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“El Mijis” pierde el rumbo

El controvertido diputado local del Partido del Trabajo, Pedro Carrizales Becerra, “El Mjis”, a raíz de que asumió el cargo, genera polémicas y desencuentros. No tanto por su desempeño legislativo, es por los escándalos que encarna, acusado de fraude o meter a sus familiares a la nómina del congreso. Se caracteriza por ser uno de los más faltistas. Se dedica a hacer giras fuera de la entidad, como si se tratara de un artista de Hollywood. Dicta conferencias, firma autógrafos, lo entrevistan cadenas de televisión nacionales, lo hacen doctor honoris causa. Saltó a la fama cuando se postuló como candidato a legislador por el octavo distrito de la capital. Fue ícono de burlas y discriminaciones por ser un ex líder pandillero y tener antecedentes penales. Su figura proliferó en las redes sociales donde terminó como víctima y héroe.
Carrizales Becerra, junto con el ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, recibieron el premio Honoris Causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. El diputado del PT fue ungido por sus 15 años de activismo social donde asegura haber ayudado a cerca de 12 mil jóvenes en más de 10 estados de la república. Combatió adicciones, violaciones a los derechos humanos y promovió empleos remunerados. Dudó en recibir el reconocimiento ya que no se consideró digno de merecerlo. Por hacerse visible a nivel mundial, terminó por acceder. Al poco tiempo de su logro, sus enemigos subieron al face un video que se viralizó. Aparece con cerveza en la mano en aparente estado de ebriedad. Prometía apoyos económicos para un torneo de fútbol y 5 mil pesos al ganador. Los usuarios descalificaron su comportamiento, ya que era una figura pública que debía pregonar con el ejemplo, sobre todo ante los jóvenes que dice representar. Aunque está fuera de su entorno legislativo, tramitó un amparo para el caso Ayotzinapa. Trató de obligar a la Procuraduría General de la República, seguir las investigaciones por la desaparición forzada de 43 normalistas. Exige a las instituciones encargadas de aplicar la justicia, esclarecer quienes fueron los autores de los hechos, cómo ocurrieron y dónde están los cuerpos de las víctimas. Obligar a más de 60 autoridades, procuradurías locales, ejército, marina, Secretaría de Gobernación, instancias de Cocula e Iguala, proporcionar informes al respecto.
Carrizales propuso que los internos de las penitenciarías locales puedan acceder a una vivienda digna y seguridad social, mientras cumplen la condena y no vuelvan a delinquir. Los reos deben realizar algún tipo de trabajo dentro de las cárceles que les permitan un ingreso económico. Busca que su iniciativa se aplique a nivel federal. Realiza pláticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que participen. “El beneficio no será para todos. Hay ciertos requisitos y algunos perfiles no entrarían al programa. No se incluyen a quienes fueron condenados por violación, homicidio, feminicidio o delitos similares. La propuesta contribuye a generar una corriente de paz, acorde a lo que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Sin embargo, el diputado del PT, después se contrapuso a la dinámica con la que opera el presidente López Obrador. Presentó una iniciativa en la que sugiere regresar el ejército a los cuarteles. Consideró que más del 30% de las quejas por violación a los derechos humanos a nivel nacional son cometidas por los militares. La seguridad de los ciudadanos le toca a los policías municipales y estatales. El tabasqueño pugna por una guardia nacional para vigilar y combatir la violencia. Otra de las iniciativas propuestas por Carrizales fue solicitar que las personas transgénero o transexuales puedan cambiar de nombre, sexo y datos en su acta de nacimiento. La iniciativa fue propuesta en la anterior legislatura. La retomó con el objetivo de ayudar a erradicar el odio hacia tales grupos.
El legislador planteó modificar el artículo 152 de la Ley Electoral del Estado para reducir los gastos ordinarios hacia los partidos políticos. Lo que brindaría un ahorro cercano a los de 50 millones de pesos al año, que se pueden destinar a las dependencias más necesitadas. Pero existe el riesgo que no haya un control sobre la procedencia de los recursos. Provocará que los cargos públicos sean utilizados como espacios para el pago de favores. Una de sus acciones más polémicas fue cuando lanzó la iniciativa de prohibir las peleas de gallos y corridas de toros. Se le fueron encima decenas de promotores que participan en ferias y se sintieron lesionados en sus ingresos. Lo criticaron de manera áspera por falta de argumentos. Tampoco buscó el respaldo de las diversas asociaciones defensoras de animales. Rechazó la invitación que le hizo el matador de toros, José Mauricio Morett, a través de una carta donde lo invitó a conocer a fondo la fiesta brava. A la gente la entretiene, es un espectáculo estético. Al prohibirlo, se atenta contra la libertad y el trabajo de muchas familias potosinas.
Tajante, se negó a asistir, ya que no le gusta mirar cómo matan a un cuadrúpedo, muy cercas a lo humano. Anunció una consulta pública para ahondar en el tema. Su conducta le valió recibir mensajes intimidatorios “Te vamos a chingar, sobre aviso no hay engaño. Pinche ignorante pendejo, dejarás a mucha gente sin empleo y ahora se volverán delincuentes”. Se le cuestionó que la iniciativa sólo sirvió para esconder su bajo rendimiento como legislador. A los pocos días volvió a ser noticia, ahora como probable víctima de un atentado. Los hechos se suscitaron el 4 de febrero cerca de las 9 de la noche, cuando regresaba a la capital de una gira de trabajo con su equipo de seguridad, por la carretera a Rioverde y camino a Santa Rita. Fueron emboscados por dos hombres armados a bordo de una motocicleta que comenzaron a dispararles. El diputado salió ileso gracias a la respuesta de sus escoltas.
