El historiador Joaquín Muñoz Mendoza acusó al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan Carlos Machinena Morales, de realizar excavaciones en el centro histórico de la capital sin tener un programa elaborado. Expuso que las tardadas obras, donde se corta la energía eléctrica y agua a los establecimientos, semeja a lo que ya se hizo en otras partes como Zacatecas, donde quebraron decenas de negocios, para después suplirlos por otros de mayores ingresos donde la única que se beneficia es la oligarquía. Expuso que empresarios de elite le solicitaron un diseño para suplir el mercado República, que sería demolido, para abrirle paso a un centro comercial exclusivo, donde se vendan los mejores quesos y vinos del mundo. El también ex delegado del INAH puso en duda la capacidad académica e intelectual de Machinena, al que acusó de plagiar un folleto sobre monumentos históricos. Se atrevió a presentarlo en público y dedicarlo a su mecenas y cónyuge, la actual directora del Consejo Tutelar de Menores, Concepción Guadalupe Nava Calvillo. Añadió que los prolegómenos de declaratoria los hizo el coordionador de monumentos de la dependencia federal, Salvador Díaz Berrio en 1976, pero quedaron congelados. «Era una propuesta que llegaba después de la alameda Juan Sarabia. Era inviable porque había afectaciones a la propiedad privada. Estuve de funcionario de 1988 a 1993. Agarro la iniciativa que tenía 13 años detenida. Conseguí el objetivo con mi equipo de trabajo. Tardamos como 8 meses. Se consignó el perímetro a y b como zona de bajo impacto. El a era el sector Reforma, que antes fue un río, dejó de serlo entrado el siglo 20. Eran los límites de la ciudad. El sitio b incluía parte del primero. Había que determinar lugares muy específicos que tuvieran el carácter histórico con el criterio que se manejaría para solicitar los trámites a la presidencia de la república».
«El que se usó antes fue algo arbitrario, ya que eran pocos los edificios históricos, no coloniales, como iglesias y grandes casonas. Fue lo que hizo Díaz Berrio. Cambié el criterio, consideré que dominaba la arquitectura vernácula, popular, del siglo 19. Barrí con las parroquias y los grandes monumentos porque eran del siglo 17 y 18. Como el convento de San Francisco. Descubrimos que fue construido en 1592, a finales del siglo 16. Empezamos a detectar todos los elementos propios de la arquitectura popular del siglo 19 como la altura, entrada de las casas y las crujías internas para proteger el fachadismo que se dio en la época en el Estado de México. Las fachadas eran bonitas, encaladas de blanco, pero se perdía el contenido de identidad cultural de la época y de los potosinos actuales. Se detectaron más de 3 mil monumentos históricos, como una casa del siglo 19, muy conservada, con criterio de la ley federal. Nos colocamos en tercer lugar en importancia numérica en la república, solo aventajados por el Distrito Federal y Puebla de los Ángeles. Era muy importante la declaratoria para echar andar el reglamento de la zona de monumentos y el registro de una zona de monumentos históricos para San Luis dentro de lo que era el registro municipal. Se tocaron muchos intereses y avanzamos en las exigencias de la Unesco. Los diversos gobernadores nos mintieron. Primero Horacio Sánchez Unzueta que dijo se iba a conseguir rápido. Declaré lo contrario, porque había una bola de gente que no estaba preparada, como los arquitectos Juan Carlos Machinena y Marco Antonio Garfias, capaz en lo técnico pero con una ausencia absoluta de datos históricos, donde el uso erróneo de un concepto cambia todo el significado. Un monumento histórico es el que tiene la solera, trayectoria en el tiempo que define la esencia de una ciudad, región, estado, una calle. La Unesco pide monumentos históricos porque lo establece el ejecutivo federal, una zona de monumentos históricos, no edificios bonitos».
«Tenemos de sobra monumentos históricos, pero echaron a andar el proyecto con aspectos de la época colonial. La declaratoria era de monumentos de arquitectura popular y los responsables la manejaban con otros términos, como si la arquitectura de San Luis fuera de corte faraónico, egipcio. Un absurdo. Hasta la fecha se maneja igual porque hay un problema ideológico, aunque no parezca. No es lo mismo declarar una zona de arquitectura vernácula que edificios de la oligarquía, donde figura la catedral, conventos, el palacio de Iturbide. Para la alta sociedad potosina es inadmisible la caractericen en el plano popular. Es donde radica el detalle del asunto. No solo era un problema de intereses económicos, también de carácter político, ideológico. Los gobernadores en turno, ignorantes estructurales, no se daban cuenta de las circunstancias aunque se las explicaran. Contra toda lógica científica y técnica, llegaba un hijo de la familia Valladares, Torres Corzo o como te de la gana y pedían incluir el edificio que compraron para meter un hotel. Fue donde hubo un choque de trenes muy importante que casi me cuesta el puesto. Pero me hizo fuerte el entonces secretario de gobernación, Manuel Bartlet y el presidente de la Comisión Nacional de Cultura, Víctor Flores Olea. Hicimos un trabajo importante con el que le doblamos las manitas a los gobernadores y avanzó la declaratoria como debía ser. El mandatario era Leopoldino Ortiz Santos con el que se consigue el objetivo. No se metió para nada. Sánchez Unzueta intervino en el plano declarativo. ¿Entonces cómo le preocupan ahora los monumentos históricos, si cuando estuvo al frente, se los pasaba por la polla?. En los planes no se mete la Unesco, primero el INAH, que los revisa y da luz roja. Entonces la propuesta de declaratoria pasa a un listado nacional que maneja la Secretaría de Educación, que por lo regular, revisa 16 temáticas»… continúa (tomado de la versión impresa, marzo 2017)
