Un pésimo inicio tuvo el ayuntamiento de Matehuala que encabeza el alcalde panista, Iván Noé Estrada Guzmán, al ocultar las percepciones brutas y netas mensuales de los regidores y obvio del mismo opaco edil. La ley de transparencia del estado de San Luis Potosí obliga en su artículo 84, fracción XI, que deben publicarse en la Plataforma Estatal, la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, donde se incluyen sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación y señalar la periodicidad. Sin embargo, de forma mañosa, publican la de todos los demás empleados y funcionarios, menos la de las cabezas, que son los que deben poner el ejemplo.
Incongruentes con su proceder, en el portal web del ayuntamiento, publican: «los servidores públicos que participen en la formulación, producción, procesamiento, administración, archivo y resguardo de datos públicas, son entes obligados. Por tal motivo, deberán someterse al principio de máxima publicidad, transparentar el ejercicio de la tarea pública y garantizar el efectivo acceso de toda persona a los informes en posesión de cada ente obligado, para rendirle cuentas claras a la ciudadanía y refrendar su compromiso de gobierno al servicio de los habitantes”.
¿Entonces por qué hacer todo lo contrario y negarse a publicar lo que reciben de dinero público? ¿Qué intentan ocultar? ¿Por qué el pavor a la transparencia? Ya se procedió con la respectiva denuncia ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, para que obligue al oscuro ayuntamiento de Matehuala a cumplir con la ley, además de aplicar las sanciones correspondientes.
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Por legisladores como René Oyarvide, se consigue el rechazo y enojo de la gente. Cuando piden el voto, prometen ser diferentes y estar en contra de los abusos y apegarse a los principios de la llamada Cuarta Transformación, pero en cuanto llegan al hueso, se transforman y muestran de lo que en realidad están hechos. El diputado del Partido del Trabajo por el distrito 12, que pregonaba estar a favor de las clases trabajadoras oprimidas, de forma hipócrita, salió a presumir que se sumaba a un congreso austero y responsable. Y se iban a reducir un 10% del insultante sueldo que era de 104 mil 500 pesos, pero por otro lado, al vender el voto, negoció que le entregaran 20 mil pesos extras en gasolina, que se suman a los 8 mil que ya tienen integrados en sus percepciones netas mensuales.
Con los 28 mil pesos en gasolina, el descarado diputado René Oyarvide podría ir 63 veces de San Luis Potosí capital a Ciudad Valles en un solo mes. Le dan mil 245 litros, que equivalen a recorrer 16 mil kilómetros. Es el tamaño del abuso de un sujeto que dice representar a las clases más necesitadas. El insultante apoyo deberá ser echado para abajo a la brevedad en la Junta de Coordinación Política. Pero se necesita a una ciudadanía exigente, irritada, que exija, se detengan los abusos, se requiere cuestionar a diputados traidores y ambiciosos, para obligarlos a reaccionar.
El daño es descomunal y la voracidad no tiene freno. Cada uno de los 27 integrantes de la actual legislatura, reciben 7 mil 500 pesos de apoyo en gasolina, que se encuentra integrado a sus insultantes percepciones, que son de 94 mil pesos netos mensuales. El respaldo es de 333 litros de gasolina, equivalente a recorrer una distancia de 4 mil 329 kilómetros. El precio promedio actual de la Premium es de 22.48 pesos y un rendimiento del auto Chevrolet Cruze de 13 kilómetros por litro. Para tener claro el aberrante caso, de Mazatlán, Sinaloa hasta la ciudad de Panamá, son 4 mil 317 kilómetros. Es el grado de cinismo. A pesar de contar ya con el incentivo, la Junta de Coordinación Política, tras la propuesta de José Luis Fernández, del partido Verde, aprobó se repartieran otros 165 mil pesos mensuales en gasolina para nueve legisladores. Lo que aparece asentado en al acta JCP/LXIII-1/063/2021.
¿Por qué ningún diputado alzó la voz y se negó al abuso? Su actitud demuestra que están coludidos, chantajean, presionan y negocian beneficios. La ciudadanía no se puede quedar pasiva y callada ante lo aberrante. No dejemos que los diputados se embolsen los recursos públicos como si fuera un botín. Hay que presionar fuerte para que se de marcha atrás en el lesivo acuerdo.
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Ante la terrible debacle que vive el PRI en San Luis Potosí, diversos personajes han decidido mudar de piel e irse a otros partidos, ante el desprestigio que se cargan. Un ejemplo es el actual diputado local, Mauricio Ramírez Konishi, que emigró de siglas, pero no de mañas. Ahora milita en Movimiento Ciudadano, pero carga en su esencia con los peores vicios del antediluviano tricolor.
Mauricio Ramírez llegó a un acuerdo para recibir además de los 94 mil pesos netos mensuales, donde ya están integrados los 7 mil 500 pesos para gasolina, otros 10 mil pesos más para supuestamente viajar a Santa María del Río, que es la cabecera del distrito III. Sumará mil 223 litros que le sirven para ir 305 veces a visitar a sus votantes. Algo totalmente ilógico, incoherente, disparatado, descabellado y abusivo.
Durante la pasada legislatura, donde Ramírez Konishi también fue diputado, no se aprobó ningún apoyo extraordinario para los legisladores, pero ahora con la llegada del Partido Verde y con la propuesta de José Luis Fernández, empiezan a retomarse los corruptos acuerdos que parecían ser parte del pasado. Cuestionemos fuerte a Ramírez, por abusivo, engañoso y farsante, ya que presumió haberse bajado el sueldo 10 mil pesos, pero por otro lado, le entregan 10 mil pesos extra para gasolina. Basta de mentiras. La lucha ciudadana está enfocada en obligar a los actuales diputados a no dilapidar el dinero del pueblo.
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Desde Alaska hasta Buenos Aires, Argentina, son 13 mil 492 kilómetros, pero la diputada local del PRI, Yolanda Cepeda, recibe apoyo en gasolina, equivalentes a recorrer 17 mil 56 kilómetros. Es decir, puede viajar, cada mes, todo el continente americano. Cepeda realizó acuerdos para darle votos al Partido Verde y ahora recibirá extras otros 22 mil pesos más en gasolina, bajo el pretexto de que se traslada desde Aquismón a la capital, donde la distancia es de 320 kilómetros. Sin embargo, recibe incentivos para andar más de 17 mil kilómetros. Algo similar a viajar 53 veces de Aquismón a San Luis en un solo mes. Cepeda tiene un historial de señalamientos por corrupción y violaciones a la ley electoral. Es gente del ex mandatario Fernando Toranzo y del ex alcalde de Valles, Juan José Ortiz Azuara, ya que le ayudó a recibir millones de pesos para la asociación civil “Una Nueva era para Aquismón”. Luego le ayudó a ganar la alcaldía de su lugar natal, donde usaba cientos de despensas del DIF para realizar proselitismo a favor del PRI. Se le supo meter al ex gobernador Juan Manuel Carreras, que la colocó como secretaria del PRI. Como alcalde, dejó 130 millones de pesos de deuda y enormes desvíos señalados por la Auditoría Superior del Estado. Hoy gracias al arcaico PRI es diputada local.