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Natalia Castillo plantea que el Interapas debe cobrar la cartera vencida, para resolver sus crisis financieras

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En San Luis Potosí existe un desabasto y mal uso del agua. Pero lo mismo ocurre en todo el mundo. Los estados deben implementar políticas públicas encaminadas a controlar el líquido, dijo la ex delegada del organismo operador, Interepas, en Soledad, Natalia Castillo Vera. Señaló que la agenda 2030, pone énfasis en los temas ambientalistas, ya que no sirve tener el insumo si está contaminado.

Afirmó que el gran problema es garantizar el servicio y la cartera vencida. En el primer caso, el recurso se desperdicia en el subsuelo, por el pésimo sistema de abastecimiento. La gente no necesita que las calles estan bonitas por encima, mejor que todas las líneas del agua funcionen. “Es como el cuerpo humano, de qué sirve estar guapísimo por afuera si los huesos no sirven. Es igual con las aceras, que están de la chingada. En el fraccionamiento Puerta Real, están colapsadas, llenas de mierda. Hay fugas y se contamina el agua al cruzarse con el drenaje”.

Consideró que el alcalde de la capital, Enrique Galindo, en lugar de pedir ayuda al gobierno federal, para atender la crisis hídrica que padece San Luis, debe interconectar el acueducto del Realito con los pozos que maneja. Castillo lo hizo en su etapa de funcionaria, con la ayuda de los mejores valvulistas. “Actuamos en dos complejos que no estaban unidos. El agua se llevó de un pozo lejano a otro más cerca, ya que la infraestructura se hizo con defectos. Lo mismo se puede efectuar en San Luis, pero Galindo optó por una medida populista, ya se va a la campaña, necesita dinero y mejor le echan la culpa al Realito”.

Sostuvo que el gobernador Ricardo Gallardo tampoco aporta soluciones. Se metió al Interapas, que no le compete. Tampoco deja que nadie lo haga. Si Galindo se mueve, inicia en su contra una guerra mediatica. Expuso que los medios informativos, no han publicado todo el desabasto que hay. La mayor parte del dinero lo gastan en pipas de particulares.

Vera expuso que el Interapas en Cerro de San Pedro, maneja dos válvulas que van hacia el pozo La Zorra. Abastecen la cabecera municipal, pero la cobra la presidenta municipal, Abigail Nava Loredo, como lo hizo antes su tía, Rosaura Loredo. Es como funciona el cacicazgo que tiene más de 15 años. Incluso lo extendieron a Soledad. Reveló que en la delegación, hubo familiares de la ex edil, como su hijo, Jesús Nava, que asistía a la dependencia, pero cobraba en natal municipio. En su memento denunció el caso del “aviador”.

Señaló que el caudal La Zorra, estaba muy bajo para poder equilibrar lo que se robó Loredo, como ahora lo hace su sobrina, que saca ventaja del Interapas y manipula las dos válvulas para abastecer al que le conviene. “Galindo lo sabe, pero calla. Lo mismo pasa en Soledad, hay líneas de interconexión en Rivera, donde grupos de paracaidistas extraen el líquido para surtir el fraccionamiento Minas de San Pedro”.

La litigante expuso que Galindo le debe cobrar a su homóloga de Soledad, Leonor Noyola, pague más de 30 millones de pesos de adeudos de antaño. “No lo hace porque es la edil es títere del gobernador Ricardo Gallardo. El débito inició con su padre, Ricardo Gallardo Juárez, se alargó con el patiño Gilberto Hernández Villafuerte y permanece sin saldarse a la fecha”.

En su etapa de alcalde de la capital, Xavier Nava corrió a un ejército de seguidores de los Gallardo, que cobraban sin trabajar. Leonor Noyola ya no insistió en desincorporarse, necesita cubrir los costos operativos, energía eléctrica, derechos de extracción, que son carísimos. Advirtio que el municipio conurbado tiene un declive en todos los servicios. “Hay muchos porristas. Los regidores le huyen al tema de la violencia y el agua. Les faltan demasiadas interconexiones. A Noyola le vale madre. Los pozos los tiene en el abandono”.

Sostuvo que el negocio del agua regresó con los Gallardo al Interapas. “Mientras estuve, no pudieron robar, ahora que tienen un delegado que manejan, cometen ilícitos. Tienen ganancias con la distribución populachera que hacen con Cerro de San Pedro a través de las dos válvulas. Las alcaldes ordenan para dónde enviar el agua, a quién se regalan u ofertan. En San Luis explotan el uso de las pipas, se lo dan a quien les conviene. Volvió el mismo desmadre que antes acabó Ricardo Purata. A nadie le interesa invertir en las líneas distributivas. El gobernador hace sus pinches obras a toda madre”.

