Archivo de la etiqueta: Manuel Barrera Guillén

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Con reclamos contra Barrera, inició actividades el congreso

Con un recinto resguardado por policías vestidos de civiles que se sentaron en las primeras dos filas del recinto legislativo, otros se acomodaron en las butacas superiores confundidos con los asistentes y algunos más  se apostaron a la entrada de la calle 5 de mayo para facilitar la entrada del diputado Manuel Barrera Guillen, al que diversas organizaciones civiles y empresariales continúan con la exigencia de que solicite licencia al cargo, hoy en asamblea extraordinaria del  congreso del estado se eligió y tomó protesta a la nueva cartera de vigilancia y los integrantes de la mesa directiva para el último año de ejercicio legislativo.

            La cartera de vigilancia la presidirá el diputado del PAN, Héctor Mendizábal Pérez, como vicepresidenta la diputada del PRD, Graciela Gaytán, secretario al legislador del PRI, Gerardo Limón Montelongo y como vocales a Esther Angélica Martínez Cárdenas del PRI, Guillermina Morquecho Pazzi de Nueva Alianza y el legislador Jesús Cardona Mirles de Morena.

            La mesa directiva del congreso que fungirá del 15 de septiembre del 2017 hasta el 13 de septiembre del 2018, la encabeza el diputado del PRI, Fernando Chávez Méndez. Los legisladores Ricardo García Melo y Jesús Cardona Mireles fungirán como primero y segundo vicepresidente y como pro secretarios Dulcelina Sánchez de Lira, Jorge Luis Díaz Salinas, José Belmarez Herrera y Martha Orta Rodríguez.

Se aprobó también por mayoría de votos entregar al ingeniero José Morales Reyes la presea al Mérito “Plan de San Luis” por su contribución al desarrollo del estado,  desde sus diferentes facetas como empresario, ganadero y dueño de un medio informativo. El reconocimiento lo recibirá el próximo jueves en cita solemne.

Los diputados aprobaron el informe financiero del poder legislativo que corresponde de enero a junio del 2017 y que leyó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el legislador Jorge Luis Díaz Salinas. Reformas a la ley de cambio climático y autorizaron a los ayuntamientos de Coxcatlán, Guadalcázar, Matlapa, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale, Tancanhuitz y Villa de Arista, contratar créditos durante el 2017 y 2018 hasta por 102 millones 157 mil pesos,  para financiar obras y acciones y que deberán cubrir en un plazo que no exceda su periodo constitucional.

Antes se tomó protesta a Heidy Yazbé Ruiz Alvarado como magistrada supernumeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción colocaron una enorme manta en la que se leía Manuel Barrera Guillén, eres una persona no grata en el congreso. Mostraron su rechazo al legislador y dirigente del Partido Verde Ecologista de México, que se resiste a dejar la curul, por los hechos en que se le involucró en el video donde se ventilaron las negociaciones entre diputados y funcionarios de la auditoria para limpiar cuentas públicas de los municipios. Los inconformes, cada vez que se mencionaba el nombre del legislador, le gritaban corrupto, después de un tiempo de permanecer quietos, salieron y colocaron la manta en uno de los pasillos de la plaza de armas.  

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El escándalo que cimbró al congreso potosino

Los orígenes. Se dice que durante el sexenio de Fernando Toranzo mandó un triunvirato: el galeno, su esposa María Luisa Ramos Segura y el secretario de gobierno Cándido Ochoa Rojas. Ante la grisura política del matrimonio, Ochoa Rojas tejió sus alianzas. Una fue con el dirigente del Partido Verde Ecologista potosino Manuel Barrera Guillén quien a la postre fue importante para que Ochoa alcanzara la diputación federal. La otra fue con Ricardo Gallardo Juárez a quien le facilitó como colaborador a su cuadro político más avanzado: el hoy defenestrado diputado con licencia José Guadalupe Torres Sánchez que llegó a fungir como secretario del ayuntamiento. La intrincada red de intereses creada por Cándido Ochoa alcanzó a instancias como la Auditoría Superior del Estado donde el ex titular, José de Jesús Martínez Loredo y otros cargos diversos fueron sembrados por el habilidoso ex secretario de gobierno.

