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Asesinatos, secuestros y desapariciones impunes en Rioverde

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En el trienio del alcalde “más guapo del mundo”, es decir Rioverde, Arnulfo Urbiola, se registró el segundo secuestro y asesinato de la locutora Melisa Abigail Rodríguez Durán, que laboró en una estación de radio que se transmite por internet, donde se maneja música grupera. La última vez fue vista en la colonia Infonavit Ojo de Agua. El cadáver fue encontrado en la llamada super carretera Rioverde-Cerritos, a la altura de Villa Juárez. Tenía signos de haber sido atropellada.
La primera desaparecida fue la contadora Berenice Rubio González, a la que un grupo de sicarios, la levantó, en la mañana, en el primer cuadro de la cabecera municipal. Laboró por muchos años con el ahora edil. La misma suerte ocurrió con otra compañera de labores, que se encuentra a salto de mata, con el pavor encima de correr la misma suerte.
Sus amigos y familiares, han establecido que tiene datos muy delicados. Los revelará hasta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acepte la denuncia que hizo contra policías ministeriales, que trataron de raptarla, para que no hablara.
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399 Project Development, el proveedor de Gobierno del Estado, Ayuntamientos y la «Herencia Maldita»

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La empresa 399 Project Development, del piloto potosino Jesús Cordero de Ávila, no solo es la favorita de Ricardo Gallardo Cardona para la compra de vehículos y patrullas para las diversas fuerzas de seguridad del estado. También existe un favoritismo hacia la firma del piloto recién premiado por las los diputados con la presea “Plan de San Luis”, por parte del ayuntamiento de Rioverde, Ciudad Fernández y la capital, donde le han entregado jugosos contratos. Inclusive la llamada “Herencia Maldita”, del ex gobernador Juan Manuel Carreras, realizó contratos con 399 Tactical.

La actual administración estatal, le entregó el contrato de la compra de vehículos para la Coordinación Estatal de Protección Civil, por el monto de 2 millones 349 mil 988 pesos. Además, le entregó 33 millones de pesos en vehículos y ambulancias para la Fiscalía del Estado. A través de su página Web y redes, el proveedor exhibe que ha acaparado el contrato de vehículos para la Guardia Civil del Estado. El convenio para para vehículos de traslado del DIF estatal. Le compraron vehículos tipo escolta para el gobierno de Gallardo Cardona. Así como vehículos para Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. El monto de los cuatro últimos contratos, se mantiene oculto por parte del Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, quien apela a criterios que atentan a la seguridad, para no revelar el monto erogado en los contratos.

Vehículos entregados a la Guardia Civil Estatal
Camionetas para la Fiscalía General del Estado
Camionetas de Traslado para el DIF Estatal

El negocio 399 Project Development también resultó favorecido con jugosos convenios por el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, quién le entregó 4 patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Erogó 4 millones 560 mil pesos. Los datos se obtuvieron a través de la solicitud con folio 240474023000005, realizada por La Noticia. A través de su página web, se supo que 399 Project Development ha realizado contratos con el edil de Ciudad Fernández, Marcos González Jasso, por la compra de una patrulla. También se coló al ayuntamiento de la capital, que encabeza Enrique Galindo Ceballos, quién le ha brindado contratos para motocicletas viales, grúas de alumbrado y pipas de agua. Hasta el momento se desconoce el monto erogado.

Entrega de patrullas por el Ayuntamiento de Rioverde

Patrulla para el municipio de Ciudad Fernández
Grúa para el ayuntamiento de San Luis Potosí
Pipas para el Interapas

La empresa 399 Project Development expone haber prestado servicios en el sexenio anterior, con vehículos para Protección Civil y la Fuerza Metropolitana Estatal, donde entregó 50 vehículos tipo sedanes, 15 Pick Ups y 20 motocicletas en el 2017. Se desconoce el monto total erogado. En el 2018, se realizó otro contrato por 21 patrullas con un gasto de 16.7 millones de pesos.

El exclusivo proveedor, en otros estados cuenta con un negro historial. En el portal Agenda Política de Chihuahua, lo acusaron de haber sido sancionado por la Auditoría Superior del Estado, al incumplir un contrato superior a los 15 millones de pesos, por concepto de “un sistema de señales electrónicas, que tiene como objetivo, obtener y recabar informes por medio de cámaras públicas, para el análisis y suministro en los trabajos de seguridad pública del gobierno estatal”.

