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La violencia incontenible, provoca estado teñido de sangre

Ejecutan el miércoles 15 a dos hombres y una mujer en la calle Villerías, en Pozos. Los perpetradores dejaron junto a los cuerpos unas cartulinas con narco mensajes. Los actos delictivos de alto impacto pintan de rojo la primera quincena de junio, con asesinatos, incursiones de gente armada, levantones y persecuciones que crean miedo y pavor entre los pobladores. En tanto el gobernador, Ricardo Gallardo y el fiscal, José Luis Ruiz, minimizan los hechos. Mencionan que los muertos son de otras entidades y los vienen a tirar al estado. O que los 40 mil consumidores de droga registrados, son por causa de la inseguridad.


El 2 de junio, en un ataque de civiles armados, balearon una vivienda en la comunidad de Cerro Gordo, de Zaragoza, donde resultó una persona lesionada. Por temor a nuevos choques, padres de familia y maestros deciden suspender clases en todos los niveles. El mismo día en Tamuín, dos hombres son asesinados a tiros, cuando se trasladaban en una camioneta en la carretera a Estación Tamuín. Se les identificó como Daniel Olivares y Fernando Vidales, de oficio albañiles.
El 4 de junio, un hombre es ejecutado cuando se encontraba adentro de su camioneta en el estacionamiento de plaza Citadela, en Soledad. Además, en la colonia Ferrocarrilera de la capital, civiles atacan a balazos y dejan lesionados a 4 hombres que se encontraban en la calle Insurgentes. En Morales, un hombre es ultimado a balazos, vecinos de las calles Arsénico y Plata, salieron alarmados al escuchar las detonaciones de armas de fuego. Encontraron al hombre tirado a media calle. En la misma colonia, al día siguiente, hombres armados disparan sobre parroquianos que se encontraban afuera de una tienda, el saldo fue de tres heridos.
El domingo 5, hombres armados que se trasladaban en varias camionetas, participan en una persecución que derivó en un enfrentamiento en la vía pública. Causaron temor y alteraron la tranquilidad de las familias de la colonia Pueblo Nuevo, en la cabecera de Tamuín. También en Tamazunchale, un hombre es ejecutado en el bulevar 20 de noviembre, en la cabecera municipal.
El 7, policías de San Vicente Tancuayalab, fueron interceptados y amagados por un comando armado, cuando trasladaban una camioneta que había participado en los enfrentamientos en Tamuín. El jueves 9, en Aquismón, fueron localizados 7 cuerpos de hombres ejecutados, con huellas de tortura, algunos desnudos y con mensajes en los cuerpos, donde un grupo delincuencial amenaza a sus rivales. Los hombres ultimados se encontraron en el kilómetro 34 de la vieja carretera Valles-Rioverde, a la altura de la comunidad del Jabalí. En un comunicado, el fiscal Ruiz mencionó que según las primeras indagatorias, no se trataba de personas de la zona. Los mataron en otro lugar y los fueron a dejar en donde se encontraron Al día siguiente, la misma versión la confirmó el gobernador Ricardo Gallardo.


El viernes 10, se dio un ataque armado en el bar El Jaloo, ubicado en la lateral de la avenida Salvador Nava, en la colonia el Paseo, de la capital. Deja como saldo 4 personas heridas de bala. Los atacantes que llegan y disparan contra quienes se encontraban en la cantina, huyeron del lugar en un vehículo sin que nadie los detuviera. Un día después se reportó la muerte de uno de los lesionados, un guardia de seguridad de seguridad del bar.
El domingo 12, se presentó otro hecho violento en la colonia Pueblo Nuevo, en la cabecera de Tamuín, un hombre fue ejecutado de un disparo. La fiscalía afirmó que se trataba de un ladrón, que habría participado en varios robos de casas y fue ultimado por un vecino como consecuencia “del hartazgo social”. La madrugada del mismo día, un convoy de 5 camionetas, con hombres armados, disparan contra policías municipales de Ciudad del Maíz. Los agentes resultaron ilesos, persiguen a los agresores, que dejan abandonada una camioneta gris con blindaje artesanal, en la carretera federal 80, rumbo al vecino municipio del Naranjo. El lunes 13, aparecen tres ejecutados a las orillas de un camino de la comunidad La Escondida, en Villa de Arista. Los cuerpos de los tres hombres presentaban múltiples heridas de bala, dos de los occisos eran de Villa de Arista y uno originario de Villa Hidalgo. Se difundió en redes sociales el video en el que sujetos armados, sacan de su vivienda y suben a una camioneta negra a un hombre en el centro de Rioverde.
La persona levantada fue identificada como Marco Aurelio Tenorio, de 45 años, de oficio transportista. El mismo día, por la tarde, se reportó la desaparición de José Ángel Compeán Grimaldo, originario del Refugio, Ciudad Fernández. Era chofer de una camioneta combi de alquiler que desapareció cuando cubría la ruta el Jabalí, Aguacate, Ojo de Agua Seco. A las pocas horas, se localizan en la carretera 57, a la entrada de la cabecera municipal de Guadalcázar, dos cuerpos sin vida, de dos hombres, que por sus características físicas, edad y vestimentas, podrían ser los as dos personas privadas de su libertad en Rioverde. Un día después familiares José Ángel, lo identifican como uno de los ejecutados que se localizaron a la entrada de Guadalcazar.
El 15 de junio, en el crucero de Rayón, hombres armados balean una vivienda, que antes fue un restaurante, en el crucero de Rayón a plena luz del día y ante la mirada de azoro de los automovilistas y habitantes del lugar. Los atacantes una vez logrado su cometido, huyeron a bordo de sus camionetas. Al día siguiente también civiles armados abren fuego sobre una vivienda en la colonia Loma Bonita en la cabecera municipal de Tamazunchale.
El mismo 16, en la capital, ejecutan a tres hombres en la entrada a la delegación de La Pila y uno resulto herido. Los occisos habían salido de la cárcel y se trasladaban por la lateral de la carretera 57 en un vehículo Chevrolet negro. Fueron interceptados cuando daban la vuelta en U en un puente cercano, por dos unidades, cuyos ocupantes abrieron fuego y los acribillaron. Dos de los cuerpos quedaron adentro del automóvil y otro sobre la carpeta asfáltica.
El 18, un joven es ejecutado de por lo menos de 5 balazos sobre la calle del Panteón, en el barrio de San Miguel, en la cabecera de Tamazunchale. El occiso estaba esposado, quedó en medio de la calle. A las 5 de la mañana, un comando armado que se trasladaba en 8 camionetas, disparan contra las torres y el edificio del penal de La Pila, mientras que al interior, se amotinaban varios reos. Los agresores, cuando huían por la carretera a México, lanzaron ponchallantas que dañaron a 5 vehículos que transitaban por el lugar. El mismo día, dos hombres son ejecutados en la calle Juan Rodríguez de la colonia Rivas Guillen, en Soledad.
En Villa de Pozos, un hombre es ejecutado adentro de su domicilio, en la colonia La Campiña. Un chofer repartidor de refrescos, muere después de ser asaltado, en la colonia Tercera Chica de la capital. El 21 de junio en Cerritos, cuatro integrantes de una familia son ejecutados en su domicilio. Sujetos armados entraron por la madrugada al hogar, ubicado en calle Reforma de la colonia Aurora y acribillan al padre, madre, un hijo y una jovencita , que conformaban el matrimonio Rosales Dimas. Los cuerpos de las víctimas quedaron en las recámaras y en la sala. El gobierno del estado, a través de su vocero, Miguel Gallegos, sin ninguna pesquisa previa, salió a decir que se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, en pugna por el control de la plaza, consumo y venta de drogas, lo que desató una ola de enojo en las redes sociales de parientes, amigos y conocidos de los afectados, a quiénes describieron como trabajadores y honorables.
El 22, un hombre es ejecutado en la colonia Valle Dorado. La víctima se trasladaba en una motocicleta negra por la calle Ópalo, cuando lo asesinaron. En Matehuala, se reportó otro hombre asesinado en un camino vecinal. Al día siguiente, se halló descuartizado, el cuerpo de un hombre, a la altura de la localidad de Cómoca, en Axtla de Terrazas. El reporte lo hicieron personas que transitaban por la carretera federal 85, México Laredo. En Tamazunchale, se reportó el hallazgo de dos cuerpos que flotan en una laguna, del rancho Chiriwillos. Los muertos eran dos menores de edad, una jovencita de 15 años y su hermano de 14, vecinos de la localidad Las Brisas. Fueron estrangulados y luego arrojados al agua.
El 24, un hombre es ejecutado en la comunidad de los Jassos, el cuerpo se encontró en el kilómetro 7, en el Libramiento Oriente. El occiso se encontraba amarrado de pies y manos. En el sitio se encontraron varios casquillos de bala. El 25 es ejecutado el comandante Juan Bernardo Reyes, de la policía municipal de Soledad, cuando se encontraba en su patrulla, al custodiar un inmueble asegurado por la Fiscalía General de la República, en la colonia Rancho Nuevo. El agente caído fue objeto de un homenaje por parte de la alcaldía. En redes sociales, compañeros y ex uniformados, ventilaron que los jefes los exponían al enviarlos a resguardar inmuebles decomisados a presuntos delincuentes, sin dotarlos de armas y solos.

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Muere en atraco, el ex dirigente juvenil del PRD, Alejandro Chávez

El combativo ex dirigente juvenil del PRD en Soledad, Omar Alejandro Chávez Armendáriz, fue víctima de un atraco con violencia, por lo que recibió un balazo que le cegó la vida. Los hechos registran que se desempeñó como chofer de la plataforma Uber. Acudió a dejar un pasajero a Quintas de la Hacienda, en la carretera que conduce a Rioverde, donde se resistió al robo y perdió la vida de manera ilegal. Sus compañeros de labores iniciaron una recolecta de fondos para entregarla a los familiares. En una etapa de su vida, Chávez colaboró con el dueto de ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, que jamás supieron valorar su carisma y entrega por la ciudadanía. Luego militó en el PRD, donde criticó los saqueos impunes del ex dirigente estatal, Ignacio Segura Morquecho, ahora secretario de desarrollo social. Chávez censuró la incompetencia del gobernador Gallardo Cardona, para garantizar la vida y patrimonio de los potosinos. Criticó la ineptitud del fiscal, José Luis Ruiz Contreras, que enlodó las pesquisas donde murió víctima de feminicidio, su prima, Nayeli Alfaro. En un corto lapso, dos familiares sucumben a la creciente inseguridad que priva en San Luis, donde no bastan las diversas fuerzas públicas que Gallardo presume cada rato.

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Vivir en la zozobra y el terror

Ni las reuniones de seguridad en los municipios, ni las mesas estatales para construir la paz, ni el actuar del llamado grupo táctico especial tipo Swats, que presentó en octubre del año pasado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, han podido frenar la ola delictiva que azota a la entidad. Las constantes ejecuciones, levantones y balaceras  atribuidos a grupos de la delincuencia organizada, en la capital, zona metropolita y diversos municipios, empiezan a crear zozobra y terror entre la ciudadanía. Obligaron a suspender clases en los planteles de Tamasopo, donde varios grupos criminales se enfrentan a todas horas del día.

A seis meses de entrar en funciones el nuevo gobierno, no ha cumplido con su slogan de Vivir sin miedo. Las  estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad revelan un incremento en la mayoría de los delitos, en especial, homicidios dolosos y el aumento de denuncias en los primeros tres meses del año. Un recuento hemerográfico de hechos delictivos de alto  impacto, del 1 de enero al 25 de marzo, muestran lo cruento de lo que se padece. El 3 de enero, hombres armados que se trasladaban a bordo de un vehículo, acribillan a un joven en la colonia los Álamos, de la capital. El cuerpo de la víctima quedó tendido en la calle Durazno, esquina con la avenida Hernán  Cortés. El mismo día en Valles, con violencia excesiva, hombres armados y encapuchados asaltan la gasera Hilda, ubicada en el bulevar Adolfo López Mateos.

