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La tiranía de las mayorías y el pataleo de los diputados de Morena

Para justificar su inexperiencia y disfrazar sus evidentes divisiones internas, los diputados y diputadas de Morena dramatizan y se hacen los ofendidos. No pudieron ganar la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado y ahora denuncian un supuesto “agandalle”, “un robo artero”, “una vil traición” cometidos presuntamente por sus propios compañeros de legislatura. Arguyen que había un acuerdo político para que en el último año de la LXII LEGISLATURA, los morenos se quedaran con la presidencia. Pero no aceptan que por su torpeza, fracturas internas y por proponer a una diputada que no contaba con el consenso del resto de los legisladores cavaron su propia tumba. Al explicar su derrota omiten hacer un mínimo de autocrítica.

En el clímax de su histeria han amenazado con acudir ante autoridades jurisdiccionales para denunciar el imaginario atropello.

Los legisladores de Morena tienen todo el derecho de inconformarse, de rasgarse las vestiduras, están ejerciendo su derecho al pataleo. Pero más allá de la catarsis que se expresa a través de descalificaciones, amenazas y teorías del complot, la dura realidad es que fueron derrotados en buena lid y con base en la ley. Poco podrán hacer para revertir una decisión ya tomada por la mayoría de las y los diputados. Sus arrebatos de ira pueden ayudarles a expulsar la bilis que envenena su alma, pero están condenados al fracaso. Palo dado ni Dios lo quita. Consummatum est.

A los legisladores devotos de la Cuarta Transformación se les olvida que la regla de oro en la democracia es la voluntad de las mayorías. Y así fue como resultó electa la diputada Vianey Montes Colunga (del PAN) y derrotada la candidata de Morena, la diputada Alejandra Valdez Martínez. Los números de la elección son contundentes y no dejan lugar a dudas: Montes Colunga obtuvo 17 votos en tanto que Alejandra Valdez sólo consiguió 8 sufragios. Así funciona la tiranía de las mayorías.

En este episodio de la vida parlamentaria se puso en evidencia una vez más la incapacidad del diputado Edson Quintanar quien como operador político dejó ver sus limitaciones. No pudo con el paquete. También fuimos testigos de la falta de respeto al Poder Legislativo por parte del representante del presidente López Obrador para los programas sociales, el célebre Gabino Morales, quien eructando frustración y actuando como oficioso coordinador parlamentario de Morena se subió a la tribuna de las descalificaciones afirmando que los diputados “fueron gandallas”. Y por más que haya dicho que hablaba como “ciudadano” y no como funcionario, es de camaleones que quiera despojarse de la investidura que le acompaña como representante del gobierno de la república. Su conducta fue pendenciera al adjetivar a los diputados. Se le olvida al súper delegado que el Congreso del estado es un poder autónomo que se rige por sus propias reglas. Nada justifica que un funcionario federal de primer nivel se entrometa de manera imprudente, así sea discursivamente, en la vida interna de un poder del estado. No es una buena señal que un funcionario de su alcurnia ande de picapleitos.

Por otro lado pudimos por enésima ocasión confirmar el caos que impera en Morena. La ausencia de acompañamiento y coordinación entre Edson Quintanar y Sergio Serrano (presidente estatal de éste partido) así lo evidenciaron. Nunca se pusieron de acuerdo para sacar adelante la elección de la diputada Alejandra Valdés. Es proverbial la pugna que hay entre estos dos líderes. Confrontación que además es promovida y festejada por el propio Gabino Morales.

En fin, como dijo el clásico: “Haiga sido como haiga sido” el resultado es que Morena sufrió una derrota política.

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Las manzanas podridas en la canasta de frutas de Morena

En San Luis Potosí hay líderes de Morena que están traicionando el mandato que los ciudadanos les dieron en las urnas. El poder los ha desquiciado. Andan extraviados. Se comportan como si no tuvieran la monumental responsabilidad de lograr un cambio de régimen.

Los votantes no los llevaron a posiciones de mando para que repitieran los mismos vicios de la “mafia del poder”.

Han cometido errores, desviaciones, oportunismos, contradicciones e infamias que contradicen el proyecto de gobierno que impulsa el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

El pecado original.

A Morena llegaron todo tipo de personas. Unos con buenas intenciones y otros con perfiles gandallas para ver qué sacan. Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, ha dicho que se infiltraron sabandijas que buscan quedarse con el control del partido.

Esto ha provocado confrontaciones internas y escándalos públicos que hacen ver a los morenistas como incongruentes, inexpertos e inmaduros. El caos imperante pone a la vista la falta de disciplina, la carencia de liderazgos y una quebradiza vida institucional como partido.

En los últimos once meses los potosinos hemos sido testigos de la anarquía que se vive en este partido.

Veamos algunos ejemplos representativos.

1-. Los diputados locales de MORENA, PT y PES no se entienden con Gabino Morales, el súper delegado. Lo acusan de entrometido. Incapacidad y soberbia han impedido que Gabino y Edson Quintanar construyan acuerdos de unidad y respeten ámbitos de competencia para fortalecer su partido.

2-. Pedro Carrizales, “El Mijis”, contra Gabino.

Apenas había tomado posición como diputado el flamante “Mijis” cuando acompañado por legisladores integrantes de la bancada de Morena denunció la intromisión de Gabino Morales en el congreso. Lo acusaron de estar haciendo negociaciones con otras fuerzas políticas para controlar espacios específicos en el poder legislativo.

3-. Paola Arreola vs. Edson Quintanar por el liderazgo en el Congreso.

Estos legisladores se enredaron en una lucha fratricida para quedarse con el liderazgo del grupo parlamentario de Morena. Fue una guerra que tuvo mucha pirotecnia mediática. Paola Arreola había sido electa como diputada del PT y no de Morena, aun así quiso comerse todo el pastel y lucrar con la posición de este partido en la Junta de Coordinación Política. No se le hizo y Edson gano la partida; ambos exhibieron la insaciable ambición que los caracteriza.

4-.El pleito del “Mijis” con Paola.

El “Mijis” y Paola Arreola fueron protagonistas de otro conflicto ocasionado por la avidez de quedarse con la coordinación de la bancada del PT en el congreso local.

Arreola había sido nombrada en primera instancia como líder pero Pedro Carrizales presentó en octubre del año pasado un documento en el que el Partido del Trabajo lo nombraba coordinador de la bancada desplazando a la diputada Arreola, quien ya ocupa el puesto. Al final Arreola gano la disputa pero antes armaron gran escándalo.

5-. Dos mujeres militantes de MORENA acusan a Gabino Mendoza de violencia política y hostigamiento sexual.

En febrero de este año Gabino Morales fue demandado por hostigamiento sexual en agravio de Sararí Esquivel Veloz ante la fiscalía de Delitos Sexuales. Días antes en coordinación con Martha Lizzeth García, Saraí habían denunciado al súper delegado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por violencia política de género. 6-. El Consejo Consultivo del Comité Estatal de Morena pide la renuncia de Gabino.

A raíz de este incidente el Consejo Consultivo del Comité Estatal de Morena (CCE) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador destituir a Gabino Morales para que “desde una posición ciudadana” enfrentara el proceso que se le seguía.

A este reclamo se unieron las voces de las diputadas federales de Morena Lorena Villavicencio, Wendy Briceño, María Luisa Veloz, Mirna Maldonado y Rocío del Pilar Villacruz.

7-. Los demonios andan sueltos y Morena sin liderazgo.

Y mientras tanto Sergio Serrano Soriano, dirigente estatal, calla como momia. Soporta además los ataques de sus enemigos internos que lo acusan de corrupción.

Era el día 13 de febrero de este año cuando nos enteramos por boca de Joaquín Muñoz y Roberto Cortés, militantes de Morena, que presuntamente Sergio Serrano había hecho malos manejos financieros en el partido lo que provocó que el INE observara irregularidades por un millón 900 mil pesos y aplicara una multa por 4 millones 371 mil pesos.

8-. Acusan al diputado Mario Lárraga de acoso sexual.

