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El temor a ser “levantado”, por protestar

Enemigo de la crítica y de las cuentas claras, el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez y sus colaboradores, han generado el descontento en varios sectores, como el de los comerciantes, empresarios y líderes sociales, que denuncian sin reposo los excesos contra sus víctimas. A lo largo de un rosario de prepotencia, se suma el viacrucis de 700 trabajadores del ayuntamiento que han sido despedidos de manera arbitraria e injustificada por el fiero verdugo, urgido de colocar en la nómina a incondicionales que le ayudaron a ganar y que necesita de nuevo para sus futuras aspiraciones políticas. Con el pretexto de acabar con los aviadores y recuperar fondos para obras, sus testaferros se han encargado de hostigar y correr sin la mínima defensa a los que no encajan en su proyecto político.

Una de tantas víctimas es la educadora Rosa María Martínez Rocha quien durante más de 22 años de laborar en el jardín de niños Estefanía Castañeda, fue corrida de forma repentina, sin fundamento alguno. Señaló que en abril del año pasado fue dada de baja, solo le notificaron que se presentara con el jefe de recursos humanos, Gildardo Castañeda Moreno, el cual apenas le explicó que estaba fuera del cargo. “Me dijo, le tengo una mala noticia, está despedida. Cuestioné el motivo, si había incurrido en alguna falta. Me contestó que no, que habría muchos despidos en enero, febrero, marzo y abril, debido a que en el presupuesto se deben reducir los gastos”.

Expuso que dos meses antes, ya trabajaba con presiones por parte de los directivos, que de repente llegaron a imponer un nuevo esquema, con más horas de labores que no serían pagadas. Junto con algunas compañeras, acudieron con el dirigente del sindicato, José Guadalupe Valencia Contreras, quien se mostró apático. Al no darles una respuesta, tuvieron que cercarlo afuera de su oficina. Molesto, sin poder escapar, escuchó los cuestionamientos. Las timó al prometerles un total apoyo y resolver su problemática. “Había miedo. Le dijimos que podíamos acudir más horas, siempre y cuando nos pagaran las horas extras. Era ilógico que fuéramos de 8 a 3 y las compañeras a las que les hacemos las labores de alimentar los niños, las despidan. Nos sugirió no hacer nada, que nos ayudaría”.

Al día siguiente de interceptar a Valencia, en todos los centros educativos, desde las 8:30 de la mañana, se encontraban emisarios de recursos humanos, que hostigaban a los educadores, les tomaban fotos. A la semana, recibieron un oficio que los obligaron a firmar. Indicaba que por no haber acatado el horario de 8 a 3, se cambiaría la forma de pago de jornada laboral a horas de trabajo. La mentora Rocha como otras se negaron a signar. A la semana les rebajaron mil pesos de su sueldo, nunca les explicaron las razones, menos les repusieron los descuentos. “Cuando nos afectan en lo económico, fuimos de nueva cuenta al sindicato con el señor Valencia. Nos dijo que haríamos un paro laboral, pero no fue cierto. Elaboró un oficio, pero comentó que dijéramos que nosotros lo hicimos y lo firmamos las 45 afectadas. Lo llevé a la oficialía mayor donde me tenían identificada. Fui de las primeras en ser despedida”.

Martínez Rocha señaló que en todos los departamentos corrían trabajadores. Al mes acudió a derechos humanos, donde le informaron que había como 700 personas en las mismas circunstancias. Añadió que pisotean sus garantías laborales sin importar que las agraviadas sean mayores de edad, enfermas o sean el único sustento para sus familias. Expuso el caso de un empleado de 70 años, con 25 de laborar, que resultó despedido. Tras buscar una respuesta, lo mandaron a la comunidad de Bocas donde lo hicieron esperar 15 días para notificarle que no había trabajo. Los verdugos de recursos humanos le dieron la alternativa de ser ocupado con menor sueldo. No aceptó, alegó que no había cometido alguna irregularidad. A la semana se le notificó que ya no tenía lugar en el ayuntamiento.

Otro abuso se dio con maestras del centro educativo Satélite, que tras haber laborado más de 10 años fueron inhabilitadas. Valencia se pintó como solucionador para que regresaran, pero las condicionó a ser reubicadas sin tener ningún derecho laboral ni de antigüedad. Las que aceptaron laborar condicionadas a renovar contrato cada cierto tiempo, en diciembre no recibieron aguinaldo, como cuando eran sindicalizadas. “Valencia solo dice, no se desesperen. Colaboró a que algunas regresaran a trabajar sin derechos, lo que no es ayudar. Abandonó al personal del centro educativo Tangamanga donde despidieron a dos. Lo mismo pasó con una cocinera. A la compañera Liliana Hernández, que tiene lupus y necesita el servicio médico, no les importó y la dieron de baja. Otro amigo, Felipe Liñán, que padece cáncer, lo reubicaron. A una prima la quitaron de su puesto al ver que tiene cáncer y la pasaron a otro departamento. Hay varias personas con problemas de salud, con pocas posibilidades de conseguir otro empleo, los echan sin motivos”. La afectada destacó que los despidos injustificados se dan para que Gallardo Juárez meta a la nómina a sus incondicionales, para cumplir sus acuerdos de campaña, sin importarle que no tengan el perfil requerido. Como la administradora de los centros educativos del DIF municipal, Heriberta Cortina García, que escribe con faltas de ortografía, por lo que solicita a los demás, le redacten los documentos.

