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Gallardo Cardona, el verdadero alcalde de Soledad

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En el acto donde el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte entregó varias patrullas, con las que pretende “abolir” la inseguridad, se desprenden al menos dos lecturas superfluas: el verdadero edil es el diputado federal del PRD, Ricardo Gallardo Cardona, al que sus adeptos gritaban hasta desgañitarse. Hernández pasó a un triste y lamentable segundo plano. Se corrobora que es una auténtica marioneta. Su feroz verdugo no lo dejó poner ningún cuadro.

La que también manda es la titular del DIF, Ruth González Silva, esposa de Gallardo. Es la que toma las decisiones más importantes ante la ausencia del cónyuge. Hernández ya se ganó una estatua al servilismo. Ahora es el encargado de patrocinar los costosos medios electrónicos que utilizan sus mecenas para denostar al munícipe de la capital, Xavier Nava.

Otro aporte es que se confirma la vigente complicidad del gobernador Juan Manuel Carreras con sus vecinos que le ayudaron a ganar con chicanas el cargo. Ya se había rumorado que apenas lo invita Gallardo a visitas proselitistas en su distrito y el doctor en derecho abandona sus tareas primigenias para complacerlo. Cuán lejos está el fiscal Federico Garza de abrirle un expediente criminal a la familia Gallardo, acusada de enriquecimiento ilícito y fraudes fiscales. Con el respaldo de Carreras, seguirán impunes otros 3 años.

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Los Gallardo, impunes, atacan sin piedad a Xavier Nava