Al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública del Estado, quienes trasladaron al legislador a un hospital para que fuera evaluado, ya que padece de un fuerte cuadro de diabetes. Le llama irónico “diabólica”. El vehículo del diputado recibió cerca de cinco disparos, por lo que las autoridades implementaron un operativo para dar con los responsables. En conferencia de presa que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, Carrizales subrayó otorgarles el perdón a quienes intentaron matarlo. Pidió no criminalizar a los responsables, al recordar que sus atacantes eran jóvenes vulnerables. Por falta de oportunidades, cometen actos delictivos. Solicitó mecanismos de protección para su familia.
Las descalificaciones y rumores llegaron pronto. En diversos portales se planteó que todo fue un burdo montaje, ya que Carrizales está obligado a otorgar aportes relevantes al documental que la plataforma Netflix graba acerca de su vida. Otros legisladores confirmaron el filme, ya que tiene de sombra a un grupo de camarógrafos. Se dijo que la empresa estadunidense le sugirió mantener apariciones mediáticas al menos una vez por semana. Replantearon cómo un diputado local ha sufrido más atentados y amenazas de muerte que el mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que recorre todo el país sin ningún tipo de seguridad. Mientras que a Carrizales lo custodian cuatro elementos.
El diputado local del Partido Verde, Edgardo Hernández, declaró tener aprecio a su colega. Sin embargo, no pudo asegurar que se tratase de un atentado. “No pongo en tela de duda lo que dice. Por la experiencia que tengo de carácter pericial y técnico, no se ajustan los extremos para decir que fue un acto planeado”. La diputada del PRI, Beatriz Benavente, señaló que debe hacerse una pesquisa a fondo. “Lamento lo sucedido, pero hay que analizar en qué anda, con quién anda y procurar la seguridad. Tengo muchos años en las tareas públicas. Cuando use un vehículo blindado, mejor me retiro”.
Carrizales lamentó las opiniones al desestimar el incidente donde familiares y equipo de seguridad fueron testigos de cómo fue perseguido por individuos sospechosos “La gente ve las fotos, no espera las investigaciones. Los mismos analistas se sorprenden de que no pasara nada con tantos balazos. Las autoridades federales retomaron las indagatorias”. Expuso que las causas podrían vincularse por su lucha contra el maltrato animal. Miembros del Frente Taurino, mediante un comunicado, reprobaron cualquier tipo de violencia contra el diputado, al que respetan en sus actividades. Pero le exigieron demostrar, con pruebas, sus dichos. No involucrar a las asociaciones o aficionados. “Negamos y rechazamos el señalamiento. Nos unimos al punto de acuerdo aprobado por el congreso en el que exhorta a la Fiscalía General agilice las investigaciones para que emita lo más pronto posible un informe que permita el esclarecimiento de los hechos”.
Las constantes inasistencias del diputado al congreso fueron motivo de enojo entre los integrantes de la 62 legislatura, ya que perjudica y retrasa el trabajo colectivo. Aunque entienden las funciones que realiza como activista, debe compaginar las demás tareas. La presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, declaró su apoyo por los supuestos hechos de violencia. Pero no lo justificó al mentir estar enfermo e irse a dar entrevistas a México “Presentó un justificante médico que lo ampara por 10 días que debía permanecer en reposo absoluto, pero incumplió. El pleno de los 26 diputados votó para que se le descuente el día por ausencia. Su principal responsabilidad es asistir a su trabajo como legislador”.
En la primera evaluación emitida por el órgano Congreso Calificado, se mostró el desempeño individual de cada uno de los integrantes del poder legislativo. Carrizales obtuvo una nota de 2.5 y tres inasistencias. Es el único que falta. Los números se otorgan en base a las iniciativas y puntos de acuerdos presentados, legislador transparente, iniciativas y puntos de acuerdo caducos, inasistencias y retardos, negligencia contra las iniciativas ciudadanas y conducta notoria perniciosa. Carrizales reiteró sentirse orgulloso de su trabajo, pues nadie daba un peso por su figura. Lo catalogaban como el peor, aunque logró estar muy por encima de otros. Aludió a que las críticas hacia su labor como diputado y activista, son golpeteos políticos. Las ausencias no son por paseos o falta de interés. Atiende invitaciones que llegan de diversos lados, ya que reconocen las propuestas que hace.
El último tropiezo de Carrizales lo tuvo con el dirigente de los vendedores ambulantes, Marco Antonio Hernández, alias el “Tyson”, que interpuso una demanda en su contra por lucrar y estafar con terrenos irregulares a través del llamado “Movimiento Popular Juvenil”. Lo interpeló de manera airada en las instalaciones del congreso. Se le sumaron varias mujeres que le gritaban ratero al legislador, al que trató de defender sin éxito uno de sus asesores, David Reyes Medrano. Hernández le exigió, dejara de robar a sus votantes. La denuncia se sumó a otras 16 que se interpusieron en la Fiscalía General del Estado. Aluden a 47 familias que les vendió predios en la Privada Juvenil, en la zona centro de Soledad, sin ninguna certeza jurídica.

