Enemigo número uno de la transparencia, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, coludido con el Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, se mantienen reacios a brindar el mínimo detalle del gasto para la compra de vehículos de las diversas fuerzas de seguridad. Para burlar todo intento de transparencia, optan declarar como “reservados” los datos. Es el ardid recurrente que han implementado para no dar a conocer los mínimos detalles de los lujosos vehículos Camaro y Mustang, destinados a la Guardia Civil División de Caminos.
A inicios de abril, el mandatario alardeó haber adquirido 50 unidades. En la sospechosa erogación, según Lara, canalizaron 80 millones de pesos. Se cuestionó que los carros no cumplen con las exigencias para perseguir delincuentes en vericuetos rurales. Para conocer a detalle la cuestionada maniobra, La Noticia, a través de la solicitud 240469723000074, requirió características, empresa o persona física a la que se adquirieron las patrullas, forma de concurso y copia del contrato.
En forma truculenta, para evitar más requerimientos, el esquivo funcionario expuso que lo solicitado es de carácter “reservado”. Argumentó que “podría traer como consecuencia, comprometer y poner en riesgo la vigilancia pública y la integridad de los que conforman el estado”. El oscurantismo se ha vuelto la tendencia en el gobierno estatal, lo que se repite en Soledad, donde Gallardo controla de manera férrea a la alcalde Leonor Noyola, que también se niega a hablar sobre la adquisición de otras 40 patrullas. Recurrió al mismo garlito. La negativa a entregar los datos, podría tener como propósito, proteger la identidad de la boyante empresa 399 Project Development, del piloto potosino, Jesús Cordero de Ávila, que cuenta con un negro historial, por incumplir contratos y ventas a sobreprecio. Podría ser el que recibió el contrato de los ostentosos y poco prácticos carros.
La empresa 399 Project Development, del piloto potosino Jesús Cordero de Ávila, no solo es la favorita de Ricardo Gallardo Cardona para la compra de vehículos y patrullas para las diversas fuerzas de seguridad del estado. También existe un favoritismo hacia la firma del piloto recién premiado por las los diputados con la presea “Plan de San Luis”, por parte del ayuntamiento de Rioverde, Ciudad Fernández y la capital, donde le han entregado jugosos contratos. Inclusive la llamada “Herencia Maldita”, del ex gobernador Juan Manuel Carreras, realizó contratos con 399 Tactical.
La actual administración estatal, le entregó el contrato de la compra de vehículos para la Coordinación Estatal de Protección Civil, por el monto de 2 millones 349 mil 988 pesos. Además, le entregó 33 millones de pesos en vehículos y ambulancias para la Fiscalía del Estado. A través de su página Web y redes, el proveedor exhibe que ha acaparado el contrato de vehículos para la Guardia Civil del Estado. El convenio para para vehículos de traslado del DIF estatal. Le compraron vehículos tipo escolta para el gobierno de Gallardo Cardona. Así como vehículos para Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. El monto de los cuatro últimos contratos, se mantiene oculto por parte del Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, quien apela a criterios que atentan a la seguridad, para no revelar el monto erogado en los contratos.
Vehículos entregados a la Guardia Civil Estatal Camionetas para la Fiscalía General del Estado Camionetas de Traslado para el DIF Estatal
El negocio 399 Project Development también resultó favorecido con jugosos convenios por el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, quién le entregó 4 patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Erogó 4 millones 560 mil pesos. Los datos se obtuvieron a través de la solicitud con folio 240474023000005, realizada por La Noticia. A través de su página web, se supo que 399 Project Development ha realizado contratos con el edil de Ciudad Fernández, Marcos González Jasso, por la compra de una patrulla. También se coló al ayuntamiento de la capital, que encabeza Enrique Galindo Ceballos, quién le ha brindado contratos para motocicletas viales, grúas de alumbrado y pipas de agua. Hasta el momento se desconoce el monto erogado.
Entrega de patrullas por el Ayuntamiento de Rioverde Patrulla para el municipio de Ciudad Fernández Grúa para el ayuntamiento de San Luis Potosí Pipas para el Interapas
La empresa 399 Project Development expone haber prestado servicios en el sexenio anterior, con vehículos para Protección Civil y la Fuerza Metropolitana Estatal, donde entregó 50 vehículos tipo sedanes, 15 Pick Ups y 20 motocicletas en el 2017. Se desconoce el monto total erogado. En el 2018, se realizó otro contrato por 21 patrullas con un gasto de 16.7 millones de pesos.
El exclusivo proveedor, en otros estados cuenta con un negro historial. En el portal Agenda Política de Chihuahua, lo acusaron de haber sido sancionado por la Auditoría Superior del Estado, al incumplir un contrato superior a los 15 millones de pesos, por concepto de “un sistema de señales electrónicas, que tiene como objetivo, obtener y recabar informes por medio de cámaras públicas, para el análisis y suministro en los trabajos de seguridad pública del gobierno estatal”.
