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Con un mediocre desempeño a cuestas, supeditados al ejecutivo, algunos diputados buscan reelegirse

En el congreso local, ya empezó la desbandada de los diputados chapulines que buscan otro cargo o repetir otros 3 años más, ya que 9 de 27, han manifestado sus intenciones de competir en los comicios del 2 de junio del actual año. Aunque en su gran mayoría tuvieron un pobre desempeño legislativo, al no presentar en lo particular nuevas leyes que beneficien a la gente, serán recordados por integrar una bancada entreguista, sometida a los designios del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al que sin el mínimo cuestionamiento o cambios, le aprobaron todas sus iniciativas y propuestas. Le permitieron hacer y deshacer con el presupuesto público. Gastó sin darles cuentas de los recursos obtenidos con la venta de la los terrenos de la Ford, tema en el que no pudieron ser capaces de integrar un comité que vigilara el destino de los fondos.

El diputado José Luis Fernández Martínez, por órdenes de su jefe político, Gallardo Cardona, manejó el congreso como si fuera una dependencia más del ejecutivo. Ejerció un férreo control de las áreas administrativas cuando estuvo al frente de la Junta de Coordinación Política. Después de dejar la presidencia, se mantuvo como integrante del órgano, hasta el último día que se separó del cargo para buscar reelegirse. Se colocó como integrante de las carteras más importantes, como gobernación, puntos constitucionales, desarrollo territorial sustentable y representante suplente del poder legislativo ante el Consejo Estatal Electoral. La única orden que no pudo cumplir, Fernández, apodado “El Chiquis a su patrocinador, fue convertir la delegación de Pozos en el municipio 59. Y ser quizás el primer edil, pues se le mencionó como posible candidato para el cargo.

Alfil de los Gallardo, Fernández Martínez, con apenas estudios de preparatoria, ha logrado ocupar los puestos de regidor y alcalde interino de Soledad. Fue presidente del comité estatal del PRD cuando sus mecenas se apoderaron de las siglas. Fue asesor de la actual edil de Soledad, Leonor Noyola, cundo fue senadora. Es consejero estatal en el Partido Verde Ecologista. Sería la tercera vez que Fernández buscaría una curul local. En el 2018, fue derrotado en el distrito IX, con cabecera en Soledad, por la candidata de Morena, Angélica Mendoza. En el 2021, se impuso a sus contrincantes del PRI-PAN-PRD, María Guadalupe Salazar Castillo y de Morena, Roberto Silva. Ahora, con la nueva restructura electoral, competirá en el distrito 10 de Soledad. Otra incondicional de los Gallardo es la legisladora Dolores Eliza García Román. Pretende brincar a la alcaldía de Ciudad del Maíz, de donde es originaria, pero tienen mucho tiempo que salió del municipio. Con miras a postularse, desde octubre del 2023, se dejó ver. Empezó con labores de proselitismo, al usar los programas sociales que maneja el gobierno estatal. Encabezó las entregas de despensas en comunidades. Realizó posadas donde regaló juguetes, cobijas y repartió roscas de reyes.

Con Ricardo Gallardo Juárez como edil de Soledad, García Román fue directora de comercio. Ocupó el mismo cargo en el ayuntamiento de San Luis, cuando su jefe gobernó la capital. Como no pudo reelegirse en el 2018, Gallardo la mandó de nuevo a Soledad. La hizo directora de servicios municipales, en el trienio de Gilberto Hernández Villafuerte. Luego brincó como candidata a la curul local en el distrito 5, con cabecera en Soledad, pero comprende también algunas colonias de la capital. Abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, que conformaron el Partido Verde y el PT, derrotó en el 2021 a la candidata de la alianza Si por San Luis, Margarita Hernández Fiscal. Convertida en diputada local, García Román tuvo un gris desempeño. En pocas ocasiones, se le vio subir a la tribuna a debatir. En el último año de la 53 legislatura, fungió como presidenta del Congreso del Estado, donde la puso el “enlace con el ejecutivo” y coordinador parlamentario, José Luis Fernández Martínez. García Román difunde en sus redes sociales, como parte de sus tareas primordiales, acompañar al gobernador Ricardo Gallardo a todas las reuniones, inauguraciones o arranques de alguna obra que realiza en Soledad o la capital.

La legisladora Cinthia Segovia Colunga, que ocupa la curul por el PT, ahora buscará dar el salto a la alcaldía de Cedral, para lo cual se inscribió ya como precandidata del Verde Ecologista. Su pasado fue priista, como su padre, Juan Manuel Segovia, que intentó sin éxito, ser edil del municipio y diputado local por el mismo distrito. En el 2016 al 2020, fue delegada de la secretaría de finanzas del gobierno estatal en el altiplano. En las elecciones del 2021, ya como militante del Partido Verde, llegó a la curul, al derrotar en el distrito 1, con cabecera en Matehuala, al priista Alfonso Nava. Como legisladora, Segovia Colunga fue reprobada en las 9 mediciones que lleva a cabo el organismo, Congreso Calificado, que evalúa puntos positivos y negativos sobre el desempeño de los diputados, como son, eficacia, congruencia legislativa y política, propuestas legislativas de alto impacto, vinculación con los ciudadanos y transparencia. Consiguió iniciativas y puntos de acuerdo caducos. Inasistencias, retardos al pleno, negligencia contra iniciativas ciudadanas y conducta perniciosa. Colunga destacó también como una de las más faltistas. Ocupó la presidencia de la mesa directiva del congreso del 1 de febrero del 2023 al 14 de septiembre. Durante sus gestiones, junto con otras integrantes, fueron condenadas por un juez a pagar una multa de 10 mil 374 pesos cada una, por desacato a un mandato judicial federal, que se emitió a favor de la magistrada del poder judicial, María del Refugió González Reyes, quien interpuso una querella para ser ratificada en el cargo.

En el PAN se destapó Rubén Guajardo Barrera, como aspirante a la presidencia municipal de San Luis. Aseguró que se iba a medir en la contienda interna con otros panistas, ya que a su partido le tocaba poner al candidato, en caso de repetirse la alianza con el PRI y PRD, como pasó en el 2021. Cuando las cúpulas partidistas decidieron que sería el PRI el que designara al abanderado que competiría en las elecciones del 2 de junio, Barrera calificó el veredicto como una burla. Acusó a las dirigencias estatal y nacional de su partido, tomar el acuerdo a espaldas de la militancia y por debajo de la mesa. El 23 de enero anunció que competiría en el proceso interno del PRI. Sólo esperaba la convocatoria para inscribirse. Un día después, presentó al litigante y ex secretario de gobierno, José Guadalupe Durón Santillón, como su representante en el proceso. El 30 de enero, en rueda de prensa, anunció su retiro ya que la convocatoria emitida 3 días antes, marcaba como requisito, ser militante. Denunció que el PAN recibía un trato indigno como aliado al excluirlos de participar. Culpó de la maniobra al alcalde Enrique Galindo Ceballos. El legislador no descartó buscar otro cargo. Ha ocupado en tres ocasiones una curul local, en el 2012-2015, 2018-2021 y ahora, al reelegirse. Es el coordinador de los diputados de su partido y preside la Junta de Coordinación Política.

La legisladora panista, Aranzazú Puente Bustindui, intentó sin éxito brincar a otro puesto. Fue aspirante al senado de la república por 4 días. Solicitó el registro el 19 de enero y el 23 anunció que desistía en aras de la unidad de su partido. Antes de ocupar la curul, fue directora de gestión y atención ciudadana en el sexenio de Marcelo de los Santos. Como aspirante a diputada, prometió combatir las corruptelas que se dan en las licitaciones de obras públicas, al fiscalizar los recursos. Ya en el cargo, aprobó sin objetar o disentir, todas las iniciativas y propuestas del gobernador. En los 4 meses y medio que ocupó la presidencia de la mesa directiva, se supeditó a las indicaciones del diputado José Luis Fernández Martínez, operador del ejecutivo. En su desempeño legislativo, Puente empujó una iniciativa para prevenir y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres, donde se establecen principios y obligaciones que deben atender los funcionarios. Puente reprobó la mayoría de las evaluaciones que aplicó a la actual legislatura, el órgano Congreso Calificado.

El legislador Mauricio Ramírez Konishi se inscribió como precandidato de Movimiento Ciudadano a la curul federal por el distrito 3, con cabecera en Rioverde. Militó en el PRI durante 26 años. Anunció en diciembre del 2022 su salida, después de alcanzar el puesto en un reducto del sector obrero. Su padre, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, sempiterno dirigente de la CTM, en varias ocasiones fue diputado local y federal. En los comicios del 2021, Ramírez Konshi se reeligió. Fue el primer coordinador de la bancada del PRI, antes de dimitir. Pretendió sin éxito, se le reconociera como parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, por lo que naufraga como independiente. Ha enfocado sus críticas en las acciones del gobierno federal, pero ha mantenido una actitud condescendiente con Gallardo, al que le aprobó la mayoría de sus iniciativas.

Ramírez, antes de llegar al congreso, fue director del Instituto Estatal de la Vivienda, con el ex gobernador Juan Manuel Carreras López, su padrino político que lo invitó a ser diputado, según contó en una entrevista con el portal Emisor Noticias, que maneja el ex diputado del PAN, Ricardo Villarreal Loo. Externó que también aspiraba a ser gobernador. Fue el legislador reprobado con las más bajas calificaciones en las evaluaciones trimestrales de Congreso Calificado, que dirige el litigante José Mario de la Garza Marroquín, en los nueve arqueos dados a conocer en la 53 legislatura. El cetemista encabeza la lista negra con los menores puntajes.

El diputado de Morena, José Antonio Lorca Valle, se inscribió como aspirante a la alcaldía de la capital. Pero una vez que se firmó el acuerdo parcial de coalición y que el PT y Verde Ecologista impondrían al candidato, guardó sepulcral silencio. El empresario del ramo automotriz llegó al congreso local por la vía plurinominal. Lo colocaron en un sitio de privilegio como pago a su disciplin al coordinar la campaña a la gubernatura de la defenestrada ex secretaria de salud, Mónica Liliana Rangel, que impulsó el gobernador Juan Manuel Carreras. Siempre se supo que iba directa al fracaso. El acceso de Lorca al congreso se pudo determinar además por ser sobrino de la ex presidenta del DIF estatal, Lorena Valle. Es por lo que se mantiene casi escondido. No hace la mínima crítica a Gallardo, que se ensaña de dientes para afuera, con la llamada Herencia Maldita, donde involucra a sus predecesores en el saqueo a las finanzas públicas. Incluye a Carreras como gran benefactor.