Martínez resaltó que en la ola de despidos masivos, se falsifican las firmas de los trabajadores para sustentar que se van por su propia cuenta. “A mí me presentaron la renuncia con mi firma, lo que nunca hice”. Añade que el encargado de realizar las bajunas artimañas es el jefe de recursos humanos, Gildardo Castañeda Moreno, que acude a todas las audiencias para declarar que los mismos trabajadores pidieron la baja. “Asiste con dos personas. Los tres sostienen que nosotros aceptamos la renuncia, es ilógico. Somos muchos a los que nos han falsificado las firmas. Incluso en los careos con los abogados del ayuntamiento hay trampas. En la audiencia me dejan sola, me presentan el expediente. Me preguntan si lo conozco. Al decir que sí, dan la orden de registrar que admito que mi firma está plasmada, que apruebo mi salida. ¿Cómo después de 22 años voy a renunciar y acepto que el ayuntamiento no me pague nada de honorarios, cuando soy madre de familia y no tengo otro trabajo?”. Agregó que en ningún trienio anterior las habían hostigado tanto como ahora con Gallardo, que las obliga asistir al desayuno del 10 de mayo. O de lo contrario, ordena levantar actas administrativas. “Como preside el acto, busca que su persona resalte. Muchas compañeras no querían ir, como apoyo a los despedidos. Otros no se dan cuenta que el objetivo del edil es lucrar con las necesidades de las personas, las utiliza para hacerse proselitismo. Es lamentable cómo pisotea a los trabajadores, los monitorea, pero regala tortillas, garrafones de agua, juguetes y despensas. La gente cae en su juego. También existe el miedo continuo que se atente contra la familia. He recibido mensajes en el celular donde me exigen que le baje, que me tienen identificada”.

“Me han dicho que me puede levantar gente del alcalde y argumentar que es por la inseguridad. No temo por mí, porque tengo pruebas que me despidieron de manera injustificada. Me difamaron y falsificaron la firma. Pero si algo llegara a pasarle a mis hijos o familiares, hago responsable directo a Ricardo Gallardo Juárez”. Además, persiste el temor que el edil se quiera reelegir y que su hijo, el ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, busque la gubernatura. Es algo que aterra a los trabajadores, que compren a los peritos para que resuelvan a favor del ayuntamiento. “Esperamos que haya justicia, porque lo que hacen es una porquería”. Martínez resaltó que el munícipe se ensaña con los trabajadores, como lo hizo antes en Soledad, donde casi desapareció al sindicato. Provocó un gran daño. Se imaginó hacer lo mismo en la capital. “Se equivocó, conocemos nuestros derechos. Ante una injusticia, la gente se defiende. Gallardo está enfermo de poder, hace lo que quiere, por lo que se ha ganado el sobrenombre del Abarca de San Luis. Todos sus atropellos deben salir a la luz, aunque ha comprado muchos medios, por lo que no se atreven a escribir una nota en su contra. Pero existe la justicia divina”.

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Un galimatías el contrato de Panavi

El activista del Frente Anti Corrupción, José Manuel Martínez Guiza, destacó que el tema la empresa Panavi es una guerra entre el ayuntamiento de la capital, congreso y otros poderes locales. Destacó que no se debe aprobar la propuesta del alcalde Ricardo Gallardo de incrementar 200 millones de pesos para beneficio de la firma que instalará las lámparas leds. Sugirió auditar el contrato original que firmó el ex alcalde Mario García Valdés, ya que es nulo por los vicios iniciales en las licitaciones y no cumplir la mayoría de las cláusulas.

Expuso que en realidad se firmó un convenio de arrendamiento, no de prestación de servicios. Similar a rentar una fotocopiadora, donde el dueño se encarga del mantenimiento, sacar las copias y cobrar por unidad. Al final se crea una cláusula donde se plantea la alternativa de compra. Las luminarias se van a quedar en San Luis. El acuerdo se firmó en mil 300 millones de pesos. A los 15 años, por los costos financieros, se irá al doble. Luego el ayuntamiento hará un último desembolso para quedarse con los focos.

Censuró no existan datos suficientes. Falta el estudio de consumos 2012-2015 previos, como lo establecen las reglas operativas del Comité Nacional de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. Sirve para hacer un comparativo, ya que el ayuntamiento le cubrirá a Panavi en el primer año 108 millones de pesos con un rango de consumo de equis kilowatts. Son reportes que debió entregar la firma cada tres meses para establecer cuánto se ahorra. El dinero ya estaba presupuestado. Lo iban a entregar en ministraciones parciales. Panavi tenía que registrar el acuerdo ante la Conue para entrar a un concurso de quitas, hasta el 60%, del que, una tercera parte, se destinaría al ayuntamiento para saldar deuda pública. Lo restante es la utilidad de la empresa, con lo que paga al que le haya financiado las instalaciones.

«Tales datos no se han difundido. Tenemos 200 páginas, una parte del expediente, que debe ser público y gratuito, como lo es en Ahome, Sinaloa. Tienen una página en el Consejo Ciudadano de Transparencia donde existen los estudios de consumo, licitaciones, contratos, anexos y adendos que sirven para modificar el convenio de arrendamiento. En San Luis, desde Mario García y con Gallardo, cobran a 37.75 pesos cada cara de una hoja de máquina. Para acceder al expediente de Panavi, alguien debe gastar casi 50 mil pesos. Hay una serie de desinformaciones. Todo se relaciona con la falta de democracia. Tienen en común las corruptelas. Cualquier tema como las tarifas de transporte público, los que estamos en la lucha cívica, nos hemos dado cuenta que el sustrato es la transa a través de la opacidad».

Martínez estableció que es el momento de integrar un frente amplio para combatir las corruptelas y lograr que el sistema estatal en ciernes, sea un espacio de los ciudadanos y no del gobierno. «Mientras no tengamos acceso a todos los datos, habrá solo especulaciones. Tenemos las bases del concurso, modelo del contrato, anexos y fichas técnicas. El hecho que cada página cueste casi 76 pesos, es una forma de inhibir la transparencia, cuando la ley establece que no se debe pagar el doble del costo real. En el caso de las luminarias se configura lo oscuro. Faltan los reportes de supervisión. El comparativo del ahorro estimado en el primer año que fue de 48 millones. Todo viene en la corrida financiera en el anexo e».