Para completar este cuadro de vergüenzas, tenemos que a principios de este año el diputado Mario Lárraga Delgado fue denunciado públicamente por presunto hostigamiento sexual en agravio de la diputada Paola Arreola y de una asistente del propio legislador (Lucía Elizabeth N.). En la denuncia se aseveró que el diputado hacía insistentes insinuaciones sicalípticas y que incluso a su asistente le retenía la mitad de su salario como medida de presión para que aceptara sus perversas peticiones. Para protegerse, las afectadas presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

9-. Y para cerrar con broche de oro……

Ha habido otros escándalos, conflictos e incongruencias protagonizadas por la clase política morenista en San Luis Potosí. Pero el espacio se nos ha terminado, así que para cerrar con broche de oro habría solamente que recordar el presunto caso de corrupción y tráfico de influencias en el que se vieron metidos el diputado Edson Quintanar y la diputada Alejandra Valdés, ambos de Morena. Me refiero al tenebroso asunto de los asesores que cobran sueldos estratosféricos y que se presume es una forma tramposa de hacer llegar más dinero a los bolsillos de los diputados (“El Moches Gate”); ¡Cleptocracia pura!

Ante tanto desfiguro la pregunta es si Morena logrará en estos dos años que faltan para los comicios intermedios desterrar tanta politiquería y corrupción para convertirse en una opción seria, creíble y responsable como partido.

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Marcelina Oviedo revela corruptelas en el Congreso

La ex oficial mayor del congreso, Marcelina Oviedo Oviedo, afirmó que el motivo real de su salida fue haberse convertido en un estorbo para las simulaciones y corruptelas que se cometen dentro del congreso del estado. El argumento esgrimido por los diputados de que le perdieron la confianza, fue solo un pretexto para correrla. Detalló su estancia en el poder legislativo. La propuesta de ocupar el cargo se la hizo el presidente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano y otros militantes. Le costó decidirse ya que iba descuidar su constructora que maneja desde hace más de 8 años. Además, ocupar un cargo en la burocracia, no era lo que buscó en su trayectoria. Aceptó convencida de que podía contribuir al cambio desde un puesto administrativo. “Soy una persona de convicciones. Creo que la fidelidad es un asunto muy importante. Pertenezco y soy fiel a Morena. Si la oferta no sale del partido, no me hubiera interesado. Confío plena en Serrano. Es una persona honorable, quien diga lo contrario, que lo demuestre”.

Dijo que no llegó como una improvisada en el manejo de recursos humanos y materiales, ya que son parte de las tareas que hace en su negocio y como ingeniera agrónoma fitotecnista. Tampoco fue un impedimento como lo quisieron hacer ver algunos diputados, cuando resultó incomoda. “Antes de ser elegida, revisaron las currículas de los aspirantes. Cubrí todos los requisitos que exigían como tener un título, cédula profesional y experiencia. Me eligieron por mayoría. Hubo en el momento un antecedente. Antes de cualquier cuestionamiento, debieron considerar que el mismo cargo en el gobierno estatal lo ocupaba otro agrónomo, Elías Pecina, mi compañero de generación”. El primer incidente que enfrentó fue cuando rechazó recibir dinero para gasolina. Partida que se les quitó a los diputados a finales de la pasada legislatura, pero en la actualidad la mantienen directores y coordinadores con el aval de la Junta de Coordinación Política. Los montos oscilan entre los 2 mil 500 a 5 mil pesos mensuales”.

“En octubre del 2018, durante una asamblea de la Jucopo, la coordinadora de finanzas, Martha Elva Zúñiga, hizo la propuesta de que se otorgaran los fondos. Algunos diputados aceptaron. Les dije en el momento que no, ya que me pagaban muy bien. Me dijeron que tenían muchas necesidades y gastos. Noté cierta molestia a mi negativa y accedí. Se tomó el acuerdo y fue aprobada la partida. Cuando van por parte de finanzas para que firme el cheque, les reitero que no estaba de acuerdo y no lo tomé. Fue el parteaguas para que empezaran a cuestionarme y encontrar inconsistencias en mi perfil académico. Como como oficial mayor asistía a las reuniones de la Jucopo, donde no voté. Solo escuchaba, escribía, informaba del funcionamiento de las áreas a mi cargo. Recibía instrucciones para ejecutar las decisiones que se tomaban”.

Los dos incrementos que se autorizaron los diputados para asesores personales, añade, fueron para compensar la baja salarial que obliga la ley, ya que no pueden ganar más que el presidente de la república ni el gobernador. “A finales de octubre y principios de noviembre, el coordinador de los diputados del PAN e integrante de la Jucopo, Rolando Hervert Lara, propuso que de 40 mil pesos autorizados para los asesores personales, se subiera a 60 mil, con retroactivo al primer día de la legislatura. Se aprobó el gasto. Cada diputado cuenta con 2. Se les pidió no incrementar la nómina. Como máximo, podrían tener 3 gentes. Al final de la asamblea, hablé con el coordinador, Edson Quintanar, que es de mi partido. Le manifesté que no me parecía correcto sangrar el erario. Contestó que en realidad, sus asesores trabajan mucho y que era pertinente el incremento. Intenté persuadirlo, pero ya habían decidido”.

Antes de disminuirse el salario, los diputados percibían, netos, 115 mil pesos mensuales. Como López Obrador se impuso 108 mil pesos y el gobernador Juan Manuel Carreras 105 mil, acordaron bajarse la paga a 104 mil 500. Es decir, 10 mil 500 pesos menos. Pero todo fue en apariencia. “En algún momento, en una cita de la Jucopo, Martha Elva Zúñiga les dijo a los diputados: ustedes perdieron 10 mil 500 pesos en aras de la austeridad republicana, para estar abajo del salario del presidente. Les propongo recuperar el dinero. Se los voy a dar a través de asesores. Algunos diputados externaron que la treta se podría descubrir. Entonces les dice que sabe cómo hacerlo. Lo puede manejar de manera que no se note y los diputados aceptan”.

“Al concluir la cita hablé con Quintanar. Le dije que actuaron de manera incorrecta. No podemos simular ante el pueblo, tienes que recordar cuánta gente votó para que llegara Morena. Fue por la esperanza. ¿En qué momento le dimos la puñalada? Por delante decimos que nos quitamos el sueldo y por abajo recuperamos el dinero. No puede ser. Se justificó con que tenía muchos gastos, pues apoya a su comunidad. En la discusión, trató de convencerme de que estaba en lo cierto. Le insistí que no. Como vi que no había manera de que rectificara, le pedí, informara a los demás diputados de Morena lo que aprobó. Repitió que los 10 mil 500 pesos eran para asesores. Le aclaré que exigieron les regresaran el efectivo que les quitaron. Son simulaciones. Se llama corrupción”.

Oviedo precisó que en otro encuentro, el legislador de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos, tocó el tema. Propuso que en lugar de 10 mil 500, les entregaran 20 mil pesos. Si en algún momento hay revisiones, sería muy obvio les regresaran por el gasto de asesores, la misma cantidad que se habían rebajado del salario. Los demás diputados aceptaron. “Cuando deciden que sean 20 mil, ya me sentía parte de la misma corrupción. No pude convencer a Quintanar de que lo aprobado no era honesto. Como presidente de la Jucopo, debió negarse, aunque todos los demás hubieran dicho que sí. No supe luego de los acuerdos entre diputados y asesores para repartirse el concepto. Quintanar está convencido de que la corrupción tiene otro nombre. Igual que otros integrantes de la Jucopo, no informaron al resto de los legisladores de los acuerdos que se toman. Lo pude constatar”.

La ex oficial mayor aseguró que se convirtió en un impedimento para que diputados y directivos se repartieran los 15 millones de pesos que quedaron sin ejercer en el 2018. Una gran parte corresponde a los ahorros que se obtuvieron por compras eficientes y haber implementado medidas de austeridad republicana. “Si hubiera faltado en el momento, encuentran algunas partidas para repartirse el dinero. Como pasó cuando se autorizaron la gasolina para los coordinadores y los aumentos a través de los asesores de 40 a 60 mil y de 60 a 80 mil. Yo firmaba los cheques, ni modo que no me diera cuenta. Nos tenían que incluir, pero no quise ser parte de la corrupción”.

