Archivo de la etiqueta: Mónica Rangel

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Contradicciones en los ajustes de cuentas


Eon los ajustes de cuentas que lleva a cabo el gobernador Ricardo Gallardo, sobresalen algunas aristas que pueden resultar contradictorias o jocosas. Por ejemplo, se juntan en la cárcel, por sus historiales fraudulentos, la ex secretaria de salud, Mónica Rangel y su otrora cómplice, el motivador y dueño de empresas fantasmas y factureras, Gabriel Salazar Soto. Gallardo castiga los saqueos que hizo Rangel, coludida con su jefe, Juan Manuel Carreras, en las compras de medicinas chafas para combatir el cáncer a través del hospital central. Pero en esencia, es el mismo caso que pudo llevarlo a las mazmorras, al malversar como alcalde de Soledad, más de 200 millones de pesos, que lavó a través de diversas firmas, como las clínicas Wong y Axioma Kuzuri. No es casual que ahora busque con denuedo, convertirse en altruista promotor en investigaciones sobre el cáncer.

Al actual mandatario y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, los acusan de robarse del erario de Soledad y la capital, más de 20 mil millones de pesos en un lapso que supera los 15 años. Es la misma cifra que le atribuyen a Carreras, pero en un sexenio y en lo individual. Otra de las razones para que sea considerado candidato a inquilino de la penitenciaría de La Pila. Rangel y Gallardo fueron los candidatos predilectos a la gubernatura de su mecenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Ambos defendieron a ultranza las tesis de la llamada Cuarta Transformación. Pero en campaña, Rangel y Delgado despotricaron contra el comerciante de pollos, al que acusaron de no tener el perfil ético para representar el cambio digno. Pero Gallardo ganó con el Verde Ecologista. El tabasqueño y Delgado, rápido encomiaron su triunfo, que hicieron suyo. Rangel fue traicionada por todos y ahora es la única que paga los latrocinios cometidos en equipo.

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Mónica Rangel se queda en La Pila, por abuso del cargo, asociación delictuosa y fraude de 22 millones de pesos

La ex candidata de Morena a la gubernatura y ex secretaria de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, fue vinculada a proceso, ya que la fiscalía local le imputó, junto a tres detenidos más, los delitos de uso abusivo del cargo público, asociación delictuosa en la variante de pandillerismo y fraude específico por 22 millones de pesos. El juez le dio a la fiscalía, un plazo de tres meses para que realice las pesquisas complementarias.

Rangel fue detenida el pasado martes por agentes del Estado de México, mediante un convenio de colaboración entre ambas instituciones de procuración de justicia. La defensa de la detenida, había solicitado que se le diera cárcel domiciliaria, debido a que se encuentra bajo tratamiento por cáncer de mama. Pero el juez consideró que no se pudo probar lo grave del tema, por lo que fue recluida en la penitenciaría de La Pila.

El abogado que defiende a la ex funcionaria es Alberto Díaz Mendieta, que en el 2007, asesoró a Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el “Vic”, presunto operador financiero de los hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, “El Chapo”.

El fiscal de San Luis José Luis Ruiz Conteras, explicó que además de Rangel, fueron capturados en Monterrey, otros dos hombres y una trabajadora de los Servicios de Salud, que fueron puestos bajo resguardo judicial. Su circunstancia se resolverá en la audiencia del próximo 18 de abril.

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Detienen en México a la ex secretaria de salud y ex candidata de Morena a la gubernatura, Mónica Rangel

La policía detuvo en México a la ex secretaria de salud y ex candidata a la gubernatura por Morena, Mónica Liliana Rangel Martínez. Algunos medios manejan como causa, vandalismo. La otra vertiente es el posible desfalco millonario que cometió como funcionaria del gabinete, en el sexenio de Juan Manuel Carreras, al que el mandatario Ricardo Gallardo, acusó de malversar más de 20 mil millones de pesos.

Rangel estuvo involucrada en los contratos leoninos que entregó al motivador y dueño de múltiples empresas fachadas, Gabriel Salazar Soto, ahora recluido en la penitenciaría de La Pila.

Se espera que en el transcurso de la  tarde arribe en avión a San Luis, para rendir sus declaraciones ante el fiscal José Luis Ruiz.  Rangel se convirtió en el eslabón débil en la cadena de estafas exponenciales que cometió su jefe Carreras, al que  Gallardo confirmó, no lo iba a llamar a cuentas, no obstante la “herencia maldita” que le endosó.

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Los atracos sin castigo de Mónica Rangel y sus cómplices

Previo a buscar el cobijo de un juez para no ser detenida, en las redes sociales circularon varios mensajes donde se anunció que había una orden de arresto en contra de la ex secretaria de salud y ex candidata de Morena a la gubernatura, Mónica Liliana Rangel Martínez. Se dijo que la Policía de Investigación había montado un operativo para detenerla en una residencia ubicada al oriente de la capital. Se le acusó de peculado, que supera los mil millones de pesos, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, uso ilegal de atribuciones y facultades. El 10 de enero tramitó un amparo indirecto contra todo el aparato de justicia estatal, ante una posible orden de captura que puede ser ejecutada por la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de Persecución Penal y Análisis Criminal, la Policía de Métodos de Investigación, el secretario y director de Seguridad Pública del Estado. La ex funcionaria se percató que el 6 de enero, varios agentes la buscaron para detenerla. Sus vecinos de la avenida Papagayos, del fraccionamiento Hacienda de Santiago, la alertaron y aprovechó para fugarse.

Rangel, quien no pagó deudas publicitarias de campaña con el argumento de estar en quiebra y no tener un nuevo empleo, contrató a un grupo de abogados que encabeza Alejandro Gutiérrez Muñoz, apoyado por Juan Carlos Zavala Cuéllar, Gilberto Rangel Grande, Escarlet Viridiana Calidonio Ruiz y Miguel Ángel Sustaita Zúñiga. Sostienen que violentan el artículo 16 constitucional en su perjuicio, al considerar que no está fundado y motivado el acto de autoridad, por lo que pidieron a la justicia federal, suspenderlo. El juzgado segundo de distrito le otorgó lo reclamado, como una medida cautelar, pero condicionada a diversos factores, como no ser detenida por conductas posteriores a su solicitud de amparo y el pago de una fianza de 10 mil pesos. Puede enfrentar el proceso en libertad, pues los delitos que le achacan, no se consideran graves.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que el proceso para detener a Rangel se deriva de las investigaciones que realiza la Auditoria Superior de la Federación, no en las diversas acusaciones que hace en torno a la llamada “herencia maldita”, un saqueo financiero en diversas dependencias, por parte de su antecesor, Juan Manuel Carreras López, que superan los 20 mil millones de pesos. Tan sólo en salud, donde estuvo Rangel, el robo supera los mil millones de pesos. “Es un tema donde nosotros no tuvimos injerencia. No hemos presentado la denuncia”. Rangel interpuso un amparo contra 17 jueces de control del poder judicial, que le garantice no ser molestada, ante la falta de un escrito que funde y motive el procedimiento administrativo. El juzgado segundo de distrito le concedió la suspensión provisional. La quejosa exigió informes justificados. Las partes fueron citadas a una audiencia el 19 de enero.

