El ex contador mayor de hacienda del congreso del estado durante el cuatrienio de Horacio Sánchez Unzueta y contralor durante más de 2 años en el sexenio de Fernando Silva Nieto, Óscar Alarcón Guerrero es uno de los que aspiran a dirigir la Auditoria Superior del Estado. Es la segunda vez que participa para el cargo. En el proceso del 2014 donde se eligió a José de Jesús Martínez Loredo, también se anotó, pero fue descartado por los legisladores que se apegaron a la línea dictada por el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, que suplantó a su jefe Fernando Toranzo en el mando. Martínez resultó un auténtico fracaso en el cargo.
En la primera de dos entrevistas que sostuvo ante los legisladores integrantes de la cartera de vigilancia, como parte del proceso selectivo, Alarcón Guerrero se asumió como apartidista y aseguró que uno de los motivos por lo que decidió participar fue al ver la triste realidad en la que se encuentra la instancia, con una serie de dudas y señalamientos sobre su desempeño. Dijo que a 10 años de fundada la ASE, se hizo grande en personal. No cumple sus objetivos y se contaminó con el ejercicio de prácticas incorrectas. No es creíble ni tiene autoridad.
Afirmó que incursionó en base a su trabajo “de ninguna forma por amistad o intereses con funcionarios o político alguno”. Pasó de la contaduría mayor de hacienda a la contraloría estatal invitado por los resultados obtenidos, sin tener amistad con el entonces gobernador Fernando Silva Nieto. Su plan de trabajo al frente de la ASE será coincidente con el sistema nacional y estatal anticorrupción. Constará de cinco líneas: capacitación permanente del personal. Revisar y adecuar los métodos de trabajo. Renovar la estructura de la ASE para incorporar otras áreas que dictan las nuevas leyes, como las unidades de investigación y sustentación. Implementar el sistema profesional de carrera y resolver conforme a la ley asuntos pendientes como revisar las cuentas públicas del 2016 cuyos informes rechazó el congreso. Prometió atender todas las denuncias ciudadanas con pruebas que se presenten y trabajar en forma coordinada con la cartera de vigilancia y su nueva unidad de evaluación que supervisará el trabajo de ASE, para recobrar la confianza de los ciudadanos en el ente fiscalizador.
En su currícula, Alarcón detalló que al inicio de su carrera trabajó en el despacho del ex alcalde y ex candidato a la gubernatura por el PRI, Luis García Julián, que antes fungió como consejero ciudadano y presumía su apartidismo. Alarcón también fue socio y director de un despacho con el ex contador mayor de hacienda y ex secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía. Laboró para varias empresas de la iniciativa privada y como auditor externo de organismos gubernamentales como la Feria Nacional Potosina, Colegio de Bachilleres y la delegación del Infonavit, entre otros.
| Ocho de los 24 candidatos que compiten por la titularidad de la ASE, son trabajadores o ex empleados del órgano fiscalizador. Jesús Mejía Lira pretende ahora ocupar el lugar de su ex jefe, Jesús Martínez Loredo. Fungió del 2014 al 2015 como auditor especial de fiscalización municipal y sus organismos, de donde salió, según dijo a los diputados, porque no respetaron su trabajo y le cambiaban por arte de magia los informes, para lo cual no requerían de su firma. Lo que no les mencionó es que por 14 meses que laboró para la ASE, se le indemnizó con 281 mil 768 pesos. Las abultadas liquidaciones al personal fueron una constante en las fallas que se ventilaron. Mejia Lira fue director de administración en la Secretaría de Educación Pública donde tuvo de jefe al ahora gobernador Juan Manuel Carreras López, por lo cual se le ubica como una de las cartas del ejecutivo. También cuenta con el respaldo de algunos legisladores del PAN, ya que fungió como tesorero del ex edil Jorge Lozano Armengol, recordado por privatizar el servicio de limpia que entregó mediante una oscura maniobra a la firma Vigue. Mejía fue contralor con el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y ha ocupado cargos administrativos en dependencias del gobierno estatal, como la oficialía mayor, secretaría de desarrollo agropecuario y comunicaciones y transportes. Es contador público y auditor. Cuenta con una maestría en administración pública y un doctorado en sociología de las organizaciones, que cursó durante un año en una universidad de París, Francia.
