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La dentista asesinada y menor de edad

El femincidio de la dentista Érika Muñoz Villaseñor el 17 de octubre del 2018, sacudió e irritó a los potosinos, se supo que tenía 8 meses de embarazo. El bebé estaba por nacer. Fue ejecutada de cuatro balazos en su consultorio ubicado en la calle San Bonifacio, en el fraccionamiento Juan Pablo, ubicado en la capital. Al principio se dijo que fue ultimada por resistirse al robo, pero no se llevaron nada de sus pertenencias. El subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, dijo que se investigó el presunto asalto y entorno personal de la occisa. Ante tantos casos similares, impunes, un ciudadano increpó al gobernador Juan Manuel Carreras, al que reclamó la inseguridad y tener a San Luis en un baño de sangre. Le exigió esclarecer el asesinato de Muñoz.

Ante las presiones de organizaciones feministas nacionales, el gremio de odontólogos y medios informativos, la policía ministerial agilizó las pesquisas. Se supo que el sicario fue un muchacho de 20 años, llamado Cristian Eduardo. Cometió el error de llegar al consultorio a atenderse una supuesta dolencia, en un carro de modelo reciente, que su suegra le había comprado para manejarlo como Uber. La secretaria le dijo que fuera por la tarde. Regresó, la doctora atendía a otro paciente. Le sugirió volver en media hora. Cuando entró, se topó con la persona que salía. Como ya no había más visitas, la víctima cerró el local y se quedó sola con el verdugo.

Los vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y llamaron a la policía. Nadie miró que saliera el pistolero, pero fue captado por una cámara cercana donde se grabó la huida en el carro que usó por la mañana. Los agentes encontraron a la profesionista tirada en un charco de sangre. Tenía dos impactos en el vientre. La bolsa, llaves del coche y otros enseres estaban intactas, por lo que se descartó el móvil del asalto.

Los agentes siguieron la ruta del homicida a través de las cámaras de los diversos comercios. Una de alta definición captó las placas de la unidad, que los llevó con la dueña, la suegra del sospechoso, enviado por el autor intelectual, Othón Isaac, que fue paciente de Muñoz, con el que tuvo un romance y resultó embarazada. La víctima se negó a abortar, como le pidió su pareja, con el que tuvo fricciones para que le cubriera las citas al ginecólogo y la clínica del parto. La cesárea se planeó el 22 de octubre, 5 días antes de ser ejecutada.

Se supo que Othón Isaac estudió en el colegio militar y tuvo un alto cargo en la policía turística de Acapulco. Luego llegó a San Luis donde se dedicó a vender productos naturistas para bajar de pesos. Por un interpósito, conoció al gatillero, que cobraría 50 mil pesos por la encomienda. Recibió la mitad como adelanto, el resto consumado el cobarde asesinato. Cuando fue ubicado por los ministeriales, trató de huir por las azoteas vecinas, pero fue capturado.

Otro feminicidio que alteró a los potosinos fue el de la joven de 16 años, Odalis Hipólito que  el sábado 10 de marzo del año en curso, le llamó a su hermano José Hipólito, cuando manejaba un auto, acompañado de su madre. Puso el altavoz. La escucharon decir que estaba en el cumpleaños de una amiga. Iba a pasar la noche en casa de una tía. Les sugirió que al día siguiente fueran a comer y al cine, junto con un amigo que les iba a presentar. Les pidió checar la cartelera por internet para elegir la película.

Las crónicas locales relataron que la víctima quería regresar a la preparatoria Lasalle, ubicada en Reforma, que dejó meses antes. Hija de familiares ambulantes y vendedores establecidos, los ayudó de manera ocasional. También colaboró con su mamá en las labores domésticas. Le gustaba escuchar la música de Adán Zapata a todo volumen. Dicen que sabía andar en la calle. Conoció el centro histórico, ya que hizo la primaria y secundaria en la zona. Aunque era una niña, mostró cierta independencia. Vivía con su madre y dos hermanos, solía quedarse con la abuela, en la colonia San Luis o con una de las tías. Siempre dijo dónde andaba. El sábado por la tarde, metió a su mochila dos playeras, un cambio de ropa interior y los audífonos. Partió a la fiesta.