Gallardo ha reiterado que la secretaría de salud, donde se desempeñó como titular Mónica Rangel, destacó como la dependencia más observada del país, al malversar mil 700 millones de pesos. Calificó de indignante encontrar más de 40 toneladas de medicamentos caducos. “El pueblo no tenía insumos, los escondieron y peor, compraron varios millones de pesos en fármacos que resultaron falsos para atender el cáncer. Muchas familias los recibieron, confiados en que se iban a curar. Es no tener madre”. En un recorrido que hizo por el hospital central, enfatizó los lastres encontrados. Se comprometió a remediarlos lo antes posible y anunció un gasto mayor en los primeros 100 días de gestiones. Entre las quejas que recolectó de los trabajadores y pacientes, es que las nuevas instalaciones se encuentran sin funcionar. Para simular que operan, se pagan 200 mil pesos mensuales en luz. No está equipado. Encontró evidencias de ser una obra mal ejecutada, pues algunos pisos se han levantado. “En realidad, es un elefante blanco”.

Constató que había gran cantidad de medicamentos caducos, otros de procedencia apócrifa. En los almacenes, enormes cantidades de gel, mascarillas y materiales indispensables, mientras el personal carece de lo mínimo. Responsabilizó a las autoridades sanitarias del pésimo estado que guarda el nosocomio. Enfatizó que durante su gobierno, no va a tolerar que haya lucro, corruptelas o ineficacias en el trato digno que merecen los ciudadanos, ya que los pagan vía impuestos. El 9 de octubre, a través del Facebook, informó que casi

terminaba de juntar 120 vehículos que estaban sin usarse, para entregarlos a la guardia civil y 87 ambulancias que reasignaría a los ayuntamientos. El secretario del ramo, Daniel Acosta Díaz de León, denunció que se encontraron 487 toneladas de medicamentos caducos almacenados. Se dejaron en el hospital y clínicas de las 7 jurisdicciones sanitarias. Los adquirió Carreras entre 2018, 2019 y 2020. Existen más que ya no serán útiles el año en curso ni en el 2022. Hallaron otros insumos alterados que entregaban a pacientes con tratamiento de cáncer, anti reumáticos y antibióticos.

Mónica Rangel fue denunciada de comprar medicamentos piratas para el cáncer de mama a través del Hospital Central. Lo hizo a la empresa Comercializadora Ismalog, que antes, los ex diputados locales, Mariano Niño, Josefina Salazar y Jorge Díaz, contrataron para comprarle facturas falsas, que les permitieron justificar respaldos legislativos. González Covarrubias destacó: “quedaron en evidencia las redes de corruptelas. El gasto en tratamientos apócrifos fue de 4 millones de pesos, repartidos en 25 facturas, que amparan 181 ampolletas que se administraron a mujeres con cáncer. El producto adquirido fue Herceptim (Trastuzumab) que los laboratorios Roche denunciaron ante la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios como alterado. Los responsables han operado en completa impunidad. Juan Manuel Carreras pudo detener el atraco, optó ignorarlo”.

González Covarrubias refirió que el despliegue de Salazar inició de manera coincidente en octubre del 2015, con la llegada de Carreras. Gran parte de sus empresas de fachada se crearon un año después. Tan solo en el 2018, recibió pagos por 19.7 millones de pesos. La Auditoria Superior del Estado hizo observaciones por 64 millones de pesos, ya que los procesos de compra se realizaron de manera oscura, con precios inflados. Su protectora le hizo compras cercanas a los 200 millones de pesos. Externó que la ex funcionaria enfermó de corruptelas a San Luis. Indicó que Rangel le contrató a Jonathan Alfonso Salazar Soto, hermano de Gabriel Salazar, 19 millones de pesos por medio de a dos firmas ligadas al Grupo Infinite. Se trata de Desarrollos e Infraestructura Potosina Absac por servicios de mantenimiento y Kubal ZF Comercializadora Integral, que oferta trabajos de lavandería y limpieza.

González Covarrubias elaboró el estudio “Pandemia de corrupción en los Servicios de Salud de San Luis Potosí”, donde se constatan las leoninos negocios entre el motivador y dueño de varias empresas fantasmas, Gabriel Salazar Soto y Mónica Rangel, que le entregó 153 millones de pesos a través de amañados contratos. Le endosó a la firma Proshine, 50.4 millones de pesos. Aludió a Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal, que obtuvo 16.7 millones y Servicios Empresariales Aplicados Glutivec 5.7 millones. “Están ligadas a una estafa ejecutada en Baja California. Fueron detectadas como inexistentes. En le entidad cometieron fraude. Los socios están simulados o fueron registrados sin su consentimiento. Hay un presunto robo de identidad”. El dinero fue depositado en cuentas bancarias de personas físicas y morales. Cuando visitaron los domicilios, encontraron viviendas particulares, otras no existen. “La gente no conoce a los supuestos inversionistas. Los que signaron los convenios, niegan que sea su firma. Algunas personas que llegaron a trabajar con Gabriel Salazar, ahora aparecen como propietarios y cobran hasta 10 millones de pesos”. González citó a Emanuel Aureliano Moreno Márquez, quien aparece como dueño de Corporativo Rive de San Luis, con el que cobró 15.8 millones de pesos. Tiene de socios a Cristian Guerrero y Gabriel Salazar. Todas las firmas de Moreno son diferentes y sus padres negaron que tuviera algún negocio.