En el reportaje, se expone que también fue investigado por el diario, Sol de Quintana Roo, donde establecen que vendió “un servicio de conversión de unidades de seguridad”, vehículos convencionales a patrullas, con un sobrecosto del 400% al municipio de Solidaridad. El informe se publicó en agosto del 2021. Enfatizó que 399 Project Development, en su razón social, no específica ofertar equipos de seguridad pública. Lo que se confirma en el acta constitutiva, donde alude a gestiones y trámites aduaneros.
En la página web ofrece comercializar productos de seguridad, vehículos, software, entre otros servicios. Destaca que Cordero Ontiveros, uno de los principales socios, fue delegado de la extinta Procuraduría General de la República en Michoacán. Otros medios informativos nacionales exponen que lo detuvieron en el 2019, acusado por delitos de despojo de tierras en Michoacán, extorsiones y robo de mineral. Se dijo que fue investigado por el ejército al ostentarse como miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial.
No obstante la nula transparencia que prevalece en el gasto del erario, por parte del gobierno estatal, que oculta los datos sobre la compra de vehículos para las distintas fuerzas policiales, entre la red de complicidades, aparece como privilegiado proveedor, la empresa 399 Project Development, que cuenta con un negro historial, por incumplimiento de contrato y ventas a sobreprecio.
El último convenio que hizo con el gobernador Ricardo Gallardo, fue la venta de una flotilla de vehículos que se entregaron a la Coordinación Estatal de Protección Civil. A través de la solicitud de datos realizada por La Noticia 240469723000047, se supo el costo de los vehículos. Por una camioneta pick equipada Dodge Ram, le pagó a la empresa 399 Project, un millón 200 mil pesos. No se especifica si la unidad es nueva. Por dos carros tipo Razer, marca Polaris, le cubrió un millón 149 mil 988 pesos. No se especificó el año y las condiciones financieras. Se omitió brindar informes del tipo concurso. Se negaron a presentar las facturas de pago. En total, erogaron a la dudosa firma, 2 millones 349 mil 988pesos.
En el portal web de la empresa, se puede constatar que 399 Project ha brindado más servicios de equipamiento de coches convencionales a patrullas y venta de vehículos al gobierno estatal. Como la entrega de una camioneta Thaoe para la Guardia Civil. Otra del mismo modelo para escoltas del gobierno estatal. Resalta una entrega de vehículos equipados para la Guardia Civil Estatal. No obstante las evidencias, el oficial mayor, Noé Lara, se muestra reacio a proporcionar los datos requeridos.
En días recientes, se anunció la adquisición de unidades de lujo para la llamada Nueva Guardia Civil de Caminos. No dieron a conocer a qué empresa o proveedor se los van a adquirir. Se presupone que otra vez 399 Project será la beneficiada. Los beneficios hacia el mismo proveedor privilegiado se extendieron con el auto llamado alcalde más guapo del mundo, el de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, con el que se presume, Gallardo tenía un pleito a muerte por el manejo del erario municipal. No obstante las supuestas diferencias intestinales, el boyante transportista adquirió 4 patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. A través de la solicitud de informes, folio 240474023000005, realizada por La Noticia, se supo que la compra se realizó por adjudicación directa, donde se erogaron 4 millones 560 mil pesos. El ayuntamiento se negó a entregar copia de las facturas.
Destaca que Development vendió 15 patrullas equipadas en 6.8 millones de pesos al ayuntamiento de Pachuca en el 2020. Comparados los precios a las adquiridas por Urbiola, el edil erogó por cada vehículo, un millón 140 mil pesos. En el caso de Pachuca, el precio aproximado fue de 450 mil pesos. El ayuntamiento de Ciudad Fernández adquirió una camioneta Pick up Ram para la policía municipal, según expone la empresa en su página web. La firma 399 Project Development se ubica en avenida Sierra Vista 209, Lomas Cuarta Sección, en la capital potosina. Tiene como administradores a Claudia Guillermina de Ávila Alba y Jesús Cordero de Ávila, quién se ostenta como administrador único. Jesús Cordero Ontiveros, posee el mayor número de acciones.
La empresa, que se perfila como una de las más beneficiadas en el actual sexenio, carga un historial de acusaciones en otros estados por incumplimientos de contratos y ventas de patrullas a sobreprecio. En el portal Agenda Política de Chihuahua, acusaron a la firma de haber sido sancionada por la Auditoría Superior del Estado, al incumplir un contrato superior a los 15 millones de pesos, por concepto de “un sistema de señales electrónicas, que tiene como objetivo, obtener y recabar informes por medio de cámaras públicas, para el análisis y suministro en los trabajos de seguridad pública del gobierno estatal”.