Censuró que el Interapas olvidara el cobro de la cartera vencida. La mayoría de los morosos son urbanizadores, prestadores de servicios e industriales. Citó como ejemplo, los propietarios de Villa Magna, que no pagaron los derechos para reconectarse. Dejaron que los hicieran los usuarios. Les pueden cobrar cinco años de penas. Afirmó que Galindo no los somete porque busca reelegirse o el senado.

Castillo expuso que en Soledad, recuperó cartera vencida y cobró el reparto de agua que hizo en pipas. Creó un manual para explicarle al usuario que el organismo está obligado a surtirle, pero debía pagar el servicio. Y como usó un camión cisterna, le añadió una cuota mínima. Refirió que el segundo problema

es la distribución. “El conflicto no es extraerla. Hay los suficientes metros cúbicos suficientes para tener un equilibrio en la ciudad. También incide el derroche. Hacen falta recorridos del personal para detectar fugas, algunas afuera de los pozos”.

Sobre las constantes fallas del Realito, se pueden resolver si aplican las reglas del contrato. Hay cláusulas de rescisión y daño moral al organismo. No lo hacen por los personajes involucrados. “Hay muchos títeres, intereses políticos y económicos. Lo que necesita la zona metropolinana es nueva infraestructura, que construyan profesionales, no gente que anduvo en la campaña política”.

Aludió a los recientes fraccionamientos, que deben tener sus propios pozos. Les otorgan licencias sin un estudio de impacto ambiental. “La autoridad responsable, no sabe cuánta agua sacan, la que se distribuye y llega al usuario, para cobrar por el servicio. Difundir que se acabó y pedir ayuda, creó psicosis. Hay que analizar los números de las sustracciones realizadas con el ex edil Xavier Nava y los de Galindo, para saber si hay variaciones”.

Añadió que el ayuntamiento no ha considerado las deudas que tiene con la Comisión Nacional del Agua. Los altos costos de luz. El cobro de la cartera vencida, si se asignó a una empresa o lo hace el mismo organismo. Incluso, pedir dinero a la Organización de las Naciones Unidas. Sugirió firmar un convenio con el gobierno federal, sentarse con el presidente de la república y decirle que existe un problema para distribuir el agua. Se está en una zona emergente. El agua se puede sustraer, pero no llega al usuario. Entonces, con sus empresas o incluso el ejército, que tienen especialistas en todas las áreas, conozcan la problemática y ayuden a resolverla. Dicen que no hay agua, pero tienen 139 pozos. Sin embargo, no explican cuánto extraen”. Castillo expuso que las reconexiones se pueden negociar con los dueños de los fraccionamientos por medio de obras en comodato. En el caso de tiendas como Sam´s o Costco, negociar que arreglen el drenaje de una colonia, como lo hizo con HEB en su momento

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El agua y las pandillas

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Cada año se presenta en el Valle de San Luis Potosí el deficiente suministro del agua para los habitantes, en épocas de estiaje. Sin fallar y sin importar el color de los que ejercen el poder en el estado y los municipios de la capital y Soledad. Pero cada año, el malestar social va en aumento. La burocracia política y los oligarcas son lo mismo. Los empleados de los que han destruido la ciudad que ahora padecemos, a más de cuatro siglos de ser fundada, siguen las instrucciones del capital. El agua es una mercancía a la que se le debe sacar la mayor utilidad posible.

No es el agua, para los capitalistas, un derecho humano que nuestras propias leyes reconocen. El Valle de San Luis Potosí, es un ejemplo del apetito depredador de los oligarcas y sus peones en los cargos del poder. Pero es como está todo el país. El agua es controlado por unos cuantos rufianes capitalistas que solo piensan en ganancias. Nunca les ha importado el bienestar social. Es por lo que el estado, debe ser el ente regulador de un recurso vital para la vida del planeta. Pero el gobierno debe contar con mujeres y hombres comprometidos con el pueblo, como principio rector de que el poder está en la voluntad popular mayoritaria organizada y no en los oligarcas financieros de las campañas de sus gerentes políticos.