«Lo estimaron cuando firmaron el contrato. Ya pasaron más de 600 días, por lo que deben informar con sus tablas, cuánto se gastó en el 2012, 2013 y 2014, antes del convenio. Cuánto erogaron en el año y medio que lleva el acuerdo. Lo que se ahorró. Nos demuestren que sus estimaciones son correctas o lo aproximado que resultó. Si fuera diputado y no es una película de Cantinflas, les pediría el expediente para saber si el contrato se sustentó. Y después revisar la propuesta de ampliar el costo con 211 millones de pesos. Con el esquema y corrida financiera, estimar si es factible y correcto a futuro. Compararlo con otros municipios donde Panavi tiene contratos de arrendamiento. Tampoco se clarifica si al final el ayuntamiento tasará cuánto vale el equipamiento urbano. Se hará cargo de las luminarias o ampliará la concesión. Como está el documento, se asume que los focos serán del municipio».

«En la avenida Salvador Nava, en la glorieta de Balcones del Valle, hicieron una estación solar para dar servicio a los carriles centrales, que son parte del contrato que van a iluminar. No es cierto, ya que los paneles solares se instalaron desde el principio como led. Faltan datos para saber qué circuitos van a cubrir, sólo dicen que instalarán 47 mil 800 luminarias. ¿Dónde empezaron, con qué criterios?. Yo lo haría con las más viejas, donde hay mayor densidad de pobladores, más conflictos de inseguridad, donde transitan más carros y ciudadanos. Es sentido común. No puede hacerse al azar. Se requiere un estudio para ubicarlas. Nada es explícito en el contrato primario ni los anexos. Tampoco queda clara la propuesta del ayuntamiento de ampliar y modificar el contrato».

«Se habla de pedir más deuda. Lo cierto es que se darán como garantía las participaciones federales hasta un cierto porcentaje. Existe todo un galimatías porque los informes no son claros. Los diputados no deben aprobar la propuesta porque no existen los datos, análisis ni valoraciones adecuadas. Parece que hubo doble incumplimiento de Panavi y el ayuntamiento. ¿Qué pasa si lo aprueban o no?. El tema es lo mismo, la falta de datos precisos». Martínez Guiza expuso que Panavi es una empresa de Jalisco. En la acta constitutiva aparecen como dueñas las hermanas Paulina y Viridiana Salas Mayagoitia. Se rumora que son testaferras de una sociedad de inversiones llamada Prorsus, cuyo líder es Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas. En San Luis su principal promotor a trasmano es Carlos Torres Corzo. El mismo perfil deben tener las otras dos empresas asociadas en los contratos de luminarias que tienen en casi todo el país.

-¿Por que fraccionan una empresa en varias, con distintas sedes, con gente de bajo perfil o ajenas al negocio que sustentan?.

-No es que se dividan. En el caso local, Prorsus es una sociedad de inversiones que crea diversas empresas específicas. Es algo muy común en las altas esferas financieras. Lo que les sirve para cuestiones fiscales y hacer holdings, controlar el mercado. Como sociedades anónimas, es difícil relacionarlas en forma directa. Es como el constructor de la capital, Guillermo Leal Tobías, hermano del secretario de gobierno, Alejandro Leal, que usa varias compañías para las licitaciones.

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Otro estigma similar al de Sandra Sánchez

«Si queremos que el proyecto político del alcalde de la capital Ricardo Gallardo se vaya al abismo, el congreso debe autorizarle las modificaciones que pide al contrato con Panavi», destacó el ex diputado local del PRD, Eduardo Martínez Benavente. Añadió que existen litigantes dispuestos a presentar denuncias para combatir el resolutivo pendiente. En caso de aprobarse, «habría un estigma más en contra, similar al negocio de los medicamentos. Lo más conveniente para el edil es retirar la iniciativa que presentó para ampliar y modificar el convenio que firmó el ex munícipe Mario García. No alimentar una serie de críticas, descalificaciones y manotazos que se han dado en el poder legislativo».

Al mismo tiempo, añadió, rescindir el convenio o le pesará toda la vida el asunto. «Es falso el argumento que dio Gallardo en el sentido de que tiene que pagar el 90% de penas si disuelve el convenio. Sucede si estuvieran instaladas la mayoría de luminarias, pero sabemos que la firma no cumplió. Es muy fácil para el ayuntamiento cancelar el acuerdo. Pero una de las características de Gallardo es recular en todos los temas. Y cada vez le crecen. Las negociaciones de García con Panavi y las que ahora se pretenden, están manchadas por denuncias de personas que buscan hacerse más ricas con el sobreprecio establecido».

Indicó que en otras partes de la república, se acreditó que el servicio del alumbrado vale la tercera parte de lo que se busca pagar en San Luis. Los 211 millones de pesos son las tajadas para algunas gentes que promueven el negocio. Hacer un contrato de 15 años con tecnología que en 5 ó 7 puede ser obsoleta es inaceptable. En tal lapso habrá un método nuevo más económico y eficiente para iluminar la ciudad. ¿Para qué casarse a tanto tiempo?. Ya se investigó que las dos principales accionistas viven en Guadalajara. ¿Para qué insistir en pagar el sobreprecio cuando en otras partes los focos son más baratos?. La insistencia denota una enorme corruptela y un sobreprecio que habrá de enriquecer a muchos que dan manotazos. Lo de Panavi es el punto más oscuro que debe aclarar Mario García.

-¿Gallardo demuestra su capacidad para salpicar a los presuntos beneficiarios?.

-No lo puedo acreditar con documentos. Los que vivimos la realidad en México, entendemos que el dinero salpica por todos lados. Un ayuntamiento que cuida los recursos de la ciudad y nota que se trata de un enorme fraude, ya lo hubiera retirado. Gallardo además de no rescindir el contrato, busca incrementarlo. Lo único explicable es la enorme corrupción que prevalece. Los diputados debieron recibir cantidades importantes de dinero. Los que estamos atentos a los asuntos públicos, nos damos cuenta que es un negocio manchado. Antes en el congreso, un operador del edil pidió anular el convenio de Mario García. Lo de Panavi es uno de los temas más sucios que me ha tocado analizar en los años que hemos estado atentos a lo que ocurre en San Luis.