Añadió que la coordinadora de finanzas, Martha Elva Zúñiga, cuando le preguntaba cuántos recursos les quedarían sin gastarse al final del ejercicio del 2018, siempre encontraba pretextos para no darle informes. Una vez le dijo que podrían ser 6 millones, porque había varios gastos por cubrir. Al saber que el archivo del congreso se encuentra en pésimas condiciones, dividido en varias áreas, que se rentan dos estacionamientos para los vehículos y que el personal en la sede de Vallejo está amontonado, se le ocurrió que con el remanente podría comprar un terreno y construir un edificio. Se lo planteó a los integrantes de la Jucopo y aceptaron. Empezó a buscar un predio cerca del congreso. Logró ubicar uno que ofrecían en 2 millones 400 mil pesos. En noviembre, ante la insistencia de un legislador, Zúñiga les informó que quedaban 12 millones de pesos, por lo que se confirmó en otra reunión de la Jucopo, que los recursos se destinarían para el edificio y necesidades del área de sistemas. Se consignó el resolutivo en una acta. El monto final quedó en 15 millones de pesos.

Como no les alcanzó el tiempo para concretar la compra del edificio, los fondos se regresaron en tres cheques a la secretaría de finanzas, que los devolverá al poder legislativo cuando se entreguen los documentos de cómo se aplicarán. Oviedo afirmó que su propuesta para que los 15 millones se destinaran a otro inmueble, con el tiempo iba a arrojar ahorros en rentas y un mejor funcionamiento. Fue un duro golpe para algunos diputados porque se impidió el reparto. Pero se convirtió en una de las causas de su salida. “No aguantaría 3 años. Era un estorbo”. Indicó que durante sus gestiones logró mantener el mismo costo en los contratos de 2 arrendamientos de inmuebles que paga el congreso y bajar el precio del seguro de vida de los legisladores. Se mantuvo la misma cifra del seguro de los edificios. Se incrementó en 300 mil pesos el seguro de gastos médicos mayores para diputados y funcionarios, porque la obligaron a contratarlo con la misma aseguradora. Trabajó con una gran parte de los proveedores que como oficial mayor tuvo la hoy diputada Beatriz Eugenia Benavente González, porque no le aumentaron los precios o incluso se los bajaron.

La ex funcionaria reveló que su persistencia con la aseguradora GNP, para que redujera el incremento de 300 mil pesos sobre los costos que ofreció en el 2018 en el esquema de gastos médicos mayores, fue el pretexto público que usaron los diputados para destituirla. “En noviembre acudió la representante de la aseguradora a ofrecerme el servicio, porque la póliza vence en diciembre. Me dijo que va costar 2 millones 454 mil 566 pesos, más de 300 mil pesos extras de lo que se pagó en 2018, que fueron 2 millones 100 mil pesos y fracción. Me pareció alto y le pedí que me entregara la siniestralidad. Una de las causas por las que aumenta, es debido a la demanda en el servicio. Lo hice para respaldarme y tener un argumento si la auditoria o cualquier otra persona cuestiona más adelante por qué se pagó tal precio. Le dije que estaba de acuerdo en contratarlo, pero que necesitaba el dato. Se lo solicité en forma verbal y por teléfono. Me decía que sí, que trabajaba en el tema. Me lo entregaría en una semana. Pero no cumplió”.

“En diciembre, en una asamblea del pleno, los diputados Mauricio Ramírez Konishi, que es secretario de la Jucopo y Rolando Hervert, que también forma parte de la instancia, me abordaron. Me indican que debo contratar el seguro. Les pido que me esperen, para que me den la siniestralidad. Ya con el dato, puedo cotizar con otra empresa y tal vez consigamos un mejor precio. Me dicen que no, porque Beatriz Benavente requería una cirugía rápida y debía comprarse ya. Vuelvo a presionar a la aseguradora. Tenía el antecedente que cuando se planteó comprar con GNP en una cita de la Jucopo, el diputado Govea sugirió cambiar a otra, ya que cuando requirió un servicio especial, lo atendieron pésimo. Medité que si bajaba el costo con otra empresa, quedo bien con el quejoso, el congreso y cumplo con mi chamaba”.

“Pero un día se presentó en mi oficina Ramírez Konsihi con un escrito firmado por Quintanar donde se me ordena contratar el seguro con GNP y con equis agente de ventas. Se compra. Me siento mortificada porque si revisan el trámite, no hubo otra cotización. No puedo justificar que hice lo correcto. Se me ocurrió pedir la siniestralidad a GNP a través de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es una mediadora. Me citan con la contraparte. No me presento, porque no tengo atribuciones. Lo hice como una medida de presión para ver si me daban el dato. No seguí el trámite en la Condusef. Hasta mi salida, GNP no entregó los informes. Mi pregunta es ¿por qué no la dio, qué oculta la aseguradora, cirugías plásticas, qué guarda? La empresa está obligada a dar el dato. Además, en la siniestralidad, no vienen los nombres de los usuarios, solo los servicios prestados”.

“Ignoro lo que esconde GNP junto con Beatriz Benavente, quien la contrató. El episodio sirvió a los diputados para decidir mi salida. Lo procedente era amonestarme, una advertencia para que no se volviera hacer. No tuvo sentido que me despidieran por querer cuidar el dinero del congreso”. Marcelina Oviedo rechazó las acusaciones en su contra de tratar con despotismo al personal del congreso. Aseguró que nunca tuvo ninguna diferencia con los empleados. El trato fue siempre fue cordial y respetuoso. Siempre mostró la misma actitud con la que se conduce en la vida personal. Otra falla que encontró y combatió fue la concentración del dinero para materiales y suministros en el congreso. Está en manos de la subcoordinadora de asuntos internos, América Loera, que controla todas las salidas y entradas en los almacenes. Tiene bajo su resguardo, 14 automóviles utilitarios del poder legislativo”.

Oviedo realizó las solicitudes de los insumos que se necesitaban, los compró y Loera los distribuía. “Por sentido común, uno sabe que ni todo el dinero ni todos los recursos materiales se deben concentrar en una sola persona, porque se corre el riego de perversiones. El congreso renta dos estacionamientos, uno para los carros de los diputados y otro para 14 automóviles y 2 motos que se denominan utilitarios. Un día acudí a la pensión a revisar. Solo estaban 10 carros, faltaban 4 y las dos motocicletas. Pregunté a la encargada y me dijo que siempre había 10. Le pagaban 14 para que los mantuviera limpios. Se erogan cerca de 500 pesos mensuales por auto. Me pregunté, ¿dónde están los de más? Al día siguiente regreso y hay 11 unidades Me informan que dejó el suyo América Loera, cuando no lo necesita. Pero en la noche y fines de semana, lo usa. Reviso y con el paso de los días, aparecen los 4 autos que faltan y las dos motos”.

“La encargada de la pensión después se desdijo. Aseguró que siempre cuida 10, no 14. Y que yo no miré los otros 4 que estaban al frente. Como no tenía qué demostrar lo que me dijo al principio, no le moví al asunto. Pero le retiré a Loera el cuidado de los carros. Busco a otra persona. Provocó que un diputado me reclamara de manera agresiva, por qué la había quitado. Le contaron una historia distinta. Cuando le expliqué el tema, entendió y quedó de acuerdo. Encontré también un gasto excesivo de toners. Asigné a otra persona que acudía a las oficinas, verificar si faltaba y entregara uno nuevo. Juntaba el vacío y lo registraba. En teoría, ya se hizo, pero era mucho el gasto. Se logró reducirlo a la mitad. Pusimos orden en otros rubros y tuvimos ahorros en los 5 meses que duré en la oficialía”.

La subdirectora de asuntos internos, América Loera Gutiérrez, entró a laborar al congreso con el cobijo de la ex diputada Rosa María Huerta, de la que fue su asistente. En diciembre del 2018 fue destituida por pérdida de confianza, según refirió Edson Quintanar, quien dijo, todos los empleados serían evaluados en su desempeño. Y que no iban a solapar irregularidades e incumplimiento de los trabajadores. La diputada Beatriz Benavente señaló que el despido de Loera era una forma de acoso laboral. Obedecía a un revanchismo de los legisladores de Morena, por destituir al asesor jurídico, Roy González. En febrero, Loera fue restituida por la mayoría de los integrantes de la Jucopo, ya que las pruebas presentadas por Oviedo en su contra, no fueron contundentes, aseguró el diputado del PAN, Rolando Hervert Lara.

