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14 denuncias penales promovidas por la ASE en contra de exfuncionarios y proveedores

*.- Las denuncias presentadas son por peculado, ejercicio indebido de funciones públicas y uso ilícito de atribuciones, imputados a exfuncionarios públicos y proveedores.

*.- El estado procesal de las denuncias corresponde principalmente a integración de averiguaciones previas y carpetas de investigación; además se ha dictado auto de vinculación a proceso.

La encargada de Despacho de la Auditoría Superior del Estado, contadora Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, informó que al 31 de marzo del presente año, esta entidad de fiscalización ha promovido ante las autoridades competentes, 14 denuncias penales que se encuentran en estado procesal de integración de averiguaciones previas e integración de carpetas de investigación, principalmente.

Las irregularidades detectadas corresponden a la fiscalización de las Cuentas Públicas que comprenden los ejercicios fiscales 2006 a 2009, 2011, 2015 y 2017, que dieron como resultado denuncias penales por peculado, ejercicio indebido de funciones públicas y uso ilícito de atribuciones.

Las 14 denuncias fueron promovidas a 45 exfuncionarios públicos que ocuparon cargos de presidente municipal, tesorero y coordinador de Desarrollo Social, además de proveedores que se encuentran involucrados en actos ilícitos que derivaron en daño a la hacienda pública. Cabe mencionar que entre estos 45 presuntos responsables hay seis reincidentes; es decir, exfuncionarios y/o proveedores demandados por su responsabilidad en dos o tres ejercicios fiscales.

Finalmente, en relación con los estados procesales distintos a integraciones de averiguación previa y carpetas de investigación que actualmente presentan las denuncias, corresponden a auto de vinculación a proceso de los imputados, demanda de amparo y protección constitucional en favor de los acusados, así como prescripción de la acción penal, aún pendiente de confirmar o revocar.

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SENTENCIAN A SIETE AÑOS DE PRISIÓN A EXTESORERO DE TANLAJÁS POR PECULADO

  • Rodolfo N fue tesorero en ese municipio huasteco durante el ejercicio fiscal 2008.
  • *.- Fue denunciado por el equipo jurídico de la ASE por el delito de peculado, además de ejercicio indebido de las funciones públicas y coalición.
  • *.- También resultó inhabilitado por 10 años además de que tendrá que pagar la reparación del daño.

Como resultado de trabajo del equipo jurídico de la Auditoría Superior del Estado y al presentar pruebas consistentes, un juez representante del Poder Judicial del Estado con sede en Ciudad Valles, decidió sentenciar a Rodolfo N., extesorero del ayuntamiento de Tanlajás, a que pague con 7 años de prisión por los delitos de peculado, ejercicio indebido de las funciones públicas y coalición, en agravio del Ayuntamiento de Tanlajás.

Rodolfo N. tendrá que pagar además la reparación del daño, cuyo monto deberá fijarse durante la ejecución de la sentencia. Del mismo modo, se enfrentará a una sanción pecuniaria por la cantidad de 28 mil 355 pesos, a razón de 500 días de salario mínimo, además de la inhabilitación por un término de diez años, para ocupar otro empleo, cargo o comisión pública.

El hoy sentenciado, es uno de los tres exfuncionarios que se encuentran actualmente en prisión por haber cometido los mismos delitos en contra del municipio en mención, pues además de él, en su momento se logró la detención de quien fuera presidente municipal y también del ex coordinador de desarrollo social.

La sentencia en contra del extesorero de Tanlajás Rodolfo N., es un ejemplo de la intención de la Auditoría Superior del Estado de concluir todos y cada uno de los procedimientos penales que se inician cuando se detecta el ejercicio delictivo en el manejo de recursos durante las revisiones de las Cuentas Públicas, además de que forma parte de los resultados del trabajo que realiza actualmente la ASE para abatir el rezago.

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El Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte anida a 210 aviadores

Uno de los fondos seleccionados por la Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo la fiscalización de la cuenta pública del 2018, correspondiente a Soledad, fue el de los recursos fiscales, el cual se seleccionó de un universo de 154 millones 160 mil 671 pesos, donde se revisó el total de la cifra. En el rubro de control interno, el ente fiscalizador calificó el último año del anterior trienio del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte con 17 de 100 puntos posibles. Lo ubican con un nivel bajo en el control de las finanzas.

Se expuso un déficit negativo de 23 millones 211 mil 504 pesos, ya que el edil omitió presentar ante el Congreso del Estado, un oficio que justificara los resultados adversos. En el rubro de ingresos, le fincaron responsabilidad administrativa a funcionarios municipales que no depositaron los recursos fiscales en cuentas bancarias específicas. Se encontraron irregularidades, ya que no se presentaron documentos justificativos y comprobatorios según el cobro de los recursos fiscales.

