El controvertido diputado local del Partido del Trabajo, Pedro Carrizales Becerra, “El Mjis”, a raíz de que asumió el cargo, genera polémicas y desencuentros. No tanto por su desempeño legislativo, es por los escándalos que encarna, acusado de fraude o meter a sus familiares a la nómina del congreso. Se caracteriza por ser uno de los más faltistas. Se dedica a hacer giras fuera de la entidad, como si se tratara de un artista de Hollywood. Dicta conferencias, firma autógrafos, lo entrevistan cadenas de televisión nacionales, lo hacen doctor honoris causa. Saltó a la fama cuando se postuló como candidato a legislador por el octavo distrito de la capital. Fue ícono de burlas y discriminaciones por ser un ex líder pandillero y tener antecedentes penales. Su figura proliferó en las redes sociales donde terminó como víctima y héroe.
Carrizales Becerra, junto con el ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, recibieron el premio Honoris Causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. El diputado del PT fue ungido por sus 15 años de activismo social donde asegura haber ayudado a cerca de 12 mil jóvenes en más de 10 estados de la república. Combatió adicciones, violaciones a los derechos humanos y promovió empleos remunerados. Dudó en recibir el reconocimiento ya que no se consideró digno de merecerlo. Por hacerse visible a nivel mundial, terminó por acceder. Al poco tiempo de su logro, sus enemigos subieron al face un video que se viralizó. Aparece con cerveza en la mano en aparente estado de ebriedad. Prometía apoyos económicos para un torneo de fútbol y 5 mil pesos al ganador. Los usuarios descalificaron su comportamiento, ya que era una figura pública que debía pregonar con el ejemplo, sobre todo ante los jóvenes que dice representar. Aunque está fuera de su entorno legislativo, tramitó un amparo para el caso Ayotzinapa. Trató de obligar a la Procuraduría General de la República, seguir las investigaciones por la desaparición forzada de 43 normalistas. Exige a las instituciones encargadas de aplicar la justicia, esclarecer quienes fueron los autores de los hechos, cómo ocurrieron y dónde están los cuerpos de las víctimas. Obligar a más de 60 autoridades, procuradurías locales, ejército, marina, Secretaría de Gobernación, instancias de Cocula e Iguala, proporcionar informes al respecto.
Carrizales propuso que los internos de las penitenciarías locales puedan acceder a una vivienda digna y seguridad social, mientras cumplen la condena y no vuelvan a delinquir. Los reos deben realizar algún tipo de trabajo dentro de las cárceles que les permitan un ingreso económico. Busca que su iniciativa se aplique a nivel federal. Realiza pláticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que participen. “El beneficio no será para todos. Hay ciertos requisitos y algunos perfiles no entrarían al programa. No se incluyen a quienes fueron condenados por violación, homicidio, feminicidio o delitos similares. La propuesta contribuye a generar una corriente de paz, acorde a lo que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Sin embargo, el diputado del PT, después se contrapuso a la dinámica con la que opera el presidente López Obrador. Presentó una iniciativa en la que sugiere regresar el ejército a los cuarteles. Consideró que más del 30% de las quejas por violación a los derechos humanos a nivel nacional son cometidas por los militares. La seguridad de los ciudadanos le toca a los policías municipales y estatales. El tabasqueño pugna por una guardia nacional para vigilar y combatir la violencia. Otra de las iniciativas propuestas por Carrizales fue solicitar que las personas transgénero o transexuales puedan cambiar de nombre, sexo y datos en su acta de nacimiento. La iniciativa fue propuesta en la anterior legislatura. La retomó con el objetivo de ayudar a erradicar el odio hacia tales grupos.