La ex oficial mayor afirmó que nunca tuvo ninguna diferencia con la Legisladora del PRI, Beatriz Benavente, quien en público, la acusó de incompetente. La hostigó todo el tiempo con solicitudes de datos que de antemano conocía. Contestar cada rato sus cuestionamientos, la distrajo de sus tareas. Aseguró que el cargo, se lo tomó en serio. Revisó y atendió todas las áreas de su competencia, el tiempo que podía. Refirió que la ex oficial mayor en la pasada legislatura, Beatriz Benavente, pidió a la Auditoria Superior del Estado, le dijera si Oviedo cumplía con el perfil que se necesita para el cargo. La instancia turnó la solicitud a la Secretaría de Educación. Luego Benavente, a través del área de transparencia, pidió que los 27 diputados le respondieran cuál había sido el sentido de su voto en la asamblea del congreso donde se le eligió y 7 preguntas muy agresivas hacia su persona como: ¿te parece que es honesta al haber aceptado un puesto, cuando no cumple el perfil? o ¿te parece que por haber trabajado en una tienda de artículos de piel, ya tienen experiencia en administración? Entre otras.

Oviedo precisó que laboró como administradora en una fábrica de artículos de piel, no en una tienda. El objetivo era fastidiarla. Benavente también solicitó al contralor interno, Juan de Jesús Rocha Martínez, iniciar una pesquisa en su contra por usurpar funciones. Pidió se le informara el nombre de proveedores y costos de las remodelaciones que se hicieran al edificio de Hidalgo. Oviedo señaló que la legisladora sabía de antemano que era un simple mantenimiento de algunas áreas, que presentaban fallas de electricidad, plomería o ventilación. Señaló que Benavente, como ex oficial mayor, tuvo muchas observaciones por parte de la Auditoria Superior que le fueron perdonadas. “Si era muy eficiente, por qué durante los tres años que ostentó el cargo, no se obtuvieron ahorros?, ¿dónde quedaron? ¿a qué se destinaron?”.

Sobre si el ex dirigente de su partido y hoy super delegado del gobierno federal, Gabino Morales, intervino e influyó en su salida, Oviedo dice que le caben dudas. Pero un día después de su caída, Morales se reunió con Benavente en el café Starbucks de Himalaya. Con la persona que siempre la quiso correr por nada, porque le estorbó. Refirió que en una ocasión, Quintanar le manifestó que Gabino Morales le había pedido su cabeza. No cedió porque se conducía en forma correcta en el cargo. Aseguró que Morales llevó a la asamblea del lunes 11 de marzo a un grupo de servidores de la nación, con pancartas de apoyo a los legisladores de Morena, Quintanar, Alejandra Valdés y Paola Arreola, que votaron a favor de quitarla en la junta del 7 de marzo.

Calificó como una falta de respeto de Gabino Morales haber acudido a una sesión del pleno del congreso a tomarse una foto en las escalinatas del recinto con 6 de los 9 diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, como signo de respaldo a su persona por las demandas que pesan en su contra por violencia de género y acoso laboral que interpusieron militantes de Morena. “Si quería lucirse, lo hubiera hecho en otro lugar. No durante una sesión plenaria. Ostenta un cargo federal. López Obrador ha pedido que el poder legislativo y el ejecutivo sean independientes. Cada uno en su línea, hacer la tarea. Si somos parte de lo mismo, hay posibilidades de que nos corrompamos. La instancias competentes del partido y judiciales, en su caso,   son las que van a resolver las demandas en su contra. Ir a recibir el espaldarazo de diputados, es como decir a las víctimas de sus actos, vean el poder que tengo. Es humillarlas”.

Oviedo dijo que el comité estatal de Morena nunca atacó a Morales. Fueron las víctimas las que lo acusaron. Aseguró que no tiene ningún pleito con el super delegado, pero está a favor de las afectadas. Dijo no tener ningún problema con la legisladora de su partido, Alejandra Valdés, por lo cual le sorprendió que en tribuna, la acusara de hacerle daño y haber ejercido violencia política en su contra. Si la quiere demandar, tiene todo el derecho. Ojalá lo haga, para que no quede como mentirosa. La ex oficial mayor aseguró que los 5 meses que ocupó el cargo, fue congruente. Se condujo con austeridad republicana y cero corruptelas. Se fue con la frente en alto. Como militante de Morena, trabajará para que se concrete el cambio que ofrecieron como proyecto alternativo.

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Notas reprobatorias

Un total de 22 de 27 diputados locales reprobaron la segunda evaluación trimestral que realiza el órgano civil Congreso Calificado. Los legisladores con las peores notas de apenas 0.25 fueron Mario Lárraga Delgado, del Partido Encuentro Social y Angélica Valdés Martínez de Morena. En contraparte, las mejores notas fueron para Beatriz Eugenia Benavente González, del PRI, que alcanzó un 9 y José Antonio Zapata Meraz, del PAN, un 8. Los otros 3 que pasaron la prueba fueron Edgardo Hernández Contreras, del Partido Verde Ecologista, que obtuvo un 7, seguido del cuasi diputado vitalicio, Óscar Carlos Vera Fabregat, de Conciencia Popular, con un 6.5 y Consuelo Carmona Salas, de Morena, con un 6.25.

Completan la lista de reprobados, con calificaciones de 0.5, Sonia Mendoza Díaz, del PAN, actual  presidenta de la mesa directiva del congreso, ex senadora y ex candidata a la gubernatura del estado. María del Rosario Sánchez Olivares, del PRI, ex secretaria general del partido en el estado y Rosa Zúñiga Luna, de Morena. El legislador Héctor Mauricio Ramírez Konishi, del PRI y coordinador de bancada, sacó un 0.75.  Edson de Jesús Quintanar, de Morena, líder de su grupo y presidente de la Junta de Coordinación Política, obtuvo 1.75. Con un 2 se ubica el panista Ricardo Villarreal Loo, la petista, Paola Arreola Nieto y la del PRD, María Isabel González Tovar.

Con un 2.5 está el diputado Eugenio Govea Arcos, de Movimiento Ciudadano, ex senador, ex diputado federal y ex aspirante a la gubernatura. Le sigue con un 2.75 la legisladora de Morena, Angélica Mendoza Camacho. El controvertido y polémico Pedro César Carrizales, El Mijis, del PT, tiene un 3. Vianey Montes Colunga, del PAN, aparece con un 3.75. Obtienen un 4 Marité Hernández Correa de Morena y Laura Patricia Silva Celis, del PRI. El diputado Rolando Herbert Lara del PAN y coordinador de bancada, sacó un 4.5. La misma nota la obtienen Martha Barajas, del Partido Nueva Alianza y Martín Juárez Córdova, del PRI. El panista Rubén Guajardo aparece con un 4.75. El ex diputado federal y ex secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, del Verde y Jesús Emanuel Ramos, del PRD, sacaron un 5.

En la segunda evaluación trimestral de Congreso Calificado, que preside el litigante Mario de la Garza Marroquín, ninguno de los 27 diputados presentó más de 3 iniciativas. Los mejores calificados sacaron un 4. Son 10 los indicadores con los que se guía. Iniciativas y puntos de acuerdo presentados, iniciativas y puntos de acuerdos aprobados y legislador transparente. Entre los puntos negativos que considera están iniciativas caducas, puntos de acuerdo caducos, inasistencias y retardos, negligencia contra iniciativas ciudadanas y conducta notoriamente perniciosa.

En la primera evaluación trimestral fueron solo 3 los diputados que obtuvieron notas aprobatorias. Antonio Zapata Meraz, que logró un 9.5. Martha Barajas un 6.75 y Óscar Vera un 6. Mario Lárraga Delgado repitió como el peor de todos. Vera y Zapata se mantienen como los más avanzados. En la segunda ronda, solo 5 diputados han cumplido con hacer públicas sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial. Son Zapata, Rubén Guajardo, Beatriz Benavente, Martín Juárez y Emanuel Ramos.