En marzo del 2021, el Frente Ciudadano Anticorrupción presentó una denuncia penal ampliada contra Mónica Liliana Rangel Martínez y su presunto cómplice, el sospechoso empresario, Gabriel Alan Salazar Soto, ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de la Auditoria Superior de la Federación. Incluyeron mil 600 documentos impresos y electrónicos con las pruebas donde se sustentan graves anomalías en pagos, procesos de compra, cotizaciones, empresas fantasmas y fachada, robo de identidad y falsificaciones. El fraude podría alcanzar los 500 millones de pesos de recursos federales entregados en 2017 y parte del 2018 a los Servicios de Salud del Estado, donde estuvo de titular. La querella incluye a personas que aparecen como socios en más de veinte razones sociales irregulares. El organismo solicitó investigar los presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, simulación de operaciones y defraudación fiscal a través de facturas de empresas fantasmas o de fachada, para seguir el flujo del dinero depositado por la dependencia a las diversas cuentas fiscales y el destino final de los recursos públicos.

Antes, en septiembre del 2020, ya habían interpuesto la queja, pero por cuestiones de la pandemia, se hizo en forma electrónica. La instancia alegó «problemas técnicos» para descargar los documentos. También el propietario de la empresa Quick Shine del Potosí, Eduardo Lárraga Martínez, a través del litigante Tomás Coronado Zárate, elaboró una denuncia ante la fiscalía local en contra de Rangel y Salazar, por falsificar documentos y robo de identidad. En conferencia de prensa, el quejoso narró que su nombre fue utilizado en las listas de proveedores en la página de transparencia de la secretaría de salud. Había participado en supuestas licitaciones por montos aproximados a los 6.5 millones de pesos. Sus documentos personales cayeron en manos de Gabriel Salazar Soto, que a través de sus empresas, le ofreció participar en tareas para remodelar y dar mantenimiento a clínicas y hospitales. Le solicitó la credencial de votar, comprobante de domicilio y acta fiscal, con el objetivo de formular un contrato, lo que jamás ocurrió.

Coronado estableció que los documentos se usaron en el 2018. La vigencia para hacer la denuncia es de tres años. Hicieron cotizaciones que fueron presentadas en los simulados concursos con el aval de Rangel y la contraloría estatal, que debió revisar la figura legal de los asistentes. Los inconformes solicitaron al fiscal nacional, Alejandro Gertz Manero, atraer las pesquisas por el uso indebido de las tareas públicas, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Denunciaron que el ex gobernador Juan Manuel Carreras y el fiscal local Federico Garza, obstruyeron las denuncias. Sin embargo, el órgano Ciudadanos Informando, que preside el punzante José Guadalupe González Covarrubias, denunció que Eduardo Lárraga Martínez, apareció en la historia Pandemia de la corrupción, en el apartado de Empresas Fantasmas, vinculadas a procedimientos amañados, con presunto robo de identidad, firmas que no coinciden y documentos apócrifos, relacionados con los Servicios de Salud. “Lo usaron de comparsa al cotizar precios apenas encima de sus competidores, con todo tipo de productos y servicios para que le dieran los contratos a Gabriel Salazar. En todas las cotizaciones presentadas, su firma es diferente”.

Salazar Soto, protegido y socio de Mónica Rangel, a través del negocio Invercorp Financial Capital, defraudó al menos a 800 inversionistas, a los que prometió una tasa de intereses superior al 10%, pero muy pronto los dejó al garete. Los afectados le abrieron más de 100 carpetas de investigación ante Garza, que le dio largas al asunto. Tomás Coronado expuso que “el futuro de las víctimas es complicado, ya que congelaron la denuncia. Protegen al infractor, Garza, Rangel y el secretario de gobierno, Alejandro Leal. Mi cliente procedió a denunciarlo ya que utilizó sin su consentimiento, documentos fiscales. Usó la factura A004, con la que la Secretaría de Salud le pagó el 31 de marzo del 2019, 3 millones 54 mil 783 pesos.

Relató que en el 2017, sin protocolos previos o revisiones de cuenta, le cubrió una factura de 3 millones 54 mil 783 pesos. La contabilidad era manejada por Salazar. Fue saldada el mismo día que se emitió. Coronado estimó que se trató de un procedimiento irregular, ya que no sucede lo mismo en otras dependencias. Pero se cubrió a otra empresa que no brindó los trabajos. No dieron las razones de cómo se generó el pago. Salazar dijo que tuvo que cambiar de proveedor al último momento. “Hubo manipulaciones en el consejo de adquisiciones que presidió Rangel. Lo consintió para entregarle contratos millonarios”.

González reveló que la empresa Afianzadora Sofimex, denunció que le falsificaron la póliza número 2532327, del 20 de septiembre del 2017, a nombre de Salazar Soto. “No es un documento auténtico, ni fue expedido por la afectada. Se usó para cometer un fraude que puede llegar a los 300 millones de pesos. Los dueños interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía de la República en contra de Salazar Soto y sus cómplices”. El embrollo se generó cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social requirió a la empresa Kubal ZF Comercializadora integral, cuyo nombre comercial es “Proshine”, propiedad de Gabriel Salazar, por el pago de las cuotas obrero- patronales que había omitido. Pretendió cubrirlas a través de una póliza de Sofimex, pero el seguro, al darse cuenta de que era falsa, decidió embargar los créditos que los Servicios de Salud tenían con la empresa. Rangel supo de las anomalías, se constata con un sello de recibido de la dependencia.

“Hay un cúmulo de anomalías, son expertos falsificadores, no se detuvieron ante nada”. Aunque Rangel negó tener acuerdos con el polémico personaje, “le hizo pagos en el 2017 y 2018 que superan los 64 millones de pesos”. En el 2018 y 2019, Rangel le cubrió a Salazar 15 millones 534 mil 553 pesos a través de los negocios Kubal ZF Comercializadora Integral. La otra es Desarrollos e Infraestructura Potosina Absac. Una se creó en el 2015 con el objeto de prestar servicios de lavado, mantenimiento, jardinería, fumigaciones,

administración de personal y consumibles. Salazar aparece como administrador único. La otra se gestó en el 2016. Las acciones fueron adquiridas por Edgar Antonio Martínez Morán y la empresa Cano Soto y Asociados, cuyo accionista y representante principal es Gabriel Alan Salazar Soto.

Previo a irse como candidata fallida de Morena a la gubernatura, Mónica Rangel, con el pretexto de combatir la pandemia del Covid 19, entregó de manera arbitraria 525 millones de pesos en adjudicaciones directas. Benefició a ultranza a la empresa Tangamanga Innovación y Negocios con 85.1 millones de pesos, al comprarle pruebas para detectar el virus. Presentó un domicilio fiscal asociado a otra firma fantasmal utilizada por el anterior congreso para desviar fondos de la partida de gestiones institucionales. Hubo 317 operaciones dirigidas gracias a un decreto administrativo firmado por la ex funcionaria para adquirir bienes y servicios sin restricciones. Uno de sus allegados fue Mauricio Ayala Gallegos. Lo favoreció con 40.4 millones de pesos entre marzo y mayo del 2020, por tareas integrales para realizar las conferencias de prensa diarias, las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad y erigir las unidades Centinela en la entidad.