Los funcionarios omitieron la entrega de documentos relacionados a los convenios celebrados con instituciones públicas y privadas. Otra sanción alude a que el ayuntamiento elaboró recibos correspondientes al  recaudo de impuestos por concepto de multas de tránsito. Omitieron incluir el importe total de las faltas. En servicios personales no se comprobaron 383 mil 285 pesos en erogaciones realizadas por el pago de nómina. Se suma una sanción al municipio por no tener comprobantes fiscales y dietas del personal. Se añade un daño a la hacienda pública por 52 mil 170 pesos que no fueron sustentados en pagos de nómina.

Se agrega una sanción a servidores públicos responsables de irregularidades por pagos a 210 empleados que no están identificados en el tabulador de sueldos, aprobados en el 2018. No se encontraron documentos que verifiquen los servicios prestados. Existe el pago anómalo de 178 plazas de base que no están registradas en el tabulador de sueldos del 2018. No se contó con documentos comprobatorios que justifiquen el pago de 178 plazas. Se constató que a 97 trabajadores de base les dieron pagos superiores a los establecidos en los tabuladores de sueldos por un monto de 485 mil 681.19 pesos.

Se percibe daño al patrimonio municipal por el pago a 22 empleados en fechas posteriores a la que causaron baja por un monto de 222 mil 452.47 pesos. En inspección física realizada por la ASE a 162 trabajadores, se determinó que 22 no fueron localizados, ni se encontraron pruebas o informes comprobatorios que presten algún servicio. Se analizó el fondo de recursos fiscales. Al final se determinó un total de 22 observaciones de las cuales solo 6 fueron solventadas, de las 16 restantes, se generaron 2 pliegos de observación, 7 en promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, 2 de recomendaciones y 5 de aclaraciones. Los términos financieros generaron un importe de 435 mil 455.15 pesos, de los cuales el edil Gilberto Hernández Villafuerte solo ha resarcido y comprobado 66 mil 337 pesos.

Otro tema abordado fue el de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, del cual se seleccionó un universo de 30 millones 958 mil 117.08 pesos, de los cuales se auditaron 30 millones 418 mil 770.12 pesos que representan el 98% del total seleccionado. Entre las observaciones hechas por el ente fiscalizador destacan, en el rubro “Transferencia de los recursos”, fincar responsabilidades a funcionarios que omitieron abrir una cuenta especifica. Se suma la responsabilidad por omitir registros contables de 2 millones 100 mil pesos.

En la “Revisión de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable”, se determinó que el ayuntamiento incurrió en omitir la implementación al 100% de las cláusulas emitidas por el organismo. En el rubro “Destino de los Recursos”, se presume un daño a la hacienda pública por el subejercicio de 481mil 40 pesos de recursos del fondo de Infraestructura Social, de los cuales se desconoce su destino y aplicación.

Se suma el daño por un millón 165 mil 16 pesos destinados a la obra denominada “Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Panamá, tramo Ignacio Zaragoza a Democracia, colonia Libertad”, la cual no beneficia a la gente en extrema pobreza y se encuentra fuera de la zona de atención prioritaria. Por los mismos términos, se suma el daño que supera el millón 849 mil 823 pesos en la obra “Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Girasoles, fraccionamiento Girasoles”. Aparece un daño por 160 mil pesos utilizados en un concepto no considerado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos de Infraestructura Social.

En el rubro de “Transparencia del ejercicio de los recursos”, no se presentó evidencia de haber tenido en el ejercicio 2018 un plan anual de evaluación para el Fondo de Infraestructura Social. En el apartado de “Obras públicas”, la ASE determinó como universo para fiscalizar solo 7 obras. Hay sanciones que se omitieron en la convocatoria de la licitación pública en Compranet. Tampoco presentaron la validación de la dependencia normativa. Se añade un daño a la hacienda pública por un millón 49 mil 631 pesos por concepto de sobreprecio en las obras auditadas. El total de las observaciones encontradas al Fondo de Infraestructura Social fue de 24 observaciones que generan un importe a comprobar de 4 millones 705 mil 570 pesos, de los cuales la administración encabezada por Hernández Villafuerte no ha resarcido un solo peso.

El tercer fondo auditado a Soledad es el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Se tomó como universo un monto de 189 millones, 303 mil 72 pesos, aunque sólo revisaron 189 millones 11 mil 152 pesos, que corresponden al 99.8% de la muestra seleccionada. Destacan observaciones en el rubro de “Transferencia de los recursos”, donde se presume un daño a la hacienda pública por 2 millones 330 mil pesos por traspasos a cuentas bancarias distintas al segmento elegido. Existe una sanción administrativa a funcionarios que omitieron enterar al Servicio de Administración Tributaria el impuesto sobre la renta correspondiente de enero a diciembre de las nóminas pagadas. Se omite responsabilidad para castigar a funcionarios que registraron en lo contable y presupuestal, movimientos de años anteriores.