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Aunque en campaña ante un grupo de empresarios anunció que podía aplastar sin esfuerzo al “par de mafiosillos”, en referencia al dueto de ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, pero al expresar después que habrá de perdonar a los delincuentes y funcionarios corruptos, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, le garantizó impunidad a los personajes que lo secuestraron en el río Santiago, para imponerle condiciones leoninas. Saben también que el gobernador Juan Manuel Carreras no se atreverá a tocarlos, ya que le ayudaron a ganar con fraude el cargo, en detrimento de la ex senadora panista Sonia Mendoza Díaz, por lo que tampoco les echará encima al fiscal Federico Garza, que tiene una decena de averiguaciones penales en su contra por desfalcos millonarios. Entonces los ex diles, a través de diversos portales electrónicos, no cejan de atacar, frontales, al munícipe de la capital, Francisco Xavier Nava Palacios, maniatado para llevar a los tribunales a su antecesor, Gallardo Juárez, al que acusó de malversar más de mil 200 millones de pesos de la hacienda pública.
Aunque Nava contó con el respaldo de Carreras para derrotar al ominoso vendedor de pollos, el doctor en derecho no se ruboriza en lo mínimo cuando acompaña al diputado federal del PRD, Gallardo Cardona, a sus constantes visitas distritales, en abierta campaña para buscar la gubernatura en el 2021. Con un ayuntamiento saqueado, sin los mínimos recursos para emprender una campaña de bacheo por las destrozadas y oscuras calles de la capital, Nava es sitiado de manera cotidiana por los medios que controlan sus detractores, donde sobresalen Código San Luis, La Orquesta, Close Up, One Click, El Espectador de México y Círculo Rojo, entre tantos. En su etapa de alcalde, Gallardo Juárez los patrocinó ostensible para contener la ola de denuncias en su contra por el manejo oscuro del presupuesto. Aunque casi de manera cotidiana le hacen un ajuste de cuentas al edil, aprovechan el mínimo error para denostarlo, lo mismo que a sus colaboradores. Nava los desdeña, repite que no se dejará intimidar por pasquines y portales tendenciosos.
Acostumbrados a pagar todo del presupuesto, se presume que el costoso aparato publicitario y propagandístico de los Gallardo lo cubre el presidente municipal marioneta de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, al que no lo dejaron poner ningún incondicional en la nómina. El que fuera operador político de los comerciantes polleros en Los Magueyes, César Mercado Torres, que ahora labora con Nava en desarrollo social, denunció que se alejó de sus otrora mecenas, ya que en la etapa proselitista, no les dieron ni para el camión urbano. Los aguantaron por la promesa fallida de que les iba a construir una cancha deportiva, casetas de vigilancia y una distribuidora de agua gratuita. Para cobrarle que lo había hecho candidato a regidor, Gallardo Juárez usó de manera simultánea de chofer a Gerardo Gutiérrez Turrubiartes. Una mañana, antes de iniciar el laberíntico recorrido, le exigió llenar el tanque de gasolina de la ostentosa suburban. Aunque nunca lo doblegaron, le reclamaron la mitad del salario al ex diputado local Sergio Desfassiux, por lo que el trato se tensó. A varios colaboradores y ex regidores, les exigían aportar una cuota para cubrir la renta, luz y empleados que atienden los expendios de garrafones. A los que son dueños de locales, los abandonaron con deudas que oscilan entre los 300 y 500 mil pesos por consumo de agua potable. En otros casos, tan sólo se conectaban a la red, para cometer un robo vil.
Un escándalo nacional que pudo ser orquestado por los Gallardo para diezmar la figura de Nava se dio cuando Ovaciones, Excélsior, Televisa y El Universal ventilaron el caso de la directora de imagen institucional del área de prensa, la venezolana María Fernanda Castrillo, que posó desnuda para la portada de la revista Playboy en mayo del 2007. Se ventiló que era de las mejor pagadas, ya que percibía al mes 80 mil pesos. El Círculo Rojo la denostó al sostener que no cubría el perfil. La acusó de orquestar una guerra sucia en la campaña contra reporteros y opositores. Indicaron que Nava la prefirió sobre las potosinas por sus atributos físicos y tener un trato cercano. Criticaron que el edil haya suspendido las labores del ayuntamiento y acarrear al personal femenino para respaldarla. Aunque la ofendida aclaró ganar 12 mil pesos al mes, sus detractores sostienen que prevalecen las dudas sobre lo que en realidad gana, ya que no mostró los recibos de nómina. Nava la defendió al sostener que la ex modelo tiene la capacidad para desempeñar sus labores. Relató que se sumó a la campaña a través del jefe de prensa, Carlos Hernández Palomares. Indicó que la hicieron víctima de una campaña misógina y xenófoba. Indicó que hay oportunidades para todos y la iba a respaldar si demanda a los que afectaron su integridad.
El conductor del informativo nocturno del Grupo Imagen, Ciro Gómez Leyva, al que Gallardo Juárez llamó mercenario de la noticia y lamentó no haberlo encontrado para ponerlo parejo, le dio revuelo a la nota de Castrillo, de la que publicó videos donde aparece voluptuosa, exótica, desnuda. En las redes sociales se rescató la figura que anteponen al escudo del ayuntamiento de la capital. La funcionaria condenó hayan publicado placas de más de 15 años, que no le impiden volver a laborar. Dijo que su estatus migratorio le permite ser diseñadora, por lo que gana 6 mil pesos quincenales. Precisó que la descalifican por migrante y mujer “Deben pagar sus infamias, calumnias y mentiras perversas”. La ofendida de 39 años, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Cuando la afectada apareció en la unidad administrativa, la escoltaron más de 100 compañeras. Atrás estaba la presidenta del DIF municipal, Nancy Puente Orozco, solidaria, pero con un gesto adusto. La síndica Alicia Nayely Vázquez Martínez reclamó que no se debe solapar ningún acto de violencia de género. Invitó a otras mujeres vulneradas, denunciar el atropello. La directora de recursos humanos, Claudia Fitch Watkings, destacó que Castrillo no tiene cargo directivo y que gana a la quincena 6 mil 111 pesos. Tiene experiencia laboral comprobada por lo que su contrato es lícito. Pero las suspicacias se desataron. En un programa de mujeres, se dijo que la venezolana posee cualidades físicas notables. La odian por bonita. Sabe manejar su imagen. Debe recibir sólo elogios. Se nota que es buena funcionaria. La debieron nacionalizar en 10 minutos. No es razonable la descalifiquen por venir de otro país. En las redes sociales, dijeron que Nava ya tenía el pretexto para llegar a casa tarde los viernes. Lo culparon de llenar el edificio municipal de varones morbosos que acudieron en masa a realizar trámites. Lo bautizaron como el edil cachondo.
Xavier Nava se llevó un golpazo de la directora del portal Código San Luis, María Luisa Paulín, que publicó un reportaje sin firma, sobre la fundación Salvador Nava Martínez, que usó el edil para repartir becas. Lo acusó de posible fraude fiscal y daño al Instituto Nacional Electoral. La estructura es una copia fiel de los trabajos que antes publicó contra Gallardo Juárez, el reportero del diario digital Astrolabio, Jaime Nava Noriega, primo del alcalde, que se adjudicó las pesquisas sobre la fantasmal proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz, que en realidad hizo el experto en temas de transparencia, Victoriano Martínez Guzmán. Según Paulín, Nava sostenía el humanista organismo con el 75% de su salario cuando fue diputado federal del PRD, por las alianzas que tejió antes con Gallardo. La vocera del gobernador panista Marcelo de los Santos, destacó que “los registros encontrados, no concuerdan con el dinero donado”, que podrían alcanzar los 2 millones de pesos. “No menciona gastos operativos, renta de local y listado de trabajadores. Pudo incurrir en lavado de dinero, ya que no se ubica el padrón de asociaciones civiles donatarias con permiso de la Secretaría de Hacienda para dar recibos deducibles de impuestos”.
Le endilgaron a Nava tráfico de influencias y nepotismo ya que el tesorero de la fundación, Rodrigo Portilla Díaz ocupa el mismo cargo en el ayuntamiento. El comité de becas lo integra la esposa del ex líder cívico, Concepción Calvillo Alonso. La madre del edil, Patricia Palacios. El vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción, Hugo Stevens y Jaime Nava, entre otros. Paulín expuso que las becas se entregaron a falsos beneficiarios, la mayoría vinculados a la campaña de Nava, como la estudiante de artes plásticas, Arleth Pizaña Guel, Ayudó al ex presidente estatal del PRD, Alfredo Zamora Marín, que terminó la carrera de derecho. Gallardo Juárez lo golpeó cuando se le opuso. Ahora lo acusa de quedarse con un millón de pesos para su beneficio. Salió premiado el ex candidato a la secretaría de acción juvenil del PAN, Juan Carlos Bernal Cobián, al que exhiben con autos de lujo. Ayudaron a la niña Suintla Rivera Muñoz, ya que su madre, Delia Muñiz Rivera, firmó un desplegado dirigido al fiscal Federico Garza, donde solicitan castigar los latrocinios de Gallardo Juárez. Fue reconocido el ex consejero alumno de la carrera de biofísica de la universidad autónoma, Ulises Hernández Martín del Campo. La estudiante de derecho, Stephany Almaguer Segura, novia de Miguel Corpus, que labora en el ayuntamiento por estar en la campaña “Rompe el silencio”. El director de la fundación es Mario Aguilar Blanco, al que pintan de robusto y violento. Fue el encargado de la logística y acarreo de gente a los mítines.
Aguilar está ligado a la dirigente de Ciudadanos Empoderados, Esmeralda Ramos, que apoyó la campaña de Nava y ahora recibe dinero público. A Jaime Nava lo ubican como el enlace de Ganemos, que capitanea Óscar David Reyes Medrano, que asesora al diputado local de Morena, Pedro Carrizales. En el mismo engranaje está el Frente Democrático Universitario, “donde enrolan a jóvenes en las falsas filas del navismo”. Citan a Ciudadanos Observando, de Guadalupe González, “que apoyó la falaz lucha anti corruptelas y la entrega de becas, que luego subía a su página de face”. Ubican a Ciudadanos hasta la madre y Nueva Luna, cuyos integrantes ahora cobran en el ayuntamiento. Aunque Nava subestima los ataques, los Gallardo no le conceden el mínimo reposo. Lo llaman Dorian Grey, por someterse a un costoso implante de cabello en Venezuela. Lo atacaron por tratar de incrementar las tarifas del agua un 40%, para afectar a las clases más pobres. Y que en su intentona, de nada le valieron los cabildeos de Carreras con los diputados. Cuando la iniciativa fue desechada, las huestes de los Gallardo lo festejaron en el recinto legislativo, a donde llevaron una turba de provocadores que encabezó el violento herrero Rafael Aguilar. El último ataque soez se dio contra el secretario del ayuntamiento, Pablo Zendejas, al que acusaron de haber provocado un choque automovilístico y tumbar una barda en el cruce de Salvador Nava 155 y Niño Artillero donde resultaron dos lesionados, a los que se negó pagarles los gastos médicos. Usó sus influencias para llamar a los peritos a los que ordenó alterar los hechos. Es el viacrucis que enfrenta Nava. Sus mínimos errores son ventilados sin piedad. Ya lo empiezan a pintar de ineficiente, pues no ha tapado un hoyo en tres meses.

