En su última comparecencia con los diputados el pasado 25 de octubre, antes de dejar el cargo de secretario de seguridad pública, el general Arturo Gutiérrez no cambió un ápice su discurso de minimizar los imparables hechos de violencia que alcanzan un promedio de dos homicidios dolosos diarios y donde en una sola semana de noviembre, el conteo institucional fue de 13 asesinatos donde cayeron 3 policías muertos.
En la cita con los legisladores con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, el militar se concretó a repetir las cifras que dio su jefe, Juan Manuel Carreras, de que la incidencia delictiva es menor a la de los estados vecinos y está por debajo de la media nacional, cuando la realidad refleja que de septiembre a octubre del año en curso, el aumento en los delitos fue 11% y hasta octubre el total de ilícitos denunciados eran 30 mil 157 contra 23 mil 393 que se registraron en 2016, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Gutiérrez les informó a los diputados, sin precisar cifras, que a nivel nacional los delitos del fuero común registraron un aumento considerable, pero San Luis Potosí se ubica en el lugar 13 en la incidencia por debajo de la media nacional. Y comparado con las entidades cercanas, no dijo cuáles, y zona noroeste del país, ocupa el lugar primero y segundo a la baja. En cuanto al número de delitos por cada 100 mil habitantes, como son homicidios dolosos, extorsión, secuestro, robo vehicular, de octubre del 2016 a julio de 2017, la entidad ocupó el séptimo sitio abajo de la media nacional.
Les dijo que al implementar operativos en puntos estratégicos, que se realizaron a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, en donde participan todas las policías de los tres niveles de gobierno y el ejército, se logró reducir en un 16 % la criminalidad en la zona metropolitana. Y sobre la incidencia delictiva total en el área “nos podemos considerar en adecuada posición”. Relató que junto con otras instituciones, se realizaron 80 operativos en los que se decomisó un millón 18 mil litros de combustible, 105 contenedores del mismo material, más de 3 mil 109 kilogramos de estupefacientes, 731 dosis de drogas y se aseguró un laboratorio. Dijo haber quitado 37 armas, 3 mil 558 cartuchos útiles, 75 cargadores y clausurado 37 establecimientos de giros negros y 80 personas relacionadas con tal actividad se pusieron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la República.
Resaltó que se creó la Fuerza Metropolitana Estatal. Informó que la policía estatal cuenta con mil 200 elementos, que en los últimos dos años han efectuado mil 500 operativos en la entidad y 2 mil 558 recorridos especiales. Recuperaron 821 vehículos con reporte de robo. Se pusieron bajo el mando del juez calificador 5 mil 641 personas, de las cuales 913 eran del fuero común, 119 del fuero federal, se entregaron al Instituto Nacional de Migración 157 indocumentados y se localizaron 182 menores extraviados.
En cuanto a los feminicidios que no cesan, Gutiérrez señaló que se incorporó la perspectiva de género a los servicios de atención de emergencias 911. Se creó la unidad de género que opera las 24 horas y atendió de julio del 2016 a octubre del 2017, 437 reportes de violencia contra las mujeres. Justificó la falta de repuesta del 911 en un alto porcentaje de las llamadas ciudadanas, a la falta de personal y saturación del sistema con reportes falsos. Cuando la operadora les solicita que esperen un momento en línea, cuelgan y al hacerlo, se van en automático a la cola, lo que demora aún más servirlos. Habló de una nueva plataforma que les obsequió Baja California, lo que permitirá tener el doble de capacidad. El sistema a nivel nacional todavía opera en una primera fase. La segunda está en proceso de instalarse. Contará con un geo localizador para rastrear las llamadas de broma y sancionar a los autores, con lo que se podrá mejorar la calidad.
Se invirtieron en el 2017, 11.8 millones de pesos para capacitar en forma inicial y continúa a mil 35 elementos de la dirección general de seguridad pública, de la procuraduría, sistema penitenciario, policías de San Luis, Soledad y 11 municipios de la huasteca. Se logró el 100% de capacitaciones a los policías estatales para actuar como primeros respondientes, para resguardar y procesar el lugar de los hechos. Nos obstante que los policías estatales denunciaron la falta de uniformes y la deficiente calidad que entregaron a algunos elementos, Gutiérrez les dijo a los diputados que en el último año se invirtieron 21.1 millones de pesos para dotar de indumentaria a todo el personal de la fuerza estatal y del sistema penitenciario.