Se agrega un castigo por el pago de 149 mil 998 pesos en combustible y aditivos según facturas del 2018. Sin embargo, tales gastos no pertenecen al ejercicio revisado. Se constató que los consumos se llevaron a cabo en 2017. Se suma otra sanción por no contar con un padrón actualizado de los programas sociales como “Adulto mayor”, “Madre soltera” y alimentario. Son expedientes de administraciones pasadas. Se señala una sanción por adjudicación directa de contratos por el monto de 2 millones 500 mil 243 pesos, cuando se tuvo que haber hecho bajo la modalidad de “licitación pública”. Se presume otro daño más a la hacienda pública por 318 mil 500 pesos por pago de honorarios en el 2019. Sin embargo, no existen registros contables y presupuestables en el ejercicio 2018 sobre el pasivo ni documentos que justifiquen el gasto.

En el rubro “Destino de los recursos”, se señala un daño económico de 616 mil 114 pesos por subejercicio de recursos. No se ha comprobado ni justificado que hayan sido devueltos a las arcas municipales. Se emite sanción al municipio de Soledad que recibió 6 millones 15 mil 790 pesos para la realización de proyectos de seguridad pública, importe que representó el 3.2% de los recursos del Fortamund 2018. Los servidores públicos incumplieron al no utilizar por lo menos el 20% de los recursos destinados para seguridad pública.

En el rubro “Transparencia del ejercicio de los recursos”, se emite responsabilidad a los servidores públicos que en 2018 omitieron disponer de un plan anual de evaluación del ejercicio. En el rubro “Obra Púbica”, la ASE tomó como universo para auditar solo 9 trabajos, de los cuales destacan observaciones que 6 no se adjudicaron de acuerdo a los montos de máximos y mínimos. Hay irregularidades por parte de servidores públicos que omitieron el cumplimiento de los requisitos normativos requeridos para la adjudicación de por lo menos 2 obras.

Se suma un castigo por omitir el dictamen de excepción al concurso de 7 obras. En dos se sanciona por omisiones al no presentar el registro estatal único de contratistas. Se presume el daño a la hacienda por 6 mil 900 pesos en una obra que presenta conceptos fuera de especificación. Se suma otro daño por 3 millones 182 mil 539 pesos por concepto de sobreprecios en 5 obras. Gastos extras que no fueron comprobados ni justificados. Se presume un daño por 316 mil pesos en 5 obras donde se pagaron volúmenes en exceso. Se solicitó aclarar el gasto de 4 millones 789 mil 206 pesos por concepto de documentos faltantes en una obra donde no se justifica el gasto. Se pide al ayuntamiento haga una devolución íntegra de los recursos. En el rubro de “Adquisiciones, arrendamientos y servicios”, se omite responsabilidad sancionatoria a funcionarios públicos por omitir documentos comprobatorios al adquirir 6 desbrozadoras con recursos del Fortamund.

La ASE registró 39 observaciones de las cuales 12 fueron solventadas. Las 27 restantes generaron 6 pliegos de observación, 21 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una promoción de comprobantes fiscales y una solicitud de aclaración. En total, las 39 observaciones generaron un importe por 6 millones 770 mil 49 pesos, de los cuales se solicita aclarar 4 millones 789 mil 206 pesos, de los que el ayuntamiento no ha resarcido un centavo.

 

 

 

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Se impuso al frente de la Ase Cervantes Delgado, la candidata de Ugalde

 

Los diputados locales apostaron por la continuidad y con 25 votos a favor eligieron a Rocío Cervantes Salgado como auditora superior del estado para el periodo del 1 de noviembre del 2017 al 31 de octubre del 2024. El ex administrador de la Secretaría de Educación Pública, José Mejía Lira,  obtuvo un solo voto y el candidato del sector empresarial y ex magistrado Jesús Motilla Martínez ninguno.

            Motilla que estuvo en la sesión abandonó el recinto desconcertado una vez que concluyeron las votaciones. En breve entrevista dijo no haber estado obsesionado con el cargo, que los potosinos merecían mucho y el proceso fue una gran oportunidad. No prejuzga a la persona que resultó electa porque no la conocía y lo que pase en el tiempo, es lo que va a calificar su trabajo. Externó que el procedimiento se apegó a la convocatoria.

            Desde que se inscribió a en la competencia, a Cervantes se le ubicó como la candidata del secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes, que ayer sostuvo una tersa comparecencia en el congreso. Cervantes tomó protesta en sesión solemne a la que asistió el secretario de gobierno Alejandro Leal Tovías y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán  Cué. Leal estableció que Cervantes cuenta con la experiencia y capacidad para el puesto. Cervantes Salgado expresó que su nombramiento es un reto que la obliga a trabajar con más empeño para mejorar la imagen de la Ase y convertirla en una institución fuerte, sólida, transparente y un ejemplo para rendir cuentas.