El legislador planteó modificar el artículo 152 de la Ley Electoral del Estado para reducir los gastos ordinarios hacia los partidos políticos. Lo que brindaría un ahorro cercano a los de 50 millones de pesos al año, que se pueden destinar a las dependencias más necesitadas. Pero existe el riesgo que no haya un control sobre la procedencia de los recursos. Provocará que los cargos públicos sean utilizados como espacios para el pago de favores. Una de sus acciones más polémicas fue cuando lanzó la iniciativa de prohibir las peleas de gallos y corridas de toros. Se le fueron encima decenas de promotores que participan en ferias y se sintieron lesionados en sus ingresos. Lo criticaron de manera áspera por falta de argumentos. Tampoco buscó el respaldo de las diversas asociaciones defensoras de animales. Rechazó la invitación que le hizo el matador de toros, José Mauricio Morett, a través de una carta donde lo invitó a conocer a fondo la fiesta brava. A la gente la entretiene, es un espectáculo estético. Al prohibirlo, se atenta contra la libertad y el trabajo de muchas familias potosinas.
Tajante, se negó a asistir, ya que no le gusta mirar cómo matan a un cuadrúpedo, muy cercas a lo humano. Anunció una consulta pública para ahondar en el tema. Su conducta le valió recibir mensajes intimidatorios “Te vamos a chingar, sobre aviso no hay engaño. Pinche ignorante pendejo, dejarás a mucha gente sin empleo y ahora se volverán delincuentes”. Se le cuestionó que la iniciativa sólo sirvió para esconder su bajo rendimiento como legislador. A los pocos días volvió a ser noticia, ahora como probable víctima de un atentado. Los hechos se suscitaron el 4 de febrero cerca de las 9 de la noche, cuando regresaba a la capital de una gira de trabajo con su equipo de seguridad, por la carretera a Rioverde y camino a Santa Rita. Fueron emboscados por dos hombres armados a bordo de una motocicleta que comenzaron a dispararles. El diputado salió ileso gracias a la respuesta de sus escoltas.
Al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública del Estado, quienes trasladaron al legislador a un hospital para que fuera evaluado, ya que padece de un fuerte cuadro de diabetes. Le llama irónico “diabólica”. El vehículo del diputado recibió cerca de cinco disparos, por lo que las autoridades implementaron un operativo para dar con los responsables. En conferencia de presa que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, Carrizales subrayó otorgarles el perdón a quienes intentaron matarlo. Pidió no criminalizar a los responsables, al recordar que sus atacantes eran jóvenes vulnerables. Por falta de oportunidades, cometen actos delictivos. Solicitó mecanismos de protección para su familia.
Las descalificaciones y rumores llegaron pronto. En diversos portales se planteó que todo fue un burdo montaje, ya que Carrizales está obligado a otorgar aportes relevantes al documental que la plataforma Netflix graba acerca de su vida. Otros legisladores confirmaron el filme, ya que tiene de sombra a un grupo de camarógrafos. Se dijo que la empresa estadunidense le sugirió mantener apariciones mediáticas al menos una vez por semana. Replantearon cómo un diputado local ha sufrido más atentados y amenazas de muerte que el mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que recorre todo el país sin ningún tipo de seguridad. Mientras que a Carrizales lo custodian cuatro elementos.
El diputado local del Partido Verde, Edgardo Hernández, declaró tener aprecio a su colega. Sin embargo, no pudo asegurar que se tratase de un atentado. “No pongo en tela de duda lo que dice. Por la experiencia que tengo de carácter pericial y técnico, no se ajustan los extremos para decir que fue un acto planeado”. La diputada del PRI, Beatriz Benavente, señaló que debe hacerse una pesquisa a fondo. “Lamento lo sucedido, pero hay que analizar en qué anda, con quién anda y procurar la seguridad. Tengo muchos años en las tareas públicas. Cuando use un vehículo blindado, mejor me retiro”.
Carrizales lamentó las opiniones al desestimar el incidente donde familiares y equipo de seguridad fueron testigos de cómo fue perseguido por individuos sospechosos “La gente ve las fotos, no espera las investigaciones. Los mismos analistas se sorprenden de que no pasara nada con tantos balazos. Las autoridades federales retomaron las indagatorias”. Expuso que las causas podrían vincularse por su lucha contra el maltrato animal. Miembros del Frente Taurino, mediante un comunicado, reprobaron cualquier tipo de violencia contra el diputado, al que respetan en sus actividades. Pero le exigieron demostrar, con pruebas, sus dichos. No involucrar a las asociaciones o aficionados. “Negamos y rechazamos el señalamiento. Nos unimos al punto de acuerdo aprobado por el congreso en el que exhorta a la Fiscalía General agilice las investigaciones para que emita lo más pronto posible un informe que permita el esclarecimiento de los hechos”.
