A más de tres meses en el cargo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha dedicado un tercio del tiempo, como si aún estuviera en campaña, a recorrer el estado para iniciar o prometer obras, entregar despensas, placas, licencias, tortillas y encabezar las posadas en las que regaló juguetes y cobijas. Cuando tomó protesta del cargo, arrancó con el rehabilitado de los parques Tangamanga 1 y 2, a los que destinará 150 millones de pesos para cambiarles la fachada, reencarpetar vialidades, reforestar con árboles que alcancen los 5 y 7 metros de alto, modernizar sanitarios y palapas, delimitar una área para mascotas, instalar luminarias escénicas con fuentes de bombeo computarizado en el lago mayor, entre otras mejoras. Prometió y no cumplió que los trabajos tendrían un avance del 70% para diciembre, en donde se dijo, iba a realizar un gran festejo, en el lago, con una fuente de colores, para el disfrute de los niños y sus familias.
El 28 de septiembre arrancó el arreglo integral del Anillo Periférico, donde se invertirán 400 millones de pesos, en el pavimento de vialidades, luminarias, cambiar el drenaje sanitario, pluvial y colocar señaléticas. En la primera etapa, los trabajos abarcan la carretera a Rioverde y Avenida Cactus. Se terminarían en los primeros 100 días de gobierno. La segunda etapa abarca desde el C5 hasta el Laberinto de las Ciencias y las Artes.
Durante un recorrido por la Casa de Gobierno, que efectúo el 27 de septiembre, Gallardo trasmitió en vivo, en sus redes sociales, para mostrar los lujos y comodidades que tenían sus antecesores. Ventiló las condiciones deplorables en que dejaron la residencia. Anunció que la convertiría en un albergue para niños callejeros y adultos mayores. Le hará adecuaciones, con un edificio de dormitorios, en el espacio que ocupan las canchas de tenis y parte de los jardines. La casa ubicada en Montañas Rocallosas 123, será manejada por el DIF estatal. No precisó cuántos recursos se invertirán.
En octubre, anunció que el día de muertos o Xantolo, que se celebra en la huasteca, se trasladaría también a la capital y Soledad, donde se montaron altares, ofrendas, rituales, además de actos artísticos con música regional. El 14, en una asamblea con representantes del sector hotelero en Valles, dijo que en los próximos dos años, se invertirán 2 mil 450 millones de pesos para crear la Riviera Huasteca. “Le apostaremos a promover el turismo, para convertir la zona en un polo de desarrollo, a nivel nacional e internacional”.
Todo noviembre, Gallardo recorrió los municipios para entregar despensas, que denominó becas alimentarias. El 8 inició el programa, que en el año alcanzará a 250 mil familias. En todo el sexenio invertirá 18 mil millones de pesos, es decir, 3 mil millones por año. Aunque la constitución federal obliga a los gobernantes dotar a la gente vulnerable de apoyos sociales, Gallardo presentó al congreso una iniciativa que denominó Nuevo Plan de San Luis, para garantizar, en forma permanente, las ayudas colectivas y que sus relevos, no lucren ni malgasten los recursos.
También inició el programa de tortillas subsidiadas. En Valles y Aquismón se benefician a 10 mil familias, que pagarían 10 pesos menos por cada kilo. El 19 de noviembre, al entregar las despensas en municipios de la huasteca sur, anunció que en Tamazunchale invertiría 7.5 millones de pesos para entregarlos al pueblo a través de programas sociales y obras, como el arreglo de la plaza principal. Prometió invertir 30 millones de pesos para que Tamazunchale tenga el primer parque acuático tipo Xóchimilco, con trajineras, venta de flores, artesanías y comida típica. Con locales comerciales y servicios sanitarios, con lo que aseguró, se potencia el turismo.
Invertirá 30 millones de pesos para rehabilitar el río Santiago. La obra incluye el mantenimiento del dren central, continuidad en los tramos ubicados entre avenida Muñoz y Sierra Leona, bacheo, señales, mantenimiento, limpieza de camellones y alumbrado. En Matehuala durante la entrega de las becas alimentarias, reiteró que construiría y activará la presa La Maroma, obra cancelada por el gobierno federal, para la cual, destinaría 200 millones de pesos del presupuesto del 2022. Culminará el parque Tangamaga, que ahora se llamará Nuevo Matehuala, trazo fantasma que le dejó su antecesor Juan Manuel Carreras. Erogará 60
millones de pesos. Prometió fondos adicionales a las participaciones por 6.5 millones de pesos para construir un nuevo panteón.
En otra gira por la huasteca, anunció inversiones por 6.5 millones de pesos para construir un mercado en Axtla de Terrazas, en respuesta inmediata a una exigencia de habitantes de la cabecera y el alcalde Gregorio Cruz Martínez. En diciembre iba a facilitar 3.5 millones para iniciar los trabajos. En enero, lo restante. También entregará 3 millones al ayuntamiento, adicionales a las participaciones, para edificar una plaza pública de primer nivel.
En noviembre presidió el inicio de escuelas en Zaragoza, Villa de Ramos, Ciudad del Maíz y Ciudad Fernández. Convocó a dos reuniones a presidentes municipales en la capital, para anunciar que les dará un total de 309 millones de pesos en recursos extraordinarios para obras y cumplir compromisos de finales de año. El 9 de diciembre, en Rioverde, dijo que el próximo año se invertirán 100 millones de pesos para rehabilitar y equipar el Hospital Regional, que dejaron con defectos, costos inflados y equipo inexistente. Gallardo encabezó del 13 al 17 de diciembre, las posadas y conciertos de grupos de música norteña y cumbias en Moctezuma.
En un boletín, esgrimieron las razones torales del jolgorio. Establecen que “el joven mandatario, está consciente de que las actividades de sano esparcimiento, traen beneficios a la salud física y mental de los potosinos. Las diversiones refuerzan el ánimo y suministran al cuerpo, la fortaleza para enfrentar los diferentes retos de la vida, sobre todo, luego de momentos tan difíciles que pasaron por el aislamiento a causa de la pandemia del Covid-19”. En Tamazunchale, Rioverde, Valles, Soledad, la capital, Matehuala, el penal de La pila y Mexquitic de Carmona, repartió juguetes, dulces a los niños y cobijas a los adultos. Las “Posadas en tu Ciudad”, formaron parte de las actividades del Festival de Invierno 2021, que implementó el gobierno estatal, de acuerdo a las indicaciones del “joven mandatario”. El 15 de diciembre, en cita con ganaderos, anunció que invertirán 300 millones de pesos en el 2022, para impulsar la producción de ganado y las actividades en el campo, recursos cinco veces mayor a lo que se destinó en el 2021.
El 15 de octubre, el mandatario Ricardo Gallardo Cardona creó la “Dirección General de Ayudantía y Protocolo del Ciudadano Gobernador”. Tiene como objeto, “proteger y salvaguardar la integridad física y moral del ciudadano gobernador y su familia, directos y consanguíneos en todo momento y lugares en que se encuentren, sean públicos o privados, dentro y fuera del estado”. Añade que “fue creada para proteger de forma directa y permanente la personalidad del gobernador y su familia, instalaciones, oficinas, domicilios y demás lugares que así lo amerite según las necesidades, además de llevar a cabo operaciones de coordinación, administración de recursos, seguridad, información y estadística, en base a la importancia que representa para la estabilidad del estado”.
En su toma de protesta, Gallardo Cardona fustigó a su antecesor, Juan Manuel Carreras, por desviar de sus tareas primarias, a cientos de policías, a los que asignó como mandaderos y choferes de funcionarios. Con la nueva ayudantía, Gallardo repite los mismos vicios. Le llovieron las críticas. Para atenuarlas, expuso que la nueva instancia no se trata de un grupo de seguridad para cuidar su persona, ya que estará integrada por 4 personas, 3 de protocolo, para los eventos y un encargado. Antes la conformaban 106 escoltas, ahora se busca un ahorro superior a los 800 mil pesos mensuales. “El decreto que sale es para transparentar el tema de la ayudantía. No hay que mal informar, hay que preguntar. Con todo gusto y mucho respeto, les diremos lo que hacemos”.
Fiel a su actuar, Gallardo miente sistemático. En una solicitud de datos dirigida a la secretaría particular, se le requirió dónde reclutó el número de integrantes, funciones específicas, percepciones salariales y de cuál rubro se cubrirían los gastos de los integrantes. Con triquiñuelas, Ana María Ávila Acosta, encargada de la unidad de transparencia, anexó el decreto administrativo “mediante el cual se modifica el diverso por el cual se establece la estructura orgánica de la unidad administrativa de la secretaría particular del gobernador del estado y su reglamento”. Seguido de las copias del Periódico Oficial del Estado, donde se exponen las modificaciones al decreto”. No respondió a lo exigido. Ávila sugiere interponer un recurso de revisión ante la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública. Se confirma otra vez la negativa de Gallardo Cardona en transparentar los asuntos públicos.
En declaraciones a los medios ya como gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona afirmó que su gabinete estaría conformado por personas capaces, honestas y trabajadoras. Iba a privilegiar la capacidad, experiencia y vocación de servicio. Busca desterrar “la costumbre de sumar personajes, designados para pagar favores de campaña o cubrir facturas de cuotas de poder de algunos grupos”. Pese a lo expresado, los primeros nombramientos lo contradicen. Sus amigos, financiadores de campaña y ex colaboradores suyos o de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, ya están en el gabinete, sin importar los cuestionamientos y denuncias de corruptelas que pesan sobre sus biografías.
El secretario de gobierno es el litigante José Guadalupe Torres Sánchez. Fue síndico del ayuntamiento de Soledad en el trienio 2009-2012 que encabezó Gallardo Juárez. Se desempeñó como asesor jurídico y secretario del ayuntamiento con Gallardo Cardona. Con el control del PRD, los Gallardo lo hicieron diputado plurinominal en la 61 legislatura. Fue representante del Verde Ecologista ante el Consejo Estatal Electoral en los recientes comicios.
Torres Sánchez estuvo implicado en la llamada Ecuación Corrupta, junto con los diputados Enrique Flores, Oscar Bautista y Manuel Barrera Guillén. En complicidad con funcionarios de la Auditoria Superior del Estado, blanquearon las cuentas públicas de los ediles a cambio de un soborno equivalente del 10 al 20% de las fallas encontradas. En un video que publicó el periódico Pulso, sostuvo una charla con el edil panista de Ébano, Crispín Ordaz, describió el modus operandi de los involucrados.
Aunque luego se desdijo, Flores refiere en una parte de la grabación, que Guadalupe Torres Sánchez, entonces presidente de la comisión de vigilancia y Manuel Barrera, hacían negocios en la auditoria. Debido al escándalo, Torres pidió licencia el 26 de junio del 2017. Volvió al congreso 6 meses después. Sin mostrarlo, aseguró tener en su poder, un documento de la Procuraduría de Justicia, donde le indican que no existía ningún cargo en su contra. Alardeó regresar con la frente en alto, las manos limpias y seguro de su inocencia.
Durante su cargo como legislador, Torres Sánchez fue acusado por la señora María Guadalupe Uresti, de no pagarle unos terrenos que le vendió en el 2014, en 725 mil pesos. Los lotes se ubican en Prolongación Negrete, en Soledad. El legislador los puso a nombre de su hermana. La quejosa se manifestó en dos ocasiones frente al edificio del congreso, ubicado en Vallejo. Aseguró que para no pagarle, Torres la acusó, junto con su esposo, de fraude, por lo que estuvieron varios meses encerrados.