Odalis Hipólito y un primo caminaron por calles oscuras hasta una casa en Valentín Amador, cerca de la antigua estación del Ferrocarril. Los esperaba su amigo Jorge con su madre y la cumpleañera. Las reseñas establecen que no probó el pastel, sólo pidió un vaso de leche. El domicilio era casi familiar, ya que su pariente se metió a una recámara a ver la tele. La víctima siguió la velada con sus conocidos. Al notar que era tarde, pidió prestado un celular para hablar a su casa. Le llamó a su hermano y una prima. Les dijo que pasaría la noche en casa de una tía. “Adiós carnal, te quiero mucho, nos vemos mañana”. Se despidió luego de planear la ida al cine.

El domingo a las 7 de la mañana, José Hipólito recibe otra llamada del mismo número. Le informan que su hermana está muerta. Era la voz era de la mujer que había facilitado el celular. Se imaginó una broma, pero del otro lado de la línea siguió la cruenta historia. La informante narró que otro de sus hijos salió a trabajar temprano y que se encontró con policías y trabajadores funerarios que bajaron el cuerpo de la jovencita de los barrotes.

Uno de los que participaron en las fúnebres tareas, conocía al testigo y Odalis. Le dijo que la occisa era su amiga. Corrió al domicilio a dar la fatal noticia. La madre se comunicó con los familiares de la caída. José Hipólito se cambió rápido para ir al sitio donde estaba su hermana. Luego les informaron que se había ahorcado en el barandal donde se ubica la zona de transferencia del transporte urbano. Todo era confuso y lleno de dolor. Los afectados no alcanzaron a mirar la grotesca escena. La policía llevó el cuerpo al servicio médico legal de la procuraduría.

Algunos agentes y el ministerio público les dijeron que se trataba de un suicidio. Como la muerte ocurrió en la madrugada, se excusaron de no reparar en nada extraño. Ansiosos de recuperar a la niña, padre e hijo dijeron que no requerían más investigaciones. Veloz, en menos de cuatro horas, el fiscal Ángel Francisco Requena Aguirre, la entregó. Cuando vieron las fotografías de la menor en los diarios, sospecharon que no se trataba de un suicidio. Entonces notaron una herida en el mentón y arañazos en sus manos. Mientras velaban cuerpo, el padre, un tío y el hermano, volvieron a la procuraduría para solicitar se investigara la muerte. Les dijeron que volvieran a los tres días, porque estaban muy ocupados.

Molestos por el trato recibido, esperaron al subprocurador Aarón Edmundo Castro, quien remarcó que todo apuntaba al suicidio, ya que no hubo señales de abuso sexual. No les brindó datos de la necropsia ni abrió alguna pesquisa. En el acta de defunción, se consignó muerte por ahorcamiento. Nunca ahondaron sobre lo qué pasó desde la llamada a las 11:30 del sábado a las 2 de la mañana del domingo cuando pereció. La mujer que notificó el deceso y su hijo Jorge acudieron al velorio el domingo por la noche. José Hipólito los interrogó. Entonces supo que el primo se quedó a dormir en la casa.

La muchacha se despidió a la media noche. Jorge la acompañó al sitio de transferencia, donde tomó un taxi. Le preguntaron el número del auto, contestó no haberlo registrado. Los dos se despidieron, desde entonces no han vuelto a hablar. La procuraduría jamás los citó. Los familiares realizaron varias marchas para exigir se aclare el feminicidio. Se sumó el reclamo de la desaparecida hace 9 meses, Silvia Gómez. En cartulinas dijeron que a Odalys fue asesinada. El colectivo Vivas nos queremos, negó el suicidio, resaltó que es feminicidio. Exigieron la renuncia de Edmundo Castro.

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No quieren a Juan Ramiro Robledo en demanda por transparentar la entrega de concesiones a taxistas

Un grupo de siete taxistas encabezados por Juan Antonio Romo Ponce denunció que existen irregularidades en el 30% de las 840 concesiones entregadas por lo que demandaron la nulidad de la convocatoria y el fallo, por considerar que se violaron sus derechos de antigüedad, al ser marginados después de operar durante más de 15 años un vehículo. No se respetó su derecho de preferencia ya que se optó beneficiar a otros que no cumplieron los requisitos. Entablaron una demanda contra el mandatario Juan Manuel Carreras, el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías y el secretario de comunicaciones y transportes, Ramiro Robledo López. Exigen que el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Juan Ramiro Robledo Ruiz, se excuse conocer del asunto por estar en la figura de posible prevaricato, ya que el asunto lo llevan padre e hijo.