En el reportaje, se expone que también fue investigado por el diario, Sol de Quintana Roo, donde establecen que vendió “un servicio de conversión de unidades de seguridad”, vehículos convencionales a patrullas, con un sobrecosto del 400% al municipio de Solidaridad. El informe se publicó en agosto del 2021. Enfatizó que 399 Project Development, en su razón social, no específica ofertar equipos de seguridad pública. Lo que se confirma en el acta constitutiva, donde alude a gestiones y trámites aduaneros.

En la página web ofrece comercializar productos de seguridad, vehículos, software, entre otros servicios. Destaca que Cordero Ontiveros, uno de los principales socios, fue delegado de la extinta Procuraduría General de la República en Michoacán. Otros medios informativos nacionales exponen que lo detuvieron en el 2019, acusado por delitos de despojo de tierras en Michoacán, extorsiones y robo de mineral. Se dijo que fue investigado por el ejército al ostentarse como miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial.

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En crisis financiera municipio de Rioverde, por culpa de ASE y Congreso

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Ante la omisión de autoridades de la Auditoria Superior del Estado, ASE, del Congreso del Estado y del municipio de Rioverde, se le deben 2 mil millones de pesos a un ex trabajador de ese ayuntamiento de nombre Margarito Ortíz Saldivar, lo peor de esto, es que la deuda sigue creciendo ante la pasividad de las autoridades que sólo se han mantenido como espectadores.

Esto es lo que denunció, Juan José Frías Aguilera miembro de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especializados en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C., quien detalló que derivado de la irresponsabilidad y falta de interés de las autoridades legislativas y fiscalizadoras de la ASE, el Municipio de Rioverde, tiene en grave riesgo sus finanzas y sus bienes.

A consideración, el Síndico Municipal, Ulises Ledesma Salazar, debería de ser prudente, ya que recientemente manifestó que el adeudo es por mil 200 millones de pesos, cuando la cantidad actualizada ronda los más de dos mil millones de pesos, además manifiesta que se sigue litigando ante el tribunal tratando de convencer al Juez, hecho que también es falso, ya que no existe ningún proceso judicial en trámite, solo pretenden retardar o alargar el proceso de embargo, toda vez que ya se tiene una sentencia ejecutoriada y firme, dentro del expediente No. 36/2000 que se sigue ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil del municipio de la zona media.

“Es posible que en cualquier momento se lleve a su ejecución de manera total, recordemos que ya se le embargaron en diversas ocasiones varios inmuebles, citando como ejemplo el terreno de la feria, otro terreno por la supercarretera, y pagos parciales en consignación que se han realizado ante el juzgado, pero que en la realidad lo que se está haciendo es solo entretener de manera inútil, ante la falta de voluntad por buscar una negociación definitiva”.

Ha habido desinterés en el tema, puesto que el quejoso se ha dicho dispuesto a aceptar una negociación, e inclusive se sabe que existe un convenio de pagos parciales además hay una acta de cabido del año 2000 donde se ordena buscar un acercamiento con el afectado, sin  embargo por intereses políticos y mezquinos de los ex funcionarios de los diferentes partidos, no ha sido posible un arreglo.

“Los bienes que el funcionario público municipal, menciona son inembargables, hecho que es totalmente falso, toda vez que de manera irresponsable nunca realizaron desde que se generó dicho adeudo el Registro Contable con el Acreedor, y peor aun agravando la situación, no han sabido llevar dicho registro de manera armonizada conforme a lo señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual dispone que dicho pasivo se debió registrar en tiempo y forma desde que se tuvo conocimiento del adeudo, pero mayor responsabilidad tiene esta administración municipal, ya que quien encabeza a ésta, es José Ramón Torres García, quien derivado de una reelección a su mandato está repitiendo en el cargo, por lo cual junto con sus colaboradores como los síndicos así como el tesorero, incurren en responsabilidad civil, penal administrativa y hasta política, ya que esta es de considerarse como causa grave, por lo que concierne a los regidores estos estarían incurriendo en Encubrimiento y Complicidad, por no realizar una revisión precisa y exacta de los Estados Financieros”.

Lo anterior se deriva de una solicitud que se presentó ante el Modulo de Transparencia de dicho Municipio desde el pasado 1 de agosto de este año, en la cual se pidió la Información correspondiente, ya que al pretender ingresar al portal de Internet, dicha información no fue encontrada, violentándose la citada Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la Ley de Transparencia, también se violenta la Ley de Disciplina Financiera y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, los cuales exigen el cumplimiento con puntualidad, los registros mismos que deben manifestarse en los Estados Financieros el manejo y Control de Deuda Pública.