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Policías ministeriales, en el epicentro de desapariciones y asesinatos

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“Ya te cargó la chingada cabrón”, le dijeron los presuntos agentes ministeriales al ex reportero del periódico digital Vox Populi, Édgar Daniel Esqueda Castro, cuando lo sacaron con violencia de su casa ubicada en La Fragua 450, en la colonia Julián Carrillo. Eras las 8:30 de la mañana del 5 de octubre. Al día siguiente apareció ejecutado, con dos balazos de calibre 9 milímetros en la cabeza, por las vías del ferrocarril, cercanas al aeropuerto Ponciano Arriaga. Antes de ser eliminado, mediante tortura, la víctima fue obligada a declarar que colaboró para el Cartel del Noreste. En sus afirmaciones, destacó que varias corporaciones estatales y las municipales de Soledad y la capital están involucradas con el crimen organizado. El video de Esqueda es el culmen de una guerra soterrada y abierta de los distintos grupos criminales que pelean por el control de la plaza a través de narco mantas y choques sangrientos en las calles de la entidad. La mayoría tiene como enemigo común el director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, al que acusan de construir su propia estructura para cometer una amplia gama de delitos.

El escándalo mediático lo desató el ex jefe de homicidios de la policía judicial, Julio Alfredo Ceballos Alonso, que dio a conocer el video donde torturan a Esqueda, que le hicieron llegar de manera anónima a través de una memoria USB. Luego publicó en su página electrónica la fotografía de uno de los ministeriales, identificado por la familia del occiso, que acudió a sacar de su vivienda a Esqueda y que luego lo interrogó de manera férrea. El ahora fiscal, Federico Garza, rápido se deslindó. Negó que sus agentes estuvieran inmersos. Al contrario, envió al feroz subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, citar a Ceballos para que fuera a declarar, cómo obtuvo el video, en lugar de sumarlo a través de la figura de coadyuvante. Casi se lían a golpes cuando no logró que rindiera el testimonio por falta de una credencial para identificarse. Luego trató de llamarlo como testigo de un crimen al que fue ajeno.

Castro le envió un citatorio a la calle Altamirano 253, donde nunca ha habitado. En el 2007 Ceballos lo ocupó para montar un pequeño gimnasio donde impartió defensa urbana y redactó el manuscrito de su libro Shantal, asesinato en el salesiano. Aunque Ceballos ha reiterado que Soledad es zona de narco fosas, su verdugo le avisó que llevaría al departamento de servicios periciales y medicina forense, por lo que intuyó, podrían sembrarle un difunto. Otro elemento que incide para intuir que el caso de Esqueda será llevado al desván fue el anuncio del ombudsman estatal, Jorge Andrés López Espinosa, al informar que el tema fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “por la relevancia del asunto”. El occiso denunció sin éxito el acoso que sufría de los ministeriales, ya que era un testigo incómodo de sus excesos. No recibió apoyo del comité estatal que protege a los periodistas en peligro por ejercer sus tareas que preside el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, fiero protector de Castillo Celestino.

Apenas fue “levantado” Esqueda, sus compañeros alertaron que “el estado desaparece periodistas”. El director de Vox Populi, Carlos Garrigos Esparza, se concentró en juntar firmas de apoyo de los demás reporteros para enviar una queja a los organismos internaciones. Destacó que el gobernador Juan Manuel Carreras era el único responsable de la inseguridad que priva en el estado por lo que debe combatirla sin pretextos. Podía aminorarla si exige el patrullaje del ejército en las calles. Resaltó que la víctima fue sacada con violencia de su hogar por supuestos agentes ministeriales, pero la procuraduría negó haber ordenado alguna pesquisa al respecto. Exigió que no se descartara como línea de análisis. Destacó que con Esqueda sumaban 38 jornaleros privados de su libertad en el sexenio, que luego aparecen muertos. Casi 10 horas después lograron acceder al gobernador Juan Manuel Carreras en la plaza de armas, que se mostró distante, elusivo. Garrigos le espetó que era el único que les podía garantizar seguridad. “Ya no queremos ver en los periódicos más ejecuciones y secuestrados. Ni que se echen la pelota entre sus colaboradores. Le pedimos que intervenga el ejército”. El doctor en derecho lo interrumpió para decir que se iban a activar mecanismos protectores.

-Lo más importante es que Daniel Esqueda aparezca con vida- atajó Garrigos.

-Lo más importante es que hoy por la tarde miren al procurador y secretario de gobierno para que analicen todos los temas- respondió el mandatario, que se alejó en una nube de colaboradores. Aunque encabezó algunas reuniones con los informadores locales, no se alcanzó nada concreto. Lo único que logró fue ganar tiempo y desinflar las presiones sociales. Se ventiló que Daniel Castro, como firmaba sus notas, motivó el último enojo de sus verdugos cuando publicó el 4 de octubre, los detalles una bomba casera que detonó en el río Santiago al abrirse la puerta de una camioneta blanca Cherokee. Al explotar las tuercas y clavos resultó herido un agente de los servicios periciales y dos ministeriales. Se especuló que en una hielera de unicel que venden en Oxxo, estaban los restos de alguien. Esqueda publicó el mensaje: “es un regalito que dejamos para Castillo Celestino. La cabeza de tu amante”. Firmó El Gafe.