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Garza se compromete esclarecer el asesinato del reportero Daniel Esqueda y el caso de la menor desaparecida Zoé Zulaica

En su comparecencia con los diputados con motivo del informe de labores de los últimos tres años, que van del 8 de octubre del 2015 al 31 de octubre del 2018, el fiscal general, Federico Garza Herrera, aseguró que pronto va a esclarecer el asesinato del foto reportero Édgar Daniel Esqueda ocurrido hace más de un año. También está muy cerca de resolver el caso de la menor Zoé Zulaica, desaparecida desde el 27 de diciembre del 2015, asunto en el que con señalamientos parciales, se quejó, pretenden crucificarlo.

Señaló que en el caso del periodista, va en la última fase de las investigaciones. Existe una línea muy sólida por lo que en los próximos meses se dará cuenta a la ciudadanía al aclarar el homicidio. Sobre la desaparición de la niña, no se detendrá hasta dar con su paradero. Con unos diputados acríticos en su mayoría, de los 19 que estuvieron en la comparecencia en un inicio, ya que poco a poco abandonaron la asamblea, solo 7 se quedaron hasta el final. Garza se explayó en las exposiciones, evitó contestar algunas preguntas y en otros casos justificó la falta de resultados, la poca credibilidad en la institución por desconocer cómo opera el nuevo sistema de justicia oral, que reiteró en varias ocasiones, “no es como el anterior, donde con una historia y dos testigos se constituía la causa penal”.

Garza Herrera les dijo a los diputados que la fiscalía a su cargo tiene rumbo y cuenta con raíces profundas que le permitirán sostenerse y nutrir la procuración de justicia en los próximos años. Señaló que a partir del 2019 manejará sus propios recursos, lo que le permitirá mejorar las condiciones laborales de los policías, ministerios públicos y personal de la dependencia. Pidió dotarla de mayores recursos cuando aprueben el presupuesto de egresos 2019. Según sus datos, en el último año la dependencia gastó casi 578 millones de pesos. En el desglose que hizo, reveló que su despacho manejó 60 millones de pesos. El tercer mayor desembolso después de averiguaciones previas a la que se destinó 148 millones 81 mil 882 pesos y administración donde erogó 71 millones 994 mil 490 pesos. A la policía ministerial destinó 43 millones 869 mil 434 pesos. A la zona centro y otras direcciones que tiene en el altiplano 8 millones 288 mil 281 pesos. A la zona media 3 millones 947 mil 896 pesos. A servicios periciales 41 millones 510 mil 309 pesos. A la zona huasteca norte 6 millones 87 mil 262 pesos. A control de procesos, 39 millones 183 mil 167 pesos. A las agencias del ministerio público 11 millones 750 mil 859 pesos. A tecnologías de la información e innovación institucional 7 millones 870 mil 77 pesos. A la subprocuraduría huasteca norte 44 millones 20 mil 636 pesos. A la subprocuraduría de la zona media le canalizó 24 millones 708 mil 354 pesos. A la del altiplano 23 millones 701 mil 976 pesos. A la subprocuraduría de la huasteca sur 19 millones 152 mil 509 pesos.

El diputado del Partido Verde Ecologista, Edgardo Hernández Contreras, que antes censuró al secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías y al de seguridad pública, Enrique Pineda, le dijo al fiscal que no lo iba a criticar, tenía su voto de confianza, se sumaría a su trabajo y le pidió apoyar la iniciativa que presentó para aumentar hasta en un 40% el salario de los policías, ministerios públicos y peritos. Garza respondió que dónde lo firmaba. El legislador insistió sobre la inoperancia del actual delegado de la Procuraduría General de la República, Rodolfo Limón. Enfocó su crítica al director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, a quien le dijo que con el asesinato del último agente, era motivo suficiente para que hubiera renunciado. No entendía por qué sus subordinados le temían tanto. Le sugirió a Garza que si Castillo y los subprocuradores no funcionan, hay que cambiarlos. Se ofreció acompañar al fiscal con el oficial mayor, Elías Pecina, para exigirle crear más plazas de policías y ministerios públicos. Garza le recordó que a partir de enero manejará el presupuesto de la fiscalía y le pidió apoyarlo a la hora de aprobar el presupuesto.