Existe el riesgo que intervenga un profesionista que si conozca de la materia y que con decisión y carácter exija el pago total y la ejecución del adeudo, incluso procede y es posible una demanda de Juicio Político por omisión de al actual Cabildo Municipal.

“Es una pena que la Auditoría Superior del Estado, al no brindar la asesoría profesional que le corresponde, pero sobre todo exigir que se realicen los informes dentro del marco de la Ley, se muestra como simple espectadora, ya solo le falta aplaudir, pues de un hecho conocido, no exige el cumplimiento al Estado de Derecho y no se aplican las sanciones que corresponden a los funcionarios públicos involucrados, siendo cómplice por omisión en los hechos de corrupción e impunidad, y no menos responsabilidad tienen los diputados de la actual legislatura, principalmente la Comisión de Vigilancia que se supone es quién vigila a la Auditoría Superior del Estado”.

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Ramón Torres García y su camarilla, saquean las arcas públicas sin recibir el mínimo castigo

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En las redes sociales y folletos que circularon en las calles, se enfatizó que la ciudadanía está harta de los políticos corruptos y el objetivo es ponerlos en evidencia. Aluden en concreto al alcalde de Rioverde, José Ramón Torres García. Junto con sus colaboradores, “se han robado cerca de 40 millones de pesos. Sus funcionarios quieren quedarse otros tres años. Se les puede aplicar el sufragio efectivo de no reelección. Se trata de personajes influyentes en la toma de decisiones en la presidencia. Figura el director de desarrollo social, Daniel Nieto Caraveo. El tesorero, Horacio Balderas Ávalos. El secretario general, Rubén González Juárez. La oficial mayor, Gloria Guadalupe Olvera Montes y el secretario particular, Wenceslao García Oviedo”. Se estableció que el ayuntamiento recibió del gobierno federal y estatal, aportaciones y otros ingresos en el 2016 por 291 millones de pesos. En el 2017, 300 millones. En el 2018 fueron 350 millones de pesos que se erogaron en sueldos y gastos operativos, despilfarro y pocas obras públicas. Ramón Torres ofreció un gobierno austero y cercano a la gente, pero autorizó y asignó a los funcionarios, ingresos, aguinaldos y vacaciones pagadas muy superiores a las que reciben los demás trabajadores.

Niegan que Torres sea un empresario boyante. Al contrario, se ha convertido en un burócrata y chapulín. Ha vivido de la nómina durante 12 años. Tiene ingresos al año de 869 mil 790 pesos. Al mes equivalen a 72 mil 482 pesos, con 55 días de aguinaldo y 20 de vacaciones pagadas por 41 mil 920 pesos. Busca reelegirse y promete llevar a cabo, ahora sí, las obras que no cumplió. Nieto Caraveo gana al año 494 mil 633 pesos. Al mes, 41 mil 219 pesos, más 20 días de vacaciones de 23 mil 677 pesos y 50 días de aguinaldo de 59 mil 167 pesos. Tiene 9 años de vivir de la nómina. Renunció el 30 de marzo para irse como tesorero de la campaña. Es el responsable de las negociaciones con contratistas, cobra moches por asignar las obras. “Es un corrupto. Su cuñado, el psiquiatra Antonio Amador Blanco, es el coordinador de la campaña de Ramón Torres. Es el Rasputín, metió a sus hermanas, primos e hijas, que viven del presupuesto”.

Rubén González tiene ingresos anuales de 494 mil 633 pesos. Al mes, 41 mil 219 pesos. Más 20 días de vacaciones por 23 mil 667 pesos y 50 días de vacaciones de 59 mil 167 pesos. “Se roba el dinero de los permisos para bailes y fiestas particulares. En las comunidades rurales, en contubernio con la policía municipal, extorsionan a los automovilistas por anomalías cometidas y no remitirlos a las celdas. Ha sangrado al erario durante 21años. En 2016 y 2017, coludido con el síndico Ulises Ledesma Salazar, le autorizó expedir a nombre de la inmobiliaria Tierre, avalúos, traslado de dominios y cambios de uso de suelo. Utilizó informes falsos para que la empresa escriturara a su nombre un terreno del municipio, con un valor superior de los 15 millones de pesos. Gloria Olvera tiene ingresos al año de 494 mil 633 pesos. Al mes de 41 mil 219 pesos. Más 20 días de vacaciones de 23 mil 667 pesos y 50 días de aguinaldo por 59 mil 167 pesos. Tiene 14 años de vivir del erario.

