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Un gran revés a Panavi y sus defensores

El que pospone pierde y en el caso de la empresa Panavi y el edil Ricardo Gallardo Juárez, resultaron derrotados en su intentona de que el congreso del estado les aprobara modificar el contrato que firmó el ex alcalde Mario García Valdés para el cambio y mantenimiento de luminarias leds en la capital con la empresa jalisciense y sus socias.
Alas 6 de la tarde que se reanudó la asamblea, el líder de la mesa directiva, Manuel Barrera Guillén, anunció que a petición del presidente de la cartera de Desarrollo Territorial Sustentable, el panista Jorge Luis Díaz Salinas, se retiraba el dictamen y regresaba a comisiones.
El caso se dio luego de infructuosas negociaciones que realizaban en privado los diputados José Guadalupe Torres Sánchez, operador de Gallardo en el congreso, Óscar Bautista y Enrique Flores Flores por parte de las fracciones del PRI y el PAN para convencer a otros diputados y juntar los 18 sufragios requeridos para aprobar la iniciativa.
Doce legisladores se mantuvieron firmes en su negativa de aprobar los cambios al convenio con Panavi. El bloque de legisladores intentó sin éxito en dos ocasiones reanudar las pláticas que se encontraban en receso decretado a los pocos minutos de iniciada las discusiones. El silencio se prolongó por más de dos horas y media.
Los diputados que votarían en contra de la propuesta del ayuntamiento de San Luis Potosí, que pretende incrementar el monto del convenio en 211 millones de pesos más a Panavi, además de garantizarle el pago hasta con un 15% de las participaciones, son Héctor Mendizábal Pérez, Xitlálic Sánchez Servín, Josefina Salazar Báez y Héctor Meraz Rivera. Por parte del PRI, Fernando Chávez Méndez, que cambió el sentido de su voto, pues como integrante de las comisiones dictaminadoras de Gobernación y Desarrollo Territorial sustentable sufragó a favor. También en contra votaría Martha Orta y Gerardo Limón Montelongo. Los dos diputados del Panal, Guillermina Morquecho Pazzi y Ricardo García Melo estarían también en contra. Gerardo Serrano Gaviño del Verde Ecologista, Lucila Nava Piña de Movimiento Ciudadano y Óscar Vera Fabregat de Conciencia Popular que en comisiones dejó asentado por escrito que votaría en contra.
Entre los 15 votos a favor de la propuesta de Ricardo Gallardo, se contaron 4 seguros de los diputados del PRD, Guadalupe Torres Sánchez, Sergio Desfassiux Cabello, Graciela Gaytán Díaz y Dulcelina Sánchez de Lira. Además el de los priistas Óscar Bautista Villegas, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Rebeca Terán Guevara, José Luis Romero Calzada y Alejandro Segovia Hernández. Los panistas Enrique Flores Flores, Mariano Niño y Jorge Luis Díaz Salinas. Se incluyó el voto del diputado del Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén, del PT, José Belmares Herrera y el de Morena, Jesús Cardona Mireles.
La sesión del jueves inició a las 10 de la mañana, con una sala del pleno llena de comerciantes y ciudadanos que con pancartas y consignas rechazaron la propuesta a favor de Panavi. Se aprobaron los primeros puntos de la orden del día y cuando estaban cerca de abordar el asunto de las luminarias se decretó un amplio receso. Al reanudar los trabajos, se desahogaron otros puntos y de nuevo se pospuso la asamblea hasta las 6 de la tarde.
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Los asistentes en contra de Panavi pronto tuvieron de oponentes un reducido grupo de mujeres que exigían alumbrado y apoyaban a la empresa a través de mensajes escritos en cartulinas. El salón de plenos se convirtió por un momento en un ring donde las agresiones verbales de uno y de otro bando no cesaban. Algunos diputados como Sergio Desfassiux, José Luis Romero Calzada y Enrique Flores, no se salvaron de las burlas de los opositores al proyecto de las luminarias. Entre gritos y consignas inició y concluyó la sesión en la que parece ser el primer nocaut a las pretensiones de Panavi y el alcalde Ricardo Gallardo Juárez.
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Un galimatías el contrato de Panavi

El activista del Frente Anti Corrupción, José Manuel Martínez Guiza, destacó que el tema la empresa Panavi es una guerra entre el ayuntamiento de la capital, congreso y otros poderes locales. Destacó que no se debe aprobar la propuesta del alcalde Ricardo Gallardo de incrementar 200 millones de pesos para beneficio de la firma que instalará las lámparas leds. Sugirió auditar el contrato original que firmó el ex alcalde Mario García Valdés, ya que es nulo por los vicios iniciales en las licitaciones y no cumplir la mayoría de las cláusulas.

Expuso que en realidad se firmó un convenio de arrendamiento, no de prestación de servicios. Similar a rentar una fotocopiadora, donde el dueño se encarga del mantenimiento, sacar las copias y cobrar por unidad. Al final se crea una cláusula donde se plantea la alternativa de compra. Las luminarias se van a quedar en San Luis. El acuerdo se firmó en mil 300 millones de pesos. A los 15 años, por los costos financieros, se irá al doble. Luego el ayuntamiento hará un último desembolso para quedarse con los focos.