El diputado del PAN, Ricardo Villarreal Loo, le preguntó si existía un proceso en contra del ex edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez y qué avance había. Garza dijo que debe guardar sigilo y no podía especificar ningún asunto. Hay 31 carpetas judicializadas en contra de ex servidores públicos, incluidos alcaldes, por denuncias que presentaron organizaciones civiles, presidencias municipales y la Auditoria Superior del Estado. El legislador Mario Lárraga Delgado, del Partido Encuentro Social, intentó sin éxito incomodar al fiscal. Le dijo que no buscara más excusas con el nuevo sistema de justicia para poner un freno al clima de violencia e impunidad que existe en Tampamolón, donde se han registrado 6 asesinatos. En algunos se involucra al actual edil, Isidro Mejía, como autor intelectual. Garza le respondió que existen rumores y señalamientos generalizados donde se menciona a la autoridad, pero no puede fabricar delitos. Y si faltan pruebas sólidas, el nuevo sistema le dificulta actuar. No vale incluso la auto incriminación, salvo que se haga ante un juez. El diputado le mostró que en su celular recibía al momento el mensaje de un ciudadano de su municipio, donde era amenazado por un sicario. El fiscal le sugirió acudir a denunciarlo ante el ministerio público y que los asesores victimales, cómo se les llama ahora a los abogados que defienden a víctimas, contribuyan con la carga de pruebas.

Los diputados Cándido Ochoa Rojas y Óscar Vera Fabregat, ambos ex procuradores, le hicieron las preguntas más cómodas al fiscal. Ochoa lo inquirió para que explicara en qué consistió el plan estratégico de transición, diferencias de la procuraduría con la fiscalía, rezago de averiguaciones y cuántas carpetas de investigación lleva la dependencia. Vera Fabregat le dijo que le reconocía su esfuerzo y las ganas que le ponía al implementar el nuevo sistema de justicia. Le recomendó que en la reunión nacional de procuradores de justicia, pugnara por el respeto a la autonomía de los estados y se coordinara con el ejecutivo federal para reformar las leyes y no se les impusieran, como ocurrió con la Guardia Nacional, que carece de marco jurídico.

Respecto al incremento de los feminicidios, número de procesados y sentenciados, lo cuestionó la legisladora del PRD, Isabel González. Garza presumió haber logrado sentencias hasta de 70 años. Indicó que de los 52 homicidios dolosos de mujeres que se tenían registrados hasta noviembre del 2018, 28 fueron clasificados como feminicidios. En 9 casos hubo personas vinculadas y en prisión preventiva. Tenía 6 casos judicializados y 2 se habían catalogado como feminicidios. Al final se comprobó que fueron suicidios. En poco más del 90% de los casos de feminicidios, se dan en el entorno familiar y el resto tiene que ver con algún factor de relación directa de la víctima con el agresor.

Garza Herrera les dijo a los diputados que hay grandes logros de la Policía Ministerial, que en tres años logró desarticular 71 bandas delictivas y detuvo a más de 4 mil personas con órdenes de arresto, de las cuales 244 pertenecían a bandas criminales. Aseguró que la alerta Ámber está enfocada a la búsqueda y localización de menores, tiene una efectividad arriba del 90%. En los 3 años que abarca su informe, se han recuperado 2 mil 375 niñas, niños y adolescentes. Se abrieron mil 913 carpetas de investigación de búsqueda y localización. Informó que hasta el momento, no se tenía pendiente de resolver ningún caso de secuestro. La unidad especial de combate está equipada con tecnología de punta y su personal capacitado, lo que permitió desmantelar 9 bandas y liberado a más de 70 víctimas. En la mayoría de los casos no se pagó rescate.

Indicó que acepta casi todas las recomendaciones que se le hacen por violación a los derechos humanos. Consideró que los exámenes de control y confianza que se aplican a policías y personal de la fiscalía, no cumplen con el objetivo por el cual se implementaron. Hay un gran hueco respecto a los resultados, porque personas con antecedentes limpios, no lo pasan, ya que se ponen nerviosos. Hay casos de figuras no aptas para realizar labores policiacas que califican sin ningún problema.

La normalidad con la que se realizaba la comparecencia fue interrumpida en forma abrupta por la trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, María de Jesús Almendárez, que durante más de 5 años ha librado una batalla judicial por acoso sexual y discriminación en contra de su ex compañero de trabajo, Juan Martín Gática, protegido de la líder del sindicato mayoritario de burócratas, Bernardina Lara Arguelles. La quejosa llegó a la reunión y en tres ocasiones intentó increpar al fiscal para exigir celeridad a las denuncias que interpuso por amenazas y violencia institucional. Cuando intentaba expresarse, se lo impedía la diputada Beatriz Benavente, que le exigió respetar la asamblea. Esperar a que concluyera para ser atendida. La actitud de la legisladora molestó a la afectada que a gritos se hizo escuchar. “Tengo que hablar, arrastro 3 expedientes de amenazas por haber denunciado acoso y violencia por parte de Érika Velázquez Gutiérrez y el robo de expedientes en el juzgado quinto penal. ¿Qué pasa con la pesquisa? Deben dejar que las víctimas se manifiesten”, le reclamó a Benavente.