Nada de fondo va cambiar con las actuales administraciones en el gobierno del estado ni en los municipios de la capital y de Soledad. Son lo mismo en términos ideológicos. Sus principios son la corrupción y la impunidad. Al encargado del despacho en el poder ejecutivo del estado, está en lo que se ha hecho experto, expoliar el erario. Usa la estrategia de mantener distraído al pueblo potosino con frivolidades de la farándula y caudales de demagogia que paso a paso se revelan. No le importa resolver los problemas graves, como el agua.

El presidente municipal, en su primer movimiento, dejó claro lo que representa el reto de resolver el cada vez más grave agotamiento del vital líquido para los que vivimos en el Valle de San Luis Potosí. Impuso al frente del Interapas a un técnico con mala fama y de otro estado, violando la ley en la materia. Alguien que desconoce la ciudad, que no aportará nada para resolver el grave problema que padecemos. Lo han puesto para seguir las mismas políticas hídricas de siempre.

La falta de agua es un gravísimo problema de orden social y político, pero al abusar del acuífero profundo, al sobreexplotarlo en forma peligrosa, destruyen la superficie del Valle, debido a las múltiples grietas que recorren la capital. La estabilidad cada año se agrava más. Ya existen muchas viviendas destruidas, abandonadas por sus dueños y edificios históricos que se agrietan. La cultura del prianismo es la corrupción. Nunca se han ocupado de aplicar políticas de gran alcance en beneficio de la gente. El agua es un ejemplo, como la ausencia de honradez también.

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Gilberto Hernández Villafuerte encubre el robo de agua potable en Soledad y se niega a pagar adeudos millonarios

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Los robos, cinismo e indiferencia prevalecen en el manejo del agua potable en el ayuntamiento de Soledad que preside el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte. Le interesa más ganar votos a futuro a través de la entrega gratuita de garrafones y pipas en las colonias de la zona metropolitana. Sin freno dilapida el erario al promocionarse en medios escritos y electrónicos. Nada hace para evitar el robo del líquido a través de 60 tomas clandestinas ubicadas en edificios municipales.

A mediados del 2019, el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, Interepas registró 38 fugas que representan un daño patrimonial por 6 millones 799 mil 40.16 pesos. Entre los inmuebles donde se cometen las sustracciones ilegales figuran las unidades deportivas de la avenida Los Sauces, en la Hacienda los Morales. La de la avenida Mayran y 21 de marzo, en la unidad habitacional San Antonio. Cada una tiene un adeudo de 167 mil 829.32 pesos. Se suman las áreas recreativas de Quintas de la Hacienda en la avenida Ignacio Zaragoza. Otra en la avenida Cactus, La Sierra, la de Hogares Populares Pavón, segunda sección. La de Ecatepec sin número, Bella Vista, la de la avenida San Lorenzo, Valle de Bella Vista y la de Bosques de San Rafael. En lo individual adeudan 167 mil 829.32 pesos.

Aparecen los centros de atención infantil, Capullito 2, el de la colonia Rivas Guillén, Santo Tomás y el de la 21 de marzo. Cada uno arrastra un débito de 154 mil 863.32 pesos. Se agregan las Oficialías del Registro Civil 3, 4 y 7, con adeudos unitarios de 154 mil 863.32 pesos. Está la comandancia de policía en Samaria, colonia Nuevo Testamento y la de la colonia Morelos, ambas con adeudos de 154 mil 863.32 pesos. El consultorio médico ubicado en la colonia San Rafael, en Cactus y el de Hogares Populares registran adeudos de 154 mil 863.32 pesos. Se añaden los edificios de la biblioteca municipal en la colonia San Felipe, la tortillería de la colonia Primero de Mayo y la de colonia La Sierra, con pasivos que alcanzan los 154 mil 863.36 pesos en lo individual.

En el edificio del DIF en Huerta del Nogal, en la colonia San Gerardo, también existe una toma ilegal de agua que adeuda 167 mil 829.32 pesos. El listado se completa con 10 purificadoras ubicadas en Fausto Nieto 805, en la colonia El Morro. Genovevo Rivas Guillen, esquina Los Torres, colonia Benito Juárez. Ley Federal del Trabajo sin número, colonia Azaleas. Cedro 607, colonia El Maurel. Villa de Guadalupe sin número, colonia San Luis. Rito García, colonia Rivas Guillén, cuarta sección. En 13 de junio, colonia Primero de Mayo. En Graciano Sánchez, colonia Rivas Guillén sur y en Adolfo López Mateos. Cada una adeudaba 228 mil 224.32 pesos. Hasta finales del 2019, existía una lista de 50 inmuebles del ayuntamiento que tenían adeudos con el Interapas por 4 millones 954 mil 564.63 pesos.

