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Los costos de los juegos latinoamericanos de policías y bomberos

El ayuntamiento de la capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, del 5 al 11 de diciembre, celebró los VIII Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, justa deportiva que se ejecuta cada año desde el 2013 en diversas ciudades, como Buenos Aires y Córdova en Argentina. Quito en Ecuador y San Luis, en México.

La edición 2020, programada en Perú, se vio afectada por la pandemia de Covid-19, por lo que fue suspendida. Las mismas circunstancias acecharon a la del 2021, pero varios ayuntamientos de la capital del país, con el de Guadalajara y el local, se aliaron para llevarlos a cabo. Entre los países que participaron, figuran El Salvador, República Dominicana, Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras y de la Unión Europea. Por México, hubo atletas de Jalisco, Querétaro, Oaxaca, Zacatecas, León, Veracruz, Estado de México y Durango.

Algunas de las disciplinas que se llevaron a cabo son el ajedrez, basquetbol, boxeo, judo, crossfit, fútbol, natación, ciclismo, jiujitsu, lucha, voleibol y atletismo. La celebración de los juegos representó una estrategia de Galindo en los primeros 100 días de trabajo para incentivar el retorno de los actos deportivos, que incidiera en las ventajas económicas, comerciales y turísticas, afectados por la pandemia del Covid-19.

Para conocer algo de los costos y beneficios de los juegos entre policías y bomberos, se hizo una solicitud de datos dirigida al ayuntamiento de la capital. Se le requirió el costo total y desglosado, el impacto en la capital y la ciudadanía. En respuesta a través del folio 240474422000037, solo desglosaron algunos gastos. Informan que en actividades culturales, se erogó un total de 118 mil pesos para contratar grupos musicales, locutores, audio y luces. Como único proveedor aparece el ciudadano, Francisco Calderón Frías, quien dirige la empresa Grupos Musicales del Centro, que engloba shows de entretenimiento. Se suman 16 mil 500 pesos por manufactura del pebetero.

En el cartel que se presentó del 6 al 11 de diciembre, estuvo el Mariachi de Kukulkán, grupo de marimba Tropical Veracruz, el trio Alma Huasteca, Banda Soles, el grupo Cuadro Norteño y la banda Kalipsso. Pese a que se solicitó el desglose, el ayuntamiento solo facilitó el total, que es de 134 mil 500 pesos. Se beneficiaron más de 10 mil personas, entre espectadores, visitantes al centro histórico y deportistas.

La dirección de deportes erogó 211 mil 91 pesos en 14 proveedores, sin exponer los detalles. Los proveedores señalados son Winner Time, Eduardo Hernández Guerrero, Juan Manuel Leos Herrera, Manualidades la Primavera, Ferretería del Antiguo Correo, Office Depot, Grupo Parisina, Ferretería Yafris, Farmacia Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Farmacias Similares y Autozone de México.

Participaron mil 131 deportistas, los beneficiarios directos. Se promovió la justa en medios informativos, donde se destinó la cantidad de 310 mil 810 pesos. No explicaron cómo se distribuyeron los fondos. Omitieron los gastos en medios electrónicos, portales digitales o webs, radio y otros. No expusieron el alcance.

En lo que respecta a las sedes, dijeron que no hubo gastos, ya que se usaron espacios deportivos públicos como el parque Tangamanga 1 y 2, instalaciones de la Academia de Seguridad Pública estatal, Unidad Deportiva Universitaria y el Club deportivo Libanes, aunque es privado, lo prestaron de forma gratuita.

En lo que respecta al hospedaje de los atletas que arribaron a la capital, el ayuntamiento expone que no hubo gasto alguno, ya que el hotel Fiesta Americana dio servicios gratuitos. Exponen un gasto de 656 mil 420 pesos. No hablan de lo erogado en transporte, viáticos, premios, indumentaria o uniformes de los participantes.