Se gastó 11. 1 millones de pesos en un bono de riesgo por 4 mil 100 pesos que se entregó a 2 mil 729 elementos en funciones operativas e invirtió 19.6 millones de pesos en mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de vigilancia y telecomunicaciones. Resumió como logros de su segundo año al frente de la dependencia, crear la policía metropolitana, con la que aseguró, se mejoró el tiempo de respuesta para atender los delitos en un lapso de 3 a 5 minutos. Haber disminuido en un 63% el número de quejas en contra del personal, no haber recibido en el año, recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, haber implementado el 911 y creado la policía cibernética, la que cuenta con 13 elementos, que atiende cerca de 500 denuncias.
La fuerza estatal se compone de 3 mil 200 policías de los cuales el 50% está sindicalizado, por lo cual el personal operativo se reduce a mil 700 para todo el estado, 600 se concentran en la capital, divididos en tres turnos y 600 cubren los 20 municipios de la huasteca. Reiteró que el 9% de los llamados delitos prioritarios, como robo a habitaciones, comercios, transeúntes, homicidios, extorsiones y secuestros, ocurren en la zona metropolitana. “La justificante podría ser que es donde se concentra más del 50% de los habitantes, con lo que crecen los llamados giros negros, que se deben controlar para evitar se disparen los delitos”.
Gutiérrez dijo a los diputados que se trabajaba para mejorar los resultados, pero que no va a desaparecer la delincuencia de manera ideal, pero si mantenerla por debajo de la media nacional para proyectar la seguridad que provoca inversiones y desarrollo. El diagnóstico que dio está lejos de lo que manifiestan los ciudadanos, pues según la ultima Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 85.4% de los capitalinos encuestados dijeron sentirse inseguros. La muestra estadística se aplicó en 58 ciudades del país con corte a septiembre del 2017. San Luis Potosí se ubicó entre las 17 urbes donde la gente está insegura. En un solo un año, las percepciones de inseguridad crecieron un 18.6 %.
El general expresó que una forma de contener los delitos es cerrar negocios de giros negros y educar a los ciudadanos para que disminuya el consumo de vino y drogas, pues en el caso de homicidios, de 100 que se cometen, el 43% está relacionado con alcohol y drogas. Insistió que la delincuencia organizada afecta a quienes la practican. Informó que la dependencia cuenta con 42 cámaras de vigilancia activas. Pidió más recursos para contratar policías y comprar equipo. El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública para el 2017 fue de 2 mil 165 millones de pesos y una gran parte se va en salarios.
El diputado del PT, José Belmarez, le pidió a Gutiérrez dirigir sus estrategias de combate a la delincuencia, atender los delitos comunes y cotidianos que ocurren en las partes marginadas de la ciudad, como la zona norte, donde son frecuentes los pleitos entre pandillas y los homicidios ni siquiera se registran en las estadísticas. “Los ilícitos ocurren en pleno mañana, llaman a la policía y nunca acude”. El secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, que compareció en la misma asamblea, anunció para el 2018 que todos los recursos federales que se otorguen al estado para seguridad, se destinarán a la compra de 5 mil cámaras, instalar arcos de control en todas las entradas y salidas de la zona metropolitana y fortalecer el C4 con una moderna plataforma a la que se pueda conectar cualquier persona a través de celulares o equipos de vigilancia caseros, vía internet y los botones de pánico que hasta ahora se proporcionan a defensores de derechos humanos y periodistas, puedan instalarse en taxis y camiones.
Informó que la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, que opera en la capital, fue implementada por la secretaría de gobernación desde el 2016, en 50 ciudades con un rápido crecimiento en la incidencia criminal. Y por sugerencia del gobierno estatal, se incluyó a Soledad. El objetivo del programa es contener los delitos, al atacar los blancos o negocios que puedan utilizarse para generar recursos a la delincuencia. Participan en el programa la PGR, ejército, policía federal, estatal, municipal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Se trabaja a través de las mesas de inteligencia, que maneja la PGR. La jurídica y operativa a cargo del ejército. Reconoció que hasta la fecha ninguna de las ciudades ha logrado salirse de la estadística, pero se refuerzan las acciones y estrategias para conseguirlo en San Luis.