El secretario de finanzas es Jesús Salvador González Martínez. Fue tesorero con Gallardo Juárez. El hijo lo tuvo de contralor. En el 2013, lo filtran en la contraloría interna del Interapas, con el edil Mario García. Cuando Gallardo Cardona fue detenido y encarcelado en enero del 2015, González se ausentó un tiempo del Interapas por motivos de salud. Se dijo que era buscado por la autoridad judicial. Con Gallardo Juárez como alcalde de San Luis, González retomó el cargo, pero asumió funciones de director. Hizo a un lado a los dos titulares que tuvo el organismo, Ricardo Fermín Purata y Alfredo Zúñiga Hervert.
En mayo del 2019 , el ex senador panista y abogado del municipio de San Luis, Alejandro Zapata Perogordo, informó que Salvador González, junto con el ex director del organismo, Alfredo Zúñiga Hervert y Mario Alberto Ibarra, fueron denunciados por los delitos de daño patrimonial, uso indebido de la función pública, peculado y asociación delictuosa, por contratar con la empresa Raedsa Maquinados y Maquilados, servicios de cobranza para recuperar cartera vencida de usuarios morosos, cuando el giro de la firma era de implementos para el ganado y maquilados para la industria.
El representante era Edgar Iván Martínez, que cobró al Interapas 6 millones 117 mil 503 pesos, por trabajos que no efectúo. Al inicio reportó 90 mil usuarios morosos y al concluirlo sus servicios, se incrementaron a 99 mil. La denuncia la interpuso ante la Fiscalía del Estado, Fermín Purata González. Otros directivos también fueron denunciados por contratar y pagar 5 millones 962 mil 974 pesos a la empresa Ibarrola y Oceguera,
para que realizaran gestiones de devolución de impuestos sobre la renta, derechos y aprovechamientos ante el Servicio de Administración Tributaria, a favor del organismo, lo que no se logró. Salvador González Martínez, además de los lazos laborales y de negocios que lo unen con Gallardo Cardona, aparece como comisario en varias de sus empresas, comparten el gusto por la charrería y los caballos finos.
El secretario de desarrollo social y regional es Juan Ignacio Segura Morquecho, ex secretario particular y chofer de Gallardo Cardona. Con el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, fue también como secretario particular. Cuando sus jefes se adueñan PRD, lo colocan como dirigente estatal. Sus mentores dan el bandazo al Verde Ecologista. Segura permanece más de un año como presidente del Sol Azteca, hasta junio del 2020, cuando fue expulsado por actos de corrupción y traición. La dirigencia estatal provisional que encabezó Arturo Prida Ramos, después de una auditoria, sacó a relucir el negativo uso de las prerrogativas en 2019, como pagos por servicios que nunca se dieron, erogaciones en facturas irregulares a empresas y particulares por bienes o servicios distintos, pero con costos idénticos. Pago a aviadores y alteraciones de documentos fiscales. Lo denunciaron por malversar más de 15 millones de pesos a la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral. A Segura Morquecho se le ubicó como prestanombres de Gallardo Cardona a través de la empresa Multiservicios Rupa, dedicada a la plomería, carpintería, obras, jardinería y limpieza.
En la secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Gallardo colocó a la ingeniera civil, Isabel Leticia Vargas Tinajero, que fue directora de obras públicas, de Gallardo Juárez en la alcaldía de la capital. Antes se desempeñó como coordinadora del área técnica en la dirección de Infraestructura Municipal con Gallardo Cardona. Vargas Tinajero fue una de las 5 funcionarias que se ampararon ante las denuncias por peculado que presentó el edil Xavier Nava, por trabajos sin concluir y sobrevaluados, como el ejecutado en Fray Diego de la Magdalena, en el Saucito, entre otras. Vargas es una incondicional de los Gallardo. En su defensa, aseguró que el padre hizo más de 300 pavimentaciones, ninguna de relumbrón.
Despachará en la secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Jesús Emanuel Ramos Hernández, que fue tesorero de Gallardo Cardona en Soledad. Ocupó el mismo cargo con Gallardo Juárez. Lo hicieron diputado local con las siglas del PRD en la 61 legislatura. Formó parte de la Junta de Coordinación Política. Cuando sus patrocinadores se fueron Verde Ecologista, Ramos los siguió. Lo pusieron de dirigente estatal, del 2019 a febrero del 2021. Cuando el control del partido lo tomó la dirigencia nacional, lo quitaron. En su lugar se quedó Francisco Elizondo.
El ayuntamiento de San Luis, a través de la segunda síndica, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, promovió un juicio político en su contra y Gallardo Juárez, por el quebranto de las finanzas públicas, por mil 30 millones de pesos. Demandaron fuera destituido como diputado e inhabilitarlo por 20 años para ocupar cargos públicos. La organización civil Cambio de Ruta, que preside Luis González Lozano, cuestionó su nombramiento como titular de la Segam, ya que desconoce los temas de ecología y ambientales, ya que es contador público. Le pidieron contestar 25 preguntas relacionadas con su ámbito.
El oficial mayor es Noé Lara Enríquez, que ocupó el mismo cargo con Gallardo Juárez en la alcaldía de San Luis. Al concluir el trienio y fracasar en su intento por reelegirse, se lo impuso a Gilberto Hernández en Soledad, con el mismo puesto. Renunció el 29 de enero para sumarse a la campaña del ahora gobernador. Lara fue acusado de despedir en forma injustificada a trabajadores de San Luis y Soledad. Con Gallardo Juárez, se vio envuelto en el escándalo de la compra sin licitar, de medicinas por 55 millones de pesos a la fantasmal proveedora Sandra Sánchez. En Soledad, con Hernández, le compraron y pagaron más de 22 millones de pesos. Lara, cuestionado por sus maniobras, afirmó que la espectral Sandra Sánchez cumplía con todos los requisitos de ley para ser proveedora. Decidió comprarle insumos porque fue la única que les fió. .
El secretario de comunicaciones y transportes es el ácido tribuno Leonel Serrato Sánchez, que desde muy joven se vinculó a las batallas políticas del doctor Salvador Nava Martínez. Fue integrante del Frente Cívico Potosino y miembro del consejo de directores. Creció a la sombra del ex diputado local y notario uno, Eduardo Martínez Benavente. Luego se lo quitó su acérrimo enemigo, el maximato Horacio Sánchez Unzueta, que lo hace fedatario. Cuando el panista Marcelo de los Santos se zafa del yugo asfixiante del jefe político, le echa encima a Serrato, que cada semana, en un banquillo, narra las corruptelas del contador público y lo exhibe
por vender la plaza a Los Zetas. El orador se vinculó después como consejero jurídico del colérico Fernando Toranzo, donde rápido se confrontó con el protagonista secretario de gobierno, Guadalupe Durón Santillán, que lo envía como asistente del entonces procurador Cándido Ochoa, que en su incesante ajetreo por hacer negocios, lo corre, ya que no quiere testigos incómodos. En 7 meses de desgastantes vaivenes, no cobró un centavo.
Al contrario, pagó de sus bolsillos unas oficinas cercanas. Serrato acusó a los Gallardo de asesinos, narcotraficantes, ordenar y ejecutar levantones, por lo que deberían ser exiliados de San Luis. Serrato fue candidato de Morena a la alcaldía de San Luis en el 2018. Tuvo de contrincante a Gallardo Juárez, que buscó reelegirse y perdió con Xavier Nava. Para los comicios del 2021, Serrato se inscribió como precandidato de Morena a la gubernatura, pero quedó fuera por el cambio que hizo el dirigente nacional, Mario Delgado, que establece, sea mujer la candidata. Serrato reniega y se echa en los brazos de Gallardo Cardona, quién lo hace candidato a la presidencia municipal de San Luis, por la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman el Verde Ecologista y Partido del Trabajo.
Junto con el delegado federal Gabino Morales, le ponen a sus servicio a Gallardo la estructura de los Servidores de la Nación, un ejército de promotores del voto, que durante tres años, con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador, reparten programas sociales y becas con la encomienda de ayudar al comerciante pollero, jamás por la vilipendiada Mónica Rangel, inscrita como distractora. Serrato es el vértice del cacicazgo de Sánchez Unzueta que fenece y el nuevo que se afina despiadado.
El secretario de salud es neurocirujano Daniel Acosta Díaz de León, que ocupa entre su gremio la presidencia del Comité Ejecutivo del Colegio de la Profesión Médica del Estado. Es integrante del Colegio Médico de México y de la Asociación Profesional gremial de galenos del Hospital Central. En el 2018, al estar de guardia en el nosocomio, protagonizó un altercado con el entonces candidato a diputado federal del PRI, José Luis Romero Calzada, que a gritos, exigía, fuera atendida una señora que se hirió un dedo. La molestia se derivó porque primero atendió a un hombre herido de bala. El doctor Acosta Díaz de León es hermano del director del periódico San Luis Hoy, Armando Acosta Díaz de León, el artífice publicitario del dueto Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, a los que ensalzó y encomia como los mesías de Soledad, que la mantienen en el atraso económico, laboral y social.
A cambio de pagos cuantiosos de publicidad, Acosta se convirtió en una especie de mini magnate de los medios, con el irrestricto respaldo de su jefe absoluto, Pablo Valladares, que lo volverá a utilizar para que su otro diario, Pulso, sean de los principales beneficiarios del presupuesto. El nuevo titular de salud, tendrá el doble juego de convertirse en un engrane vital, para que Gallardo no sea denunciado por su conducta atrabiliaria. A la esposa de Armando Acosta, Yathziry Vitales Medina, Gallardo la colocó como directora del Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Ambos son señalados como los artífices del diseño y remodelaciones de ostentosas oficinas que Gallardo ocupará, alejado de las protestas callejeras que antes reprimió en Soledad con la policía y grupos de choque.
El secretario de seguridad pública es el general Diplomado del Estado Mayor Guzmar Ángel González Castillo, que en abril del 2019, llegó a San Luis designado como comandante de la Doceava Zona Militar. Apenas en mayo pasado, fue nombrado director de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Guardia Nacional, ubicada en San Luis. Castillo cuenta con más de 40 años de servicio en el ejército y antes estuvo al frente de las zonas militares en Irapuato, Guanajuato y en Sonora. El director de la policía estatal es el teniente coronel retirado, José Luis Urban Ocampo, que ya antes ocupó el cargo con el gobernador Fernando Toranzo. Lo despiden cuando se filtró el video de una conversación que sostuvo con el candidato del PAN a la alcaldía de Soledad, Juan Carlos Velázquez, donde Urban proponía emprender una campaña negra contra el edil, Gilberto Hernández Villafuertes. Entonces ocupó el cargo varios meses. Como director de la policía estatal, siguió una caravana de lujosas suburbans por el rumbo del parque Tangamanga uno. Creyó que se trataba de una muestra de fuerza de alguna pandilla criminal.
Con un nutrido grupo de agentes, los detuvo y bajó a los ocupantes. No reconoció o fingió no saber que el líder del convoy era su actual jefe, Ricardo Gallardo Cardona, al que doblegó y puso su cara sobre el pavimento caliente. En la etapa de adversarios, los retó al colocar retenes frente a la presidencia municipal. En el 2018, Gallardo Juárez lo nombró director de la policía municipal. Cuando concluyó el trienio, lo puso en el mismo cargo en Soledad, con Hernández Villafuerte, donde sólo duró 5 meses. Regresó en marzo del 2019, donde renunció para ocupar el actual puesto. En su currícula, Urban Ocampo destaca que como director de la policía estatal, participó en el aseguramiento de Julián Zapata, alias El Piolín, asesino del agente migratorio y control aduanal de los Estados Unidos, Jaime Zapata, acribillado en la carretera 57.