Las constantes inasistencias del diputado al congreso fueron motivo de enojo entre los integrantes de la 62 legislatura, ya que perjudica y retrasa el trabajo colectivo. Aunque entienden las funciones que realiza como activista, debe compaginar las demás tareas. La presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, declaró su apoyo por los supuestos hechos de violencia. Pero no lo justificó al mentir estar enfermo e irse a dar entrevistas a México “Presentó un justificante médico que lo ampara por 10 días que debía permanecer en reposo absoluto, pero incumplió. El pleno de los 26 diputados votó para que se le descuente el día por ausencia. Su principal responsabilidad es asistir a su trabajo como legislador”.
En la primera evaluación emitida por el órgano Congreso Calificado, se mostró el desempeño individual de cada uno de los integrantes del poder legislativo. Carrizales obtuvo una nota de 2.5 y tres inasistencias. Es el único que falta. Los números se otorgan en base a las iniciativas y puntos de acuerdos presentados, legislador transparente, iniciativas y puntos de acuerdo caducos, inasistencias y retardos, negligencia contra las iniciativas ciudadanas y conducta notoria perniciosa. Carrizales reiteró sentirse orgulloso de su trabajo, pues nadie daba un peso por su figura. Lo catalogaban como el peor, aunque logró estar muy por encima de otros. Aludió a que las críticas hacia su labor como diputado y activista, son golpeteos políticos. Las ausencias no son por paseos o falta de interés. Atiende invitaciones que llegan de diversos lados, ya que reconocen las propuestas que hace.
El último tropiezo de Carrizales lo tuvo con el dirigente de los vendedores ambulantes, Marco Antonio Hernández, alias el “Tyson”, que interpuso una demanda en su contra por lucrar y estafar con terrenos irregulares a través del llamado “Movimiento Popular Juvenil”. Lo interpeló de manera airada en las instalaciones del congreso. Se le sumaron varias mujeres que le gritaban ratero al legislador, al que trató de defender sin éxito uno de sus asesores, David Reyes Medrano. Hernández le exigió, dejara de robar a sus votantes. La denuncia se sumó a otras 16 que se interpusieron en la Fiscalía General del Estado. Aluden a 47 familias que les vendió predios en la Privada Juvenil, en la zona centro de Soledad, sin ninguna certeza jurídica.
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Acusan al general Arturo Gutiérrez de traerse la delincuencia de Tamaulipas a San Luis
Ante la falta de resultados para frenar el incremento de la delincuencia en el estado, los diputados Alejandro Flores Flores y la diputada Graciela Gaytán Díaz se pronunciaron por la renuncia del titular de seguridad pública, general Arturo Gutiérrez García, que compareció el 24 de octubre junto con el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, para abordar el tema con motivo de la glosa del primer informe de actividades de Juan Manuel Carreras. En un discurso que se volvió monótono, que leyó de prisa y en ocasiones con voz muy baja, el funcionario mencionó los convenios firmados con los estados vecinos para el combate a la delincuencia. Aludió a las pláticas que ofrecieron sus elementos en las escuelas, los talleres que impartieron, los regalos y juguetes que entregaron en navidad y día del niño. Habló de los apoyos que ofreció con patrullas y elementos a los municipios. Mencionó las estrategias implementadas en Salinas, Matehuala y Ébano. El llamado Base Operativa Mixta, Bom, que se lleva a cabo en la capital donde participa el ejército, marina, la Procuraduría General de la República y corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.
