El activista del Frente Anti Corrupción, José Manuel Martínez Guiza, destacó que el tema la empresa Panavi es una guerra entre el ayuntamiento de la capital, congreso y otros poderes locales. Destacó que no se debe aprobar la propuesta del alcalde Ricardo Gallardo de incrementar 200 millones de pesos para beneficio de la firma que instalará las lámparas leds. Sugirió auditar el contrato original que firmó el ex alcalde Mario García Valdés, ya que es nulo por los vicios iniciales en las licitaciones y no cumplir la mayoría de las cláusulas.

Expuso que en realidad se firmó un convenio de arrendamiento, no de prestación de servicios. Similar a rentar una fotocopiadora, donde el dueño se encarga del mantenimiento, sacar las copias y cobrar por unidad. Al final se crea una cláusula donde se plantea la alternativa de compra. Las luminarias se van a quedar en San Luis. El acuerdo se firmó en mil 300 millones de pesos. A los 15 años, por los costos financieros, se irá al doble. Luego el ayuntamiento hará un último desembolso para quedarse con los focos.

Censuró no existan datos suficientes. Falta el estudio de consumos 2012-2015 previos, como lo establecen las reglas operativas del Comité Nacional de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. Sirve para hacer un comparativo, ya que el ayuntamiento le cubrirá a Panavi en el primer año 108 millones de pesos con un rango de consumo de equis kilowatts. Son reportes que debió entregar la firma cada tres meses para establecer cuánto se ahorra. El dinero ya estaba presupuestado. Lo iban a entregar en ministraciones parciales. Panavi tenía que registrar el acuerdo ante la Conue para entrar a un concurso de quitas, hasta el 60%, del que, una tercera parte, se destinaría al ayuntamiento para saldar deuda pública. Lo restante es la utilidad de la empresa, con lo que paga al que le haya financiado las instalaciones.

«Tales datos no se han difundido. Tenemos 200 páginas, una parte del expediente, que debe ser público y gratuito, como lo es en Ahome, Sinaloa. Tienen una página en el Consejo Ciudadano de Transparencia donde existen los estudios de consumo, licitaciones, contratos, anexos y adendos que sirven para modificar el convenio de arrendamiento. En San Luis, desde Mario García y con Gallardo, cobran a 37.75 pesos cada cara de una hoja de máquina. Para acceder al expediente de Panavi, alguien debe gastar casi 50 mil pesos. Hay una serie de desinformaciones. Todo se relaciona con la falta de democracia. Tienen en común las corruptelas. Cualquier tema como las tarifas de transporte público, los que estamos en la lucha cívica, nos hemos dado cuenta que el sustrato es la transa a través de la opacidad».

Martínez estableció que es el momento de integrar un frente amplio para combatir las corruptelas y lograr que el sistema estatal en ciernes, sea un espacio de los ciudadanos y no del gobierno. «Mientras no tengamos acceso a todos los datos, habrá solo especulaciones. Tenemos las bases del concurso, modelo del contrato, anexos y fichas técnicas. El hecho que cada página cueste casi 76 pesos, es una forma de inhibir la transparencia, cuando la ley establece que no se debe pagar el doble del costo real. En el caso de las luminarias se configura lo oscuro. Faltan los reportes de supervisión. El comparativo del ahorro estimado en el primer año que fue de 48 millones. Todo viene en la corrida financiera en el anexo e».

«Lo estimaron cuando firmaron el contrato. Ya pasaron más de 600 días, por lo que deben informar con sus tablas, cuánto se gastó en el 2012, 2013 y 2014, antes del convenio. Cuánto erogaron en el año y medio que lleva el acuerdo. Lo que se ahorró. Nos demuestren que sus estimaciones son correctas o lo aproximado que resultó. Si fuera diputado y no es una película de Cantinflas, les pediría el expediente para saber si el contrato se sustentó. Y después revisar la propuesta de ampliar el costo con 211 millones de pesos. Con el esquema y corrida financiera, estimar si es factible y correcto a futuro. Compararlo con otros municipios donde Panavi tiene contratos de arrendamiento. Tampoco se clarifica si al final el ayuntamiento tasará cuánto vale el equipamiento urbano. Se hará cargo de las luminarias o ampliará la concesión. Como está el documento, se asume que los focos serán del municipio».

«En la avenida Salvador Nava, en la glorieta de Balcones del Valle, hicieron una estación solar para dar servicio a los carriles centrales, que son parte del contrato que van a iluminar. No es cierto, ya que los paneles solares se instalaron desde el principio como led. Faltan datos para saber qué circuitos van a cubrir, sólo dicen que instalarán 47 mil 800 luminarias. ¿Dónde empezaron, con qué criterios?. Yo lo haría con las más viejas, donde hay mayor densidad de pobladores, más conflictos de inseguridad, donde transitan más carros y ciudadanos. Es sentido común. No puede hacerse al azar. Se requiere un estudio para ubicarlas. Nada es explícito en el contrato primario ni los anexos. Tampoco queda clara la propuesta del ayuntamiento de ampliar y modificar el contrato».

«Se habla de pedir más deuda. Lo cierto es que se darán como garantía las participaciones federales hasta un cierto porcentaje. Existe todo un galimatías porque los informes no son claros. Los diputados no deben aprobar la propuesta porque no existen los datos, análisis ni valoraciones adecuadas. Parece que hubo doble incumplimiento de Panavi y el ayuntamiento. ¿Qué pasa si lo aprueban o no?. El tema es lo mismo, la falta de datos precisos». Martínez Guiza expuso que Panavi es una empresa de Jalisco. En la acta constitutiva aparecen como dueñas las hermanas Paulina y Viridiana Salas Mayagoitia. Se rumora que son testaferras de una sociedad de inversiones llamada Prorsus, cuyo líder es Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas. En San Luis su principal promotor a trasmano es Carlos Torres Corzo. El mismo perfil deben tener las otras dos empresas asociadas en los contratos de luminarias que tienen en casi todo el país.

-¿Por que fraccionan una empresa en varias, con distintas sedes, con gente de bajo perfil o ajenas al negocio que sustentan?.

-No es que se dividan. En el caso local, Prorsus es una sociedad de inversiones que crea diversas empresas específicas. Es algo muy común en las altas esferas financieras. Lo que les sirve para cuestiones fiscales y hacer holdings, controlar el mercado. Como sociedades anónimas, es difícil relacionarlas en forma directa. Es como el constructor de la capital, Guillermo Leal Tobías, hermano del secretario de gobierno, Alejandro Leal, que usa varias compañías para las licitaciones.