En el 2003, como delegada de Relaciones Exteriores, fue suspendida por falsificar documentos. En 2014 y 2015 se desempeñó como gestora y coyota de placas chocolates. En 2016 fue demandada por robo y fraude en la venta de chatarra municipal, sin permiso del cabildo, en 2 millones de pesos. En el lapso del 2015 al 2018, se convirtió en empresaria e inversionista de los antros Wings Yard y salón de fiestas El Palmar, donde se vende alcohol en cantidades industriales a los jóvenes. Con frecuencia hay riñas violentas. También remodeló su casa y adquirió carros nuevos. El 30 de mayo del 2018, renuncio al puesto para apoyar la campaña de su marioneta Ramón Torres. Se dedica a reclutar representantes de casillas para el PAN.

Horacio Balderas tiene ingresos al año de 494 mil 633 pesos. Al mes de 41 mil 219 pesos. Más 20 días de vacaciones por 23 mil 667 pesos y 50 días de aguinaldo por 59 mil 167 pesos. Se anidó en la nómina 8 años. Autoriza pagos por adelantado e interviene en los concursos amañados de obra pública. Es tesorero y presidente del patronado de la feria regional. En el lapso del 2015 al 2017, perdieron más de 6 millones de pesos. Manejó los festejos de los 400 años de Rioverde donde se gastaron más de 8 millones de pesos. Se niega a rendir cuentas a la ciudadanía. Wenceslao García tiene ingresos al año de 345 mil 833 pesos. Al mes, 28 mil 819 pesos. Más 20 días de vacaciones por 16 mil 667 pesos y 50 días de aguinaldo que alcanzan los 41 mil 667 pesos. Ha exprimido las arcas durante 12 años. Se sumó a la campaña reeleccionista ya que aparece en la planilla como regidor. Se desempeñó del 2016 al 2018 como agente de seguros Cualitas. Lo contrataron para más de 80 vehículos del ayuntamiento y pólizas de vida de funcionarios y policías. Le pagan más de 1.2 millones de pesos anuales. Es un claro ejemplo de tráfico de influencias.

El contralor interno, Francisco Rodríguez Narváez, tiene ingresos al año de 494 mil 633 pesos. Al mes, 41 mil 219 pesos. Más 20 días de vacaciones por 23 mil 667 pesos y 50 días de aguinaldo por 59 mil 167 pesos. Ya tiene 8 años de sangrar la hacienda. No ha vigilado la legalidad de las operaciones en los concursos de obras. No evalúa ni sanciona los precios que se fijan. Desatendió las acusaciones presentadas por el velador del almacén municipal el 3 de noviembre del 2017, sobre la venta ilegal de chatarra que hizo Gloria Olvera Montes. Es cómplice de los atracos. El gerente de la sucursal de Cárdenas de la tienda Copel, Saúl Moreno Martínez, como presidente del comité municipal del PAN, denunció ante el comité estatal, las corruptelas de Ramón Torres García y sus cómplices. Pero después se vendió con el edil a cambio de ocupar la primera regiduría. Se le ubica como traidor y corrupto. Podría ganar 35 mil pesos mensuales, más prestaciones. Torres lo tentó de contar con dos ingresos.

“Ramón Torres gana diario 27.5 salarios mínimos. Un trabajador percibe dos. Los 20 funcionarios de primer nivel, 9 millones 421 mil 670 pesos al año. Los 620 empleados del ayuntamiento, al año, 66 millones 939 mil pesos. Ramón Torres y sus funcionarios perciben 7 veces más que los 620 empleados y policías que laboran en el ayuntamiento. Son datos obtenidos de la presidencia municipal. Se puede checar en la página del ayuntamiento. Se deben investigar los derroches y pérdidas de dinero. En la feria regional del 2015 se gastaron 800 mil pesos. En el 2016 fueron 2 millones 800 mil pesos. En el 2017 erogaron 2 millones 500 mil pesos. La pérdida total asciende a 6 millones 100 mil pesos. En los 400 años de la fiesta de Rioverde, dilapidaron más de 8 millones de pesos. Los manejadores, Horacio Balderas, Guadalupe Olvera, Wenceslao García, Antonio Loredo Juárez y Fernando Marcos García Barrera nunca han rendido cuentas”.