Después de 15 días de interponer la querella, no habían tenido alguna respuesta. En caso de un revés, acudirán a los tribunales federales para exigir se anulen los dos actos administrativos. El defensor de los ruleteros, Noé Yair López García, exigió que Robledo Ruiz se aparte del caso o enfrentará un juicio político. Indicó que los permisos se entregaron a gentes que ya tenían, como Benjamín Rodríguez Hernández, Martín Bravo Montalvo y José de Jesús Montalvo Espiricueta. Otros no le dedican tiempo completo. Uno labora en la tienda de la universidad autónoma. Otro vende aceites automotrices. Aunque la ley es completa y clara, se complica por el indebido actuar de los funcionarios y el conflicto de intereses que desde siempre ha permeado al transporte público. Aludió que ya se notan los vacíos de poder y la falsa legalidad al revisar algunos asuntos, como el de la firma Uber.

“Mis representados no están en contra de la libre competencia o apertura del sistema de transporte. Pero existen aplicaciones como Uber y otras que tratan de ingresar, pero están fuera de la ley. Traen un sistema de esclavitud moderna en materia laboral. Aunque hubo una reforma en el 2016 a la ley para regularizar a Uber, ahora tiene un despliegue patronal invisible donde se eximen de ser sujetos a juicio. Aunque se estableció el cobro del 1.5% de cada viaje que hagan, pero falta un listado de los operadores. Tampoco es sano propiciar la violencia contra los conductores. Pero también inquieta, no reclamen a sus jefes. El conflicto se genera por el vacío de autoridad que se niega a reglamentar el servicio”.

Romo aseveró que tiene 28 años atrás de un volante. “Siempre ha habido fallas en las entregas de concesiones. Se dan de manera arbitraria, con criterios ajenos a lo que marcan las convocatorias. O se facilitan a ciertos líderes a cambio de apoyos electorales. O venden los permisos, lo que retrasa el desarrollo del transporte. En la última emisión, aunque la autoridad asegura que se hizo de manera transparente a nosotros nos quedaron muchas dudas. Solicitamos por la ley de transparencia, todos los documentos, como las solicitudes de preinscripciones, certificados de licencia y otros que se tienen en el registro de los operadores. Nos contestaron que acceder a los escritos tenía un costo de 420 mil pesos. Al poner las trabas, algo esconden. No quieren que nos enteremos que ayudaron a grupos muy cercanos a las autoridades. La mayor prueba es el silencio de Robledo López”.

Añadió que la lucha inició en el 2016. La hizo por compañeros fallecidos que nunca accedieron a un permiso. Buscan cotejar los documentos y determinar si fue legal la entrega o conocer el alcance de las fallas. Expuso que una tercera parte fueron dadas con sospechas. Antes denunciaron la venta de certificaciones, ya que actúan como jueces y partes. Las venden y evalúan. Carreras estuvo enterado de las anomalías. Fue donde se concretó la mayor parte de las deficiencias. A muchos les pusieron que tenían varios años de choferes. En el conflicto de otros taxistas con la empresa Uber, falta que el gobierno aplique la ley. “Nosotros siempre hemos respetado el principio de legalidad. Pero es un derecho humano tener acceso a un trabajo. El vicio que existe de que en pocas personas se concentran muchas concesiones, les afectó la entrada de Uber”.

Romo destacó que los verdaderos taxistas viven un constante retroceso, por el miedo de los compañeros a exigir sus derechos que se violentan cada rato. En la lucha inicial eran 25 inconformes, ahora solo quedan 7. No los culpa por la inseguridad que prevalece. Expuso que hace falta hacer a un lado los temores. “En el gremio de los taxistas hay divisionismo por los sindicatos y seudo líderes. Mantienen a los demás distanciados con rumores y miedo. Les dicen que las concesiones se entregan a los disciplinados. Muchos fallecieron y no lograron nada. También opera la máxima de que el 50% se asigna y el resto se vende. Vamos a continuar la lucha. Lo hacemos por las nuevas generaciones que vienen, para cortar el círculo vicioso. Si buscamos mejorar el transporte, hay que hacer a un lado a los intermediarios. Son los que consiguen los permisos sin mora. Los ayuda su capacidad económica o el amiguismo con el sector político”.