Lorca, en fecha reciente, se pronunció a favor del recorte que hizo Gallardo, por más de 80 millones de pesos al presupuesto del Consejo Estatal Electoral. Expuso que el organismo contaba con suficientes recursos y debía revisar el gasto ordinario, donde presentaba mayores aumentos. Fue de los pocos morenistas que en el 2021, apoyó la alianza con el Partido Verde Ecologista. Hace poco dijo que le gustaría brincar al senado y tener de compañera a la presidenta estatal del DIF, Ruth González Silva, esposa de Gallardo. Aunque fue su coordinador de campaña, con desparpajo alertó que el partido no se debe equivocar, como en el 2018, al lanzar como candidata a la gubernatura a Mónica Rangel o en la alcaldía a Xavier Nava. Exaltó juntarse con el Verde y PT.

La legisladora Gabriela Martínez Lárraga, llegó al congreso por la vía plurinominal a través del extinto Partido Redes Progresistas, que postuló en el 2018 a su esposo, José Luis Romero Calzada, candidato a gobernador. Ahora como independiente, pretende ser diputada federal por el 4 distrito con cabecera en Valles. La postula la alianza Fuerza y Corazón por México. La integran PAN, PRI y PRD. En noviembre del 2022, se inscribió como precandidata a la curul federal en el mismo distrito, con Movimiento Ciudadano. Renunció para formar parte en la coalición que hoy la impulsa. Martínez Lárraga fue una de las pocas voces discordantes que cuestionó los dispendios del gobernador en obras innecesarias como la Arena Potosí y los llamados puentes atirantados. Censuró la falta de medicinas en las clínicas, la creciente inseguridad y el abandono al campo. Sus criticas la confrontaron con el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, que la llamo necia y ocurrente, durante la comparecencia que sostuvo con los legisladores, por el segundo informe de Gallardo.

Periodistas y el diputado del Verde Ecologista, Eloy Franklin, en enero del 2022, exigieron su renuncia a la presidencia de la cartera de derechos Humanos, al señalar que estaba impedida para atender las quejas contra su cónyuge, José Luis Romero Calzada, uno de los principales violentadores de reporteros. La señora Silva Castillo, madre del joven Alán Francisco, asesinado en 2019, realizó una protesta en su contra en el congreso local. Refirió que Martínez nunca la atendió ni le concedió una cita para plantearle los problemas que enfrentó para que se aclarara el homicidio. La diputada centró sus iniciativas en el no maltrato a las mujeres, defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Impulsó sin conseguirlo, una ley contra la violencia vicaria, defensa de madres y personas cuidadoras.

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La bancada del PAN exigirá, se aclare el destino de los fondos obtenidos por la venta de terrenos que desechó la trasnacional Ford

El diputado local panista, Rubén Guajardo Barrera, indicó que en la comparecencia del secretario de finanzas, Salvador González Martínez, con motivo de la glosa del segundo informe del ejecutivo, se le pedirá aclare el destino que se le dio a los 2 mil 50 millones de pesos, por la venta de los terrenos estatales, que desechó la trasnacional Ford. El predio de 480 hectáreas, que se ubica en el parque World Trade Center, fue comprado por la empresa acerera estadunidense, Steel Dymanics.

El legislador precisó que el congreso no tiene hasta el momento datos sobre las obras que se harán. La bancada del PAN pugnará para que se integre el órgano encargado de vigilar el manejo del dinero. Señaló que su partido siempre ha estado a favor de los manejos claros, tema que se logró establecer en el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, al crear el Instituto Nacional de Trasparencia. Pero que al actual gobierno federal de la Cuarta Transformación no le gusta, quedó demostrado cuando intentó cortarle un pie al Instituto Federal de Acceso a la Información.

Guajardo admitió que en el plebiscito realizado el 24 de septiembre, como uno de los requisitos que marca la ley para otorgar la categoría de municipio a Villa de Pozos, no hubo una alto despliegue ciudadano como se deseaba, pero es un mecanismo que se puede perfeccionar. Es un ejercicio que fortalece la democracia. .

Aseguró que convertir a Villa de Pozos en un nuevo municipio, no implica un gran impacto en el presupuesto que recibe el municipio de San Luis, se le quitaría un aproximado de 500 millones de pesos. “No se puede decir que se perderían los fondos. Se destinarían a cubrir servicios y nómina. Indicó que el polígono ya fue definido y la gran mayoría de la zona industrial seguirá bajo el control de la capital. A Pozos le quedará solo la parte que se localiza cerca de Ciudad Satélite.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que el congreso del estado, en su momento, combatirá la acción de inconstitucionalidad que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Movimiento Ciudadano en contra del decreto que aprobó el poder legislativo para aplazar el inicio del proceso electoral en San Luis. Dijo que los partidos y voces ciudadanas, están en su derecho de inconformarse por situaciones del congreso, que consideran, los afectan.

El legislador del PAN reiteró que sigue firme en su propósito de participar en un proceso interno de su partido para ser candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Afirmó que como parte del Frente Amplio por México, su partido debe proponer el candidato para la alcaldía en los comicios del 2024, en base al mayor número de votos que aportó en las elecciones anteriores.

Añadió que en la contienda interna, cuando lleguen los tiempos legales, podrán participar militantes panistas y de los otros partidos, como el edil Enrique Galindo Ceballos, que conforman la alianza, pero también gente sin partido. Afirmó que su carta de presentación, es el trabajo que lleva a cabo como legislador, por lo que se empeñará en hacerlo de la mejor manera posible. Indicó que la parte toral de su propuesta legislativa, va encaminada a promover y fortalecer la injerencia de la gente en programas de gobierno, sobre todo en el ámbito municipal.

En tal sentido, se aprobó la iniciativa de una nueva ley de juntas de participación ciudadana para fortalecer a los comités de obra, que actúan como una contraloría social. Vigila se hagan en forma correcta. Presentó una iniciativa para incorporar representantes ciudadanos en las juntas de mejoras de los organismos de agua potable. El siguiente paso será pugnar para que existan presupuestos participativos. Es decir, que los parroquianos decidan las obras más importantes.

Como coordinador de los diputados del PAN, buscará marcar una agenda en termas como la seguridad pública y el agua. Como presidente de la Jucopo, buscará acuerdos y coincidencias entre las diferentes fracciones para sacar adelante las elecciones del nuevo fiscalizador del estado, elegir a 15 magistrados supernumerarios del Poder Judicial del Estado, aprobar las leyes de ingreso y los presupuestos de egresos de los municipios y gobierno estatal.

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Diputados entregan la presea Plan de San Luis a privilegiado proveedor de Gallardo Cardona

La edición 2022 de la presea al mérito “Plan de San Luis”, fue otorgada al piloto potosino, Jesús Ricardo Cordero de Ávila, por su trayectoria deportiva, plagada de hazañas en las pistas, que lo convierten en el segundo en obtener el galardón. La primera vez lo recibió la raquetbolista, Paola Longoria, en el 2016. Pese a sus logros, Cordero pudo recibir un espaldarazo político del gobernador Ricardo Gallardo, al ser también un privilegiado proveedor en el sexenio que corre.

La medalla es una condecoración otorgada por el Congreso del Estado, para reconocer a los ciudadanos por sus obras intelectuales, artísticas, culturales, científicas, políticas y altruistas. En el 2022, hubo cuatro perfiles ciudadanos. Se consideró al catedrático de la universidad autónoma, Andreu Comas García, investigador de enfermedades infecciosas. Durante la pandemia del Covid-19 en San Luis Potosí, fue una figura importante en la entidad, al abordar el tema como consejero institucional.

Otro candidato fue el orador Pascual Guillermo Gilbert Valero, que en su trayectoria, inculcó y formó a muchos jóvenes. Con sus enseñanzas, alcanzaron a ser campeones nacionales en la modalidad. Figuró la etnolinguista, María Clementina Esteban Martínez, académica, investigadora, traductora e intérprete Tének. Un postulante más fue Jesús Ricardo Cordero de Ávila, quien exhibe una amplia gama de títulos en las pistas, además, Premio Estatal del Deporte en el 2020 y Premio Municipal en el 2021.

El Congreso del Estado votó por el piloto. A diferencia de los otros 3 perfiles, Cordero de Ávila figura en la actual administración, como un influyente proveedor de vehículos para distintas fuerzas de seguridad. Pese a que la Oficialía Mayor se mantiene reacia a no brindar informes acerca de las transacciones, se ha expuesto que la empresa 399 Proyect Development, de la que es socio, junto con sus padres, ha acaparado diversos contratos en la venta de patrullas y conversiones de vehículos a patrullas, para el gobierno estatal y diversos municipios en la entidad.

Cordero de Ávila, con su empresa 399 Project, el último contrato que recibió fue de 2 millones 349 mil 988 pesos, por tres vehículos para la Coordinación Estatal de Protección Civil. Logró 4 millones 560 mil pesos por parte del alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, en la compra de 4 unidades para las fuerzas municipales. Se las adjudicaron en forma directa. Otros contratos que la empresa del piloto galardonado ha recibido, es por la venta de carros equipados para la Guardia Civil Estatal o escoltas de funcionarios estatales. El oficial mayor, Noé Lara, con su oscura conducta, ha ocultado la cifra millonaria que otorgó por los convenios. Cordero de Ávila acaparó un contrato más con el edil del Verde Ecologista de Ciudad Fernández, Marcos Jasso. Se desconoce el monto.

En otros estados, la firma de Cordero de Ávila, tiene un negro historial por incumplir contratos. Fue investigad por la venta de patrullas con sobreprecios hasta del 400%.  Sus estrechas relaciones con Gallardo Cardona, le valieron para que el Congreso del  Estado, lo haya premiado. En la entrega de la condecoración, que tuvo lugar en el pleno del poder legislativo, como si fuera un acto de compraventa, acudió en lugar del mandatario, Noé Lara, quien le entregó en la mano el premio, símbolo fehaciente de las boyantes relaciones comerciales, no tanto deportivos.

Incluso en un acto que levanta más sospechas sobre un supuesto favoritismo para que el piloto se hiciera de la presea Plan de San Luis, en el auto con el que participa Cordero de Ávila se exhibe el logo de su empresa 399 Tactical, junto al emblema del gobierno del estado, el cual hace juego con logos de diversos patrocinadores.

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Algunos legisladores federales electos, cargan con negro historial

Juan Pablo Moreno Guzmán

El mapa político después de las elecciones está definido y los representantes en el congreso de la unión están identificados, algunos tienen un historial lleno de observaciones por el mal desempeño que tuvieron en otros cargos, como el dos veces edil de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, quien se caracterizó por ser opaco y arbitrario en el manejo de los recursos públicos en un sexenio. O el del aun alcalde de Matehuala y ex diputado local, Alejandro Segovia Hernández, que en las distintas evaluaciones, fue calificado con el peor desempeño.

En el distrito 1 con cabecera en Matehuala, se coló el abanderado de la coalición Verde, Partido del Trabajo y Morena, el alcalde con licencia, Alejandro Segovia Hernández. Obtuvo 73 mil 830 votos, que representan el 45.01% del total de las preferencias. Su más cercana contrincante fue María Sara Rocha Medina, empujada por los partidos PAN, PRI, PRD. Logró 56 mil 340 votos, equivalentes al 34.3%. Segovia logró el triunfo con 17 mil 490 votos de ventaja. Ocupa por primera vez una curul en el congreso de la unión. Antes fue diputado local en la anterior legislatura, considerada la más corrupta. Como otros cómplices, utilizó empresas fantasmas o fachadas para cobrar apoyos sociales, que terminaron en sus bolsillos.