“¿Dónde están los diputados que se pronuncian en redes sociales?, no los veo. Tenemos más derecho que todos ustedes, porque hemos sido violentadas. ¿Cuál estado de derecho?. La esposa del gobernador, Lorena Valle, me dijo que nadie estaba por encima de la ley, solo Bernardina Lara. Soy víctima de acoso sexual, tengo que levantar la voz para que me escuchan. A los diputados no les importa, ¿dónde está la presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, que se pronuncia en redes sociales por las ninguneadas de la universidad autónoma. Todo es mentira, un circo”.

La legisladora Benavente la interrumpió. Le dijo que nunca había tocado su puerta para tener una plática decente, en el marco del orden. Almendárez no paró de reclamar. “Las muertas también tienen derecho, como se lo dije al juez. ¿Qué necesito para aportar pruebas de acoso, que me violen o me maten, para ya no tener voz? A ustedes les importa más que estemos muertas. Si no pueden resolver un caso de acoso, ¿cómo le harán con un feminicidio?. ¿Dónde están los diputados?, lástima que una ciudadana les tenga que reclamar. Ahora estamos en el tema de seguridad, donde nos violentan y matan. Hay más gente del fiscal que todos los diputados. Se trata de un circo”.

Siguió Garza Herrera, que respondía una pregunta que le hizo la legisladora del PRD, Cristina González, sobre los linchamientos. Ofreció al fiscal trabajar para hacer frente a la delincuencia y coadyuvar desde el congreso para revisar y resolver el esquema financiero de la dependencia, donde los ministerios públicos y los peritos no cuentan con las herramientas necesarias para efectuar sus labores. El coordinador de los diputados de Morena, Edson de Jesús Quintanar expresó al fiscal que el reclamo de Almendárez era una muestra del malestar ciudadano, por la falta de justicia. Pidió a sus compañeros atenderla. Preguntó por qué no se ejerció acción penal en contra de los involucrados en la denuncia por despojos de tierras que interpusieron ejidatarios de la Noria de San José. Y el avance de la querella interpuesta en contra de ex diputados de la pasada legislatura, señalados de corruptos.

Garza aseguró que se atendieron las denuncias de Almendárez. Su caso está en manos del poder judicial, pero no se puede litigar en los medios o por medio de gritos. En el caso de la Noria de San José, no se encontraron en primera instancia, elementos suficientes para ejercer acción penal. Los quejosos recurrieron después al amparo que se les otorgó. Lo analiza la fiscalía, en su momento se pronunciará el ministerio público.

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Le piden a Nava correr al director de obras, Marco Antonio Uribe, por falta de probidad

El contratista Gerardo Villarreal denunció que fiel a las indicaciones del alcalde de la capital, Francisco Xavier Nava Palacios de romper el silencio ante fenómenos de corrupción, le solicitó destituya del cargo al director de obras, Marco Antonio Uribe Ávila, que no tiene la probidad indispensable para desempeñar el cargo que ostenta.

            El quejoso destacó que Uribe tiene en completo abandono trabajos que superan los 50 millones de pesos, con los que se podrían generar múltiples empleos para los pequeños y medianos constructores que no tienen la mínima oportunidad de ganar un concurso, ya que no están en el círculo cercano del funcionario, que adopta el criterio de ayudar sólo a los de la corriente fifí. Incluso, aseveró que Uribe alteró la ortodoxia, ya que antes las obras se entregaban a los privilegiados que palomeaba el edil en turno, ahora lo hace un subalterno.

            Entre las obras que Uribe dejó tiradas sin el mínimo castigo figura la Universidad Tecnológica de Rioverde con un costo de 15 millones de pesos. En la misma ciudad, en el Parque Tangamanga, acciones por 7 millones de pesos. En la Universidad de la colonia Satélite, 17 millones de pesos. Convenios menores por 5 millones de pesos en Villa de Ramos y Salinas. En el Hospital Regional de Valles, en el área de toco cirugía, le quitaron el contrato y buscan aplicarle una fianza de 500 mil pesos. También le abrió un expediente administrativo la directora del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Georgina Silva Barragán.

            En el 2016, el director de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidades y Obras Públicas, Leopoldo Stevens, le asignó una barda en el Centro de las Artes en 10 millones de pesos por el concepto de precios alzados. Es decir, se comprometió a terminarla sin que recibiera un centavo adicional. No cumplió. Le rescinden el convenio en el 2017. Le hacen otro por 5 millones 500 mil pesos y luego uno más por 3 millones 970 mil pesos en diciembre del 2018. Uribe participó en licitaciones de la Secretaría de Salud pero alteró las cedulas profesionales de las personas que coadyuvarían. La Procuraduría General de la República y la Contraloría de la Federación le abrieron un expediente por conducta criminal.