Una pequeña fuente al ras del suelo, que se ubica frente a la iglesia de Santa Catarina, costó 3 millones 499 mil 763 pesos. Duró dos meses, ahora se encuentra sin funcionar. Se hizo un local para lucha libre con un costo de 2 millones de pesos. No es funcional, apenas cabe el cuadrilátero. Los aparatos para ejercicio se colocaron al aire libre. Los evaluadores establecen que se inflaron los costos en un millón 600 mil pesos. La pantalla electrónica, que nadie mira, es de segunda mano. Gloria Olvera y Fernando Marcos García la adquirieron para un negocio particular de publicidad en 8 mil dólares, equivalentes a 135 mil pesos. La revendieron al ayuntamiento en 240 mil pesos, con un sobreprecio de 106 mil pesos.

Ramón Torres y sus cómplices, se dedicaron a hacer cuartos y electrificaciones en comunidades alejadas, para que nadie notara los desfalcos. Los concursos para elegir a los contratistas fueron simulados. Son 7 contratistas los que ganaron las obras importantes por un monto superior a los 100 millones de pesos. Invitaron a otros 15 paleros para hacer creíble el enjuague 272 veces y previos acuerdos, se eligió al ganador. Las obras se cotizaron por encima de los precios reales. En el 2016 y 2017 se realizaron mil 60 acciones, 657 cuartos dormitorios, 167 cuartos con baños y 236 techos firmes con un valor superior a los 60 millones. El valor real es de 37 mil 700. Por cada uno pagaron 65 mil 56 pesos. Significa que el sobreprecio fue de 27 mil 356 pesos. Se robaron cerca de 17 millones 972 mil 892 pesos. Hubo 167 cuartos con baño con un valor real de 20 mil 800 pesos. En promedio pagaron 67 mil 520 pesos. El incremento alcanzó los 46 mil 720 pesos. Se llevaron una ganancia de 7 millones 972 mil 892 pesos.

En las electrificaciones realizadas, según avalúos de especialistas, el sobreprecio fue del 80 al 100% del valor real. Equivale a pagar 15 millones de pesos arriba de los costos reales. “Se demuestra y pone en duda la validez de los concursos, que son meras simulaciones. Una clara muestra de corruptelas, conocidas como moches vulgares. Los contratistas dijeron que el hijo de Ramón Torres, con el mismo nombre, es igual de ratero. Es socio del ingeniero Luis Felipe Velázquez Díaz, de los contratistas privilegiados”.

“Gloria Guadalupe Olvera fue denunciada y demandada ante el cabildo, la fiscalía general, congreso del estado y la contraloría, por la regidora Luz Elena Hernández Tenorio por vender sin permiso legal, la chatarra que el municipio había acumulado durante 20 años. Se estima que su valor fue de 2 millones de pesos. Se dio el despojo de un predio ubicado sobre el bulevar ferrocarrilero en el que se encuentran inmiscuidos funcionarios, las direcciones de catastro, desarrollo e imagen urbana, por instrucciones de Rubén González Juárez y Ulises Ledesma Salazar. Expidieron avalúos, traslados de dominios y usos de suelo con datos falsos. Sabían que el lote es propiedad del ayuntamiento. La inmobiliaria Tierre escrituró el inmueble a su nombre y lo registró el 19 de febrero del 2016. Para protegerse, Ulises Ledesma se coló de nuevo en la planilla de Ramón Torres. El 30 de noviembre del 2017, desarrollo e imagen urbana expidió la licencia de uso de suelo y permiso para construir una plaza comercial en el terreno. Es un delito de orden penal y se sanciona con cárcel”.

“En meses recientes, el empresario Margarito Ortiz Saldívar, al que el ayuntamiento le debe más de 500 millones de pesos, junto con su asesor legal, Jaime Suárez Altamirano, embargaron los terrenos del ferrocarril, con lo que provocaron un fuerte quebrando al pueblo de Rioverde. La Auditoria Superior del Estado ubicó al municipio en el tercer lugar de irregularidades en el 2016, por más de 70 millones de pesos. A varios contratistas se les adelantaron 43 millones de pesos de obras que aún no se ejecutan. El grupo de Ramón Torres compró facturas falsas para cubrir el fraude”.

