La lÃder moral del sindicato independiente de trabajadores estatales, Francisca Reséndiz Lara, solicitó intervenga, la Organización Internacional del Trabajo y del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya que el mandatario, Ricardo Gallardo Cardona, violenta la libertad sindical y derechos laborales de sus integrantes. La dirigente, Ana Verónica López Chávez, anunció que lo demandarán en sus actos públicos, por el cumplimiento de compromisos, por no resolver las minutas del 8 de abril del 2022 y la del 27 de abril del 2021. El secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez y el oficial mayor, Noé Lara, se niegan a solucionar la problemática que causó el ejecutivo. Los afectados claman detener la ola de violencia y terrorismo institucional que ha implementado Gallardo en su contra.
El asesor jurÃdico sindical, Francisco Parra Barbosa, consideró que el gobernador es “un señor feudal†que busca apoderarse de los recursos y bienes del sindicato. “Es un tirano, represor sistemático de los derechos humanosâ€. Al amparo del cargo, promueve más ilegalidades, al quitar sin fundamento, las licencias sindicales y dejarles de pagar el sueldo a integrantes del comité sindical. Enlistó que con su conducta irracional, el mandatario incumple el artÃculo primero de la constitución al discriminar a sus empleados. Violenta el artÃculo noveno por impedir el derecho de asociación, el 123 por negar la libertad sindical, además de violar los convenios 87 y 98 con la OIT, que protegen al sindicalismo.
Reséndiz Lara llamó el director de la OIT, Gilbert F. Houngbo y al titular de su Oficina para México y Cuba, Pedro Américo Furtado Y López Obrador, para que frenen las agresiones, hostigamiento y represiones fÃsicas contra la libertad sindical, que Gallardo Cardona implementa “para destruir al organismo gremial. Pasa encima del marco legal estatal, federal e internacionalâ€, al aplicar “la ley del garroteâ€, para desconocer a los integrantes del comité estatal, quitarles los sueldos, y ahora, retirarles las licencias sindicales, para debilitar su lucha.
Refirió que el gobernador quiere desaparecer el sindicalismo independiente y combativo, como lo hizo cuando fue alcalde de Soledad y cuando su padre, Ricardo Gallardo Juárez, ocupó la presidencia municipal de San Luis PotosÃ. “Desconocen que somos un sindicato de lucha, que defenderá a sus compañeras en forma permanente. No nos vamos a dejar, pelearemos por la justicia, la razón y la ley. No pedimos más que el cumplimiento y respeto de la normaâ€. Señaló que todas las denuncias están registradas en oficios dirigidos al gobierno estatal, sin recibir respuesta alguna, por lo que serán integradas al expediente entregado a la OIT el 21 de julio del 2022 y que fue ratificada en la sede del organismo mundial en Ginebra, Suiza el 5 de junio del 2023. Suman más de 2 mil escritos que comprueban los abusos laborales en contra de 215 empleados estatales y de 114 trabajadores discapacitados de seguridad.
Precisó que sà la OIT y el presidente “no actúan a favor de la ley y la razón, por su indiferencia, sólo agravarán las condiciones para generar un conflicto social, cuando hoy se vive un proceso electoral que requiere de la unidad y apoyo del pueblo potosino. No de divisiones ni confrontación por parte del poder estatal en contra de sus propios trabajadores. Urge resolver el conflicto, porque las familias de los afectados ya sufren de un nivel de vida muy deteriorado, pues no tienen lo mÃnimo indispensableâ€. López Chávez por su parte, detalló que ya suman más de 14 reuniones de trabajo con funcionarios estatales después del violento desalojo del 7 de abril del 2023, sin que se haya solucionado alguna demanda, a pesar de que Gallardo Cardona se comprometió a resolver toda la problemática. “No honra los compromisosâ€. Sus colaboradores, Torres y Lara, solo agravan el conflicto, “al continuar los despidos ilegales, retener de maneras ilÃcita los sueldos, recursos sindicales, además de hostigar y amedrentar a los miembros del organismo gremialâ€. Ante la falta de resultados, acudirán en forma directa con el gobernador “por ser la parte patronal, en espera de que nos escuche y resuelva nuestras justas demandas laboralesâ€.
Parra Barbosa enlistó que con su conducta, el mandatario estatal incumple el artÃculo 1 de la Constitución al discriminar a sus propias y propios empleados, el artÃculo noveno por impedir el derecho de asociación, asà como el 123 por negar la libertad sindical, además de violar los convenios 87 y 98 con la OIT que protegen al sindicalismo, entre otras normas, dijo que tanto el titular del poder ejecutivo, como sus funcionarios desconocen, e incumplen la ley, por lo que les recomendó estudiar y conocer el marco legal para acatarse a él, respetar los derechos de sus trabajadoras y trabajadores.