Hay débitos que provienen desde el 2011. Corresponden a oficinas del ayuntamiento que suman 247 mil 653 pesos. Aparecen antiguos morosos, como purificadoras de agua, una ubicada en el fraccionamiento Santo Tomas, que adeuda desde el 2012, 68 mil 290 pesos. Otra más del fraccionamiento La Lomita, desde el 2104, arrastra 16 mil 432 pesos. Una de la colonia San Felipe, desde el 2014, tiene un saldo de 80 mil 605 pesos. El panteón municipal, ubicado en la calle Magdaleno Cedillo, hasta el 2019 debía 570 mil 381 pesos. Están las oficinas de Matamoros 111, que registran un adeudo de 247 mil 653 pesos. La purificadora de Villa Florencia, en la colonia Villa Jardín, adeuda 479 mil 163 pesos.

No se salva la sede de la alcaldía, DIF, Oficialía Primera del Registro Civil, distintas filiales del rastro, Guardería Capullito, más purificadoras, bibliotecas, Asociación Ganadera local, casetas de vigilancia, comedores, tortillerías, consultorios médicos, otras oficinas del registro civil y centros de usos múltiples. En el 2109, el Interapas notificó al ayuntamiento los rezagos de al menos 30 inmuebles. No los menciona ni dio cifras, sólo consignó domicilio y meses de adeudo. La mayoría son de esparcimiento. Destaca el Jardín Hidalgo, frente al palacio municipal, donde despliegan actividades el departamento de comercio y el Centro Capullito. Debía 244 meses.

También presentan retrasos los ubicados en la calle del Torno, en Hogares Obreros, que adeuda 249 meses. Se suma el que se encuentra en Paseo de las Palomas en Hogares Populares Pavón, con 244 meses sin pago. Otro predio aparece en Melchor Ocampo 101, con 218 meses. El de Magdaleno Cedillo, con 3 contratos, alcanzan los 244 meses. El lote de la avenida José de Gálvez, en Villas del Potosí, concentra 241 meses. El de Laurel 112 tiene 82 meses.

Ante la indiferencia y colusión del alcalde Gilberto Hernández, la regidora de Morena, Grecia Selene Pérez, denunció que desde el inicio del trienio, el munícipe e integrantes de la cartera del agua, han mostrado nulo interés por resolver la problemática. “El coraje del presidente se dio cuando el alcalde de San Luis, Xavier Nava, que preside la Junta de Gobierno del Interapas, nombró como delegada a Natalia Castillo, que es de otra corriente política. Vinieron los ataques mutuos. Nosotros decidimos no meternos,  pero sí buscamos se respete el derecho humano al agua y que el organismo atienda todas las denuncias”.

Pérez reconoció que Castillo empezó a hacer su trabajo, limpió varios pozos que durante años no recibieron mantenimiento. Hizo excavaciones más profundas para conseguir mayor presión y abastecer a la ciudadanía. Requirió al ayuntamiento para que saldara deudas, con un desglose por mes y lugar de cada toma. Hernández Villafuerte solicitó mayores datos. Nombró como representante a una persona que se desempeñaba como director de infraestructura, para hacer un reajuste de cuentas, pero no funcionó. La delegada presionó al cabildo, pero tampoco hubo respuestas. “Acudimos como invitados a las reuniones de la junta de gobierno. Nos enteramos que el ayuntamiento y ciudadanos no pagan el agua. Hay gente que tiene más de 8 años de no cubrir el servicio y les llega. Pero hay muchos que la pagan y no tienen. Hacemos lo conducente para que el organismo llegue a un acuerdo con los afectados y ya no batallen”.

Pérez resaltó la negativa de Hernández Villafuerte para finiquitar la deuda. Se pinta como el menos responsable en medios escritos y portales electrónicos, al decir que el Interapas no lo llama al pago. “En el cabildo, en asuntos generales, se maneja el tema y se niegan a cumplir. Hemos vistos los escritos donde les exigen ponerse al corriente”. Aunque ignoran si la deuda bajó, expuso que el edil contrata cada mes el servicio de pipas, ya que tiene cortado el flujo de agua. Tampoco cubre el drenaje. Adelantó que el asunto se puede convertir en deuda pública y al final pagarla los habitantes. Sugirió sancionar al alcalde y tesorero por el enorme lastre que se resisten a saldar. “Tampoco pueden conminar a los usuarios a no cubrirlo, cuando deben predicar con el ejemplo. Adeudan arriba de 6 millones de pesos, más lo de las tomas clandestinas. El débito crece y optan por instigar a la violencia y disturbios. Hay que sentar a las dos partes, conciliar y que haya un acuerdo justo. En caso contrario, entablar una denuncia formal contra el ayuntamiento”.