En la primera entrevista con los diputados, Mejía Lira lamentó que la corrupción en el país vaya en aumento. Citó un estudio del Instituto Nacional de Competitividad, donde señala que es nefasta, disminuye las inversiones, derrota el empoderamiento, minimiza la credibilidad, afecta el bienestar social, reduce toda eficiencia, genera una mayor desigualdad y obstaculiza la justicia. Mencionó que datos del 2016, revelan que el costo de las corruptelas en México es del 10% del Producto Interno Bruto, cifra que equivale a casi 90 veces el presupuesto de la Uiversidad Nacional Autónoma de México, 8 veces el de la Seretaría de Desarrollo Social y 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. “Con todos los cuestionamientos que se han manejado en la ASE, ¿ Cuánto no podríamos hacer con los recursos”.
“La ciudadanía reclama una verdadera rendición de cuentas. Exige una gran transparencia y adecuado uso de los recursos públicos. Claridad en el ejercicio del gasto, que los reportes sean veraces, con evaluaciones que muestren el impacto, saber que la acción gubernamental causa efectos positivos a la comunidad”. Se pronunció por reforzar los mecanismos fiscalizadores, mejorar el desmepeño de la ASE para que en un plazo breve sea catalogada como una de las mejores del país. Dijo poder afrontar el reto. Prometió cumplir de manera cabal con todas las atribuciones que la ley le confiere. Hacer un análisis de las remuneraciones que perciben los empleados de la auditoria. Clasificar las observaciones que resulten de las auditorías, en graves, muy graves y regulares. Poner el acento en las más complicadas, aplicar las sanciones y procedimientos para evitar que prescriban, como ahora sucede. Presentar las denuncias penales y los juicios políticos que procedan. Dijo que va a trasparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas y solicitudes de los ciudadanos. Habrá de incorporar a la ASE a los mejores hombres y mujeres. Se basará en su capacidad técnica y honradez, no en amiguismos o compadrazgos. Buscará incorporar en el personal una mística de servicio, trabajo de calidad y un rechazo sistemático a las conductas deshonestas.
Otra que aspira al cargo es María del Rocío Torres Armenta, actual jefa del departamento de servicio civil de carrera del órgano fiscalizador. En 13 años ha ocupado los cargos de directora de auditoria, contadora mayor de hacienda, encargada de despacho de la auditoria y coordinadora de organismos autónomos. Es hermana de José Guadalupe Torres Armenta, ex secretario técnico del gabinete con el gobernador Fernando Toranzo Fernández. Con Carreras permaneció en el mismo cargo hasta octubre del 2016. Sobre los Torres Armenta pesan acusaciones de tráfico de influencias y nepotismo. En la auditoria, además de María del Rocío, laboran sus hermanos Ruth del Consuelo Torres Armenta, que se desempeña como jefa de recursos humanos. Marco Antonio Torres Armenta es jefe del departamento del área legal y su cuñada, la auditora, Enedina Ibarra, es esposa de José Guadalupe.
El portal La Orquesta ventiló en marzo reciente la denuncia de la empleada de la ASE, Laura de la Rosa Jiménez, cuyo seguro médico fue usufructuado y agotado sin su permiso por el ex funcionario José Guadalupe Torres Armenta y sus hijos Luis Alejandro y José Pablo Torres Ibarra, que aparecían como beneficiarios. La quejosa notificó la irregularidad a la administradora, Ruth Torres Armenta, que la ignoró, por lo que decidió presentar la querella ante la procuraduría de justicia.
María del Rocío Torres Armenta es contadora pública certificada. Tiene una maestría en gestión pública, diplomados en contabilidad gubernamental, disciplina financiera y presupuesto basado en resultados. En respuesta a preguntas de los diputados, aseguró que no le temblaría la mano para iniciar procesos administrativos por fallas en el manejo de los recursos públicos, que por no estar sustentados los procesos u observaciones no prosperan. Dijo haber contribuido a lograr avances al rendir cuentas, en los puestos que ha ocupado, como auditar a los tres poderes del estado, que antes no se revisaban y los organismos autónomos como la universidad autónoma, que se resistía a ser fiscalizada.
Aseguró que el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo desde su llegada la vio como una enemiga por su honestidad. Supo que no se prestaría a sus malos manejos. Admitió haberse dado cuenta de las irregularidades que ocurrían en la dependencia, pero no tenía las pruebas para acusar a alguien. Expuso que con Martínez el personal cayó en el desánimo y decían que las observaciones las iban a negociar. Los aconsejaba cumplir sus tareas sin importar lo que pudiera hacer el auditor. Expuso que con el servicio civil de carrera que ya implementó, se eliminará la práctica de aceptar recomendados de diputados y funcionarios que no cumplan el perfil.