Ayala Gallegos es hijo del abogado Alberto Ayala Flores, quien se desempeñó como Oficial Mayor del Congreso del Estado, funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y asesor de Federico Garza. Su hijo es copropietario de la empresa Doblezero, protegido y posible socio del ex vocero gubernamental, Raúl Camacho Muñoz, que junto con Carreras, fueron denunciados de cometer fraude a diversos medios escritos y electrónicos por más de 20 millones de pesos, ya que no cubrieron servicios publicitarios que contrataron en los últimos dos años. El negocio Public Health Supply & Equipment de México obtuvo 32.7 millones de pesos por la compra de insecticida, para tratar de controlar los brotes de dengue. Infra se llevó 24.7 millones de pesos por la renta de tanques de oxígeno y la compra de gas medicinal.

El 16 de diciembre se anunció la caída del auto llamado Príncipe del Emprendimiento o Míster Presidente, Gabriel Salazar. La fiscalía lo local lo detuvo, ya que fue acusado de fraude genérico y asociación delictuosa. Buscó blindarse como diputado local por el quinto distrito, por la vía independiente, pero fue derrotado. Los negocios millonarios que hizo con la ex secretaria de salud, Mónica Rangel, los pudo conseguir a través de su oscuro patrocinador, el ex mandatario de bajísimo perfil, Fernando Toranzo, que tiene una vieja amistad con el padre ahora detenido, el litigante Carlos Víctor Salazar Zuart. Tras su captura, González Covarrubias exigió se investigue a Mónica Rangel y Juan Manuel Carreras López por su injerencia en hechos delictivos.

Consideró que podría haber más detenciones, ya que lo afectados, le confiaron su patrimonio a Salazar. Pero al no recibir los altos intereses y obtener una respuesta negativa, decidieron acudir a la fiscalía. Insistió en que se ahonden las pesquisas sobre el daño que se generó a los servicios de salud estatales, donde se armó una red de corruptelas con empresas fantasmas. “Hay declaraciones de personas que aseguran, les robaron su identidad, para meterlas a empresas inexistentes y que jamás participaron en procesos de compra, tampoco realizaron algún trabajo, por lo que recibieron más de 400 millones. Si quieren hacer justicia, deben encerrar a Carreras, Rangel y Leal Tovías. Ya existen las denuncias en la fiscalía local, pero las congeló Federico Garza, que protegió y encubrió a los malhechores. También hay una queja en la Unidad de Inteligencia Financiera, que en los próximos días rendirá un informe con las conclusiones”.

Mónica Rangel fue acusada de entregar cerca de 260 millones de pesos en viciados contratos a su presunto socio, Raúl Trejo Sánchez, encarcelado por ser el presunto asesino intelectual del ex dirigente de la Coparmex en San Luis, Julio César Galindo. El crecimiento exponencial del químico Raúl Trejo se dio a partir de ser beneficiado con millonarios convenios, gracias a su compadre, el químico fármacobiólogo, el coordinador de los laboratorios estatales de los Servicios de Salud, Antonio Bautista Montelongo. En el sexenio de Fernando Toranzo, apenas ganó un concurso. Con Rangel y Bautista, se impuso en la mayoría de las licitaciones para surtir los reactivos que hacían falta. A través de su esposa, Patricia Treviño Delgado, recibió otros pagos por 254 mil 798 mil 619.00 pesos. Otra empresa, Laboratorio Clínico de Referencia y Soporte Técnico, entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020, logró 5 millones 35 mil 548 pesos. Se ubican en Cuauhtémoc 865-A, colonia Burócrata. Los concursos amañados los firmó Rangel, Bautista, la directora de adquisiciones, Patricia Elizabeth Mendoza. El sub director operativo, René Olvera Castillo y el director

administrativo, José Francisco Cabrera. En el 2018, Carreras le entregó a Trejo, un reconocimiento como empresario distinguido.

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Encuestas electorales: lo que el cliente mande

En tiempos electorales cualquier estrategia o artimaña utilizada por los actores políticos para glorificar su imagen o demeritar la de sus contrincantes, es válida, ya sea a través de campañas negras, desplegados, espectaculares y redes sociales. Una variante es el uso prolijo de las encuestas, una herramienta cuya raíz científica se desvirtúa, ya que son realizadas y manipuladas para ajustarse a lo que el cliente exige. Se mueven muchas veces con el criterio mercantil de el que paga manda. El objetivo es sembrar entre los votantes, la creencia de que el candidato posee un carisma que subyuga y está a un paso del triunfo arrollador o de margen mínimo.

El abanderado del partido Verde Ecologista a la gubernatura, Ricardo Gallardo Cardona, es el que más promociona su figura a través de distintos sondeos que lo perfilan como el ganador de los próximos comicios con una amplia ventaja. Al menos, una decena de empresas, locales y nacionales, vaticinan que resultará victorioso con un 2 a 1 e incluso 3 a 1 sobre los demás opositores.

Entre las casas encuestadoras que lo pintan triunfante, figura De las Heras Demotecnia, que hasta marzo ha realizado 4 estudios donde muestran a Gallardo Cardona como el puntero y próximo gobernador. El primer sondeo se efectuó en septiembre del 2020. Se planteó conocer al personaje de mayor identidad y popular en el estado. Concluyeron que el diputado con licencia alcanzó el 57%. El candidato a la alcaldía de la capital por Morena, Xavier Nava Palacios, obtuvo el 67%. El abanderado a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza, sacó el 42%. El senador con licencia de Morena, Primo Dothé Mata, el 23%. El secretario de educación, Joel Ramírez Díaz, el 20%.

En el mismo cuestionario se preguntó si los aludidos fueran los candidatos a gobernador, ¿por quién votarían? Gallardo sacó el 22%. Nava impulsado por el PAN, el 21%. Primo Dothé el 14%. Ramírez por el PRI, el 7%. Las mismas figuras, en distinto escenario, Gallardo logra el 29%. Nava el 22% y Ramírez el 10%. En el segundo arqueo, efectuado en noviembre, se evaluó a los actores políticos y el que tendría mayores opciones de ganar la gubernatura. Gallardo volvió aparecer como puntero, con el 34% en intenciones del voto. Nava tenía el 10%. La diputada local panista, Sonia Mendoza, el 6%. Dothé y el alcalde de Valles, Adrián Esper, el 4% y 3%.