Desmanteló una red de trasmisiones de Los Zetas, por medio de las cuales controlaban las comunicaciones en el estado. Aseguró más de 250 células del crimen organizado, de Los Zetas, Cartel del Golfo y secuestradores y un comando que pretendió levantar al procurador. Presume el reconocimiento que le entregaron los diputados de la 60 legislatura por su combate a los criminales y abatir la inseguridad. El polémico teniente coronel, durante su paso por la policía estatal, recibió varias recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por violación a las garantías fundamentales y abusos policiacos de agentes bajo su mando. La dirigente del sindicato minoritario de burócratas, Francisca Reséndiz, lo denunció en el 2010 por amenazas, cuando encabezó un plantón.
El secretario de Desarrollo Económico es el dueño de la Universidad Potosina, Arturo Segoviano García, ex candidato independiente a la gubernatura. Resulta sospechoso, haya conseguido más de 40 mil firmas para su registro, ya que en las votaciones constitucionales, apenas alcanzó menos de 3 mil. El acceso a la burocracia se lo ganó cuando en el segundo debate, al que no asistió el huidizo Gallardo, se lanzó a la yugular del abanderado de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza, al que exigió, fuera investigado, ya que recibió millonarios recursos públicos que le inyectó su hermano a la campaña, el ex secretario de finanzas, Daniel Pedroza.
Como empresario del ramo educativo, Segoviano ha tenido enconados y públicos enfrentamientos con padres de familia, que le han reclamado, no entrega los certificados de estudios a los egresados de sus aulas. Fue histórico el pleito judicial que tuvo con el ex titular del Programa para Abatir el Rezago Educativo, Gustavo Rodríguez. El tribuno Leonel Serrato, ha externado que atrás del imperio económico que ha tejido Segoviano, se encuentra el ex gobernador panista, Marcelo de los Santos. Otros ubican al ex rector de la universidad autónoma, Mario García. Su arribo al gabinete de Gallardo, podría ser una concesión a la Alianza Empresarial, que apoyó al ex diputado federal en la contienda por la gubernatura.
El secretario de agricultura y recursos hidráulicos es el gris ex alcalde de Ciudad Fernández, José Alfredo Pérez Ortiz, que buscó ser diputado local con las siglas del Verde Ecologista, por el distrito de Rioverde, pero mordió el polvo ante el panista Ramón Torres García, que cargó el desprestigio de asociarse con pandillas criminales, que asolaron a los ciudadanos durante 6 años de agravios. Pérez tiene el oficio de panadero. Poco sabe de los temas del campo. En campaña, ávido de juntar votos, el ahora gobernador Ricardo Gallardo, le ofreció el cargo al exitoso agricultor y empresario Marco Antonio Compeán, pero se decidió al final por el ex edil.
La secretaria de turismo será Patricia Véliz Alemán, quien ocupó el mismo cargo con el panista Marcelo de los Santos, al que se menciona, maquilló los informes de gastos de campaña de Gallardo Cardona, lo que le permitió sortear la complicada aduana del Tribunal Federal Electoral. En lugar de excederse, le faltó erogar una suma millonaria. Véliz se desempeñó en el mismo rubro con el ex edil Ricardo Gallardo Juárez. Se confrontó con la encargada de cultura, Marvely Costanzo, ex candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Renunció al puesto ya que recibió un trato despótico y nulo apoyo económico del ofensivo edil. Como secretaría de Turismo con Marcelo de los Santos, Véliz fue denunciada de dilapidar los boyantes recursos del balneario de Gogorrón, ubicado en Villa de Reyes y auto rentarse autobuses para los actos públicos.
En la secretaría de educación, Gallardo colocó a otro incondicional, al litigante y doctor en gestión educativa, Jesús Ernesto Barajas Ábrego, que se desempeñó en dos ocasiones como secretario del ayuntamiento de Soledad. Fue dirigente del PRD municipal y fungió como secretario del ayuntamiento de San Luis Potosí, con Gallardo Juárez, en la recta final, donde sustituyó a Marcó Antonio Aranda, que después denunció al ayuntamiento por falsificarle su firma en 20 contratos para instalar purificadoras de agua.
El coordinador de comunicación social es el ex alcalde interino de Soledad, José Gerardo Zapata Rosales, uno de los hombres más leales al dueto de los Gallardo. Zapata, después de su paso por varios medios informativos como reportero, fue director de deportes con Gallardo Cardona. Después fue el jefe de prensa de Gilberto Hernández. En 2016, Gallardo Juárez lo nombró director de comunicación social del ayuntamiento de San Luis. Al reelegirse Hernández Villafuerte en Soledad en el 2018, Zapata brincó como primer regidor. Cuando el edil solicitó licencia para buscar una curul federal por el sexto distrito, Zapata se quedó como alcalde interino.
El hoy vocero gubernamental desplazó de los afectos a su mentor, Gerardo Alfaro, que ahora se dedica a manejar los perfiles falsos y troles con los que ataca desde las sombras a los críticos de sus mecenas. Lo compensaron al colocar en dos ocasiones a su esposa Angélica Frías, como regidora en Soledad. Zapata tiene la encomienda de cuidar la imagen de sus jefes y entregar los contratos publicitarios más jugosos a los medios del propio Gallardo o los que desde siempre se han identificados como promotores del proyecto político, como ContraRéplica, CN13, Código San Luis, La Orquesta y tantos más.
El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional es Luis Enrique Hernández Segura, que en las anteriores elecciones para diputado local, fue el que más votos le juntó a su ambivalente jefe, Gallardo Juárez, que decidió sacrificarlo para agradar al magnate Pablo Valladares, que ubicó en la curul a su protegido, Gerardo Serrano, alias “El Chilillo”. Con la moral baja, Hernández renunció de manera temporal a las filas de adeptos del comerciante pollero, que ahora lo rescata del ostracismo.
La directora del Instituto de la Mujer es Marcela García Vázquez, activista y defensora de los derechos de las reclusas, a las que enseña arte y poesía. Casi logra ser diputada local con las siglas de Morena. Se confrontó por la equidad de género, con el sempiterno legislador de Conciencia Popular, Óscar Vera, quien se resistió a perder su curul casi vitalicia. Luego, tampoco su partido la abrigó, ya que cayó en la sobre representación. Fue catedrática de comunicación en la Universidad del Centro de México. Fue Vvcera en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hizo algunas pesquisas criminalistas con el ex jefe de la policía federal y estatal, Julio Alfredo Ceballos Alonso, enemigo irreconciliable de los Gallardo, a los que se apresta a combatir con grupos de defensa urbana.
El director de pensiones es Jorge Alberto Escudero Villa, antes representante del PRD ante el Consejo Estatal Electoral, en la etapa que estuvo al frente del partido, Ignacio Segura Morquecho, acusado de cometer un fraude patrimonial por más de 15 millones de pesos. Escudero hizo equipo también con el dirigente José Alfredo Guadalupe Zamora, que se confrontó de manera peligrosa con los Gallardo, a los que llamó mafiosos. Escudero fue testigo de los métodos gansteriles de los ex alcaldes de Soledad, para regentear a su antojo la franquicia, que saturaron con beneficiarios de los programas asistencialistas. Presenció cuando a batazos, doblegaron al delegado del partido, Antonio Ortega, hermano del líder nacional, Jesús Ortega. El cargo que obtiene Escudero es un premio a la ciega obediencia.
En la lista de colaboradores del nuevo gobierno, figura como director del archivo histórico, el ariete político, biógrafo y consejero de la familia Gallardo, el feroz herrero, Jesús Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”, que antes fue director de las bibliotecas de Soledad, donde se hizo pasar como ingeniero. Tiene estudios de secundaria, pero en el boletín que difundió comunicación social de gobierno, sobre los integrantes del gabinete legal y ampliado, le dieron el título de licenciado. El arribo de Aguilar fue uno de los que más causó polémica en las redes sociales y molestó al gremio de los historiadores. Suple a la doctora en historia, Flor de María Salazar. Gallardo lo usó sistemático para atacar en forma soez al alcalde de la capital, Xavier Nava y las voces críticas del actuar público de su jefe.
Gallardo Cardona no cumple con la ley y faltó a su compromiso de campaña, al asegurar que 7 de cada 10 integrantes del gabinete serían mujeres. También dio cabida a la llamada legión extranjera, al nombrar como contralora a Lilia Villafuerte González, su ex compañera de bancada en el congreso federal, originaria de Guanajuato. En la Junta Estatal de Caminos designó a Mowgli Sandino Tinajero Gutiérrez, mexiquense y ex colaborador del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando gobernó el Estado de México. En los últimos cargos fue asesor en las coordinaciones generales de los Centros de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y director adjunto de la coordinación de la dependencia federal. Y en el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo, a Lidia Malvido Flores, ex funcionaria de la Secretaría de la Función Pública y del extinto Bansefi. A la veracruzana Nahomi Proal Huerta, la colocó como Secretaría Técnica de Gabinete.
Después de la caída de Fausto Zapata en 1991, a los 14 días de haber tomado protesta como gobernador, ya no se había repetido la zozobra que genera el presunto mandatario que ganó con las siglas del Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona, que recibió la constancia de mayoría el 13 de junio, después de obtener más de 458 mil votos, contra 400 mil 273 del candidato de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza. Para simular que tiene el respaldo de diversos sectores y que las impugnaciones en su contra por fraude electoral no tienen sustento, el ex diputado federal se juntó rápido con la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se reunió con el arzobispo, Jesús Carlos Cabrero. Ambos se proponen recuperar la paz social. Comió con el sector empresarial, donde estuvo el ex gobernador interino, Teófilo Torres Corzo. Hizo una gira por la entidad donde prometió a los alcaldes, trabajar unidos, apoyarlos sin distingos ideológicos.
Los que analizan los vaivenes de la política local, sostienen que prevalecen las dudas y zozobras. Aluden a que en San Luis, todavía flotan en el aire tres guadañas que pueden cercenar las aspiraciones del nuevo inquilino del palacio estatal. Una es el dictamen pendiente, definitivo, que emita el Instituto Nacional Electoral, sobre los topes de campaña. Ya el Frente Anti corrupción adelantó que hubo un sobregiro de casi el 20%, equivalente a más de 7 millones de pesos. Lo cual es todavía una cifra muy conservadora. El INE también debe confirmar que no hubo un proselitismo ventajoso, tres años antes que los demás competidores. La otra cuchilla filosa se refiere a los expedientes criminales que hilvanó la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se sustentan el lavado de dinero en las recientes campañas a través de empresas fachadas. Lograron el giro que más le convino. El tercer cadalso es el fraude electoral sin ambages, frío, directo. Se plantea que no sería muy sorpresivo, que en la entidad hubiera un interinato más, ya que ocupa el primer lugar nacional, después de las trágicas y dolorosas experiencias de Fausto Zapata, Gonzalo Toribio Martínez Corbalá, Teófilo Torres Corzo y Horacio Sánchez Unzueta. Aunque López Obrador recibió a su alfil el 13 de julio en el palacio nacional, las sospechas de quedarse sin cargo no lo abandonan.
En los grupos de Whatsapp donde participa, el ex diputado local del PRD y notario uno, Eduardo Martínez Benavente, urgió a limpiar las recientes votaciones del 6 de junio, donde se registró un fenómeno nunca antes visto: la aparición de actas de escrutinio y cómputo, sin folio, que son más grandes y gruesas a las institucionales que maneja el Instituto Nacional Electoral. El minucioso estudio lo realizó la perita en dactiloscopía y grafoscopía, Verónica Salas Leura, que analizó un documento con el número 10226C011110 y otra sin registro, usadas en la controvertida jornada. El uso excesivo de boletas clonadas, también lo denunció el ex candidato a la alcaldía de Soledad por Nueva Alianza, Roberto Cervantes Barajas, quién además, anotó otra variante, la compra de la estructura de los partidos pequeños, para abandonar las casillas y dejar que el Verde Ecologista maniobrara a su antojo.