La pugna. La expectativa para ganar la gubernatura en 2015 y la presidencia municipal capitalina se pintaba de azul con Sonia Mendoza y Xavier Azuara. Sin embargo, después de una de las más sucias campañas negras vistas en San Luis Potosí en contra de la candidata panista y un supuesto cruce de votos entre Carreras y Gallardo lograron desbancar a los favoritos, fortaleciendo el creciente poder político de Gallardo Juárez y por ende, del electo diputado federal Cándido Ochoa. La dupla Ochoa-Gallardo tenía consigo, además de Barrera Guillén a los diputados gallardistas José Guadalupe Torres, Sergio Desfassiux y aunque embozada, Graciela Gaytán. Las complicaciones. La descomposición del PAN generó problemas de gobernabilidad a la gestión del mandatario Juan Manuel Carreras. El grupo del derrotado Xavier Azuara ganó la directiva estatal panista con el mismo Azuara a la cabeza, pero no logró tener mayoría entre los diputados locales electos pues de siete en total cuatro le eran contrarios, Enrique Flores Flores, Héctor Mendizábal Pérez, Jorge Luis Díaz Salinas y Mariano Niño. En su disputa interpartidista, los cuatro legisladores encontraron una alianza natural con la bancada de Ochoa-Gallardo con lo que alcanzaban ocho diputados de tres partidos diferentes. Por si fuera poco, el ambicioso y protagónico priista José Luis Romero Calzada, les sumó a Alejandro Segovia Hernández y abrió paso a Óscar Bautista y Gerardo Limón Montelongo. El control de Ochoa y Gallardo del congreso potosino y la Auditoría Superior alcanzó entonces a doce congresistas además de los ocasionales coqueteos del petista José Belmarez, del fugaz panalista Rubén Magdaleno Contreras y de la panista Xitlálic Sánchez. La situación dio al hijo de Gallardo Juárez, Ricardo Gallardo Cardona «El Pollito», la fuerza para acercarse a presidentes municipales de todo el estado en la carrera por posicionar su proyecto más allá del área metropolitana, garantizados con el control de la auditoría y con una fuerza real en el congreso. El choque. El encontronazo entre las duplas Ochoa-Gallardo y Carreras-Azuara fue frontal. Y Carreras dispuso iniciar el descrédito de la cámara. Cuando el coordinador de Comunicación Social de Carreras, Adrián Vázquez, fue acusado de promover la campaña en contra de los congresistas por medio de las plataformas de prensa de las dependencias estatales, Barrera Guillén, Enrique Flores, Sergio Desfassiux y Romero Calzada reclamaron con firmeza exigiendo a Carreras tomara cartas en el asunto. Al cumplirse en 2016 el primer año de gobierno, el diputado Barrera Guillén fue duro frente a los comparecientes secretarios de estado. Para diciembre del mismo año, Cándido Ochoa influyó para que la dirigencia nacional del Verde Ecologista denunciara al secretario de gobierno Alejandro Leal de presionar a los funcionarios del Verde para obligarlos a violentar la ley para que el hijo de Leal Tobías pudiera hacer negocios con empresas contaminantes. El cenit de los ataques a Carreras López se dio el 30 de marzo de 2017 cuando los diputados federales del Verde presentaron un punto de acuerdo pidiendo la separación del cargo de Juan Manuel Carreras López por casos de corrupción e impunidad acusándolo de desaparecer 400 millones de pesos del fondo de pensiones de maestros de telesecundaria entre 2013 y 2014, cuando Carreras López se desempeñó como secretario de educación y Ochoa lo hizo como secretario de gobierno. Acusaron a Carreras de ser una persona sin probada honestidad y con serias dudas en el manejo de recursos públicos. Barrera Guillén a nivel local hizo eco de la denuncia pidiendo una aclaración satisfactoria. La descompuesta relación entre los congresistas y el gobierno de Carreras obligó la salida de Ángel Castillo Torres quien fungía como subsecretario de Enlace Interinstitucional acusado por Manuel Barrera Guillén de falta de comunicación.