 

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Los regidores Bonsái

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Abrimos nuestro comentario con los regidores del ayuntamiento de Rioverde a quienes les llaman los “Bonsái”, ya que solo sirven de adorno, son muy caros y son de ideas cortas. Es como actúan los integrantes del cabildo 2015-2018. Les queda a la medida el calificativo, porque se han convertido en cómplices del tibio alcalde Ramón Torres García, el cual es manipulado por los dragones, los que toda la vida se han convertido en los ganones. Se formaron bajo el mando del oscuro dirigente de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos: Fernando Marcos García, Gloria Olvera Montes, Daniel Nieto Caraveo y Horacio Balderas Ávalos, que hacen y deshacen a su antojo con los dineros del pueblo y otorgan las obras a sus contratistas favoritos. Cuentan con la complicidad del cuerpo edilicio, que todo aprueban, sin objeciones.

El regidor del PT, Alfredo Limón Robles, previo acuerdo, le tocó la cartera de hacienda. A través de un prestanombres, familiar del susodicho, factura de 8 a 10 millones por año por las obras que ejecuta con su empresa y de sus hermanos, “Grupo Limón”. Es el que se lleva la mayor tajada de todos los regidores. Le compite el del PRI, José Luis Zamarrón González, que por un vale de gasolina para sus peseras, acepta todo, dócil levanta la manita. Es un priista empanizado, recibe órdenes de su patrón Ramón Torres García. Su mayor virtud es decirle al oído a su compañera de partido, Aurora Dufour de Gama, diga presente cuando pasan lista.

Las Bonsáis más caras son las maestras Ernestina García Zamora y Carmen Guevara Torres, una priista y la otra panista. Han sido dos veces regidoras y si pusieran la experiencia que le ha costado al pueblo, si cumplieran su responsabilidad, serían inversiones rentables. Pero se concretan a organizar o apoyar festivales caros que no proyectan al municipio en lo mínimo. Hay que sumarle que ambas fueron directoras de educación en diferentes trienios. Ahora les llaman las Elbas Esther Gordillo, pues se han convertido en caciques de las secciones 26 y 52 del magisterio.

Hay otro regidor panista que se les empareja. Es la segunda vez que llega a la cartera de salud, algo tan delicado, ya que es un tema con el que no se juega, lo que pasa a otro término. La experiencia adquirida no se ve por ningún lado, ya que no propone iniciativa alguna, solo asiste a las sesiones a levantar la mano. Para congraciarse con el sector económico, metieron a la planilla al empresario Sergio Villanueva. No tiene conocimiento alguno, aceptó el cargo para dar resultados negativos. Vota sin analizar, ni revisar, menos debatir. La única vez que abrió la boca fue para que le pase lo que a la perra de la tía Cleta. Para hacerle justicia a la militancia panista, propusieron a la señora Marcelina Hernández González. Su preparación, capacidad y experiencia le alcanza para levantar la mano. Cubre uno de los requisitos más elementales para ser regidora panista.

Donde se dio la perversidad en su máximo esplendor fue en la planilla del ex candidato del PRI a la alcaldía, Carlos Pillado Siade, al meter a la señora Aurora Dufour Santillana, madre del ex alcalde y ex diputado federal panista, Sergio Gama Dufour. Tal vez el priista creyó que sumaría votos, sólo provocó que muchos del PRI le dieran el voto al PAN, por lo que consideraron una triquiñuela política con tintes partidistas bajo la mesa. No podemos dejar de mencionar la figura decorativa del honorable cabillo con la profesionista Julissa Isabel Amador Nieto, hija del ex regidor y coordinador de campaña, Antonio Amador Blanco y sobrina del director de Sedesol, Daniel Nieto Caraveo. Se demuestra el nepotismo, un concepto cuyo significado desconocen los moralistas venidos a menos: un gobierno cercano a la gente, pero más pegado a la familia. Uno que poco habla, claro, más que sus compañeras, es el regidor José de Jesús Ávila Gama, que llegó vía las negociaciones.

Primero hizo su grupo para estar en las competencias internas, se alió con el segmento de Ramón Torres, pidió a cambio la primera regiduría. A su equipo lo dejó tirado en el camino. Se montó en el caballo y ni en ancas llevó a quienes lo apoyaron en su aventura, porque ignoraban que no tiene palabra, no cumple. Posdata, varios panistas se quejaron con el regidor Jesús Figueroa Carbajal, sobre un funcionario que emplea maquinaria del pueblo en Arroyo Seco, en una obra personal. Encaró al alcalde, que le contestó: ¿qué quieres que haga?, es compromiso con un exalcalde. Le expuso que ya son dos años, entonces, se pagó el favor. Le respondió que el compromiso dio la vuelta. Así de mal andamos en Rioverde.