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Nepotismo, hilo conductor del gabinete de Xavier Nava

Apenas anunció su gabinete y el alcalde de la capital Francisco Xavier Nava Palacios generó un escándalo mayúsculo al entronizar sin el mínimo rubor la figura ilegal del nepotismo. Fue el criterio estratégico que utilizó para repartir los cargos. Lo que le permite a su principal detractor, el ex contendiente del PRD, Ricardo Gallardo Juárez, someterlo a un severo desgaste todos los días a través de los diversos portales electrónicos que patrocina de manera abierta, retadora. Fue casi nulo el impacto que causó Nava cuando denunció que su antecesor le dejó una deuda que supera los mil 250 millones de pesos. Tampoco causó estupor que al organismo intermunicipal de agua potable y alcantarillado, Interapas, lo haya dejado en la quiebra técnica, con desfalcos que podrían superar los 600  millones de pesos.

Lo que generó sorpresas y hasta desánimos fue el equipo sui generis que conformó el ex diputado federal por el PRD, que en campaña, reiteró que sus actos estarían apegados a la norma. No iba a cometer los excesos de su principal opositor. A un mes de asumir el cargo y lamentar que le dejaron las arcas vacías, los organismos empresariales le reclamaron continuar las denuncias y entablar demandas judiciales, pero también garantizar los servicios básicos, tapar los incontables baches y atender de manera prioritaria la inseguridad que azota a los potosinos. Nava generó malestar entre algunos grupos que lo apoyaron de manera irrestricta en la campaña y no los compensó con algún cargo, como pasó con el dirigente de los locatarios del mercado República, Arturo Pérez Alonso y el tenaz promotor de cultura y deportes del Saucito, Armando Rivera. Optó por recomendados de la cúpula panista y patrocinadores que le invirtieron cantidades millonarias. No pudo ocultar la influencia de su principal mecenas, el gobernador Juan Manuel Carreras López, que tiene alma de panista. La mostró como fiel colaborador del ex presidente Felipe Calderón.

El circo mediático se desató cuando se supo que el oficial mayor, Óscar Valle Portilla, es primo del tesorero Rodrigo Portilla Díaz. Valle Portilla tiene una hermana, Sandra Valle, que está casada con el director de deportes, Ricardo García Rojas, que ocupó el mismo cargo en el desastroso trienio del ex edil Mario García Valdés. Óscar Valle y Ricardo García son dueños de la Quinta Camp, ubicada en Armadillo, donde el clan navista acude a divertirse. Ricardo García es hermano del director del Teatro de la Paz, Francisco García Rojas, que facilitó el inmueble donde Nava brindó después de rendir protesta como edil. Óscar Valle Portilla es sobrino de la presidenta estatal del DIF, Lorena Valle Rodríguez, esposa del gobernador Juan Manuel Carreras. El contralor José Mejía Lira es cuñado del activista Alejandro Nava Calvillo, tío de Xavier Nava. La diseñadora que trabaja en el área de prensa, Anaís Capablanca, es cuñada del secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez García.

Xavier Nava Palacios fundó en 2014 el corporativo jurídico KNP donde tuvo de socios a Óscar Valle Portilla, Germán González Martí y Ulises Valencia Gordillo. Por ser sobrino del maximato Horacio Sánchez Unzueta, que controla a Juan Manuel Carreras, Nava colocó a González como subsecretario de gobierno, pero fue despedido por tráfico de influencias, ya que antes trabajó para la empresa Flypo, dueña de un predio que invadió Antorcha Campesina. Como funcionario, le tocó pagarle 13.5 millones de pesos a la firma que antes sirvió. En el bufete que encabezó Nava también estuvo el litigante Ulises Valencia Gordillo, al que González Martí lo sumó como subsecretario de derechos humanos y asuntos jurídicos. Proveniente del Distrito Federal, después de vivir en una colonia marginal, Valencia se compró de repente una residencia de 4 millones de pesos que pagó en efectivo. Otro miembro del despacho es Jorge Luna Mesquida. Se casó con Lucila Lorca Valle, sobrina de Lorena Valle. Luna es primo político de Óscar Valle.