El organismo Ciudadanos Observando expuso que Segovia Hernández, mientras se desempeñaba como diputado local, resultó un infractor, generó un conflicto de intereses al cobrar facturas de gasolina como “Apoyos legislativos” a su misma empresa que se llama Servicios Poca Luz. Fue tildado de cínico, ya que se auto compró combustible para recorrer 10 mil 970 kilómetros. En las evaluaciones que hizo al poder legislativo el litigante José Mario de la Garza, a través de la instancia, Congreso Calificado, Segovia siempre consiguió las notas más bajas o salió reprobado.

En el primer balance ocupó el último lugar y logró un -1.3. En la segunda, mejoró con una décima, lo que lo colocó otra vez en el último sitio del congreso con una calificación de -1.2, derivado de no haber presentado ninguna iniciativa ni un punto de acuerdo. En otra oportunidad recuperó terreno y alcanzó -0.6. En la penúltima evaluatoria, Segovia dejó los olvidados peldaños, ya que dejó de ser el peor evaluado. Ahora lo superó el diputado de Cerritos, Gerardo Limón Montelongo, que se fue a la cola. Segovia abandonó el sótano no por haber mejorado los números, su calificación se mantuvo en -0.6, sólo que su entonces correligionario lo superó en el pésimo desempeño. En la última nota ocupó el sitial 22 con un 0.5, el mejor puntaje en 3 años de desempeño legislativo.

En el segundo distrito con cabecera en Soledad, en una cerrada contienda, se impuso Juan Manuel Navarro Muñiz, abanderado del Verde Ecologista que obtuvo el 34.6% de las preferencias con 68 mil 54 votos. Su más cercana adversaria fue Marianela Villanueva Ponce de la coalición “Sí por San Luis”, PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular que obtuvo 65 mil 430 votos, equivalentes al 33.3%. Ante la poca diferencia entre el primero y segundo lugar, señaló que impugnará los resultados debido a que hubo errores aritméticos en el conteo final y la diferencia es menor al 1.5%, lo que ameritó la reapertura de todas las casillas para un nuevo reconteo.

A menos que hubiera un anuncio adverso por parte de las autoridades electorales, Juan Manuel Navarro Muñiz será el representante del distrito 2 en el congreso de la unión. En las elecciones del 2018 buscó la curul en el congreso local por el distrito 5, perdió contra la candidata del Partido del Trabajo, Paola Arreola Nieto, que ahora será regidora en el próximo ayuntamiento. Muñiz llega sin el mínimo conocimiento como legislador. A la sombra de sus jefes fue director de desarrollo social en Soledad. En el periodo que Ricardo Gallardo Juárez fue alcalde de la capital, fue director de infraestructura y fortalecimiento municipal. En ambas administraciones se caracterizó por la poca o nula transparencia de los recursos que manejó.

En el tercer distrito con cabecera en Rioverde, en una competencia fratricida que ameritó la apertura de casillas y reconteo de votos, se impuso por solo 615 votos el abanderado del Verde, PT y Morena, Kevin Ángelo Aguilar Piña, quien obtuvo el 42%, equivalentes a 67 mil 168 votos. Su más cercano adversario fue el diputado con licencia que busco reelegirse, Óscar Bautista Villegas, quien alcanzó 66 mil 553 votos, el 41.6% de las preferencias. Se rompió la hegemonía del ex dirigente estatal de la CNC, después de 12 años de alternar la curul local y federal.

El último escándalo donde jugó un papel protagónico se dio en el 2017. En el congreso local se le vinculó junto con otros legisladores y ex funcionarios de la Auditoria Superior del Estado al extorsionar con cantidades millonarias a alcaldes con la promesa de limpiarles las cuentas públicas. Aguilar ocupa por primera vez una diputación. Antes se desempeñó como delgado de los programas del bienestar en la zona media. Tras los manejos arbitrarios dentro de Morena y la imposición de perfiles, Aguilar, junto con sus jefes, Gabino Morales y Leonel Serrato, se sumaron a las filas Verde Ecologista y al proyecto del ahora gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona.

En el cuarto distrito con cabecera en Valles se impuso Antolín Guerrero Márquez de la coalición, Verde, PT y Morena, quien obtuvo 67 mil 780 votos, equivalentes al 45.5%. Su más cercana competidora fue Xitlálic Sánchez Servín, impulsada por el PAN, PRD y PRI, quien obtuvo 36 mil 736 votos, equivalente al 24.7%. Se dio un rotundo triunfo de dos a uno. Guerrero por primera vez será diputado, antes fungió como director de la clínica del ISSSTE en Valles. En la campaña fue denunciado por supuestos delitos de hostigamiento y acoso sexual. La querella fue presentada ante la Fiscalía General de la República de San Luis Potosí con sede en Valles y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le endilgan además despido injustificado de trabajadores ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

En el quinto distrito con cabecera en San Luis Potosí el ganador fue José Antonio Zapata Meraz del PAN, PRI y PRD, quien obtuvo 89 mil 56 votos, el 49.2%. En segundo lugar quedó Marcela González Herrera del Verde, PT y PRD, que alcanzó 74 mil 19 votos, equivalentes al 40.9%. Zapata fue el único que ganó de la alianza de varios partidos. Antes se desempeñó como diputado local en la actual legislatura. Se distingue de los otros 8 diputados panistas que solicitaron licencia para competir por otro cargo. En la última evaluatoria de Congreso Calificado, en el noveno trimestre, alcanzó un 7, de las notas más elevadas.

En el sexto distrito con cabecera en San Luis Potosí, el ganador fue el alcalde con licencia de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, quien obtuvo 94 mil 32 votos, equivalentes al 56.3%. Lo siguió Dulce Karina Benavides Ávila, del PAN, PRI, PRD, que obtuvo el 30%, equivalente a 50 mil 951 votos. Hernández no sabe nada de cuestiones legislativas. Como edil fue criticado debido al manejo arbitrario de los recursos públicos. Se mostró como un férreo opositor de la transparencia.

En el séptimo distrito con cabecera en Tamazunchale se impuso el abanderado del Verde, PT y Morena, Christian Joaquín Sánchez, quien obtuvo 87 mil 977 votos, que representan el 44.5%. Su más cercano rival fue Marcelino Rivera Hernández del PAN, PRI, PRD, que alcanzó 59 mil 620 sufragios, equivalentes al 30.2%. Sánchez fue antes regidor y alcalde de Tampacán. En dos ocasiones estuvo en el congreso local con las siglas del PRI. Es hijo del ex dirigente de la sección 26 del magisterio, Crisógono Sánchez, que junto con su cónyuge, Nora Hilda Sánchez, fueron acusados del feminicidio de la ex secretaria del también ex legislador local, María de Lourdes Cárdenas Galarza. El crimen pasional jamás fue castigado.

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La tiranía de las mayorías y el pataleo de los diputados de Morena

Para justificar su inexperiencia y disfrazar sus evidentes divisiones internas, los diputados y diputadas de Morena dramatizan y se hacen los ofendidos. No pudieron ganar la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado y ahora denuncian un supuesto “agandalle”, “un robo artero”, “una vil traición” cometidos presuntamente por sus propios compañeros de legislatura. Arguyen que había un acuerdo político para que en el último año de la LXII LEGISLATURA, los morenos se quedaran con la presidencia. Pero no aceptan que por su torpeza, fracturas internas y por proponer a una diputada que no contaba con el consenso del resto de los legisladores cavaron su propia tumba. Al explicar su derrota omiten hacer un mínimo de autocrítica.

En el clímax de su histeria han amenazado con acudir ante autoridades jurisdiccionales para denunciar el imaginario atropello.

Los legisladores de Morena tienen todo el derecho de inconformarse, de rasgarse las vestiduras, están ejerciendo su derecho al pataleo. Pero más allá de la catarsis que se expresa a través de descalificaciones, amenazas y teorías del complot, la dura realidad es que fueron derrotados en buena lid y con base en la ley. Poco podrán hacer para revertir una decisión ya tomada por la mayoría de las y los diputados. Sus arrebatos de ira pueden ayudarles a expulsar la bilis que envenena su alma, pero están condenados al fracaso. Palo dado ni Dios lo quita. Consummatum est.

A los legisladores devotos de la Cuarta Transformación se les olvida que la regla de oro en la democracia es la voluntad de las mayorías. Y así fue como resultó electa la diputada Vianey Montes Colunga (del PAN) y derrotada la candidata de Morena, la diputada Alejandra Valdez Martínez. Los números de la elección son contundentes y no dejan lugar a dudas: Montes Colunga obtuvo 17 votos en tanto que Alejandra Valdez sólo consiguió 8 sufragios. Así funciona la tiranía de las mayorías.

En este episodio de la vida parlamentaria se puso en evidencia una vez más la incapacidad del diputado Edson Quintanar quien como operador político dejó ver sus limitaciones. No pudo con el paquete. También fuimos testigos de la falta de respeto al Poder Legislativo por parte del representante del presidente López Obrador para los programas sociales, el célebre Gabino Morales, quien eructando frustración y actuando como oficioso coordinador parlamentario de Morena se subió a la tribuna de las descalificaciones afirmando que los diputados “fueron gandallas”. Y por más que haya dicho que hablaba como “ciudadano” y no como funcionario, es de camaleones que quiera despojarse de la investidura que le acompaña como representante del gobierno de la república. Su conducta fue pendenciera al adjetivar a los diputados. Se le olvida al súper delegado que el Congreso del estado es un poder autónomo que se rige por sus propias reglas. Nada justifica que un funcionario federal de primer nivel se entrometa de manera imprudente, así sea discursivamente, en la vida interna de un poder del estado. No es una buena señal que un funcionario de su alcurnia ande de picapleitos.

Por otro lado pudimos por enésima ocasión confirmar el caos que impera en Morena. La ausencia de acompañamiento y coordinación entre Edson Quintanar y Sergio Serrano (presidente estatal de éste partido) así lo evidenciaron. Nunca se pusieron de acuerdo para sacar adelante la elección de la diputada Alejandra Valdés. Es proverbial la pugna que hay entre estos dos líderes. Confrontación que además es promovida y festejada por el propio Gabino Morales.

En fin, como dijo el clásico: “Haiga sido como haiga sido” el resultado es que Morena sufrió una derrota política.

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Los diputados locales, ofenden a los ciudadanos

Los diputados locales de la actual legislatura, sorprenden con su opacidad, omisiones y dolo. Lastiman, laceran y agravian a los potosinos, por la impunidad, acompañada de corruptelas en todos los niveles. Lo más ofensivo es que los responsables de ejercer y aplicar la ley, no lo hacen. Pasan por alto y de manera clara el atropello, les vale, cuando juran cumplir y hacer cumplir la ley.