 

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Morena cosecha más descalabros en el congreso

Más reveses para Morena en el congreso local, de nada les sirve ser mayoría con 9 diputados. En el reciente reparto de cargos, perdieron la oficialía mayor, donde quedó el matehualense Gerardo Chávez Reyna, “El Borrego”, durante muchos años secretario particular del ex senador priista Juan Ramiro Robledo, actual magistrado administrativo.
Reyna se impuso al doctor en derecho Noé Yair López García, asesor de la legisladora Marité Hernández Correa, que junto con la diputada Angélica Mendoza, lo habían propuesto para el cargo hace dos semanas. También contó con el respaldo de Pedro Carrizales, El Mijis”, Edson Quintanar y Rosa Zúñiga. Con el prurito de “no dividir la bancada”, se opuso Consuelo Carmona Cruz, ex regidora de Matehuala, con añejas ligas al PRI, que hace equipo con Chávez, hermano del ex candidato a diputado federal por Morena, Ariel Chávez Reyna. También votó en contra Alejandra Valdés, testaferra del coordinador estatal de proyectos integrales para el desarrollo, el cismático Gabino Morales, con el doble objetivo de debilitar al coordinador Edson Quintanar, que lo dobló en su intentona de imponer a la abogada Paola Arreola.
El revés de López se atribuye también a la oscura injerencia del dueño de Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera y del ex secretario de gobierno, Cándido Ochoa. Ambos ligados al maximato local, Horacio Sánchez Unzueta, que además ejerce una gran influencia en el pasivo dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano y el coordinador metropolitano del partido, Leonel Serrato. La estrategia es evitar que Morena se consolide dentro del congreso.
También influyó la que fue asesora del ex diputado del PRI, José Luis Romero, la litigante Ana de la Cruz Olvera y la consejera del dueño del partido Verde Ecologista en San Luis, Manuel Barrera, la habilidosa Sonia Judith Ramírez, que antes guió a la ex diputada María Eugenia Vilet y ahora lo hace con la actual, Beatriz Benavente. Mientras López le proponía a Marité Hernández y Angélica Mendoza empujar una agenda de izquierda a través de consultas públicas, en su ausencia, de la Cruz y Ramírez les aconsejaban mantener un bajo perfil, no ser protagonistas, lo que explica su conducta de temor ante la prensa y las fracciones minoritarias en el congreso.
La derrota de López García se vincula además al nombramiento del coordinador de asuntos jurídicos, Roy González Padilla, eterno consejero de Óscar Vera y cercano cabildero de Ochoa. En la 59 legislatura ocupó el mismo cargo. Se le recuerda por hacer despidos arbitrarios de trabajadores para colocar a militantes del PRI y otros empleados de su jefe. En servicios internos quedó el desconocido Carlos Velázquez. Se rumora que en el departamento de prensa podría ubicarse Eduardo Marceleño, vocero del ex comisionado de la policía federal, Enrique Galindo. Apoyó en la misma área a Serrato, en su reciente contienda por la alcaldía de la capital. Marité Hernández se negó apoyar a su colaborador, al reportero de la nota roja y poeta, Jacobo Vázquez y al ex reportero del Heraldo, Cecilio Monzón.
Como sub coordinador de orientación ciudadana se nombró a Eduardo David Martínez Ortega, impulsado por Angélica Mendoza. El sub coordinador de archivos es Juan Carlos Amaro Ramírez, propuesto por Carrizales, que al momento de votar salió del recinto. Lo suplió su ayudante Víctor García Mata. En su ausencia, firmó la pareja del legislador, Miriam Martínez. Al irse, el Mijis sacrificó al indefenso Yair López. Se trata de cargos ínfimos.
La debacle de Morena podría ser mayor cuando se designen los magistrados del poder judicial, que controla de manera férrea Cándido Ochoa. Al momento que se decidan los titulares de los órganos autónomos, donde figura la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, podrían quedar sujetos de dudosa procedencia. Los diputados de Morena carecen de un mapeo de los actores políticos y sociales. No tienen una brújula que les permita actuar con lógica política. Son víctimas del pragmatismo del PRI y PAN, donde ya les ganó los reflectores la ex senadora Sonia Mendoza, que les impone la agenda a seguir.

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Morena se adueña del congreso local

La avalancha electoral que significó en todo el país Andrés Manuel López Obrador y Morena, que lo llevó en su tercer intento a la presidencia de la república, empujó en el ámbito local a que por primera vez en la historia del congreso del estado, un partido de izquierda se erija con una bancada mayoritaria, con 6 diputados propios. Y si suma a los legisladores aliados con los que participó en las elecciones, tendrá 9 curules, lo que permitirá asumir el control político y administrativo. El PRI y el PRD  quedaron como los grandes perdedores al disminuir 3 y 2 escaños respecto al 2015.

Los diputados de Morena en la próxima legislatura serán María del Consuelo Carmona Salas,  actual regidora del ayuntamiento de Matehuala. Militante y una de las fundadoras del partido. La profesora ganó en el primer distrito con 23 mil 338 votos a la aspirante de la alianza PAN y Movimiento Ciudadano, Antonia Coronado que obtuvo 15 mil 769 sufragios. En tercer lugar quedó la candidata del PRI, la ex diputada local Graciela Rojas que logró 15 mil 168 sufragios. Marité Hernández Correa de Morena obtuvo el triunfo en el distrito 2 con cabecera en la capital con 24 mil 10 votos frente a la candidata de la alianza PAN y PMC, la aún diputada federal, María de los Ángeles Rodríguez, que sumó 22 mil 344. El abanderado del PRD, Luis Felipe Bravo, se quedó en un lejano tercer sitio con 12 mil 417  sufragios.

Angélica Mendoza Camacho derrotó en el distrito 9 con cabecera en Soledad con 22 mil 423 votos al aspirante del PRD y ex dirigente estatal del partido, José Luis Fernández Martínez, que obtuvo  21 mil 313. La coalición juntos haremos historia le arrebató a los Gallardo el reducto que mantenían desde el 2012, cuando llevaron al congreso al tránsfuga del PRI, Francisco Martínez Ibarra. En el 2015 ganaron con la maestra Graciela Gaitán Díaz, con 31 mil 949 sufragios. En el distrito 12 con sede en Valles el joven Edson de Jesús Quintanar Sánchez derrotó a la ex diputada local y aun diputada federal Delia Guerrero Coronado, que vio frustradas sus aspiraciones de regresar por segunda vez al congreso local. Quintanar, postulado solo por Morena, sacó 21 mil 854 votos contra 17 mil 154 de Guerrero que participó en la alianza PRI-PVEM y PCP. Los diputados plurinominales de Morena son Alejandra Valdés Martínez, de Soledad y Antonio Jonguitud Martínez, de Huehuetlán.

Aun cuando fueron postulados por el PT y Encuentro Social, partidos coaligados, los diputados Paola Arreola Nieto, Pedro Carrizales y Mario Lárraga Delgado llegaron al congreso por los votos que les dio López Obrador. Arreola derrotó en el distrito 5 de Soledad, con 25 mil 117 votos al perredista y ex director de desarrollo social en el ayuntamiento, Juan Manuel Navarro Muñiz, que sacó 19 mil 267 votos. En el caso de la litigante, de los 25 mil 117 sufragios con que arribó al congreso, 18 mil 429 fueron de Morena, 2 mil 317 del PT y mil 677 de Encuentro Social.

En el distrito 8, Pedro César Carrizales Becerra, El Mijis, obtuvo 24 mil 657 votos, de los cuales 20 mil 657 fueron de Morena, 2 mil 579 del PT que lo postuló y mil 912 los aportó el Partido Encuentro Social. Derrotó al aspirante de la alianza PAN-PMC, al ex secretario de comunicaciones y transportes, Octavio Arredondo Mata que sacó 18 mil 519 votos. Los Gallardo perdieron donde antes ganó el polémico legislador Sergio Desfassiux Cabello.

Pese al pleito que terminó en los tribunales electorales entre el longevo dirigente del PT, José Belmarez Herrera, que buscó reelegirse por la vía plurinominal y la ex legisladora del Panal, María  Patricia Álvarez Escobedo, que buscó desbancarlo, ninguno alcanzó el escaño al haber obtenido dos diputaciones de mayoría. Álvarez impugnó el reparto de las plurinominales que realizó el Consejo Estatal Electoral por lo que aún puede acceder al cargo.

El Partido Encuentro Social tendrá de representante en el congreso al ex priista Mario Lárraga Delgado que compitió por la Coalición Juntos Haremos Historia, ganó con 21 mil 710 sufragios de los cuales 15 mil 591 fueron de Morena, 3 mil 899 del PT y 2 mil 220 del PES. Derrotó a la aspirante del PAN-PMC, Liliana Guadalupe Flores Almanza que alcanzó 19 mil 888 votos. En el tercer sitio se ubicó el actual alcalde de Tamuín, el priista Rafael Pérez Vargas.