El ex coordinador de auditorias y ex auditor especial de fiscalización gubernamental y de los municipios, Camerino Hernández Gamboa, busca regresar a la ASE, pero ahora al puesto de auditor superior, cargo que pretendía desde que le ganó Martínez Loredo por su amistad y compadrazgo que siempre presumió con la ex presidenta del DIF y esposa de Fernando, la anestesióloga María Luisa Ramos, que lo metió a la nómina. El polémico ex funcionario fue acusado de maquillar y quitar observaciones de malos manejos a las cuentas públicas del 2012 y 2013 de ex alcaldes y funcionarios de Cedral a cambio de sobornos. En el 2016, antes de revelarse el escándalo de la ecuación corrupta en el congreso, que confesó el aún diputado panista con licencia Enrique Flores Flores, el ex auditor fue denunciado ante el congreso y la propia auditoria, por integrantes del organismo Huastecos Unidos Contra la Corrupción, que encabezó Isaías Rodríguez Ballesteros. Lo acusaron de haber reunido a varios ediles huastecos y ofrecerles todo el apoyo para el desahogo de las cuentas públicas y borrar observaciones a cambio de dádivas. Les aseguró que contaba con el respaldo de Flores.
Hernández Gamboa, en su paso por la ASE, fue clave para que las cuentas públicas del exgobernador Fernando Toranzo salieran inmaculadas y fue un hostigador dentro de la dependencia para que se deslindara al ex mandatario de las observaciones que realizó el ex titular del órgano fiscalizador Héctor Vicente Mayorga Delgado del que Toranzo fue responsable de aplicar y no justificar el destino de casi 562 millones de pesos del polémico préstamo de mil 500 millones de pesos que solicitó el ex gobernador Marcelo de los Santos casi al final de su mandato. Lo que derivó en que fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos ya que recibió una mega multa que le impuso el extinto contralor Isaac Delgado. Lo obligó a litigar en los tribunales.
Camerino Hernández en el 2014 fue separado por un breve tiempo como auditor especial adjunto, que le creó exprofeso en la dependencia Martínez Loredo, para someterlo a una revisión interna. Presionado desde el gobierno, Martínez se vio obligado a desistir y volverlo a ocupar a los pocos días. En marzo del 2016 fue separado en forma abrupta al impedírle la entrada al edificio de la ASE. Le sellaron la oficina hasta realizar la entrega- recepción. Un día después de la bochornosa salida se difundió el audio de una supuesta amenaza de Hernández, donde despotrica contra Martínez.
Camerino Hernández fue uno de los beneficiarios de las millonarias indemnizaciones que entregó a los despedidos Martínez Loredo. El auditor adjunto recibió más de un millón de pesos en dos cheques, por 476 mil 774 pesos en marzo y otro por 523 mil 225 pesos en abril del 2016. En la entrevista con diputados, Gamboa aseguró que nunca se le notificó la causa de su salida. En su arenga, señaló que la dependencia, lejos de cumplir su objetivo de ser un organismo autónomo, con fuerza para no politizar su trabajo y responder al reclamo ciudadano, de que haya un manejo honesto de los recursos públicos, ha servido para ensalzar a un solo individuo que castiga y perdona según le dicte su conciencia, intereses políticos y personales.
Añadió que para exigir a los entes auditados actuar en forma responsable, la auditoria está obligada a predicar con el ejemplo y atender los principios de integridad, congruencia, transparencia y rendición de cuentas. Es una de las más atrasadas en el uso de las nuevas tecnologías de última generación, lo que coadyuvaría a mejorar el trabajo. Tener menos riesgos de errores humanos, un ahorro en gastos de viáticos, tiempo y programas de trabajo. Su plan lo resumió en cuatro ejes: administración interna, control y fiscalización, actualización tecnológica, trasparencia y controles anticorrupción. Mencionó que para eliminar triquiñuelas de los auditores, los rotaría cada trimestre y año.