Un policía municipal de San Luis, fue atacado a balazos en la colonia las Flores, después de salir de su jornada laboral y cuando se dirigía a su domicilio. El 6 de enero en Rioverde, durante un enfrentamiento entre civiles armados y policías de las llamadas fuerzas espaciales en el fraccionamiento La Huerta, mueren el subdirector operativo de la policía de investigación de la zona media, Moisés Abraham Normandía Barrios, tres presuntos delincuentes y uno más resultó herido. La balacera se inició a las 4 de la madrugada, cuando los agentes irrumpen en una casa de seguridad, en la zona conocida como Cruz Verde.   

También en Rioverde, durante enero, se registraron dos casos de secuestros virtuales. Una pareja  que se encontraba hospedada en un hotel ubicado en el bulevar Carlos Jonguitud Barrios, fue víctima del delito, al ser contactados por teléfono y mencionarles que habían ganado un premio para engancharlos. Un joven también fue presa de los delincuentes,  lo engañaron con hacerle daño si se negaba a depositar dinero en una cuenta que le indicaron. Los familiares denunciaron los hechos y se inició la búsqueda. Elementos de la Guardia Nacional lo localizaron horas después en el panteón municipal. En marzo, se documentó el secuestro  de una mujer y sus dos pequeños hijos, en la colonia San Antonio, de Rioverde. Los delincuentes dijeron ser integrantes del crimen organizado. La contactaron  por teléfono y  le exigieron salir de su domicilio y no avisar a nadie, pues tenían en su poder a su hermana y le harían daño. Al mismo tiempo, contactaron a su pariente y le exigieron 200 mil pesos para soltar a la señora y sus dos hijos.

El 9 de enero,  en la delegación de La Pila, hombres armados que circulaban en un vehículo Ford Figo gris, dispararon sus armas contra tres personas que se encontraban en el exterior de una vivienda ubicada en la calle Independencia. Los lesionados fueron llevados a recibir atención médica en los servicios de emergencia. El mismo día, dos hombres murieron en una riña entre pandillas, que ocurrió en la avenida López Mateos y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia tercera chica de la capital.

El martes 11 por la noche, un grupo de hombres armados atacan a policías estatales  que realizaban patrullaje de rutina, en la cabecera municipal de Tamasopo. En el lugar quedó muerto el oficial adscrito a Valles, Martín N y lesionado el agente Juan José N. Los atacantes viajaban en dos  camionetas, una Ford lobo negra y una  CVR blanca. Después de la agresión, escaparon. En San Luis ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Damián Carmona. Los vecinos avisaron a la policía que en la calle Juan del Jarro, se encontraba una persona sin vida. El 12 de enero en la cabecera municipal de Ahualhulco, hombres armados y que circulaban en camionetas, se enfrentaron a balazos en la colonia Los Magueyes, cuando la policía llegó al lugar, solo encontró 3 vehículos con las huellas de la refriega.

Era una camioneta Ford Super Duty Platinum, negra, con placas de Texas, un automóvil Mercedes Benz, blanco,  de reciente modelo, sin placas y una camioneta Jeep Gran Cherokee, también sin placas. Un día  después se reportó el hallazgo de los cuerpos de tres hombres, semidesnudos y con huellas de tortura, afuera de una casa habitación de la calle Juan Sarabia y Galeana, en la comunidad de Terrero sur, en La Pila. La vivienda donde fueron encontrados, presentaba daños por incendio. Las víctimas fueron identificadas como Félix Daniel N, alias “El Chuchis”, de 24 años, Víctor Daniel N, alias “El Moto”, de 18 años y Salvador N, “El Chavota”, de 28 años.  Los atacantes dejaron mensajes escritos en dos cartulinas.

La Fiscalía del Estado informó que el 16 de enero, alertados por un reporte ciudadano, encontraron en la carretera 57, frente al penal de La Pila, una hielera que contenía restos de un cochino. Al lado, una cartulina, con un narco mensaje. Un hombre  muerto y otra herido, fue el saldo de un ataque a un negocio de chatarra ubicado en la colonia General Martínez, de la capital, que ocurrió el 18 de enero, cuando varios sujetos, a bordo de una camioneta Blazer blanca, llegaron y dispararon al exterior del inmueble, que se localiza en la privada del Ajusco. Un día después se localiza un hombre ejecutado a balazos en un lote baldío de la colonia San Antonio, cerca de la Unidad deportiva, en Soledad. En Rioverde, un hombre que se encontraba en su vehículo, en la calle Porfirio Díaz, de la colonia La Esperanza 2, fue ejecutado a balazos por hombres armados que llegaron hasta el lugar, en una camioneta pick up negra.

La noche del 20 de enero, fue ultimado a balazos el dueño de un puesto de tortas, ubicado en avenida Himno Nacional, afuera del auditorio Miguel Barragán. Fue después de las 21 horas, cuando hombres armados, que descendieron de una camioneta Ford negra, le disparan en varias ocasiones y después escaparon. El 21 en Tamasopo, un campesino fue asesinado a puñaladas en un albergue de jornaleros, por dos jóvenes que también pernotaban en el lugar, ubicado en el ejido Campamento Alfa.

En Salinas de Hidalgo, al mediodía del 24 de enero, un hombre es ejecutado y otro resultó herido, en la colonia Gótica, por dos sujetos que transitaban en una motocicleta. Los sorprendieron cuando caminaban por la calle Juan Sarabia. El muerto fue identificado como Jorge N de 34 años. El 25 de enero, se localizó un hombre asesinado y descuartizado en un camino vecinal que conduce a La Laguna, en la comunidad del Jabalí, en Rioverde. El 28 de enero, en el barrio de Tlaxcala de la capital, cerca de las vías del ferrocarril, se encontró a un hombre sin vida, que ya era devorado por los animales. El 30 de enero, se localizó otro hombre muerto por un disparo en la cabeza, a orillas de la carretera Tamazunchale-San Vicente. La víctima fue identificada como Daniel N, de 34 años. En Moctezuma, policías estatales, soldados y agentes de la Guardia Nacional, se enfrentan a hombres armados que viajaban en una camioneta pick up negra, detienen a 3 hombres, a los que les aseguran dos armas largas tipo fusil, una arma corta, 3 cargadores y 63 cartuchos útiles.

El 31de enero se registran 3 asesinatos. Uno ocurrió en la delegación de La Pila, cuando hombres armados y cubiertos del rostro, entran por la fuerza a un domicilio de la calle Venustiano Carranza y sorprenden a otro, acostado en su recámara y le disparan en cuatro ocasiones en la cabeza, frente a su esposa. Por la noche, una balacera que se reportó en calles de la colonia Hacienda de Jacarandas, en San Luis, dejó como saldo, dos hombres asesinados. Sus ejecutores les dejaron junto a los cuerpos, una cartulina con un mensaje. En el sitio, también quedaron tiradas 3 motocicletas. 

En el segundo mes del año, los hechos delictivos aumentaron en todos los rubros. El 1, en Ciudad Fernández, a las 10 de la mañana, un hombre es ejecutado en el fraccionamiento Valle del Alto. Los asesinos lo persiguieron en una moto, hasta darle muerte. En venganza por viejas rencillas, un adolescente de 17 años, mató de un balazo en la cabeza a Javier N, de 37 años. El crimen ocurrió en Aquismón, en el kilómetro uno de la carretera estatal El Sauz-El Naranjo. El 2, fue localizado el cuerpo de un hombre de 25 años, asesinado a balazos, en la avenida de la Luz, en el fraccionamiento Villa María, ubicado al norte de la capital.  El mismo día son ejecutados 4 hombres en el interior de un domicilio, en la colonia Tepeyac, de San luis Potosí. Al día siguiente, en la colonia San Leonel, ejecutan a balazos a un hombre de entre 35 y 40 años. Se desplazaba en su bicicleta cuando fue interceptado por varios individuos que le dispararon a corta distancia, para después huir.

También el 3 de febrero, en la comunidad del Charquillo, en Mexquitic de Carmona, se encontró el cadáver de un hombre muerto por disparos de arma de fuego y atado de manos y pies. También el 3 de febrero, la Fiscalía del Estado, informó que varios individuos entraron a un domicilio particular de la calle Victoria, en la cabecera de Villa Juárez. Se llevaron con violencia a varios civiles presentes, donde figuró un auxiliar del ministerio público. Después de un operativo de búsqueda, donde intervinieron policías estatales, municipales, ejército y la Guardia Nacional, los levantados fueron localizados con vida, pero golpeados.

La madrugada del 4 de febrero, en Valles, fueron encontrados tres hombres desnudos y golpeados, en diferentes puntos de la cabecera municipal. Los agresores les dejaron cartulinas con mensajes. En San Luis, hombres armados ejecutan a otro de 29 años afuera de su domicilio, en la colonia Popular. Los hechos ocurrieron después de las 11 de la noche, cuando los agresores llegaron a la casa de la víctima, ubicada en la privada Colima y lo acribillaron. En Matehuala, el 5 de febrero, localizan el cuerpo de un hombre, con signos de violencia, en un predio, atrás de las instalaciones de la feria. En Tamazunchale encuentran sin vida a un hombre que sus familiares habían reportado como desaparecido. El cuerpo estaba a las orillas de un camino, en el tramo de la comunidad de Agua Prieta a La Garita.

El 8 de febrero, un hombre fue asesinado a puñaladas, en una vivienda de la avenida Valentín Amador. En el video que revisó la policía, se observó que la víctima salió herido del domicilio y quedó tirado en la banqueta. Después salieron también sus presuntos agresores. El 12, en Soledad, individuos que se trasladaban en una camioneta, dejan en la calle Lerdo de Tejada, esquina con Corregidora, en pleno centro, el cuerpo de un hombre ejecutado, de entre 25 y 30 años. Junto al occiso, estaba un teléfono celular, una cartera y una cachucha, que podrían pertenecer a la víctima. En Ciudad Fernández, civiles armados se trasladaban en una camioneta y disparan contra el inmueble de la Guardia Nacional, ubicadas frente al Puente Elevado. La fiscalía local señaló que las detonaciones iban dirigidas a un vehículo que se encontraba cerca del inmueble.

El 13 de febrero se encontró el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija y atado de las manos con un mecate de plástico, en un terreno baldío de la colonia Margarita Morán,  en el camino viejo al Aguaje. Un policía de seguridad pública estatal resultó herido durante una persecución de hombres armados que se trasladaban en dos camionetas. Fueron reportados por mantener un retén sobre la carretera a Guadalajara, cerca de Escalerillas. Para evitar que les diera alcance, los tripulantes de las camionetas arrojaron un poncha llantas a las patrullas  y fue cuando le dispararon a los agentes. En lo que al parecer fue un intento de asalto, fue asesinado a balazos un comerciante del centro de abastos. Los hechos ocurrieron el 15 de febrero, después de las 7 de la mañana, cuando los criminales, que se desplazaban en una camioneta, llegaron hasta la bodega de la víctima, ubicada en el pasaje 2 de la calle sexta oriente, donde lo sorprendieron y al resistirse, lo ultimaron.