Afirmó que la sociedad no ha evolucionado. “No sabemos si es por ingenuidad o cinismo, no les importó actuar con desorden a pesar que existe una ley de transparencia. Están acostumbrados a hacer política a la usanza del PRI. Sigue el mismo esquema de la estirpe. Ahora Juan Ramiro Robledo puso a su hijo en comunicaciones y transportes. Se repite el perfil. Adelantó que si Carreras no aplica la justicia, se irá a la resistencia pacífica, con una huelga de hambre, donde habrán de solicitar su renuncia. Expuso que su vida la marcó el ex líder cívico, Salvador Nava, capaz de derrotar a gobernadores. Ya es tiempo de darle brillo a su memoria, con métodos no violentos.

El chofer Juan Manuel Miranda Valero mencionó que algunos beneficiados ya duplicaron los permisos. Los protege el dirigente antorchista Lenin Rosales. Citó el caso del trabajador de la universidad autónoma, Baltazar Bravo. Ya tenía un taxi en Escalerillas y consiguió otro. Un parroquiano del Saucito, labora en la Comisión Federal de Electricidad y ya obtuvo su permiso de ruletero. “No son trabajadores del volante. Usan el carro los fines de semana, en ratos. En la convocatoria se permitió participar al que tuviera licencia, pero no se cuidó cómo la logró. También vendieron las certificaciones donde consta que son conductores desde hace 20 años. Los que laboramos todos los días para llevar el sustento de la familia, nos hacen a un lado. Las 840 concesiones entregadas, forman parte de las más de 2 mil que se darán hasta el 2021, según los estudios realizados”.

El chofer Ulises Torres informó que los permisionarios de Escalerillas tenían un permiso para prestar el servicio del 95 al 2005, pero son tolerados por Robledo López. Abarca a 30 unidades, pero se ampliaron a 58. Para diciembre van a meter más. En la última entrega, se colaron 8 personas. Censuró a los conductores de Uber que no están capacitados para manejar. “La culpa la tiene el gobernador que no mete orden. Traen empresas foráneas cuando en San Luis existen 7 mil operadores del volante para 3 mil 407 concesiones. Faltan más permisos para gente que ha trabajado muchos años y acumulan gran experiencia. El diputado local Sergio Desfassiux siempre apoyó a Uber, donde necesitaba a conductores con huevos. Lo que hace falta es relevarlo, ya que no cumple sus funciones, junto con Robledo, que generan el conflicto de los taxistas con Uber”.

“Tienen facultades para resolver el entuerto. Argumentan que las concesiones se dieron a través de su software. Si alguien entrega un certificado falso, se puede subir al sistema que arrojará la antigüedad solicitada. Robledo López tiene archivos de los taxistas, cotejar los datos para no beneficiar a gente que no tiene vínculos con el gremio. Si el 30% de las concesiones se entregaron de manera irregular, no les pueden exigir un servicio eficiente. El señor que labora en la Comisión Federal de Electricidad, estaciona el carro afuera de la casa. Uno de los hijos lo mueve el sábado, cuando hay más chamba”.

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Se quejan de la inoperancia de Arturo Gutiérrez y Federico Garza

Varios representantes de conductores y concesionarios de Uber denunciaron la inoperancia que ha mostrado diversas autoridades para detener las agresiones de que son objeto por parte de algunos taxistas, que también empezaron a agredir a los usuarios que los contratan.

Los quejosos Emanuel Gutiérrez y Javier López señalaron que el secretario de seguridad, Arturo Gutiérrez y el procurador Federico Garza Herrera, no han cumplido el acuerdo que hicieron el 16 de diciembre del 2016, de realizar vigilancia y emprender sanciones para disuadir los ataques de los ruleteros.

Precisaron que la asamblea con los funcionarios se efectúo el 16 de diciembre, cuando se dio la golpiza más grave contra los choferes de Uber. Y no han sido capaces de detener a ningún atacante ni les han cubierto los daños ocasionados a 30 vehículos que hasta ahora han resultado afectados.