La muerte de Esqueda Castro alcanzó niveles internacionales. Las delegaciones en México de la Unión Europea, Naciones Unidas, Noruega y Suiza, reclamaron la falta de resultados en otros 10 periodistas asesinados. Dijeron que es preocupante el grado de violencia e intimidaciones que los informadores enfrentan en México. Conminaron a los responsables a realizar los esfuerzos posibles para llevar a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables. El organismo Artículo 19, exigió a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la libertad de prensa, de la Procuraduría General de la República, realizar una pesquisa diligente, técnica, objetiva, imparcial, que considere la labor reporteril como línea principal y los indicios que involucran a las fuerzas de seguridad de la policía ministerial de San Luis en los crímenes. Un diario alemán destacó que Esqueda fue torturado y asesinado en el céntrico estado. Se convirtió en el undécimo comunicador caído en el 2017. Antes las múltiples presiones, Carreras nombró a Castro Sánchez fiscal especial para esclarecer el homicidio. Le dijo a la familia que colabora un equipo especial de la PGR, con dos agentes del ministerio público federal, 4 de la policía ministerial federal y el respaldo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

 

El 6 de octubre se hizo viral en las redes otro narco mensaje, donde dieron detalles del fatal incidente. Criticaron a Carreras de “pocos huevos”. Aludieron a Castillo Celestino, que envió a su lugarteniente, Macario Macías, “El Chilo”, apoyado por “su célula de la Nueva Generación para ser asesinado Esqueda. Conoce pueblo potosino la impunidad con que ha trabajado la policía ministerial. Amedrentan ministerios públicos, magistrados, al mismo procurador, para hacer y deshacer. Pero se acabó, no toleraremos el cobarde crimen contra un reportero, padre, hijo y hermano. Ya basta de tantos atropellos, abusos, levantones, secuestros y homicidios cometidos por agentes bajo el mando de Castillo Celestino y su brazo ejecutor Chilo, para tranquilizar la plaza. Parte de lo mismo es callar a la prensa, para que no ataque”. Exigieron intervenga el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de que asesinen más informadores, por criticar a Carreras y Castillo Celestino.

En otro texto similar se estableció que Esqueda Castro fue sacado de su vivienda con violencia por ministeriales donde figuró Macario Macías “El Chilo”, un “oscuro personaje, que tiene nexos con el crimen organizado desde hace tiempo. Huyó de San Luis hace menos de un año, se fue a refugiar a Jalisco. Pero en la policía ministerial aparece comisionado en Tamazunchale. Es mentira, jamás se presentó a trabajar. Castillo Celestino lo ayudó para que se fuera a enfriar a Jalisco. Ahora regresó para hacer el trabajo sucio, que antes ejecutaba Antonio Varela, Fernando Flores y Tenorio. Pero no volvió solo, se hace acompañar de una célula del crimen organizado de Jalisco. Son al menos 10 personas para hacerle la guerra al Cartel del Noreste, ya que lo quisieron matar en varias ocasiones”. Mencionaron que el foto reportero pudo sucumbir porque revelaría los detalles del asesinato del joven Enrique Castro, de la colonia Las Julias, cometido por ministeriales que trataron de alterar la escena para ubicarlo como sicario. “Castillo Celestino los debió llamar a cuentas, junto con sus armas y realizar el peritaje. Entones es cómplice por omiso”.

“La camioneta en que se llevaron a Esqueda es la misma que se relaciona en otros levantones y cobros de piso desde que llegó El Chilo y su gente. San Luis será zona de guerra en los próximos días gracias a su brillante idea de traernos a otro cartel. Castillo Celestino lo apoyó en semejante tontería, por lo que le dará todas las facilidades. Es lo que buscaron que no dijera Esqueda, que llegó el relevo de Varela a quitarnos la tranquilidad. Hacemos responsable a Castillo, Macías y Leal Tovías, que solapa las triquiñuelas del director de la policía ministerial. Usted señor gobernador, es responsable por las malas decisiones, al contratar a Castillo, que trajo el caos y más delincuencia al estado. Además, manipula a otras instancias encargadas de administrar e impartir la justicia”.

Al día siguiente se dio una respuesta por parte del llamado comandante Diablo, líder del grupo operativo Z, Cartel del Noreste, San Luis Potosí-Matehuala. “Al pueblo potosino. Nosotros jamás hemos atentado contra personas inocentes, menos un reportero que hace su trabajo. Hay un supuesto mensaje que hicieron los ministeriales, pinches perros cobardes, donde dicen que Esqueda trabajó para nosotros, que era enlace con la policía municipal y lo asesinaron Los Zetas. Falso. Lo mandó levantar y ejecutar Castillo Celestino, autor intelectual. Macario Macías, El Chilo, autor material. No traten de hablar mal del chavo, para justificar su asesinato. Todo porque tuvo problemas con Castillo Celestino. Chilo, ya sabemos de los de la Nueva Generación, fuiste por el reportero y lo tiraste en el lote de autos y al del Tsuru de la 57, un inocente. Como las bailarinas que mataron con El Meño y varios levantados en antros que según tú, jalan con nosotros. Dile a los culeros que trajiste, den la cara y vamos a darnos en la madre”.

La apocalíptica novela se empezó a tejer antes a través de diversas narco mantas colocadas en el periférico y Cactus, en el puente Hércules, que se ubica en la carretera Querétaro-San Luis y puente Moctezuma en el río Santiago. Informan de las pipas de gasolina, al parecer, robadas, que terminan en las despachadoras de Gaso Speed, de la familia Valladares y Castillo Celestino. El combustible lo acarrea el Cartel del Golfo. Refieren un presunto soborno del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, para reinstalar como director de la policía ministerial a Fernando Flores, donde fue corrido por agredir a sus ex colaboradores. En otra narco manta le remarcan a Carreras, que tienen más pruebas. Aluden a la captura de una pipa con 62 mil litros de diesel, en la carretera Querétaro-San Luis, por parte de la policía federal, con destino a Gaso Speed. Le dijeron de la red de espionaje de Castillo Celestino para seguir a los políticos más importantes, donde figura el secretario de gobierno, Leal Tovías, notarios y el procurador Federico Garza. El equipo lo manejó antes Fernando Flores, “Juan Diego o Aries”, que fue reinstalado por una jugosa mordida. La ambición de Castillo es desmedida, ya que quiere tener armas para el chantaje, no lo destituyan para proteger a su patrón Juan Carlos Valladares. El secretario de finanzas, José Luis Ugalde, le pidió espiar a su novia. Cada semana Castillo le entrega reportes del teléfono que usa.