La firma adelantó en noviembre que Gallardo podría ganarle 3 a 1 a cualquiera de sus adversarios. Los estudios se realizaron antes de concretarse las coaliciones. En febrero, ya definidos los candidatos con sus respectivos partidos, en otro balance, de nuevo ganaba Gallardo. Ante la pregunta “Si las elecciones fuera al momento”, el ex alcalde de Soledad salió al frente con el 43% de las preferencia electorales. En segundo lugar estaba Pedroza, con el 31%. En tercer sitio quedó relegada la candidata de Morena y Nueva Alianza, Mónica Rangel, con el 24%.

En el censo de marzo, Gallardo consiguió el 45%. En el segundo lugar se registró un empate técnico con el 25%, entre Pedroza y Rangel. En las últimas posiciones, con mínimos porcentajes, el industrial José Luis Romero Calzada, de Redes Sociales Progresistas. El edil Adrián Esper de Encuentro Solidario y la empresaria Adriana Marvelly Costanzo, de Movimiento Ciudadano. En abril, Gallardo Cardona aumentó la ventaja al conseguir el 51%. Pedroza el 31%, Rangel el 13%. Gallardo ventiló los resultados en los diversos portales que patrocina.

La encuestadora De la Heras y el medio informativo Contra Réplica, que favorecen a Gallardo, solicitaron su registro en el directorio que maneja el Consejo Estatal Electoral. Otra compañía que augura el triunfo del candidato del Verde Ecologista es Buen Día y Márquez. La ha calificado de fidedigna, ya que en abril le endosó la victoria con el 47%. Octavio Pedroza sacó el 29%. Rangel apenas logró el 16%. Muy rezagados se quedaron Esper, Romero, Costanzo y el dueño de la Universidad Potosina, Arturo Segoviano.

Al sentirse ya casi gobernador, Gallardo aseguró que fue motivo para que iniciaran las campañas negras en su contra por parte de sus contrincantes. El ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, aseguró que la encuesta era creíble en lo absoluto. El estudio presentado por Buendía y Márquez, en el apartado

de patrocinio, ventila que el Verde solicitó y pagó la encomienda. Otra empresa dedicada a recabar de datos es Polls.mx, que a diferencia de sus competidores, engloba datos de distintas negocios. Analiza los informes y expone un resultado. En un estudio efectuado en marzo ubicó a Gallardo en primer lugar al conseguir intenciones del voto con un 39%. Pedroza logró el 17%. Gallardo festejó los resultados en las redes sociales.

Antes de la encuesta que compartió el candidato del Verde, la misma firma Polls.mx publicó en febrero un sondeo donde habría un empate técnico con el 28% en intenciones del voto entre Gallardo Cardona y Octavio Pedroza. En otro de enero del 2021, en la intención del voto por partido, los resultados favorecían a Morena con el 28% representado por Mónica Rangel. El PAN con Pedroza tenía el 27%. Con el 25% estaban los indecisos. En cuarto lugar el PRI con el 15%, también representado por Pedroza. En el quinto sitio se ubicó el PT con el 5%, está aliado al Verde, que no figuró en la gráfica y empuja a Gallardo.

En febrero, la intención del voto por partido, según Polls.mx favorecía a Morena con el 35%, seguido por el 24% de indecisos. En el sitial con el 23%, el PAN. El PRI tenía el 11%. En el quinto espacio el PT, con 3%. Otra vez el Verde no figuró. Para marzo, Polls.mx cambió de manera drástica la intención del voto. En primer lugar se encontraban los indefinidos con el 32%. Después, repentino, apareció el Verde con el 21%. Superó al PAN, que tenía el 12%, seguido de Morena, que se fue al cuarto espacio con el 11%. El súbito repunte lo exaltó Gallardo de manera profusa en los medios electrónicos que controla.

En la última encuesta de Polls.mx en abril, Gallardo cayó al segundo lugar con el 27.3%, superado por Octavio Pedroza que tuvo el 32%. En la tercera posición con 20.8% quedó Mónica Rangel. Polls.mx no está registrada como casa encuestadora en el consejo electoral. Otra empresa que vaticina el triunfo del Verde en San Luis es la Consultora Beltrán Juárez y Asociados, que le da una ventaja a Gallardo del 38% en intenciones del voto. Está 10 puntos arriba de Octavio Pedroza.

Poligrama predice también la victoria de Gallardo con el 33% en intenciones del voto. Demotecnia le da una ventaja mayor con el 45%. Ubica en segundo lugar, con un empate técnico del 25%, a Pedroza y Rangel. El mismo escenario lo describe la encuestadora Oraculus. Con tales números, Gallardo se proclamó ganador de los próximas elecciones. Otros medios, páginas electrónicas y empresas que hablan de una victoria apabullante de Gallardo Cardona son Contra Réplica, Media Group, Gabinete Mx, Arias Consultores y Square Strategic. Sólo el portal Contra Réplica logró registrarse ante el consejo electoral.

Aunque en menor escala, Octavio Pedroza también aprovecha los números para ubicarse como el favorito a ganar la próxima contienda electoral. Usa medios informativos y empresas más conocidas, por lo que resalta: “las encuestas serias lo confirman, vamos arriba y a la cabeza”. Se refiere a Mitofsky, El Financiero, El Heraldo, Massive Caller, CyE Research, todas de carácter nacional. Mitofsky le da una ventaja del 29.4% en las la intenciones del voto. Luego aparece Mónica Rangel con el 19.8%. En tercer lugar está Gallardo Cardona. Los demás candidatos alcanzan menos del 2%. El mismo estudio maneja un 25% de indecisos.

El Financiero ubicó a Pedroza con el 36% en intenciones del voto, seguido de Rangel con el 35%. Gallardo se fue al tercer sitio con 17%. En cuarto lugar aparece el candidato independiente Arturo Segoviano, con el 4%. Después Marvely Costanzo que tuvo el 3%. Juan Carlos Machinena de Fuerza por México el 2%. El Heraldo colocó a Pedroza en el primer lugar al tener el 30%. Lo sigue Gallardo con el 29%. Luego Rangel que consigue el 12%. Costanzo logra el 5%. Se registró un 15% de indecisos. CyE Research le otorga a Pedroza el 36%. A Rangel el 30%. Otra vez Gallardo en tercero con el 21%. Los demás apenas figuran con el 1% de preferencia. El estudio maneja un 10% de indecisos.