Hay muchas similitudes del fraude reciente con el cometido por el PRI hace 6 años, cuando recurrió a la aceitada maquinaria fraudulenta de los comerciantes polleros y ex ediles de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallado Cardona, para colar al doctor en derecho, Juan Manuel Carreras y doblegar a la inminente triunfadora, la panista Sonia Mendoza, que ahora se sumó a sus inclementes verdugos. El pacto fue dejar que ganara en la capital, Gallardo Juárez, que se impuso al todavía diputado federal, Xavier Azuara, que abandonó la plaza cuando, una semana antes de los comicios, fue ejecutado uno de sus coordinadores de campaña, José Luis Pacheco. En las negociaciones, se acordó soltar a su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, preso en las mazmorras de Saltillo, Coahuila, pero usar su eficiente estructura para hacer ganar a Carreras, al que las encuestas ubicaron como seguro perdedor. En la amenaza de muerte que Gallardo Juárez le hizo en la Plaza de los Fundadores, resaltó que el mandatario saliente, también le arrebató el triunfo en el 2018, cuando buscó reelegirse como edil de la capital. Se quedó sin estrenar sus camisetas que tenían la leyenda de ganador, ya que
recibió la orden, de última hora, de quedarse quieto, ya que lo había doblegado su oponente, Xavier Nava, dos a uno. Y el polémico dueto no iba a soportare un tercero revés.
Por su parte, la diputada federal del PRD, Guadalupe Almaguer Pardo, denunció que miles de potosinos no aceptan los resultados del 6 de junio, ya que prevaleció la trampa, perpetrada por mapaches contratados por Gallardo, oriundos de Tamaulipas e Hidalgo. Negó que el Consejo Estatal Electoral se haya corrompido al avalar resultados inverosímiles, pues sus integrantes fueron amenazados. Fue por lo que se impuso el obsoleto argumento de la caída del sistema, que se manejó hace 30 años. Exigió que el organismo, al menos explique, en qué consistieron las fallas técnicas, “quién administró el software, a qué empresa se contrató, con quienes está ligada. No vaya a ser que se trate de una jabonera”.
“¿Dónde están las miles de boletas de gobernador que nadie encontró? ¿Por qué hubo actas de escrutinio sin folio o con el folio hecho a mano, con tinta de lapicero?”. Instó a sacar la casta huachichil, ya que una ciudadanía callada y omisa, no le sirve al país. Aseguró que el Verde Ecologista empuja un gobierno delincuencial en la figura de Ricardo Gallardo Cardona, acusado de enriquecimiento ilícito, crimen organizado y evasor de impuestos. “Es peligroso que en México lleguen tales perfiles. Los demás candidatos debieron frenarlo. Pero tenemos un gobierno federal permisible. Es impresionante, que el mandatario, al otro día de los comicios, exalte a las pandillas delictivas, por haberse portado con orden”.
El articulista de Pulso, Alfredo Lujambio Rafols, censuró el desempeño del Consejo Estatal Electoral, que no cumplió con el artículo 30 de la ley respectiva, donde se establece que debe tener un desempeño profesional. Se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima publicidad y objetividad. Lo acusó de “complicidad culpable” en los recientes comicios, al permitir, se suplantaran de manera abierta, 47 presidentes de casilla, 132 secretarios y 289 escrutadores, por militantes del partido Verde Ecologista, a los que se les había ordenado, presentarse a primera hora de la mañana para ocupar los primeros lugares de la fila y ser designados como funcionarios, ante la ausencia de los insaculados por ley, que fueron amenazados si acudían a cumplir con su tarea el día de la jornada electoral.
“Fueron incorporados 468 afiliados al Verde en los distritos 5 y 9, que estuvieron presentes en 303 de las 458 casillas instaladas. Los datos se obtuvieron del padrón de militantes del Verde Ecologista, publicado en la página del Instituto Nacional Electoral, que fue cotejado contra el documento de integración de las casillas, difundido por el consejo electoral. Aparecieron miles de boletas electorales sin folio, de dimensiones y formatos distintos a las actas de escrutinio, de diferentes medidas, elaboradas con firma del representante del PAN, en casillas donde no acudió. Al más puro estilo de los tiempos del partido único, urnas embarazadas, desde el comienzo de la jornada. Expulsaron representantes opositores de las casillas. Una imperdonable falla en la cadena de custodia del material electoral, lo que permitió el extravío de casi 9 mil boletas electorales”.
“La diferencia que Gallardo Cardona sacó a Octavio Pedroza en Soledad, dan cuenta de un fenómeno muy extraño. Son la disparidad exagerada entre los votos obtenidos para la alcaldía, de los diputados locales y gobernador, lo que hace sospechar vivamente de alguna maniobra para favor al ex diputado federal: por cada 100 votos que le dieron a Leonor Noyola, a Gallardo Cardona le entregaron 149. Por cada 100 votos a favor de candidatos del Verde a diputados locales, al jefe le entregaron 130. Una diferencia que solo se podría entender como parte de un inexplicable voto manipulado entre los seguidores de Gallardo. O por alguna jugarreta operada de manera muy precisa para ampliar de manera suficiente la ventaja y asegurar el triunfo”.
“El consejo electoral debe explicar cómo fue posible que quedara como presidente de la casilla en la que votó el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, la ciudadana Lucero Aguilar Fuentes, identificada como militante del Verde y seguidora de Gallardo Cardona, que sin vivir en la sección electoral de la casilla, al acudir el edil, se puso de pie y le lanzó insultos en forma agresiva, sin que nadie le aplicara un castigo alguno, como removerla de inmediato, expulsarla del lugar. No fue sujeta a sanción penal, por provocar el desorden. Los consejeros electorales no cumplieron con la tarea de garantizar comicios como la ley ordena. Deben dar explicaciones muy a fondo a la ciudadanía. Si se niegan, entonces para qué sirve el órgano donde laboran?”.
En su oportunidad, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, habló de defender el voto libre y auténtico de la gente, que no merece un fraude electoral, menos un gobernador como Ricardo Gallardo. Exigió anular las elecciones. Manejó tres causales, rebasar el tope en gastos de campaña por más del 24%, vulnerar la cadena de custodia del material electoral y el uso de los influencers por parte del Verde Ecologista. “Tenemos la certeza que a partir de los elementos presentados, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmen que se anula la contienda para dar paso a nuevas votaciones”.
El ex candidato a la gubernatura por la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza, dijo que lo ocurrido no era un agravio a su persona, es a los más de 400 mil potosinos que lo respaldaron y la democracia en la entidad, por lo que se van agotar todas las vías legales para conseguir que los comicios sean nulificados y se reponga con otros extraordinarios.
“Confiamos en los órganos electorales, estamos ciertos que los integran gente proba, que estará a la altura de las circunstancias ante la cantidad de evidencias que respaldan nuestra queja en el INE y las impugnaciones en el órgano electoral de San Luis Potosí”. Aseguró que actuarán con absoluta certeza. “Jamás pondremos en riesgo la paz social de la entidad, sabemos a qué nos enfrentamos”. El coordinador jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, comentó que la ruta legal es que el INE defina el 22 de julio, el rebase del tope de campaña. Luego, el órgano electoral de San Luis Potosí, anulará las votaciones. En caso de no ocurrir, entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolverá en definitiva las impugnaciones que presentarán. En la conferencia de prensa estuvieron además, el secretario del PAN, Héctor Larios. La secretaria adjunta, Cecilia Romero. La secretaria de asuntos internacionales, Mariana Gómez del Campo y el representante ante el INE, Víctor Hugo Sondón.
En un artículo escrito por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, publicado en el Diario del Yaqui, destacó que por múltiples anomalías, agravios y violaciones, han exigido la nulidad y reponer el proceso electoral para las gubernaturas de San Luis Potosí, Campeche, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Expuso que Gallardo rebasó el tope en los gastos de campaña un 24%, equivalentes a más de 7 millones de pesos. Según el artículo 41 de la constitución, es causa de nulidad cuando el gasto de campaña se excede en 5%. Aseveró que el proceso electoral no ha concluido. Los cantos de victoria de quienes dicen, arrasaron en las gubernaturas el pasado 6 de junio, son sobre la base de un cúmulo de violaciones constitucionales, con el agravante de que lo hicieron de la mano del crimen organizado, un elemento grave y dañino para la democracia. Es lamentable y preocupante que López Obrador no haya querido recibir las denuncias. Argumentó que los asuntos electorales debían atenderse en los instancias correspondientes, cuando se trata de un tema de la mayor relevancia, vinculado a la seguridad nacional. Prefiere vivir una realidad alterna, en su burbuja de autoengaño, donde el país está en paz y la delincuencia organizada se porta de maravilla. En el peor de los casos, estamos en camino a un narco estado, donde las acciones delictivas cuentan con el respaldo del ejecutivo. ¡No debemos permitirlo!
El columnista de Pulso, Juan José Rodríguez, destacó que en México existe un grupo de notables que se llama Ágora, donde hay académicos, políticos y editorialistas de diversos medios. Se reunieron con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien les dio una charla sobre las elecciones del 6 de junio, apoyado en 59 láminas de Power Point, con abundantes datos. Después aceptó preguntas. Alguien que tiene vínculos con San Luis, le preguntó sobre la gubernatura, que fue impugnada. Le dijo que se trata de un tema estatal procesado en las instancias locales. En su caso, el Ine presentará el 22 de julio, los dictámenes fiscales. Los casos donde haya rebase de topes de campañas, se turnarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que aplique las sanciones correspondientes. Si se exceden arriba del 5% y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es inferior al mismo porcentaje, la ley dicta anular los comicios.
El articulista deslizó que el Ine y el tribunal limaron asperezas a raíz de que anuló las aspiraciones de los ex candidatos a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y de Michoacán, Raúl Morón, antes sancionados por no rendir cuentas claras. Expuso que Córdoba citó al Verde Ecologista, que reincidió en violaciones graves a la ley, por lo que era factible, recibiera un castigo ejemplar. Otro de los participantes, “le preguntó en un sentido más amplio, sobre el riesgo de que llegaran a posiciones de poder, personajes vinculados a la delincuencia organizada. Y si había algo que se pudiera hacer al respecto”. El funcionario comentó que se
necesitaban acciones coordinadas de distintos órganos e instancias del ámbito público para impedir que asuman el cargo.
Al ex gobernador Marcelo de los Santos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en fecha reciente, lo llamó Maestro Limpio, por su habilidad para blanquear las cuentas públicas de ex mandatarios de San Luis y otras partes del país. Contrataron sus servicios contables para ocultar desvíos y mal uso de los recursos públicos. La misma fórmula aplicó para esconder los oscuros manejos financieros. Uno de los muchos escándalos que lo siguió después de dejar el cargo, fue el quebranto por más de un millón 350 mil dólares que causó al fondo de pensiones de los burócratas del estado.
Sin permiso de la Junta de Gobierno, en forma unilateral, el entonces director de la dependencia, Luis Gonzaga Sánchez Espinoza y el director de préstamos a corto plazo, Augusto Ramírez de Arellano, decidieron invertir 3 millones 100 mil dólares del rubro de contingencia destinado a las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, en un fondo de renta variable denominado Global Style Blend, de la empresa Bernstein Global Wealth Management, con oficinas centrales en Londres y Nueva York.