Martínez Benavente aseveró que el departamento de alumbrado público se podría encargar de poner las luminarias que hagan falta a un costo bajísimo. Pero el objetivo inicial era tener un pretexto para sacarle un dineral al ayuntamiento. Se puede ahorrar una cifra importante de los que se paga en el recibo de luz en beneficio del municipio y no en la utilidad de los especuladores. El fedatario aludió al caso de la Ford. «Es inaceptable que el gobernador Juan Manuel Carreras no haya informado de cómo quedaron las negociaciones con la trasnacional, que se resiste a pagar las penalizaciones. Le podrían cubrir el lote que compró que luego donó a la empresa».

«En el convenio y adendo que se firmó, existen muchas interpretaciones y penalizaciones a favor de la empresa, que puede decir, devuelvo el predio. Si costó poco o mucho no es mi problema. Cubro sólo los gastos acreditados con facturas como honorarios de algunos trabajadores, renta de locales o publicidad que hayan contratado. Lo que no suma más de 30 millones de pesos. Ya se venció el plazo fatal para cerrar las negociaciones. El asunto pasará a los tribunales internacionales. Carreras no ha explicado por qué no acudió a las instancias. Lo más fuerte que puede exigir el mandatario es que le cubran los daños y perjuicios, aunque no se hayan acreditado en el convenio. Por el impacto que provocó en proveedores de bienes y servicios que no se vinieron a San Luis, lo que sumaría cientos de millones de pesos».

Añadió que prevalece una absoluta falta de transparencia porque Carreras no se ha atrevido a publicar en el Periódico Oficial del Estado el convenio, adendo y anexos. «Lo más grave es que no exista alguna crítica o reclamo por parte de los diputados, partidos opositores o empresarios. Con tal margen, Carreras puede hacer lo que quiera. Las inversiones que haría el gobierno con la Ford donde se incluyen donativos, subsidios y otros beneficios, podrían alcanzar los 3 mil millones de pesos. Similar a lo entregado a la BMW y no los mil 200 millones que señala el mandatario. Cuando la Ford devuelva el terreno, lo peor que puede hacer el ejecutivo es regresarlo a los especuladores a los que les debe casi el 50%. Menos ahora cuando se presume que hay empresas chinas y de otros países interesados en invertir en San Luis. Llegará a un acuerdo favorable para quienes le vendieron el lote en breña y una parte con infraestructura por más de mil millones de pesos. Pero en el contrato no se especifica si fueron instalaciones eléctricas, hidráulicas y vialidades. Por el precio se concluye que sólo abarca el lote y el compactado».

Martínez enfatizó que los contratistas no le pagaron al estado el 10% por enajenar o desincorporar los terrenos ejidales. Falta revisar si entregaron las áreas de donación al ayuntamiento de Villa de Reyes. «Hay muchos aspectos pendientes que favorecieron más a los inversionistas. Sabemos que Carreras no tiene el estilo para una férrea defensa. Tal vez el gobierno federal le exigió no hacer ruido. Pero una manera de presionar a la Ford era presentar la denuncia. Más ahora que se excedieron los términos para un trato amistoso. «El asunto debería estar en los tribunales. Pero va en contra de la naturaleza y carácter del gobernador, pelearse con la firma que engañó a los potosinos y los quiere indemnizar con una cantidad mínima».

 

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Peculados todos los días

El ex candidato independiente a la gubernatura, Edgardo Rubín de Celis, destacó que las lámparas que pretende instalar el ayuntamiento, las quiere cobrar 25 a 1, respecto a las que se han colocado en otras partes de la república. Las más baratas se han cotizado en mil 294 pesos. Aludió a un alcalde de Ciudad Juárez, que al inicio del trieno dio «suichazo» al inaugurar el alumbrado en la zona más oscura. En San Luis pretenden que se pague un dineral. «No estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia que se amplíe el contrato con la empresa Panavi, ya que nació viciado. Como litigante, conocemos varias acciones que se pueden realizar, ya que se trata de un convenio leonino. En el cabildo se autorizó el incremento de 112 millones. Ahora le toca al congresp resolver. Pero los diputados están maniatados ya que buscan reelegirse en el 2018. No vamos a permitir sigan en el cargo personas que no han realizado nada por la ciudadanía».

Añadió que no se vive un estado de derecho ya que los poderes están coercionados. El gobernador Juan Manuel Carreras es un hombre tibio, tiene amordazado al poder legislativo. El edil Ricardo Gallardo comete peculados todos los días. Viola las licitaciones y todas las demás reglas. Construye con sus propias empresas. Ahora pretende engañar a los votantes con las luminarias. Hace poco, la auditoría superior del estado, le hizo observaciones por mil 500 millones de pesos. Pero al quejarse varios activistas y actores políticos de forma agresiva, salió que el ayuntamiento tiene un 10 en transparencia. «No podemos vivir con tantos ilícitos donde se estrangula a los potosinos. Con tales gobiernos, se debilita la economía. Los organismos como la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y la Ase no actúan para revisar el gasto público. Gallardo tiene con un pie en el cuello al cabildo, por lo que le autorizaron las luminarias. Las protestas de varios grupos y las redes sociales lograron retrasar un poco los beneficios que buscan entregar a Panavi. Es como si nos gobernara una pandilla donde unos se tapan con otros. Como el caso de la proveedora Sandra Sánchez Ruiz, una señora muy cercana a Gallardo».