El PAN tendrá en el congreso local 6 diputados, uno menos que en la actual legislatura. Cuatro de mayoría y dos plurinominales. El distrito 6 con sede en San Luis lo ganó el locutor de televisión Ricardo Villarreal Loo con 19 mil 531 votos contra 18 mil 245 de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Janet Arias Martínez. El distrito se lo arrebataron a los Gallardo que en el 2015 ganaron con Dulcelina Sánchez de Lira. Ahora fue derrotada Mariana Sánchez.

El distrito 7 lo retuvo el PAN con José Antonio Zapata Meraz que logró una votación inédita de 41 mil 66 sufragios. En el segundo sitio se ubicó el candidato de la coalición de Morena, Rubén Arreola Martínez, con 19 mil 667 votos, en un lejano tercer lugar se ubicó la candidata del PRI, María del Pilar Zárate Delgadillo con 10 mil 614 votos.

Ganó en el distrito 10 con cabecera en Rioverde, Vianey Montes Colunga, ex alcalde de Lagunillas y suplente de la senadora Sonia Mendoza. La panista obtuvo 23 mil 6 votos contra 20 mil 307 que logró la aún diputada federal del PRI, Fabiola Guerrero. Será diputado del PAN por el distrito 15 con sede en Tamazunchale, Rolando Hervert Lara, suplente en la diputación federal de Marco Antonio Gama Basarte, que brincó a la senaduría. Hervert Lara obtuvo 19 mil 122 votos, derrotó a la candidata de Morena, María Crescencia Pérez Hernández que sacó 18 mil 421 sufragios.

El PRI se ubica como la tercera fuerza política en el próximo congreso local al obtener solo 5 diputaciones, tres menos a las alcanzadas en la 61 legislatura. Logró 3 de mayoría y 2 plurinominales. En el distrito 3 con cabecera en Santa María ganó Héctor Mauricio Ramírez Konishi, ex director del Instituto Estatal de la Vivienda e hijo del dirigente de la CTM, ex diputado local y federal, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero. Derrotó con 32 mil 191 votos, dos a uno, a la abanderada del PRD, María del Socorro Salazar Lara, que se quedó en el segundo sitio con 16 mil 674 votos.

En el distrito 4 con sede en Salinas ganó la diputación local la antorchista Laura Patricia Silva Celis que sumó 32 mil 466 votos contra 25 mil 403 que alcanzó el candidato del PAN y PMC, Marcos Esparza Martínez, ex edil de Villa de Ramos y ex diputado local del PT. En un lejano tercer sitio quedó Joel Melgar, ex secretario de seguridad pública con Fernando Toranzo, que compitió por la coalición de Morena, obtuvo 16 mil 423 votos. El PRI ganó el distrito 14 con sede en Tancanhuitz con María del Rosario Sánchez Olivares, secretaria general del PRI. Obtuvo 27 mil 218 votos contra 25 mil 513 de la abanderada del PAN-PMC, Nubia Iris Castillo Medina.

Los diputados del PRI que llegaron al congreso por la vía plurinominal son el dirigente del PRI, Martín Juárez Córdova y la ex diputada local y ex oficial mayor del congreso, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, única sobreviviente junto con Cándido Ochoa Rojas del grupo del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández.

El PRD de los Gallardo, que contaba con 4 diputados en el congreso, después de su estrepitosa derrota, logró colar solo a 2 legisladores por la vía plurinominal. Al ex tesorero de Soledad y San Luis, Jesús Emanuel Ramos Hernández y la síndica en el actual ayuntamiento María Isabel González Tovar.

El Partido Verde Ecologista tendrá en la 62 legislatura los mismos dos escaños que maneja en la actual. Ganó el distrito 11 con cabecera en Cárdenas con el ex secretario de gobierno y aun diputado federal, Cándido Ochoa Rojas. Aunque lo postuló el Verde llegó a la curul con los votos del PRI y la alianza de facto que hizo con el diputado local, el polémico Óscar Bautista Villegas, que ganó la curul federal, también postulado por el Verde. Ochoa Rojas se impuso con 23 mil 402 votos al aspirante de la alianza PAN-PMC, Pedro Tovar García, actual alcalde de Cárdenas, que sumó 20 mil 17 votos. El diputado plurinominal del Verde será el abogado y representante ante el Consejo Estatal Electoral, Edgardo Patricio Hernández Contreras, que lleva de suplente a Fernando Barrera, ex empleado de la Auditoria Superior del Estado, involucrado en el escándalo de la ecuación corrupta, hermano del inamovible dirigente estatal, Manuel Barrera Guillén.

Regresó el dueño de la franquicia en San Luis de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos. Será tres veces legislador local. Antes fue senador y dirigente estatal del PAN. El ya casi vitalicio diputado de Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat, seguirá en el congreso al reelegirse en el cargo donde podría permanecer hasta el 2030 si opta mantenerse en las próximas tres elecciones, como lo permite la actual ley estatal electoral, hasta por 4 periodos consecutivos. El Partido Nueva Alianza que a nivel nacional se quedó sin registro, tendrá en el congreso solo un representante por la vía plurinominal que ocupará la ex dirigente estatal, Martha  Barajas García. En la elección del 1 de julio el PANAL perdió el distrito XV con sede en  Tamazunchale que ganó en la elección pasada con la profesora Guillermina Morquecho Pazzi.

 

Sobre los 7 diputados de la 61 legislatura que buscaron brincar a otro cargo a través del voto ciudadano solo tres lo lograron. Óscar Bautista Villegas ganó la diputación federal en el distrito 3, postulado por el Verde en alianza con el PRI. Se impuso a su compañero en el congreso local, impulsado por la coalición PAN-PRD-PMC, Jorge Luis Díaz Salinas. La panista Josefina Salazar ocupará un escaño en la cámara de diputados, al ganar en el distrito 5 la elección a la candidata de Morena, Paloma Rachel Aguilar Correa, que quedó en segundo lugar. El legislador con licencia Alejandro Segovia Hernández, conocido como el “diputado huevos”, consiguió la alcaldía de Matehuala postulado por el Verde.

Los ciudadanos rechazaron las propuestas para brincar a otro cargo de la diputada local Martha Orta Rodríguez, que compitió en el distrito 5 por la curul federal. El polémico y disparatado diputado del PRI, José Luis Romero Calzada, no desplumó pollos y sucumbió ante el ex edil Ricardo Gallardo Cardona. También perdió el panista Jorge Luis Díaz Salinas ante Bautista. A la priista Rebeca Guevara Terán, junto con su compañero de fórmula al senado, Luis Antonio Mahabu Sarquis, los ciudadanos les cobraron factura por el negativo desempeño y actos de corrupción de gobiernos emanados de su partido.

Los candidatos independientes para llegar al congreso, que compitieron con una gran desventaja e inequidad contra los aspirantes que postularon los partidos políticos en el reciente proceso del primero de julio, tuvieron un desempeño testimonial. En el segundo distrito, Juan Carlos Muñiz Garza logró de última hora que lo incluyeran, previa demanda de por medio, ante los tribunales electorales. Obtuvo 4 mil 771 votos. En el distrito 6, el aspirante independiente, Juan Carlos Segura Maldonado, alcanzó 3 mil 749 sufragios.

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La ciudadanía acota a diputados y funcionarios

 

En medio de protestas con cacerolas y gritos del Frente Unido de Comerciantes, que exigen la salida del diputado Manuel Barrera a cuya  demanda se sumaron los asistentes de organizaciones civiles y empresarios presentes en la sesión, por unanimidad los diputados votaron a favor de eliminar de la constitución local la declaratoria de procedencia o desafuero, prerrogativa que impedía, detener, procesar o juzgar en lo penal a los funcionarios de los tres podres del estado, municipios y organismos autónomos por cometer algún delito durante el ejercicio de su cargo.

Para eliminar la inmunidad o fuero del que gozaban el gobernador, magistrados, diputados, secretarios de despacho, procurador, Auditor Superior del Estado, presidentes municipales, regidores y directivos de organismos constitucionales autónomos, se modificaron y derogaron artículos y párrafos de los artículos 127, 128, 124 y 57  de la Constitución Política Local y 54 de la ley orgánica del poder legislativo del estado.

Al artículo 127 se le quitó la facultad que tenía el congreso para determinar si se procedía o no en contra del servidor público acusado de un delito y ahora se establece  que “serán  responsables  por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones, por lo que cuando se proceda en su contra se les habrá de separar del cargo”.