En un lote baldío de la comunidad del Jaralito, se reportó el hallazgo de un hombre ejecutado a balazos. En el sitio se encontró también un pedazo de cartón con un mensaje y varios casquillos. El mismo día en Valles, arrojan desde un vehículo a un hombre golpeado, con un balazo en la entrepierna, atado de pies y manos, frente a la clínica del Seguro Social. El 16 de febrero, un hombre es ejecutado a balazos. Lo encuentran tirado en la calle Reforma, en la comunidad de San Marcos, en Mexquitic de Carmona. El 18 de febrero, antes de las 10 de la noches, hombres armados balean a dos jóvenes que se encontraban en la calle San Felipe, en la colonia San José, en Soledad. El 19, hombres armados asesinan a una persona en la colonia Cactus, llegaron hasta el andador Desierto de Gobi, después de las 10 de la noche y lo acribillaron para luego huir del lugar. 

El 20 de febrero se encuentra el cuerpo de un hombre mutilado en el puente del bulevar Rocha Cordero y la avenida Salk. Otras partes se esparcieron por la ciudad. Trascendió que una pierna se encontró por el Periférico Oriente, una mano rumbo al Periférico Norte, cerca de la colonia Piquito de Oro. Dentro de una bolsa de plástico, se halló el cuerpo mutilado de un hombre, en el camino a San Isidro y la calle Esmeralda, en la colonia Real de Providencia. Junto a la bolsa con los restos humanos, la policía encontró un escrito, donde un grupo delictivo se atribuía el asesinato. El 21 de febrero, mientras caminaba por la calle Bravo y Javier Mina, de la cabecera municipal de Cerritos, un joven de 27 años fue acribillado por dos sujetos que se circulaban en una motocicleta. Entre el 22 y 23 de febrero, por el reporte de un campesino que recolectaba piedra, la policía y personal de la unidad de búsqueda de personas desparecidas, localizan 3 osamentas humanas en un predio cercano a un camino vecinal, que une a las comunidades Derramaderos y La Morena, en Villa de Zaragoza.

El 23 en Cerritos, ejecutan a tres hombres. Pasadas las 6 de la tarde, sujetos  armados que se trasladaban en una camioneta, llegaron hasta un domicilio de la calle Madero, de la colonia San Antonio y abrieron fuego en contra de los moradores, en donde resultaron muertos tres hombres, con los alias de La Mula, El Nigua y El Aguacate. Al día siguiente, el  cuerpo de un hombre de 39 años, con impactos de bala, se localizó en las calles Francisco Madero con Tenochitlán, en la colonia Mártires de la Revolución en la capital.

El 26 de febrero, antes de las 10 de la noche, es asesinado a balazos el promotor y animador del bar Rockabilly, José Héctor N. La víctima se encontraba afuera del antro, ubicado en la calle de Iturbide, en la zona centro de San Luis. Entonces se le acercó su agresor y le disparó en varias ocasiones. La víctima fue levantada y llevado a recibir atención médica, pero murió. El 27, un hombre que se desplaza en una motocicleta por la avenida Fray Diego de la Magdalena, es asesinado por unos sujetos que le dieron alcance en un automóvil y le dispararon a corta distancia. En Soledad, un joven es acribillado y otro resultó herido, en las calles Guadalupe Victoria y Allende. Los agresores llegaron en una motocicleta y les disparan. En el lugar quedó sin vida El Chapillas, en tanto su compañero, apodado La Rana, fue trasladado para recibir atenciones médicas. El último día de febrero, ejecutan a un hombre en la delegación de La Pila, mientras se encontraba en su vehículo, Nissan Versa, guinda. Los ejecutores le dejaron en el parabrisas una cartulina con un mensaje. El automóvil con el muerto, se encontró  en la calle de Camino Viejo a Guanajuato, en la comunidad de Arroyos.

En marzo, la violencia no dio tregua. A los  homicidios dolosos y robos, se sumó la desaparición de mujeres. Denuncias por secuestros o intentos de levantones de jovencitas, invadieron las  redes sociales, lo que causó el enojo y una psicosis colectiva contra la inseguridad que se padece. Alarmó e indignó a los potosinos el caso de Nayeli Alfaro Silva, quien desapareció el 24  de marzo. Se sospecha que la pudo asesinar su esposo, Alberto Uriel Olivo, que se encuentra prófugo. El 26 de marzo, en las redes sociales, se difundió un video captado por una cámara de seguridad particular, del secuestro de una mujer, en el fraccionamiento los Álamos, cercano al Parque Tangamanga uno. La fiscalía emitió una ficha de búsqueda e identificó a la víctima como Brenda Magdalena González Ibarra, de 36 años. Se observa que conversa con su vecino, una persona mayor, sobre el desperfecto de una bomba de agua. Luego aparece un sujeto con una sudadera con gorra, carga una pistola, sujeta y amaga a la mujer, que se resiste y grita.

En segundos, aparece un carro blanco, el individuo jala a González, la carga y la introduce por la fuerza al vehículo y se la llevan, ante la mirada incrédula del vecino. Aparece una señora, le pregunta qué sucede. Colectivos y agrupaciones civiles en defensa de los derechos de las mujeres, denunciaron en redes sociales, el extravío de 18 féminas en la entidad. El gobernador Ricardo Gallardo, en su afán de minimizar los hechos, ha sostenido que solo existen dos denuncias en la fiscalía. Y lo que se difunde en las redes sobre desparecidas o intentos de secuestro, son falsas. Tienen el propósito de dañar su desempeño. El 1 de marzo, se registró una doble ejecución en la colonia Industrial Mexicana. A las 10 de la mañana, la policía atendió el reporte de una balacera en el  Hotel Michigan, que se localiza en la calle Arenal, cercano al acceso Norte. Al llegar, los agentes encontraron dos hombres muertos a balazos dentro de un automóvil Aveo blanco, con  placas de Coahuila, que se encontraba en el estacionamiento del inmueble.

Según testimonios, un sujeto bajó del auto y les disparó, mientras su cómplice lo esperaba en un vehículo marca Honda, color plata, en el que huyeron. Uno de los atacantes fue detenido minutos después, cuando en su huida, se estampó contra el salón Chicagos. En Tamazunchale, se localizan los cuerpos de un hombre y una mujer, con impactos de bala y las manos atadas. Los dejaron en la calle Estadio, atrás del deportivo municipal. El día 2 en Mexquitc de Carmona, se encontró a un joven ejecutado a balazos, a orillas de la carretera a Zacatecas, en el kilómetro 30+400. La víctima estaba atada de pies y manos. El mismo día, en la colonia Las Pilitas, de la capital, se localizó un cuerpo calcinado, cerca de las vías del ferrocarril México-Laredo. El 5 de marzo, sujetos en una motocicleta, llegaron a la calle Tenochtitlán, en la colonia Hogares Ferrocarrileros y asesinan a balazos a un hombre. El 10 de marzo, se informó del hallazgo de un hombre descuartizado que dejaron en cuatro bolsas de plástico, tiradas a orillas de la carretera 63, tramo Ahualulco- Charcas, a la altura de la comunidad La Higuera. Los asesinos dejaron un mensaje en una cartulina.

El 11 de marzo, en la calle Melchor Ocampo, de la colonia Ponciano Arriaga de la capital, un hombre fue ejecutado a balazos por varios sujetos armados. El 12 ocurrió otro asesinato en la colonia Las Pilitas, donde hombres armados perseguían a un joven, que logró refugiarse en su vivienda. Lo alcanzan, le disparan al inmueble y después, con violencia, se introducen  a una de las recámaras, donde lo acribillan. El 13 de marzo a las 4 de la tarde, hombres armados que viajaban en una motocicleta, interceptan en la calle y acribillan a un hombre en la calle los Rodríguez, en Villa de Pozos, a dos cuadras de la plaza principal. La noche del mismo día, un hombre es ejecutado de un balazo en la cabeza en la plaza Citadela. La policía informó que la víctima, de unos 30 años, bajaba por las escaleras eléctricas del centro comercial, cuando se le acercó un hombre por la espalda y le dispara, para después huir en un carro que lo esperaba.

El 15 de marzo, una pareja es asesinada en el interior de una vivienda en la comunidad Ejido Primero,  del Refugio Ciudad Fernández. Un solitario criminal se metió a la vivienda, ubicada en la calle Guerrero, subió hasta la segunda planta donde se encontraban  y les disparó. Salió y se fue en la motocicleta que llegó. En la cabecera municipal de Cerritos, otra pareja fue ejecutada. Luis Gerardo y Magdalena viajaban en una motocicleta por las calles del centro, cuando de pronto, sus agresores, que también se trasladaban en moto, les dieron alcance y les disparan en varias ocasiones, para después huir. Ante la creciente ola de asesinatos, el vocero del arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera, alzó la voz y en su acostumbrada rueda de prensa de los miércoles, condenó la violencia. Dijo que era una afrenta para la autoridad, que los crímenes ocurrieran a plena luz del día. Los responsables de la seguridad deben hablar menos y actuar más, pues dejan a la gente a merced de los asesinos.

El 16 de marzo, los cuerpos de una pareja fueron encontrados en el kilómetro 6.5 de la llamada supercarretera San Luis-Rioverde. La policía reportó que las víctimas presentaban varios impactos de bala, estaban atados de pies y manos y les dejaron un mensaje en una cartulina. Indicaron que por los indicios encontrados, fueron asesinados en otro lugar. El mismo día, asesinan de varios balazos a un hombre en el estacionamiento de la plaza Citadina, en Soledad. El 18 de marzo aparecen los cuerpos de tres hombres ejecutados en el puente del Anillo Periférico y la avenida Salk, dos de las víctimas se encontraban en la cima del puente. El tercero en la parte baja, estaba descuartizado y envuelto en una cobija. Los asesinos dejaron narco mensajes en tres cartulinas y una lona. El 19, un hombre fue encontrado muerto por impactos de bala en la cabeza, dentro de un automóvil Platina, en la cochera de un domicilio de la calle Antillas, en la colonia Satélite. El mismo día, civiles armados, que se trasladaba en varias camionetas, se enfrentan a balazos en el centro de la cabecera de Tamasopo. La refriega dejó como saldo, un hombre muerto y un turista heridas en la cabeza, por vidrios que le cayeron durante la trifulca.

Ante la ola de violencia que se registra desde hace varios meses, 12 escuelas decidieron suspender clases presenciales para no exponer al peligro a maestros y alumnos. Se optó volver al modelo a distancia, medida que se implementó por la pandemia del Covid 19.  El 20, encuentran un hombre ejecutado a balazos en la calle Arquitos, de la colonia Satélite. Junto al cuerpo se halló una cartulina con un mensaje. El 21, un hombre es asesinado en la colonia San Antonio, en Soledad. Según testigos, la víctima fue perseguido en la calle Carranza por hombres armados que viajaban en una camioneta blanca. Intentó sin éxito evadirlos al brincar entre las casas, pero sus agresores lo atraparon en una acera aledaña y le dispararon. Aún con vida fue auxiliado por vecinos, que llamaron a los servicios de emergencia, pero murió en el interior de una cochera. El 22 de marzo, en un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados en la cabecera de Venado, dejó como saldo un presunto delincuente  muerto, 4 policías heridos y 2 presuntos criminales.

El comunicado refirió que los agentes realizaban labores de vigilancia, cuando se percataron de los hombres armados que se trasladaba en un vehículo blanco. Los siguieron, pero los ocupantes les disparan y se inició el enfrentamiento. Con el apoyo de más agentes e integrantes de la Guardia Nacional, se logró la captura de un integrante de la banda y se decomisaron armas, equipo táctico y de comunicación. En Tamazunchale, el 24 de marzo, fue ejecutado a balazos, el  dueño de un bar ubicado a la orilla de la carretera que conduce a San Martín. Hombres armados llegan al negocio en un vehículo, entran y ejecutan a Jacinto, para enseguida huir. El 25 de marzo, en la comunidad de Ojo de Agua de Solano, en Ciudad Fernández, dos  hombres armados, que se trasladan en una motocicleta, llegan hasta el domicilio de Abraham de 36 años y lo asesinan. 