Aludió al premio que se le otorgó al estado por el cierre de las cárceles distritales y el trabajo en la reinserción social. Machacó que de octubre del 2015 a octubre del año en curso, en incidencia delictiva el estado obtuvo el primero y segundo lugar comparado con la zona noroeste y los sitios vecinos. Sigue entre los 11 sitios con menos delitos cometidos en el país, por debajo de la media nacional. En la ronda de preguntas, en respuesta al cuestionamiento de la diputada del PRD, Graciela Gaytán, que lo cuestionó de cómo calificaba su desempeño, el militar, orondo, se puso un 10. Destacó que la dependencia a su cargo trabaja en la seguridad, pero también en prevenir delitos. Ubicó a San Luis en primer lugar por la labor de despresurizar las cárceles y evitar el autogobierno. “Sería vituperio hablar de mí. Pero otras autoridades nos mencionan a nivel nacional e internacional, como la cámara de comercio de los Estados Unidos que coloca a San Luis Potosí como uno de los lugares más seguros para invertir. Es lo que valdría la pena tomar en cuenta”.
La legisladora le pidió hablar con la verdad y no enfatizar los hechos de violencia que se presentan en Soledad y la capital, cuando el problema se vive en todo el estado. Le exigió mejorar las estrategias de combate al crimen. Y en caso de no poder con el cargo, empiece a sopesar su renuncia. “Se menciona que usted trabajó muy bien en Tamaulipas. Lo extrañan porque ahora los que vienen a delinquir son de Tamaulipas. Qué triste, usted diga que tiene un 10. Mejor debería diseñar nuevos planes, para que en todo caso, como dicen los niños en la escuela, pase de panzazo, con 6. Me preocupa que cuando habla de la inseguridad, hace un análisis en base a lo que ocurre a nivel nacional. Lo que debe tener es un estudio, pero de lo que sucede en lo local”.
El legislador del PAN, Enrique Flores Flores le dijo que le reconocía su valor de asistir al congreso, cuando tiene a San Luis con un incremento de 400% en secuestros, 140% en el robo de vehículos, 83% en el delito de lesiones, un aumento del 57% en robo a casas habitación, 37% en violaciones, 30% en homicidios y un 26% en extorsiones. “Reconoce usted que su estrategia ha fracasado y considera que su secretaría es la que peor resultados le ha dado al gobernador Juan Manuel Carreras. La gente se siente desprotegida y en el abandono. Mientras el alcalde Ricardo Gallardo ha realizado varios cambios en el gabinete, hasta el de un síndico que es de elección popular. Carreras, como el entrenador de la selección mexicana en el mundial de 1994, Miguel Mejía Barón, se guarda los relevos. Se tarda en hacerlo en la secretaría de seguridad pública». Le pidió al general aclarar si integró y está bajo su mando el grupo policiaco conocido como Los Talibanes que opera en camionetas sin insignias institucionales ni placas.
Gutiérrez insistió en que las estadísticas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la Republica ubican a San Luis y Soledad como los municipios donde se cometen más delitos. Aseguró que cuenta con alternativas para evitar que el crimen organizado se asiente en San Luis Potosí a través de los convenios que realiza con municipios para coordinar policías y recursos y con los estados para blindar las fronteras. Adujo que la policía estatal combate al crimen a través de 18 operativos permanentes. Por su desempeño en conjunto con la policía cibernética, se han evitado extorsiones a los potosinos cuantificadas en 64 millones de pesos. Dijo que en las zonas conflictivas además de los operativos se instalan retenes. Negó que operen en la entidad Los Talibanes, conformado por elementos a su cargo traídos de Tamaulipas.
El legislador Manuel Barrera Guillén les pidió a los comparecientes no hablar de estadísticas y dejar los escritorios para saber lo que en realidad ocurre en las calles. Censuró que anuncien con bombo y platillo, operativos como el Bom, donde dijo que participa hasta el bolero de la esquina, pero dejan en libertad a los tres días a criminales, como los 4 que se detuvieron en la huasteca. A dos se les identificó como el brazo armado del 58, jefe de un grupo que por años se ha dedicado a delinquir en tal zona. Exigió mejorar el salario y las prestaciones de los policías operativos, a los cuales hace un año les prometieron homologarles el sueldo. También renovar el parque vehicular ya que de las 400 patrullas de la policía estatal, el 30% se la pasa en el taller y varias que se encuentran en servicio no corren más de 70 kilómetros. Le dijo a Gutiérrez que no era eficiente para los discursos, sí para enfrentar a los delincuentes. Entonces, lo hiciera porque hasta la fecha había tenido un pésimo papel.