Censuró no existan datos suficientes. Falta el estudio de consumos 2012-2015 previos, como lo establecen las reglas operativas del Comité Nacional de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. Sirve para hacer un comparativo, ya que el ayuntamiento le cubrirá a Panavi en el primer año 108 millones de pesos con un rango de consumo de equis kilowatts. Son reportes que debió entregar la firma cada tres meses para establecer cuánto se ahorra. El dinero ya estaba presupuestado. Lo iban a entregar en ministraciones parciales. Panavi tenía que registrar el acuerdo ante la Conue para entrar a un concurso de quitas, hasta el 60%, del que, una tercera parte, se destinaría al ayuntamiento para saldar deuda pública. Lo restante es la utilidad de la empresa, con lo que paga al que le haya financiado las instalaciones.

«Tales datos no se han difundido. Tenemos 200 páginas, una parte del expediente, que debe ser público y gratuito, como lo es en Ahome, Sinaloa. Tienen una página en el Consejo Ciudadano de Transparencia donde existen los estudios de consumo, licitaciones, contratos, anexos y adendos que sirven para modificar el convenio de arrendamiento. En San Luis, desde Mario García y con Gallardo, cobran a 37.75 pesos cada cara de una hoja de máquina. Para acceder al expediente de Panavi, alguien debe gastar casi 50 mil pesos. Hay una serie de desinformaciones. Todo se relaciona con la falta de democracia. Tienen en común las corruptelas. Cualquier tema como las tarifas de transporte público, los que estamos en la lucha cívica, nos hemos dado cuenta que el sustrato es la transa a través de la opacidad».

Martínez estableció que es el momento de integrar un frente amplio para combatir las corruptelas y lograr que el sistema estatal en ciernes, sea un espacio de los ciudadanos y no del gobierno. «Mientras no tengamos acceso a todos los datos, habrá solo especulaciones. Tenemos las bases del concurso, modelo del contrato, anexos y fichas técnicas. El hecho que cada página cueste casi 76 pesos, es una forma de inhibir la transparencia, cuando la ley establece que no se debe pagar el doble del costo real. En el caso de las luminarias se configura lo oscuro. Faltan los reportes de supervisión. El comparativo del ahorro estimado en el primer año que fue de 48 millones. Todo viene en la corrida financiera en el anexo e».

«Lo estimaron cuando firmaron el contrato. Ya pasaron más de 600 días, por lo que deben informar con sus tablas, cuánto se gastó en el 2012, 2013 y 2014, antes del convenio. Cuánto erogaron en el año y medio que lleva el acuerdo. Lo que se ahorró. Nos demuestren que sus estimaciones son correctas o lo aproximado que resultó. Si fuera diputado y no es una película de Cantinflas, les pediría el expediente para saber si el contrato se sustentó. Y después revisar la propuesta de ampliar el costo con 211 millones de pesos. Con el esquema y corrida financiera, estimar si es factible y correcto a futuro. Compararlo con otros municipios donde Panavi tiene contratos de arrendamiento. Tampoco se clarifica si al final el ayuntamiento tasará cuánto vale el equipamiento urbano. Se hará cargo de las luminarias o ampliará la concesión. Como está el documento, se asume que los focos serán del municipio».

«En la avenida Salvador Nava, en la glorieta de Balcones del Valle, hicieron una estación solar para dar servicio a los carriles centrales, que son parte del contrato que van a iluminar. No es cierto, ya que los paneles solares se instalaron desde el principio como led. Faltan datos para saber qué circuitos van a cubrir, sólo dicen que instalarán 47 mil 800 luminarias. ¿Dónde empezaron, con qué criterios?. Yo lo haría con las más viejas, donde hay mayor densidad de pobladores, más conflictos de inseguridad, donde transitan más carros y ciudadanos. Es sentido común. No puede hacerse al azar. Se requiere un estudio para ubicarlas. Nada es explícito en el contrato primario ni los anexos. Tampoco queda clara la propuesta del ayuntamiento de ampliar y modificar el contrato».

«Se habla de pedir más deuda. Lo cierto es que se darán como garantía las participaciones federales hasta un cierto porcentaje. Existe todo un galimatías porque los informes no son claros. Los diputados no deben aprobar la propuesta porque no existen los datos, análisis ni valoraciones adecuadas. Parece que hubo doble incumplimiento de Panavi y el ayuntamiento. ¿Qué pasa si lo aprueban o no?. El tema es lo mismo, la falta de datos precisos». Martínez Guiza expuso que Panavi es una empresa de Jalisco. En la acta constitutiva aparecen como dueñas las hermanas Paulina y Viridiana Salas Mayagoitia. Se rumora que son testaferras de una sociedad de inversiones llamada Prorsus, cuyo líder es Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas. En San Luis su principal promotor a trasmano es Carlos Torres Corzo. El mismo perfil deben tener las otras dos empresas asociadas en los contratos de luminarias que tienen en casi todo el país.

-¿Por que fraccionan una empresa en varias, con distintas sedes, con gente de bajo perfil o ajenas al negocio que sustentan?.

-No es que se dividan. En el caso local, Prorsus es una sociedad de inversiones que crea diversas empresas específicas. Es algo muy común en las altas esferas financieras. Lo que les sirve para cuestiones fiscales y hacer holdings, controlar el mercado. Como sociedades anónimas, es difícil relacionarlas en forma directa. Es como el constructor de la capital, Guillermo Leal Tobías, hermano del secretario de gobierno, Alejandro Leal, que usa varias compañías para las licitaciones.