Nuestros flamantes diputados atentan contra la inteligencia de los potosinos al actuar de manera facciosa y dolosa, en referencia a lo más reciente, los manejos indecentes de una alcaldía recién saqueada. Aunque es un fenómeno que se arrastra desde antes, con desvíos de recursos públicos en todos partes. Hay funcionarios que se hacen ricos de la noche a la mañana, como si fuera un acto de magia, con la práctica de taparse los unos a los otros, al cabo que pueblito paga.

La llamada «gallardía”, se estima que cometió saqueos que superan los mil millones de pesos. Tuvo cientos de observaciones y no pasa nada, no obstante las múltiples denuncias interpuestas por el ayuntamiento y la ciudadanía. Hace poco, en el ámbito de los diputados, llegaron varias peticiones de juicios políticos sobre algunos servidores públicos. Los diputados son los indicados para determinar si procedían o no.

En forma sorpresiva, desecharon por improcedente, la petición de juicio político contra el anterior munícipe, Ricardo Gallardo Juárez, sobre el que pesan incontables observaciones de un ente como es la Auditoria Superior de la Federación. Aluden a corruptelas. Para los diputados no fueron suficientes los argumentos que exigen juicio político. Se lavaron las manos al señalar que la petición estaba fuera de tiempo, que ya prescribió.

Y como decían en un programa, caso resuelto, caso cerrado. Las comisiones de gobernación y justicia, por mayoría, lo declararon improcedente. Todos estuvieron de común acuerdo. Solo resta decir a los “representantes populares”, que existía un interés colectivo. Deben sopesar si Gallardo incurrió en omisiones que afectaron el erario. Analizar si violentó de manera sistemática la ley.

Si cometió desfalcos millonarios, si lesionó los derechos humanos. Por lo visto, ya empezó el rejuego político. Afloran los intereses del fuego no tan amigo, las ambiciones, los acuerdos de facto. Es inconcebible, le dieran entrada a otra petición de juicio político contra el alcalde Xavier Nava, en funciones, y al saliente lo protegen. O todos coludos o todos rabones.

Señores diputados, hay que tener más decencia, algo de ética. No se olviden que también son ciudadanos. Lo que decidan como representantes, repercute en lo social. Es cuánto. Solo una reflexión adicional. En un examen de química, plantean, ¿cuál es la diferencia entre disolución y una solución? El alumno más avanzado contestó, si meten a dos políticos (diputados) en un tinaco de ácido, se disuelven. Es una disolución. ¡Pero si los metemos a todos, sería una solución! Hasta la próxima.

 

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Diputados federales: altos salarios, bajo rendimiento

En campaña, se esfuerzan por ser conocidos. Ya cuando ocupan una curul, casi nadie sabe lo que hacen. Pareciera el caso de los 14 diputado federales que representan San Luis Potosí, que tienen ingresos mensuales de 74 mil 538.74 pesos. Más apoyos económicos de 45 mil 786 pesos por concepto de asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos por concepto de atención ciudadana, lo que daría un total de 150 mil pesos. Ganan mucho, pero su desempeño legislativo es bajo, según la bitácora consultada hasta la última semana de mayo. Destaca la priista ex alcalde de Real de Catorce, Sara Rocha Medina, que solo ha presentado una iniciativa individual. Sobresale por faltista el ex perredista y ahora independiente Ricardo Gallardo Cardona, quien por andar en abierta campaña por la gubernatura en San Luis, se ha ausentado en 34 ocasiones. Es el mismo caso de la perredista Guadalupe Almaguer Pardo, quien tiró el arpa en 48 ocasiones. El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Lenin Nelson Campos Córdova se ha ausentado al momento de votar iniciativas 50 veces. El representante de Morena por el distrito 4 de Valles, Ricardo del Sol, en lo individual, solo ha presentado una iniciativa, que fue turnada a comisiones. El ex diputado local y ex dirigente de la CNC, Óscar Bautista Villegas, pasa desapercibido. No obstante, hace proselitismo para regresar a la curul local. Tiene 9 años consecutivos en la nómina. Se pone como meta, juntar decenas de millones de pesos, que complementa como boyante horticultor en su ostentoso invernadero El 17.

Los datos se exhiben en la página del congreso. Cualquier ciudadano puede seguir a detalle al que le otorgó la confianza para que lo represente. El distrito uno tiene como cabecera Matehuala, Ahualulco, Real de Catorce, Charcas, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Salinas, Santo Domingo, Vanegas, Venado, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos. Lo representa Sara Rocha. Obtuvo el cargo por mayoría relativa, coaligada con el Verde Ecologista y Nueva Alianza. Ostenta una especialidad en derecho penal. En 1995-97 fungió como alcalde en Real de Catorce. En 2003 también fue diputada federal. Ahora es dirigente del comité municipal de su partido en la capital. Mostró un total de 24 iniciativas de las cuales 16 fueron en sentido adherente, 2 de grupo parlamentario y 6 propias. Una fue desechada, 5 se retiraron y 17 se encuentran pendientes. La única que pasó la hizo el grupo parlamentario. Fue un tema de justicia. Establece como obligatorio que los centros penitenciarios cuenten con un registro de personas con más de 60 años que incluyan condiciones de salud, alimentos, apoyos y ubicación para garantizar el respeto a sus derechos humanos. Rocha ha presentado 127 propuestas o puntos de acuerdo, de los cuales 125 los hizo con el grupo parlamentario y solo 2 en lo individual. Exhortó al ejecutivo federal a que los contratos de obras públicas y servicios que celebren las dependencias, se apeguen a las disposiciones reglamentarias de la materia y se contraten por el método de licitaciones públicas. En lo correspondiente a votaciones en el pleno, no lo hizo en 29 ocasiones debido a que se ausentó. Hasta marzo mostró dos inasistencias justificadas. El segundo distrito federal con cabecera en Soledad, lo integran Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Zaragoza. Es donde resultó electo Ricardo Gallardo Cardona por mayoría relativa.

En la página institucional no aluden a su currícula. Forma parte de las comisiones de deportes, ganadería, presupuesto y cuenta pública. Fue coordinador de la bancada del PRD pero luego pactó la entrega de votos a Morena y se proclamó independiente. Se curó en salud al sostener que el PRD había perdido los ideales de izquierda. Ha presentado un total de 43 iniciativas de las cuales 41 fueron en su paso por el PRD. En su nueva faceta lleva dos. Sobre el total, 16 las hizo en lo individual, de las cuales 5 fueron aprobadas, una desechada, 2 retiradas y 8 pendientes. En forma adherente exhibe 3 iniciativas, una retirada y dos pendientes. En grupo parlamentario y con diversas fuerzas muestra 24 iniciativas, de las cuales una fue aprobada, 2 desechadas, 2 retiradas y 19 están pendientes. En lo individual, planteó se inscriba con letras de oro en el muro de honor de la cámara de diputados, la frase «Al movimiento estudiantil de 1968». Además, que el estado garantice el mantenimiento y suministro de los servicios básicos en la infraestructura educativa. Promovió 10 puntos de acuerdo, de los cuales uno se aprobó, 4 fueron desechados, uno se retiró y 4 están pendientes. Como perredista tuvo 8 y solo 2 sin partido. En lo que corresponde a votaciones de iniciativas, no ha participado, ya que se ausentó en 34 ocasiones. Abandonó sus tareas primarias, ya que prefiere ser el alcalde de facto de Soledad, donde inaugura obras, festivales, reparte becas. Siempre lo acompaña el edil títere, Gilberto Hernández Villafuerte. Lo han censurado de hacer campaña adelantada por la gubernatura.

El tercer distrito con cabecera en Rioverde lo conforman Alaquines, Cárdenas, Cerritos, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Guadalcázar, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, San Nicolás Tolentino, Villa de Arista, Villa Hidalgo y Villa Juárez. Es donde resultó electo por mayoría relativa Óscar Bautista Villegas, por el Partido Verde Ecologista de México. Aparece en las comisiones de desarrollo y conservación rural, agrícola y autosuficiencia alimentaria, energía, recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento. En su currícula menciona ser licenciado en agronomía, con maestría en administración. En 2009 fue diputado local, en 2102 federal. En el 2015 formó parte de la que ha sido catalogada como la peor legislatura local, por diversos escándalos de corruptelas, donde jugó un papel capital. Contra todos los pronósticos, se impuso con triquiñuelas a su contendiente del PAN, Jorge Luis Díaz Salinas, también inmerso en desfalcos. Bautista se alió con Gallardo Cardona para buscar la gubernatura en el 2021. Tiene un total de 53 iniciativas registradas, de las cuales 29 las hizo con el grupo parlamentario, 12 con otras fracciones, 9 adherentes y 3 individuales. Le aprobaron tres que hizo con distintos frentes. Se le han retirado 15 y mantiene pendientes 35. En puntos de acuerdo alcanzó 14, de los que 11 fueron en grupo y tres en lo individual. En grupo 4 fueron aprobadas, 2 desechadas y 5 pendientes. En lo individual 5 aprobadas, 2 desechadas y 7 pendientes. Entre los puntos de acuerdos individuales aprobados, Bautista exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en conjunto con las autoridades estatales, diseñen y ejecuten planes emergentes de combate y erradicación de hechos delictivos contra las mujeres. En votaciones se ha ausentado 11 veces.

Por el cuarto distrito aparece con las siglas de Morena José Ricardo del Sol Estrada. Representa la cabecera de Valles, Ébano, El Naranjo, Santa Catarina, San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, Tamuín y Tanquián de Escobedo. En su currícula no aporta datos. Integra las comisiones de ganadería, medio ambiente, sustentabilidad, cambio climático y recursos naturales y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Tiene 17 iniciativas, de las que 16 hizo en conjunto con el equipo parlamentario y una con distintos grupos. Sobre las colectivas, 10 fueron aprobadas y una está pendiente. En lo individual hizo una, que fue turnada como pendiente. Planteó incluir a la soya, el cártamo, canola, girasol y el ajonjolí como productos básicos. En los puntos de acuerdo, presentó 16, con su equipo 12 y una con más grupos. Hizo 3 en lo individual. En los puntos de acuerdo, exhortó a la Secretaría de Economía para que se abstenga de emitir nuevos cupones de importación de carne de pollo. Además, ordenar y vigilar la aplicación y cobro de cuotas compensatorias a las importaciones de piernas de pollo y muslo, resueltas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. La iniciativa fue desechada. También buscó que la Secretaría de Economía se abstenga de emitir resolutivos sobre nuevos cupones de importación y cancelar la vigencia de otros para importar carne de pollo. Además de ordenar y vigilar se apliquen y cobren las cuotas compensatorias a las importaciones de piernas de pollo y muslo, resueltas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. El tema fue retirado.

En otro exhortó a la Secretaría de Economía para que se abstenga de emitir resolutivos sobre nuevos cupos de importación y cancelar los de importación de carne de pollo. Propuso ordenar y vigilar la aplicación y cobro de cuotas compensatorias a las importaciones de piernas de pollo y muslo, resueltas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI). Fue catalogada como pendiente. En votaciones, Ricardo del Sol se ha ausentado 18 ocasiones, como se registró en el segundo periodo extraordinario.