La inversión se concretó en octubre del 2007, para junio del 2010, el dinero de los burócratas había perdido más del 45% de su valor, al contar solo con un millón 647 mil 676.34 dólares. La pérdida fue de un millón 353 mil 232.66 dólares, según revelaciones que hizo el actual director de pensiones, Osiel Yudiche Lara en 2012. Se constató en una demanda que interpusieron en 2016, Nancy Lara Rubio, secretaría de organización y Angélica Chávez Castillo, secretaría de actas del sindicato minoritario de burócratas, en contra de Yudiche y los integrantes de la Junta de Gobierno de pensiones, durante el mandato de Fernando Toranzo Fernández.
Fue hasta el 2010, cuando Yudiche notificó la pérdida a la Junta Directiva, integrada por el ex diputado local del PRD, Ismael Trujillo Martínez, como representante del gobernador. La de finanzas, Silvia María del Carmen Arellano Vázquez. El comisionado de los trabajadores, Olegario Saldaña Coreno. El enviado de la sección 52 del magisterio, Ángel Pecina Hernández y el portavoz de telesecundarias, Moisés Vázquez Briones. La junta aprobó que Yudiche retirara la inversión para impedir una pérdida superior a la que ya se tenía registrada. Denunció ante la contraloría interna a su antecesor, Luis Gonzaga Sánchez Espinosa, al que se le abrió el expediente administrativo 049 / 2010.
La dependencia se tardó cuatro años en concluir las pesquisas. En julio del 2014, dictaminó imponer una multa por 54 millones de pesos e inhabilitar por 20 años, para ocupar cargos públicos, a Gonzaga Sánchez y al ex director de préstamos, Augusto Ramírez. La multa impuesta equivalía al triple del quebranto, informó el entonces contralor, Alejandro Padrón Moncada. No descartó implicaciones civiles y penales para los responsables. Sin embargo los aludidos impugnaron el resolutivo y en mayo del 2016, los tribunales resolvieron dejar sin efecto los castigos para los implicados. Se estableció que la contraloría no fundamentó la querella para hacer válidas las sanciones.
El 16 de marzo del 2010, Marcelo de los Santos fue nombrado director de la Casa de la Moneda en San Luis Potosí, por el secretario de hacienda, Ernesto Cordero Arroyo. Se llevó de colaborador a Gonzaga Sánchez, que hasta el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, fungía en la empresa como director corporativo de administración y asuntos jurídicos. El contador renunció al cargo en febrero del 2013, para enfrentar los cargos que le imputó la contraloría estatal, por el desvío de recursos del crédito por mil 500 millones de pesos que solicitó un mes antes de concluir el sexenio. El 25 de septiembre, el contralor Isaac Delgado Rodríguez resolvió imponerle una multa de 7 mil 791.3 millones de pesos y lo inhabilitó 20 años para ocupar cargos públicos. El aludido impugnó los cargos ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, el cual resolvió que la instancia no tenía competencia para multarlo e inhabilitarlo. En todo caso, se debió actuar con un juicio de procedencia ante la Secretaría de la Función Pública. La contraloría recurrió en dos ocasiones ante los tribunales federales, según informó el nuevo titular, Gabriel Rosillo Iglesias. En 2017, un juez federal se inclinó a favor de Marcelo de los Santos y Gonzaga y los liberó de toda carga.
En diciembre de 2016, el tema del desfalco a pensiones lo retomó la dirigente del sindicato minoritario de burócratas, Francisca Reséndiz Lara, a través de sus colaboradoras, Nancy Lara Rubio y Angélica Chávez Castillo. Entablaron una demanda contra Toranzo, el secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía, la líder del sindicato mayoritario, Bernadina Lara Arguelles, Osiel Yudiche Lara y los integrantes de la Junta de Gobierno, Ismael Trujillo Martínez, Silvia Arellano Vázquez, Olegario Saldaña Coreno, Ángel Pecina Hernández y Moisés Vázquez Briones, por los delitos de robo calificado, fraude, delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, ejercicio indebido de las funciones públicas, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.
El detonante para la demanda fue que la oficialía mayor, mediante un oficio, le notificó a los sindicatos, que partir del 1 de noviembre del 2016, se dejaba sin efecto la promoción que tenían los trabajadores, de otorgarles un incremento de tres niveles en el tabulador, del 20% a quienes solicitaran jubilarse por cumplir 28 años de servicio, en el caso de las mujeres y 30 los hombres. En el escrito se argumentó que la medida se tomó porque pensiones les expuso la sangría del fondo de los burócratas y las restricciones presupuestales.
En la querella, Reséndiz señaló que bajo la responsabilidad de los demandados y las decisiones que tomaron para invertir los fondos en paraísos fiscales, habían cometido delitos en perjuicio de los trabajadores que aportan sus recursos para un retiro digno. La demanda se ratificó en enero del 2017 y en abril del 2018, el agente del ministerio público, adscrito a la mesa uno, especializado en delitos cometidos por servidores públicos, José Luis Pérez Saucedo, determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de los demandados.
Refirió que Yudiche Lara, al sugerir que no se otorgaran las prestaciones a los trabajadores que se fueran a jubilar, no constituía un delito. Y las inversiones que acordó la junta directiva de los burócratas, lo permitía el articulo 50 de la ley de pensiones, donde se establece que cada sector cotizante, previa permiso de la junta directiva, podrá utilizar bajo su riego, el fondo sectorizado para adquirir acciones, obligaciones y valores de compañías que no sean mineras, petroleras o que funden sus utilidades en circunstancias imprevistas o al azar. Se menciona que la inversión de los 3 millones 100 mil dólares, en un fondo de renta variable en Alliance Bernstein, donde se perdió más de un millón 353 mil dólares, se hizo en el periodo de Marcelo de los Santos, cuando fungía como director Luis Gonzaga Sánchez Espinosa. No fue autorizada ni aprobada por los imputados. Lo que si permitieron fue invertir 50 millones de pesos en la firma Principal Fondos de Inversión y el cambio de depósitos de 27 millones 114 mil 98.70 pesos de Actinver Casa de Bolsa a Interacciones Casa de Bolsa, lo que les permite la ley de pensiones.
Al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, el 8 de julio pasado se le vio muy contento ante la prensa, cuando anunció de manera pública, que asumiría la presidencia de la Confederación Nacional de Gobernadores, Conago, ya que antes se había desempeñado como vicepresidente de la misma y ahora tendrá la oportunidad histórica de presidir la importante conferencia. Lo hará en sustitución del gobernador panista de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.
La fecha en que deberá tomar posesión Carreras López como presidente aún no se ha definido. El mandatario hizo hincapié en que asumirá con responsabilidad y compromiso el cargo. Junto con los demás gobernadores del país, podrá empezar a construir una agenda de trabajo especial y dar continuidad a los proyectos preestablecidos. La toma de protesta de Carreras se celebrará en la capital potosina.
La Conago es una agrupación política nacional, nacida en Cancún, Quintana Roo, el 13 de julio de 2002, con la presencia de gobernadores del PRI y PRD. Para el siguiente año, en febrero del 2003, se unieron los del PAN y para el 30 de julio de 2003, se integran de todos los partidos políticos, reafirman la voluntad superior de los estados con el pacto federal. El motivo de fondo para hacer la agrupación, tuvo que ver con el propósito político de hacerle contrapeso a las decisiones del ex presidente Vicente Fox Quesada.
Entre otros objetivos de la Conago está fortalecer el federalismo y tener prácticas democráticas para nombrar a los miembros que la presiden. El trato entre los miembros es de iguales. La Conago se constituye como un espacio de diálogo a partir de la celebración de reuniones ordinarias, mediante las cuales los gobernadores discuten, analizan y toman decisiones conjuntas sobre los temas y necesidades prioritarias de México y fijan posiciones en temas como seguridad o política social. Pero la mera razón de fondo ha sido el medir sus fuerzas con el presidente de la república, como fueron los casos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Pero, las circunstancias han cambiado tanto para la Conago como para algunos de sus miembros, ya que no existe la misma conformidad en sus filas, como pasó en 2003. Desde la llegada del gobierno de la cuarta trasformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en la cita del 4 de diciembre de 2018, se manifestaron las diferencias en las propuestas del presidente y las agendas individuales de algunos gobernadores.
Para ser más precisos, los panistas de Chihuahua, Baja California Sur y el de Guanajuato, no apoyaron la militarización de la Guardia Nacional, ni a los delegados del Bienestar. Algunos priistas fueron más sensatos y mejor optaron por seguir los lineamientos que les planteó AMLO, apostando con tacto e inteligencia a los planes presidenciales y la supremacía jerárquica del mismo López Obrador, porque de lo contrario no entenderían cómo funciona la política. En razón de que el que preside la república, los preside a todos. En otras palabras, significa que AMLO es el jefe de la nación mexicana.
Algunas voces han pedido al tabasqueño que no haya ni perdón ni olvido de algunos ex gobernadores corruptos, como lo pidió el de Chihuahua, Javier Corral, sobre César Duarte. Desde entonces se marcó la inconformidad de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, quien no tuvo más remedio que doblar sus manitas cuando lo visitó el presidente. Y ante las circunstancias de inseguridad, criminalidad y violencia, aceptar una estrategia conjunta.
En su discurso, Diego Sinhue destacó que está dispuesto a trabajar en conjunto con las fuerzas federales. Antes no concurría a las juntas de seguridad de su estado, ahora lo hará todos los días en lo sucesivo. Otro inconforme fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, que hasta le dio consejos al presidente AMLO, de que no fuera a entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque los hechos políticos que se vieron en la visita a Washington el 8 de julio fueron una muestra del acierto político y del éxito obtenido, que fue evidente.
Al asumir Carreras López la presidencia de la Conago, tendrá la gran oportunidad de estar en contacto más directo con el presidente AMLO y de paso aprovechará la coyuntura para negociar a la persona que planea dejar en su lugar. La prioridad personal es el asunto de la sucesión, deberá ser alguien que esté dispuesto a cuidar sus espaldas después de dejar el cargo. Vive su último año en el poder y para su desgracia, existen serios señalamientos de probable corrupción en la secretaría de salud, que lo podrían poner en una situación peligrosa. Luego tiene problemas domésticos con la violencia, el covid 19, baches económicos, falta de impuestos suficientes para resolver inversiones y un congreso estatal que no domina, lo que lo pone en un sitio incómodo.
Otra de las responsabilidades que tendrá Carreras como presidente de la Conago, será conciliar con sus compañeros para unificarlos a favor del presidente AMLO, tarea nada fácil, porque el país se encuentra afectado en lo económico y por el covid-19, pero tiene el perfil para comunicarse con sus homólogos del PAN, ya que todos sabemos, laboró con Felipe Calderón y debe conocer muy bien cómo abordar a sus amigos panistas, con sus virtudes de negociador nato.
Le llegada como presidente de la Conago para Juan Manuel Carreras, es muy necesaria para sí mismo, por lo que se justifica la frase de que le cae como anillo al dedo. Pero lo beneficia en lo individual, no a los potosinos, porque no ha encontrado eco de la emoción con que dio a conocer la noticia. Lo anterior tiene un sustento lógico. A nivel nacional, Juan Manuel Carreras ocupa el lugar 24 de desempeño como gobernador. Y San Luis Potosí es uno de los más corruptos del país.
Bueno y ¿por qué más? Dejo aquí las razones. Carreras no es un gobernador querido y aceptado por la mayoría de los ciudadanos, pero sí es un gobernador sensato ante los ojos de AMLO, lo que lo favorecerá en su momento. Le tocará representar a los 14 gobernadores que también harán lo mismo, buscar a sus sucesores y salir sin lastres. ¿Podrá Carreras negociar con el presidente AMLO a nombre de sus compañeros, lo que lo colocará hasta con posibilidades de ser colaborar en el futuro del gobierno federal?. Todo dependerá de sus oficios y que no se distraiga de su propósito.