                                                

         

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Ante la inseguridad, Jalil Chalita recomienda que la ciudadanía se organice para cuidarse

El empresario del ramo médico y ex regidor de Soledad, Jalil Chalita Zarur, dijo que ante la inseguridad que existe en el país, se han incrementado en los dos últimos meses, los delitos patrimoniales.
Expuso que los delincuentes aprovechan los vacíos legales. Pueden salir rápido de la cárcel si argumentan que no usaron violencia al cometer sus fechorías.
Exhortó a la ciudadanía a organizarse para cuidar sus bienes e integridad. No ser indolentes antes las tragedias de los otros. Instalar cámaras de vigilancia en la mayoría de aceras donde participen los vecinos en el cuidado de los monitores.
Pidió recuperar al policía de barrio, capacitarlo y darle facultades para detener a los delincuentes. Aseveró que faltan líderes para cuidar a los más débiles, no para derrocar a autoridades ineficientes.
Chalita enfatizó que debe salir de la ciudadanía, sin intereses políticos ni económicos al encabezar a los inconformes, que se encuentran llenos de pánico, ante el temor de verse afectados.

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El ex procurador García Covarrubias se coludió con ministerios públicos y peritos para enterrar vestigios de un crimen

Por encontrar evidencias suficientes que acreditaron la violación a los derechos humanos, al acceso y la procuración de justicia en contra de Karla Pontigo Lucciotto, su madre María Esperanza Luccioto López y su hermano Fernando Lucciotto, el 30 de diciembre del 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación al gobernador Juan Manuel Carrera López. Le refirió que la Procuraduría General de Justicia, encabezada por Miguel Ángel García Covarrubias, a través de cuatro ministerios públicos y cuatro peritos, entorpecieron las pesquisas, dilataron e integraron de manera irregular los expedientes, además de vulnerar los derechos de los familiares en su calidad de víctimas.

Sobre los agentes del ministerio publico, a uno lo responsabiliza de no reconocer desde el inicio, los derechos de los familiares de Pontigo en su calidad de víctimas, pues les negó incluso el acceso a la procuraduría y no les permitió a sus abogados analizar el expediente. Tampoco aportar pruebas para integrar la averiguación. Además omitió practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Sobre un segundo agente ministerial, el que acudió al Hospital Central a tomar la declaración a la agredida, cuando fue avisado por una doctora que se recibió lesionada, el documento precisa que el agente presentó una diligencia no clara. Se presta a confusiones sobre el estado real en que se encontraba la víctima. En el mismo reporte dice que le tomó sus datos generales, como nombre, edad, estado, ocupación y estado civil, pero también señala que no fue posible abordarla tomarla porque estaba inconsciente y sedeada.

Lo responsabiliza por efectuar una inspección inexacta. Sólo mencionó que estaba sedada y que le habían amputado la pierna derecha. No anotó todas las lesiones que tenía. No ordenó acordonar en lo inmediato el bar donde sucedieron los hechos el 28 de octubre del 2012. En una reconstrucción de los sucesos, la fiscal no consignó la posición del cadáver, los testigos, el volumen del sonido que había, el momento en que se dieron cuenta de lo ocurrido y el tiempo en que se tardaron en auxiliarla. La diligencia la efectúo solo con 3 testigos y no con la totalidad de los que estuvieron presentes. Omitió informar por qué actuó de tal manera. Un tercer agente no cumplió sus funciones previstas en la ley al no interrogar a los médicos forenses, a los paramédicos y testigos presentes.

Un cuarto ministerio público es responsable también de no resguardar el bar, los objetos relacionados y tomar todas las providencias necesarias para evitar que se perdieran o se alteraran. Omitieron resguardar y asegurar, por ejemplo, la ropa que vestía la víctima, que le fue retirada en el Hospital Central. Un mes después, a petición de los representantes legales de los familiares, se realizó el aseguramiento. En suma, “los 4 ministerios del fuero común, se abstuvieron de practicar y realizar todos los actos conducentes para la comprobación del cuerpo del delito y realizar las diligencias necesarias para la indagatoria. Actuaron sin respetar en todo momento los derechos de los familiares”.

En cuanto a los 4 peritos, la comisión resume que son responsables de actuar con impericia, emitir dictámenes carentes de conocimientos científicos o empíricos, lo que impidió se realizara una correcta integración de la indagatoria. Entre otras fallas, describe que solo tomaron 11 placas de algunos lugares del bar. Las impresiones no cumplen los cánones que se establecen en la fotografía forense. No hubo una intervención inmediata en materia de criminalística de campo. No hubo un examen de las manos de la víctima que pudiera determinar la existencia o no, de uñas rotas que indicaran un probable mecanismo de defensa. No se aplicó la técnica de raspado de uñas para determinar la presencia de piel o sangre y determinar su origen, entre otros.

La recomendación acota que independiente a la responsabilidad de los 8 funcionarios, la procuraduría es responsable por no contar con los medios necesarios para desarrollar sus funciones, al no contar con un espectrofotómetro y un cromatógrafo de gases, necesarios para efectuar un examen químico y toxicológico en muestras de sangre. Los aparatos estaban fuera de servicio. No existía una área de anatomía patológica. La dependencia tampoco hizo nada para subsanar las carencias y pudieran efectuarse los dictámenes periciales necesarios.

La comisión nacional pidió a la contraloría interna, iniciar una investigación administrativa y formular una denuncia de hechos ante el ministerio público para determinar las responsabilidades de todos los funcionarios involucrados y sancionarlos por violación a los derechos humanos. Pidió una reparación del daño integral a los afectados e inscribirlos en el Registro Estatal de Victimas del Estado para que puedan acceder al fondo de ayuda y asistencia. Se capacite a los ministerios públicos para que acaten las disposiciones jurídicas vinculadas con la procuración de justicia y la atención de los derechos humanos a las víctimas del delito, cuando se integre la averiguación previa. Se les imparta un curso en derechos humanos, el procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos. La instancia exige, le remitan constancias que acrediten el cumplimiento.

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Cándido Ochoa Rojas obstaculizó el asesinato de Pedro Pablo Rosales, cometido por la delincuencia organizada

Después de 7 años de peregrinar y tocar puertas en dependencias federales y estatales para exigir se haga justicia y castiguen a los responsables del asesinato de su hijo, Pedro Pablo Rosales Zapata, el ex diputado local Tomás Rosales López expuso que su esfuerzo ha sido infructuoso pues a la fecha ninguno de los implicados ha pisado la cárcel. En gran medida por la negligencia y complicidad de los encargados de impartir justicia. En particular, el ex secretario de gobierno y aún diputado federal, Cándido Ochoa Rojas.

“He constatado que la división de poderes y el estado de derecho en nuestro país, no existe, es una falacia. Impera la impunidad. Muchos asesinatos y desapariciones de potosinos continúan sin resolverse”. Su hijo Pedro Pablo Rosales Zapata fue levantado el 11 agosto del 2011 por una célula de los Zetas, que operaban en Villa Hidalgo y otros Tomás-Rosales-1280x650municipios de la zona centro. Su secuestro y posterior asesinato, pudo tener como origen, una denuncia anónima que realizó el propio Tomás Rosales sobre el grupo que operaba a la vista de todos en la zona. “El 14  de abril del 2011, muy temprano me llamó mi hijo para decirme que un auto con hombres armados, se había estacionado frente a su negocio, un molino-tortillería ubicado en la cabecera municipal de Villa Hidalgo. Le digo que me de las placas y hago una llamada anónima a la doceava zona militar. Como un grupo de soldados andaba cerca, acuden. Cuando llegan, el vehículo y sus tripulantes se habían retirado e introducido en otro domicilio cercano. Los militares preguntaron a mi hijo del reporte. Estoy seguro que les señaló hacia dónde se fueron. Fue el motivo por el que lo asesinaron”.

En el operativo, según constó en una nota periodística, elementos del ejército detuvieron en la calle Matamoros, en la zona centro de Villa Hidalgo a José Ernesto Hilario Moreno de 37 años y Samuel Pecina Lirio, de 19, presuntos informantes del crimen organizado. Se les decomisó un carro Nissan Tiida modelo 2011, blanco, con placas de San Luis Potosí, con reporte de robo, dos radios, tres teléfonos celulares y documentos diversos como indicios de las actividades ilegales que realizaban. Los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público del fuero común, del distrito judicial de Guadalcázar. Después de su arresto, Hilario Moreno salió libre. Sólo su cómplice enfrenta un proceso.

Pedro Pablo Rosales Zapata fue interceptado el 11 de agosto por sus ejecutores,  cuando se trasladaba en su motocicleta por la carretera federal hacia un poblado cercano para entregar tortillas. Al darse cuenta que un auto lo sigue, se comunica con uno de sus empleados. Le dice que vaya al retén que el ejército tiene en la carretera 57, cerca de Estación Ventura, para que informe del acoso en su contra. Casi un mes después, el  9 de septiembre del 2011, la policía localizó en Villa de Arista el cadáver de un hombre. Después de los análisis de ADN, se confirmó que era Rosales Zapata.

Desde el primer día del secuestro, Tomás Rosales empezó a indagar por su cuenta y aportó datos sobre los presuntos implicados en el ilícito. Logró entrevistarse con el ex gobernador Fernando Toranzo, que le prometió, se haría justicia. Ni como procurador ni después como secretario de gobierno, lo recibió Cándido Ochoa Rojas, al que Rosales acusa de haber entorpecido las indagatorias y proteger a los presuntos responsables del secuestro y asesinato de su hijo. Lo hizo a través del abogado José Luis Ruiz Contreras, que era su asistente. Luego quedó como secretario particular del procurador Miguel Ángel García Covarrubias, que impuso en el cargo el propio Ochoa. “Tengo la certeza y acuso a Cándido Ochoa que estuvo coludido o en contubernio con los delincuentes que mataron a mi hijo. Tengo pruebas. Desde un inició nunca me recibió, dejó en la procuraduría a su títere, García. El que manejaba todo era el asistente, Ruiz”.

La ministerio público del fuero común, mesa uno, especializada en delincuencia organizada, María Guadalupe Rodríguez, fue a la primera que presentó la denuncia 211/ 2011. Hacía todo lo que el funcionario le indicaba. Se integró con deficiencias el caso y el juez de Guadalcázar a donde se remitió la querella, negó la orden de arresto contra los responsables que señaló el quejoso. El segundo juez del mismo distrito que después retomó el caso, Luis Fernando González, no hizo nada. “A los testigos que interrogaron, no los cuestionaban. Creo que hasta iban aleccionados. Tuve que recurrir al amparo para que me concedieran un careo. Una prueba de cómo torcieron todo, es el caso de una implicada en el homicidio, de nombre Ana Karen, que fue incluso detenida y procesada por halcona, a quién Ruiz defendió. El día de los hechos, se encontraba a muchos kilómetros de distancia, en la comunidad del Leoncito. No se permitió un careo. Le dieron largas al asunto para que saliera libre”.

“La conducta perversa y corrupta de José Luis Ruiz, se demostró también cuando, por sus indicaciones, la fiscal se negó a solicitar acción penal contra el policía estatal, Édgar César Aguilar, que 4 días antes del secuestro, había tenido un altercado con el occiso y lo amenazó de muerte. El agente no intervino para detener a unos informantes que fueron identificados. Los enfrenté con otro hijo en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, el 12 de octubre del 2011, un día después que levantaron al fallecido, que presenció lo ocurrido, junto con policías municipales, que tampoco actuaron cuando llegaron otros integrantes del grupo dilectivo a recatarlos. Solicité que se detuviera o se llamara a declarar al uniformado. Lo hicieron hasta el 2013, obligados por el amparo que me concedió el juzagado sexto de distrito”.