Por su parte, los empresarios e industriales a la Canacintra, Canaco, Coparmex, Usuarios de la Zona Industrial, Cámara de la Industria Restaurante y de la construcción, negaron avalar las proyecciones de Panavi. En un desplegado manifestaron que es poco ético, no es concebible dar entrada a algo irregular, poco serio, que se nota como un perjuicio a las finanzas públicas. No podían dar anuencia a nuevas negociaciones con alguien que no cumplió en el primer contrato. Aunado a que priva la opacidad en los datos. Le pidieron a los legisladores no aprobar la iniciativa que presentó Gallardo y mostrar su compromiso con la ciudadanía. Exigieron se cancelara el contrato con Panavi e iniciar otro concurso. Precisaron que el ex edil Mario García proyectó el cambio de 47 mil lámparas led. A través de licitaciones nada transparentes, el congreso, de manera irresponsable, autorizó endeudar el ayuntamiento con mil 300 millones de pesos. Establecieron que Panavi no cumplió lo acordado y ahora le quieren ampliar los fondos.

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, resaltó que existen presuntos intentos de soborno a legisladores para que voten a favor del caso Panavi. Destacó que están obligados a resolver a la brevedad y votar en contra. “Hay en juego miles de millones de pesos, lo que podría representar una gran tentación para muchos. Además, los informes son incompletos y confusos, lo que ha creado serias sospechas». Informó que la diputada de su partido, Lucila Nava Piña, desde un principio asumió votar en contra de lo que se podría convertir en el hurto multimillonario en la historia de la entidad potosina.

Govea Arcos expuso que si el ayuntamiento asumiera su trabajo, no es necesario concesionar el servicio de alumbrado, porque tiene recursos y trabajadores suficientes para hacerlo, sin necesidad de contratar a un particular. Expuso que es lamentable evidenciar incapacidad en un tema tan simple como cambiar y reponer lámparas y se comprometan las arcas municipales al asumir una nueva deuda. Añadió que la Auditoria Superior de la Federación, podría dar una sorpresa sobre las irregularidades detectadas en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández, ya que existen anomalías que podrían ubicarlo en una postura incómoda.

La ex vocera del panista Marcelo de los Santos y directora del portal electrónico Código San Luis, María Luisa Paulín, que antes se confrontó de manera radical con los magnates Pablo y Miguel Valladares, a los que ridiculizó con panfletos, destacó que el negocio de mil 500 millones se orquestó en el trieno de Mario García. Ahora se ha convertido en una lucha visceral del codueño del periódico Pulso y San Luis Hoy, Pablo Valladares que se confronta con los presuntos dueños de Panavi, Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. También figura su sobrino, Juan Carlos Valladares Eichelman, hijo de Juan Carlos Valladares García, cercano en los afectos del mandatario Enrique Peña, que casi lo cuela como candidato a gobernador en lugar del ex diputado federal, Juan Manuel Carreras. Previo al destape, Pablo Valladares amenazó al PRI de no ungirlo o que se atuvieran a las consecuencias. Otro posible beneficiario es Carlos Torres Rodríguez, hijo del dueño del consorcio radiofónico Global Media, Carlos Torres Corzo… continúa (tomado de la versión impresa, ABRIL 2017)

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Los locatarios del mercado República siguen en el abandono

El dirigente del mercado República, Arturo Pérez Alonso, denunció que las demandas de los locatarios no han sido atendidas por el gobernador Juan Manuel Carreras y el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo, ya que persisten las fallas. Lamentó que ambos saben de las deficientes instalaciones, ya que en campañ pudieron constatar la problemática que los aqueja y se comprometieron apoyarlos, pero no han cumplido.

Añadió que urge renovar la infraestructura del lugar para reactivar las ventas, lo que han minimizado también las administraciones anteriores, que se proclamaron de puertas abiertas e incluyentes. Pero en la práctica no se refleja su trabajo. Mencionó que a todos los potosinos los afecta la ola de violencia e inseguridad. Refirió el caso de una compañera, que en el lapso de 3 meses, sufrió 3 robos cuando el inmueble se encontraba cerrado. Aún con las denuncias interpuestas no se ha solucionado ni encontrado al responsable de los atracos. Fue por lo que se solicitó un sistema de seguridad de videocámaras para reducir los ataques.

Pérez criticó el actuar de la directora de comercio, Dolores García Román, que sigue en el limbo. Tenían confianza en que iba a cambiar su desempeño, pero todo indica que el cargo la afectó, al volverse prepotente, ya que desprecia a las distintas organizaciones. Es renuente al diálogo, no soluciona los problemas. «Se le olvidó que es una servidora pública. Y si el cargo no le gusta, que renuncie. Al menos logró unificar un gran número de organismos que se han manifestado con el único propósito de solicitar su salida. No podemos aguantar más agravios a nuestra fuente de trabajo. El presidente está a tiempo para corregir el rumbo. Los funcionarios deben ser sensibles y tener voluntad para resolver los conflictos. No ensañarse ante las circunstancias. Cambiar la actitud por el bien colectivo, más si aspira a otro cargo futuro. Debe saber escuchar. Pero es el colmo, ni algunos regidores lo hacen».

«Lo que pedimos es arreglar, no cambiar la infraestructura en algunas áreas del mercado, como los drenajes, que están obsoletos. En cada lluvia, nos inundamos de aguas negras, lo que provoca un foco infeccioso que daña a los vendedores y clientes. En la parte externa, genera problemas para estacionarse, ya que está a desnivel. Se requiere un mantenimiento integral y permanente. Los sanitarios, aunque no están en óptimas condiciones, generan nobles ingresos a las arcas municipales. Gallardo buscó ajustar los cobros, de 2 subirlos a 5 pesos. En el mercado hay familias de 3 ó 4 miembros. ¿Ir al baño cuánto les costaría?. Sin ser llorones, hay compañeros que en todo el día no hacen ni la cruz. Por fortuna, los diputados fueron responsables y congruentes al no aprobar el nuevo costo. Hubieran afectado a los mercados y potosinos. No es pretexto, es la realidad. No hay condiciones para pagar más con los raquítico salarios que prevalecen».