En el lapso de Ángel Castillo se discutió el sistema estatal anti corrupción que vetó Carreras por la intención de los diputados de tener un representante y la supuesta ofensa del diputado Alejandro Segovia al decir que al gobernador le faltaban huevos para atender rubros importantes como la inseguridad. Desde el congreso se lamentó el desdén de Carreras al sostener a Adrián Vázquez en Comunicación Social y Adrián Farfán, director de Protección Civil. Recordaron la falta de transparencia en el asunto de los terrenos para la Ford y el desfalco en las pensiones de los maestros. Castillo Torres fue suplido por el ex diputado local, Alejandro Vera Noyola, hijo de Óscar Vera Fabregat, en una alianza necesaria para asegurar la lealtad del dueño del Partido Conciencia Popular, señalado como quien puso trabas a la discusión sobre el fuero por indicaciones, dicen, del propio gobernador. La trama. Si Carreras López necesitó una alianza, no escrita pero efectiva, con Gallardo para ganar la gubernatura, la situación ameritaba cambiar de aliados. Los panistas Sonia Mendoza y Xavier Azuara, se espantaron por la enorme fuerza alcanzada por Ochoa y Gallardo, sometidos por la fuerza de sus diputados locales contrarios, sus aliados, olvidaron las diferencias causadas por el muy sucio proceso electoral pasado. No obstante, tomaron cartas en el asunto… continúa (tomado de la versión impresa, JULIO 2017)

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Crece el malestar ciudadano por la conducta anómala de los diputados

Continúan las protestas ciudadanas en contra de la red de corrupción entre legisladores y funcionarios de la Auditoria Superior del Estado, que se ventiló en un video. Integrantes de asociaciones civiles, agrupaciones de médicos, empresarios y ciudadanos se manifestaron en la sede de Vallejo del Poder Legislativo para exigir que los diputados Enrique Flores Flores, Manuel Barrera Guillén, José Guadalupe Sánchez Torres y Óscar Bautista Villegas, pidan licencia al cargo y enfrenten las investigaciones del caso, sin protegerse en el fuero.

Los inconformes llevaron pancartas en las que se leían frases como No a la corrupción, No al cinismo, Por un gobierno transparente, algunos llevaron trampas para ratones que colocaron frente a la puerta de entrada al edificio y colocaron 27 sillas con frases como oportunistas, rateros, ladrones, lacras, exigieron también se aceleren las investigaciones y se castigue a quienes resulten responsables del blanqueo de las cuentas publicas.

El ex presidente del Colegio de la Profesión Medica, Ricardo Villarreal Villapando expuso que acudieron para decirles a los diputados que no los querían como sus representantes. Estaban avergonzados de tener representantes populares de tal calaña. “No es posible que un señor se ponga a bailar cumbia en las sesiones del congreso y otro se suba a lloriquear en tribuna sus asuntos personales y luego decir que todos tenemos cola que nos pisen. Nosotros no”.

Demandó como punto central que los 4 diputados de “la ecuación de la deshonra” soliciten licencia y enfrenten sin el fuero constitucional las graves acusaciones que se les hacen. Pidió a los asistentes manifestar su rechazo a los legisladores al darles la espalda, como lo hacen con el pueblo de San Luis Potosí.

La plataforma política Ganemos, en una carta dirigida al pleno y los cuatros diputados involucrados en el video escándalo, exigen pidan licencia al cargo, aprobar la ley para revocar el mandato, eliminar el fuero y cancelar el contrato con Panavi.