Para el caso de gobernador, se eliminó un segundo párrafo del artículo 124 de la constitución local donde señalaba que mientras permaneciera en el desempeño de su encargo, sólo podrá ser acusado por violaciones graves a la norma, por oponerse a la libertad electoral y por el manejo indebido de fondos públicos. Ahora precisa que podrá ser acusado por actos u omisiones que perjudiquen el buen despacho, los intereses públicos fundamentales mediante juicio político e imponerle sanciones previstas por la ley.

Para el caso de los diputados se derogó también el artículo 54 de la ley orgánica donde establecía que “serán responsables por delitos, faltas u omisiones en que incurran en el sus funciones, pero no podrán ser detenidos, ni ejercitar acción penal en su contra, ni ser privados de su libertad, hasta que en procedimiento constitucional se decida su separación del cargo y se sujeten a los tribunales competentes”.

Los legisladores mantendrán su fuero constitucional solo en lo que respecta a la inviolabilidad de manifestar sus opiniones en el desempeño del cargo. Los funcionarios de alta jerarquía podrán enfrentar como cualquier ciudadano, acusaciones en su contra como responsables de algún delito. El avance se logró por el empuje que ejercieron sobre los legisladores, agrupaciones como Ciudadanos Observando, Frente Común Contra la Corrupción, Cambio por San Luis, Cambio de Ruta, San Luis Unido, Ciudadanos Hasta la Madre, entre otras. Entregaron sus propuestas por escrito y los obligaron a firmar que aprobarían la iniciativa. En sus intervenciones que eran opacadas por los gritos de los asistentes, diputados como Josefina Salazar, Xitlátlic Sánchez, Alejandro Segovia y Gerardo Serrano, reconocieron que fue la exigencia colectiva la que logró se aprobara la iniciativa.

La acotación al fuero constitucional que se aprobó será turnada a los municipios donde deberán aprobarlo por lo menos 30 de los 58 cabildos para que después el congreso declare la procedencia y se turne al gobernador, para que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

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Los que se fueron

El 26 de junio en rueda de prensa el diputado local Enrique Flores anunció que pedía licencia para dejar el cargo con el propósito de enfrentar y aclarar los señalamientos en su contra. Manejó que su permiso era temporal y podría regresar a la curul cuando se aclaren los hechos narrados en el video donde lo incriminaron. Aseguró que no se esconderá ni negará sus acciones.

En plan casi de víctima, insistió en que no ha cometido algún ilícito y negó que existiera una red de corruptelas en el congreso. Alardeó tener las manos limpias y sentirse orgulloso de su carrera política. Pidió disculpas a sus homólogos Óscar Bautista, Manuel Barrera y Guadalupe Torres, por haberlos mencionado en el video. Lamentó el escarnio público que les causó. Expuso que fueron sentenciados sin ser juzgados ni valorados por dichos que nunca serán probados, porque no existen.

Externó que el momento más difícil fue haberse separado de su partido. Descartó irse a la filas del PRD. Unos minutos después de dimitir Flores, lo siguió Óscar Bautista, al que el panista acusó de hacerse millonario con recursos de programas sociales. El ex dirigente estatal de la CNC informó que también se separaba del cargo.

En la conferencia de prensa lo acompañó el coordinador de la bancada del PRI, Fernando Chávez Méndez y el de Nueva Alianza, Ricardo García Melo. Bautista expuso que dejaba el cargo en aras de coadyuvar a esclarecer el motivo de lo narrado en el video, al que desdeñó, por “carente de credibilidad y sustento, editado, fuera de contexto, donde se vierten presunciones personales, dichos sin pruebas fehacientes de la comisión de algún delito”. No obstante, admitió que el tema lastimó a los ciudadanos e instituciones. Estableció que el mismo Enrique Flores, protagonista del filme, los exculpó de toda responsabilidad. Lamentó que se haya olvidado la presunción de inocencia mientras fueron linchados y juzgado sin que existiera un resolutivo judicial.

“Tomo la decisión porque me preocupan los compañeros diputados y el partido que me ha dado la alternativa de ser en tres ocasiones diputado. Me pongo a las órdenes de las comisiones y autoridades que consideren competentes para que investiguen». Casi al concluir la conferencia, Bautista, enojado, se lanzó contra la diputada panista, Josefina Salazar Báez, a la que antes defendió de los ataques del vociferante legislador del PRD, Sergio Desfassiux, lo que le valió, fuera increpado en la tribuna. “Tú a mí no me callas cabrón”. Bautista reveló que  Salazar fue la que incidió y buscó quitar observaciones a los ayuntamientos vinculados a su partido.

“Nadie lo había dicho, pero creo que es el momento de corregir errores. Ustedes se van a dar cuenta que a ningún ayuntamiento se le quitó alguna observación. El pleito era porque buscó eliminarlas. Me voy contento de lo que hago  porque vamos a permitir que pida licencia quien deba hacerlo». Casi de inmediato, Salazar convocó a una rueda de prensa donde negó las acusaciones de Bautista. Señaló que pretendía involucrarla, desviar la atención sobre el escándalo del video.

Resaltó que como parte de la cartera de vigilancia pugnó por revisar las cuentas municipales apegados a la norma. No  darle impunidad a ningún alcalde, pero tampoco permitir que fueran sujetos de extorsiones por parte de diputados o algún otro funcionario. Aludió a que el nuevo comité de vigilancia rechazó los informes de auditoría de los 58 ayuntamientos, lo que confirmó su postura que siempre hizo pública de que las revisiones eran deficientes.

Rechazó pedir licencia, como sugirió Bautista, pues no estuvo implicada en las videograbaciones. Exigió concentrarse en el escrutinio al que serán sometidas otra vez las cuentas y se castigue a quienes manipularon los dictámenes. Dijo que las licencias de Flores y Bautista eran exigencias ciudadanas, pero faltaban dos más, en referencia a Guadalupe Torres y Manuel Barrera, que hasta entonces no habían fijado postura respecto a separarse del cargo.

Por la tarde del mismo día, con un tono de inocencia por delante, apareció el diputado del PRD y ex presidente de la cartera de vigilancia, José Guadalupe Torres Sánchez. Emitió un comunicado y después en rueda de prensa. Lo acompañó el dirigente estatal de su partido, José Luis Fernández y las legisladoras de su bancada, Graciela Gaitán y Dulcelina Sánchez de Lira. El también litigante leyó un escrito donde estableció que solicitaba licencia en aras de recuperar la legitimidad del congreso a pesar de haber sido exculpado por Flores, quien reveló la supuesta existencia de favores indebidos en el poder legislativo.

Dijo estar convencido de su inocencia y que se cometió una injusticia en su contra al mencionarlo en la charla grabada de manera irresponsable e indebida. Se curó en salud al sostener que «no voy a permitir que se desgaste más al poder legislativo con el argumento de mis estancia. No necesito de un puesto público ni de blindaje especial para demostrar que nada tengo que ver en los hechos que de manera calumniosa me mencionaron. Lo único que necesito bajo el brazo es la ley, que está de mi lado». Resaltó irse con la frente en alto y las manos limpias.

El dueño de la franquicia del Verde Ecologista en la entidad, Manuel Barrera Guillén, guardó silencio sepulcral. Junto con su esposa Ivete Salazar, han sido denunciados de enriquecerse en casi 16 años de alternarse la curul local plurinominal y cargos públicos en dependencias relacionadas con la ecología y el medio ambiente. Barrera hace equipo con el diputado federal Cándido Ochoa Rojas. En cada coyuntura, de manera abierta y velada, censuran la incompetencia del gobernador Juan Manuel Carreras, que le solicitó sin éxito a su detractor, dejar el cargo.

 

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Un galimatías el contrato de Panavi

El activista del Frente Anti Corrupción, José Manuel Martínez Guiza, destacó que el tema la empresa Panavi es una guerra entre el ayuntamiento de la capital, congreso y otros poderes locales. Destacó que no se debe aprobar la propuesta del alcalde Ricardo Gallardo de incrementar 200 millones de pesos para beneficio de la firma que instalará las lámparas leds. Sugirió auditar el contrato original que firmó el ex alcalde Mario García Valdés, ya que es nulo por los vicios iniciales en las licitaciones y no cumplir la mayoría de las cláusulas.

