El litigante José Arturo Fernández Tovar, denunció que el candidato a diputado local por la vía independiente, Gabriel Salazar Soto, defraudó a 800 inversionistas que le confiaron sus ahorros, a los que pudo afectar por un monto que supera los mil millones de pesos. Expuso que está coludido con la ex secretaria de salud y candidata de Morena a la gubernatura, Mónica Liliana Rangel, que le entregó sin concurso, más de 200 millones de pesos, por supuestos servicios de seguridad y limpieza. Fernández representa además al organismo Militares y familiares en etapa de retiro en San Luis Potosí, que también fueron desfalcados. Defiende en total a 60 víctimas de las engañifas del falso empresario que creó una parafernalia de firmas donde prometió a los ahorradores, ganancias del 10%. Pero todo resultó una típica oferta de timo. Les hizo creer a los parroquianos que representaba a 30 negocios más.
Sin embargo, ninguna existía en lo físico ni contaba con un domicilio propio. “La transa comenzó cuando el padre biológico de Salazar, el abogado Carlos Víctor Cano Zuart, vio que su hijo sufría en lo económico, por lo que se puso a vender enchiladas en la calle para sobrevivir. Lo jaló para que le empiece a ayudar en cuestiones financieras con el gobierno estatal. Con el tiempo, lo conectó con la secretaria de salud, Mónica Rangel, que le da varios contratos para que lleve a cabo la limpieza del lugar y llevarse residuos peligrosos. Los convenios son legales, pero no están amparados en la transparencia. No se someten a concurso, se otorgan por el amiguismo, como ya es costumbre. Las corruptelas se dieron a través del diezmo”.
Salazar obtenía pagos bimestrales, con lo que logró capitalizarse y crear la empresa Invercorp, con la que comenzó las estafas a través de otras empresas fantasmas. Sin embargo, en prolongados lapsos no recibió pagos del gobierno y se quedaba sin dinero. Entonces se le ocurre solicitar préstamos a dos oficiales del ejército. Les asegura que cuando le llegue el pago, les dará un 10% de ganancias. Es cuando en el 2017, crea Invercorp. Convence a la gente, invertir su dinero, a cambio de un alto porcentaje al regresarlo. Invercorp llegó a obtener entradas de hasta 20 millones de pesos por mes y Salazar comienza a salir en revistas importantes a nivel internacional, como el gran promotor potosino.
“Se auto nombró el príncipe de las inversiones. Pero el declive era inminente. Al crecer el número de ahorradores, con el tiempo, a las mismas personas, les tenía que devolver el dinero con intereses. Las entradas ya no fueron suficientes para pagarle a todo el mundo. A finales del 2020, ya eran 800 personas a las que debían cuotas multimillonarias. Las empresas fantasmas las agrupaba en el edificio M, ubicado en Venustiano Carranza. Según investigaciones que hicimos en el registro público, Salazar no aparecía como dueño del lugar, sólo rentaba el piso 13. La firma que funcionaba era de limpieza. Otra vendía uniformes de militares, y equipo y servicio de seguridad. Las demás nunca existieron”.
“En la entidad no es la primera vez que existe tal tipo de fraudes, donde abusivos convencen a ingenuos para que inviertan su dinero con la expectativa de ganar más. La gente vende sus coches, casas, todo lo que tienen y deciden invertirlo en estafas. Lo mismo pasó con Salazar. Las personas ofertaron sus pertenencias. Tal vez recibieron uno o dos pagos, pero después nada. El motivador se quedó con el resto del dinero. Dejó a los clientes con deudas millonarias, ya que muchos de los que invirtieron, llegaron al extremo de hipotecar las viviendas. Mientras, el responsable se daba sus viajes, paseaba en carros de lujo, se llenaba de caprichos, junto con la familia. Las personas creyeron de manera noble, ingenua. Se justificó al decir que son situaciones que pasan y salieron mal. Represento a 60 afectados, algunos tienen invertido, como mínimo, 3 millones de pesos. El señor carga la tarea legal de responder y regresar íntegro el capital”.