“A los halcones o informantes que detuvo la Policía Federal, los dejaron libres, no los investigaron a fondo. No indagaron lo que traían en los teléfonos que les incautaron. Hilario, alias El Coyote, fue señalado como el principal sospechoso. Llegó a pregonar en las cantinas, se la iba a pagar el que lo denunció. En el tiempo que Ochoa fue procurador, tuvo 3 ingresos por robo de vehículos. Más tardaba en entrar que en salir. Es algo que inquieta”. A los dos jueces que estuvieron en Guadalcázar y que conocieron del caso, Cándido Ochoa los premió. Al primero que negó la orden de arresto lo hizo juez civil y el otro, Luis Fernando González, llegó a ser presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Fue un ascenso repentino y sin méritos. Algunos litigantes llegaron a manifestar que algún favor le debía su jefe”.

A casi 7 años de ocurrido el asesinato de su hijo, el ex diputado local Tomás Rosales López ha recurrido a todo lo que ha estado a su alcance para lograr se castigue a los culpables. Ha esperado largas horas en la aficinas gubernamentales para que lo atiendan y escuchen. Investiga y litiga por cuenta propia en juzgados y  hemetotecas, protesta en plantones frente a palacio de gobierno, coloca espectaculares y mantas, publica cartas en los medios, donde señala a los que obstaculizan la indagatoria. Emprendió una caminata a México con una cruz a cuestas. Se unió a caravanas de asociaciones civiles que buscan justicia por los muertos y desaparecidos, como la Marcha por Justicia y Dignidad que encabezó el poeta y activista Xavier Sicilia o la de los padres de los estudiantes desaparecidos en  Ayotzinapa.

Ha enviado escritos en busca de apoyo al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, secretarios de gobernación, al ex mandatario Fernando Toranzo y al actual Juan Manuel Carreras López. Lo que ha conseguido hasta la fecha es que el expediente se turnara a la Procuraduría General de República donde se avanzó en la indagatoria. Pero en el 2016, lo devolvieron a la procuraduría local. Argumentaron  que el asunto le compete.

Rosales López indicó que una crisis emocional y los nulos resultados lo hicieron replegarse y abandonar por casi un año el asunto de su hijo. Además consideró que mientras estuviera en el gobierno Cándido Ochoa, sus esfuerzos serían nulos. Con la entrada de Juan Manuel Carreras López, buscó al procurador Federico Garza Herrera, quien lo atendió. Le aseguró que haría todo lo que estuviera a su alcance para reivindicarlo. Sin embargo, Rosales expuso que han pasado casi dos años y sólo lo canalizaron con subprocuradores. El asunto no avanza y hasta el expediente que les turnó la PGR, no lo localizaban. “He actuado con respeto, pero enérgico, para que activen mi caso. Pero nada ha sucedido. El tiempo se consumió en renuniones bimestrales y trimestrales inútiles”.

“En diciembre del 2017 les pedí que tomaran en cuenta las indagatorias de la PGR, que me den acceso al documento. Primero no lo hallaban, después, cuando aparece y me dejan verlo, me doy cuenta que ni siquiera existe un escrito de recibido”. Rosales dijo que va a esperar un tiempo prudente para que los subaltenos de Garza tengan resultados, pero de no hacerlo, buscará apoyo de instancias internacionales con las que Mèxico tiene acuerdos para buscar que se le haga justicia, ya que la muerte de un hijo, es una herida que nunca cierra. “Lucharé hasta el día que muera. Ojalá que pronto se resuelva mi caso, no quede en la impunidad y no se llegue el momento en que postrado en una cama por estar enfermo, todavía estar preocupado porque no hubo resultados”.

Lo único que ha pedido es castigo a los responsables. No le interesa si el candidato a una curul local, Cándido Ochoa, vuelve a ganar. Insiste en que obstaculizó la justicia y lo puede llevar ante un jurado. Podría tener cargos de conciencia. Los partidos y ciudadanos deben saber qué clase de persona es, junto con su protegido, José Luis Ruiz Contreras, que al parecer, ahora está como impartidor de justicia en el nuevo sistema. “¿Con qué calidad moral puede actuar?”.

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Hasta los policías son víctimas del baño de sangre en San Luis

Si el 2017 quedó registrado como el año más violento de la última década en el país y en San Luis los homicidios se dispararon en forma exponencial, al cerrar con 730 de los cuales 469 fueron dolosos. La tendencia de los asesinatos en enero, febrero y parte de marzo del 2018, auguran más muerte y violencia para los potosinos, ante  una autoridad indolente e ineficaz que insiste en minimizar la catástrofe que alcanzó a los propios policías y se ensaña con el sector femenino. El 4 de enero el cuerpo de una mujer de entre 25 y 30 años fue localizado junto a las vías del tren en el camino que conduce al aeropuerto Ponciano Arriaga, en Soledad. La policía informó que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y semi devorado. Por segunda vez, el bar denominado Kuma, fue baleado por desconocidos que se desplazaban en un vehículo. El antro se localiza al poniente de la ciudad, cerca de Morales. El mismo día se localizó un carro quemado dentro de una parcela, cerca del camino que conduce a Cerro de San Pedro. El 5, un comerciante de materiales para construir y uno de sus empleados, son ejecutados cuando se trasladaban en una camioneta por el Anillo Periférico a la altura del fraccionamiento Puerta Real en la capital. Un joven estudiante de 23 años identificado como Víctor, es asesinado de tres balazos en el poblado de Minas Viejas perteneciente al municipio del Naranjo.

El cuerpo de Bibian de apenas 18 años, fue encontrado el 6 de enero en una profunda zanja del rancho Las Flores, en la delegación de Bocas. La víctima murió estrangulada. En Charcas, una mujer y su hijo menor de edad son secuestrados. Una llamada anónima alerta a la policía, les proporcionan datos de los sospechosos y vehículo en el que se los llevaron, por lo cual logran detener a tres hombres como presuntos responsables del ilícito y liberan a las víctimas que localizaron en una casa de la comunidad del Leoncito, en Villa Hidalgo. La madrugada del domingo 7 de enero fue ejecutado un hombre identificado como Luis de 29 años, originario de la comunidad de Revalín, Villa de Arista. Se  le encontró dentro de su camioneta Explorer blanca que presentaba varios impactos de bala. Dos días después se localizó a otro ejecutado en un camino rural de la localidad Santa Cruz, cercano a Cerro de San Pedro. Se le identificó como Ciro de 27 años, con domicilio en la colonia primero de mayo en la capital, tenía 2 semanas desaparecido.

El 11 de enero otra mujer perdió la vida al ser baleada en el interior de su domicilio de la Colonia Tantocob, en Ciudad Valles. Itzebel Abigail de 20 años recibió varios impactos de bala en la cabeza, que le propinó un sujeto que entró a su casa y le disparó. Otra mujer identificada como Diana de 26 años, fue herida en la mano derecha. El asesinó llegó a bordo de una camioneta color gris que lo esperó en la calle, donde viajaban otros hombres armados. El mismo día se reportó el asesinato de Benita de 42 años, ultimada de 5 puñaladas en la comunidad de Agua Puerca  localizada en los límites con Rayón. A la víctima la encontró tirada en el solar a unos 20 metros de  la casa, su abuela  Jerónima, quien informó a la policía que en la madrugada se dio cuenta de que su  nieta salió al baño. Por la mañana al despertar, vio su cuerpo en el patio. La occisa presentaba 4 heridas propinadas con arma blanca en el pecho, abdomen y en el brazo.

También el 11 de enero, en la capital, sujetos que se desplazaban en una motocicleta,  rafaguearon la fachada del bar denominado El Tío Mich, que se ubica en la avenida Carranza. En el segundo ataque resultaron heridos dos personas encargadas de la seguridad del lugar. La procuraduría se limitó a señalar a través de un comunicado que se investigaba el ataque. Los hechos de violencia no cesaron y el 13 de enero hubo 9 muertos, en ejecuciones múltiples y un feminicidio. Luego 5 hombres fueron acribillados cuando se encontraban en torno a una fogata en el cruce de las calles República de Chile y República de Panamá en la colonia San Francisco en Soledad. Los atacantes  que se desplazaban  bordo de dos motocicletas, se les acercaron y dispararon sin darles tiempo de nada, la masacre ocurrió después de las 9 de la noche. En la colonia Julián Carrillo, dos hombres fueron asesinados cuando se encontraban conversando en la calle Bernardo Reyes. Los atacantes les dispararon desde un automóvil. Otro fue ultimado cuando caminaba por la  calle República de Honduras de la colonia Satélite, los pistoleros le dispararon desde un vehículo en el que se desplazaban.

Se localizó el cadáver calcinado de una mujer en la autopista San Luis-Lagos de Moreno cerca de la presa San José en la comunidad de Escalerillas. La víctima fue identificada después como María de Lourdes de 32 años, originaria de Rioverde. Se desempeñaba como secretaria particular del titular del Consejo Nacional de Fomento Educativo en San Luis Potosí, Crisógono Sánchez Lara. Al ex diputado local y ex dirigente de la sección 26 del magisterio, algunos medios electrónicos lo mencionaron junto con su esposa, Nora Hilda Sánchez,  como  presuntos  implicados en la muerte de la empleada de Conafe por motivos de índole pasional. Sobre el feminicidio la Fiscalía General del Estado, guardó total hermetismo y como en otros crímenes de mujeres no ha  detenido a los asesinos. El secretario de educación, Joel Ramírez Díaz, informó que Sánchez Lara había renunciado al cargo por cuestiones personales.

La violencia que se desbordó el fin de semana. Incluyó el robo a una sucursal del banco Banorte que se ubica en el Acceso Norte. Desconocidos que viajaban en motocicleta irrumpieron en la institución cuando apenas iniciaba operaciones. Amenazaron a clientes y empleados con pistolas, le dispararon a los cristales de las cajas y se llevaron el efectivo. Emprendieron la huida sin contratiempos mientras los azorados empleados reportaban el asalto al número de emergencias. El 16 de enero se encontró el cuerpo de un hombre ejecutado de un tiro en la cabeza, en un camino de terrecería ubicado cerca de la colonia Las Mercedes. La víctima tenía entre 20 y 25 años. La madrugada del 18 enero, un incendio consumió el restaurante La Cabaña de Pecos,  propiedad del empresario y ex candidato a la alcaldía de San Luis, Jacobo Payán Latuff, ubicado en Cuauhtémoc y Nogal de la colonia Jardín. En redes sociales y en algunos medios electrónicos se atribuyó el incendio a un grupo de la delincuencia organizada, que dejó en el lugar una cartulina con un mensaje para el dueño del negocio. Los administradores, mediante un boletín,  aseguraron que el fuego se originó debido a un corto circuito. La Fiscalía General del Estado se limitó a informar que se investiga el hecho.

El 20 de enero, ejecutan a 4 hombres en Matehuala. El múltiple asesinato ocurrió en una vivienda en la colonia Guadalupe. Según el reporte de la policía municipal uno de los occisos era perseguido por varios sujetos armados, llegó hasta una vivienda de la calle San Francisco donde intentó refugiarse. Sus perseguidores entraron y lo mataron al igual que a los otros tres hombres que se encontraban en el lugar. Tres de los asesinados fueron identificados como José Eduardo de 22 años, Adelaido de 37 y Hugo Raciel de 34. En la capital del estado, un hombre fue ejecutado cuando transitaba en su bicicleta por la calle Albania de la colonia Satélite a unos metros de las oficinas de la Procuraduría General de la República. Los sicarios viajaban a bordo de una camioneta pick up roja. El 22 de enero en Rioverde es asesinado de un balazo en la cabeza, un joven identificado como Francisco Xavier cuando salía de su casa en la colonia La Selva, para dirigirse a su trabajo. El 23 de enero ejecutan al policía ministerial Isidro Macario, “El Chilo”. El asesinato lo perpetraron varios sujetos que viajaban en una camioneta color negro.  Ocurrió después de las 9:30 cuando el agente caminó por la calle San Ciro de la colonia San Felipe en Soledad.