El líder de los comerciantes expuso que otro de los yerros de la alcaldía alude al crecimiento del comercio informal en la vía publica. Es un tema que sigue en el limbo. «García cayó en ocurrencias. No ha tenido la capacidad para juntar, consensar y planear. A pesar de que existen condiciones para el reordenamiento. No conoce el problema, entonces no puede buscar soluciones. Trata de imponer la ley a toda costa, sin guardar los equilibrios. No ahonda en otras alternativas viables para garantizar la seguridad». Pérez Alonso lamentó que no obstante los bajos salarios de 80 pesos diarios, no sirven de nada ante los constantes incrementos a la gasolina. «Los gobiernos corruptos provocan el desempleo. Sólo nos queda administrar lo poco que tenemos, para cuando vengan las vacas flacas».

 

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Jalil Chalita reclama que muchas colonias no tengan agua potable

El ex regidor de Soledad, Jalil Chalita Zarur, destacó que el presupuesto del Fondo Metropolitano debe ser utilizado para obras públicas como el drenaje, alumbrado público y seguridad. Consideró que la Auditoría Superior del Estado encubre al ayuntamiento de la capital, ya que le ha aprobado el manejo de los recursos sin observaciones.

Lamentó que decenas de colonias no tengan agua, pero el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo, insiste en obsequiar garrafones y tortillas, con lo que habrá de quebrar a las familias que viven de tales negocios. Resaltó que el edil debe ser guiado para saber cuáles son las obras importantes que debe ejecutar.

Criticó que el munícipe haga obras mínimas que exalta con propaganda para lograr ser diputado federal o senador. Le recomendó no hacer puentes que dejará inconclusos, ya que el tiempo se le vino encima. No repetir los errores de Muñoz, donde quebraron cientos de negocios con obras que los ciudadanos nunca aceptaron.

Expuso que la Ase aprueba cuentas irregulares a través de sobornos, por lo que el titular debe ser electo a través de ciudadanos libres, los únicos que pagan impuestos y necesitan saber dónde termina su dinero. Resaltó que a muchos proveedores Gallardo no les paga facturas vencidas porque se han atrevido a señalar sus incontables errores, como el manejo deshonesto del erario.

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Acusan al general Arturo Gutiérrez de traerse la delincuencia de Tamaulipas a San Luis

Ante la falta de resultados para frenar el incremento de la delincuencia en el estado, los diputados Alejandro Flores Flores y la diputada Graciela Gaytán Díaz se pronunciaron por la renuncia del titular de seguridad pública, general Arturo Gutiérrez García, que compareció el 24 de octubre junto con el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, para abordar el tema con motivo de la glosa del primer informe de actividades de Juan Manuel Carreras. En un discurso que se volvió monótono, que leyó de prisa y en ocasiones con voz muy baja, el funcionario mencionó los convenios firmados con los estados vecinos para el combate a la delincuencia. Aludió a las pláticas que ofrecieron sus elementos en las escuelas, los talleres que impartieron, los regalos y juguetes que entregaron en navidad y día del niño. Habló de los apoyos que ofreció con patrullas y elementos a los municipios. Mencionó las estrategias implementadas en Salinas, Matehuala y Ébano. El llamado Base Operativa Mixta, Bom, que se lleva a cabo en la capital donde participa el ejército, marina, la Procuraduría General de la República y corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

Aludió al premio que se le otorgó al estado por el cierre de las cárceles distritales y el trabajo en la reinserción social. Machacó que de octubre del 2015 a octubre del año en curso, en incidencia delictiva el estado obtuvo el primero y segundo lugar comparado con la zona noroeste y los sitios vecinos. Sigue entre los 11 sitios con menos delitos cometidos en el país, por debajo de la media nacional. En la ronda de preguntas, en respuesta al cuestionamiento de la diputada del PRD, Graciela Gaytán, que lo cuestionó de cómo calificaba su desempeño, el militar, orondo, se puso un 10. Destacó que la dependencia a su cargo trabaja en la seguridad, pero también en prevenir delitos. Ubicó a San Luis en primer lugar por la labor de despresurizar las cárceles y evitar el autogobierno. “Sería vituperio hablar de mí. Pero otras autoridades nos mencionan a nivel nacional e internacional, como la cámara de comercio de los Estados Unidos que coloca a San Luis Potosí como uno de los lugares más seguros para invertir. Es lo que valdría la pena tomar en cuenta”.

La legisladora le pidió hablar con la verdad y no enfatizar los hechos de violencia que se presentan en Soledad y la capital, cuando el problema se vive en todo el estado. Le exigió mejorar las estrategias de combate al crimen. Y en caso de no poder con el cargo, empiece a sopesar su renuncia. “Se menciona que usted trabajó muy bien en Tamaulipas. Lo extrañan porque ahora los que vienen a delinquir son de Tamaulipas. Qué triste, usted diga que tiene un 10. Mejor debería diseñar nuevos planes, para que en todo caso, como dicen los niños en la escuela, pase de panzazo, con 6. Me preocupa que cuando habla de la inseguridad, hace un análisis en base a lo que ocurre a nivel nacional. Lo que debe tener es un estudio, pero de lo que sucede en lo local”.

El legislador del PAN, Enrique Flores Flores le dijo que le reconocía su valor de asistir al congreso, cuando tiene a San Luis con un incremento de 400% en secuestros, 140% en el robo de vehículos, 83% en el delito de lesiones, un aumento del 57% en robo a casas habitación, 37% en violaciones, 30% en homicidios y un 26% en extorsiones. “Reconoce usted que su estrategia ha fracasado y considera que su secretaría es la que peor resultados le ha dado al gobernador Juan Manuel Carreras. La gente se siente desprotegida y en el abandono. Mientras el alcalde Ricardo Gallardo ha realizado varios cambios en el gabinete, hasta el de un síndico que es de elección popular. Carreras, como el entrenador de la selección mexicana en el mundial de 1994, Miguel Mejía Barón, se guarda los relevos. Se tarda en hacerlo en la secretaría de seguridad pública». Le pidió al general aclarar si integró y está bajo su mando el grupo policiaco conocido como Los Talibanes que opera en camionetas sin insignias institucionales ni placas.

