El polémico empresario Gabriel Salazar Soto, enfrenta varias demandas de los ahorradores que timó por  un monto que podría superar los 100 millones de pesos. Fue un proveedor recurrente de la Secretaría de Salud, donde obtuvo 17 contratos entre 2017 y 2018, por casi 65 millones de pesos. En el congreso local, también ofreció y cobró cursos de capacitación. Su negocio Corporativo Gavril, dedicado a la seguridad privada, creado en el 2014, se colocó pronto como proveedor favorito de dependencias y organismos públicos.

En el 2017, a través de un concurso restringido, el Museo de Arte Contemporáneo, que depende de la Secretaría de Cultura, convocó al Corporativo Gavril y la firma Seguridad Integral Greizz, para ofertar los servicios de vigilancia en un inmueble ubicado en Morelos 235. El contrato se entregó  a la empresa de Salazar por un lapso de 10 meses, del primero de marzo al 31 de diciembre. Le pagaron 253 mil 692 pesos en 10 partidas mensuales de 25 mil 369.20 pesos. Se comprometió a vigilar las instalaciones durante todos los días de la semana, con 3 elementos, 2 guardias para el turno diurno y uno para el nocturno.

El convenio lo firmó la directora del museo, Nuria Armengol Niño y el subdirector administrativo, Gerardo Juárez Lozano. Por parte de Gavril, la representante legal, Leslie Denisse Moreno Ferrer. La empresa de Salazar, cuyo domicilio se exhibe en internet, es una casa ubicada en Acerina 828, en el fraccionamiento Esmeralda. Se confirma que cambió de sede, a unas cuantas cuadras, ya que en el convenio aparece Amatista 538, en el mismo sector.

Salazar se coló además al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. En el 2016 cobró 8 cheques por un total de 129 mil 920 pesos. Los autorizó la directora Georgina Silva Barragán. Fueron emitidos el 15 de marzo, 2 de mayo, 1 de junio, 5 de agosto, 5 de septiembre, 4 de octubre, 11 y 25 de noviembre, del 2016, por un monto de 16 mil 240 pesos cada uno. Los movimientos constan en un listado de egresos al 31 de diciembre.

El corporativo Gavril fue contratado además por el Consejo Estatal Electoral, desde por lo menos el 2016. Lo que consta en un documento del organismo sobre adquisiciones directas a proveedores del 24 de febrero del mismo año. Le dieron un contrato por 208 mil 800 pesos. Otras 5 empresas presentaron sus propuestas. Se trata de Seguridad Privada de Mexquitic, Seguridad Privada, Resguardo y Vigilancia del Centro y Occidente, Hejoir, Vigilancia y Protección Privada de San Luis y JTSBAC. En el 2018, Salazar continuó en la misma instancia. En un informe de origen y aplicación de recursos, balance general y estado de resultados del 25 de junio, que fue presentado a la Secretaría de Finanzas, apareció Corporativo Gavril en el listado de cuentas por pagar. Le debían 8 mil 999.28 pesos.

También se incrustó en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. En un estado financiero de mayo del 2019, registra un pago de 11 mil 600 pesos. El llamado “príncipe del emprendimiento�, alardea en sus charlas motivacionales, que un punto central para conseguir clientes es promover las empresas como exitosas, antes de operar. Incluso ya tener clientes potenciales para solventar los gastos y no invertir recursos propios.

Pronto encontró la oportunidad de expandirse. En el 2017 consiguió que la secretaría de seguridad pública estatal, al mando del general de división retirado, Arturo Gutiérrez, le expidiera la licencia inicial para la empresa Scoltta, que pronto acaparó clientes en dependencias públicas. Lo contrató la Minera México, Draexlmaier y la cadena trasnacional Walmart, Plaza Tangamanga y otras.

Con su estilo ostentoso y protagónico, el presidente del consejo administrativo del Grupo Infinite, Gabriel Alan Salazar Soto, publicitó el 10 de diciembre del 2019, la compra automóviles, motocicletas y cuatrimotos para las dos empresas dedicadas a la seguridad, Gavril y Scoltta. “Debemos enfrentar las situaciones que se presentan con calidad y marcar la diferencia�.

Invitó a los interesados en sus operaciones o que buscan empleo, dirigirse o llamar a las oficinas, ahora ubicadas en el edificio M, en avenida Carranza 990. Varios días después de anunciar el concurso mercantil de su emporio, con una avalancha de demandas en contra, por el fraude a cientos de incautos ahorradores que acudieron a Invercorp Capital Financial, el propio Salazar, en las redes sociales, difundió un video donde aparece con sus colaboradores. Juntos decomisan las motos de las empresas que atendieron.

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