Otra muestra contundente de la injerencia del panista Carreras en el gabinete de Nava se dio en la figura de la economista Sonia Guadalupe Nájera Hernández, asistente del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, con el que tuvo un trato ríspido y complicado. Sin mayores trabas se brincó al mismo cargo con el secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez García. Nájera es amiga cercana de Juan Pablo Nava Palacios, hermano del edil. Trabajaron para el ex secretario de desarrollo económico, Fernando Macías, en el sexenio de Fernando Toranzo. Xavier Nava está casado con Nancy Puente Orozco, hermana del actual titular de desarrollo económico estatal, Gustavo Puente Orozco, hijos de Gustavo Puente Estrada, ex director de la Promotora del Estado en el sexenio de Fernando Silva Nieto. Fue acusado de darse vida de jeque con fondos públicos. El jefe de prensa del ayuntamiento es Carlos Hernández Palomares, que junto con Mauricio Ayala, formaron la agencia de publicidad Doblezero. Ayala es hijo es del ex vocero del congreso y derechos humanos, Alberto Ayala Flores, actual asesor del fiscal Federico Garza, donde hizo equipo con Raúl Camacho Muñoz, ex director de la escuela de comunicación de la universidad autónoma. Hace poco brincó como vocero de Carreras y se dio el lujo de asesorar a Hernández Palomares en público, en el café La Parroquia, que se ubica en plaza de armas. A Hernández lo pudo recomendar para el cargo el ex locutor de TV Azteca, Jesús Aguilar, que asesoró a Nava en la etapa que fue diputado federal por las siglas del PRD, cuando hizo equipo con Gallardo Juárez.

La directora de turismo es Yara Mariana Nagore Rojas. Está casada con el aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Jorge Alejandro Lozano Soto, hijo del ex alcalde Jorge Lozano Armengol, que privatizó el servicio de la basura para entregarlo a la firma Vigue. Alentó como autoridad paralela al magnate Carlos López Medina, que cobra el servicio de agua potable y drenaje a través de la ilegal empresa Aguas del Poniente. Lozano fue líder del Frente Cívico Potosino y diputado local gracias al respaldo del histórico Salvador Nava Martínez, al que siempre financió su mecenas, Mario Lozano, padre del delfín navista. La directora de asuntos estratégicos es Verónica Alvarado Zermeño, esposa de Mauricio Lozano Soto. El biógrafo, consejero y asesor de Gallardo Juárez, el violento herrero Rafael Aguilar Fuentes, en múltiples ocasiones destacó que Vigue tiene en la nómina a los hijos de Lozano Armengol, como parte de los oscuros acuerdos para beneficiarla.

El director de servicios municipales es Gonzalo Benavente González, que con Gallardo fue director de desarrollo económico. Cuando Nava compitió para diputado federal por el séptimo distrito, Benavente buscó el quinto local sin éxito. Gallardo lo corrió por flojo, ya que en horas de trabajo, tomaba café con sus amigos en el restaurante La Pizca, donde hacía alarde de sus influencias. Benavente tuvo un fugaz paso como director de pensiones con Fernando Toranzo. La directora de compras y licitaciones es Adriana Leticia Borjas Benavente, prima de Gonzalo Benavente. Fue reportera del diario Pulso. Hizo un doctorado en la Universidad de Salamanca en procesos políticos. A ambos los pudo recomendar el notario uno, Eduardo Martínez Benavente, que participó de manera activa en el proceso de entrega-recepción. Fue un ácido crítico de los desmanes de Gallardo Juárez. Ejerce una gran influencia en Xavier Nava, como lo hizo antes con el matador de dragones, Salvador Nava.