“Habló de construir departamentos de lujo en la Comuna Tower, que se ubicaría en Pozos. Salazar compró el terreno, confiado en que lo ayudarían funcionarios del gobierno estatal. No calculó que existen permisos federales, difíciles de conseguir. No se los dieron y fue un plan más que fracasó”. El litigante señaló que al comenzar las averiguaciones en la fiscalía local, se enteró que Salazar ya tenía otras denuncias en contra por el mismo delito de fraude, efectuadas por los abogados Walter Stahl y Salvador Rincón Iglesias.
Pero no había avances, el ministerio público no sabía dónde radicaba el engaño, ya que los parroquianos habían firmado un contrato”.
“Pero el documento no tenía validez. Según la ley federal de inversiones, se debe contar con un permiso para ser operador financiero de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y estar registrado en el Sistema de Información de Prestadores de Servicios Financieros a nivel nacional, donde se estipula de manera clara, cuáles empresas están autorizadas. Son requisitos que Salazar Soto decidió ignorar. No se puede crear una sociedad y recibir dinero público sin estar regulado. Es indispensable una figura jurídica. Al no contar con los permisos y registros que estipula la ley, se incurre en un dolo. Lo pudimos comprobar. Ahora que la procuraduría sabe dónde está el problema, lleva a cabo las averiguaciones. Esperamos que no se atoren. Lo digo por las supuestas relaciones que tiene Salazar con gente de gobierno. No queremos imaginar que tiene inmunidad por parte de la fiscalía”.
“Reconocemos avances. En parte se debe a que cada abogado aporta los elementos para que los casos avancen. Además de denunciar, hay que ofrecer pruebas. Gabriel Salazar es un joven astuto, con facilidad de palabra, simpático, que pudo ser un gran empresario, si contara con un mínimo de estudios para hacer las planeaciones lógicas. Lo que hizo son puros sueños. Ahora tiene mucho que pagar. En un inicio hizo algunos abonos a varias personas que represento, pero después dejó de cumplir. Por fortuna, ya contamos con propiedades que le embargaremos para cubrir los ahorros de 37 de 60 inversionistas que firmaron un acuerdo notarial. Pero todavía adeuda muchísimo dinero”.
“Hablamos de las personas que han denunciado, no de las 800 afectadas. En nuestro caso, nos moveremos hasta que se liquide el último peso que se debe. Un defraudador siempre aparta un guardadito para hacerle frente a cualquier acontecimiento. El mismo Salazar me lo llegó a comentar, tenía propiedades que no estaban a su nombre. No aparecen a la vista, pero se podrían investigar”. Fernández Tovar subrayó que el motivador se encuentra confiado. “No le preocupan los delitos cometidos y hace campaña como independiente para diputado local por medio de las redes sociales. Y de ganar, viene un escenario catastrófico para el gobierno. Manda el mensaje erróneo de que cualquier estafador puede hacerse millonario de la noche a la mañana, salir impune y todavía obtener un cargo público. Pero no es tonto, sabe que al salir solo a la calle, lo pueden matar por ladrón”.
“Es bastante la gente enojada. Pero también hay brutos y corruptos que no dudo, lo apoyen. Salazar supo lo que hacía, pero le importó poco, se llenó de plata y amistades influyentes. Sopesa que no le sucederá nada. Cuando lo empezaron a requerir, le dijo a sus víctimas, que si contrataban a un abogado y lo denunciaban, no iba a regresaría un solo peso. Sigue confiado en que lo salvarán los políticos y las altas esferas. Cree que meterán las manos cuando llegue el momento de presentarse ante la justicia, al explotar la bomba. El señor lo toma a juego, como si fuera un circo. Merece un castigo ejemplar, no podemos permitir quede impune”.