Los diputados, en tiempo récord, aprueban iniciativas y agilizan trámites para convertir a Pozos en el municipio 59. Se portan sumisos ante el gobernador Ricardo Gallardo, que se erige como el principal promotor e interesado de la propuesta. La inusual premura con la que actúan la mayoría de los legisladores, no la han mostrado para acabar con el rezago de iniciativas sin dictaminar, que dejan caducar o de plano, no sacan en tiempo y forma, como ocurrió cuando se buscó homologar la ley de movilidad y seguridad vial. Un juez federal les ordenó aprobarla. Pero a través de un amparo, promovieron una prórroga de 6 meses.
En la prisa por crear un nuevo ayuntamiento, el Consejo Estatal Electoral también se mueve al ritmo que le marca el gobernador, que en forma unilateral y sin tomar en cuenta sus propuestas como organizadores de la consulta, les impone fechas y presupuesto para llevarla a cabo. El 22 de mayo, residentes de Villa de Pozos que encabezan Gaspar Méndez Ramírez y Ricardo Gutiérrez, entregaron a la oficialía de partes del congreso, la iniciativa y documentos que contienen 31 mil 895 firmas recabadas para el trámite, equivalentes al 25 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de votantes.
Antes de hacerlo, se reunieron con Gallardo, al que pidieron su apoyo para llevar a cabo el procedimiento, reveló el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, en un boletín publicado con la fotografía del encuentro. Méndez y Gutiérrez rechazaron que atrás de la iniciativa, se encuentre el gobernador o el Partido Verde. Aseguraron que su propuesta es ciudadana, derivada de luchas históricas.
En el congreso, el diputado José Luis Fernández Martínez, es el encargado de agilizar los trámites para atender la solicitud ciudadana de hacer municipio a Pozos, pero que promueve su jefe el gobernador, con fines políticos y electorales. Preside la cartera de gobernación, es vicepresidente en la de desarrollo territorial sustentable y funge como vocal en la de puntos constitucionales. Comisiones encargadas de llevar a cabo el proceso. Además está como suplente del poder legislativo ante el Consejo Estatal Electoral. El 7 de junio, las carteras de las comisiones unidas, aprobaron pedir al organismo, realizar el plebiscito y validar las más de 31 mil firmas entregadas. El 15, el acuerdo lo votan en el pleno y lo avalan por mayoría. A los 5 días, el congreso solicita llevar a cabo el procedimiento.
El consejo electoral, en asamblea extraordinaria, el 4 de julio y sin objetar nada, dio trámite a la solicitud para realizar el plebiscito. La gente podrá emitir su voto a favor o en contra. Usarán su credencial, con domicilio en la capital. Acuerdan manejar un presupuesto de 55 millones 844 mil pesos para el arqueo y compulsa de las más de 31 mil credenciales enviadas. Los gastos los desglosan. Usarían 22 millones 860 mil 366 pesos en servicios personales, 6 millones 173 mil 029 pesos en el rubro de materiales y suministros, 18 millones 267 mil 622 pesos en servicios generales, 5 millones 871 mil 144 pesos en transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas y 2 millones 671 mil 800 pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles.
En lo inmediato, Gallardo enterró la propuesta. Autoritario, estableció que el plebiscito costaría 28 millones, no 55 y que se podría ajustar hasta quedar en 20 millones, como sucedió. Tampoco aceptó la sugerencia que le envió la presidenta Paloma Blanco López. Le dijo que después de analizar los números, las actividades planteadas a realizarse, “resultan imposible de ejecutarse”. Indicó que tomaron en cuenta las consideraciones del poder legislativo, de buscar la eficiencia de los recursos financieros, materiales, humanos y racionalizar el gasto.
Y en apego a los extremos de austeridad y disciplina presupuestal, el recorte a lo solicitado en un principio, podría ser del 57.20 %. O sea, quedar en 23 millones 901 mil 624.31 pesos, no menos. Blanco López
advirtió que si la solicitud fuera sujeta a un segundo recorte, existe el riesgo de no actuar con certeza en las actividades del plebiscito y la compulsa de credenciales que solicitó el congreso. Inútil resultó el escrito, Gallardo impuso su voluntad y los diputados se doblegaron sin chistar.
El 12 de julio, el consejo aprobó los lineamientos para organizar el plebiscito. En la asamblea, informó de la propuesta que les envió el congreso, para reducir la cifra de 55 a 20 millones. La presidenta, Paloma Blanco, señaló que habría un impacto al instalar las casillas. Optaron por mesas receptoras, como lo hizo el Instituto Nacional Electoral, cuando manejó la revocación de mandato presidencial. Adelantó que la convocatoria se emitiría el 19 de julio y la consulta podría efectuarse en la segunda quincena de septiembre. La pregunta a la ciudadanía se conocerá el 15 de agosto. Será redactada en forma clara, no tendenciosa, ni con juicios de valor. No debe orillar a la polémica.
La representante del PAN, Lidia Arguello Acosta, advirtió que acelerar el proceso, reviste el riego de impugnarlo. Criticó que el congreso haya pedido reducir el presupuesto, cuando el consejo es el único autorizado para definir los costos. El protagonismo e injerencia de Gallardo, se evidenció otra vez cuando dos días antes de sesionar el organismo para aprobar las bases, adelantó: “habrá nuevo municipio. El 24 de septiembre arranca la consulta, ya está definido”.