            Negó las acusaciones en su contra de haberse incrementado el sueldo, ganar más que el gobernador Juan Manuel Carreras y beneficiar con incrementos a su círculo cercano. Aseguró no recordar la cifra de lo que percibe, pero que el dato está en la página de transparencia. Señaló que las prestaciones al personal se otorgaron de acuerdo a sus  cargos y labor que desempeñan. Confirmó que ya presentó dos denuncias contra su antecesor José de Jesús Martínez Loredo y ex funcionarios involucrados en la nómina secreta en la que se gastaron 2.7 millones de pesos y por erogar más de 600 mil pesos para un festejo navideño que nunca existió. Los detractores de Cervantes la acusan de haber filtrado solo al periódico Pulso los datos de la nómina oculta y de las denuncias en curso, antes de presentarlas en la procuraduría de justicia. Calificaron su actitud de oportunista y como una estrategia para afianzar sus aspiraciones de ocupar la titularidad del órgano fiscalizador al proyectarse como una persona con mano firme que combatirá las corruptelas.

             

 

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Entre burócratas, recomendados y ex titulares del organismo saldrá la terna del nuevo auditor

El ex contador mayor de hacienda del congreso del estado durante el cuatrienio de Horacio Sánchez Unzueta y contralor durante más de 2 años en el sexenio de Fernando Silva Nieto, Óscar Alarcón Guerrero es uno de los que aspiran a dirigir la Auditoria Superior del Estado. Es la segunda vez que participa para el cargo. En el proceso del 2014 donde se eligió a José de Jesús Martínez Loredo, también se anotó, pero fue descartado por los legisladores que se apegaron a la línea dictada por el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, que suplantó a su jefe Fernando Toranzo en el mando. Martínez resultó un auténtico fracaso en el cargo.

            En la primera de dos entrevistas que sostuvo ante los legisladores integrantes de la cartera de vigilancia, como parte del proceso selectivo, Alarcón Guerrero se asumió como apartidista y aseguró que uno de los motivos por lo que decidió participar fue al ver la triste realidad en la que se encuentra la instancia, con una serie de dudas y señalamientos sobre su desempeño. Dijo que a 10 años de fundada la ASE, se hizo grande en personal. No cumple sus objetivos y se contaminó con el ejercicio de prácticas incorrectas. No es creíble ni tiene autoridad.

           Afirmó que incursionó en base a su trabajo “de ninguna forma por amistad o intereses con funcionarios o político alguno”. Pasó de la contaduría mayor de hacienda a la contraloría estatal invitado por los resultados obtenidos, sin tener amistad con el entonces gobernador Fernando Silva Nieto. Su plan de trabajo al frente de la ASE será coincidente con el sistema nacional y estatal anticorrupción. Constará de cinco líneas: capacitación permanente del personal. Revisar y adecuar los métodos de trabajo. Renovar la estructura de la ASE para incorporar otras áreas que dictan las nuevas leyes, como las unidades de investigación y sustentación. Implementar el sistema profesional de carrera y resolver conforme a la ley asuntos pendientes como revisar las cuentas públicas del 2016 cuyos informes rechazó el congreso. Prometió atender todas las denuncias ciudadanas con pruebas que se presenten y trabajar en forma coordinada con la cartera de vigilancia y su nueva unidad de evaluación que supervisará el trabajo de ASE, para recobrar la confianza de los ciudadanos en el ente fiscalizador.

            En su currícula, Alarcón detalló que al inicio de su carrera trabajó en el despacho del ex alcalde y ex candidato a la gubernatura por el PRI, Luis García Julián, que antes fungió como consejero ciudadano y presumía su apartidismo. Alarcón también fue socio y director de un despacho con el ex contador mayor de hacienda y ex secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía. Laboró para varias empresas de la iniciativa privada y como auditor externo de organismos gubernamentales como la Feria Nacional Potosina, Colegio de Bachilleres y la delegación del Infonavit, entre otros.

|           Ocho de los 24 candidatos que compiten por la titularidad de la ASE, son trabajadores o ex empleados del órgano fiscalizador. Jesús Mejía Lira pretende ahora ocupar el lugar de su ex jefe, Jesús Martínez Loredo. Fungió del 2014 al 2015 como auditor especial de fiscalización municipal y sus organismos, de donde salió, según dijo a los diputados, porque no respetaron su trabajo y le cambiaban por arte de magia los informes, para lo cual no requerían de su firma. Lo que no les mencionó es que por 14 meses que laboró para la ASE, se le indemnizó con 281 mil 768 pesos. Las abultadas liquidaciones al personal fueron una constante en las fallas que se ventilaron. Mejia Lira fue director de administración en la Secretaría de Educación Pública donde tuvo de jefe al ahora gobernador Juan Manuel Carreras López, por lo cual se le ubica como una de las cartas del ejecutivo. También cuenta con el respaldo de algunos legisladores del PAN, ya que fungió como tesorero del ex edil Jorge Lozano Armengol, recordado por privatizar el servicio de limpia que entregó mediante una oscura maniobra a la firma Vigue. Mejía fue contralor con el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y ha ocupado cargos administrativos en dependencias del gobierno estatal, como la oficialía mayor, secretaría de desarrollo agropecuario y comunicaciones y transportes. Es contador público y auditor. Cuenta con una maestría en administración pública y un doctorado en sociología de las organizaciones, que cursó durante un año en una universidad de París, Francia.