En el reportaje, se expone que la empresa también fue investigada por el diario Sol de Quintana Roo, donde establecen que vendió “un servicio de conversión de unidades de seguridad”, vehículos convencionales a patrullas, con un sobrecosto del 400% al municipio de Solidaridad.
El informe se publicó en agosto del 2021. Enfatizó que 399 Project Development, en su razón social, no específica ofertar equipos de seguridad pública. Lo que se confirma en el acta constitutiva, donde alude a gestiones y trámites aduaneros. En su página web ofrece comercializar productos de seguridad, vehículos, software, entre otros servicios.
Fiel a su estilo de no licitar las obras o las mínimas adquisiciones, el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, anunció hace varias meses, la compra de 4 patrullas equipadas para brindar seguridad a la ciudadanía. En el acto de entrega, expuso que el costo fue superior a los 4 millones de pesos, pero omitió hablar del concurso y nombre del proveedor.
Tras una serie de solicitudes dirigidas al ayuntamiento, donde se pidieron informes sobre el tema, el ente obligado respondió con folio 240474023000005 que el costo total de las unidades fue de 4 millones 560 mil pesos. La adjudicación de la compra se hizo en forma directa a la empresa 399 Project Development. No entregó copias de las facturas de pago.
Destaca que Development vendió 15 patrullas equipadas en 6.8 millones de pesos al ayuntamiento de Pachuca en el 2020. Comparadas los precios a las adquiridas por Urbiola, el edil erogó por cada vehículo, un millón 140 mil pesos. En el caso de Pachuca, el precio aproximado fue de 450 mil pesos.
La empresa beneficiada se ubica en avenida Sierra Vista 209, Lomas Cuarta Sección, en la capital potosina. Tiene como administradores a Claudia Guillermina de Ávila Alba y Jesús Cordero de Ávila, quién se ostenta como administrador único. Jesús Cordero Ontiveros, posee el mayor número de acciones.
Destaca que Cordero Ontiveros fue delegado de la extinta Procuraduría General de la República en Michoacán. Medios informativos nacionales exponen que lo detuvieron en el 2019, acusado por delitos de despojo de tierras en Michoacán, extorsiones y robo de mineral. Se dijo que fue investigado por el ejército al ostentarse como miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial.
En el portal Agenda Política de Chihuahua, acusaron a la firma 399 Project Development, haber sido sancionada por la Auditoría Superior del Estado al incumplir un contrato superior a los 15 millones de pesos, por concepto de “un sistema de señales electrónicas, que tiene como objetivo, obtener y recabar informes por medio de cámaras públicas, para el análisis y suministro en los trabajos de seguridad pública del gobierno estatal”.
En el reportaje, se expone que la empresa también fue investigada por el diario Sol de Quintana Roo, donde establecen que vendió “un servicio de conversión de unidades de seguridad”, vehículos convencionales a patrullas, con un sobrecosto del 400% al municipio de Solidaridad.
El informe se publicó en agosto del 2021. Enfatizó que 399 Project Development, en su razón social, no específica ofertar equipos de seguridad pública. Lo que se confirma en el acta constitutiva, donde alude a gestiones y trámites aduaneros. La empresa 399 Project Development, en su página web ofrece comercializar productos de seguridad, vehículos, software entre otros servicios. En el apartado de noticias, expone haber entregado una camioneta pickup Ram equipada para la policía de Ciudad Fernández, en abril del 2022.
También es proveedora del gobierno estatal al que ofertó unidades equipadas para la Guardia Civil Estatal. No se especifica cuántas. Menciona una camioneta Suv Tahoe con todos los aditamentos para la escolta del estado. En otro comunicado expuso que entregó otros vehículos Suv Tahoe, equipados como auto patrullas para las fuerzas de la Guardia Civil Estatal. No aclara qué trabajos realizó, si fueron servicios de conversión de carros convencionales o la compra de patrullas.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el oficial mayor, Noé Lara Enríquez, se han mostrado reacios para brindar datos acerca de la compra de las unidades. Ponen como pretexto que son de carácter reservado.
Fiel a su estilo de no licitar las obras o las mínimas adquisiciones, el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, anunció hace varias meses, la compra de 4 patrullas equipadas para brindar seguridad a la ciudadanía. En el acto de entrega, expuso que el costo fue superior a los 4 millones de pesos, pero omitió hablar del concurso y nombre del proveedor.
Tras una serie de solicitudes dirigidas al ayuntamiento, donde se pidieron informes sobre el tema, el ente obligado respondió con folio 240474023000005 que el costo total de las unidades fue de 4 millones 560 mil pesos. La adjudicación de la compra se hizo en forma directa a la empresa 399 Project Development. No entregó copias de las facturas de pago.