El secretario del ayuntamiento es Sebastián Pérez García, al que ubican como sobrino del boyante comerciante del ramo eléctrico, Fernando Pérez Espinosa, el eterno comodín del maximato Horacio Sánchez Unzueta, para perder y ganar de manera simultánea la alcaldía de la capital. La última encomienda que tuvo fue registrarse como candidato a gobernador por las siglas del PRD, para facilitar el triunfo de Juan Manuel Carreras, del PRI. Cuando Nava se apuntó como candidato a la alcaldía de la capital ante el Consejo Estatal Electoral, Fernando Pérez lo definió como un abanderado “de lujo”. Sebastián Pérez estudió la licenciatura en relaciones internacionales en el Colegio de San Luis, bajo la tutela del doctor en historia, Tomás Xavier Calvillo Unna, “ideólogo del navismo”. El recinto sirvió de escenario para varios encuentros académicos donde el invitado especial fue Xavier Nava y sus familiares. Fue donde celebró sus 100 años la luchadora social, Concepción Calvillo Alonso, abuela del munícipe. A Sebastián Pérez lo definen como un símbolo “hipster”, intelectual de la clase media que se ubica en la cultura y moda alternativa. Una copia de lo que antes fue Sánchez Unzueta y Tomás Calvillo, que incluso, fue mentor de yoga. En la etapa de la campaña, Pérez dio muestras de prepotencia, por lo que llegó a confrontarse con los seguidores de Nava, que lo emplazaron. Se realizaba cualquier asamblea pero que no estuviera Pérez García. El influyente personaje está casado con Audrey Capablanca, cuya hermana Anaí María Capablanca, labora en el departamento de prensa como diseñadora. Impuso como directora de cultura a su amiga cercana Cecilia Padrón Quijano.

El dirigente local de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Pérez, coló al director de comercio, Gabriel Andrade Córdova, que nada sabe del tema. También lo ubicaron en el departamento jurídico de catastro con Gallardo. Se fortalece con el subdirector, José Juan Pérez Guillén, alfil del ex alcalde Guillermo Pizzuto Zamanillo, brazo derecho de Salvador Nava. Alejandro Pérez forma parte del Frente Ciudadano Anticorrupción, donde aparece como uno de los voceros, el ex regidor Manuel Nava Calvillo, tío del edil. El organismo formuló varias denuncias penales contra Gallardo Juárez en la procuraduría de justicia, donde lo acusaron de enriquecimiento ilícito, lo que le permitió adquirir cientos de propiedades en corto tiempo. La conductora de noticieros radiofónicos, Eva María Camacho, dueña de una empresa corporativa de imagen, presentó a Nava en varios debates que organizó el sector comercial e industrial donde apareció el inquieto ciudadano, Pablo Zendejas Foyo, secretario particular del alcalde. Zendejas está emparentado con el zar de la obra pública en San Luis, Joaquín Zendejas, por mucho tiempo, el contratista predilecto del Infonavit. Sánchez Unzueta trató de castigarlo sin éxito por invadir los terrenos aledaños al Río Santiago.

La directora de catastro es la ex presidenta del Colegio de Arquitectos, Patricia Rodríguez Álvarez. Es un nicho que reclamó semanas antes de la contienda, el padre del edil, Luis Alfonso Nava Calvillo, al que Toranzo despidió de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidades y Obras Públicas, por contratar a amigos que ofrecieron los costos más elevados, ya que le garantizaban el diezmo. En los medios de Gallardo, conocedores de las estafas de su jefe, ventilaron los intríngulis de los nuevos negocios. Revelaron que existe una pugna sórdida entre el magnate Carlos López Medina y su socio Alejandro Tamayo con la familia Nava, aliados a los Zendejas, para quedarse con 2 mil hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe, que buscan fraccionar, cuando se trata de reservas ecológicas del ayuntamiento.

En la campaña se unieron pero ahora están divididos. La maniobra implica despojar a los comuneros de sus tierras. Se trata del área más importante del centro del estado, con efectos devastadores para el medio ambiente, si extienden la zona de alta plusvalía. También busca entrar al reparto el senador del PRI, Teófilo Torres Corzo. Los dueños del diario Pulso y San Luis Hoy, Pablo y Miguel Valladares. El titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens, el minero y explotador de basureros tóxicos, José Cerrillo Chowell, entre otros. Es por lo que Nava fue acusado de desplazar de manera violenta del Instituto Municipal de Planeación al ex diputado local del Verde Ecologista, Alfonso Díaz de León Guillén, primo del dueño de la franquicia en San Luis, Manuel Barrera Guillén. Lo relevó con Fernando Torre Silva, sobrino de Silva Nieto, con el que tratará de modificar el Plan del Centro de Población Estratégico que antes hizo Gallardo, para poner en bandeja de plata la sierra a los especuladores del suelo urbano. No es casual que el secretario particular del alcalde sea Pablo Zendejas, quien se encargará de hacer la estrategia municipal para privatizar la comunidad.