El 19 de julio, en la junta extraordinaria del consejo, donde se aprobó el documento, se confirmó lo dicho por Gallardo. La consulta será el domingo 24 de septiembre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Habrá 151 unidades territoriales en las que se ubicarán las mesas receptoras de votos. En la misma sesión, se aprobaron los documentos y materiales a usarse. Los modelos y especificaciones técnicas, el plan integral, calendario, las directrices del cómputo y las estrategias de capacitaciones.
La panista Lidia Arguelles se retiró de las reuniones donde se trató el tema del plebiscito. Señaló que su partido, no se prestará a las simulaciones en que se ha convertido el proceso, por las intromisiones de Ricardo Gallardo. “El órgano electoral está a expensas de lo que diga el ejecutivo. Antes de que se voten los acuerdos, ya los hizo públicos”. Calificó de indignante, se quiera regresar a los años en que los entes encargados de los comicios, estaban en manos del gobierno. Aludió al líder cívico, Salvador Nava. “No exigió ciudadanizar los órganos electorales para estar supeditados a lo que diga el gobernador y nosotros venirlo a legitimar. No se puede tolerar lo que hoy ocurre”.
Paloma Blanco López, intentó justificar a Gallardo, que anunció tres días antes, la fecha en que se realizaría el plebiscito, cuando todavía no se votaba. Dijo que había dado los plazos, en una entrevista que le hizo el semanario Exprés, antes que lo afirmara el gobernador. Arguelles replicó que los acuerdos se toman en forma colegiada. Y si de manera unilateral convino con alguien los tiempos, era una falta de respeto para los demás consejeros y partidos políticos.
El representante de Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat, alertó que los 20 millones de pesos aprobados por el congreso para el plebiscito, sólo iban a servir para hacer el ridículo, ya que al inicio aprobaron exigir más de 55 millones. Después demandaron 23 millones 900 mil y ninguno les autorizaron. El litigante José de Jesús Becerra Rodríguez, acreditado como representante del PRD, advirtió que con los 20 millones de pesos que les autorizó el poder legislativo en forma unilateral, sin un estudio serio, se encendían los focos rojos y algo podría salir equivocado. Precisó que ya se tenía el antecedente con la secretaría de finanzas estatal, con el retraso en la entrega de los recursos autorizados para el gasto del organismo y financiamiento de los partidos.
Afirmó que el aplazamiento de dos meses para el inicio del proceso electoral que se aprobó en el congreso, no genera ningún ahorro. No es un tema de austeridad y está cargado de tintes políticos. Existe un interés muy especial en que el proceso de convertir a Pozos en municipio, se haga lo más rápido posible y como salga. Pidió a los integrantes del consejo, estar atentos y ser más estrictos en lo que se votará.
El mismo día, con 16 votos a favor, 5 en contra y una abstención, se aprobó retrasar dos meses el inicio del proceso electoral. Se cambió del 30 de octubre del año en curso, como marcaba la ley estatal electoral, al 2 de enero del próximo año. Votaron a favor los legisladores del Partido Verde Ecologista, los de Morena, Partido del Trabajo y el priista Alejandro Leal Tovías. En contra, Liliana Flores Almazán, Rubén Guajardo y Arazanzú
Puente del PAN, Edmundo Torres Cano del PRI y el legislador independiente, Mauricio Ramírez Konishi. Neutral, María Elena Ramírez Ramírez, de Conciencia Popular.
La iniciativa que presentó la diputada de Morena, Lidia Nallely Vargas Hernández, con el argumento de ahorrar recursos públicos en el proceso electoral y atender el modelo austero que se tiene en el país, aunque, nunca precisó de cuánto sería el ahorro, se atendió con tal rapidez, que tan solo 6 días después de que se turnó a comisiones para su análisis, la aprobaron y se votó en el pleno 14 días después. El Consejo Estatal Electoral, actuó en sincronía con el congreso. Manifestó por escrito que acortar el proceso electoral dos meses, no le representaba ningún un problema para su desarrollo.
Vargas Hernández, presionada por los cuestionamientos, tres días antes de que se votara en el pleno, informó que el ahorro sería de 15 millones de pesos. Pero su causa se vino abajo, cuando en la sesión, los legisladores del bloque gubernamental que hablaron a favor de la propuesta, reiteraron que aprobarla, les permitiría atender y dar certeza a la solicitud ciudadana de convertir en municipio a Pozos.
Gallardo confirmó el verdadero propósito de la iniciativa, al darle mayor tiempo al consejo electoral para organizar los comicios y al congreso, hacer las reformas necesarias a la ley para concretar sus caprichos. Molesto, censuró a los diputados que votaron en contra de retrasar el inicio del proceso dos meses. “Es lamentable la línea establecida por las dirigencias estatales de los partidos a sus congresistas. Por el contrario, felicito a los diputados que tuvieron el valor de rechazar las indicaciones. En verdad aman a San Luis, a Pozos y no se dejan amedrentar por sus gurús y titiriteros”.
Ante las prisas y descuidos para incluir a Pozos en las elecciones de alcaldes en el 2024, donde Gallardo tiene varios candidatos, el PAN advierte que se puede impugnar el proceso por falta de consultas a los grupos vulnerables, entre otras fallas que analizan los asesores jurídicos. Se sumó el dirigente de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, quien censuró al consejo electoral, que evadió el proceso de insacular, para elegir a los integrantes de las mesas de votaciones. Exigió trasparencia y apegarse a las normas.
