La falta de liderazgo del gobernador Juan Manuel Carreras L贸pez ya gener贸 un prematuro vac铆o de poder. Incide para que diversos grupos y personajes le hagan c谩usticos reclamos por su cada vez m谩s notable inoperancia ante diversos y complejos problemas que no resuelve. El mayor esc谩ndalo se gener贸 cuando el diputado del PRI, Alejandro Segovia, le espet贸 que le 芦faltan huevos禄 para hacer cambios en el gabinete. Tal vez 芦est谩 dormido禄, por lo que no hace remociones donde el 70% de los funcionarios 芦no dan el kilo禄.
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Pi帽a, solicit贸 juicio pol铆tico contra Carreras por facilitar m谩s de 700 millones de pesos de manera turbia para adecuar terrenos que entreg贸 a la armadora trasnacional Ford. La bancada de diputados federales del Partido Verde Ecologista demand贸 que se separe del cargo hasta que no aclare el destino de 400 millones de pesos de las pensiones de maestros que desapareci贸 en la etapa que fue secretario del ramo educativo.
Carreras aparece codemandado en un juicio mercantil que promueve el director del Laboratorio Nacional de Construcci贸n, Eduardo Yedid Cohen, que reclama el pago de 4 millones 100 mil pesos por servicios no cubiertos en las obras donde se instal贸 de manera temporal la armadora de veh铆culos Ford. En la nota publicada por el diario Pulso, el afectado refiri贸 que lo contrataron para avalar las planchas de concreto construidas en las 300 hect谩reas aportadas por el ejecutivo. En abril del 2016 le notificaron que ya no requer铆an su ayuda pero le exigieron los resultados de sus estudios. Acept贸 darlos a cambio del pago, lo que no cumplieron. No obstante, las plataformas fueron entregadas, pero advirti贸 que los an谩lisis pudieron ser alterados.
Las tareas de Cohen estuvieron supervisadas por el Fideicomiso de Inversi贸n y Administraci贸n para el Desarrollo de San Luis Potos铆 por instrucciones de Carreras, que luego orden贸 ya no inyectarle recursos. Los empresarios que lo contrataron arguyeron que tampoco les hab铆an cubierto lo acordado. Por tantas evasivas, demand贸 en octubre del 2016 a los implicados.
Antes, en julio del 2016, el presidente de la cartera de honor y justicia del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Ind铆genas, Narciso Mendoza, destac贸 que era lamentable la conducta de Juan Manuel Carreras y sus colaboradores al violentar las garant铆as de los aut贸ctonos. Asever贸 que 芦ense帽a el rostro verdadero de un pol铆tico hip贸crita que solo beneficia a caciques y ricos de la huasteca a los que entrega cargos p煤blicos禄. Lo acus贸 de no tener voluntad para corregir las omisiones en que incurri贸 al ignorar a sus representados en el Plan Estatal de Desarrollo. 芦Nos agrede. Nos hemos sentado tres veces juntos. Firm贸 un documento donde se comprometi贸 hacer las consultas, pero hizo todo lo contrario.
Tiene un documento, busca que lo aprobemos sin escucharnos. Sigue el hostigamiento que inici贸 con la anterior directora del organismo, Margarita Vi帽as Orta. Env铆an emisarios para que validen el plan de desarrollo. Fue destituida despu茅s de una queja ante el Comit茅 Nacional contra la Discriminaci贸n. Pero mantuvo la misma conducta su relevo Ra煤l de Jes煤s Gonz谩lez Vega禄. A帽adi贸 que la mayor铆a de consejeros exigen se cumplan con las normas. Viven con temor, por lo que hacen responsable de lo que les pase a Carreras.
A trav茅s del representante del Centro de Derechos Humanos, Samuel Ruiz, el litigante Ricardo S谩nchez Ruiz y el dirigente de la Cl铆nica de Litigio en Derechos Humanos de la Universidad Aut贸noma de San Luis Potos铆, Guillermo Lu茅vano, interpusieron un amparo al saber que Gonz谩lez convoc贸 a reuniones de consejo para convalidar el Plan Estatal de Desarrollo sin tener atribuciones.
Lu茅vano expuso que Carreras se niega a publicar el reglamento del consejo consultivo, que ya fue elaborado y aprobado por sus integrantes desde septiembre del 2015. Aludi贸 a una convocatoria donde se estableci贸 que el doctor en derecho busc贸 encabezar la asamblea, lo cual viol贸 la autonom铆a del organismo y transgredi贸 la ley. 芦Puede ser invitado pero no presidir. Lo mismo hizo Gonz谩lez, llam贸 a una cita extraordinaria, pero carece de facultades禄.
Los quejosos lamentaron que se trate de manipular a los ind铆genas con mentiras, sobornos y promesas de gobierno para darle la espalda a los consejeros que han promovido los amparos. Contaron a la revista Proceso que 芦existe miseria extrema, hambre, enfermedad, muerte de ni帽os y mujeres, alcoholismo y drogas que han metido para ensuciar a los j贸venes. No hay trabajo o lo pagan muy barato. Nos quieren quitar las escuelas, borrar de la faz de la tierra para quedarse con la riqueza que hay en nuestros territorios, quieren introducir minas, pozos de chapapote, tubos de gas sin importar la vida de la gente禄.
El mes negro de Carreras fue abril. En la Gaceta Parlamentaria del congreso federal se incluy贸 un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Verde Ecologista, donde solicitaron que el mandatario deje el cargo mientras se investiga un presunto desv铆o por 400 millones de pesos de las pensiones del magisterio. El documento lo firm贸 el ex secretario de gobierno C谩ndido Ochoa Rojas, considerado el verdadero gobernador ante el fracaso del galeno Fernando Toranzo. Ochoa era el jefe de Carreras cuando se desempe帽贸 como secretario de educaci贸n. En los motivos, los legisladores expusieron que en el pa铆s, los moches, el tr谩fico de influencias, el desv铆o de recursos p煤blicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales de corrupci贸n. Provocan desigualdad entre los ciudadanos.
La corrupci贸n es un problema que ha infectado y contaminado a todo el sistema pol铆tico. No hay partido que no sea vulnerable a tal pr谩ctica. 芦Hay casos de corruptelas e impunidades como el de Juan Manuel Carreras. Cuando fue titular del sector educativo entre el 2013 y 2015, se desaparecieron 400 millones de pesos para cubrir las pensiones de los profesores de telesecundarias, que durante su vida laboral, atendieron a los ni帽os m谩s pobres de la entidad禄. Expusieron que en materia de corrupci贸n, San Luis ocupa el indigno 86.1% seg煤n la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, mientras que la tasa de actos de corrupci贸n por cada 100 mil habitantes es del 15.7%. Una de las m谩s altas en la rep煤blica.