También se consumó el sexto feminicidio del año en Villa de Arriaga, agentes de la policía municipal localizaron entre los matorrales de una milpa el cuerpo de una mujer. La víctima de 35 años fue encontrada a la altura del kilómetro 68 de la carretera a Lagos de Moreno. Se localizó a otro ejecutado a la altura de la comunidad La Noria, en el kilómetro 118 de la carretera a Matehuala. El cuerpo del occiso estaba atado de pies y manos y tenía una bolsa negra en la cabeza, sujetada con cinta canela. Al lado del cadáver se encontró un narco mensaje escrito en un cartón. Los asesinatos contra mujeres no cesaron. En Rioverde un hombre asesinó a su esposa y después se quitó la vida. Los hechos ocurrieron por la tarde en la privada de Rayón en el barrio de los Ángeles. Apolinar de 55 años llegó a la casa de su expareja María de 32 años, comenzaron a discutir afuera de la vivienda. Cuando se dio la vuelta para ingresar, el homicida sacó su arma y le disparó por la espalda, después se dio un tiro en la cabeza. El 26 de enero, dos policías de Ciudad Fernández fueron ejecutados dentro de su patrulla. Los agentes realizaban un recorrido en la colonia Rodadillo, en el ejido el Refugio, cuando fueron atacados desde otro vehículo. Los occisos, Tomasa y Luis Alonso tenían el tiro de gracia.

En Tanlajas ejecutan y calcinan a dos hombres. A las 9:30 del 26 de enero se reportó a la policía municipal, que en la carretera que conduce a Tanquián, dentro de una parcela, una camioneta se quemaba, al parecer con una persona en el interior. Al acudir al sitio señalado y revisar el vehículo, los agentes encontraron a dos hombres que habían sido asesinados a balazos y luego les prendieron fuego. El 28 de enero en Valles, un militar retirado fue asesinado durante una riña que se registró en una fiesta familiar que se realizaba en la avenida los Pinos del fraccionamiento Campestre. El capitán del ejército que fue identificado como José Manuel de 46 años, discutió con su esposa Coral y la empezó a golpear, asistentes al convivio y vecinos de la pareja, intervinieron para detener la agresión y se inició la trifulca. El soldado sacó una arma y empezó a disparar e hirió a una mujer en el pecho y un joven en una pierna. El esposo de la lesionada desenfundó su arma y mató al agresor.

El 29 de enero, ejecutan a dos hombres en la colonia San Luis Rey. Daniel de 26 años y un amigo conversaban en un automóvil Honda Civic blanco, de pronto se acercan varios sujetos y les disparan. Daniel quedó muerto en el auto, su acompañante bajó del carro y alcanzó a meterse la cochera de un domicilio, hasta donde lo siguió uno de los atacantes y lo acribilló. El 3 de febrero, hombres que viajaban en una motocicleta, disparan en contra de un grupo de jóvenes que se encontraban en las calles de Corregidora y 16 de septiembre en la cabecera municipal. En el lugar  murieron dos personas y otra en una clínica a donde fue trasladado. El 4 de febrero en un despoblado rumbo a la comunidad de la Mantequilla a 26 kilómetros del anillo periférico de la capital, se localizó a un hombre muerto en la cajuela de un auto Honda gris. El cuerpo ya estaba ya descompuesto, presentó un balazo en la cabeza. Estaba atado de pies y manos. Fue identificado como Manuel de 53 años, que había desparecido desde el 31 de enero.

En la colonia Progreso, un hombre identificado como Raúl de 35 años fue asesinado a balazos cuando se trasladaba en su bicicleta por las calles Newton y avenida Curi. En una terracería cercana a la clínica 50 del Seguro Social, se encontró el cadáver de otro hombre ultimado a balazos, tenía el tiro de gracia en la cabeza, estaba amordazado y atado de las manos con cinta canela. En la colonia La Dichosa en Matehuala, un hombre identificado como Nóe de 30 años, fue acribillado cuando viajaba a bordo de un automóvil  Nissan Tsuro. Eran las 7 de la noche cuando unos desconocidos lo interceptan en la calle Raúl Coronado y le disparan. El 4 de febrero, en un camino de terrecería de la colonia Morelos, en la cabecera municipal de Cárdenas, se localizó el cadáver de un joven que presentaba dos heridas de bala, una en la cabeza y otra en el cuello. El 6 de enero en Matehuala Cristian de 22 años fue ejecutado cuando se encontraba fuera de su casa en la colonia Santa Lucía, por dos sujetos que pasaron a bordo de una motocicleta. La policía detuvo al ex agente municipal Paulino de 44 años y José Alfredo de 21, como presuntos sospechosos.

La madrugada del 7 de febrero, 3 personas fueron asesinadas a balazos y una resultó lesionada,  durante un baile que se efectuaba en las calles Plata y Cobre de la colonia Morales en la capital. Los atacantes aparecieron de pronto en una motocicleta y comenzaron a disparar a los asistentes. En Soledad, en una hielera de unicel, con piedras y metal en su interior  que fue dejada a media cuadra de la presidencia municipal, ocasionó una gran movilización policiaca incluido el ejército mexicano ante el temor de que se tratara de un artefacto explosivo. En la hielera que se dejó  sobre la calle Melchor Ocampo, tenía sujetados con cinta canela unos cables eléctricos y aun lado se dejó una cartulina con un narcomensaje. El 8 de febrero 3 agentes ministeriales son ejecutados a las 5:30 de la tarde en la esquina de avenida Damián Carmona y la Calle Juan del Jarro. Los policías habían salido de un curso de la academia y se dirigían  al edificio de seguridad pública en un vehículo de la corporación, en el alto que hicieron en el semáforo del  cruce de Juan del Jarro, fueron alcanzados por dos sujetos que los venían siguiendo en una motocicleta, se les emparejaron y les dispararon a corta distancia ráfagas de armas de grueso calibre. Dentro del vehículo quedaron sin vida de Carlos Every, Ernesto y Gustavo.

En una rápida e inusual investigación que no se realiza en otros casos, 7 días después de la muerte de los ministeriales, la policía detuvo a José  Manuel, Omar Lino e Isabel Berenice como los responsables del asesinato. Los dos hombres eran ex agentes de la policía de Soledad y la capital. Estaban involucrados en otros delitos de alto impacto ocurridos en la zona metropolitana. Fueron vinculados a proceso por la muerte de los ministeriales. En un accidente de tránsito dos hombres fueron agredidos a balazos en la colonia las Flores. Los heridos Martín y Arturo se desplazaban en una camioneta Gran Cherokee blanca en el cruce de las calles Juan Bautista y Tomasa Esteves chocaron con una camioneta pick up azul, discutieron con el chofer al que conocían, bajó, les disparó y huyó. El 9 de febrero se localizó el cuerpo desmembrado de una mujer dentro de una bolsa negra y un costal en el kilómetro 63 a orillas de la carretera 80 San Luis-Ojuelos, Jalisco, casi a la salida de Villa de Arriaga. A un lado del macabro hallazgo los asesinos dejaron también una cartulina con un narcomensaje. Después, en el camino que conduce a Maravillas, en Mexquitic de Carmona, se encontró otra mujer ultimada y envuelta en una cobija. El cuerpo de la víctima presentaba huellas de violencia y estaba semidesnudo.

El 11 de febrero durante un ataque a balazos al bar El Holly, ubicado en la carretera San Luis Rioverde en la colonia Rivas Guillén, dejó un saldo de tres personas lesionadas con  armas de fuego. La agresión la realizaron dos individuos que se trasladaban a bordo de una motocicleta. El 12, en la colonia Tercera Grande, hombres armados atacan a balazos a una persona que viajaba en una camioneta  Ford Expedition negra que circulaba sin placas por las calles Sexta Privada, Prolongación Moctezuma y Jaime Sordo. El 13 de febrero, como si fuera una cábala, una mujer, la número 13 del año, fue localizada muerta al costado de un camino que conduce a la comunidad del Aguaje de los Castillo en Ventura, Villa de Hidalgo. La víctima, entre 40 y 45 años murió por asfixia. Fue estrangulada con un cordón y su cuerpo presentaba huellas de violencia.

El 14 de febrero en la colonia Juárez de Matehuala fue asesinado un joven de entre 20 y 25 años. A las 18:30 horas circulaba en su bicicleta por  la calle Río Nilo, cuando de pronto se le acercó un motociclista y le disparó en la cabeza, por lo que murió en forma inmediata. El 16 de febrero, dos hombres fueron lesionados con balas de postas cuando se encontraban afuera de su domicilio en la colonia Primero de Mayo. Los agresores viajaban en una  camioneta tipo Van en la que se escaparon una vez perpetrado el ataque. El mismo día, horrorizó el método utilizado por el crimen organizado para deshacerse de sus enemigos. En un lote baldío de la peligrosa colonia Piquito de Oro de la capital, se reportó el hallazgo de tres bloques de cemento que en su interior contenían partes de un hombre  que había sido descuartizado. La víctima un joven de 26 años, dos semanas antes había sido levantado. La macabra escena la encontraron niños que jugaban en el terreno baldío ubicado entre las calles Flamenco y Tucán. Se percataron que de los bloques escurría sangre e informaron a un adulto que a su vez los reportó a la policía.

El 17 de febrero se localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer ultimados con disparos en la cabeza en el camino viejo a Villa de la Paz, a unos 300 metros de un bordo conocido como Derivados en la cabecera municipal de Matehuala. Sobre el cadáver del hombre de unos 35 años se encontró una cartulina con un mensaje. Ante los imparables hechos de violencia, el domingo 18 de febrero un grupo de personas se manifestaron para protestar contra la inseguridad y alza en los índices delictivos en la zona metropolitana. Los ciudadanos con pancartas en los que se podía leer, “El  único que camina seguro en San Luis eres tú Carreras”. “Es tiempo de que todos los potosinos caminemos tranquilos, no solo Juan Manuel Carreras”, dieron una vuelta a una glorieta ubicada en la avenida Himalaya en las Lomas y se dirigieron al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C4 y luego a la casa de gobierno donde permanecieron un rato. Mencionaron hechos delictivos ocurridos en fechas recientes y exigieron seguridad. Criticaron la actitud del gobernador que minimiza la violencia. Afirmaron que entre la gente existe miedo y coraje por el nulo interés de controlar los índices delictivos que en los últimos tres años se han disparado.

El 19 de febrero un agente de la policía municipal de Soledad, identificado como Miguel de 41 años fue ultimado a balazos por hombres armados que lo siguieron cuando salió de trabajar y en su automóvil se dirigía a su domicilio. En el trayecto los atacantes que iban en otro carro, lo impactaron al mismo tiempo que le disparaban. El cuerpo del policía quedó en el interior de su auto, Neón rojo en la calle de Gaviotas de la colonia Hogares Pavón. En Matlapa, el 20 de febrero, hombres armados atentan contra un defensor de oficio de Tamazunchale y su familia. En el ataque muere su hermana y un día después falleció la sobrina del funcionario, una menor de 2 años 8 meses. Los hechos se registraron en el tramo carretero Ahuacatilta-Chalco, por donde transitaba el funcionario en un vehículo volkswagen Jetta negro. Los criminales que viajaban en una motocicleta le dieron alcance y le dispararon en varias ocasiones. En medio de un cañaveral cerca del ejido Laguna del Mante en Valles, se reportó el hallazgo de los cadáveres de un hombre y una mujer que eran devorados por aves de rapiña. Los cuerpos los encontró un lugareño que cruzaba en su camioneta por el predio denominado el Guajolote que se localiza en el kilómetro 35 de la carretera, Valles-Mante. Dio aviso a las autoridades ejidales que reportaron el suceso al número de emergencias 911.