Cuando Carreras asuma la Conago, no cambiará los pendientes que ya tiene. La pandemia sigue, volvimos al semáforo rojo, las muertes se dan por todos los rumbos, los problemas económicos están vigentes. Debemos reconocer que la presidencia de la Conago es una honrosa oportunidad para Juan Manuel Carreras y su familia. Mientras sucede, los pendientes de obras quedan, como la tratadora de agua del Morro, la presa La Maroma, el parque Tangamanga de Matehuala, el metrobús capitalino y el drenaje del río Santiago.
Fue inteligente y políticamente correcto que el PAN haya dado un primer paso para evitar la división interna exactamente cuando faltan pocos meses para la selección de su candidato a la gubernatura. A diferencia de otros partidos en Acción Nacional hay demasiados aspirantes, esto complica en exceso llevar a cabo una selección tersa que evite repetir los errores del pasado. En el PAN hay malas experiencias al respecto. En las últimas dos contiendas para gobernador cuando tenían todas las posibilidades de ganar fueron vencidos por las confrontaciones internas, las traiciones y las estrategias de guerra sucia entre compañeros. Ocurrió así durante las elecciones en las que fueron candidatos Alejandro Zapata (2009) y Sonia Mendoza (2015).
Alejandro tenía casi el triunfo en la bolsa – Así lo reportaban las encuestas en el arranque de la campaña- pero al final fue derrotado por el doctor Fernando Toranzo. En aquella ocasión otro de los aspirantes a la candidatura, el virtuoso ejecutante del trapecio político, Eugenio Govea, no aceptó su derrota y renunció al PAN argumentando que la elección interna había sido un cochinero y que la candidatura de Zapata era producto de un fraude. Semanas después en un acto de traición se unió a la campaña de Toranzo.
Este error fue cometido una vez más en la pasada elección de gobernador, en 2015, cuando Sonia Mendoza fue víctima de todo tipo de bajezas por parte de sus compañeros de partido. Aun así la actual diputada local perdió apenas con 2.7 puntos de desventaja respecto al puntaje de votación que obtuvo Juan Manuel Carreras. La historia pudo haber sido otra si los panistas no se hubieran entregado al canibalismo político.
Ahora y frente al proceso electoral 2020-2021 la gran incógnita es saber si el PAN aprendió de sus errores o si una vez más se impondrán la mezquindad, los egos y las traiciones. Evitar un escenario de división en gran parte depende de la capacidad de operación política de sus dirigentes, es decir, de la destreza que tengan para administrar el conflicto y los momentos de tensión; igualmente resulta fundamental la creación de espacios de diálogo y acuerdo entre los aspirantes para pactar por consenso y con apego a sus Estatutos el método y los tiempos de la selección del candidato.
El dirigente estatal, Juan Francisco Aguilar Hernández, sabe que su desafío mayor es evitar la fragmentación interna en una coyuntura en la que su partido es considerado como el competidor mejor dotado para derrotar a Morena en las elecciones de 2021.
Por eso fue meritorio haber sentado a la mesa de los acuerdos el pasado 8 de julio a Octavio Pedroza, Marco Antonio Gama, Xavier Azuara, Rolando Hervert, Alejandro Lozano, Sonia Mendoza y Xavier Nava. Es la mejor manera de crear un espacio institucional para conducir sin rupturas la selección de su candidato o candidata.
Lo único que podría desbaratar este ejercicio de mediación política sería que la dirigencia nacional no cumpliera su palabra de realizar un proceso democrático, transparente, equitativo y con participación de los militantes y que se intentara imponer a un candidato. Un agravio como este sería letal para las aspiraciones de Acción Nacional de ganar la gubernatura el próximo año.
Luego de los acuerdos que se dieron el pasado 8 de julio entre los siete aspirantes a la gubernatura sería deseable que no haya ataques entre ellos. Cierto que el activismo político de los precandidatos no se detendrá, pero ahora tienen claro que no debe haber juego sucio porque hay que cuidar la unidad interna.
Hasta hace poco los que ambicionan ganar el codiciado trofeo de la candidatura andaban con la rienda suelta, desplegando un activismo desaforado para darse a conocer y ganar terreno en las preferencias de los militantes y los ciudadanos. Pero ahora que fueron llamados a la prudencia por el dirigente estatal todos hicieron el compromiso de cuidar las formas y comportarse con un mínimo de civilidad y compañerismo. Pero deberán además respetar las reglas señaladas en la ley electoral, acatar las normas de sus órganos de gobierno interno, evitar realizar actos anticipados de campaña para no poner en riesgo la elección interna y no comprometer a su partido por violaciones a la Ley Electoral.
Hay quienes consideran que estos acuerdos no se cumplirán, pero en lo personal pienso que hay que otorgarles el beneficio de la duda.
Dentro de un año tendremos elecciones en todo el país. Serán los comicios más complejos, trascendentes y amplios en la historia reciente de México. Es mucho lo que estará en juego en estas votaciones. El 6 de junio de 2021 se renovará la Cámara de Diputados federal, habrá elecciones en 32 estados de la república y en 15 entidades federativas se elegirá a un nuevo gobernador o gobernadora. Será la “Madre de Todas las Batallas” en la que se fortalecerá el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador o iniciará el declive de la utopía que ha soñado construir el tabasqueño.
San Luis Potosí vivirá esta experiencia. Y en este episodio colmado de incertidumbres la gobernabilidad de nuestro estado se verá amenazada en repetidas ocasiones. Habrá desencuentros y conflictos entre la clase política, se acentuará aún más la polarización social y las pasiones podrían salirse de los cauces institucionales.
A partir de ahora veremos aparecer todo tipo de estrategias que tendrán como propósito fortalecer o debilitar a quienes están llamados a desempeñar un rol importante en las próximas elecciones. Seremos testigos de conspiraciones, golpeteos, provocaciones, guerra sucia en medios de comunicación y redes sociales. Serán frecuentes las manifestaciones cuyo propósito será debilitar al gobierno del estado y a personajes políticos con aspiraciones.
Hará falta mucho oficio político, sagacidad, cabeza fría y madurez para que se mantengan las condiciones básicas de gobernabilidad que eviten episodios de anarquía como los que se vivieron el pasado viernes 5 de junio cuando un grupo de jóvenes protagonizaron actos de vandalismo en el centro histórico de la ciudad capital.
A poco más de una semana de ocurridos estos hechos queda claro que se trató de una acción orquestada por profesionales de la provocación. Los conspiradores buscaron obtener como respuesta una reacción violenta de parte de gobierno del estado para fabricar mártires que les sirvieran de pretexto para calificar de represivo al gobierno de Juan Manuel Carreras. No lo consiguieron. Y aunque los jóvenes anarquistas rompieran vidrios, derrumbaran puertas, pintarrajearon edificios, quemaron muebles y hasta una bandera de México, los encargados de enfrentar a los revoltosos no cayeron en la trampa. ¿Qué hubiera pasado si la policía antimotines se hubiera dado gusto golpeando con lujo de violencia a estos jóvenes? De seguro ya habría voces interesadas pidiendo la desaparición de poderes, la renuncia del gobernador, la destitución del jefe de los gendarmes y del propio Secretario de gobierno. Si se hubiera actuado visceralmente para imponer la Ley y el Orden a punta de macanazos los provocadores hubieran conseguido su objetivo.
Pero el balance final de esta provocación es favorable al gobierno del estado. La mayor parte de la sociedad condenó la conducta violenta de estos jóvenes que utilizando como pretexto el asesinato de Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, buscaron debilitar al gobierno de Carreras.
Este intento de envenenar prematuramente el ambiente preelectoral nos entrega algunas enseñanzas.
Primera. A partir de ahora mantener equilibrios virtuosos entre las presiones sociales y la capacidad de respuesta del gobierno (gobernabilidad) será más difícil.
Segunda. El proceso electoral 2020-2021 ya comenzó en nuestro estado y en la lógica de guerra que inspira la actuación de algunos actores políticos todo se vale con tal de adelantar posiciones. No debe haber entonces espacio para la ingenuidad, los perversos seguirán actuando ocultos entre las tinieblas. Es decir y citando al presidente López Obrador. “Le van a jugar al ensarapado”.
Tercera. La avanzada de los ejércitos partidarios de Morena y otros partidos (especialmente del Verde Ecologista) ya están actuando para tomar por asalto la plaza potosina. Su consigna es clara ya fue anunciada hace unos días por su lider: “Nada de medias tintas, ¡no es tiempo de simulaciones!, es decir, o están conmigo o están contra mí (AMLO dixit).
Cuarta. El gobernador es pieza clave para mantener la gobernabilidad del estado y será también actor central en la sucesión gubernamental de 2021. Muchos están interesados en enjabonarle el piso para que se resbale. A sus funcionarios, a sus aliados y simpatizantes así como a su partido corresponde cuidarlo. Si se debilita el gobernador el proyecto de sus adversarios se fortalece.
Quinta. Los partidos opositores a Morena en San Luis Potosí deben estar conscientes de que ha llegado el momento de buscar algún tipo de alianza para que la estrategia de polarización (“Divide y vencerás) no prospere en nuestro estado. Incluso en el futuro inmediato hay que pensar en la
formación de un Frente Amplio que pudiera acordar una agenda de gobierno y un método de selección de candidatos para enfrentar a los abanderados de la Cuarta Transformación (4T).
Sexta. No hay que perder de vista que el presidente y su partido a pesar de sus errores y contradicciones siguen manteniendo fuertes niveles de apoyo y vastas clientelas electorales.
Séptima. Mantener la gobernabilidad en el estado y la unidad interna en los partidos que son contrarios a Morena es una necesidad forzosa para estar en mejores condiciones de competir.
Octava. Cada quien por su lado difícilmente puede ganarle a Morena y al presidente López Obrador.
Novena. Piénselo dos veces aspirantes a la gubernatura: Si el próximo año pierden las elecciones porque no supieron pactar y medir sus posibilidades reales de triunfo ¿podrán resistir otros seis años como oposición (seguramente testimonial) dedicados exclusivamente a lamentarse y a predicar en el desierto?
La niña Zoé Zuleica Torres Gómez es la menor desaparecida del sexenio de Juan Manuel Carreras, que debe encontrarla antes de irse, sentencia el presidente del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, el litigante Ricardo Sánchez García. Destacó que desapareció el 27 de diciembre del 2015, cuando estaba dentro de una camioneta estacionada afuera de un salón de fiestas, ubicado en la colonia Genovevo Rivas Guillén. Un sitio semi despoblado, en un radio de dos a tres cuadras, cerca de la media noche. Calificó el caso como inédito y de los más difíciles de resolver. Censuró la falta de pericia del ministerio público, nulos recursos e insensibilidad para no culminar algunas líneas de análisis. No hay avances. El fiscal Federico Garza Herrera no ha realizado los arreglos suficientes para la búsqueda. Cuando la niña fue sustraída del vehículo, la madre, Carolina Gómez Rocha, presentó la denuncia en lo inmediato.
Los familiares y la procuraduría la buscan sin resultados. Le dijeron que no se preocupara, que al día siguiente iba a regresar. “Nosotros tomamos el caso a los tres meses, cuando la madre llegó a nuestra oficina. Conseguimos la carpeta. Nos dimos cuenta que no existían actuaciones fundamentales. Las entrevistas no se terminaron. No abordaron a mucha gente. Algunos exámenes psicológicos obligatorios, que debieron hacer a los parientes, no se aplicaron. La inactividad en las averiguaciones previas, resultaron fundamentales para que la niña no fuera localizada. Iniciamos pesquisas con documentos, informes, periciales que hicimos después, con testimonios que acudieron a la fiesta, donde desapareció la menor. Hay hilos sueltos que deben seguirse. La fiscalía ha informado que hay casos resueltos. Pero contabilizan todo. Si un niño se le suelta de la mano a la mamá y después lo localizan, lo suman a favor”.