            Villarreal aseveró que en días recientes, sin licitar, Uribe Ávila le entregó más de 70 millones de pesos a los que fueron sus colaboradores cercanos en la etapa que estuvo al frente de la cámara de la construcción. Negó que no es válido argumente lo hizo ante el riesgo de que el dinero se regresara al gobierno federal. Expuso que la norma contempla como excepciones desastres naturales, asuntos de seguridad, problemas de salud, no por cuestiones de tiempo. No se justifica el pretexto ya que asumió el cargo desde octubre del 2018, lo que permitía planear con calma los procesos licitatorios. Añadió que para eludir los concursos, fraccionó una gran cantidad de obras en Tierra Blanca, en San Juan de Guadalupe.

              El constructor exigió que la auditora estatal, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, investigue a fondo las anomalías y las difunda. Aunque sabe que Uribe tiene carácter violento, no teme a las represalias. Se supo del caso de Georgina Silva a la que Uribe le reclamó ser infidente al dar a conocer datos donde lo exhiben como irresponsable. Villarreal podría manifestarse cada martes o jueves en la unidad administrativa municipal para exigir la salida de Uribe, que también tiene fama de prepotente. Le va a copiar el estilo al notario 32, Leonel Serrato, que se montó en un banquito afuera del palacio de gobierno, para denunciar los atropellos del ex mandatario panista, Marcelo de los Santos. El próximo martes, en Cedral, le entregará al presidente Andrés Manuel López Obrador, un escrito donde le solicitará, lo respalde para combatir las corruptelas de Uribe Ávila.

 

 

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El ejército desapareció a los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El ejército mexicano jugó una parte importante en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Ayotzinapa, Guerrerro, donde desaparecieron 43 normalistas y murieron al menos 6 civiles, indicó la escritora y periodista Anabel Hernández en el marco de la 42 Feria Nacional del Libro de la universidad autónoma donde presentó su última obra titulada “La verdadera noche de Iguala”.

Hernández comentó que las pesquisas le llevaron dos años. Se apoyó en un expediente completo de la procuraduría de Guerrero, Procuraduría General de la República y tareas de campo. Logró que los familiares presentaran el ejemplar como una prueba para que se investigue y hagan las detenciones correspondientes de los policías federales que dispararon y participaron en los hechos perpetrados contra los estudiantes.

Tras publicar su trabajo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exigió a la PGR tome como pruebas las conclusiones expuestas en las investigaciones acerca del rol que jugó el ejército. En particular el 27 batallón de infantería la noche del 26 de septiembre. Se ahonde además en las omisiones cometidas.

Señaló que ya se evidenció con claridad la injerencia de los militares en los hechos donde los 43 estudiantes no han sido encontrados. Otros jóvenes que iban a bordo del camión de los Avispones, que se dirigía de Iguala a Chilpancingo, fue atacado por los soldados. Todo se sustentó con pruebas periciales y de balística en el lugar donde se encontraron casquillos percutidos del calibre G3. Arma que al menos 36 militares portaron y estuvieron presentes en los distintos lugares donde se cometieron los agravios. La autora corroboró que los casquillos los utilizó el ejército mexicano. A través de varias solicitudes de transparencia supo que fueron producidos por una fábrica de la industria militar que reconoció la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco les han robado una sola pieza en los últimos 10 años.

La reportera indicó que tuvo acceso a documentos y expedientes de dos investigaciones de asuntos internos de la PGR que hasta publicar el libro se mantuvieron en secreto. Una es en contra del ex titular de investigaciones criminales, Tomas Zerón de Lucio. El encargado de investigar los hechos de Ayotzinapa. La otra correspondía a las irregularidades cometidas por la PGR. Los testimonios los subió al internet en la página llamada “Laverdadera noche de Iguala.com”, para que cualquier persona los analice. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, había ordenado a la entonces procuradora Arely Gómez González mantenerlos en secreto para que nadie los conociera.

En días recientes, en una entrevista que tuvo con la periodista Carmen Aristegui, el ex visitador general César Chávez Flores reconoció ser el asignado en investigar a Tomás Zerón en todos los errores encontrados la noche del 26 de septiembre. Se hizo acreedor a acciones penales en su contra. Chávez admitió que fue presionado por Gómez González para cambiar los resultados, por lo que se vio obligado a renunciar.

Puso en duda el desempeño de la actuar titular de la función pública que antes demostró tener múltiples intereses. Hernández resaltó que se enfrenta una circunstancia muy delicada donde no basta intervenga la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El caso debe ser llevado a un tribunal de justicia internacional para enjuiciar a Peña Nieto y su gabinete. También por los casos interminables de violencia brutal de los más de 100 detenidos de forma ilegal, según expedientes de la PGR. Lo que contradice la verdad histórica que en su momento manejó el ex procurador Jesús Murillo Karam, que es totalmente falsa.

En el transcurso del estudio, Anabel Hernández afirmó que Peña Nieto se opuso a que saliera a la luz. En una parte crítica se insinúa que los restos de Alexander Mora habrían sido sembrados por el propio Tomás Zerón y su equipo en el río San Juan, por lo que el gobierno federal sabe dónde están los 43 normalistas. Concluyó que actuó artero el 27 batallón de infantería, la policía federal y ministeriales contra los estudiantes por órdenes de Zerón.