En la  última visita a San Luis del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fue evidente el cabildeo de Carreras con López Medina para que se le den todas las facilidades en el nuevo gobierno federal. El grupo de Nava Calvillo entró en crisis al sentirse en desventaja, por lo que tomaron el control del Implan. Los comuneros no se quedarán inmóviles. El disidente Juan García Leyva manifestó que la estrategia empresarial se resume en 6 puntos. Carlos López Medina y Alejandro Tamayo buscarán consolidarse con 7 grupos y familias adineradas. Involucrar a Carreras, Procuraduría Agraria, Registro Agrario y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano, para  aportar predios a la inmobiliaria Las Cañadas o la que se haya conformado para el efecto.

Ganar la alcaldía a toda costa, evitar que Gallardo se reeligiera, ya que les disputaba el control y crecimiento urbano. Impulsar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, publicada el 18 de julio del año en curso, que facilita sus oscuras pretensiones. Emitir el decreto por medio del cual se declara como área natural protegida, con el carácter de reserva estatal, la sierra de San Miguelito, localizada en la capital, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Mexquitic de Carmona. Se publicó en el Periódico Oficial el 20 de septiembre de 2018. El documento establece un área protegida de 12 mil 613 hectáreas, cuando el monte se compone de 63 mil 783 hectáreas. Mantener el control del comisariado y cooptar el voto de los dueños originales. Para obtener los permisos, cambios de uso de suelo y otros trámites, los especuladores requieren del apoyo del gobierno federal, estatal y municipal donde Xavier Nava controla la mayoría de regidores. La bancada de Morena se ha plegado a los intereses económicos del alcalde y le vota todo a favor de manera vergonzante.

Aunque antes denunció las trapacerías de Luis Nava Calvillo, el edil nombró como director de obras públicas al ex dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Marco Antonio Uribe Ávila, que denunció de manera sistemática, los sobornos y chantajes de Gallardo a los inversionistas inmobiliarios a los que exigía un departamento o casa para autorizarles los permisos requeridos. Lo acusó de dejar en el limbo las licitaciones para después asignar los trabajos a sus socios o prestanombres, como pasó en el puente a desnivel en el Saucito, que costaría más de 200 millones y el ex edil se iba a llevar al menos la mitad de las ganancias. La directora de educación es Azalia Martínez Navarro. Fue secretaria particular de la ex presidenta de derechos humanos en San Luis, Magdalena González Vega. Cuando contestaba el teléfono, entabló amistad con el ex director de derechos humanos del Distrito Federal y ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, que tiene cercano contacto con la familia Nava. Aunque se ventiló que apenas tiene el bachillerato, el ombudsman estatal, José Ángel Morán Portales, la hizo  directora de equidad y no discriminación. Hace poco le dieron la cartera de educación.

El director de desarrollo social es Claudio Ferrer Marín, que antes coordinó para Gallardo Juárez el sexto distrito local y séptimo federal. Nava lo sumó cuando hizo campaña para legislador y la alcaldía. Además atrajo al activista de Los Magueyes, César Mercado, que también reniega de Gallardo, porque no les cumplió la promesa de obras básicas. Ahora están juntos en la misma área, donde Ferrer, proclive a la prepotencia, no encaja con los panistas ni priistas que tiene al lado. La directora de recursos humanos es Claudia Ficht Watkins. Es una copia de la anterior funcionaria, Cinthia Armenta Meléndez. Son frías al correr con despotismo a los trabajadores. A la nueva funcionaria le atribuyen haber despedido más de 200 empleados en tres semanas. La recomendaron los primos Portilla. Ha sido catedrática de universidades privadas donde impartió materias de mercadotecnia, manejo de crisis y habilidades en la comunicación. Antes de cerrar su página de Facebook presumió fotos de sus viajes donde aparece con tigres de bengala y monos en una actitud amorosa. Lo que no hace con los humanos.