El 22 de febrero en un desierto terreno del rancho Santa Anita, de Villa de Arista, se encontró el cadáver de José Antonio, un médico que fue ultimado de varios balazos en la cabeza. El occiso había salido de su domicilio a visitar a un amigo, informó su pareja. En la colonia Altavista de Ciudad Valles, tres hombres fueron atacados a balazos por desconocidos que se transportaban en una camioneta. En el atentado, murió Gustavo y quedaron mal heridos Eduardo de 24 años y Giovanni de 28, los lesionados que viajaban en un auto con el occiso, lograron salir del vehículo y correr a un campo cercano, hasta donde los alcanzaron las balas. Al día siguiente del ataque falleció Eduardo en el hospital, al no poder superar las lesiones causadas por tres heridas, dos en la cabeza y una en el abdomen. Al flotar en las aguas negras de un canalón de la comunidad de los Gómez, que desemboca en el Tanque Tenorio, se encontró el cadáver de José Ángel de 24 años. Las lesiones causadas con un machete en el cuello y la cabeza acabaron con su vida. El mismo 22 de febrero en las calles del fraccionamiento Español, de la capital, Josué Manuel de 26 años, fue ultimado a balazos por sujetos que viajaban en un carro Nissan rojo. El asesinato ocurrió en la avenida Linares esquina con Madre Perla.

El 24 de febrero, Gilberto de 43 años, fue atacado a balazos en la colonia Hogares Ferrocarrileros de Soledad. Los agresores fueron dos individuos que viajaban en una motocicleta negra con rojo. El 27 de febrero un policía de Soledad fue atacado a balazos cuando se dirigía a su domicilio en su carro. La agresión en contra del agente de nombre Gilberto de 23 años, ocurrió en la calle Porfirio Díaz, donde se localizaron 11 casquillos percutidos. Los atacantes eran dos hombres que se trasladaban a bordo de una motocicleta. En medio del escenario de violencia, nada alentadora fue la noticia que dio el 27 de febrero la Fiscalía General del Estado. Informó que obtuvieron la libertad los 6 policías ministeriales que asesinaron a balazos al joven Enrique Gómez en la colonia Las Julias en 2017, cuando lo confundieron con un delincuente. Salieron al obtener la suspensión condicional de la pena, al llegar a un acuerdo previo los familiares y la defensa de los policías para reparar de manera integral el daño a la víctima. El juez de control los sentenció a 4 años de prisión por el delito de homicidio en el grado de autoría indeterminada, pero al cumplir el acuerdo con los deudos y el pago pecuniario que les impuso el tribunal, se solicitó el cierre anticipado del proceso. El 28 de febrero, en un predio localizado en las inmediaciones del fraccionamiento Piquito de Oro, se encontraron restos humanos de una víctima más de la violencia indiscriminada. El cráneo, las vértebras y huesos se someterían a un análisis para poder determinar si pertenecían a un hombre o mujer y después indagar sobre la identidad de la víctima.

El 3 de marzo en una barbería que se localiza en la calle 24 de la colonia Ciudad 2000, un joven de 18 años fue ejecutado y otro resultó herido cuando hombres encapuchados entraron al establecimiento y  les dispararon. El 4 se localizó el cuerpo de un hombre asesinado a balazos, en la avenida Himno Nacional y la privada de Emiliano Zapata de la colonia San Juanico el Chico de San Luis. Los disparos que lo privaron de la vida, se los dieron por la espalda. Durante una riña cerca de la iglesia del Saucito, donde se celebraba la fiesta patronal, un joven de 16 años pierde la vida al ser atacado con una arma rupestre conocida como cachimba. La trifulca tuvo lugar en las calles Centenario del Norte y Maclovio Herrera de la colonia División del Norte. En la delegación de Pozos, un hombre fue atacado a balazos cuando transitaba en su automóvil por las calles Bahía Blanca y Huachichil en el fraccionamiento Jardines del Rosario. Los agresores viajaban en motocicleta. El 1 de marzo en Xilitla, la policía logró liberar a una mujer y su pequeño hijo de un año, que habían sido secuestrados por dos hombres que exigían a los familiares un rescate de 250 mil pesos. Los agentes lograron ubicar a los secuestradores por una llamada que realizaron desde el mismo celular de la víctima y por los datos que les proporcionaron testigos sobre las características de los atacantes. Detuvieron en  la zona centro de Xilitla a Juan de 21 años, originario de Aquismón y Yango de 27 años, de Xilitla, como los responsables del delito.

En la capital, un hombre fue ejecutado a balazos cuando caminaba por la calle Líbano del fraccionamiento Mayamil. Los agresores le dispararon desde un automóvil. El 6  de marzo en las calles Oyamel y Sabinos de la colonia Industrial Mexicana, se localizó el cadáver de un hombre con la cabeza destrozada a balazos. Junto a la víctima que vestía pantalón de mezclilla y playera blanca, los asesinos  dejaron una caja de cartón con un narcomensaje. Un agente de seguridad pública del estado, fue herido en la cara con su propia arma por tres hombres que viajaban en una camioneta. Los hechos se registraron en la avenida Adolfo López Mateos en la colonia División del Norte. El policía en su motocicleta le dio alcance y le marcó el alto a una camioneta Ford Ranger negra porque le pareció sospechosa, al descender y acercarse  para interrogarlos a sus ocupantes, en forma sorpresiva lo despojaron del arma, le dispararon y huyeron. El 15 de febrero, José Francisco de 32 años, Cristian de 17 y José Julio de 48 años, fueron levantados del exterior de una cantina ubicada en la delegación del Pujal Coy por varios hombres armados, vestidos de negro y encapuchados que llegaron en una camioneta tipo Suburban. El 6 de marzo los cuerpos de los secuestrados fueron localizados entre unos cañaverales del ejido la Marina, que se localiza a 30 kilómetros  de  Ciudad Valles. Dos de los cuerpos presentaban huellas de estrangulamiento y otro tenía el cráneo destrozado. En Rioverde, en un violento asalto, hombres armados despojaban de 150 mil pesos a la gerente de una empresa gasera. Los atacantes sorprendieron a la empleada cuando se disponía abordar su automóvil para retirarse. Le arrebataron la bolsa donde traía el dinero, la sometieron, la amarraron y la encerraron en el baño de la oficina para después escapar por la parte trasera del negocio.

El 7 de marzo en Ciudad Valles, se localizó el cuerpo de un hombre ejecutado en un predio baldío de la calle de Artemisa en el fraccionamiento del Carmen. La víctima fue identificada como Alexis, que había sido privado de su libertad por sujetos armados el 23 de febrero. El 8 de marzo en Santa María del Río, en un predio despoblado anexo a la comunidad de San José de Alburquerque, se localizó el cadáver de un hombre que fue sepultado y cubierto con cemento. También en Santa María del Río, el 9 de marzo, los cuerpos de dos hombres ejecutados y calcinados dentro de un automóvil, se localizan en el camino que conduce a la comunidad del Fuerte, a unos 200 metros de la carretera que va a Tierra Nueva.

El 10 de marzo, Odalys Hipólito, una jovencita de 16 años, se comunicó por última vez con su familia. Le habló a su hermano desde un teléfono que pidió prestado. Le dijo que estaba en una fiesta con una amiga y que no regresaría a dormir a la  casa, que se quedaría con una de sus tías en la colonia San Luis. Otras veces se quedaba a dormir con su abuela, que también vive por el rumbo. Hizo planes y le dijo que al día siguiente, irían al cine con su mamá y hermanos. No cumplió su deseo, la madrugada del domingo 11 de marzo, su frágil cuerpo de adolescente fue encontrado colgado del barandal de la terminal de autobuses que se encuentra atrás del museo del ferrocarril. El cadáver tenía atado al cuello una cuerda, amarrada a los barrotes de la cerca. En un boletín la Fiscalía General del Estado informó que la causa de la muerte había sido por asfixia por suspensión y que no se encontraron evidencias da la participación de otras personas. Familiares y organizaciones civiles realizan varias protestas, colocan veladores, flores y un vestido en el barandal donde se encontró suspendido el cuerpo de la joven. Exigen justicia, una indagatoria a fondo y advierten que pudo tratarse de un feminicidio. En su afán de posesionar su teoría de un suicidio, el director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, en rueda de prensa señaló que de acuerdo a las pesquisas preliminares que tenían, se pudo establecer que días antes de su muerte, la joven sufría de una fuerte depresión por conflictos familiares, ya que solía drogarse. El día de su muerte había consumido dos tipos de drogas, según los testimonios del novio y una amiga que habían interrogado. Indicó que las cámaras del lugar donde se le encontró no grabaron el incidente, porque no funcionan o nadie las operó. Pero las investigaciones aún no concluían. La legisladora Martha Orta calificó de irresponsable su declaración y le pidió no revictimizar a la joven fallecida. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López y hasta el vocero de seguridad pública, Armando Oviedo, le pidió cuidar sus declaraciones y respetar la secrecía del caso. En  tan sólo dos meses y medio del 2018, se han registrado 14 feminicidios. Un aumento exponencial del delito en la entidad, si se toma en cuenta que en 2017 fueron 17 casos en todo el año.

El 12 de marzo en Rioverde, dos hombres son asesinados en un edificio en construcción que se localiza en el bulevar universitario y calle Azucena, en la colonia Santa Fe. Fueron identificados como Zeferino de 49 años, que presentaba lesiones con arma blanca y Fernando originario de Veracruz, muerto por un balazo. El 13 de marzo se halló  el cadáver de un joven de entre 25 y 30 años envuelto en una bolsa de plástico transparente y dentro de una caja de cartón en el libramiento oriente de San Luis por empleados de limpieza de la vía. Notificados del hallazgo, policías ministeriales y federales se trasladaron hasta el kilómetro 25 de la carretera para tomar conocimiento del caso. Se informó  que la víctima presentaba varias heridas con armas de fuego en la cabeza. Los trabajadores de limpieza intentaron levantar la caja de cartón que estaba cerrada y sujetada con cinta canela y colocada al lado de un tambo. Al no lograrlo porque estaba muy pesada, decidieron hacerlo con una máquina pero al realizar las maniobras, se abrió y quedó al descubierto el siniestro hallazgo.

El 14 de marzo en la colonia Santa Fe de la capital fue escenario de un ataque armado por desconocidos que dejó como saldo un muerto y un herido. Los hechos  ocurrieron en las esquinas de Plan de Ayala y Monte de las Cruces, cuando los agresores accionaron sus armas desde un carro, la policía levantó del sitió 59 casquillos percutidos. La primera quincena de marzo cerró con la muerte del policía estatal de nombre Fidel, que el 6 de marzo fue atacado con su propia arma por sujetos a lo que les marcó el alto e intentó interrogar en la avenida Adolfo López Mateos. También el 15 de marzo un hombre fue asesinado al resistirse a un asalto frente a una farmacia Guadalajara, ubicada sobre la avenida industrias. La víctima fue identificado como Valentín de 32 años, originario de Villa de Reyes. Había retirado dinero de un banco ubicado en la avenida José de Gálvez en el centro de abastos. Acompañado de sus familiares, se trasladó en su camioneta hasta la farmacia, cuando se bajó del vehículo, fue sorprendido por tres sujetos que lo interceptaron. Lo amagaron e intentaron despojarlo del dinero, como se resistió y forcejeó con los maleantes, uno le disparó y huyeron a bordo de una motocicleta. Mal herido Valentín se refugió en la farmacia donde falleció ante el azoro sus allegados, clientes y empleados que intentaron auxiliarlo.