El cerco contra Castillo Celestino y su grupo iba en camino. El 4 de febrero del 2017, aparece una narco manta en avenida Universidad y Muñoz, donde se relató que el comandante de la policía ministerial, Daniel Romero y Macario Macías, “El Chilo”, se llevaron al discapacitado Josafat Guardiola Maldonado, en dos vehículos blancos tipo Avenger, por presuntos nexos con el crimen organizado. Le destruyeron la silla de ruedas cuando se negó a entregarles el celular. Fue torturado y ejecutado con el tiro de gracia. El 27 de junio, un comando armado que se movió en una camioneta Mazda negra y Taurus blanco, balearon la casa del asesor de la policía ministerial, Antonio Varela, que activó el botón de pánico, por lo que se desplegó un operativo en la zona para atrapar a los agresores. La cacería se prolongó hasta la avenida Muñoz y Papagayos, en la colonia Las Julias, donde los agentes confunden al joven Enrique Gómez González y su hermana, que se desplazan en un vehículo similar al que buscan. Les marcan el alto. No hacen caso ya que antes les chocaron la unidad. Además, desconfían de sujetos que andan en una camioneta sin placas y armados. Entonces los rafaguean por la parte trasera, donde muere el conductor y resulta herida su acompañante.

Los ministeriales alteran la escena para simular que enfrentaron a un sicario, al que le siembran una arma. Cierran las calles aledañas, para evitar el acceso. El tío de la víctima, Marco Antonio Gómez Cuéllar, denunció que des confían de las autoridades, que ataca a la ciudadanía y no atrapa a los verdaderos malos. Castillo Celestino se niega a aceptar que sus colaboradores estén implicados. Destacó que el disparo es el último recurso, salvo cuando se cumplen órdenes de arresto, flagrancia, peligro de vida de otro o la propia. Otra tía del occiso, Eva Ponce, increpó en palacio de gobierno al vocero de seguridad, Armando Oviedo Ábrego. “No se hagan tontos, saben quién fue el asesino. Díganlo, se los exigimos”. Expuso que Enrique Gómez dejó una hermana en el hospital, una sobrina lastimada, un hermano menor y una abuela que piden justicia. “Por defender un perro de la jauría, hay un inocente muerto. La misma policía ministerial se investiga. Perro no come perro”.

El 6 de julio, en una narco manta que se adjudicó al Cartel del Noreste, se consignó: “para qué te haces pendejo, Castillo Celestino, si la muerte de Enrique Gómez, en la colonia Las Julias, fue a manos de Fernando Flores, Antonio Varela y tú”. Los acusaron de accionar el arma que le quitó la vida al joven. Encubrieron el hecho, acordonaron la zona, levantaron casquillos. “Tenemos fotos que lo prueban, alteraron las pruebas. Inclusive, le sembraron una pistola a Gómez, para hacerlo pasar como parte de la delincuencia organizada, para justificar el homicidio alevoso. También dejaron herida a la hermana. A Cándido Ochoa Rojas le agradecemos, ya que por 150 mil pesos, Fernando Flores trabaja otra vez para la policía ministerial, ya que fue destituido por falsificar documentos e incapacidades. Han habilitado a un delincuente, ahora un asesino. Castillo Celestino, con la anuencia del gobernador, lo protege”. Le pidieron a Carreras estar atento a las juntas del gabinete de seguridad. “No se haga pendejo con el celular. Dígale al mayate que le escribe después, para que se aplique a cuidar a los potosinos. La entidad está de cabeza, gracias al cartel de la policía ministerial, al mando del huachicolero mayor, Castillo Celestino y Pablo La Chula Valladares. ¿Cuántos abusos y muertes más habrá por parte de Castillo y la bola de delincuentes de los ministeriales?”.

El 30 de junio, el Cartel del Noreste, en una narco manta que colgó en el puente de avenida Universidad, le dijo a Carreras que para detener la ola de violencia, debe correr de la ministerial “a Varela, Romero, Castillo Celestino, Ervey, Kiko, Jerico, Chilo, Elmer, Fernando Flores y toda la bola de ratas que comanda Daniel Romero Segura. Sabemos que Ervey y Kiko quisieron matar al chiapaneco. ¿Es el gobierno que cuida a San Luis? Si sigue con la bola de ratas, la ola de violencia será al triple. El secuestrado que traen del Canay no es jale de nosotros. No agarramos inocentes. Lo tiene Gerardo Alonso Maldonado alias El Vampi. Sabemos que piden 4 millones. Todo lo que se hable en San Luis lo conocemos. A la bola de ministeriales les decimos, ya no roben, si tienen hambre, arrímense, nosotros les damos para que se compren lo que se llevan de las casas, como plasmas, tabletas, pinches muertos de hambre”.

El 11 de julio fue asesinado el ministerio público Jesús Raúl Serralde Hernández, que laboró en la unidad especializada de homicidios y feminicidios de la procuraduría de justicia. Vivía en la calle Hacienda de Guanamé, en el fraccionamiento San Miguel, en avenida San Pedro y anillo periférico, en Soledad. Lo acribillaron dos pistoleros que huyen en motocicleta. Conocidos aseguran que no tenía el perfil ni la experiencia para atender delitos de alto impacto. No contaba con plaza laboral. Se movía en camión urbano. Su esposa asegura que antes de morir, recibió una llamada de ministeriales, que lo obligaron a salir de la casa, con el pretexto de poner una recarga al celular, en un Oxxo cercano. Señalan de corresponsable de su deceso a su jefa, María Guadalupe Rodríguez Gómez, “La Chupitos, por encargarle el complicado asunto del asesinato de Enrique Gómez en Las Julias. El 13 de julio circuló un narco video donde interrogan al distribuidor de estupefacientes, Sergio Alejandro Álvarez Ruiz. Dijo vivir en Hogares Populares Pavón, en la calle Colibrí 123. Lo surte cada miércoles el comandante de la policía ministerial, Antonio Varela, en una Ram blanca, sin placas. Los martes hace los cobros. Aunque se dijo que Varela se entregó de manera voluntaria el 13 de octubre, lo cierto es que fue atrapado por la marina. El 9 fueron encarcelados en Rioverde, el ex comandante de la policía ministerial, Fernando Flores. El ex director operativo, Daniel Tenorio. Los agentes Jesús Mata Tinajero, Juan Zúñiga y Elías Núñez, por el homicidio de Las Julias.