La diputada plurinominal de Morena, Adriana Aguilar Vázquez, en su currículo menciona tener la escolaridad de secundaria y haberse desempeñado como auxiliar administrativa en el sector salud en el 2004 a nivel federal. Es integrante de las carteras de comunicaciones y transportes, derechos humanos y salud. En su labor legislativa, hasta la última semana de mayo, aparece con un total de 28 iniciativas presentadas, de las cuales 15 son del grupo parlamentario y 13 como adherente. No cuenta con ninguna individual. No hizo propuestas personales, registró 13, de las cuales 12 son en grupo y una como adherente En las votaciones se ha ausentado en tres ocasiones.

El legislador Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, que llegó al congreso también por la ruta de la representación proporcional, es pasante en la carrera de contador público. En su trayectoria política menciona haberse desempeñado como auxiliar en la secretaría de jóvenes de Morena en San Luis Potosí. Es miembro de las carteras de deporte, juventud y diversidad sexual, régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. No cuenta con iniciativas en forma individual, aparece en 17 presentadas, 15 como parte del grupo de Morena y 2 de adherente. Ha presentado dos puntos de acuerdo de manera personal, 12 en grupo y una como adherente. Sobre las propuestas, le aprobaron una, otra fue rechazada. Exhortó a los legisladores considerar a las juventudes en su diversidad, características, necesidades y demandas. Las nuevas leyes o reformas deben ser los mecanismos para aumentar la cantidad y calidad de oportunidades. Tiene 30 ausencias en las votaciones.

También se coló por Morena, Martina Cázares Yáñez, que fue consejera estatal del 2015 al 2018. Fue auxiliar de desarrollo agropecuario en Alaquines de 1997 a 1998. Pertenece a las carteras de desarrollo y conservación rural, agrícola y autosuficiencia alimentaria, radio y televisión. Presentó 15 iniciativas con el grupo parlamentario. Ninguna individual. En puntos de acuerdo exhibe 14 de los cuales 12 son de colectivas. Una adherente y otra como proponente. La individual fue desechada. No ha votado en 38 ocasiones.

También está Lidia Nallely Vargas Hernández. Pertenece a las comisiones de juventud y diversidad sexual, protección civil y prevención de desastres, régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. Hizo una carrera técnica. En su labor legislativa ostenta 31 iniciativas, 15 adherentes y 16 en grupo. Ninguna individual. Hizo 15 propuestas. Una con diversos grupos, 12 parlamentarias y dos como proponente. Una fue desechada y otra aprobada. Conminó a sus compañeros, considerar a las nuevas generaciones para generarles horizontes de empleo. Sólo ha votado una vez, aunque se encontraba en el pleno. Otra diputada más es María Luisa Veloz Silva. Pertenece a las comisiones de cultura y cinematografía, justicia, trabajo y previsión social. En su desempeño legislativo ostenta 21 iniciativas, ninguna en forma individual. En puntos de acuerdo juntó un total de 13. Nada en lo individual. Ha faltado en 10 votaciones.

Por el quinto distrito con cabecera en la capital potosina, obtuvo la curul de mayoría relativa, la panista Josefina Salazar Báez, que perteneció a la legislatura local en el periodo 2015-2018. Fue consejera local y federal de 2013 al 2018. Sumó 117 iniciativas presentadas, de las cuales solo hizo tres en lo individual, el resto con el grupo parlamentario y otros partidos. Sobre las que empujó, una fue retirada y dos están pendientes de resolverse. Expuso un proyecto de decreto para reformar el artículo sexto de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Un decreto que adiciona los artículos 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No ha realizado un punto de acuerdo en lo individual. Con el grupo parlamentario exhibe 23. Al votar las iniciativas, no lo hizo en 16 ocasiones, ya que se ausentó del pleno.

Por el sexto distrito ocupa la curul la perredista Guadalupe Almaguer Pardo, quien no aporta nada a su currícula. Pertenece a las comisiones de gobernación y población, igualdad de género y seguridad pública. Exhibe un total de 41 iniciativas, de las cuales 9 fueron adherentes, 23 con su bancada, una con diversos grupos y 8 en lo individual. Se aprobó una en grupo donde plantea incluir al presidente de la república como sujeto de responsabilidad en conductas que puedan ser constitutivas de delitos de corrupción. Tiene dos en puntos de acuerdo. Uno en lo individual, que fue aprobado. El otro quedó pendiente. Propuso que la Fiscalía General de Oaxaca agote las investigaciones que permitan detener y procesar a los responsables del homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín. Pide al encargado del despacho de la Fiscalía General de la República, analice ejercer su facultad de atracción del caso Cruz. En votaciones de iniciativas estuvo ausente en 48 ocasiones. Su eficacia es de las más bajas. Alcanzó el cargo gracias a que se subordinó a Gallardo Cardona, del que renegó cuando dio el bandazo al Verde Ecologista. El huasteco Marcelino Rivera Hernández, del PAN, obtuvo la curul por el séptimo distrito con cabecera en Tamazunchale. Se completa con Aquismón, Tancanhuitz, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Tampamolón, Tanlajás, Axtla de Terrazas y Xilitla. Es licenciado en derecho. Fue secretario del comité estatal durante 2008-2011 y 2015-2018. Fue presidente municipal de San Martín Chalchicuautla de 2012-2015. Pertenece a las comisiones de asuntos frontera sur, desarrollo y conservación rural, agrícola y autosuficiencia alimentaria y pueblos indígenas. Consigna 109 iniciativas con el grupo parlamentario y distintos partidos. Fueron aprobadas 4, desechadas 2, retiradas 12 y 91 pendientes. En lo individual no ha propuesto una sola iniciativa. Presentó un punto de acuerdo que está pendiente de resolver. Conminó a diversas secretarías de estado a establecer mesas de trabajo con organizaciones sociales y productivas, para atender y resolver la problemática que enfrenta el campo mexicano. En equipo parlamentario o con otros grupos ostenta 24 iniciativas de las que 8 fueron aprobadas, 11 desechadas y 5 pendientes. Al votar los decretos faltó 6 ocasiones.

En la vía plurinominal aparece el ex dirigente del PAN, Xavier Azuara Zúñiga. Antes estuvo en el congreso federal en el periodo 2012-2015. En la legislatura local en el 2009-2012. Ahora está en las comisiones de presupuesto y cuenta pública, recursos hidráulicos, agua potable, saneamiento y vivienda. Muestra 113 iniciativas, de las cuales, 33 son del equipo parlamentario, una con otros grupos, 77 en forma adherente y dos individuales, que están pendientes. Propone actualizar las fórmulas de asignaciones. Establecer el porcentaje 3.2 de acuerdo al monto equivalente de la recaudación federal, precisar el monto fijo en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Modificar el uso e implementación del Impuesto Sobre la Renta. Erradicar la obligación que tienen de pagar las personas físicas, correspondiente al 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por entes morales residentes en México.

No presentó un punto de acuerdo. Pero mostró 25 junto con el grupo parlamentario, de los cuales 11 se desecharon, 7 están pendientes y 7 se aprobaron. Al votar se desapareció en 17 ocasiones. Por la vía plurinominal del PRI, se coló el dirigente estatal de Antorcha Campesina, Lenin Nelson Campos Córdova. Asumió el liderazgo de su corriente desde el 2006. Ocupa las comisiones de cultura y cinematografía, economía social y fomento del cooperativismo, recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento. Hay 38 iniciativas, de las cuales 2 fueron de la bancada y 36 con otros grupos. En lo individual no ha propuesto ninguna iniciativa. Acumula 143 puntos de acuerdo de las cuales solo 3 son de carácter proponente, el resto lo hizo en grupo. Las propuestas fueron turnadas a pendientes. Campos Córdova no votó en más de 50 ocasiones.

La lista se completa con la ex directora nacional del Seguro Social-Prospera, Frinné Azuara Yarzabal. Es la primera vez que consigue una curul. Pertenece a la comisiones de economía social y fomento del cooperativismo, pueblos indígenas y salud. Muestra 39 iniciativas, de las cuales una fue del grupo parlamentario, 37 adherentes y una individual. Está pendiente de resolver. Hubo 150 propuestas globales. En una exhortó a la Secretaría de Salud para que en las 32 entidades federativas, fortalezcan sus acciones para prevenir y atender las enfermedades respiratorias a consecuencia de la temporada de fríos. En otro solicitan al titular del poder ejecutivo, detener la caída del Seguro Popular, respetar el pacto federal para el funcionamiento de los sistemas estatales de salud y que se abstenga de centralizar los recursos públicos del ramo. Le pide al secretario, Jorge Alcocer, aclare los objetivos para transformar el sistema nacional, en apego al marco jurídico constitucional vigente. Se abstenga de injuriar y denostar a las instancias estatales, ya que genera alarma al anunciar una crisis inexistente. Se ausentó en 16 votaciones de decretos.

 

 

 

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Marcelina Oviedo revela corruptelas en el Congreso

La ex oficial mayor del congreso, Marcelina Oviedo Oviedo, afirmó que el motivo real de su salida fue haberse convertido en un estorbo para las simulaciones y corruptelas que se cometen dentro del congreso del estado. El argumento esgrimido por los diputados de que le perdieron la confianza, fue solo un pretexto para correrla. Detalló su estancia en el poder legislativo. La propuesta de ocupar el cargo se la hizo el presidente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano y otros militantes. Le costó decidirse ya que iba descuidar su constructora que maneja desde hace más de 8 años. Además, ocupar un cargo en la burocracia, no era lo que buscó en su trayectoria. Aceptó convencida de que podía contribuir al cambio desde un puesto administrativo. “Soy una persona de convicciones. Creo que la fidelidad es un asunto muy importante. Pertenezco y soy fiel a Morena. Si la oferta no sale del partido, no me hubiera interesado. Confío plena en Serrano. Es una persona honorable, quien diga lo contrario, que lo demuestre”.

Dijo que no llegó como una improvisada en el manejo de recursos humanos y materiales, ya que son parte de las tareas que hace en su negocio y como ingeniera agrónoma fitotecnista. Tampoco fue un impedimento como lo quisieron hacer ver algunos diputados, cuando resultó incomoda. “Antes de ser elegida, revisaron las currículas de los aspirantes. Cubrí todos los requisitos que exigían como tener un título, cédula profesional y experiencia. Me eligieron por mayoría. Hubo en el momento un antecedente. Antes de cualquier cuestionamiento, debieron considerar que el mismo cargo en el gobierno estatal lo ocupaba otro agrónomo, Elías Pecina, mi compañero de generación”. El primer incidente que enfrentó fue cuando rechazó recibir dinero para gasolina. Partida que se les quitó a los diputados a finales de la pasada legislatura, pero en la actualidad la mantienen directores y coordinadores con el aval de la Junta de Coordinación Política. Los montos oscilan entre los 2 mil 500 a 5 mil pesos mensuales”.