Por su parte, el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconoció el alza en la incidencia de delitos y en los ilícitos atribuidos al crimen organizado, que busca fuentes de financiamiento para establecerse en San Luis. Pero se les combate y no permitirán que se instalen. Atribuyó a un efecto cucaracha y por su cercanía con Tamaulipas, los últimos hechos ocurridos en El Naranjo y Ciudad del Maíz donde un grupo armado, en la madrugada del domingo 23, incendió una bomba de gasolina, asesinaron al trabajador de una empresa refresquera y dispararon a dos camionetas.
San Luis se ubica en el lugar 22 en cuanto a incidencia. Durante los primeros once meses del gobernador Juan Manuel Carreras, se tienen registrados 26 mil delitos. El aumento, justificó, se debe a que el impacto lo clasifican en porcentajes. En septiembre del 2015, no hubo secuestros en la entidad. Ahora un año después, se registraron 2 y aunque ya se aclararon, representan una incidencia del 200%. Aseguró que a través del operativo Bom se combate el crimen organizado. Se tienen ubicadas sus fuentes de ingresos, por lo que son supervisados de forma constante. En 6 semanas fueron cerrados 2 yonques, 11 establecimientos de venta de autopartes, 4 centros nocturnos, 10 bares, 5 casas de masaje, 6 moteles y un negocio de autos usados. Estableció que los ediles a veces patrocinan los grupos criminales, pues les exigen construir las obras. Les imponen gentes en las corporaciones policiacas, por lo que se apoya a los alcaldes para rotar uniformados.
Calificó como un gran problema el robo patrimonial, ya que de enero a septiembre del año en curso, se denunciaron mil 160 atracos a casas habitación contra 966 registrados en el mismo periodo del 2015. Reveló que hace 2 meses, su hijo Alejandro Leal Espinosa, fue la víctima. Los delincuentes le robaron un estéreo, otros equipos y una computadora que se localizó 5 días después a través de un dispositivo que tenía instalado. Se activó al momento de prenderla. Estaba en Lima, Perú. Afirmó que los robos los ejecuta una banda organizada que opera en varias partes del país y comercializan los objetos en otras partes de América del Sur, como ocurrió hace algunos años en el país con el robo de vehículos que se trasladaban en contenedores. Aseguró que el gobierno lucha contra el crimen organizado. Aseguró que la realidad no concuerda con la percepción que se tiene de la inseguridad. Se refirió a dos hechos ocurridos el 3 de octubre, donde fue ejecutado un vendedor de carros y un repartidor de pizzas, lo que derivó en una psicosis creada por las redes sociales…continúa(tomado de la versión impresa, Octubre 2016)
Carreras, misógino
La delegada en San Luis de la Red de Organizaciones Ciudadanas, Yasmín Escobar Domínguez, calificó de misógino al gobernador Juan Manuel Carreras López, al que no le interesa saber el destino de las mujeres desaparecidas, violadas y asesinadas. Apenas se mueve por las marchas y protestas de los padres que reclaman el paradero de sus hijas raptadas. Dudó que exista la figura del mandatario, que sólo ha demeritado las instituciones que deberían apoyar a las víctimas. Su conducta excluyente también se refleja con el escaso número de colaboradoras en el gabinete, como la secretaria de salud, Mónica Rangel. Censuró la apatía de las diversas dependencias estatales para atender los casos donde se violentan las garantías del sector femenino. Aludió a las cambiantes cifras de la procuraduría de justicia, que manejó primero 6 y luego 13 desaparecidas. El organismo de Escobar consignó 44. Expuso que una excusa muy recurrente para no investigar, es atribuir las causas al crimen organizado. Según sus pesquisas, en la zona norte de la capital es donde se registra un alto índice de atentados contra las mujeres y menores, ya que los padres acuden a trabajar a la zona industrial. Los vacíos se llenan con la influencia perniciosa de las redes sociales.
-¿Cuál es la cifra real de las desaparecidas en San Luis Potosí?.