La violencia sin fin que se vive en San Luis Potosí, desató una serie de críticas de dirigentes  empresariales, comerciantes, agrupaciones civiles y la iglesia, lo que no inmuta al gobernador Juan Manuel Carreras ni edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, cuya atención se centra por ahora en la cosecha de votos para sus respectivos aliados y proyectos políticos.  El 7 de enero el vocero del arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera, declaró “ya basta de muertos, asaltos, de corrupción e impunidad”. Ante el alza de homicidios dolosos, pidió no caer en el conformismo, al decir que el estado se encuentra mejor que en otros estados del país, con altos índices delictivos. El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Pérez Rodríguez, señaló que no basta con los cambios en el gabinete de seguridad. Se requerían acciones contundentes para frenar la incertidumbre. Ya era tiempo que el nuevo titular de seguridad pública, Ernesto Pineda, comenzara a dar resultados. Comerciantes salieron a las calles a protestas por la desaparición de jovencitas y exigir resultados a sus denuncias.

El gobernador Juan Manuel Carreras López, con su usual respuesta, al ser cuestionado por los 45 asesinatos que se registraron en enero, minimizó la incidencia delictiva. Expuso que la cifra disminuyó en noviembre y diciembre del 2017 y revisaría lo de enero. El mismo día por la tarde, en la capital, fueron ejecutados 3 policías ministeriales. Los asesinatos durante su mandato y hasta febrero pasado sumaban más de mil 550. San Luis Potosí, Soledad y Matehuala son los municipios donde se registra el mayor número de  hechos delictivos.

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Las estrategias de seguridad de Urban Ocampo

Una de las estrategias que usará el encargado de las fuerzas municipales de Soledad y la capital, José Luis Urban Ocampo, será integrar un cuerpo elite de 25 elementos que habrán de intervenir en situaciones de alto riesgo. Para no vulnerar las garantías individuales, solicitará que en las celdas, se mantengan cámaras de vigilancia. Exigirá además que haya una filial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en las comandancias, para atender en lo inmediato cualquier queja donde se atente contra la integridad física de los detenidos.

Aunque Urban se promovió meses atrás en las redes sociales para que alguna autoridad le diera empleo, el primero que reclamó lo contratara el gobierno estatal, fue el líder de un sector de comerciantes ambulantes del centro histórico, Juan Martín Ayala, al que una banda de colombianos y salvadoreños, le raptaron a su hija Saraí Ayala. Buscó interponer la denuncia penal en la nueva fiscalía, pero el ministerio público argumentó que no había delito qué perseguir. Por su cuenta llevó a unos agentes ministeriales a una casa de seguridad, ubicada atrás de las instalaciones de la policía municipal, pero se negaron a intervenir. Luego, Ayala, junto con otros conocidos, armados, buscan a los delincuentes para hacerse justicia por su propia mano. Aunque casi derriban la puerta, no los encontraron.

Ayala se convirtió en el promotor número uno de Urban cuando el secretario de gobierno, Alejandro Leal, destacó que no lo podían contratar, ya que se encargaba de la seguridad en el poder judicial federal. Ayala encabezó una protesta frente al palacio de gobierno para denunciar más casos de niñas desaparecidas y adelantó que cada 13 de los meses siguientes hará lo mismo. Entonces filtró que el gobernador Juan Manuel Carreras había vetado a Urban, que a los pocos días, fue rescatado por el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte y el edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, con el que se había confrontado antes de manera radical.

Ayala expuso que Urban le comentó que hizo a un lado sus diferencias con Gallardo para buscar el beneficio de los potosinos. “Ya no es asunto de ideologías ni partidos. Se trata de reducir los índices criminales en la zona conurbada, el lugar más caliente de la entidad donde operan varios carteles de la delincuencia organizada que se dedican al secuestro, extorsiones y levantones de mujeres jóvenes para el tráfico sexual. Urban no tiene compromisos con ningún grupo. Me dijo que los combatirá sin reposo. No les dará cuartel hasta expulsarlos de San Luis”.

Urban se comprometió a realizar rondines más frecuentes en el centro histórico, donde ocurren asaltos a todas horas. Junto con los ambulantes, crearán una cadena de whatsapp donde le informarán de hechos delictivos que ocurren al instante para detener a los infractores. Prometió investigar a sujetos sospechosos que vigilan a los vendedores con absoluta impunidad. Urban se habrá de coordinador con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo para que las cámaras que se ubican en la capital, no se desconecten y sacarles una utilidad máxima con gente que cubra turnos extras.

Planea ubicar retenes de vigilancia en los diversos puntos de entrada a la ciudad, para rastrear vehículos procedentes de otras partes del país con altos índices delictivos, como Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Michoacán y Jalisco entre otros. Urban tiene planeado reactivar todas las casetas de vigilancia que se han convertido, de manera paradójica, en nichos donde acampan grupos pandilleriles. Solicitará a los ediles, instalen electricidad, teléfonos, agua, radios y camastros para los agentes de guardia.

Urban estará conectado al teléfono de emergencias 911. Se comprometió a dar una rápida respuesta. Le pidió a la ciudadanía no hacer llamadas falsas, para garantizar un servicio eficaz. Contempla abrir su número celular para que lo llame cualquier persona en apuros, como lo hizo en Rioverde, el extinto jefe del mando único de la zona media, Genaro Sandoval Plascencia. Firmará convenios de ayuda mutua con las fuerzas estatales y federales, para actuar de manera conjunta en robos bancarios, asaltos a joyerías, secuestros o balaceras en antros.

El teniente coronel Urban Ocampo exigirá a los permisionarios de todas las líneas de transporte urbano, instalen cámaras dentro de los camiones, para grabar los robos a los usuarios e intervenir de manera instantánea. Incluso, sopesa la alternativa de infiltrar agentes en las unidades hasta exterminar los atracos. Habrá de intensificar la vigilancia con agentes de a pie y patrullas en los jardines de niños, primarias, preparatorias y universidades a la entrada y salida de clases. Hará labores preventivas en zonas donde hay constantes choques de la policía con grupos de pandilleros, como Pavón, San Antonio, Cactus, Polvorín, La Virgen y camino a Cerro de San Pedro.

Ayala invocó a Urban por los resultados que dio en la etapa que fue secretario de seguridad en el sexenio de Fernando Toranzo. Miró de cerca cuando cerró antros que no respetaron las horarios legales. Lo definió “como un hombre de calle, estar en el lugar de los hechos, aunque arriesgue la vida. No le dará tregua a los delincuentes. No le gusta estar encerrado en las oficinas. Ojalá que Gallardo y Hernández Villafuerte no lo dejen solo. Lo ayuden con agentes, vehículos y gastos de oficina para que cumpla la encomienda de garantizar la seguridad y patrimonio de los potosinos en los sitios de mayor conflicto”.

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Jalil Chalita reclama que muchas colonias no tengan agua potable

El ex regidor de Soledad, Jalil Chalita Zarur, destacó que el presupuesto del Fondo Metropolitano debe ser utilizado para obras públicas como el drenaje, alumbrado público y seguridad. Consideró que la Auditoría Superior del Estado encubre al ayuntamiento de la capital, ya que le ha aprobado el manejo de los recursos sin observaciones.

Lamentó que decenas de colonias no tengan agua, pero el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo, insiste en obsequiar garrafones y tortillas, con lo que habrá de quebrar a las familias que viven de tales negocios. Resaltó que el edil debe ser guiado para saber cuáles son las obras importantes que debe ejecutar.

Criticó que el munícipe haga obras mínimas que exalta con propaganda para lograr ser diputado federal o senador. Le recomendó no hacer puentes que dejará inconclusos, ya que el tiempo se le vino encima. No repetir los errores de Muñoz, donde quebraron cientos de negocios con obras que los ciudadanos nunca aceptaron.

Expuso que la Ase aprueba cuentas irregulares a través de sobornos, por lo que el titular debe ser electo a través de ciudadanos libres, los únicos que pagan impuestos y necesitan saber dónde termina su dinero. Resaltó que a muchos proveedores Gallardo no les paga facturas vencidas porque se han atrevido a señalar sus incontables errores, como el manejo deshonesto del erario.

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Sectores sociales claman por seguridad

En términos simples entendemos la palabra seguridad como la ausencia de peligro o riesgo para nuestra vida, patrimonio, trabajo y familia principalmente. Es también el sentimiento de bienestar que nos brinda una sensación de confianza que tenemos en algo o en alguien. Desde el punto de vista social, la seguridad debe ser la garantía que tienen las personas de estar libres de todo daño, amenaza o peligro; es la necesidad de sentirse protegidas contra todo aquello que pueda perturbar o atentar contra su integridad física, moral, social y hasta económica. Así, la seguridad social se refiere al conjunto de normas o reglas de comportamiento obligatorias que dicta el gobierno, que forman parte de las garantías individuales y sociales que conforman la Constitución Política Mexicana, con los derechos fundamentales que los ciudadanos mexicanos debemos gozar plenamente, que son los de libertad, seguridad, igualdad y propiedad.

En la legislación potosina, la Constitución Política igualmente nos garantiza los mismos derechos que la Constitución Federal, pero en la realidad de los acontecimientos que hemos estado viviendo en los últimos días en las diversas regiones del estado, el problema de la inseguridad se ha incrementado. Según lo leímos en la nota de Jorge Torres, de La Jornada San Luis, que dice: “El presidente de la Asociación Potosina de Abogados, Vicente Rosas Serrano, señaló que, aunque no se está todavía en una situación de alerta, sí preocupa la creciente inseguridad que se está viviendo en el estado, especialmente contra el gremio al que pertenece, esto después de la muerte del conocido abogado René Cervantes Gutiérrez, ocurrida la madrugada del lunes en Matehuala, por lo que exigió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Arturo Gutiérrez García, atender este problema y que brinde seguridad tanto a los abogados como a la ciudadanía en general”.
Como reacción a la inseguridad, el diputado Héctor Mendizábal solicitó ayer a las autoridades que apliquen medidas urgentes que contengan el índice delictivo y, sobre todo, que no se caiga en la impunidad, ya que todos estos actos violentos deben ser castigados y los responsables llevados ante la justicia. El diputado panista agregó que está impunidad lo único que provoca es más inseguridad e indicó que los diputados están dispuestos a trabajar de la mano con las autoridades en materia de seguridad pública, en particular con la Secretaría de Seguridad para hacer las reformas que sean necesarias toda vez que la inseguridad va creciendo, señaló.

El presidente municipal de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez, reconoció ayer que es insuficiente la coordinación que existe entre la Policía Municipal y la Policía Estatal para la disminución a los índices delictivos que se han registrado en los últimos días, por lo que es factible la presencia del Ejército mexicano en la capital para reforzar la seguridad. Y hasta exhortó al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, para que haga presión al desempeño de todos sus funcionarios, incluyendo a Arturo Gutiérrez, quien lidera el Mando Único en todo el estado potosino. La Iglesia católica, por conducto de su vocero, José Priego Rivera, conminó a los diversos niveles gubernamentales a colaborar entre sí, a fin de erradicar la inseguridad. Estas son las voces que los medios de comunicación difunden, pero existen miles de potosinos que clamamos por gozar de la seguridad en el estado, estamos cansados de escuchar que hay otros estados peores. Eso ya lo sabemos, el país tiene una gran crisis de credibilidad en el gobierno. La inseguridad es como hierba mala que no se arranca de raíz. Pero como potosinos, nos interesa nuestra entidad, queremos que bajen los índices de corrupción, que la seguridad se convierta en una realidad tangible. Que los diputados funcionen, que la impunidad cese. Que se castigue a los malos funcionarios. Necesitamos acciones concretas para revertir el problema en todos los niveles. Ya es tiempo de reivindicar la seguridad. Es nuestro clamor.