“La encargada del programa Alerta Ámber ha dicho que el único caso de niños que no ha resuelto es de Zoé Zuleica Torres. Es mentira, está el caso de Tadeo Morales González, hijo de la perito Guadalupe González Vázquez, que no lo ubican como desaparecido. Hay muchos infantes y jovencitas en San Luis que no han regresado. Algunas se van por problemas familiares. En el caso de Torres, no hay justificaciones para no aclararse. Le hemos dicho a la autoridad, que no importa resuelvan mil asuntos si existe uno pendiente. ¿Cómo le explican a la madre, familiares y ciudadanía, que la niña no ha regresado en más de tres años al hogar?. Le quitaron el derecho de crecer con los suyos, más allá del dolor de la mamá y su hermanito de 10 años. No se ha concretado por carencia de fondos, nula capacidad para tejer estrategias de búsqueda, incluso, en otros países”.
-Culpan a la madre de haberla dejado sola, en la camioneta.
-Es muy fácil hacer un juicio sobre las progenitoras. En los tiempos actuales, pesa mucho el rol de las mamás. Nosotros que hemos estudiado el asunto a fondo, sabemos que hay muchas circunstancias alrededor. Son económicas, anímicas, de salud, relacionadas con el concepto de ser mujer. Hay un tema de género y violencia en el caso. No hemos querido darle realce a pesar de las críticas que ha tenido. Las atenciones deben centrarse en que, bajo ninguna circunstancia, nadie puede sustraer una menor y llevársela. Hubo alguien que cometió un delito. El estado tiene la obligación de encontrar a los responsables.
-¿Pudo ser algún familiar cercano?
-Es probable, pero se ha descartado la línea. La verdad, es un caso muy extraño. Hemos localizado personas desaparecidas. En algún momento creímos que había muchas oportunidades de lograrlo. Pero como pasa el tiempo, se borran las huellas. Nos cuestionan mucho las razones, motivos y las personas que hayan intervenido. La historia nos consterna. Hay otros casos de niños, con menos datos y podemos saber que pudo ser la delincuencia. Con Torres es muy difícil. Todas las teorías que podemos plantear, al final resultan insuficientes.
-¿Por qué se dijo que pudo ubicarse en Estados Unidos?
-En su momento, la madre estuvo desesperada. Cualquier luz de esperanza para encontrarla, buscó que se concretara. Había elementos que se concatenaron, discursos, testimonios, pruebas. Pero nada fue definitivo, sólo dichos de una mujer desesperada que quiere mirar de nuevo a la hija. En su momento mandó mensajes para sensibilizar a la persona que pudiera tenerla. Creyó que la niña pudo estar en un sitio familiar, atendida de manera adecuada. Pretendió tocar el corazón del captor. Le dijo: si tienes a mi hija, regrésala. No vamos a presentar denuncia. Sólo quiero volver a mirarla.
-¿Fue un caso de secuestro, donde se pidió recompensa?
-No es un caso por dinero. Hubo el intento de extorsión. La mamá recibió llamadas de esperanza donde le dijeron que sabían dónde estaba la niña. Hemos estudiado a la gente que se aprovecha para obtener una ganancia. Se han acercado espiritistas o quienes adivinan el futuro. Lo que hacemos es orientar en base a los testimonios. Tenemos un libro que se llama Red de los derechos para todos y todas que hicieron algunas organizaciones. Plantean que es muy común encontrar a alguien que ofrece soluciones rápidas por un cobro. Algo es fundamental, si dicen tener poderes para mirar lugares o extraviados, deben ayudar. Se trata de una virtud al servicio de la ciudadanía. Si cobran y no dan resultados, es peor. Para quienes imaginan dónde está Torres, por la sensibilidad ante un dolor tan fuerte, darían los datos sin pedir nada a cambio. No sabemos el móvil, en muchos aspectos, se trata de un tema distinto. Una de la razones es que estaba en una fiesta donde la mayoría eran familiares. Entonces, decir que alguien fue hasta el lugar a robársela es muy aventurado. Afirmar que la niña se levantó y caminó donde está oscuro, cuando a unos pasos había luz y sonido, es muy riesgoso sostener que un conocido la sustrajo.
“Ya se investigaron. La niña debe estar en un sitio. Hay que aprender a buscar de otra manera. Las madres de la plaza 25 de mayo de Argentina, lo demostraron al encontrar hace poco al niño 125, cuando fueron robados de manera ilegal en los setentas. Los hallaron y juntaron con sus abuelas. En algunos casos las madres fueron asesinadas y los infantes entregados en adopciones ilegales durante la guerra sucia. Ahora se tienen pruebas como el adn, por lo que debemos cambiar los parámetros. Le hemos dicho a la fiscalía que si desaparece una mujer, se busca de una manera. Si es un joven, de otra. En el caso de una niña, traer especialistas que tengan mecanismos que les hayan funcionado para encontrar menores. Hay que seguir a los niños donde pudieran estar. Empezar en cinco lugares, como las fronteras. En lugares donde los ponen a trabajar en condiciones de esclavitud, trata de personas y con fines sexuales. Investigar en la red subterránea del internet en la que se llevan a cabo los peores delitos. Solicitamos a la fiscalía la ayuda de especialistas y con un software único, ingresar a los espacios donde la niña pudiera estar. Es posible que la tengan en otros países. La búsqueda debe salir de la entidad. Si estuviera en San Luis, ya la hubiéramos encontrado”.
Sánchez calificó de aventurado que el fiscal Garza Herrera haya anunciado en su comparecencia ante el congreso, que estaba por resolver el paradero de Zoé Zulaica Torres. “Imagínate que yo dijera que tengo avanzado el 70%, ¿pero en qué consiste el restante 30%?. Se puede hablar de un porcentaje en las investigaciones, sin predecir los resultados que se van a obtener. Si crea esperanzas en la madre, debe tener todos los datos en las manos. Hemos ido a otras ciudades donde nos dijeron que había una niña con rasgos muy parecidos a Torres. La mamá nos acompañó para reconocerla. En otras ocasiones nos mandaron fotos, fuimos para descartarla. También nos acompañó gente de la fiscalía. Garza no debe generar falsas expectativas tan sólo porque rinde un informe que la gente escucha. Ahora que cumpla y diga dónde se ubica la niña. Mientras no se localice el cuerpo de una víctima, siempre hay la alternativa de que viva. Como lo señala el grito de guerra de los familiares afectados: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los que tienen un desaparecido, no todos aceptan que se los entreguen muertos”.
“No sabemos el móvil. Sería muy elaborado decir que pusieron a la madre en el sitio donde se llevaron a la hija. Urgen acciones para localizarla. El papá, Juan Torres Gómez, tenía mucho separado de la madre. Acudió a la fiesta porque hay un trato familiar con la ex cónyuge, ya que procrearon tres hijos más. Ha colaborado en todo lo que se le pidió, en los interrogatorios, investigaciones y testimonios. Es otra víctima. Hemos seguido sus actividades, conserva el mismo trabajo, vive donde siempre. Si un padre o madre se roba un hijo, lo hacen para convivir. Le pedimos a Garza y al gobernador Juan Manuel Carreras, agoten todas las líneas de investigación. Se comprometió que iba a apoyar con recursos de manera ilimitada. Al fiscal ya se le venció el tiempo, debe dar resultados. No argumentar que sucedió en otro sexenio. Al contrario, responder de manera institucional, demostrar que es mejor que el anterior mandatario”.
“El colectivo Samuel Ruiz acompaña a los padres y demás familiares, que son los actores centrales. Hacemos y dejamos de hacer lo que nos dicen. Las personas que pierden un ser querido, pueden tener varios estados de ánimo. Son procesos muy dolorosos. Deben ser acompañados por profesionales. A veces se desbaratan, se derrumban durante meses. Luego retoman fuerzas para continuar la lucha. Nos marcan la pauta. Hay momentos que la señora Carolina Gómez se desaparece varias semanas cuando existen actividades programadas. Le preguntamos qué hacía y nos contesta que estaba en su cuarto encerrada. Respetamos sus procesos. Caminamos de acuerdo a sus fuerzas. No es fácil, tienen una economía familiar, otros hijos que les exigen, los atiendan. Se los dicen de muchas maneras. Hay cifras alarmantes de niños desaparecidos en América Latina, son miles o millones. Los países con mayores incidencias son los de escasos recursos como Honduras, Guatemala y ciudades de México con mayor pobreza. Los especialistas nos dicen que desaparecen por cuestiones de trata, donaciones ilegales de órganos, adopciones ilícitas u otros fines. Es un drama mundial. También hay infantes perdidos en Estados Unidos, Europa y África. Sabemos de víctimas en Guadalajara, Saltillo, México, con edades similares a las de Zoé Torres. Nos hemos reunido para intercambiar experiencias. Hacemos redes para difundir los casos”.
“En Guanajuato se manejan 25 niños desaparecidos en un sexenio. Hay que tener cuidados extremos. La primera responsabilidad es de la familia, no sólo de la madre, que recibe la carga social de manera natural. Hay varias formas preventivas. En los lugares concurridos, siempre tenerlos agarrados de las manos. Nunca perderlos de vista. A tal edad, no pueden decidir a dónde van. Si alguien encuentra un niño fuera del ámbito familiar, denunciarlo a la autoridad inmediata, para que lo canalice con los suyos. Si existe un delito, el estado debe investigar y esclarecerlo. Nadie está exento de que un hijo se pierda. Cuando hay un extravío ilegal, las autoridades deben actuar. Hay que denunciar y prevenir. Pero tampoco inhibirnos. No quedarnos encerrados o que los jóvenes no salgan a divertirse. La autoridad está obligada a garantizar un clima que nos permita admirar un paisaje, disfrutar del aire. Salir a carretera, sin miedo de que nos van a secuestrar. Hay que construir espacios seguros. Ir al fondo del asunto, relacionado con lo impune. Cada delito que se cometa debe ser castigado. Crear condiciones económicas donde todos podamos encontrar formas de vida digna. A los jóvenes, en lugar de estigmatizarlos de ninis, darles espacios deportivos, limpios, seguros y públicos. No hacer patrullajes con más policías, se requiere sancionar a los que cometen delitos. Abrir fuentes de empleo, ampliar la matrícula en la universidad, ya que muchos se quedan sin estudiar, por no aprobar el examen. Hay que cuestionar el sistema educativo, que desde el origen, no los capacitó para acreditar la prueba mayor. No todos pueden pagar sus estudios, es dónde se crean las condiciones para aumentar la delincuencia”.
-¿Hay momentos y lugares donde desaparecen más personas?
-En la historia de México, en los 70 y 80 las desapariciones fueron estrategias del gobierno en la llamada guerra sucia, entendida como la fuerza del estado en contra de los ciudadanos organizados y disidentes. Tenemos como caso emblemático el del luchador social Rosendo Radilla que terminó con una recomendación de la Corte Interamericana donde se obligó al gobierno a pedir una disculpa de que hubo en México la desaparición forzada. Después se vivieron momentos difíciles en el sexenio de Felipe Calderón, en su guerra contra el narcotráfico, que nos llevó a una etapa muy difícil del 2009 al 2011, donde hubo una gran cantidad de personas desaparecidas, muertos, asesinatos, colgados. Se vieron las peores formas de cometer un delito contra una persona. San Luis no estuvo ajeno a la ola de violencia que se desató en el país. Calderón en su momento le llamó daños colaterales. Como todos los delitos, las personas desaparecidas deben buscarse y encontrarse. No importa si pertenecen o no a algún grupo delictivo. En el lapso del 2011 al 2016 hubo cierta calma. Pero continuaron las desapariciones. La mayoría de las personas que buscamos son del 2011, 2012 y 20113. No los hemos hallado y los familiares siguen las búsquedas.
