Luis Potosí, ya es tiempo de mujeres. Aseguró que con hechos y trabajo, Gallardo ha construido un estado digno y en paz. Alardeó que son la primera fuerza política del estado, al

gobernar en 40 municipios. Tienen la mayoría en el congreso, 6 de 7 diputados federales y en el 2027, refrendarán sus alcances. Aranzazú Puente agradeció el apoyo, dijo que el Verde Ecologista se convertirá en su nueva casa. Unidos y en equipo, trabajarán por una misma causa, construir, sumar y trasformar. Verónica Rodríguez afirmó que Aranzazú Puente, con su salida del PAN, para irse a otro partido, traicionó al electorado, que le dio un espacio en el congreso.

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La clínica 50 del Seguro Social, sin dinero ni insumos para atender a incontables enfermos que además, abordan con despotismo

El obrero que labora en la zona industrial, Brayan Enrique Alvarado Sánchez, tiene 15 días internado en la clínica 50 del Seguro Social, donde no le pueden atender las quemaduras que recibió por manejar sustancias químicas. Carecen de gasas, sueros y agua oxinada para hacerle al menos curaciones superfluas.

Los familiares tienen que comprarlos en farmacias privadas, cuando el estado debe garantizarle el servicio, por los impuestos que cubre. Tampoco tienen dinero para comprar gasolina, que permitan transportarlo a México, donde podría aminorar los fuertes dolores físicos que padece.

Los quejosos lamentan que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en vez de auxiliar al hospital, seguro social y otras clínicas públicas, por el convenio que tiene con el programa del bienestar, se dedica a dilapidar el erario en negocios que le dejan ganancias millonarias, como remoderlar y ampliar el balneario Splash, ubicado en el parque Tangamanga, donde taló cientos de árboles para conseguir sus ambiciosos propósitos, de espalda a la ciudadanía.

También se gasta cifras exponenciales en la ilícita y adelantada campaña para heredarle la estafeta a su cónyuge, la senadora Ruth González Silva.

Los afectados censuran ser víctimas de la herencia maldita que encabeza Gallardo. Los ubica como si estuvieran en Cuba. La clínica 50, además de no tener los medicamentos básicos, doctores, enfermeros, ambulancias con chofer y suficiente combustóleo, ya empieza a sufrir apagones eléctricos.

Igual que Alvarado, son múltiples los enfermos que sufren las consecuencias de un nosocomio que asemeja un cascajo. Faltan camillas para las decenas de pacientes internados. A la mayoría los acomodan en sillones, bancos o el suelo.

La insensible administradora que los trata con despotismo, justifica su inoperancia al argumentar que el pésimo servicio es culpa de Ruth González, quien acapara el dinero destinado a la salud pública.

Lo usa para hacer proselitismo en los municipios, donde entrega despensas de baja calidad y afilia a sus ahijado con la amenaza de dejarlos fuera de los programas clientelares.