Hernández indicó que realizó las indagaciones más importantes en su carrera periodística. La más complicada, debido a que a lo largo recibió varios ataques. Indicó que tuvo contacto con los supuestos 4 integrantes de Guerreros Unidos, a los que se les adjudica, quemar y matar a los normalistas. El vínculo se dio a través de cartas e inclusive llegó a reunirse con los familiares, los cuales le confiaron que habían sido sometidos a torturas para firmar confesiones de delitos que nunca cometieron. Lo más relevante es cuando una esposa de los supuestos perpetradores fue levantada y maltratada bajo la advertencia de que su cónyuge ya no le facilitara datos. Después de publicar el libro, otra de sus fuentes resultó amenazada por funcionarios cercanos a Peña Nieto. Relató que en la Feria Nacional del Libro en Guadalajara un grupo de 8 personas tenía planeado atentar contra su persona, por lo que su cuerpo de seguridad la sacó rápido del lugar.

Hernández indicó que el asesinato colectivo se mantiene impune debido a que la sociedad no ha reclamado lo suficiente. Y al no haber un costo político que genere justicia, los círculos perversos se mantienen vigentes. Como pasó en el movimiento del 68, la guardería abc, los 25 mil desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón, donde funcionarios de alto rango, como el ex director de la policía federal, Genaro García Luna, estaban involucrados en el narcotráfico. Ahora se encuentran en Miami donde disfrutan sus fortunas. El nulo castigo genera que los hechos se repitan una y otra vez. Será la historia de nunca acabar.

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Acusan al general Arturo Gutiérrez de traerse la delincuencia de Tamaulipas a San Luis

Ante la falta de resultados para frenar el incremento de la delincuencia en el estado, los diputados Alejandro Flores Flores y la diputada Graciela Gaytán Díaz se pronunciaron por la renuncia del titular de seguridad pública, general Arturo Gutiérrez García, que compareció el 24 de octubre junto con el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, para abordar el tema con motivo de la glosa del primer informe de actividades de Juan Manuel Carreras. En un discurso que se volvió monótono, que leyó de prisa y en ocasiones con voz muy baja, el funcionario mencionó los convenios firmados con los estados vecinos para el combate a la delincuencia. Aludió a las pláticas que ofrecieron sus elementos en las escuelas, los talleres que impartieron, los regalos y juguetes que entregaron en navidad y día del niño. Habló de los apoyos que ofreció con patrullas y elementos a los municipios. Mencionó las estrategias implementadas en Salinas, Matehuala y Ébano. El llamado Base Operativa Mixta, Bom, que se lleva a cabo en la capital donde participa el ejército, marina, la Procuraduría General de la República y corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

Aludió al premio que se le otorgó al estado por el cierre de las cárceles distritales y el trabajo en la reinserción social. Machacó que de octubre del 2015 a octubre del año en curso, en incidencia delictiva el estado obtuvo el primero y segundo lugar comparado con la zona noroeste y los sitios vecinos. Sigue entre los 11 sitios con menos delitos cometidos en el país, por debajo de la media nacional. En la ronda de preguntas, en respuesta al cuestionamiento de la diputada del PRD, Graciela Gaytán, que lo cuestionó de cómo calificaba su desempeño, el militar, orondo, se puso un 10. Destacó que la dependencia a su cargo trabaja en la seguridad, pero también en prevenir delitos. Ubicó a San Luis en primer lugar por la labor de despresurizar las cárceles y evitar el autogobierno. “Sería vituperio hablar de mí. Pero otras autoridades nos mencionan a nivel nacional e internacional, como la cámara de comercio de los Estados Unidos que coloca a San Luis Potosí como uno de los lugares más seguros para invertir. Es lo que valdría la pena tomar en cuenta”.

La legisladora le pidió hablar con la verdad y no enfatizar los hechos de violencia que se presentan en Soledad y la capital, cuando el problema se vive en todo el estado. Le exigió mejorar las estrategias de combate al crimen. Y en caso de no poder con el cargo, empiece a sopesar su renuncia. “Se menciona que usted trabajó muy bien en Tamaulipas. Lo extrañan porque ahora los que vienen a delinquir son de Tamaulipas. Qué triste, usted diga que tiene un 10. Mejor debería diseñar nuevos planes, para que en todo caso, como dicen los niños en la escuela, pase de panzazo, con 6. Me preocupa que cuando habla de la inseguridad, hace un análisis en base a lo que ocurre a nivel nacional. Lo que debe tener es un estudio, pero de lo que sucede en lo local”.