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Sobornos para limpiar el «cagadero»

Los escándalos por señalamientos de presuntos actos de corrupción para blanquear cuentas públicas, aprobar o rechazar dictámenes, repartirse con criterios partidistas los cargos en instituciones u organismos públicos que deben aprobar, o por los debates de carpa en que se han convertido las sesiones en el congreso, alcanzaron el impacto más alto el lunes 12 de junio cuando se difundió un video donde el diputado del PAN y presidente de la junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Enrique Flores, le explica al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, cómo, cuánto y con quienes de sus compañeros debe pagar el blanqueo de irregularidades de su cuenta pública del ejercicio 2016, cuyos informes finales deben aprobar durante el mes que corre.

En el video que se filtró al diario Pulso, Flores confirma que la Auditoria Superior es solo un instrumento utilizado por los legisladores para negociar, a cambio de dinero, impunidad por el desfalco de los recursos públicos. Detalla que los operadores del negocio son el diputado Óscar Bautista Villegas, que integra la cartera de vigilancia. El presidente del congreso, Manuel Barrera Guillén. El presidente de la comisión de vigilancia y legislador del PRD, José Guadalupe Sánchez Torres.

Con un lenguaje folclórico le expone a Ordaz los pasos a seguir si quiere salir inmaculado a cambio del pago de 4 millones. Promete interceder para que no se le cobre la tarifa establecida que es del 15 al 20% del monto de las irregularidades detectadas, que les aplicarían a otros ediles como el de Ahualulco, Federico Monsiváis y el de Tamazunchale, Baldemar Orta.

Flores dice que es parte de la ecuación, pero que no tomará un peso del soborno. Equivaldría a una chingadera hacerlo después de tanto que lo ha apoyado Ordaz. En otra parte le asegura: «si jalas, ahorita doy las instrucciones para que todo el cagadero quede limpio».

No obstante lo contundente de sus confesiones, Flores ofreció una rueda de prensa en la que no acepto cuestionamientos de los medios, dijo que el video estaba editado, que solo le siguió el juego al edil de Ebano. Crispín Ordaz. Lo calificó como una persona sin credibilidad que ha estado en la cárcel por haber malversado fondos del municipio en anteriores gestiones y aseguró que es una persona a la que la gente le teme.

Los legisladores involucrados en el escandalo de corrupción, Manuel Barrera Guillen y José Guadalupe Sánchez Torres, negaron tener injerencia de lo narrado en el video y presentaron denuncias ante la procuraduría para que se investiguen los hechos. en los que se les involucra en la exigencia de sobornos a cambio de blanquear las cuentas públicas de los alcaldes. Barrera dijo no formar parte de la comisión de vigilancia y no tener ningún trato de amistad con Flores. Sánchez aseguró que no existe posibilidad de manipular los informes que les entrega la Auditoria Superior del Estado.

El alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, presentó una denuncia contra Flores y quienes resulten responsables en la procuraduría por los delitos de extorsión, cohecho y ejercicio ilícito de las funciones públicas.

En tanto la dirigencia nacional y estatal del PAN, condenaron el video escándalo, deslindaron al partido de cualquier acto deshonesto y sometieron el caso de Flores a las instancias internas de orden y anticorrupción, donde se analiza sea expulsado de sus filas.

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Cisma en el PAN, Enrique Flores desplaza del mando en el congreso a Xitlálic Sánchez

Las divisiones internas entre los grupos del PAN, que encabeza el presidente del comité estatal, Xavier Azuara Zúñiga y el diputado local, Héctor Mendizábal Pérez, se evidenciaron una vez más en la asamblea del congreso donde el legislador, Enrique Flores, tomó protesta como líder de la Junta de Coordinación Política. Se proclamó también coordinador de bancada cuando apenas ayer su homóloga Xitlálic Sánchez Servín fue designada por Azuara para ocupar los mismos cargos.