En las redes sociales, casi de manera simultánea, volvieron a increpar a Carreras, que insiste en mantener intacto el gabinete de seguridad, donde figura Castillo Celestino y sus 40 ladrones. Calificaron de sospechosa la muerte del fiscal Raúl Serralde, que investigaba el crimen de Enrique Gómez en Las Julias a manos de ministeriales, a los que iba a llamar a declarar. Además, solicitó las armas usadas en el peritaje. Se supo que no podían usarlas, porque se venció el permiso que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional. Calificaron una burla que la procuraduría fuera juez y parte. Castillo aseguró que no pasará nada, por lo que el delito lo debe manejar la Procuraduría General de la República. Censuraron la incapacidad del ahora fiscal Federico Garza Herrera, que desconoce el nuevo esquema de justicia penal. Está en el gabinete por los millones de pesos que aportó a la campaña de Carreras. Lo mismo que el magnate Juan Carlos Valladares, sostén de Castillo Celestino, con el que se incrementó la inseguridad un 300% respecto a sus antecesores.

El 24 de julio, con gran estruendo, se anunció que la policía de Estados Unidos detuvo al líder del Cártel del Noreste, Rey David Álvarez Vázquez, alias “El Santander”. Lo entregan a la marina, que lo traslada al penal de La Pila. El litigante César Augusto Aguilar reclamó que el detenido, es otra persona, su cliente, que se dedica a vender carros. El reclamo le vale que en la noche, un comando le dispare a su vivienda. Desde la ventana alcanza a reconocer entre los agresores al agente ministerial Antonio Varela. Resaltó que antes fue amenazado de muerte por Castillo Celestino, quien manejó, trataron de rescatar un arsenal. El 23 de agosto, circuló otro video donde interrogan al ex policía estatal, Ubaldo Aguilar, antes de ser ejecutado. Luego lo cuelgan en el puente del periférico y carretera a Matehuala. Reveló nexos de dos ministeriales con el crimen organizado. “Caballero que trabaja en robos y Óscar, bajo el mando de Varela”. Anunció la guerra en San Luis por parte del comandante Gafe, líder del Cártel del Noreste, José Hugo Rodríguez Sánchez, que venía a limpiar la plaza. Pero fue atrapado el 17 de septiembre en Guadalupe, Nuevo León.

El 5 de octubre asesinan a Édgar Daniel Esqueda Castro. El 12 Ceballos difunde la cinta donde lo torturan. Establece que existe una guerra abierta entre lo que se podría denominar Carteles Institucionales, donde figura el de la policía ministerial de Castillo Celestino, el del secretario de seguridad, Arturo Gutiérrez y sus Talibanes, manejado por su brazo derecho, el director del mando único en la zona media, Arnulfo Urbiola y el del alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez. Castillo tiene un conflicto mayor con el Cartel del Noreste, que reclama con otras fuerzas el control de la plaza. En las últimas semanas, la entidad de cubrió de violencia y sangre. En Villa de Reyes, ejecutaron a cuatro vigilantes de una empresa que construye un gasoducto. Aunque cubrió el rescate de 250 mil pesos, fue ejecutado el médico de Tamuín, Enrique Arizabalo González. Apareció un calcinado en Matehuala. Incendian un vehículo en plena carretera 57, en la zona industrial.

El 17 de octubre, circuló el video de un narco menudista. Aseguró que trabaja para Castillo Celestino. La “merca” se la entrega Macario Macías y Varela. Indicó que sirven a un cartel que viene de Guadalajara. Aseguró conocer también al Pareja y Augusto Aguilar, El Bolillo”, compadre de Castillo Celestino, que lo tiene encargado de un módulo en Pozos, donde maneja a cinco agentes. Le preguntaron su clave. Contestó ignorarla, pero con decir que procedía de Jalisco, lo dejaron en paz. El 18 de octubre, el Cartel del Noreste le envió otro mensaje a Carreras. Le reclamó su negativa de correr a Castillo Celestino, “alias Nariz de Aguacate, o como lo conocen sus compañeros, Celestino tras las ñongas. Usted sabe que junto con El Chilo, trajeron a San Luis al Cartel de Jalisco Nueva Generación. Cometen delitos como homicidios, robo de vehículos, secuestros, asaltos a cajeros automáticos, trata de blancas. Hemos decidido hacer 50 aparatos explosivos, como los del río Santiago y usarlos contra objetivos establecidos, como la policía ministerial y sus casas. Usarlos contra personas que apoyan a Castillo, como los masones y su gran maestro, empecinado en mantenerlo en el cargo. A partir de hoy empieza otra época en la seguridad de San Luis. Los atentados seguirán hasta que usted corra a Castillo como director y su grupo de mamachiles. A todo el que lo apoye, le voy atronar el culo también”. El culmen se dio el 18 de octubre, cuando Televisa transmitió un reportaje sobre el clima de terror que el alcalde Ricardo Gallardo Juárez ha sembrado en San Luis, lo que le ha permitido crear un imperio económico.

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Las deficientes pesquisas de la procuraduría de justicia

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A dos años de que desapareció la perito de la procuraduría de justicia, María Guadalupe González Velázquez y su hijo Alan Tadeo Morales, las investigaciones han sido deficientes, sostiene la madre y abuela de las víctimas, Ana María Velázquez Córdoba. Añade que no ha recibido resultados concretos. Por su propia cuenta ha continuado la búsqueda. Confía en que más adelante los habrá de hallar. Describe a la familiar ausente como alguien alegre, amiguera, que siempre le gustó ayudar a los demás. “Es muy soñadora y entregada a lo que hacía. Es abogada, pero recibió unos cursos para especializarse en criminalística”.

González se perdió el domingo 26 de septiembre del 2014, en un día de lo más rutinario. Salió de laborar alrededor de las cinco de la tarde, para después reunirse, como todos los domingos, con su familia en una casa ubicada en el barrio de San Sebastián, lugar que acostumbraban para la convivencia. Vieron una película, pero se retiró más temprano que otras veces. Iría a pagar una tarjeta de Soriana y luego con el padre de su hijo, Alfonso Morales Pérez, también perito que laboraba en el departamento de delitos de alto impacto.

La pareja tenía un vida complicada, ya que Morales se había casado antes dos veces. “Es un señor mayor a mi hija. Primero fue su jefe, después amigos. Más adelante se dio un trato que nunca aceptamos. Yo sabía un poco de sus acuerdos. Mi esposo jamás se enteró”. La cita que ambos tendrían era para llegar a un acuerdo acerca de la pensión alimenticia del niño, la cual era un poco elevada debido a que el infante padece síndrome de Dawn. Entonces tenía apenas 9 meses de nacido. La perito aceptó hablar con Morales Pérez para reducir el monto de la cuota impuesta por el juez.