El delegado de La Pila es el ex diputado local panista, Pedro Pablo Cepeda Sierra. Fue criticado por usar carros ostentosos. Lo que contrastó con sus inicios como vendedor de tamales en un triciclo en el Saucito donde juntó más votos para Nava el enjundioso promotor cultural y deportivo, Armando Rivera. A Cepeda lo culpan de haber incendiado el comité municipal del PAN, para esconder padrones alterados de militantes. Es la tercera vez que regresa al mismo cargo donde lo rechazan por extraño. El delegado de Pozos es el ex dirigente del patronato de abastos, Tomás Olivares Robles, que antes buscó ser diputado local por el PRD. Es primo del ex secretario de finanzas, Joel Azuara Robles. El delegado de Bocas es Rosendo Guardiola. Tuvo el mismo puesto con Jorge Lozano. En concertación política quedó el encuestador Jaime Galván Valencia, que tuvo diversos cargos en los comités directivos que encabezaron Eugenio Govea, Marco Antonio Gama, Juan Pablo Escobar y Xavier Azuara.

 

 

 

 

 

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Un galimatías el contrato de Panavi

El activista del Frente Anti Corrupción, José Manuel Martínez Guiza, destacó que el tema la empresa Panavi es una guerra entre el ayuntamiento de la capital, congreso y otros poderes locales. Destacó que no se debe aprobar la propuesta del alcalde Ricardo Gallardo de incrementar 200 millones de pesos para beneficio de la firma que instalará las lámparas leds. Sugirió auditar el contrato original que firmó el ex alcalde Mario García Valdés, ya que es nulo por los vicios iniciales en las licitaciones y no cumplir la mayoría de las cláusulas.

Expuso que en realidad se firmó un convenio de arrendamiento, no de prestación de servicios. Similar a rentar una fotocopiadora, donde el dueño se encarga del mantenimiento, sacar las copias y cobrar por unidad. Al final se crea una cláusula donde se plantea la alternativa de compra. Las luminarias se van a quedar en San Luis. El acuerdo se firmó en mil 300 millones de pesos. A los 15 años, por los costos financieros, se irá al doble. Luego el ayuntamiento hará un último desembolso para quedarse con los focos.

Censuró no existan datos suficientes. Falta el estudio de consumos 2012-2015 previos, como lo establecen las reglas operativas del Comité Nacional de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. Sirve para hacer un comparativo, ya que el ayuntamiento le cubrirá a Panavi en el primer año 108 millones de pesos con un rango de consumo de equis kilowatts. Son reportes que debió entregar la firma cada tres meses para establecer cuánto se ahorra. El dinero ya estaba presupuestado. Lo iban a entregar en ministraciones parciales. Panavi tenía que registrar el acuerdo ante la Conue para entrar a un concurso de quitas, hasta el 60%, del que, una tercera parte, se destinaría al ayuntamiento para saldar deuda pública. Lo restante es la utilidad de la empresa, con lo que paga al que le haya financiado las instalaciones.

«Tales datos no se han difundido. Tenemos 200 páginas, una parte del expediente, que debe ser público y gratuito, como lo es en Ahome, Sinaloa. Tienen una página en el Consejo Ciudadano de Transparencia donde existen los estudios de consumo, licitaciones, contratos, anexos y adendos que sirven para modificar el convenio de arrendamiento. En San Luis, desde Mario García y con Gallardo, cobran a 37.75 pesos cada cara de una hoja de máquina. Para acceder al expediente de Panavi, alguien debe gastar casi 50 mil pesos. Hay una serie de desinformaciones. Todo se relaciona con la falta de democracia. Tienen en común las corruptelas. Cualquier tema como las tarifas de transporte público, los que estamos en la lucha cívica, nos hemos dado cuenta que el sustrato es la transa a través de la opacidad».