-Oscila en 47 personas, de las que he tenido la oportunidad de documentarlo. Pero hay algo. No todas son desaparecidas por el crimen organizado, por cuestiones de delito. Según el trabajo que he realizado en la zona norte. Pedí desde el año anterior, cuando inició la administración estatal, que sería importante hacer un mapa de riesgo, que nos sentáramos a elaborarlo. Clasificar las zonas donde se han dado los secuestros y tipificar por qué se registran. Por la experiencia adquirida, las desapariciones de personas menores de 12 años, algunas veces ocurren por cuestiones de divorcios, pensiones alimenticias, conflictos. No se ha documentado que sea robo de infante. En la entidad, no tenemos la certeza de que sea ejecutado por una banda. Se limitan a decir que vieron una camioneta rara por una escuela. Suben fotos de personas porque alguien las busca. Las autoridades no han salido, no han desmentido nada. Les conviene distraernos. Las desapariciones de chamacas de 13 años a 22 años, son por el mal uso de las redes sociales. Lo mencioné en abril del año en curso. Incide además la carencia de valores, la falta de diálogo entre las familias, de los cuidadores, cuando no tienen a sus papás. Es la permisividad».
«Está el caso de una joven a la que le destrozaron el cráneo en la huasteca. Fue un grupo de su escuela. Se fue con los muchachos, le aplican el conocido bullyng y la masacran. La desaparición por trata de personas es distinto, cae en la categoría de los 19 a 30 años. Tenemos la historia de una niña de 15 años. Fue enganchada por la red social. Junto con una amiga, se ponen de acuerdo para verse con un sujeto. La compañera se regresó con el novio, que era el enganchador. Al final se logró rescatar. Otro caso muy doloroso sucedió en el 2013, con la señora Verónica Ruiz Manzanares, en la capital. Una amiga se la llevó y la vendió en Zacatecas. Le gustó a un hombre del crimen organizado. Le entramos a una campaña internacional para recuperarla. Hicimos postales. Una pintora nos regaló su trabajo para ayudar a todas las desaparecidas locales. La víctima dejó dos niños que adoptaron los abuelos. No tienen casa propia, rentan una de interés social, pequeña. La responsable, para mantenerlos, vende dulces afuera de una escuela. El niño más grande ya tiene 18 años, dejó de estudiar porque no tuvo acceso a los programas de apoyo. El más pequeño está en la primaria. Es un caso de trata de blancas. Se la llevó el crimen organizado. Se denunció el lugar donde está en Zacatecas. Es un pueblo tomado por tales hombres. Ya casi se volvió fantasma».
«La procuraduría no quiso investigar porque estaba en Zacatecas, sabían que se la llevaron de San Luis el 20 de septiembre del 2013, en el sexenio de Fernando Toranzo. La mamá es una persona humilde, llegó hasta la comunidad, la amenzaron, puso la denuncia en Zacatecas. Hubo un ministerio público y de la marina que se comprometieron ayudarla, pero luego los cambiaron. El que los relevó, le dijo que la olvidara y se retirara. La que la vendió confesó y está libre. Estuve hace poco con los papás de la afectada. Me dijeron que la enganchadora se fue a vivir a Saltillo. Es un caso real. La secuestrada tiene ahora 32 años. También está la historia de la periodista de Rioverde, Yasmín Alcaraz López. Junto con otras compañeras de lucha, empezamos a investigar. Nos reclamaron que ya no le moviéramos al asunto. Les dijimos que era amiga y conocida. Nos contestaron: aquí está, hecha pedacitos. ¿Quieren terminar igual?, síganle. Para su infortunio, fue pareja de un ex jefe de la policía municipal de Rioverde y Cárdenas, llamado Juan Blanco. Los señores del crimen organizado, cuando alguien entra en sus redes y alegan que son traicionados, acaban con toda la familia. Muchos de los policías están inmersos en tantos delitos. Ya no llevamos el tema de Alcaraz ni de otras desaparecidas. Sólo el de Zacatecas. Lo de la reportera, la familia lo dejó por la paz ante las amenazas. Lo único que quieren saber es dónde está el cuerpo, si ya falleció. La afectó estar ligada con alguien metido en el crimen organizado. Temían que supiera algunos detalles no gratos».