            En la primera entrevista con los diputados, Mejía Lira lamentó que la corrupción en el país vaya en aumento. Citó un estudio del Instituto Nacional de Competitividad, donde señala que es nefasta, disminuye las inversiones, derrota el empoderamiento, minimiza la credibilidad, afecta el bienestar social, reduce toda eficiencia, genera una mayor desigualdad y obstaculiza la justicia. Mencionó que datos del 2016, revelan que el costo de las corruptelas en México es del 10% del Producto Interno Bruto, cifra que equivale a casi 90 veces el presupuesto de la Uiversidad Nacional Autónoma de México, 8 veces el de la Seretaría de Desarrollo Social y 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. “Con todos los cuestionamientos que se han manejado en la ASE, ¿ Cuánto no podríamos hacer con los recursos”.

            “La ciudadanía reclama una verdadera rendición de cuentas. Exige una gran transparencia y adecuado uso de los recursos públicos. Claridad en el ejercicio del gasto, que los reportes sean veraces, con evaluaciones que muestren el impacto, saber que la acción gubernamental causa efectos positivos a la comunidad”. Se pronunció por reforzar los mecanismos fiscalizadores, mejorar el desmepeño de la ASE para que en un plazo breve sea catalogada como una de las mejores del país. Dijo poder afrontar el reto. Prometió cumplir de manera cabal con todas las atribuciones que la ley le confiere. Hacer un análisis de las remuneraciones que perciben los empleados de la auditoria. Clasificar las observaciones que resulten de las auditorías, en graves, muy graves y regulares. Poner el acento en las más complicadas, aplicar las sanciones y procedimientos para evitar que prescriban, como ahora sucede. Presentar las denuncias penales y los juicios políticos que procedan. Dijo que va a trasparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas y solicitudes de los ciudadanos. Habrá de incorporar a la ASE a los mejores hombres y mujeres. Se basará en su capacidad técnica y honradez, no en amiguismos o compadrazgos. Buscará incorporar en el personal una mística de servicio, trabajo de calidad y un rechazo sistemático a las conductas deshonestas.

            Otra que aspira al cargo es María del Rocío Torres Armenta, actual jefa del departamento de servicio civil de carrera del órgano fiscalizador. En 13 años ha ocupado los cargos de directora de auditoria, contadora mayor de hacienda, encargada de despacho de la auditoria y coordinadora de organismos autónomos. Es hermana de José Guadalupe Torres Armenta, ex secretario técnico del gabinete con el gobernador Fernando Toranzo Fernández. Con Carreras permaneció en el mismo cargo hasta octubre del 2016. Sobre los Torres Armenta pesan acusaciones de tráfico de influencias y nepotismo. En la auditoria, además de María del Rocío, laboran sus hermanos Ruth del Consuelo Torres Armenta, que se desempeña como jefa de recursos humanos. Marco Antonio Torres Armenta es jefe del departamento del área legal y su cuñada, la auditora, Enedina Ibarra, es esposa de José Guadalupe.

            El portal La Orquesta ventiló en marzo reciente la denuncia de la empleada de la ASE, Laura de la Rosa Jiménez, cuyo seguro médico fue usufructuado y agotado sin su permiso por el ex funcionario José Guadalupe Torres Armenta y sus hijos Luis Alejandro y José Pablo Torres Ibarra, que aparecían como beneficiarios. La quejosa notificó la irregularidad a la administradora, Ruth Torres Armenta, que la ignoró, por lo que decidió presentar la querella ante la procuraduría de justicia.

            María del Rocío Torres Armenta es contadora pública certificada. Tiene una maestría en gestión pública, diplomados en contabilidad gubernamental, disciplina financiera y presupuesto basado en resultados. En respuesta a preguntas de los diputados, aseguró que no le temblaría la mano para iniciar procesos administrativos por fallas en el manejo de los recursos públicos, que por no estar sustentados los procesos u observaciones no prosperan. Dijo haber contribuido a lograr avances al rendir cuentas, en los puestos que ha ocupado, como auditar a los tres poderes del estado, que antes no se revisaban y los organismos autónomos como la universidad autónoma, que se resistía a ser fiscalizada.