Antes de salir, la madre se arregló con el niño, relata con voz cortada la abuela. “Lo puso muy estrenado. Le dijo que iban a mirar a su papá. Por lo regular se encontraban afuera de los centros comerciales. Luego se iría a la casa de Abastos, dónde vivimos. Cuando se marchó, yo sentía algo, quería seguirlos, pero me quedé”. Fue la última vez que los vio. Ana María Velázquez se fue a dormir. Más tarde recibió una llamada de su esposo, padre de Lupita. Le informó que su hija y nieto aún no llegaban. Para tranquilizarlo le dijo dónde podrían estar. Y llamaría a unas amigas cercanas para indagar. Ninguna de las personas con las que se comunicó supo algo de su paradero. Las horas pasaron y la angustia crecía en la familia, por lo que un hermano de Lupita, Marco Antonio González, llamó a Morales Pérez para preguntarle si estaban juntos, ya que habían acordado reunirse con él.

Contestó que habían establecido reunirse, pero la perito y su hijo nunca llegaron a la reunión. Alegó que iría a buscarlos y colgó. Ya no volvió a llamar. Al poco tiempo la procuraduría lo mandó a trabajar fuera. No saben si a Matehuala o Salinas. “Ignoramos por qué lo mudaron, nos quedamos sorprendidos. En la capital lo podían ver. La familia se enteró que Morales Pérez fue llamado varias veces a declarar y entró en contradicciones. La quejosa relató que el implicado nunca les pidió reunirse para buscar a los desaparecidos, como lo haría cualquier otra persona con un interés genuino.

Empezó la ardua y angustiada búsqueda. Al no saber su paradero, los hermanos se dirigieron a poner la denuncia. La respuesta burocrática de las autoridades fue que debía pasar un lapso de 72 para tomar cartas en el asunto. Al saber que la extraviada trabajaba en la procuraduría, hicieron una excepción y la búsqueda inició de inmediato. Al principio las autoridades atendieron el caso, citaban a los interesados. Les explicaban que había varias líneas de estudio, pero nunca demostraron avances claros. Velázquez expuso que el entonces subprocurador, Carlos Gustavo Rodríguez Cruz, reiteró que las personas involucradas iban a responder ante la ley.

Las promesas resultaron efímeras. El trabajo de Rodríguez fue nulo. Presumía de logros, aunque jamás facilitó a los familiares de la perito, copias de documentos que avalaran su desempeño. Incluso antes de perderle la pista, le solicitaron un resumen de todo lo que investigó. Se hizo de la vista gorda, dio la vuelta y se escondió en sus oficinas. Al preguntar dónde se encontraba, los asistentes lo negaban. Nunca dio la cara. El mismo actuar tuvo la directora del Centro de Atención a las Víctimas del Delito, Julieta Méndez Salas. Apenas les dio un tratamiento psicológico. Nunca les entregó informes. No les dijo que tenían derecho a un abogado para que llevara su caso en particular.

“No es válido, se escuden en el dolor ajeno. Nos pusieron un licenciado que tampoco ha dado resultados”. Cansados de los nulos avances por parte de las autoridades locales, la familia de González fue al Distrito Federal con resultados adversos. Les dijeron que las leyes habían cambiado y sólo los podían orientar. Al llegar como gobernador Juan Manuel Carreras, le entregaron una carta donde le expusieron el caso de la perito. Sólo se dignó a decir que la había recibido. Con el nuevo procurador, Federico Garza, les dijeron que las investigaciones empezaron de nuevo, ya que las anteriores estaban muy confusas. Ante los nulos resultados, Velázquez Córdoba indicó que podría buscar otras instancias más competentes. Le pidió a Carreras y Garza ser más sensibles.

 

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Soledad se convirtió en un cementerio de narco fosas clandestinas en la etapa de Gallardo Juárez

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El ex comandante de la policía judicial, Julio Alfredo Ceballos Alonso, reveló que en la etapa del ex edil de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez, se llevaron a cabo decenas de desapariciones forzadas de pandilleros que terminaron sepultados en narco fosas. Expuso que algunas tumbas se localizaron en un rancho del ex director de la policía municipal, Jesús Maldonado, colindante con Armadillo de los Infante y Cándido Navarro. Resaltó que la delincuencia organizada arribó al municipio conurbado con el alcalde panista Juan Manuel Velázquez, pero alcanzó su mayor esplendor con Gallardo, que despojó de toda fortuna a su antecesor. Le quitó maquinaria, dinero y múltiples propiedades. En la época del terror, en las notarías se registraron incontables cesiones de terrenos a favor del temible munícipe. Es el dueño absoluto del municipio. Ceballos relató que Gallardo formó un grupo de operaciones que capitaneó el ex director Gerardo Aníbal, ahora encerrado en el penal de Santa Adelaida, Matamoros, que auxiliado por Los Zetas, se dedicaron a desaparecer a chavos banda, que obstaculizaron sus labores financieras. Los que aceptaron ser halcones o sicarios, salvaron sus almas. Los demás, ingenuos, que buscaron el choque directo, fueron masacrados, borrados de sus míseras colonias. Entonces se supo que de una tumba fueron extraídos 50 cuerpos, que fueron trasladados a Tamaulipas en un misterioso autobús. Ceballos destacó que al iniciar secretas excavaciones en Soledad el procurador Federico Garza, el gobernador Juan Manuel Carreras tuvo una oportunidad de oro para sacudirse a su inexorable verdugo, Gallardo Juárez, que también lo ha sepultado con su exagerado protagonismo. Era el momento vital de pedirle cuentas a Gallardo, que convirtió a Soledad en un cementerio. Muchas familias todavía esperan saber el destino final de sus seres amados.

-En Soledad escarbó la procuraduría para destapar las narco fosas.