El legislador del PAN, Enrique Flores Flores le dijo que le reconocía su valor de asistir al congreso, cuando tiene a San Luis con un incremento de 400% en secuestros, 140% en el robo de vehículos, 83% en el delito de lesiones, un aumento del 57% en robo a casas habitación, 37% en violaciones, 30% en homicidios y un 26% en extorsiones. “Reconoce usted que su estrategia ha fracasado y considera que su secretaría es la que peor resultados le ha dado al gobernador Juan Manuel Carreras. La gente se siente desprotegida y en el abandono. Mientras el alcalde Ricardo Gallardo ha realizado varios cambios en el gabinete, hasta el de un síndico que es de elección popular. Carreras, como el entrenador de la selección mexicana en el mundial de 1994, Miguel Mejía Barón, se guarda los relevos. Se tarda en hacerlo en la secretaría de seguridad pública». Le pidió al general aclarar si integró y está bajo su mando el grupo policiaco conocido como Los Talibanes que opera en camionetas sin insignias institucionales ni placas.

Gutiérrez insistió en que las estadísticas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la Republica ubican a San Luis y Soledad como los municipios donde se cometen más delitos. Aseguró que cuenta con alternativas para evitar que el crimen organizado se asiente en San Luis Potosí a través de los convenios que realiza con municipios para coordinar policías y recursos y con los estados para blindar las fronteras. Adujo que la policía estatal combate al crimen a través de 18 operativos permanentes. Por su desempeño en conjunto con la policía cibernética, se han evitado extorsiones a los potosinos cuantificadas en 64 millones de pesos. Dijo que en las zonas conflictivas además de los operativos se instalan retenes. Negó que operen en la entidad Los Talibanes, conformado por elementos a su cargo traídos de Tamaulipas.

El legislador Manuel Barrera Guillén les pidió a los comparecientes no hablar de estadísticas y dejar los escritorios para saber lo que en realidad ocurre en las calles. Censuró que anuncien con bombo y platillo, operativos como el Bom, donde dijo que participa hasta el bolero de la esquina, pero dejan en libertad a los tres días a criminales, como los 4 que se detuvieron en la huasteca. A dos se les identificó como el brazo armado del 58, jefe de un grupo que por años se ha dedicado a delinquir en tal zona. Exigió mejorar el salario y las prestaciones de los policías operativos, a los cuales hace un año les prometieron homologarles el sueldo. También renovar el parque vehicular ya que de las 400 patrullas de la policía estatal, el 30% se la pasa en el taller y varias que se encuentran en servicio no corren más de 70 kilómetros. Le dijo a Gutiérrez que no era eficiente para los discursos, sí para enfrentar a los delincuentes. Entonces, lo hiciera porque hasta la fecha había tenido un pésimo papel.

Por su parte, el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconoció el alza en la incidencia de delitos y en los ilícitos atribuidos al crimen organizado, que busca fuentes de financiamiento para establecerse en San Luis. Pero se les combate y no permitirán que se instalen. Atribuyó a un efecto cucaracha y por su cercanía con Tamaulipas, los últimos hechos ocurridos en El Naranjo y Ciudad del Maíz donde un grupo armado, en la madrugada del domingo 23, incendió una bomba de gasolina, asesinaron al trabajador de una empresa refresquera y dispararon a dos camionetas.

San Luis se ubica en el lugar 22 en cuanto a incidencia. Durante los primeros once meses del gobernador Juan Manuel Carreras, se tienen registrados 26 mil delitos. El aumento, justificó, se debe a que el impacto lo clasifican en porcentajes. En septiembre del 2015, no hubo secuestros en la entidad. Ahora un año después, se registraron 2 y aunque ya se aclararon, representan una incidencia del 200%. Aseguró que a través del operativo Bom se combate el crimen organizado. Se tienen ubicadas sus fuentes de ingresos, por lo que son supervisados de forma constante. En 6 semanas fueron cerrados 2 yonques, 11 establecimientos de venta de autopartes, 4 centros nocturnos, 10 bares, 5 casas de masaje, 6 moteles y un negocio de autos usados. Estableció que los ediles a veces patrocinan los grupos criminales, pues les exigen construir las obras. Les imponen gentes en las corporaciones policiacas, por lo que se apoya a los alcaldes para rotar uniformados.

Calificó como un gran problema el robo patrimonial, ya que de enero a septiembre del año en curso, se denunciaron mil 160 atracos a casas habitación contra 966 registrados en el mismo periodo del 2015. Reveló que hace 2 meses, su hijo Alejandro Leal Espinosa, fue la víctima. Los delincuentes le robaron un estéreo, otros equipos y una computadora que se localizó 5 días después a través de un dispositivo que tenía instalado. Se activó al momento de prenderla. Estaba en Lima, Perú. Afirmó que los robos los ejecuta una banda organizada que opera en varias partes del país y comercializan los objetos en otras partes de América del Sur, como ocurrió hace algunos años en el país con el robo de vehículos que se trasladaban en contenedores. Aseguró que el gobierno lucha contra el crimen organizado. Aseguró que la realidad no concuerda con la percepción que se tiene de la inseguridad. Se refirió a dos hechos ocurridos el 3 de octubre, donde fue ejecutado un vendedor de carros y un repartidor de pizzas, lo que derivó en una psicosis creada por las redes sociales…continúa(tomado de la versión impresa, Octubre 2016)