Martínez estableció que es el momento de integrar un frente amplio para combatir las corruptelas y lograr que el sistema estatal en ciernes, sea un espacio de los ciudadanos y no del gobierno. «Mientras no tengamos acceso a todos los datos, habrá solo especulaciones. Tenemos las bases del concurso, modelo del contrato, anexos y fichas técnicas. El hecho que cada página cueste casi 76 pesos, es una forma de inhibir la transparencia, cuando la ley establece que no se debe pagar el doble del costo real. En el caso de las luminarias se configura lo oscuro. Faltan los reportes de supervisión. El comparativo del ahorro estimado en el primer año que fue de 48 millones. Todo viene en la corrida financiera en el anexo e».

«Lo estimaron cuando firmaron el contrato. Ya pasaron más de 600 días, por lo que deben informar con sus tablas, cuánto se gastó en el 2012, 2013 y 2014, antes del convenio. Cuánto erogaron en el año y medio que lleva el acuerdo. Lo que se ahorró. Nos demuestren que sus estimaciones son correctas o lo aproximado que resultó. Si fuera diputado y no es una película de Cantinflas, les pediría el expediente para saber si el contrato se sustentó. Y después revisar la propuesta de ampliar el costo con 211 millones de pesos. Con el esquema y corrida financiera, estimar si es factible y correcto a futuro. Compararlo con otros municipios donde Panavi tiene contratos de arrendamiento. Tampoco se clarifica si al final el ayuntamiento tasará cuánto vale el equipamiento urbano. Se hará cargo de las luminarias o ampliará la concesión. Como está el documento, se asume que los focos serán del municipio».

«En la avenida Salvador Nava, en la glorieta de Balcones del Valle, hicieron una estación solar para dar servicio a los carriles centrales, que son parte del contrato que van a iluminar. No es cierto, ya que los paneles solares se instalaron desde el principio como led. Faltan datos para saber qué circuitos van a cubrir, sólo dicen que instalarán 47 mil 800 luminarias. ¿Dónde empezaron, con qué criterios?. Yo lo haría con las más viejas, donde hay mayor densidad de pobladores, más conflictos de inseguridad, donde transitan más carros y ciudadanos. Es sentido común. No puede hacerse al azar. Se requiere un estudio para ubicarlas. Nada es explícito en el contrato primario ni los anexos. Tampoco queda clara la propuesta del ayuntamiento de ampliar y modificar el contrato».

«Se habla de pedir más deuda. Lo cierto es que se darán como garantía las participaciones federales hasta un cierto porcentaje. Existe todo un galimatías porque los informes no son claros. Los diputados no deben aprobar la propuesta porque no existen los datos, análisis ni valoraciones adecuadas. Parece que hubo doble incumplimiento de Panavi y el ayuntamiento. ¿Qué pasa si lo aprueban o no?. El tema es lo mismo, la falta de datos precisos». Martínez Guiza expuso que Panavi es una empresa de Jalisco. En la acta constitutiva aparecen como dueñas las hermanas Paulina y Viridiana Salas Mayagoitia. Se rumora que son testaferras de una sociedad de inversiones llamada Prorsus, cuyo líder es Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas. En San Luis su principal promotor a trasmano es Carlos Torres Corzo. El mismo perfil deben tener las otras dos empresas asociadas en los contratos de luminarias que tienen en casi todo el país.

-¿Por que fraccionan una empresa en varias, con distintas sedes, con gente de bajo perfil o ajenas al negocio que sustentan?.

-No es que se dividan. En el caso local, Prorsus es una sociedad de inversiones que crea diversas empresas específicas. Es algo muy común en las altas esferas financieras. Lo que les sirve para cuestiones fiscales y hacer holdings, controlar el mercado. Como sociedades anónimas, es difícil relacionarlas en forma directa. Es como el constructor de la capital, Guillermo Leal Tobías, hermano del secretario de gobierno, Alejandro Leal, que usa varias compañías para las licitaciones.