Aunque Pedroza no los encomió, otros arqueos también le conceden la delantera. The Panel Station México, asegura que el panista se cuela con el 42.1%. Le saca más de 20 puntos de ventaja a Rangel. El mismo análisis lo rescata El Heraldo. Las casas encuestadoras que le conceden una ventaja a Pedroza y que el mismo candidato califica de confiables, fueron aceptadas por el consejo electoral.

En el caso de la abanderada de Morena, Mónica Rangel, el uso de las encuestas para elevar su figura ha sido es mínimo. Las únicas a las que alude su equipo de trabajo son las de Mitofsky y El Financiero, las mismas que reconoce Pedroza. Refieren un acelerado crecimiento de la ex secretaria de salud. Aunque los demás sondeos la ubican en los terceros sitios, Mitofsky la baja al segundo y El Financiero le concede un empate técnico con Pedroza.

Rangel enfatizó que la contienda electoral se gana con trabajo y los votos de los potosinos, no con sondeos, likes y espectaculares, que utilizan los otros contendientes. En una cita con los demás candidatos de su partido, los conminó a no dejarse llevar por la guerra de estudios falsos, que solo pretenden amedrentar. El consejo electoral registró a encuestadoras que se apuntaron para ofrecer sus servicios en el actual proceso como Demoscopia Digital, Demotecnia, Indagar y Factométrica. El organismo consignó en abril, 16 sondeos, 11 correspondientes a Massive Caller, que los ejecutó del 1 al 11. Concluyó que Pedroza tiene el 31% en las intenciones del voto. Lo sigue Gallardo con el 23%. A Rangel le concede el 21%.

En el arqueo de Demoscopia de abril, Pedroza alcanza el 27%. Lo sigue Rangel con el 25% y después Gallardo que tiene el 17%. Factométrica, también en abril, establece un 27% para Pedroza. Rangel alcanza el 26%. Gallardo logra un 23%. CyE Campaings y Elections México elaboró dos censos en abril, donde Pedroza alcanza el 39%, Rangel el 31% y Gallardo el 21%.

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Más contratos en dependencias públicas

El polémico empresario Gabriel Salazar Soto, enfrenta varias demandas de los ahorradores que timó por  un monto que podría superar los 100 millones de pesos. Fue un proveedor recurrente de la Secretaría de Salud, donde obtuvo 17 contratos entre 2017 y 2018, por casi 65 millones de pesos. En el congreso local, también ofreció y cobró cursos de capacitación. Su negocio Corporativo Gavril, dedicado a la seguridad privada, creado en el 2014, se colocó pronto como proveedor favorito de dependencias y organismos públicos.

En el 2017, a través de un concurso restringido, el Museo de Arte Contemporáneo, que depende de la Secretaría de Cultura, convocó al Corporativo Gavril y la firma Seguridad Integral Greizz, para ofertar los servicios de vigilancia en un inmueble ubicado en Morelos 235. El contrato se entregó  a la empresa de Salazar por un lapso de 10 meses, del primero de marzo al 31 de diciembre. Le pagaron 253 mil 692 pesos en 10 partidas mensuales de 25 mil 369.20 pesos. Se comprometió a vigilar las instalaciones durante todos los días de la semana, con 3 elementos, 2 guardias para el turno diurno y uno para el nocturno.

El convenio lo firmó la directora del museo, Nuria Armengol Niño y el subdirector administrativo, Gerardo Juárez Lozano. Por parte de Gavril, la representante legal, Leslie Denisse Moreno Ferrer. La empresa de Salazar, cuyo domicilio se exhibe en internet, es una casa ubicada en Acerina 828, en el fraccionamiento Esmeralda. Se confirma que cambió de sede, a unas cuantas cuadras, ya que en el convenio aparece Amatista 538, en el mismo sector.

Salazar se coló además al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. En el 2016 cobró 8 cheques por un total de 129 mil 920 pesos. Los autorizó la directora Georgina Silva Barragán. Fueron emitidos el 15 de marzo, 2 de mayo, 1 de junio, 5 de agosto, 5 de septiembre, 4 de octubre, 11 y 25 de noviembre, del 2016, por un monto de 16 mil 240 pesos cada uno. Los movimientos constan en un listado de egresos al 31 de diciembre.

El corporativo Gavril fue contratado además por el Consejo Estatal Electoral, desde por lo menos el 2016. Lo que consta en un documento del organismo sobre adquisiciones directas a proveedores del 24 de febrero del mismo año. Le dieron un contrato por 208 mil 800 pesos. Otras 5 empresas presentaron sus propuestas. Se trata de Seguridad Privada de Mexquitic, Seguridad Privada, Resguardo y Vigilancia del Centro y Occidente, Hejoir, Vigilancia y Protección Privada de San Luis y JTSBAC. En el 2018, Salazar continuó en la misma instancia. En un informe de origen y aplicación de recursos, balance general y estado de resultados del 25 de junio, que fue presentado a la Secretaría de Finanzas, apareció Corporativo Gavril en el listado de cuentas por pagar. Le debían 8 mil 999.28 pesos.

También se incrustó en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. En un estado financiero de mayo del 2019, registra un pago de 11 mil 600 pesos. El llamado “príncipe del emprendimiento”, alardea en sus charlas motivacionales, que un punto central para conseguir clientes es promover las empresas como exitosas, antes de operar. Incluso ya tener clientes potenciales para solventar los gastos y no invertir recursos propios.

Pronto encontró la oportunidad de expandirse. En el 2017 consiguió que la secretaría de seguridad pública estatal, al mando del general de división retirado, Arturo Gutiérrez, le expidiera la licencia inicial para la empresa Scoltta, que pronto acaparó clientes en dependencias públicas. Lo contrató la Minera México, Draexlmaier y la cadena trasnacional Walmart, Plaza Tangamanga y otras.

Con su estilo ostentoso y protagónico, el presidente del consejo administrativo del Grupo Infinite, Gabriel Alan Salazar Soto, publicitó el 10 de diciembre del 2019, la compra automóviles, motocicletas y cuatrimotos para las dos empresas dedicadas a la seguridad, Gavril y Scoltta. “Debemos enfrentar las situaciones que se presentan con calidad y marcar la diferencia”.