Pretende dirigir la ASE el abogado y asesor laboral de la dependencia, Óscar Omar Niño Rodríguez. En la entrevista con los diputados, admitió que tiene demandada a la instancia con un juicio laboral porque Martínez Loredo no lo indemnizó después de terminar sus obligaciones laborales. Tampoco le cumplió con el salario que le prometió. Le llevó a la dependencia 6 juicios laborales, de los cuales asegura que ganó 4 y 2 se encuentran pendientes. Trabajó también como asesor de la contaduría mayor de hacienda durante dos años y medio. Ahora es asesor del ayuntamiento de Matehuala, fue síndico en Villa de Ramos y asesor durante 5 años en Soledad.
En la etapa de preguntas, Niño dijo que su primera acción como auditor sería integrar un equipo de trabajo eficiente y con conocimientos básicos en auditoria. Aseguró que el órgano fiscalizador cuenta con esquemas eficientes, pero lo que hace falta es respeto mutuo entre el congreso y la dependencia en cuanto a sus ámbitos de competencia. “Si permiten la libertad, la auditoria va cambiar, se va sanear la imagen de la dependencia y el congreso”. Les dijo a los diputados que cometieron un grave error jurídico en cuanto a la forma y tiempo, al rechazar los informes finales de las cuentas 2016 de los municipios, que ya había aprobado la cartera de vigilancia, así como acordar en el pleno el rechazo a los informes de las cuentas de los tres poderes, sin argumentarlo. Por lo que incluso el procedimiento podría ser materia de una controversia constitucional, que retrasaría el dictamen hasta el 2021.
Otro ex empleado de la auditoria que busca el máximo cargo es el litigante Juan José Frías Aguilera, que se desempeñó durante 7 años como coordinador de ejecución fiscal, hasta febrero del 2014 que fue despedido. Además de demandar a la dependencia para que lo indemnizara, denunció ante la procuraduría de justicia a Martínez Loredo y le promovió en el congreso un juicio político. Lo acusó de uso indebido de recursos públicos, no ser elegible para el cargo. Lo definió como un delincuente de cuello blanco. En contraparte, Frías fue acusado de extorsión y chantaje por ex presidentes municipales que entregaron a la auditoria escritos y copias de depósitos que le hacían por asesorías ficticias. Empleados de la dependencia lo denunciaron por acoso laboral. El litigante fue también asesor jurídico del congreso de 1990 a 1993 y director de ejecución fiscal en el ayuntamiento de Soledad del 2000 al 2002. En su encuentro con los legisladores, Frías expuso que la sociedad potosina exige y merece trasparencia, resultados positivos en el manejo de los recursos públicos. “La gente ya está harta de los actos de impunidad y corruptelas, de que las autoridades, lejos de aplicar la ley, se preocupan más por los intereses políticos y personales”.
La actual encargada de la auditoria, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado busca ser electa para el cargo los próximos 7 años. Cervantes tiene más de 22 años como empleada del órgano fiscalizador. Se ha desempeñado como auxiliar de auditora, auditora, supervisora de fiscalización municipal, coordinadora de auditoria especial de fiscalización gubernamental y organismos descentralizados. En junio del año en curso, se le designó encargada del despacho, tras la renuncia de Martínez Loredo y sus cercanos colaboradores. A Cervantes se le ubica como la carta secreta del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, para ser la próxima titular. Cuenta con el apoyo de por lo menos dos legisladores de la cartera de vigilancia. Podría integrar la terna que se someta a votación. En entrevista con los diputados, se le cuestionó sobre la existencia de la nómina secreta que operó Martínez. Las acciones a implementar para mejorar la deteriorada imagen de la auditoria y si estaba impedida para contender por el cargo. Cervantes adelantó que concluida la pesquisa sobre la nómina alterna, presentaría la denuncia ante la procuraduría. Afirmó no estar impedida para contender, ya que la ley interna contempla se reelija el titular. Cervantes cuenta con las simpatías del secretario de finanzas, José Luis Ugalde. Le dijo a los diputados que las corruptelas se deben a la falta de supervisión y no fomentar valores éticos entre el personal.
Busca ser auditor superior, el actual director de administración y finanzas de la secretaría de comunicaciones y transportes del gobierno estatal, Víctor Lomelí Guerrero que hasta febrero del 2014 ocupó el cargo de contralor interno de la auditoria. En el sexenio de Marcelo de los Santos fue subdirector de recaudación y política fiscal. Desde el 2009 hasta 2013 trabajó en el ayuntamiento de San Luis Potosí como auditor, jefe de departamento y un breve tiempo oficial mayor.