«Al gobierno le interesa tratar a la gente con paternalismos, callarla con dádivas. Nosotras queremos hacer un mapa de riesgo y si tienen el interés que trabajemos juntos, lo hagamos. Consiste en clasificar todos los casos que se han dado. Si se ausentaron por la amiga, redes sociales, fin de semana o en realidad están desaparecidas. Conocer las circunstancias para clasificarlas, abrir los ojos. En la zona norte, se pierden mujeres de 13 a 20 años. En el oriente y otros municipios, si revisamos la declaratoria, hay hasta de 70 años que traemos en las listas. La procuraduría ni siquiera manifiesta las causales. Existe algo importante y lo reitero: a la autoridad no le interesa el tema de las mujeres violentadas, revictimizadas, desaparecidas. Antes de las marchas, no recuperaban a nadie. Pero en los días que presionamos, hallaron tres o cuatro. Necesitamos reclamar de manera constante. En el caso de Paola Castro, la procuraduría tiene varias líneas de análisis. Dicen que tuvo una desavenencia con la pareja, que anda en las marchas. Cuántos casos tenemos que las matan o encostalan y se hacen visibles para ver cuánto se avanza en las pesquisas. No quiero decir que sea responsable, porque tampoco existe una línea concreta. Como representante de la red nacional de organizaciones civiles, estamos preocupadas y pedimos una cita con el gobernador Carreras, para abordar el uso negativo de las redes sociales».
«Hay muchos perfiles de jovencitas donde los sujetos ponen una foto atractiva y las engañan. Hicimos algunas pruebas. Tuve la oportunidad de trabajar en prevenir el delito. Realizamos algunos sondeos con perfiles falsos, donde se les pregunta si están en equis escuela, contestan a la que asisten. Cuál deporte les gusta. Les sacan todos los datos. Es algo muy grave. Se pierde credibilidad en las desapariciones. Son chamacas que se fueron con el novio porque les dio la gana. Hay varios casos. Hace poco se perdieron cuatro jovencitas de secundaria en el sector norte. Salieron a divertirse con los amigos. Me tocó constatar un caso en Tequis, cuando sujetos que viajaban en una camioneta roja doble cabina, trataron de llevarse a dos jóvenes que se dirigían a la universidad. Gritaron pero nadie salió. Lograron zafarse. Se encierran. Mi hijo les llama porque no llegan. Las busca y encuentra aterrorizadas. Un día de febrero a las siete de la mañana, rescatamos a una joven que se la trajo un hombre de la zona media. Estaba en el hotel España, que se ubica en Universidad. El sitio tiene algo de raro, también agarraron a unos seudo sicarios. Sacamos a la muchacha, le conseguimos un lugar donde estudiar. Tenía 22 años. En su perfil, el sujeto exhibía mujeres desnudas. La niña optó seguirlo. No le gustaba la disciplina. Le valió, andaba en sandalias y con lo que traía puesto. Se volvió a escapar. ¡Cuántas desaparecidas quisieran otra oportunidad!. Como red, hacemos un documento para entregarlo al congreso y ejecutivo, para cuando surjan casos similares, de las que huyen para probar lo que se siente, traer a la autoridad y familia como locos, se les aplique un trabajo comunitario, darles terapia psicológica. A los padres fijarles una pena administrativa en pesos, semejante a los que son encontrados al momento de orinar en la vía publica. Todo se genera por la permisividad de los padres, que ahora les dejan el cuidado de los hijos a los medios electrónicos. Se carece de valores y falta de comunicación. Es lo que provoca tantos descalabros y le resta credibilidad a las demás situaciones que muchas veces son reales. La mamá de la joven secuestrada en Zacatecas me abordó en un acto del ayuntamiento. Me imaginaba que el problema de las desaparecidas era algo mínimo, pero me equivoqué. En San Luis Potosí las activistas no se meten de lleno. Son de oportunidad. No acuden a la procuraduría por un documento, que se investigue. No hay seguimiento en los medios. La procuraduría maneja números rosas. Les pedí todo el 2015, cuántos feminicidios hubo de enero a diciembre en lo general. Despues solicité el dato desglosado, por municipios. Añadí robos con violencia, violaciones, extorsiones»… continúa (tomada de la versión impresa, Octubre 2016)