Invitó a los interesados en sus operaciones o que buscan empleo, dirigirse o llamar a las oficinas, ahora ubicadas en el edificio M, en avenida Carranza 990. Varios días después de anunciar el concurso mercantil de su emporio, con una avalancha de demandas en contra, por el fraude a cientos de incautos ahorradores que acudieron a Invercorp Capital Financial, el propio Salazar, en las redes sociales, difundió un video donde aparece con sus colaboradores. Juntos decomisan las motos de las empresas que atendieron.

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Carreras, misógino

La delegada en San Luis de la Red de Organizaciones Ciudadanas, Yasmín Escobar Domínguez, calificó de misógino al gobernador Juan Manuel Carreras López, al que no le interesa saber el destino de las mujeres desaparecidas, violadas y asesinadas. Apenas se mueve por las marchas y protestas de los padres que reclaman el paradero de sus hijas raptadas. Dudó que exista la figura del mandatario, que sólo ha demeritado las instituciones que deberían apoyar a las víctimas. Su conducta excluyente también se refleja con el escaso número de colaboradoras en el gabinete, como la secretaria de salud, Mónica Rangel. Censuró la apatía de las diversas dependencias estatales para atender los casos donde se violentan las garantías del sector femenino. Aludió a las cambiantes cifras de la procuraduría de justicia, que manejó primero 6 y luego 13 desaparecidas. El organismo de Escobar consignó 44. Expuso que una excusa muy recurrente para no investigar, es atribuir las causas al crimen organizado. Según sus pesquisas, en la zona norte de la capital es donde se registra un alto índice de atentados contra las mujeres y menores, ya que los padres acuden a trabajar a la zona industrial. Los vacíos se llenan con la influencia perniciosa de las redes sociales.

-¿Cuál es la cifra real de las desaparecidas en San Luis Potosí?.

-Oscila en 47 personas, de las que he tenido la oportunidad de documentarlo. Pero hay algo. No todas son desaparecidas por el crimen organizado, por cuestiones de delito. Según el trabajo que he realizado en la zona norte. Pedí desde el año anterior, cuando inició la administración estatal, que sería importante hacer un mapa de riesgo, que nos sentáramos a elaborarlo. Clasificar las zonas donde se han dado los secuestros y tipificar por qué se registran. Por la experiencia adquirida, las desapariciones de personas menores de 12 años, algunas veces ocurren por cuestiones de divorcios, pensiones alimenticias, conflictos. No se ha documentado que sea robo de infante. En la entidad, no tenemos la certeza de que sea ejecutado por una banda. Se limitan a decir que vieron una camioneta rara por una escuela. Suben fotos de personas porque alguien las busca. Las autoridades no han salido, no han desmentido nada. Les conviene distraernos. Las desapariciones de chamacas de 13 años a 22 años, son por el mal uso de las redes sociales. Lo mencioné en abril del año en curso. Incide además la carencia de valores, la falta de diálogo entre las familias, de los cuidadores, cuando no tienen a sus papás. Es la permisividad».

«Está el caso de una joven a la que le destrozaron el cráneo en la huasteca. Fue un grupo de su escuela. Se fue con los muchachos, le aplican el conocido bullyng y la masacran. La desaparición por trata de personas es distinto, cae en la categoría de los 19 a 30 años. Tenemos la historia de una niña de 15 años. Fue enganchada por la red social. Junto con una amiga, se ponen de acuerdo para verse con un sujeto. La compañera se regresó con el novio, que era el enganchador. Al final se logró rescatar. Otro caso muy doloroso sucedió en el 2013, con la señora Verónica Ruiz Manzanares, en la capital. Una amiga se la llevó y la vendió en Zacatecas. Le gustó a un hombre del crimen organizado. Le entramos a una campaña internacional para recuperarla. Hicimos postales. Una pintora nos regaló su trabajo para ayudar a todas las desaparecidas locales. La víctima dejó dos niños que adoptaron los abuelos. No tienen casa propia, rentan una de interés social, pequeña. La responsable, para mantenerlos, vende dulces afuera de una escuela. El niño más grande ya tiene 18 años, dejó de estudiar porque no tuvo acceso a los programas de apoyo. El más pequeño está en la primaria. Es un caso de trata de blancas. Se la llevó el crimen organizado. Se denunció el lugar donde está en Zacatecas. Es un pueblo tomado por tales hombres. Ya casi se volvió fantasma».

«La procuraduría no quiso investigar porque estaba en Zacatecas, sabían que se la llevaron de San Luis el 20 de septiembre del 2013, en el sexenio de Fernando Toranzo. La mamá es una persona humilde, llegó hasta la comunidad, la amenzaron, puso la denuncia en Zacatecas. Hubo un ministerio público y de la marina que se comprometieron ayudarla, pero luego los cambiaron. El que los relevó, le dijo que la olvidara y se retirara. La que la vendió confesó y está libre. Estuve hace poco con los papás de la afectada. Me dijeron que la enganchadora se fue a vivir a Saltillo. Es un caso real. La secuestrada tiene ahora 32 años. También está la historia de la periodista de Rioverde, Yasmín Alcaraz López. Junto con otras compañeras de lucha, empezamos a investigar. Nos reclamaron que ya no le moviéramos al asunto. Les dijimos que era amiga y conocida. Nos contestaron: aquí está, hecha pedacitos. ¿Quieren terminar igual?, síganle. Para su infortunio, fue pareja de un ex jefe de la policía municipal de Rioverde y Cárdenas, llamado Juan Blanco. Los señores del crimen organizado, cuando alguien entra en sus redes y alegan que son traicionados, acaban con toda la familia. Muchos de los policías están inmersos en tantos delitos. Ya no llevamos el tema de Alcaraz ni de otras desaparecidas. Sólo el de Zacatecas. Lo de la reportera, la familia lo dejó por la paz ante las amenazas. Lo único que quieren saber es dónde está el cuerpo, si ya falleció. La afectó estar ligada con alguien metido en el crimen organizado. Temían que supiera algunos detalles no gratos».