Destaca que Development vendió 15 patrullas equipadas en 6.8 millones de pesos al ayuntamiento de Pachuca en el 2020. Comparadas los precios a las adquiridas por Urbiola, el edil erogó por cada vehículo, un millón 140 mil pesos. En el caso de Pachuca, el precio aproximado fue de 450 mil pesos. Las patrullas adquiridas por ambos municipios comparten características pero las distingue el precio de adquisición.
Patrullas Ayuntamiento Pachuca Patrullas Rioverde
La empresa beneficiada se ubica en avenida Sierra Vista 209, Lomas Cuarta Sección, en la capital potosina. Tiene como administradores a Claudia Guillermina de Ávila Alba y Jesús Cordero de Ávila, quién se ostenta como administrador único. Jesús Cordero Ontiveros, posee el mayor número de acciones.
Destaca que Cordero Ontiveros fue delegado de la extinta Procuraduría General de la República en Michoacán. Medios informativos nacionales exponen que lo detuvieron en el 2019, acusado por delitos de despojo de tierras en Michoacán, extorsiones y robo de mineral. Se dijo que fue investigado por el ejército al ostentarse como miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial.
En el portal Agenda Política de Chihuahua, acusaron a la firma 399 Project Development, haber sido sancionada por la Auditoría Superior del Estado al incumplir un contrato superior a los 15 millones de pesos, por concepto de “un sistema de señales electrónicas, que tiene como objetivo, obtener y recabar informes por medio de cámaras públicas, para el análisis y suministro en los trabajos de seguridad pública del gobierno estatal”.
En el reportaje, se expone que la empresa también fue investigada por el diario Sol de Quintana Roo, donde establecen que vendió “un servicio de conversión de unidades de seguridad”, vehículos convencionales a patrullas, con un sobrecosto del 400% al municipio de Solidaridad.
El informe se publicó en agosto del 2021. Enfatizó que 399 Project Development, en su razón social, no específica ofertar equipos de seguridad pública. Lo que se confirma en el acta constitutiva, donde alude a gestiones y trámites aduaneros. La empresa 399 Project Development, en su página web ofrece comercializar productos de seguridad, vehículos, software entre otros servicios. En el apartado de noticias, expone haber entregado una camioneta pickup Ram equipada para la policía de Ciudad Fernández, en abril del 2022.
La empresa 399 Project Development expone haber prestado servicios en el sexenio anterior, con vehículos para Protección Civil y la Fuerza Metropolitana Estatal, donde entregó 50 vehículos tipo sedanes, 15 Pick Ups y 20 motocicletas en el 2017. Se desconoce el monto total erogado. En el 2018, se realizó otro contrato por 21 patrullas con un gasto de 16.7 millones de pesos.
Con el objetivo de reforzar la vigilancia en Soledad, la alcalde Leonor Noyola Cervantes, entregó 40 nuevas patrullas, con un gasto de 26 millones de pesos de aportaciones federales. En el acto protocolario, la acompañó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien resaltó, “es parte del empeño del ejecutivo para fortalecer la seguridad en los 58 municipios del estado”.
Noyola indicó que los vehículos adquiridos, son unidades modelo 2023, tipo pick up, Crew 2.4, las cuales están equipadas con torreta, tablero de control, sirena, bocina y banca trasera. Apegada al estilo de ocultar datos, conducta que ha permeado en Soledad desde hace 5 administraciones, la edil no reveló los detalles sobre la compra de unidades ni a qué empresa se adquirieron y tipo de concurso, entre otros aspectos que por ley debe aclarar.
Ante la negativa de informar sobre el tema, se hizo la solicitud de datos 240475022000082 dirigida al ayuntamiento. Se pidieron pormenores de la compra, montos totales del nuevo parque vehicular, costo individual de cada patrulla, forma de concurso, empresa o persona física a la que adquirieron las 40 unidades y copia del convenio.
La respuesta fue tajante, los datos se ubicaron como reservados y confidenciales. “Los informes a los que desea acceder el solicitante, relativa al parque vehicular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, adquirido durante el 2022, es de carácter reservada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece como figuras de dispensa al derecho de acceso a la información pública, las de carácter reservada y confidencial”.
El ayuntamiento se excusó con el pretexto de no comprometer la seguridad pública, “ya que está vinculada con las funciones a cargo del ente público, tendientes a preservar y resguardar la vida, salud, integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, como el mantenimiento del orden público, cuya difusión podría comprometer la seguridad colectiva”.
Noyola Cervantes, como sus antecesores, insiste en violentar el mínimo derecho de acceso a los datos públicos. En 8 meses de gestiones, no ha trasparentado el mínimo gasto que ha manejado. Se atiene a que nadie la castigará por su conducta evasiva.