Expuso que en realidad se firmó un convenio de arrendamiento, no de prestación de servicios. Similar a rentar una fotocopiadora, donde el dueño se encarga del mantenimiento, sacar las copias y cobrar por unidad. Al final se crea una cláusula donde se plantea la alternativa de compra. Las luminarias se van a quedar en San Luis. El acuerdo se firmó en mil 300 millones de pesos. A los 15 años, por los costos financieros, se irá al doble. Luego el ayuntamiento hará un último desembolso para quedarse con los focos.

Censuró no existan datos suficientes. Falta el estudio de consumos 2012-2015 previos, como lo establecen las reglas operativas del Comité Nacional de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. Sirve para hacer un comparativo, ya que el ayuntamiento le cubrirá a Panavi en el primer año 108 millones de pesos con un rango de consumo de equis kilowatts. Son reportes que debió entregar la firma cada tres meses para establecer cuánto se ahorra. El dinero ya estaba presupuestado. Lo iban a entregar en ministraciones parciales. Panavi tenía que registrar el acuerdo ante la Conue para entrar a un concurso de quitas, hasta el 60%, del que, una tercera parte, se destinaría al ayuntamiento para saldar deuda pública. Lo restante es la utilidad de la empresa, con lo que paga al que le haya financiado las instalaciones.

«Tales datos no se han difundido. Tenemos 200 páginas, una parte del expediente, que debe ser público y gratuito, como lo es en Ahome, Sinaloa. Tienen una página en el Consejo Ciudadano de Transparencia donde existen los estudios de consumo, licitaciones, contratos, anexos y adendos que sirven para modificar el convenio de arrendamiento. En San Luis, desde Mario García y con Gallardo, cobran a 37.75 pesos cada cara de una hoja de máquina. Para acceder al expediente de Panavi, alguien debe gastar casi 50 mil pesos. Hay una serie de desinformaciones. Todo se relaciona con la falta de democracia. Tienen en común las corruptelas. Cualquier tema como las tarifas de transporte público, los que estamos en la lucha cívica, nos hemos dado cuenta que el sustrato es la transa a través de la opacidad».

Martínez estableció que es el momento de integrar un frente amplio para combatir las corruptelas y lograr que el sistema estatal en ciernes, sea un espacio de los ciudadanos y no del gobierno. «Mientras no tengamos acceso a todos los datos, habrá solo especulaciones. Tenemos las bases del concurso, modelo del contrato, anexos y fichas técnicas. El hecho que cada página cueste casi 76 pesos, es una forma de inhibir la transparencia, cuando la ley establece que no se debe pagar el doble del costo real. En el caso de las luminarias se configura lo oscuro. Faltan los reportes de supervisión. El comparativo del ahorro estimado en el primer año que fue de 48 millones. Todo viene en la corrida financiera en el anexo e».

«Lo estimaron cuando firmaron el contrato. Ya pasaron más de 600 días, por lo que deben informar con sus tablas, cuánto se gastó en el 2012, 2013 y 2014, antes del convenio. Cuánto erogaron en el año y medio que lleva el acuerdo. Lo que se ahorró. Nos demuestren que sus estimaciones son correctas o lo aproximado que resultó. Si fuera diputado y no es una película de Cantinflas, les pediría el expediente para saber si el contrato se sustentó. Y después revisar la propuesta de ampliar el costo con 211 millones de pesos. Con el esquema y corrida financiera, estimar si es factible y correcto a futuro. Compararlo con otros municipios donde Panavi tiene contratos de arrendamiento. Tampoco se clarifica si al final el ayuntamiento tasará cuánto vale el equipamiento urbano. Se hará cargo de las luminarias o ampliará la concesión. Como está el documento, se asume que los focos serán del municipio».

«En la avenida Salvador Nava, en la glorieta de Balcones del Valle, hicieron una estación solar para dar servicio a los carriles centrales, que son parte del contrato que van a iluminar. No es cierto, ya que los paneles solares se instalaron desde el principio como led. Faltan datos para saber qué circuitos van a cubrir, sólo dicen que instalarán 47 mil 800 luminarias. ¿Dónde empezaron, con qué criterios?. Yo lo haría con las más viejas, donde hay mayor densidad de pobladores, más conflictos de inseguridad, donde transitan más carros y ciudadanos. Es sentido común. No puede hacerse al azar. Se requiere un estudio para ubicarlas. Nada es explícito en el contrato primario ni los anexos. Tampoco queda clara la propuesta del ayuntamiento de ampliar y modificar el contrato».

«Se habla de pedir más deuda. Lo cierto es que se darán como garantía las participaciones federales hasta un cierto porcentaje. Existe todo un galimatías porque los informes no son claros. Los diputados no deben aprobar la propuesta porque no existen los datos, análisis ni valoraciones adecuadas. Parece que hubo doble incumplimiento de Panavi y el ayuntamiento. ¿Qué pasa si lo aprueban o no?. El tema es lo mismo, la falta de datos precisos». Martínez Guiza expuso que Panavi es una empresa de Jalisco. En la acta constitutiva aparecen como dueñas las hermanas Paulina y Viridiana Salas Mayagoitia. Se rumora que son testaferras de una sociedad de inversiones llamada Prorsus, cuyo líder es Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas. En San Luis su principal promotor a trasmano es Carlos Torres Corzo. El mismo perfil deben tener las otras dos empresas asociadas en los contratos de luminarias que tienen en casi todo el país.

-¿Por que fraccionan una empresa en varias, con distintas sedes, con gente de bajo perfil o ajenas al negocio que sustentan?.

-No es que se dividan. En el caso local, Prorsus es una sociedad de inversiones que crea diversas empresas específicas. Es algo muy común en las altas esferas financieras. Lo que les sirve para cuestiones fiscales y hacer holdings, controlar el mercado. Como sociedades anónimas, es difícil relacionarlas en forma directa. Es como el constructor de la capital, Guillermo Leal Tobías, hermano del secretario de gobierno, Alejandro Leal, que usa varias compañías para las licitaciones.

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Cisma en el PAN, Enrique Flores desplaza del mando en el congreso a Xitlálic Sánchez

Las divisiones internas entre los grupos del PAN, que encabeza el presidente del comité estatal, Xavier Azuara Zúñiga y el diputado local, Héctor Mendizábal Pérez, se evidenciaron una vez más en la asamblea del congreso donde el legislador, Enrique Flores, tomó protesta como líder de la Junta de Coordinación Política. Se proclamó también coordinador de bancada cuando apenas ayer su homóloga Xitlálic Sánchez Servín fue designada por Azuara para ocupar los mismos cargos.

Con la llegada de Flores a la Junta de Coordinación Política, órgano administrativo del congreso, se cumplió la advertencia que vía whatsapp le hizo el diputado del PRI, José Luis Romero Calzada a Sánchez Servín: “quien juega como tú, se equivoca. Lo más triste es que te usan. Yo te firmo que no vas a tomar protesta ni el jueves ni nunca”.

La maniobra de poner a Flores al frente se tomó por acuerdo de la mesa directiva que preside el diputado del Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén y la misma junta que hasta hoy dirigió el priista Fernando Chávez Méndez, que se quedó como secretario.

En misma cita, Romero Calzada subió a tribuna para pedir una disculpa a Sánchez y decir que el diálogo sostenido fue amistoso, en broma. La diputada Josefina Salazar respondió que una disculpa no borra el hecho. No puede subsanarse con subir a tribuna a disculparse. Exigió respeto para todas las legisladoras que integran el congreso.

Romero insistió que lo movió el afán de compañerismo, ya que los 27 legisladores se tratan como una familia, se apoyan y aconsejan en sus problemas personales. Relató que la diputada Josefina Salazar le quiso dar al hecho un manejo político por la coyuntura de ser el día internacional de la mujer o por haberlo solicitado Azuara, al que calificó como una persona frustrada, el gran perdedor en el PAN. Sus frustraciones hacen que se desmorone el partido.

El legislador de Conciencia Popular, Óscar Vera, le pidió a Romero que si había cometido una falta, se hincara y pidiera perdón. Pero no como un hipócrita. En entrevista, Flores aseguró que su arribo fue legal. Es además coordinador de bancada y cuenta con el apoyo del coordinador regional. El presidente nacional, Ricardo Anaya, no se ocupa de tales asuntos, porque tiene otros temas más relevantes que atender. Afirmó que no será factor de divisiones. Sánchez, antes de la toma de protesta de Flores, abandonó el recinto y ya no dio declaraciones.