Aunque tampoco abonan, añadió, en los estados financieros se registran gastos por consumo de agua, cada trimestre, que ascienden a 250 mil pesos. Los destinan a las pipas que surten los edificios municipales. La opacidad de Hernández Villafuerte también se manifiesta en el manejo de los programas sociales, seguridad y obra pública. “Se niegan a informar el manejo de las purificadoras, cuánto se paga, los desgloses. Nos dicen que hagamos peticiones por la ley de transparencia. Vamos a recaudar las pruebas necesarias y solicitar una auditoria externa. Interceda la Secretaría de la Función Pública, porque son recursos de diferentes ramos que se gastan en comprar conciencias. En 3 meses destinaron 22 millones de pesos en ayudas sociales, pero no tienen para cubrir el agua”.

Pérez censuró que la representante de la cartera del agua, Gabriela Oviedo, apenas ha sesionado 5 veces en casi dos años. La ley marca al menos una por bimestre. Lo mismo pasa con la de seguridad, asuntos laborales y grupos vulnerables. “Hay personas mayores, discapacitados, que les aumentan el costo del agua y nadie los defiende”. Insistió en que el problema no se resolverá mientras persistan las reyertas políticas. Planteó como alternativa, instalar colectores en los 4 ejidos que tiene Soledad para rescatar el agua de las lluvias. “Cuando mencionaron el proyecto del Cristo Roto en la Joya Honda, les dijimos, si van a copiarle a Aguascalientes, háganlo con una presa al lado. Lo que ayudaría a solucionar el problema de agua. Pero no tienen la mínima imaginación. Sirven para imitar programas pero con el tripe del valor, como sucede con los uniformes de los policías y luminarias. Las obras son simples re encarpetados, nada de cemento hidráulico. Los techos de las escuelas están muy inflados”.

Por su parte, el también regidor de Morena, Roberto Martínez Silva, lamentó que el tema del agua se maneje con tintes políticos. “Lo ubican como un nicho de poder. Incluso, fue la caja chica de sus dispendios. Es por lo que buscan desestabilizar a Natalia Castillo. Llevan 12 años en el mando y nunca resolvieron las carencias. Dejaron quebrado el Interapas en Soledad y la capital. El diputado federal, Ricardo Gallardo, quiere ser gobernador por Morena, pero lo rechazamos. Buscan manejar de manera autónoma el agua, pero no lo permitiremos. Gilberto Hernández sabe que existen tomas clandestinas. Cuando surge el tema, busca apartarse a un cuartito. La encargada de la cartera del agua, Gabriela Oviedo, hace lo que le dictan. No tiene libertad para hablar. Somos tres opositores en el cabildo, los que exigimos cuentas claras. Los demás reciben órdenes del alcalde”.

 

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Sánchez Unzueta y Machinena pretenden vaciar el centro histórico para construir después negocios de elite

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El historiador Joaquín Muñoz Mendoza acusó al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan Carlos Machinena Morales, de realizar excavaciones en el centro histórico de la capital sin tener un programa elaborado. Expuso que las tardadas obras, donde se corta la energía eléctrica y agua a los establecimientos, semeja a lo que ya se hizo en otras partes como Zacatecas, donde quebraron decenas de negocios, para después suplirlos por otros de mayores ingresos donde la única que se beneficia es la oligarquía. Expuso que empresarios de elite le solicitaron un diseño para suplir el mercado República, que sería demolido, para abrirle paso a un centro comercial exclusivo, donde se vendan los mejores quesos y vinos del mundo. El también ex delegado del INAH puso en duda la capacidad académica e intelectual de Machinena, al que acusó de plagiar un folleto sobre monumentos históricos. Se atrevió a presentarlo en público y dedicarlo a su mecenas y cónyuge, la actual directora del Consejo Tutelar de Menores, Concepción Guadalupe Nava Calvillo. Añadió que los prolegómenos de declaratoria los hizo el coordionador de monumentos de la dependencia federal, Salvador Díaz Berrio en 1976, pero quedaron congelados. «Era una propuesta que llegaba después de la alameda Juan Sarabia. Era inviable porque había afectaciones a la propiedad privada. Estuve de funcionario de 1988 a 1993. Agarro la iniciativa que tenía 13 años detenida. Conseguí el objetivo con mi equipo de trabajo. Tardamos como 8 meses. Se consignó el perímetro a y b como zona de bajo impacto. El a era el sector Reforma, que antes fue un río, dejó de serlo entrado el siglo 20. Eran los límites de la ciudad. El sitio b incluía parte del primero. Había que determinar lugares muy específicos que tuvieran el carácter histórico con el criterio que se manejaría para solicitar los trámites a la presidencia de la república».