“En octubre del 2018, durante una asamblea de la Jucopo, la coordinadora de finanzas, Martha Elva Zúñiga, hizo la propuesta de que se otorgaran los fondos. Algunos diputados aceptaron. Les dije en el momento que no, ya que me pagaban muy bien. Me dijeron que tenían muchas necesidades y gastos. Noté cierta molestia a mi negativa y accedí. Se tomó el acuerdo y fue aprobada la partida. Cuando van por parte de finanzas para que firme el cheque, les reitero que no estaba de acuerdo y no lo tomé. Fue el parteaguas para que empezaran a cuestionarme y encontrar inconsistencias en mi perfil académico. Como como oficial mayor asistía a las reuniones de la Jucopo, donde no voté. Solo escuchaba, escribía, informaba del funcionamiento de las áreas a mi cargo. Recibía instrucciones para ejecutar las decisiones que se tomaban”.

Los dos incrementos que se autorizaron los diputados para asesores personales, añade, fueron para compensar la baja salarial que obliga la ley, ya que no pueden ganar más que el presidente de la república ni el gobernador. “A finales de octubre y principios de noviembre, el coordinador de los diputados del PAN e integrante de la Jucopo, Rolando Hervert Lara, propuso que de 40 mil pesos autorizados para los asesores personales, se subiera a 60 mil, con retroactivo al primer día de la legislatura. Se aprobó el gasto. Cada diputado cuenta con 2. Se les pidió no incrementar la nómina. Como máximo, podrían tener 3 gentes. Al final de la asamblea, hablé con el coordinador, Edson Quintanar, que es de mi partido. Le manifesté que no me parecía correcto sangrar el erario. Contestó que en realidad, sus asesores trabajan mucho y que era pertinente el incremento. Intenté persuadirlo, pero ya habían decidido”.

Antes de disminuirse el salario, los diputados percibían, netos, 115 mil pesos mensuales. Como López Obrador se impuso 108 mil pesos y el gobernador Juan Manuel Carreras 105 mil, acordaron bajarse la paga a 104 mil 500. Es decir, 10 mil 500 pesos menos. Pero todo fue en apariencia. “En algún momento, en una cita de la Jucopo, Martha Elva Zúñiga les dijo a los diputados: ustedes perdieron 10 mil 500 pesos en aras de la austeridad republicana, para estar abajo del salario del presidente. Les propongo recuperar el dinero. Se los voy a dar a través de asesores. Algunos diputados externaron que la treta se podría descubrir. Entonces les dice que sabe cómo hacerlo. Lo puede manejar de manera que no se note y los diputados aceptan”.

“Al concluir la cita hablé con Quintanar. Le dije que actuaron de manera incorrecta. No podemos simular ante el pueblo, tienes que recordar cuánta gente votó para que llegara Morena. Fue por la esperanza. ¿En qué momento le dimos la puñalada? Por delante decimos que nos quitamos el sueldo y por abajo recuperamos el dinero. No puede ser. Se justificó con que tenía muchos gastos, pues apoya a su comunidad. En la discusión, trató de convencerme de que estaba en lo cierto. Le insistí que no. Como vi que no había manera de que rectificara, le pedí, informara a los demás diputados de Morena lo que aprobó. Repitió que los 10 mil 500 pesos eran para asesores. Le aclaré que exigieron les regresaran el efectivo que les quitaron. Son simulaciones. Se llama corrupción”.

Oviedo precisó que en otro encuentro, el legislador de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos, tocó el tema. Propuso que en lugar de 10 mil 500, les entregaran 20 mil pesos. Si en algún momento hay revisiones, sería muy obvio les regresaran por el gasto de asesores, la misma cantidad que se habían rebajado del salario. Los demás diputados aceptaron. “Cuando deciden que sean 20 mil, ya me sentía parte de la misma corrupción. No pude convencer a Quintanar de que lo aprobado no era honesto. Como presidente de la Jucopo, debió negarse, aunque todos los demás hubieran dicho que sí. No supe luego de los acuerdos entre diputados y asesores para repartirse el concepto. Quintanar está convencido de que la corrupción tiene otro nombre. Igual que otros integrantes de la Jucopo, no informaron al resto de los legisladores de los acuerdos que se toman. Lo pude constatar”.

La ex oficial mayor aseguró que se convirtió en un impedimento para que diputados y directivos se repartieran los 15 millones de pesos que quedaron sin ejercer en el 2018. Una gran parte corresponde a los ahorros que se obtuvieron por compras eficientes y haber implementado medidas de austeridad republicana. “Si hubiera faltado en el momento, encuentran algunas partidas para repartirse el dinero. Como pasó cuando se autorizaron la gasolina para los coordinadores y los aumentos a través de los asesores de 40 a 60 mil y de 60 a 80 mil. Yo firmaba los cheques, ni modo que no me diera cuenta. Nos tenían que incluir, pero no quise ser parte de la corrupción”.

Añadió que la coordinadora de finanzas, Martha Elva Zúñiga, cuando le preguntaba cuántos recursos les quedarían sin gastarse al final del ejercicio del 2018, siempre encontraba pretextos para no darle informes. Una vez le dijo que podrían ser 6 millones, porque había varios gastos por cubrir. Al saber que el archivo del congreso se encuentra en pésimas condiciones, dividido en varias áreas, que se rentan dos estacionamientos para los vehículos y que el personal en la sede de Vallejo está amontonado, se le ocurrió que con el remanente podría comprar un terreno y construir un edificio. Se lo planteó a los integrantes de la Jucopo y aceptaron. Empezó a buscar un predio cerca del congreso. Logró ubicar uno que ofrecían en 2 millones 400 mil pesos. En noviembre, ante la insistencia de un legislador, Zúñiga les informó que quedaban 12 millones de pesos, por lo que se confirmó en otra reunión de la Jucopo, que los recursos se destinarían para el edificio y necesidades del área de sistemas. Se consignó el resolutivo en una acta. El monto final quedó en 15 millones de pesos.

Como no les alcanzó el tiempo para concretar la compra del edificio, los fondos se regresaron en tres cheques a la secretaría de finanzas, que los devolverá al poder legislativo cuando se entreguen los documentos de cómo se aplicarán. Oviedo afirmó que su propuesta para que los 15 millones se destinaran a otro inmueble, con el tiempo iba a arrojar ahorros en rentas y un mejor funcionamiento. Fue un duro golpe para algunos diputados porque se impidió el reparto. Pero se convirtió en una de las causas de su salida. “No aguantaría 3 años. Era un estorbo”. Indicó que durante sus gestiones logró mantener el mismo costo en los contratos de 2 arrendamientos de inmuebles que paga el congreso y bajar el precio del seguro de vida de los legisladores. Se mantuvo la misma cifra del seguro de los edificios. Se incrementó en 300 mil pesos el seguro de gastos médicos mayores para diputados y funcionarios, porque la obligaron a contratarlo con la misma aseguradora. Trabajó con una gran parte de los proveedores que como oficial mayor tuvo la hoy diputada Beatriz Eugenia Benavente González, porque no le aumentaron los precios o incluso se los bajaron.

La ex funcionaria reveló que su persistencia con la aseguradora GNP, para que redujera el incremento de 300 mil pesos sobre los costos que ofreció en el 2018 en el esquema de gastos médicos mayores, fue el pretexto público que usaron los diputados para destituirla. “En noviembre acudió la representante de la aseguradora a ofrecerme el servicio, porque la póliza vence en diciembre. Me dijo que va costar 2 millones 454 mil 566 pesos, más de 300 mil pesos extras de lo que se pagó en 2018, que fueron 2 millones 100 mil pesos y fracción. Me pareció alto y le pedí que me entregara la siniestralidad. Una de las causas por las que aumenta, es debido a la demanda en el servicio. Lo hice para respaldarme y tener un argumento si la auditoria o cualquier otra persona cuestiona más adelante por qué se pagó tal precio. Le dije que estaba de acuerdo en contratarlo, pero que necesitaba el dato. Se lo solicité en forma verbal y por teléfono. Me decía que sí, que trabajaba en el tema. Me lo entregaría en una semana. Pero no cumplió”.

“En diciembre, en una asamblea del pleno, los diputados Mauricio Ramírez Konishi, que es secretario de la Jucopo y Rolando Hervert, que también forma parte de la instancia, me abordaron. Me indican que debo contratar el seguro. Les pido que me esperen, para que me den la siniestralidad. Ya con el dato, puedo cotizar con otra empresa y tal vez consigamos un mejor precio. Me dicen que no, porque Beatriz Benavente requería una cirugía rápida y debía comprarse ya. Vuelvo a presionar a la aseguradora. Tenía el antecedente que cuando se planteó comprar con GNP en una cita de la Jucopo, el diputado Govea sugirió cambiar a otra, ya que cuando requirió un servicio especial, lo atendieron pésimo. Medité que si bajaba el costo con otra empresa, quedo bien con el quejoso, el congreso y cumplo con mi chamaba”.

“Pero un día se presentó en mi oficina Ramírez Konsihi con un escrito firmado por Quintanar donde se me ordena contratar el seguro con GNP y con equis agente de ventas. Se compra. Me siento mortificada porque si revisan el trámite, no hubo otra cotización. No puedo justificar que hice lo correcto. Se me ocurrió pedir la siniestralidad a GNP a través de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es una mediadora. Me citan con la contraparte. No me presento, porque no tengo atribuciones. Lo hice como una medida de presión para ver si me daban el dato. No seguí el trámite en la Condusef. Hasta mi salida, GNP no entregó los informes. Mi pregunta es ¿por qué no la dio, qué oculta la aseguradora, cirugías plásticas, qué guarda? La empresa está obligada a dar el dato. Además, en la siniestralidad, no vienen los nombres de los usuarios, solo los servicios prestados”.

“Ignoro lo que esconde GNP junto con Beatriz Benavente, quien la contrató. El episodio sirvió a los diputados para decidir mi salida. Lo procedente era amonestarme, una advertencia para que no se volviera hacer. No tuvo sentido que me despidieran por querer cuidar el dinero del congreso”. Marcelina Oviedo rechazó las acusaciones en su contra de tratar con despotismo al personal del congreso. Aseguró que nunca tuvo ninguna diferencia con los empleados. El trato fue siempre fue cordial y respetuoso. Siempre mostró la misma actitud con la que se conduce en la vida personal. Otra falla que encontró y combatió fue la concentración del dinero para materiales y suministros en el congreso. Está en manos de la subcoordinadora de asuntos internos, América Loera, que controla todas las salidas y entradas en los almacenes. Tiene bajo su resguardo, 14 automóviles utilitarios del poder legislativo”.