            Aseguró que el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo desde su llegada la vio como una enemiga por su honestidad. Supo que no se prestaría a sus malos manejos. Admitió haberse dado cuenta de las irregularidades que ocurrían en la dependencia, pero no tenía las pruebas para acusar a alguien. Expuso que con Martínez el personal cayó en el desánimo y decían que las observaciones las iban a negociar. Los aconsejaba cumplir sus tareas sin importar lo que pudiera hacer el auditor. Expuso que con el servicio civil de carrera que ya implementó, se eliminará la práctica de aceptar recomendados de diputados y funcionarios que no cumplan el perfil.  

            El ex coordinador de auditorias y ex auditor especial de fiscalización gubernamental y de los municipios, Camerino Hernández Gamboa, busca regresar a la ASE, pero ahora al puesto de auditor superior, cargo que pretendía desde que le ganó Martínez Loredo por su amistad y compadrazgo que siempre presumió con la ex presidenta del DIF y esposa de Fernando, la anestesióloga María Luisa Ramos, que lo metió a la nómina. El polémico ex funcionario fue acusado de maquillar y quitar observaciones de malos manejos a las cuentas públicas del 2012 y 2013 de ex alcaldes y funcionarios de Cedral a cambio de sobornos. En el 2016, antes de revelarse el escándalo de la ecuación corrupta en el congreso, que confesó el aún diputado panista con licencia Enrique Flores Flores, el ex auditor fue denunciado ante el congreso y la propia auditoria, por integrantes del organismo Huastecos Unidos Contra la Corrupción, que encabezó Isaías Rodríguez Ballesteros. Lo acusaron de haber reunido a varios ediles huastecos y ofrecerles todo el apoyo para el desahogo de las cuentas públicas y borrar observaciones a cambio de dádivas. Les aseguró que contaba con el respaldo de Flores.

            Hernández Gamboa, en su paso por la ASE, fue clave para que las cuentas públicas del exgobernador Fernando Toranzo salieran inmaculadas y fue un hostigador dentro de la dependencia para que se deslindara al ex mandatario de las observaciones que realizó el ex titular del órgano fiscalizador Héctor Vicente Mayorga Delgado del que Toranzo fue responsable de aplicar y no justificar el destino de casi 562 millones de pesos del polémico préstamo de mil 500 millones de pesos que solicitó el ex gobernador Marcelo de los Santos casi al final de su mandato. Lo que derivó en que fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos ya que recibió una mega multa que le impuso el extinto contralor Isaac Delgado. Lo obligó a litigar en los tribunales.

            Camerino Hernández en el 2014 fue separado por un breve tiempo como auditor especial adjunto, que le creó exprofeso en la dependencia Martínez Loredo, para someterlo a una revisión interna. Presionado desde el gobierno, Martínez se vio obligado a desistir y volverlo a ocupar a los pocos días. En marzo del 2016 fue separado en forma abrupta al impedírle la entrada al edificio de la ASE. Le sellaron la oficina hasta realizar la entrega- recepción. Un día después de la bochornosa salida se difundió el audio de una supuesta amenaza de Hernández, donde despotrica contra Martínez.

           Camerino Hernández fue uno de los beneficiarios de las millonarias indemnizaciones que entregó a los despedidos Martínez Loredo. El auditor adjunto recibió más de un millón de pesos en dos cheques, por 476 mil 774 pesos en marzo y otro por 523 mil 225 pesos en abril del 2016. En la entrevista con diputados, Gamboa aseguró que nunca se le notificó la causa de su salida. En su arenga, señaló que la dependencia, lejos de cumplir su objetivo de ser un organismo autónomo, con fuerza para no politizar su trabajo y responder al reclamo ciudadano, de que haya un manejo honesto de los recursos públicos, ha servido para ensalzar a un solo individuo que castiga y perdona según le dicte su conciencia, intereses políticos y personales.

            Añadió que para exigir a los entes auditados actuar en forma responsable, la auditoria está obligada a predicar con el ejemplo y atender los principios de integridad, congruencia, transparencia y rendición de cuentas. Es una de las más atrasadas en el uso de las nuevas tecnologías de última generación, lo que coadyuvaría a mejorar el trabajo. Tener menos riesgos de errores humanos, un ahorro en gastos de viáticos, tiempo y programas de trabajo. Su plan lo resumió en cuatro ejes: administración interna, control y fiscalización, actualización tecnológica, trasparencia y controles anticorrupción. Mencionó que para eliminar triquiñuelas de los auditores, los rotaría cada trimestre y año.

            Pretende dirigir la ASE el abogado y asesor laboral de la dependencia, Óscar Omar Niño Rodríguez. En la entrevista con los diputados, admitió que tiene demandada a la instancia con un juicio laboral porque Martínez Loredo no lo indemnizó después de terminar sus obligaciones laborales. Tampoco le cumplió con el salario que le prometió. Le llevó a la dependencia 6 juicios laborales, de los cuales asegura que ganó 4 y 2 se encuentran pendientes. Trabajó también como asesor de la contaduría mayor de hacienda durante dos años y medio. Ahora es asesor del ayuntamiento de Matehuala, fue síndico en Villa de Ramos y asesor durante 5 años en Soledad.