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Jalil Chalita reclama que muchas colonias no tengan agua potable

El ex regidor de Soledad, Jalil Chalita Zarur, destacó que el presupuesto del Fondo Metropolitano debe ser utilizado para obras públicas como el drenaje, alumbrado público y seguridad. Consideró que la Auditoría Superior del Estado encubre al ayuntamiento de la capital, ya que le ha aprobado el manejo de los recursos sin observaciones.

Lamentó que decenas de colonias no tengan agua, pero el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo, insiste en obsequiar garrafones y tortillas, con lo que habrá de quebrar a las familias que viven de tales negocios. Resaltó que el edil debe ser guiado para saber cuáles son las obras importantes que debe ejecutar.

Criticó que el munícipe haga obras mínimas que exalta con propaganda para lograr ser diputado federal o senador. Le recomendó no hacer puentes que dejará inconclusos, ya que el tiempo se le vino encima. No repetir los errores de Muñoz, donde quebraron cientos de negocios con obras que los ciudadanos nunca aceptaron.

Expuso que la Ase aprueba cuentas irregulares a través de sobornos, por lo que el titular debe ser electo a través de ciudadanos libres, los únicos que pagan impuestos y necesitan saber dónde termina su dinero. Resaltó que a muchos proveedores Gallardo no les paga facturas vencidas porque se han atrevido a señalar sus incontables errores, como el manejo deshonesto del erario.

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Crece la inconformidad ciudadana por la incompetencia de Ricardo Gallardo

A casi un año de iniciar el trienio de Ricardo Gallardo Juárez al frente del ayuntamiento de la capital, el descontento de la ciudadanía ha crecido en términos mayúsculos. Acostumbrado a no ser cuestionado, se mueve con desaciertos. El aumento de los impuestos, la problemática con la empresa recolectora de basura Vigue, la poca transparencia al momento de licitar las obras, el caso de los medicamentos por más de 34 millones de pesos autorizados a la desconocida Sandra Sánchez Ruiz, son ejemplos de los yerros administrativos, indicó el líder de los comerciantes del mercado República, Arturo Pérez Alonso.

Ante la problemática del ambulantaje, estableció que los comerciantes establecidos están cansados de la nula respuesta por parte del edil, que no ha tenido la capacidad de frenar el conflicto, ya que no conoce el fenómeno. Tampoco cuenta con un plan integral a corto o mediano plazo para reordenar o reubicar a los ambulantes. “Estamos molestos por las mentiras. Gallardo declaró en días recientes que el asunto se resuelve de manera gradual, lo que sólo acontece en su imaginación. Los hechos son otros. La directora de comercio, Dolores Elisa García Román, sabe que el número es mayor”.

Enfatizó que los comerciantes establecidos invitaron a Gallardo y su colaboradora a darse una vuelta por el centro de la capital, para que conozcan todos los desperfectos. Le pidió una disculpa a los turistas que se llevan una imagen negativa. “Como ya es pública la ineficacia del munícipe, dirá que se le quiere desprestigiar con política barata, cuando la realidad es otra. Es real lo que han sufrido los comerciantes por el calvario del primer cuadro del centro histórico”. Censuró que el edil y el gobernador Juan Manuel Carreras le hayan endilgado toda la carga de trabajo al Comité del Fideicomiso de Obras formado por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, por el monto de mil 500 millones de pesos. Pero lo único que se ha notado es la lentitud y el nulo esfuerzo, como pasó en la calle Álvaro Obregón, a la que celebraron el primer aniversario de atraso. “Es lamentable que las autoridades no razonen las afectaciones que provocan en el comercio local, que ha tenido pérdidas hasta de un 60%. ¿Cómo van a vivir, de que manera solventarán los gastos?. El ayuntamiento, lo poco que hace, siempre lo anuncia con bombo y platillo. En la avenida Universidad, dijeron que el concreto iba a durar muchos años, pero a los pocos meses ya tenía grietas”. (La entrevista aparecerá completa en la edición impresa de julio de La Noticia).