Con la llegada de Flores a la Junta de Coordinación Política, órgano administrativo del congreso, se cumplió la advertencia que vía whatsapp le hizo el diputado del PRI, José Luis Romero Calzada a Sánchez Servín: “quien juega como tú, se equivoca. Lo más triste es que te usan. Yo te firmo que no vas a tomar protesta ni el jueves ni nunca”.

La maniobra de poner a Flores al frente se tomó por acuerdo de la mesa directiva que preside el diputado del Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén y la misma junta que hasta hoy dirigió el priista Fernando Chávez Méndez, que se quedó como secretario.

En misma cita, Romero Calzada subió a tribuna para pedir una disculpa a Sánchez y decir que el diálogo sostenido fue amistoso, en broma. La diputada Josefina Salazar respondió que una disculpa no borra el hecho. No puede subsanarse con subir a tribuna a disculparse. Exigió respeto para todas las legisladoras que integran el congreso.

Romero insistió que lo movió el afán de compañerismo, ya que los 27 legisladores se tratan como una familia, se apoyan y aconsejan en sus problemas personales. Relató que la diputada Josefina Salazar le quiso dar al hecho un manejo político por la coyuntura de ser el día internacional de la mujer o por haberlo solicitado Azuara, al que calificó como una persona frustrada, el gran perdedor en el PAN. Sus frustraciones hacen que se desmorone el partido.

El legislador de Conciencia Popular, Óscar Vera, le pidió a Romero que si había cometido una falta, se hincara y pidiera perdón. Pero no como un hipócrita. En entrevista, Flores aseguró que su arribo fue legal. Es además coordinador de bancada y cuenta con el apoyo del coordinador regional. El presidente nacional, Ricardo Anaya, no se ocupa de tales asuntos, porque tiene otros temas más relevantes que atender. Afirmó que no será factor de divisiones. Sánchez, antes de la toma de protesta de Flores, abandonó el recinto y ya no dio declaraciones.

 

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Atacan al «adicto» jefe de prensa Adrián Vázquez. Le piden a Carreras y Ugalde, se bajen el salario un 50%

En un hecho inusual por la línea que les imponen a los diputados del PRI los coordinadores de bancada, en la sesión de hoy el diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández presentó y se le aprobó con 13 votos a favor y dos abstenciones un punto de acuerdo para pedir al gobernador Juan Manuel Carreras y al secretario de finanzas José Luis Ugalde Montes, recortar en un 50% su salario y el de todos los secretarios del poder ejecutivo.

Segovia recibió el respaldo sólo de su homologo, José Luis Romero Calzada, pues los demás priistas, encabezados por el coordinador Fernando Chávez Méndez, le hicieron el vacío y abandonaron el recinto mientras se votaba y discutía la propuesta. Segovia también presentó un exhorto a la cámara de diputados federal y al senado para que disminuyan el próximo año las partidas destinadas a gestoría. Solicitó que los recursos ahorrados por las reducciones a los salarios de los funcionarios, se destinen a obras sociales en los municipios. A los que abandonaron la sala, expuso, los iban a regañar si se quedaban.      Por su parte Romero también arremetió contra el vocero estatal, Adrián Vázquez Méndez. Destacó que los ahorros que obtengan de las bajas de ingresos de los diputados y funcionarios, se destinen a obras públicas y no a mantener a empleados como el vocero de Carreras, al que se refirió como el “chaparrito adicto e intolerante”.

Romero insistió sobre el tema. Al final de la asamblea, pidió sin éxito, se le dijera sobre el acuerdo al llegaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en la junta que sostuvieron con Vázquez. El legislador de Conciencia Popular Óscar Vera, que en cada sesión se confronta con Romero, le aclaró que los informes los pidiera a sus representantes Fernando Chávez y Manuel Barrera Guillén.