-Hemos tenido muchas entrevistas de distintos tópicos y ahora será sobre el caso de las desapariciones forzadas. Hay muchas víctimas, no se ha solucionado ningún caso. Hemos tocado de forma tangencial el tema de las narco fosas. Desde algunos años atrás he denunciado en qué terreno se ubican. En particular, Cándido Navararro, Enrique Estrada, en los límites con Armadillo de los Infante y Soledad, en lo que es la colonia La Constancia. Se rumora en el bajo mundo, en los lugares donde se mueve el crimen organizado, como los mercados, barrios, las pandillas, que son los sitios, los espacios del campo abierto donde podemos ubicar en un triángulo, la gasolinera del avión, la escuela de agronomía de la universidad autónoma y el psiquiátrico Chicosein, donde están las narco fosas. Recordemos que tenemos mucha gente desaparecida de manera forzada. Es un delito que se inicia en la segunda guerra mundial, con el decreto noche y niebla establecido por Adolfo Hitler a favor de la Gestapo y las tropas de asalto de la seguridad secreta. Tenían la facultad de allanar domicilios en la madrugada, detener judíos. Era el estado, los policías, los cuerpos de seguridad los que desaparecen. Entonces, es donde se crea el perfil del delito, las desapariciones forzadas. Tenemos ejemplos más recientes en las dictaduras latinoamericanas, como Argentina y Chile, donde el estado aniquila a la gente. ¿Cuáles son las características?. Primero levantan, secuestran, privan de la libertad a la víctima. En lo general es un enemigo político. En el caso de México, en la narco guerra, no es un político, es un contrario de otro grupo rival o un particular. En el caso del secuestro, la finalidad es el rescate económico, el beneficio. En la desaparición forzada y levantón, el objetivo es causar la muerte al individuo o víctima, que nunca regresa.

«Tenemos casos muy sonados y particulares de desapariciones forzadas. Como la de los comandantes de la policía ministerial Mauro Bausari y Jaime Guzmán. La de seis custodios, varios policías y muchos particulares. Está el de mi amigo escritor Israel Cárdenas. En México, en particular San Luis Potosí, el crimen organizado desaparece a un enemigo. Es un problema entre mafias. Pero en las desapariciones forzadas interviene la autoridad, los cuerpos policiales. Todos tenemos conocimiento que en el estado y el resto de la república, hay casos en los que la policía tiene sus retenes. Y de repente llega una persona que por algún motivo no les simpatiza. O no les late y lo privan de la libertad. Uno no se inquieta, se imagina que es la policía. Consideran que es un abuso pero lo llevarán a las celdas o ministerio público. Pero no sucede y lo entregan al crimen organizado. A tales personas jamás se les vuelve a mirar. Supongamos que se trata de un empleado. Antes, si alguien compraba una casa de interés social, en el contrato se consignaba que si la persona fallecía, la vivienda quedaba saldada. Los seguros de vida de un desaparecido, son ambivalentes. No está vivo pero tampoco muerto. Entonces, para efectos de una casa en particular, queda saldada con la muerte del individuo, ¿pero dónde está el cuerpo?. Si la familia quiere cobrar los seguros de vida, son efectivos cuando está el difunto. Para tales efectos, lo consideran vivo. Es un problema policial y jurídico. La gente cree que el físico de un desaparecido o asesinado es el cuerpo del delito. No, en términos doctrinales, es una parte del cuerpo del delito, que se construye con el cadáver del muerto, las armas que se utilizaron, los cálculos y todo lo que rodea al fenómeno de desaparecer una persona. Se puede determinar una pesquisa sin cuerpo. Es decir, nuestras policías dicen, no hay cuerpo, no hay delito qué perseguir. Están equivocados. Antes, para que una persona víctima de desaparición forzada, se determinara la presunción de muerte judicial, tenían que pasar 5 ó 6 años. En tiempos de paz. Pero es la fase de guerra, como la que se vive en México contra el narcotráfico, entonces debe disminuir el lapso. Los trámites de desaparición forzada deben ser a los dos años. Lo comento de una forma tal vez apocalíptica o indebida, si una persona tiene un hermano, hijo o esposo, si durante un año no tiene noticias, hay que presumir su muerte debido al estado de caos y violencia que se vive en el país. Se ha generado un mito cuando por ejemplo, desaparece un hermano. Lo suavizan cuando se imaginan que lo trae un grupo del crimen organizado en otras partes de la república. Y que a lo mejor viene en uno o dos años. Yo sostengo que está muerto».

«En las narcos fosas hay un punto importante. El Tanque Tenorio se alimenta de aguas negras. Ignoro de dónde procedan, pero durante muchos años han aparecido decenas de cadáveres. Volvemos a lo mismo, están putrefactos o son osamentas que nunca se detectaron. Hay que ser claros, cuando tiran un cuerpo a la intemperie, la gente lo mira porque es su ruta de paso o usan el agua para regadío. Podemos suponer que muchos están en el fondo. Tal vez anclados con una piedra. Algunos que se han encontrado a las orillas, son osamentas. Se los comieron las hormigas, depredadores naturales o animales carroñeros que de una forma rápida destruyen el cuerpo. Yo quiero que me digan las autoridades de quienes son, a qué personas corresponden. Tenemos muchos desaparecidos en San Luis Potosí. ¿Qué finalidad tienen los cuerpos?. Por favor, no digan que terminan en una fosa común. Los cadáveres se deben almacenar, hacer una prueba de adn. Tenemos un problema en todo México. Me pregunto ¿quién va a identificar los restos humanos con criterios forenses?. Es decir, la osamenta, la cabeza, la columna vertebral, en algún momento pertenecieron a un ser humano. ¿A quién corresponde?. Las familias tienen derecho a la verdad. Es una prerrogativa constitucional se haga un análisis serio, exhaustivo y con resultados. Lo que sucede es que los cuerpos se van a la fosa común. Y si años después alguien los reclama, no existe una base de datos, contar con el adn, saber a dónde se fueron los restos humanos, en qué parte están sepultados. No se deben incinerar, menos tirar a una fosa común 50 restos humanos. Para las autoridades es muy fácil hacerlo, pero las 50 personas nunca van a aparecer y jamás sabremos qué les pasó ni quienes son».

-¿Todavía se puede hacer un análisis?

-Claro, implementar pruebas de adn mitocondrial que remite al linaje materno. Si seguimos el de las mujeres, su historial puede llegar de los 200 a 400 años. Se puede saber quién lo heredó. Entonces, si hay una osamenta, podemos obtener el material genético y se contrapone con el de las mamás de los desaparecidos. Es el más efectivo, ¿pero quién lo va a realizar?. Hace años se discutió en San Luis Potosí que tenían un equipo para practicar muestras de adn y nunca se usó. O está perdido o es inservible. No son sólo los aparatos… continúa (tomado de la versión impresa, JULIO 2016)