En la etapa de preguntas, Niño dijo que su primera acción como auditor sería integrar un equipo de trabajo eficiente y con conocimientos básicos en auditoria. Aseguró que el órgano fiscalizador cuenta con esquemas eficientes, pero lo que hace falta es respeto mutuo entre el congreso y la dependencia en cuanto a sus ámbitos de competencia. “Si permiten la libertad, la auditoria va cambiar, se va sanear la imagen de la dependencia y el congreso”. Les dijo a los diputados que cometieron un grave error jurídico en cuanto a la forma y tiempo, al rechazar los informes finales de las cuentas 2016 de los municipios, que ya había aprobado la cartera de vigilancia, así como acordar en el pleno el rechazo a los informes de las cuentas de los tres poderes, sin argumentarlo. Por lo que incluso el procedimiento podría ser materia de una controversia constitucional, que retrasaría el dictamen hasta el 2021.

            Otro ex empleado de la auditoria que busca el máximo cargo es el litigante Juan José Frías Aguilera, que se desempeñó durante 7 años como coordinador de ejecución fiscal, hasta febrero del 2014 que fue despedido. Además de demandar a la dependencia para que lo indemnizara, denunció ante la procuraduría de justicia a Martínez Loredo y le promovió en el congreso un juicio político. Lo acusó de uso indebido de recursos públicos, no ser elegible para el cargo. Lo definió como un delincuente de cuello blanco. En contraparte, Frías fue acusado de extorsión y chantaje por ex presidentes municipales que entregaron a la auditoria escritos y copias de depósitos que le hacían por asesorías ficticias. Empleados de la dependencia lo denunciaron por acoso laboral. El litigante fue también asesor jurídico del congreso de 1990 a 1993 y director de ejecución fiscal en el ayuntamiento de Soledad del 2000 al 2002. En su encuentro con los legisladores, Frías expuso que la sociedad potosina exige y merece trasparencia, resultados positivos en el manejo de los recursos públicos. “La gente ya está harta de los actos de impunidad y corruptelas, de que las autoridades, lejos de aplicar la ley, se preocupan más por los intereses políticos y personales”.

            La actual encargada de la auditoria, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado busca ser electa para el cargo los próximos 7 años. Cervantes tiene más de 22 años como empleada del órgano fiscalizador. Se ha desempeñado como auxiliar de auditora, auditora, supervisora de fiscalización municipal, coordinadora de auditoria especial de fiscalización gubernamental y organismos descentralizados. En junio del año en curso, se le designó encargada del despacho, tras la renuncia de Martínez Loredo y sus cercanos colaboradores. A Cervantes se le ubica como la carta secreta del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, para ser la próxima titular. Cuenta con el apoyo de por lo menos dos legisladores de la cartera de vigilancia. Podría integrar la terna que se someta a votación. En entrevista con los diputados, se le cuestionó sobre la existencia de la nómina secreta que operó Martínez. Las acciones a implementar para mejorar la deteriorada imagen de la auditoria y si estaba impedida para contender por el cargo. Cervantes adelantó que concluida la pesquisa sobre la nómina alterna, presentaría la denuncia ante la procuraduría. Afirmó no estar impedida para contender, ya que la ley interna contempla se reelija el titular. Cervantes cuenta con las simpatías del secretario de finanzas, José Luis Ugalde. Le dijo a los diputados que las corruptelas se deben a la falta de supervisión y no fomentar valores éticos entre el personal.

           Busca ser auditor superior, el actual director de administración y finanzas de la secretaría de comunicaciones y transportes del gobierno estatal, Víctor Lomelí Guerrero que hasta febrero del 2014 ocupó el cargo de contralor interno de la auditoria. En el sexenio de Marcelo de los Santos fue subdirector de recaudación y política fiscal. Desde el 2009 hasta 2013 trabajó en el ayuntamiento de San Luis Potosí como auditor, jefe de departamento y un breve tiempo oficial mayor.

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En lugar de sancionarlo, los diputados le entregan otros 30 millones de pesos a Martínez Loredo, que dilapidó las pensiones

El congreso del estado aprobó por mayoría de votos, el pasado 13 de octubre, un incremento de 30 millones de pesos al presupuesto que maneja el auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, para el 2017. Los recursos se destinarán en gran parte para sueldos y cubrir cuotas a la directiva de pensiones que en forma injustificada, el órgano fiscalizador retuvo a los trabajadores pero los destinó a otros rubros, se reveló durante las discusiones sobre el tema que sostuvieron los legisladores al aprobar la propuesta.