«Al gobierno le interesa tratar a la gente con paternalismos, callarla con dádivas. Nosotras queremos hacer un mapa de riesgo y si tienen el interés que trabajemos juntos, lo hagamos. Consiste en clasificar todos los casos que se han dado. Si se ausentaron por la amiga, redes sociales, fin de semana o en realidad están desaparecidas. Conocer las circunstancias para clasificarlas, abrir los ojos. En la zona norte, se pierden mujeres de 13 a 20 años. En el oriente y otros municipios, si revisamos la declaratoria, hay hasta de 70 años que traemos en las listas. La procuraduría ni siquiera manifiesta las causales. Existe algo importante y lo reitero: a la autoridad no le interesa el tema de las mujeres violentadas, revictimizadas, desaparecidas. Antes de las marchas, no recuperaban a nadie. Pero en los días que presionamos, hallaron tres o cuatro. Necesitamos reclamar de manera constante. En el caso de Paola Castro, la procuraduría tiene varias líneas de análisis. Dicen que tuvo una desavenencia con la pareja, que anda en las marchas. Cuántos casos tenemos que las matan o encostalan y se hacen visibles para ver cuánto se avanza en las pesquisas. No quiero decir que sea responsable, porque tampoco existe una línea concreta. Como representante de la red nacional de organizaciones civiles, estamos preocupadas y pedimos una cita con el gobernador Carreras, para abordar el uso negativo de las redes sociales».

«Hay muchos perfiles de jovencitas donde los sujetos ponen una foto atractiva y las engañan. Hicimos algunas pruebas. Tuve la oportunidad de trabajar en prevenir el delito. Realizamos algunos sondeos con perfiles falsos, donde se les pregunta si están en equis escuela, contestan a la que asisten. Cuál deporte les gusta. Les sacan todos los datos. Es algo muy grave. Se pierde credibilidad en las desapariciones. Son chamacas que se fueron con el novio porque les dio la gana. Hay varios casos. Hace poco se perdieron cuatro jovencitas de secundaria en el sector norte. Salieron a divertirse con los amigos. Me tocó constatar un caso en Tequis, cuando sujetos que viajaban en una camioneta roja doble cabina, trataron de llevarse a dos jóvenes que se dirigían a la universidad. Gritaron pero nadie salió. Lograron zafarse. Se encierran. Mi hijo les llama porque no llegan. Las busca y encuentra aterrorizadas. Un día de febrero a las siete de la mañana, rescatamos a una joven que se la trajo un hombre de la zona media. Estaba en el hotel España, que se ubica en Universidad. El sitio tiene algo de raro, también agarraron a unos seudo sicarios. Sacamos a la muchacha, le conseguimos un lugar donde estudiar. Tenía 22 años. En su perfil, el sujeto exhibía mujeres desnudas. La niña optó seguirlo. No le gustaba la disciplina. Le valió, andaba en sandalias y con lo que traía puesto. Se volvió a escapar. ¡Cuántas desaparecidas quisieran otra oportunidad!. Como red, hacemos un documento para entregarlo al congreso y ejecutivo, para cuando surjan casos similares, de las que huyen para probar lo que se siente, traer a la autoridad y familia como locos, se les aplique un trabajo comunitario, darles terapia psicológica. A los padres fijarles una pena administrativa en pesos, semejante a los que son encontrados al momento de orinar en la vía publica. Todo se genera por la permisividad de los padres, que ahora les dejan el cuidado de los hijos a los medios electrónicos. Se carece de valores y falta de comunicación. Es lo que provoca tantos descalabros y le resta credibilidad a las demás situaciones que muchas veces son reales. La mamá de la joven secuestrada en Zacatecas me abordó en un acto del ayuntamiento. Me imaginaba que el problema de las desaparecidas era algo mínimo, pero me equivoqué. En San Luis Potosí las activistas no se meten de lleno. Son de oportunidad. No acuden a la procuraduría por un documento, que se investigue. No hay seguimiento en los medios. La procuraduría maneja números rosas. Les pedí todo el 2015, cuántos feminicidios hubo de enero a diciembre en lo general. Despues solicité el dato desglosado, por municipios. Añadí robos con violencia, violaciones, extorsiones»… continúa (tomada de la versión impresa, Octubre 2016)

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Atacan al «adicto» jefe de prensa Adrián Vázquez. Le piden a Carreras y Ugalde, se bajen el salario un 50%

En un hecho inusual por la línea que les imponen a los diputados del PRI los coordinadores de bancada, en la sesión de hoy el diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández presentó y se le aprobó con 13 votos a favor y dos abstenciones un punto de acuerdo para pedir al gobernador Juan Manuel Carreras y al secretario de finanzas José Luis Ugalde Montes, recortar en un 50% su salario y el de todos los secretarios del poder ejecutivo.

Segovia recibió el respaldo sólo de su homologo, José Luis Romero Calzada, pues los demás priistas, encabezados por el coordinador Fernando Chávez Méndez, le hicieron el vacío y abandonaron el recinto mientras se votaba y discutía la propuesta. Segovia también presentó un exhorto a la cámara de diputados federal y al senado para que disminuyan el próximo año las partidas destinadas a gestoría. Solicitó que los recursos ahorrados por las reducciones a los salarios de los funcionarios, se destinen a obras sociales en los municipios. A los que abandonaron la sala, expuso, los iban a regañar si se quedaban.      Por su parte Romero también arremetió contra el vocero estatal, Adrián Vázquez Méndez. Destacó que los ahorros que obtengan de las bajas de ingresos de los diputados y funcionarios, se destinen a obras públicas y no a mantener a empleados como el vocero de Carreras, al que se refirió como el “chaparrito adicto e intolerante”.

Romero insistió sobre el tema. Al final de la asamblea, pidió sin éxito, se le dijera sobre el acuerdo al llegaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en la junta que sostuvieron con Vázquez. El legislador de Conciencia Popular Óscar Vera, que en cada sesión se confronta con Romero, le aclaró que los informes los pidiera a sus representantes Fernando Chávez y Manuel Barrera Guillén.

Los legisladores aprobaron con 20 sufragios a favor, se nombrara como contralor interno del Consejo Estatal Electoral a Jesús Chevaile Abad para el periodo del 1 de noviembre del 2016 al 31 de octubre del 2020. Se votó un punto de acuerdo para solicitar al auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo investigar los sueldos, salarios o remuneraciones que percibe la titular de la secretaría de salud, Mónica Rangel, que en su comparecencia, reveló que gana 220 mil pesos mensuales. Se incluyen los directores de todas las dependencia. Vera planteó exhortar al procurador Federico Garza Herrera, implementar de inmediato el protocolo Ámbar para coadyuvar a localizar las mujeres y niñas desaparecidas en el estado. Erradicar la violencia de género y garantizar sus derechos humanos. Exigir al Instituto de las Mujeres y dependencias involucradas, actualizar el banco estatal de datos e informes sobre violencia contra el sector femenino.