Gutiérrez insistió en que las estadísticas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la Republica ubican a San Luis y Soledad como los municipios donde se cometen más delitos. Aseguró que cuenta con alternativas para evitar que el crimen organizado se asiente en San Luis Potosí a través de los convenios que realiza con municipios para coordinar policías y recursos y con los estados para blindar las fronteras. Adujo que la policía estatal combate al crimen a través de 18 operativos permanentes. Por su desempeño en conjunto con la policía cibernética, se han evitado extorsiones a los potosinos cuantificadas en 64 millones de pesos. Dijo que en las zonas conflictivas además de los operativos se instalan retenes. Negó que operen en la entidad Los Talibanes, conformado por elementos a su cargo traídos de Tamaulipas.

El legislador Manuel Barrera Guillén les pidió a los comparecientes no hablar de estadísticas y dejar los escritorios para saber lo que en realidad ocurre en las calles. Censuró que anuncien con bombo y platillo, operativos como el Bom, donde dijo que participa hasta el bolero de la esquina, pero dejan en libertad a los tres días a criminales, como los 4 que se detuvieron en la huasteca. A dos se les identificó como el brazo armado del 58, jefe de un grupo que por años se ha dedicado a delinquir en tal zona. Exigió mejorar el salario y las prestaciones de los policías operativos, a los cuales hace un año les prometieron homologarles el sueldo. También renovar el parque vehicular ya que de las 400 patrullas de la policía estatal, el 30% se la pasa en el taller y varias que se encuentran en servicio no corren más de 70 kilómetros. Le dijo a Gutiérrez que no era eficiente para los discursos, sí para enfrentar a los delincuentes. Entonces, lo hiciera porque hasta la fecha había tenido un pésimo papel.

Por su parte, el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconoció el alza en la incidencia de delitos y en los ilícitos atribuidos al crimen organizado, que busca fuentes de financiamiento para establecerse en San Luis. Pero se les combate y no permitirán que se instalen. Atribuyó a un efecto cucaracha y por su cercanía con Tamaulipas, los últimos hechos ocurridos en El Naranjo y Ciudad del Maíz donde un grupo armado, en la madrugada del domingo 23, incendió una bomba de gasolina, asesinaron al trabajador de una empresa refresquera y dispararon a dos camionetas.

San Luis se ubica en el lugar 22 en cuanto a incidencia. Durante los primeros once meses del gobernador Juan Manuel Carreras, se tienen registrados 26 mil delitos. El aumento, justificó, se debe a que el impacto lo clasifican en porcentajes. En septiembre del 2015, no hubo secuestros en la entidad. Ahora un año después, se registraron 2 y aunque ya se aclararon, representan una incidencia del 200%. Aseguró que a través del operativo Bom se combate el crimen organizado. Se tienen ubicadas sus fuentes de ingresos, por lo que son supervisados de forma constante. En 6 semanas fueron cerrados 2 yonques, 11 establecimientos de venta de autopartes, 4 centros nocturnos, 10 bares, 5 casas de masaje, 6 moteles y un negocio de autos usados. Estableció que los ediles a veces patrocinan los grupos criminales, pues les exigen construir las obras. Les imponen gentes en las corporaciones policiacas, por lo que se apoya a los alcaldes para rotar uniformados.

Calificó como un gran problema el robo patrimonial, ya que de enero a septiembre del año en curso, se denunciaron mil 160 atracos a casas habitación contra 966 registrados en el mismo periodo del 2015. Reveló que hace 2 meses, su hijo Alejandro Leal Espinosa, fue la víctima. Los delincuentes le robaron un estéreo, otros equipos y una computadora que se localizó 5 días después a través de un dispositivo que tenía instalado. Se activó al momento de prenderla. Estaba en Lima, Perú. Afirmó que los robos los ejecuta una banda organizada que opera en varias partes del país y comercializan los objetos en otras partes de América del Sur, como ocurrió hace algunos años en el país con el robo de vehículos que se trasladaban en contenedores. Aseguró que el gobierno lucha contra el crimen organizado. Aseguró que la realidad no concuerda con la percepción que se tiene de la inseguridad. Se refirió a dos hechos ocurridos el 3 de octubre, donde fue ejecutado un vendedor de carros y un repartidor de pizzas, lo que derivó en una psicosis creada por las redes sociales…continúa(tomado de la versión impresa, Octubre 2016)

 

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No quieren a voceadora cerca de una clínica que podría ser de Gallardo Juárez

La dueña de un puesto de periódicos que antes se ubicó en Manuel José Othón, esquina con Álvaro Obregón, en la Alameda Juan Sarabia, la señora Margarita Ávila Mendoza, denunció que la directora de comercio del ayuntamiento de la capital, Dolores García Román, con engaños y falsas promesas, la quitó de su lugar de origen, para ubicarla a una cuadra de distancia, casi frente al museo del ferrocarril, un lugar olvidado, por el nulo paso de camiones. Lo que impide que muy pocos le hagan la mínima compra de revistas y diarios. Está a un paso de pedir limosnas.

         Ávila Mendoza expuso que el 7 de julio del año en curso fue reubicada. Siempre se mostró inconforme ya que casi no iba a vender nada en su nuevo lugar. García le prometió que el cambio era temporal, mientras terminaban el pavimento. El 6 de septiembre, el alcalde Ricardo Gallardo inauguró la calle, pero ya no le permitieron volver a su sitio de origen. Cuando se efectuó la ceremonia protocolaria, se acercó al munícipe para explicarle su problema. Cortante, despectivo, le dijo que se dirigiera al ayuntamiento, ya que tales asuntos no le competían.