Con el aumento la ASE dispondrá para el próximo año de 220 millones 649 mil 332 pesos, contra lo autorizado para el ejercicio 2016 que fue de 183 millones 552 mil 237 pesos. La medida fue calificada por algunos diputados como violatoria de la ley y un cheque en blanco que se le otorga a Martínez Loredo para subsanar un déficit o sobregiro que tiene de 36 millones de pesos.

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, que integra la cartera de vigilancia, la que dictaminó la propuesta que se discutió en el pleno, presentó un voto particular donde argumentó que la nueva ley de disciplina financiera, establece que el aumento para el rubro de servicios personales no podrá ser mayor al 3% de lo autorizado en el ejercicio inmediato anterior. Cuando el porcentaje sea mayor al 4%, de acuerdo a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para el estado y los municipios, debe presentarse un argumento convincente.

Nava dijo que Martínez Loredo en la propuesta que dirigió a la cartera de vigilancia señaló que tiene proyectado cerrar el ejercicio 2016 con un sobregiro que supera los 36 millones de pesos. Entonces no se justificaba aprobarle un presupuesto mayor al vigente ya que el congreso no podía asumir la pasividad del funcionario que no realizó las gestiones necesarias para que en su caso, se modificaran los montos en tiempo y forma.

«No podemos autorizar ni el presupuesto que solicitó la ASE que fue de 237 millones ni la propuesta superior a los 220 millones de pesos que presentó la cartera de vigilancia. La última cifra equivale a un 16.7% más de lo que permite la ley. El auditor tampoco cumplió con las metas y objetivos que se establecen en base a los indicadores estratégicos y de gestión».

El presidente de la comisión de vigilancia, José Guadalupe Torres, refutó los señalamientos de Nava. Aseguró respecto a la justificante que debe presentarse cuando el aumento sea del 4% o mayor, es una obligación que rige solo cuando se presenta el cierre del ejercicio, por lo que no era el caso. La ley de disciplina financiera marca un aumento del 3%, pero todavía no entra en vigor por lo que tampoco se aplica. Dijo que ante lo complicado de entregar los fondos a la ASE el próximo año, se acordó facilitarlos ahora.

Nava Piña intervino por segunda vez, reconoció que las reformas a la ley entran en vigor en el 2017. Los cambios al presupuesto son para el mismo año, por lo que ya deben aplicarse. Conminó a su compañeros a ser garantes de las leyes que aprueban. Precisó que el 93% del dinero que se autorizó a la ASE es para sueldos y prestaciones.

La diputada panista Josefina Salazar Báez aseguró que el aumento fue un acuerdo conjunto de la cartera de vigilancia y la junta de coordinación política. Los recursos aprobados son necesarios para que el órgano fiscalizador opere y cubra adeudos de pensiones. Aseguró que ya solicitaron un informe para conocer dónde quedó el dinero que se otorgó a la ASE en 2014 y 2015 para el pago de las prestaciones que no se cubrieron. Reveló que la propuesta de 237 millones de pesos que demandó Martínez Loredo, no se aceptó porque contemplaba recategorizar y homologar al personal y se decidió autorizarle solo 220 millones de pesos. Aseguró que el aumento no era un cheque en blanco pues la cartera de vigilancia le exigirá al auditor un análisis de los puestos, funciones y los indicadores de desempeño del personal para que se cumpla con lo que marca la ley. «No podemos colapsar la ASE, el año pasado dejamos pendiente lo de las pensiones. Ahora decidimos reconocer el pasivo, atender el tema para que sea un órgano que opere de manera limpia y con respeto los derechos de los trabajadores».

El dueño de Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat, respaldó el argumento de Lucila Nava de que la ley de disciplina financiera no les permitía aumentar el presupuesto en más de un 3% y dijo que el responsable del déficit de 36 millones de pesos en la Auditoria Superior debe estar en la cárcel. Aseguró que Martínez Loredo ya tiene un pie fuera por lo que no podían autorizarle el presupuesto a la persona que entrará en su lugar.

Exigió mayores datos del déficit que tiene la ASE y no darle un cheque en blanco. Los que aprobaran el incremento se convertirían en encubridores. Pidió esperar para saber con cuanto personal se va quedar la auditoria porque una parte se pasará al Sistema Estatal Anticorrupción. No darle más dinero por incumplir los indicadores de desempeño.

Calificó de grave que el auditor haya dispuesto del 28% de las retenciones de pensiones de los trabajadores. «El señor cometió un delito y nosotros le aprobamos un aumento, qué cómodo. Los que voten a favor serán cómplices. Si dispuso del dinero fue porque no pidió a tiempo una ampliación, ahora que se ahoga con el barco viene y dice que quiere más. Haremos algo indebido, no cometamos una blasfemia jurídica, una blasfemia legislativa»…continúa(tomado de la versión impresa, Noviembre 2016)