En medio de protestas con cacerolas y gritos del Frente Unido de Comerciantes, que exigen la salida del diputado Manuel Barrera a cuya  demanda se sumaron los asistentes de organizaciones civiles y empresarios presentes en la sesión, por unanimidad los diputados votaron a favor de eliminar de la constitución local la declaratoria de procedencia o desafuero, prerrogativa que impedía, detener, procesar o juzgar en lo penal a los funcionarios de los tres podres del estado, municipios y organismos autónomos por cometer algún delito durante el ejercicio de su cargo.

Para eliminar la inmunidad o fuero del que gozaban el gobernador, magistrados, diputados, secretarios de despacho, procurador, Auditor Superior del Estado, presidentes municipales, regidores y directivos de organismos constitucionales autónomos, se modificaron y derogaron artículos y párrafos de los artículos 127, 128, 124 y 57  de la Constitución Política Local y 54 de la ley orgánica del poder legislativo del estado.

Al artículo 127 se le quitó la facultad que tenía el congreso para determinar si se procedía o no en contra del servidor público acusado de un delito y ahora se establece  que “serán  responsables  por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones, por lo que cuando se proceda en su contra se les habrá de separar del cargo�.

Para el caso de gobernador, se eliminó un segundo párrafo del artículo 124 de la constitución local donde señalaba que mientras permaneciera en el desempeño de su encargo, sólo podrá ser acusado por violaciones graves a la norma, por oponerse a la libertad electoral y por el manejo indebido de fondos públicos. Ahora precisa que podrá ser acusado por actos u omisiones que perjudiquen el buen despacho, los intereses públicos fundamentales mediante juicio político e imponerle sanciones previstas por la ley.

Para el caso de los diputados se derogó también el artículo 54 de la ley orgánica donde establecía que “serán responsables por delitos, faltas u omisiones en que incurran en el sus funciones, pero no podrán ser detenidos, ni ejercitar acción penal en su contra, ni ser privados de su libertad, hasta que en procedimiento constitucional se decida su separación del cargo y se sujeten a los tribunales competentes�.

Los legisladores mantendrán su fuero constitucional solo en lo que respecta a la inviolabilidad de manifestar sus opiniones en el desempeño del cargo. Los funcionarios de alta jerarquía podrán enfrentar como cualquier ciudadano, acusaciones en su contra como responsables de algún delito. El avance se logró por el empuje que ejercieron sobre los legisladores, agrupaciones como Ciudadanos Observando, Frente Común Contra la Corrupción, Cambio por San Luis, Cambio de Ruta, San Luis Unido, Ciudadanos Hasta la Madre, entre otras. Entregaron sus propuestas por escrito y los obligaron a firmar que aprobarían la iniciativa. En sus intervenciones que eran opacadas por los gritos de los asistentes, diputados como Josefina Salazar, Xitlátlic Sánchez, Alejandro Segovia y Gerardo Serrano, reconocieron que fue la exigencia colectiva la que logró se aprobara la iniciativa.

La acotación al fuero constitucional que se aprobó será turnada a los municipios donde deberán aprobarlo por lo menos 30 de los 58 cabildos para que después el congreso declare la procedencia y se turne al gobernador, para que se publique en el Periódico Oficial del Estado.