Los legisladores aprobaron con 20 sufragios a favor, se nombrara como contralor interno del Consejo Estatal Electoral a Jesús Chevaile Abad para el periodo del 1 de noviembre del 2016 al 31 de octubre del 2020. Se votó un punto de acuerdo para solicitar al auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo investigar los sueldos, salarios o remuneraciones que percibe la titular de la secretaría de salud, Mónica Rangel, que en su comparecencia, reveló que gana 220 mil pesos mensuales. Se incluyen los directores de todas las dependencia. Vera planteó exhortar al procurador Federico Garza Herrera, implementar de inmediato el protocolo Ámbar para coadyuvar a localizar las mujeres y niñas desaparecidas en el estado. Erradicar la violencia de género y garantizar sus derechos humanos. Exigir al Instituto de las Mujeres y dependencias involucradas, actualizar el banco estatal de datos e informes sobre violencia contra el sector femenino.

 

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Le exigen a Federico Garza encontrar a los desaparecidos

En medio de protestas de familiares, amigos y activistas que portaban pancartas, lonas con fotografías y datos de los potosinos desaparecidos, compareció ante los diputados locales el procurador de justicia Federico Garza Herrera, quien aseguró, hubo 314 personas en calidad de desaparecidas. Se han localizado 275, de las cuales 197 son mujeres y 128 hombres. Afirmó que en la actualidad, se busca a 39, de las cuales 19 son mujeres y 20 hombres. Las cifras del funcionario fueron rechazadas por los manifestantes que le gritaron “no es cierto, son mentiras, te ayudamos a contar».

El diputado del Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén, cuestionó la falta de avances en las investigaciones. Mencionó al ex policía, Mauro Basarte, hijo de la trabajadora del congreso, Alicia Alvarado. Le pidió ser sensible en sus respuestas a los familiares, ya que se trataba de personas y no de simples estadísticas. El procurador aseguró que existen diferentes líneas de investigación. Dijo entender el reclamo de los familiares, por lo que se hace todo lo necesario para localizarlos.

Barrera le espetó que no les convencían sus respuestas. El funcionario le señaló que no venía a convencer a nadie y que iba a informar los datos con los que se contaba en la dependencia. El legislador, molesto, abandono el recinto y salió con algunos familiares de las víctimas.

En su turno, la diputada panista Xitlálic Sánchez Servín insistió sobre el tema y calificó de irresponsables las declaraciones de Garza, al declarar en una entrevista, que las personas desaparecidas, se fueron con el novio. Exigió más trabajo y mejoras al nuevo sistema de justicia penal, donde las víctimas se vuelven culpables y los delincuentes inocentes.

Garza Herrera se defendió. Le respondió que no compartía sus apreciaciones, ya que nunca generalizó. Se refirió a algunos casos. Afirmó compartir la lucha que realizan los manifestantes a los que apoya con labores de 24 horas. Informó que en los próximos día se pondrá en marcha el protocolo Alba, para actuar en el caso de mujeres y niñas desaparecidas.

Le dijo a los diputados que el próximo año realizará una limpia de funcionarios en la procuraduría. Saldrán quienes no son efectivos. Se quejó de la falta de recursos y elementos de la policía ministerial, menos de los que se tenían en el sexenio de Fernando Silva Nieto.

Añadió que mil 66 funcionarios de la procuraduría se han sometido a investigaciones por actos de corrupción y otros ilícitos, de los cuales 80 son agentes del ministerio público. Se han consignado a 55 y el resto está en trámite en la visitaduría de la dependencia.

El legislador del PRI, Óscar Bautista, demandó se atienda a los familiares de los desparecidos y que la mesa especial de víctimas los mantenga informados de los avances en cada uno de los casos. Antes de la comparecencia de Garza, la activista Rocío Hernández, de la plataforma 24 A, leyó un manifiesto donde exigió el cese del funcionario por la falta de resultados en las pesquisas y detener la ola de violencia en el estado.

Garza atendió a varios de los afectados ante los que se comprometió iniciar el próximo jueves mesas de trabajo para atenderlos a todos. Una tía de la joven Cinthya Paola Castro, maestra desparecida el 4 de octubre, con lagrimas suplicó los respaldara para encontrar a los potosinos que no están presentes.