En sus afanes de suceder en la rectoría de la universidad autónoma a Manuel Fermín Villar Rubio, el secretario Juan Manuel Reinoso Sandoval aprovecha el vacío de poder que le genera su jefe para empezar a acomodar sus alfiles. En las elecciones de consejeros maestros de la facultad de derecho, que se llevarán en marzo próximo, empuja a la juez tercera de lo familiar, María Luisa Pérez de Portales, que ambiciosa, trata de reelegirse. Por su deficiente desempeño, los litigantes han solicitado su cambio a Valles. Ha fomentado el rezago en los juicios que maneja. Una de las razones por las que el presidente del Tribunal de Justicia, Juan Pablo Almazán Cue, desapareció la central de actuarios, un nido de corruptelas.
El defensor de oficio, Santiago Camacho, también aspira a ser consejero maestro. El ex secretario de gobierno y ahora diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, lo hizo presidente de la Asociación de Abogados. En lugar de ayudar a los desposeídos en sus oficinas púbiocas, se dedica a chacotear en las escalinatas y cafetería de la escuela.
También aspira a ser consejero el director administrativo de la secretería particular del gobernador Juan Manuel Carreras, el catedrático Daniel Medina Castillo. No se descarta al consejero jurídico estatal, Daniel Pedroza Gaitán. Otro que busca colarse es el director del Centro Estatal de Estudios Municipales, Luis Gerardo Aldaco Ortega, operador político del ex alcalde de la capital, Mario Gracía Valdés, acusado de un desfalco millonario. Su mecenas lo hizo regidor, donde con frecuncia pasó la «charola» para juntar fondos económicos que los ayudara a ganar la gubernatura. Aldaco fue acusado de promover con recursos públicos, diversos candidatos para alcanzar la Federación Universitaria Potosina.
Un grupo de profesores inconformes por tener representantes «chambistas», denunciaron que si quieren participar en los procesos internos, deben renunciar al cargo de asesores del procurador, Federico Arturo Garza Herrera, el maestro Francisco Enrique Portillo Reyes y Alberto Armando Ayala Flores. En la misma tesitura se ubica la directora del registro civil, Luz María Lastras Martínez. La consejera de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, Yolanda Esperanza Camacho Zapata. El director estatal de catastro, José Manuel Fajardo González.
El secretario del ayuntamiento de la capital, Marco Antonio Aranda. El síndico de Soledad, Pedro de Jesús Olvera Vázquez. El delegado de la secretaría del trabajo, Edgar Durón Puente. El delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro. El integrante de la consejería jurídica del estado, Jorge Alejandro Vera Noyola, hijo del dueño del partido Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat, que ya lo hizo diputado local y candidato a la alcaldía de la capital.
Los inconformes resaltaron que si quieren inscribirse en las planillas internas, antes deben renunciar a sus cargos de magistradas, María Manuela García Cázares y Luz María Enriqueta Cabrero Romero. Impugnaron al director administrativo de la secretaría particular del gobierno estatal, Daniel Medina Castillo. Si quiere contender, debe renunciar a la nómina en Estudios Municipales, León Felipe Cantú Pérez, que obedece a pie juntillas a su protector, Gerardo Aldaco. Los quejosos reclaman que el rector Villar sea más cuidadoso al aceptar los perfiles de los consejeros maestros con los que habrá de cohabitar varios meses antes de dejar el cargo que le busca arrebatar Reinoso.