         García Román sólo le da largas al tema. Argumenta que se trata de un proceso largo que deben revisarlo otras dependencias. La quejosa ya fue amedrentada por la trabajadora Ana Montalvo. Le recalcó que de no respetar el nuevo sitio que le habían asignado, se atuviera a las consecuencias.

         La afectada establece que le ponen trabas porque estorba en la fachada de la nueva farmacia Salud Digna, que según versiones de comerciantes de la zona, pertenece al millonario edil. Ante las constantes complicaciones que le pone García Román, la voceadora acudió con el defensor de los derehos humanos en la entidad, Jorge Vega Arroyo, para que la salve de los ultrajes de las autoridades a las que paga puntual sus derechos de piso. Le exigió a la funcionaria una respuesta por escrito, ya que le urge resolver su circunstacia crítica.

         Margarita Ávila consiguió el respaldo de la vendedora de paletas de hielo Ana María Chávez. Exigen las dejen dejen trabajar y regrese la ruta de camiones urbanos frente del museo del ferrocarril, lo que también afectó su nivel de vendimia. No piden nada nuevo, sólo que les respeten los lugares de trabajo. Le han planteado a la directora de comercio, instale estructuras metálicas para dejarlos ofertar sus productos, aunque los beneficiarios las paguen. Pero los ha ignorado. Añadió que el ayuntamiento pregona respetar las leyes, pero sus representantes las corrompen. No reconocen los permisos que expiden a los solicitantes. Lamentó que García no resuelva un problema que afecta a cientos de familias.

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Al doctor Ismael Trujillo no lo dejan dormir ni descansar

El ex diputado local del PRD Ismael Trujillo Martínez, alcanzó de manera temporal la paz y tranquilidad al comprar una vivienda en el complejo Circuito San Miguel número 121 en la colonia San Francisco, en Pozos. Pero hace dos años vive un calvario cuando llegó el Grupo San Pedro, que a un costado de su casa, con maquinaria pesada, derribó árboles, hizo excavaciones y movió grandes volumenes de tierra para construir una gasolinera , un centro comercial, bar y otros locales. Desde entonces vive con la zozobra que por un descuido humano, se registre una explosión que ponga en riesgo su vida y la de su cónyuge. Precavido, se gastó 65 mil pesos de sus fondos de ahorro para recubrir las paredes que le ayuden a neutralizar el fuego.

Pero las medidas preventivas no fueron suficientes. Como habita en una zona donde los ex alcaldes Victoria Labastida, Mario García y Ricardo Gallardo no han sido capaces de garantizarle agua potable al fraccionamiento, sus molestos vecinos explotan el subsuelo sin permisos federales, a hurtadillas, por las noches, para cubrir sus necesidades primarias. Lo que podría poner en riesgo la salud de los empleados y clientes que usan los sanitarios y lavado de manos, con agua no apta, ya que podría estar contaminada. Por los elevados ruidos de las máquinas, Trujillo y su esposa tampoco han podido dormir a plenitud en los últimos meses, lo que podría afectar su salud y estado anímico. Por el constante saqueo de agua y vibraciones, los muros de su vivienda podrían humedecerse y debilitarse.

Trujillo denunció los hechos a Gallardo y al delegado Luis Carlos Delgado Joseph de los estragos que le causa el centro comercial San Francisco que se ubica en el bulevar Pozos 201, lote uno manzana 14, donde venden gasolina, por lo que usan de manera constante una ruidosa compresora. Además, no deberían tener un hidroneumático que utiliza energía eléctrica, lo que puede generar un accidente de graves consecuencias. El quejoso solicitó revisar si la empresa cuenta con los permisos legales adecuados. Exhortarlos a reducir el ruido que le provoca estrés, ya que atentan contra su espacio físico y violentan su privacidad. Destacó que Delgado tiene el propósito de resolver el problema, pero la directora de obras, Claudia Salas, se mueve en una vertiente contraria, ya que se justificó al sostener que se trata de un problema heredado.

Aunque acudió al centro comercial, sólo se limitó a visitar el sitio de máquinas, sin ordenar que encendieran los equipos que ocasionan el daño ecológico auditivo. Irónica, le dijo al afectado que le grabara el ruidazo y después le llamara para volver a intervenir. Trujillo le restregó se preguntara cómo se surten de agua, ya que tampoco contratan pipas. A menos que la subieran al techo con cubetas. La funcionaria se molestó porque la exhibió en su página de face. El ahora doctor jubilado le expuso que a sus 63 años, siempre ha tenido como norma no mentir, engañar ni discrimanar a nadie. A los reclamos de Trujillo se sumó el parroquiano Emilio Medina. Denunció que la calle Aduana no tiene luz, lo que provoca el fecalismo. Algunas parejas parctican el sexo y los dueños de vehículos se estacionan sin orden, lo que impide el acceso de los propietarios a sus viviendas.

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Amenazan a Pérez Alonso por criticar la ineptitud de Gallardo y directora de comercio

Con una abierta y tajante amenaza, la directora de comercio del ayuntamiento de la capital, Elisa García Román, le ordenó al dirigente de los locatarios del mercado República, Arturo Pérez Alonso, se abstenga de hacer cualquier trámite interno, ya que no existen documentos que lo avalen como líder de alguna organización acreditada.

         La funcionaria le envió por escrito la exigencia a Pérez Alonso que ha censurado y encabezado protestas de los vendedores establecidos por la ineficacia del alcalde Ricardo Gallardo, que no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo en campaña, como mejorar la seguridad pública, arreglar los sanitarios, cambiar el añejo drenaje, mejorar el estacionamiento y reubicar a los ambulantes.

       García enfatizó que la conducta de Pérez la analizan “conforme a derecho”. El aludido ha reiterado que su inquisidora no tiene la capacidad para atender el cargo, por la poca experiencia que adquirió cuando desempeñó el mismo cargo en Soledad, con menos mercados y conflictos superficiales.

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