Oviedo realizó las solicitudes de los insumos que se necesitaban, los compró y Loera los distribuía. “Por sentido común, uno sabe que ni todo el dinero ni todos los recursos materiales se deben concentrar en una sola persona, porque se corre el riego de perversiones. El congreso renta dos estacionamientos, uno para los carros de los diputados y otro para 14 automóviles y 2 motos que se denominan utilitarios. Un día acudí a la pensión a revisar. Solo estaban 10 carros, faltaban 4 y las dos motocicletas. Pregunté a la encargada y me dijo que siempre había 10. Le pagaban 14 para que los mantuviera limpios. Se erogan cerca de 500 pesos mensuales por auto. Me pregunté, ¿dónde están los de más? Al día siguiente regreso y hay 11 unidades Me informan que dejó el suyo América Loera, cuando no lo necesita. Pero en la noche y fines de semana, lo usa. Reviso y con el paso de los días, aparecen los 4 autos que faltan y las dos motos”.

“La encargada de la pensión después se desdijo. Aseguró que siempre cuida 10, no 14. Y que yo no miré los otros 4 que estaban al frente. Como no tenía qué demostrar lo que me dijo al principio, no le moví al asunto. Pero le retiré a Loera el cuidado de los carros. Busco a otra persona. Provocó que un diputado me reclamara de manera agresiva, por qué la había quitado. Le contaron una historia distinta. Cuando le expliqué el tema, entendió y quedó de acuerdo. Encontré también un gasto excesivo de toners. Asigné a otra persona que acudía a las oficinas, verificar si faltaba y entregara uno nuevo. Juntaba el vacío y lo registraba. En teoría, ya se hizo, pero era mucho el gasto. Se logró reducirlo a la mitad. Pusimos orden en otros rubros y tuvimos ahorros en los 5 meses que duré en la oficialía”.

La subdirectora de asuntos internos, América Loera Gutiérrez, entró a laborar al congreso con el cobijo de la ex diputada Rosa María Huerta, de la que fue su asistente. En diciembre del 2018 fue destituida por pérdida de confianza, según refirió Edson Quintanar, quien dijo, todos los empleados serían evaluados en su desempeño. Y que no iban a solapar irregularidades e incumplimiento de los trabajadores. La diputada Beatriz Benavente señaló que el despido de Loera era una forma de acoso laboral. Obedecía a un revanchismo de los legisladores de Morena, por destituir al asesor jurídico, Roy González. En febrero, Loera fue restituida por la mayoría de los integrantes de la Jucopo, ya que las pruebas presentadas por Oviedo en su contra, no fueron contundentes, aseguró el diputado del PAN, Rolando Hervert Lara.

La ex oficial mayor afirmó que nunca tuvo ninguna diferencia con la Legisladora del PRI, Beatriz Benavente, quien en público, la acusó de incompetente. La hostigó todo el tiempo con solicitudes de datos que de antemano conocía. Contestar cada rato sus cuestionamientos, la distrajo de sus tareas. Aseguró que el cargo, se lo tomó en serio. Revisó y atendió todas las áreas de su competencia, el tiempo que podía. Refirió que la ex oficial mayor en la pasada legislatura, Beatriz Benavente, pidió a la Auditoria Superior del Estado, le dijera si Oviedo cumplía con el perfil que se necesita para el cargo. La instancia turnó la solicitud a la Secretaría de Educación. Luego Benavente, a través del área de transparencia, pidió que los 27 diputados le respondieran cuál había sido el sentido de su voto en la asamblea del congreso donde se le eligió y 7 preguntas muy agresivas hacia su persona como: ¿te parece que es honesta al haber aceptado un puesto, cuando no cumple el perfil? o ¿te parece que por haber trabajado en una tienda de artículos de piel, ya tienen experiencia en administración? Entre otras.

Oviedo precisó que laboró como administradora en una fábrica de artículos de piel, no en una tienda. El objetivo era fastidiarla. Benavente también solicitó al contralor interno, Juan de Jesús Rocha Martínez, iniciar una pesquisa en su contra por usurpar funciones. Pidió se le informara el nombre de proveedores y costos de las remodelaciones que se hicieran al edificio de Hidalgo. Oviedo señaló que la legisladora sabía de antemano que era un simple mantenimiento de algunas áreas, que presentaban fallas de electricidad, plomería o ventilación. Señaló que Benavente, como ex oficial mayor, tuvo muchas observaciones por parte de la Auditoria Superior que le fueron perdonadas. “Si era muy eficiente, por qué durante los tres años que ostentó el cargo, no se obtuvieron ahorros?, ¿dónde quedaron? ¿a qué se destinaron?”.

Sobre si el ex dirigente de su partido y hoy super delegado del gobierno federal, Gabino Morales, intervino e influyó en su salida, Oviedo dice que le caben dudas. Pero un día después de su caída, Morales se reunió con Benavente en el café Starbucks de Himalaya. Con la persona que siempre la quiso correr por nada, porque le estorbó. Refirió que en una ocasión, Quintanar le manifestó que Gabino Morales le había pedido su cabeza. No cedió porque se conducía en forma correcta en el cargo. Aseguró que Morales llevó a la asamblea del lunes 11 de marzo a un grupo de servidores de la nación, con pancartas de apoyo a los legisladores de Morena, Quintanar, Alejandra Valdés y Paola Arreola, que votaron a favor de quitarla en la junta del 7 de marzo.

Calificó como una falta de respeto de Gabino Morales haber acudido a una sesión del pleno del congreso a tomarse una foto en las escalinatas del recinto con 6 de los 9 diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, como signo de respaldo a su persona por las demandas que pesan en su contra por violencia de género y acoso laboral que interpusieron militantes de Morena. “Si quería lucirse, lo hubiera hecho en otro lugar. No durante una sesión plenaria. Ostenta un cargo federal. López Obrador ha pedido que el poder legislativo y el ejecutivo sean independientes. Cada uno en su línea, hacer la tarea. Si somos parte de lo mismo, hay posibilidades de que nos corrompamos. La instancias competentes del partido y judiciales, en su caso,   son las que van a resolver las demandas en su contra. Ir a recibir el espaldarazo de diputados, es como decir a las víctimas de sus actos, vean el poder que tengo. Es humillarlas”.

Oviedo dijo que el comité estatal de Morena nunca atacó a Morales. Fueron las víctimas las que lo acusaron. Aseguró que no tiene ningún pleito con el super delegado, pero está a favor de las afectadas. Dijo no tener ningún problema con la legisladora de su partido, Alejandra Valdés, por lo cual le sorprendió que en tribuna, la acusara de hacerle daño y haber ejercido violencia política en su contra. Si la quiere demandar, tiene todo el derecho. Ojalá lo haga, para que no quede como mentirosa. La ex oficial mayor aseguró que los 5 meses que ocupó el cargo, fue congruente. Se condujo con austeridad republicana y cero corruptelas. Se fue con la frente en alto. Como militante de Morena, trabajará para que se concrete el cambio que ofrecieron como proyecto alternativo.

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Notas reprobatorias

Un total de 22 de 27 diputados locales reprobaron la segunda evaluación trimestral que realiza el órgano civil Congreso Calificado. Los legisladores con las peores notas de apenas 0.25 fueron Mario Lárraga Delgado, del Partido Encuentro Social y Angélica Valdés Martínez de Morena. En contraparte, las mejores notas fueron para Beatriz Eugenia Benavente González, del PRI, que alcanzó un 9 y José Antonio Zapata Meraz, del PAN, un 8. Los otros 3 que pasaron la prueba fueron Edgardo Hernández Contreras, del Partido Verde Ecologista, que obtuvo un 7, seguido del cuasi diputado vitalicio, Óscar Carlos Vera Fabregat, de Conciencia Popular, con un 6.5 y Consuelo Carmona Salas, de Morena, con un 6.25.

Completan la lista de reprobados, con calificaciones de 0.5, Sonia Mendoza Díaz, del PAN, actual  presidenta de la mesa directiva del congreso, ex senadora y ex candidata a la gubernatura del estado. María del Rosario Sánchez Olivares, del PRI, ex secretaria general del partido en el estado y Rosa Zúñiga Luna, de Morena. El legislador Héctor Mauricio Ramírez Konishi, del PRI y coordinador de bancada, sacó un 0.75.  Edson de Jesús Quintanar, de Morena, líder de su grupo y presidente de la Junta de Coordinación Política, obtuvo 1.75. Con un 2 se ubica el panista Ricardo Villarreal Loo, la petista, Paola Arreola Nieto y la del PRD, María Isabel González Tovar.

Con un 2.5 está el diputado Eugenio Govea Arcos, de Movimiento Ciudadano, ex senador, ex diputado federal y ex aspirante a la gubernatura. Le sigue con un 2.75 la legisladora de Morena, Angélica Mendoza Camacho. El controvertido y polémico Pedro César Carrizales, El Mijis, del PT, tiene un 3. Vianey Montes Colunga, del PAN, aparece con un 3.75. Obtienen un 4 Marité Hernández Correa de Morena y Laura Patricia Silva Celis, del PRI. El diputado Rolando Herbert Lara del PAN y coordinador de bancada, sacó un 4.5. La misma nota la obtienen Martha Barajas, del Partido Nueva Alianza y Martín Juárez Córdova, del PRI. El panista Rubén Guajardo aparece con un 4.75. El ex diputado federal y ex secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, del Verde y Jesús Emanuel Ramos, del PRD, sacaron un 5.

En la segunda evaluación trimestral de Congreso Calificado, que preside el litigante Mario de la Garza Marroquín, ninguno de los 27 diputados presentó más de 3 iniciativas. Los mejores calificados sacaron un 4. Son 10 los indicadores con los que se guía. Iniciativas y puntos de acuerdo presentados, iniciativas y puntos de acuerdos aprobados y legislador transparente. Entre los puntos negativos que considera están iniciativas caducas, puntos de acuerdo caducos, inasistencias y retardos, negligencia contra iniciativas ciudadanas y conducta notoriamente perniciosa.

En la primera evaluación trimestral fueron solo 3 los diputados que obtuvieron notas aprobatorias. Antonio Zapata Meraz, que logró un 9.5. Martha Barajas un 6.75 y Óscar Vera un 6. Mario Lárraga Delgado repitió como el peor de todos. Vera y Zapata se mantienen como los más avanzados. En la segunda ronda, solo 5 diputados han cumplido con hacer públicas sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial. Son Zapata, Rubén Guajardo, Beatriz Benavente, Martín Juárez y Emanuel Ramos.

 

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Garza se compromete esclarecer el asesinato del reportero Daniel Esqueda y el caso de la menor desaparecida Zoé Zulaica

En su comparecencia con los diputados con motivo del informe de labores de los últimos tres años, que van del 8 de octubre del 2015 al 31 de octubre del 2018, el fiscal general, Federico Garza Herrera, aseguró que pronto va a esclarecer el asesinato del foto reportero Édgar Daniel Esqueda ocurrido hace más de un año. También está muy cerca de resolver el caso de la menor Zoé Zulaica, desaparecida desde el 27 de diciembre del 2015, asunto en el que con señalamientos parciales, se quejó, pretenden crucificarlo.