“En el caso de las mujeres, hemos descubierto que existe un perfil constante. Oscilan entre los 15 y 25 años. Son menuditas, incluso mayores de 18 años, aunque parecen menores. Los horarios en que se las llevan son por las noches o antes de amanecer. Las cargan dónde parten o llegan del trabajo. En cruceros con salidas rápidas. En le entidad, Garza Herrera ha estigmatizado a las personas que desaparecen. Dijo que se fueron con el novio. Habrá unos casos, pero no la mayoría. Los protocolos señalan que las personas deben ser buscadas en lo inmediato. Sabemos que existe una red de trata. El enganche se da mediante el enamoramiento o las redes sociales, donde conocen a otro. Algunas se van por su propia voluntad. Otras veces son amenazadas. Una de las características es que pierden el diálogo con los familiares, al sentirse coaccionadas. El delito de trata existe desde el momento que trasladan a una mujer sin que lo consienta”.
“No hay que esperar 72 horas para buscar a las personas, se debe actuar al instante. No obstante que existen los protocolos, no se aplican rápido por falta de capacidad de las autoridades que tienen el manejo inmediato con los hechos. Los primeros indicios de que alguien desapareció es cuando no existe contacto con la persona que tiene una rutina y constante trato con la familia. Y suceden hechos que no son comunes. También hay jóvenes que se ausentan hasta tres días de la casa, pero sus conocidos están acostumbrados. Otros avisan cuando regresan de sus actividades o envían mensajes que están en determinado lugar. Lo primero que se debe hacer es acudir al ministerio público. Llevar una acta de nacimiento en caso de ser menor de edad. Incorporar datos de las redes sociales que maneja. Una fotografía reciente donde se noten los rasgos físicos y testimonios de las últimas personas con las que se tuvo tratos. Con tales elementos se puede iniciar una indagatoria. Muchas veces por desconocimiento, los familiares suben fotografías y dan los celulares personales. Es como se dan las extorsiones. Se recomienda facilitar los números de las autoridades. Aunque somos críticos de los funcionarios, les pedimos que actúen de manera correcta”.
“Ahora todos los delitos se regulan en el código penal. Antes era común sustraer menores por parte de los padres. Existen maneras de convivencia con los hijos. No todos los desaparecidos terminan como secuestros y extorsiones. Muchas veces es para otros fines que no entendemos. Es una serie de muchos ilícitos. Se le retiene por la fuerza, luego viene la amenaza, extorsión, secuestro y la muerte. Como sucedió con un médico de Tamazunchale, que a los tres días se encontró muerto. Hemos tenido casos donde, a pesar de entregar el botín, le quitan la vida al que se llevaron. La principal víctima es la persona que fue sustraída, pero el delito afecta a toda la familia. Y de manera escalonada, a la comunidad. Los negocios cierran temprano, la economía no se mueve. Los jóvenes optan convivir en las casas, cuando tienen derecho a caminar por las calles en cualquier momento. Antes, el padre, madre, los hijos y la mascota le daban vuelta al parque sin problemas. Hay que luchar para que regrese la calma que antes teníamos. Es tarea del estado garantizarla”.
“Hemos insistido en que la búsqueda se haga ante los primeros indicios. Hay que difundir fotografías para que si alguien miró a la víctima, la reconozca. Revisar las cámaras del C3, C4 y comercios aledaños que pudieron captar los hechos. Aunque muchas veces no funcionan o se revisan tarde, cuando las cintas se borraron. Abordar a las gentes que estuvieron en el lugar de los hechos. Las primeras horas y días son fundamentales para encontrar una persona. El caso del Pirasol, registrado en la huasteca en el 2010, donde desaparecieron 29 inmigrantes potosinos que viajaron en un autobús, ocurrió en un periodo donde hubo mucha delincuencia. No es justificante para que no se haya aclarado. Demostró todas las irregularidades que hubo al investigar. Encontraron el camión, ropa, maletas, otros indicios, pero se realizó la cadena de custodia. Las fosas clandestinas que salieron antes, no se trataban como ahora, con los cuidados que los colectivos hemos impulsado. Se pugna para que haya una base de datos. Exista la figura de un comisionado para la búsqueda de personas. Y que el cargo lo ocupen con figuras que tengan el perfil adecuado”.
“En San Luis hay discrepancias en las cifras de los desaparecidos. Se hablan de 195, 60, menos o más. A nivel nacional, hay estados con mayores índices de desapariciones como Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Cancún, Nuevo Laredo. Por su propia historia e idiosincrasia fueron punta de lanza en buscar a los ausentes. En Veracruz conocimos al sacerdote que comenzó a unirse a los organismos civiles. La gente denunció de forma anónima, el lugar donde existían inhumaciones clandestinas. Se empezó a dar con los cuerpos. Los familiares cambiaron la conducta al saber que el estado no les iba a regresar a los suyos, por lo que debían buscarlos por su cuenta. No los van a encontrar en las carpetas de investigación o averiguaciones previas. O donde los enterraron. Fue un proceso doloroso. Algunos reconocieron que sus familiares no estaban con vida. Luego pasaron a otra etapa donde se unieron a organismos. Sopesaron que al no encontrar al hermano o amigo, ayudarían a encontrar a otros. Se solidarizaron y fue como obligaron a las autoridades a investigar en todas las fosas clandestinas. Sumaron a ministerios públicos, fiscalías, peritos forenses y otros especialistas en antropología y arqueología. Fue como se logró desenterrar la verdad que el estado negó: había inhumaciones clandestinas en todo el país. San Luis tiene su propia historia”.
“Las cifras que se tienen no son exactas porque los afectados tenían miedo hablar. En cierto tiempo era peligroso decir en público algunos conceptos. Cuando hubo denuncias, las mismas autoridades inhibían las búsquedas. Decían, no se metan, no sabemos de qué se trata. Los que decidieron se investigara, después de un año, dos o tres vueltas, se cansaron. Son casos que no se contabilizaron. Hemos encontrado averiguaciones previas que estaban sumergidas en el olvido. Tenían testimonios pero no los consideró la fiscalía. No les convenía aceptarlos. Entre más chico sea el número, mejor. En el 2016 se logró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera un informe especial sobre los desaparecidos. Se reconoció el problema. No es definitivo, se basó en las quejas recibidas. Las cifras negras exceden con mucho a la realidad que se presenta”.
Según una encuesta pagada por el delegado de programas integrales, Gabino Morales Mendoza, realizada por el dueño de la empresa Indagar, Pablo Méndez Salas, el funcionario es el preferido entre los votantes para buscar la gubernatura en el 2021. El “estudio” se realizó entre el 29 y 31 de mayo del 2019. La activista Eréndira Aguillón, en su página de Facebook, denunció que Méndez es empelado de Morales, por lo que los resultados son inverosímiles.
Según Méndez, si ahora fueran los comicios, la primera alternativa sería Morales, con un 64.23% de los votos. El estudio demoscópico se realizó entre 627 habitantes del estado, mayores de 18 años, con un nivel de confianza de 95% y un +/- 5% de error.
Indagar dio a conocer a través de un comunicado de prensa, que llevaron a cabo diversas encuestas sobre la intención del voto en torno a los prospectos para gobernador, de cada partido político, en un ejercicio de estudio para evaluar el comportamiento de las tendencias electorales. Fue como encontró que el 96.07% de los potosinos encuestados tienen conocimiento respecto a las elecciones del 2021. El 97.78% dijo conocer y haber escuchado de Morena.
El 68.98% de los entrevistados se consideran morenistas. El 28.23% está de acuerdo en que Morena postule candidatos que no pertenecen al partido, frente al 71.77% que no están de acuerdo. Un 90.03% están en desacuerdo acerca de una alianza entre Morena y el PAN. Un 8.09% aprueba una alianza entre Morena y PRI. El 88.95% acepta una alianza entre Morena y el PRD.
Sobre los prospectos a gobernador, militantes de Morena, los encuestados consideran a Morales Mendoza como la primera alternativa con 64.23%. Esteban Moctezuma Barragán figura en segundo lugar con el 19.15%. Juan Ramiro Robledo Ruiz tiene el 6.20% en tercer lugar. Le siguen Leonel Serrato Sánchez con el 5.35% y Primo Dothé con el 5.07%. Los potosinos evalúan la actividad política de Morena con un promedio de 7.49%.
Por su cuenta, el ex vocero temporal del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el potosino Juventino Sánchez Rosales, también hizo sus propios sondeos. “A más de dos años de las elecciones, son mucho los que se apuntan para relevar al priista Juan Manuel Carreras, aunque son muy pocos los que llegarán a la boleta por algún partido o de manera independiente. Son varios los nombres que se escuchan, lo mismo que otros, que hasta pagan encuestas de nula credibilidad. Les mencionaré a algunos que considero estarán en la recta final por la candidatura, aunque ignoro si llegarán a la boleta. El ex alcalde de Soledad, ex perredista, diputado federal y ahora no se sabe si morenista o Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona. El joven empresario y emprendedor, Antonio Lorca. Sobrino de Carreras. Ha trabajado como buzo y formado equipo para lo que pueda suceder. Con gran trayectoria política y con un puesto en el poder judicial, aparece Juan Ramiro Robledo. El actual secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán. También le late el corazoncito, aunque se le complicaría, porque toda su vida la ha pasado en la Ciudad de México. Ya vimos lo qué pasó con Fausto Zapata Loredo”.
“Los otros dos morenos, Leonel Serrato Sánchez y el súper delegado, Gabino Morales, van a pelear, pero se quedarán en el camino. Una opción local sería el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, identificado con el priismo, actual delegado federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Siempre ha querido, pero nunca le ha hecho justicia la revolución. Podría lograr estar en la boleta por cualquier alternativa y no por el tricolor. Será un protagonista importante. En donde habrá una guerra será con los azules. El alcalde Xavier Nava quien llegó a la silla gracias al apoyo del PAN, aunque venía de ser diputado federal por del PRD, ya trabaja en la contienda del 2021. Está listo con tales colores o los que se dejen. A la diputada local y ex senadora, Sonia Mendoza, se le quedó la espinita clavada e intentará ser candidata otra vez, pues estuvo muy cerca de Carreras en el 2015. El diputado federal Xavier Azuara imagina que podría pelear hasta el final, pero está verde todavía”.
“Entre los blanquiazules ha metido su nombre Octavio Pedroza Gaytán, pésimo alcalde y peor senador, quien solo ha visto por sus intereses y nunca de los potosinos. En el PRI, que vive un difícil pasaje local y nacional, se maneja al hombre de confianza del gobernador y actual presidente estatal, Elías Pecina, quien ya tuvo una importante cita en la husteca potosina con alcaldes, ex alcaldes y líderes de varios municipios. Otro que figura es Joel Ramírez, secretario de educación, también consentido de Carreras. Es trabajador y leal al sistema. Carlos Jiménez Macías, político con amplia experiencia. Enrique Galindo Ceballos, ex director de la policía federal con Peña Nieto. Como independiente solo existe la figura de Adrián Esper, alcalde de Valles. Ya dijo que desea gobernar a los potosinos. A dos años de las elecciones, son varios los que suspiran, pero solo uno llegará. Ojalá sea el mejor”.