«El que se usó antes fue algo arbitrario, ya que eran pocos los edificios históricos, no coloniales, como iglesias y grandes casonas. Fue lo que hizo Díaz Berrio. Cambié el criterio, consideré que dominaba la arquitectura vernácula, popular, del siglo 19. Barrí con las parroquias y los grandes monumentos porque eran del siglo 17 y 18. Como el convento de San Francisco. Descubrimos que fue construido en 1592, a finales del siglo 16. Empezamos a detectar todos los elementos propios de la arquitectura popular del siglo 19 como la altura, entrada de las casas y las crujías internas para proteger el fachadismo que se dio en la época en el Estado de México. Las fachadas eran bonitas, encaladas de blanco, pero se perdía el contenido de identidad cultural de la época y de los potosinos actuales. Se detectaron más de 3 mil monumentos históricos, como una casa del siglo 19, muy conservada, con criterio de la ley federal. Nos colocamos en tercer lugar en importancia numérica en la república, solo aventajados por el Distrito Federal y Puebla de los Ángeles. Era muy importante la declaratoria para echar andar el reglamento de la zona de monumentos y el registro de una zona de monumentos históricos para San Luis dentro de lo que era el registro municipal. Se tocaron muchos intereses y avanzamos en las exigencias de la Unesco. Los diversos gobernadores nos mintieron. Primero Horacio Sánchez Unzueta que dijo se iba a conseguir rápido. Declaré lo contrario, porque había una bola de gente que no estaba preparada, como los arquitectos Juan Carlos Machinena y Marco Antonio Garfias, capaz en lo técnico pero con una ausencia absoluta de datos históricos, donde el uso erróneo de un concepto cambia todo el significado. Un monumento histórico es el que tiene la solera, trayectoria en el tiempo que define la esencia de una ciudad, región, estado, una calle. La Unesco pide monumentos históricos porque lo establece el ejecutivo federal, una zona de monumentos históricos, no edificios bonitos».

«Tenemos de sobra monumentos históricos, pero echaron a andar el proyecto con aspectos de la época colonial. La declaratoria era de monumentos de arquitectura popular y los responsables la manejaban con otros términos, como si la arquitectura de San Luis fuera de corte faraónico, egipcio. Un absurdo. Hasta la fecha se maneja igual porque hay un problema ideológico, aunque no parezca. No es lo mismo declarar una zona de arquitectura vernácula que edificios de la oligarquía, donde figura la catedral, conventos, el palacio de Iturbide. Para la alta sociedad potosina es inadmisible la caractericen en el plano popular. Es donde radica el detalle del asunto. No solo era un problema de intereses económicos, también de carácter político, ideológico. Los gobernadores en turno, ignorantes estructurales, no se daban cuenta de las circunstancias aunque se las explicaran. Contra toda lógica científica y técnica, llegaba un hijo de la familia Valladares, Torres Corzo o como te de la gana y pedían incluir el edificio que compraron para meter un hotel. Fue donde hubo un choque de trenes muy importante que casi me cuesta el puesto. Pero me hizo fuerte el entonces secretario de gobernación, Manuel Bartlet y el presidente de la Comisión Nacional de Cultura, Víctor Flores Olea. Hicimos un trabajo importante con el que le doblamos las manitas a los gobernadores y avanzó la declaratoria como debía ser. El mandatario era Leopoldino Ortiz Santos con el que se consigue el objetivo. No se metió para nada. Sánchez Unzueta intervino en el plano declarativo. ¿Entonces cómo le preocupan ahora los monumentos históricos, si cuando estuvo al frente, se los pasaba por la polla?. En los planes no se mete la Unesco, primero el INAH, que los revisa y da luz roja. Entonces la propuesta de declaratoria pasa a un listado nacional que maneja la Secretaría de Educación, que por lo regular, revisa 16 temáticas»… continúa (tomado de la versión impresa, marzo 2017)