Señaló que en el caso del periodista, va en la última fase de las investigaciones. Existe una línea muy sólida por lo que en los próximos meses se dará cuenta a la ciudadanía al aclarar el homicidio. Sobre la desaparición de la niña, no se detendrá hasta dar con su paradero. Con unos diputados acríticos en su mayoría, de los 19 que estuvieron en la comparecencia en un inicio, ya que poco a poco abandonaron la asamblea, solo 7 se quedaron hasta el final. Garza se explayó en las exposiciones, evitó contestar algunas preguntas y en otros casos justificó la falta de resultados, la poca credibilidad en la institución por desconocer cómo opera el nuevo sistema de justicia oral, que reiteró en varias ocasiones, “no es como el anterior, donde con una historia y dos testigos se constituía la causa penal”.

Garza Herrera les dijo a los diputados que la fiscalía a su cargo tiene rumbo y cuenta con raíces profundas que le permitirán sostenerse y nutrir la procuración de justicia en los próximos años. Señaló que a partir del 2019 manejará sus propios recursos, lo que le permitirá mejorar las condiciones laborales de los policías, ministerios públicos y personal de la dependencia. Pidió dotarla de mayores recursos cuando aprueben el presupuesto de egresos 2019. Según sus datos, en el último año la dependencia gastó casi 578 millones de pesos. En el desglose que hizo, reveló que su despacho manejó 60 millones de pesos. El tercer mayor desembolso después de averiguaciones previas a la que se destinó 148 millones 81 mil 882 pesos y administración donde erogó 71 millones 994 mil 490 pesos. A la policía ministerial destinó 43 millones 869 mil 434 pesos. A la zona centro y otras direcciones que tiene en el altiplano 8 millones 288 mil 281 pesos. A la zona media 3 millones 947 mil 896 pesos. A servicios periciales 41 millones 510 mil 309 pesos. A la zona huasteca norte 6 millones 87 mil 262 pesos. A control de procesos, 39 millones 183 mil 167 pesos. A las agencias del ministerio público 11 millones 750 mil 859 pesos. A tecnologías de la información e innovación institucional 7 millones 870 mil 77 pesos. A la subprocuraduría huasteca norte 44 millones 20 mil 636 pesos. A la subprocuraduría de la zona media le canalizó 24 millones 708 mil 354 pesos. A la del altiplano 23 millones 701 mil 976 pesos. A la subprocuraduría de la huasteca sur 19 millones 152 mil 509 pesos.

El diputado del Partido Verde Ecologista, Edgardo Hernández Contreras, que antes censuró al secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías y al de seguridad pública, Enrique Pineda, le dijo al fiscal que no lo iba a criticar, tenía su voto de confianza, se sumaría a su trabajo y le pidió apoyar la iniciativa que presentó para aumentar hasta en un 40% el salario de los policías, ministerios públicos y peritos. Garza respondió que dónde lo firmaba. El legislador insistió sobre la inoperancia del actual delegado de la Procuraduría General de la República, Rodolfo Limón. Enfocó su crítica al director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, a quien le dijo que con el asesinato del último agente, era motivo suficiente para que hubiera renunciado. No entendía por qué sus subordinados le temían tanto. Le sugirió a Garza que si Castillo y los subprocuradores no funcionan, hay que cambiarlos. Se ofreció acompañar al fiscal con el oficial mayor, Elías Pecina, para exigirle crear más plazas de policías y ministerios públicos. Garza le recordó que a partir de enero manejará el presupuesto de la fiscalía y le pidió apoyarlo a la hora de aprobar el presupuesto.

El diputado del PAN, Ricardo Villarreal Loo, le preguntó si existía un proceso en contra del ex edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez y qué avance había. Garza dijo que debe guardar sigilo y no podía especificar ningún asunto. Hay 31 carpetas judicializadas en contra de ex servidores públicos, incluidos alcaldes, por denuncias que presentaron organizaciones civiles, presidencias municipales y la Auditoria Superior del Estado. El legislador Mario Lárraga Delgado, del Partido Encuentro Social, intentó sin éxito incomodar al fiscal. Le dijo que no buscara más excusas con el nuevo sistema de justicia para poner un freno al clima de violencia e impunidad que existe en Tampamolón, donde se han registrado 6 asesinatos. En algunos se involucra al actual edil, Isidro Mejía, como autor intelectual. Garza le respondió que existen rumores y señalamientos generalizados donde se menciona a la autoridad, pero no puede fabricar delitos. Y si faltan pruebas sólidas, el nuevo sistema le dificulta actuar. No vale incluso la auto incriminación, salvo que se haga ante un juez. El diputado le mostró que en su celular recibía al momento el mensaje de un ciudadano de su municipio, donde era amenazado por un sicario. El fiscal le sugirió acudir a denunciarlo ante el ministerio público y que los asesores victimales, cómo se les llama ahora a los abogados que defienden a víctimas, contribuyan con la carga de pruebas.

Los diputados Cándido Ochoa Rojas y Óscar Vera Fabregat, ambos ex procuradores, le hicieron las preguntas más cómodas al fiscal. Ochoa lo inquirió para que explicara en qué consistió el plan estratégico de transición, diferencias de la procuraduría con la fiscalía, rezago de averiguaciones y cuántas carpetas de investigación lleva la dependencia. Vera Fabregat le dijo que le reconocía su esfuerzo y las ganas que le ponía al implementar el nuevo sistema de justicia. Le recomendó que en la reunión nacional de procuradores de justicia, pugnara por el respeto a la autonomía de los estados y se coordinara con el ejecutivo federal para reformar las leyes y no se les impusieran, como ocurrió con la Guardia Nacional, que carece de marco jurídico.

Respecto al incremento de los feminicidios, número de procesados y sentenciados, lo cuestionó la legisladora del PRD, Isabel González. Garza presumió haber logrado sentencias hasta de 70 años. Indicó que de los 52 homicidios dolosos de mujeres que se tenían registrados hasta noviembre del 2018, 28 fueron clasificados como feminicidios. En 9 casos hubo personas vinculadas y en prisión preventiva. Tenía 6 casos judicializados y 2 se habían catalogado como feminicidios. Al final se comprobó que fueron suicidios. En poco más del 90% de los casos de feminicidios, se dan en el entorno familiar y el resto tiene que ver con algún factor de relación directa de la víctima con el agresor.

Garza Herrera les dijo a los diputados que hay grandes logros de la Policía Ministerial, que en tres años logró desarticular 71 bandas delictivas y detuvo a más de 4 mil personas con órdenes de arresto, de las cuales 244 pertenecían a bandas criminales. Aseguró que la alerta Ámber está enfocada a la búsqueda y localización de menores, tiene una efectividad arriba del 90%. En los 3 años que abarca su informe, se han recuperado 2 mil 375 niñas, niños y adolescentes. Se abrieron mil 913 carpetas de investigación de búsqueda y localización. Informó que hasta el momento, no se tenía pendiente de resolver ningún caso de secuestro. La unidad especial de combate está equipada con tecnología de punta y su personal capacitado, lo que permitió desmantelar 9 bandas y liberado a más de 70 víctimas. En la mayoría de los casos no se pagó rescate.

Indicó que acepta casi todas las recomendaciones que se le hacen por violación a los derechos humanos. Consideró que los exámenes de control y confianza que se aplican a policías y personal de la fiscalía, no cumplen con el objetivo por el cual se implementaron. Hay un gran hueco respecto a los resultados, porque personas con antecedentes limpios, no lo pasan, ya que se ponen nerviosos. Hay casos de figuras no aptas para realizar labores policiacas que califican sin ningún problema.

La normalidad con la que se realizaba la comparecencia fue interrumpida en forma abrupta por la trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, María de Jesús Almendárez, que durante más de 5 años ha librado una batalla judicial por acoso sexual y discriminación en contra de su ex compañero de trabajo, Juan Martín Gática, protegido de la líder del sindicato mayoritario de burócratas, Bernardina Lara Arguelles. La quejosa llegó a la reunión y en tres ocasiones intentó increpar al fiscal para exigir celeridad a las denuncias que interpuso por amenazas y violencia institucional. Cuando intentaba expresarse, se lo impedía la diputada Beatriz Benavente, que le exigió respetar la asamblea. Esperar a que concluyera para ser atendida. La actitud de la legisladora molestó a la afectada que a gritos se hizo escuchar. “Tengo que hablar, arrastro 3 expedientes de amenazas por haber denunciado acoso y violencia por parte de Érika Velázquez Gutiérrez y el robo de expedientes en el juzgado quinto penal. ¿Qué pasa con la pesquisa? Deben dejar que las víctimas se manifiesten”, le reclamó a Benavente.

“¿Dónde están los diputados que se pronuncian en redes sociales?, no los veo. Tenemos más derecho que todos ustedes, porque hemos sido violentadas. ¿Cuál estado de derecho?. La esposa del gobernador, Lorena Valle, me dijo que nadie estaba por encima de la ley, solo Bernardina Lara. Soy víctima de acoso sexual, tengo que levantar la voz para que me escuchan. A los diputados no les importa, ¿dónde está la presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, que se pronuncia en redes sociales por las ninguneadas de la universidad autónoma. Todo es mentira, un circo”.

La legisladora Benavente la interrumpió. Le dijo que nunca había tocado su puerta para tener una plática decente, en el marco del orden. Almendárez no paró de reclamar. “Las muertas también tienen derecho, como se lo dije al juez. ¿Qué necesito para aportar pruebas de acoso, que me violen o me maten, para ya no tener voz? A ustedes les importa más que estemos muertas. Si no pueden resolver un caso de acoso, ¿cómo le harán con un feminicidio?. ¿Dónde están los diputados?, lástima que una ciudadana les tenga que reclamar. Ahora estamos en el tema de seguridad, donde nos violentan y matan. Hay más gente del fiscal que todos los diputados. Se trata de un circo”.

Siguió Garza Herrera, que respondía una pregunta que le hizo la legisladora del PRD, Cristina González, sobre los linchamientos. Ofreció al fiscal trabajar para hacer frente a la delincuencia y coadyuvar desde el congreso para revisar y resolver el esquema financiero de la dependencia, donde los ministerios públicos y los peritos no cuentan con las herramientas necesarias para efectuar sus labores. El coordinador de los diputados de Morena, Edson de Jesús Quintanar expresó al fiscal que el reclamo de Almendárez era una muestra del malestar ciudadano, por la falta de justicia. Pidió a sus compañeros atenderla. Preguntó por qué no se ejerció acción penal en contra de los involucrados en la denuncia por despojos de tierras que interpusieron ejidatarios de la Noria de San José. Y el avance de la querella interpuesta en contra de ex diputados de la pasada legislatura, señalados de corruptos.

Garza aseguró que se atendieron las denuncias de Almendárez. Su caso está en manos del poder judicial, pero no se puede litigar en los medios o por medio de gritos. En el caso de la Noria de San José, no se encontraron en primera instancia, elementos suficientes para ejercer acción penal. Los quejosos recurrieron después al amparo que se les otorgó. Lo analiza la fiscalía, en su momento se pronunciará el ministerio público.