Autor: Juan Pablo Moreno
Aunque antes tuvo un trato cordial y cercano con el dueto integrado por Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, en la etapa que fue senador, ya en la campaña por la gubernatura, azuzado por los dirigentes de los partidos que conformaron la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza centró su discurso en dos líneas torales: frenar la llamada Cuarta Transformación y contener los estragos del crimen organizado que encabezó el abanderado del Verde Ecologista, Gallardo Cardona.
En su página electrónica denunció recibir amenazas por los espectaculares colocados en diversas partes de la capital. “Les decimos que no nos intimidan. Somos muchos los que vamos a defender al estado de la delincuencia. Les duele la verdad, quieren continuar con sus engaños a la gente. Invito a la ciudadanía, seguir unidos y no mostrar miedo”. Y es que Pedroza contrastó planes de gobierno. Habló de contar con 3 mil nuevos policías, equipados, mientras su oponente se inclina por agentes desarmados. Planteó generar empleos durante 6 años. Su contrincante, 30 días de despensas. “En las próximas elecciones, habremos de decidir si le dejamos el mando a la delincuencia o dejamos que llegue una alternativa decente, que los proteja y siempre esté a su lado”.
Alertó que si le daban el voto al candidato del Verde Ecologista, los delincuentes se iban a apoderar de San Luis. En un mitin en Soledad, los oradores dijeron que la gente no quiere, los encabece un pollo, en referencia a Gallardo. Mejor un gallo, con lo que aludieron a su persona. En una gira por Valles, remarcó que no dejarán que la entidad se convierta en un narco estado. Precisó que el ex edil considera a la salud un negocio. Citó el caso de la proveedora fantasmal Sandra Sánchez Ruiz, a la que entregó más de 70 millones de pesos sin licitar por la compra de insumos médicos. En una de sus proclamas preguntó a los votantes: “¿qué tipo de cambio quieres? ¿Uno con inseguridad, pobreza, incertidumbre, donde la delincuencia va a secuestrar a las familias u otro donde vivamos en paz, con empleos y podamos salir a las calles, tranquilos, con programas que ayuden al bienestar social?”.
En una entrevista con el reportero del Distrito Federal, Carlos Loret, el también ex edil de la capital llamó a Gallardo delincuente, ya que pasó once meses encerrado en una cárcel de alta seguridad, acusado del uso indebido de recursos públicos. “Se presume que es narco. Si gana, será una tragedia para los potosinos. Vamos a escenarios que antes vivimos y no queremos repetir. Anhelamos vivir en paz y armonía. No queremos que el narco nos gobierne. Es por lo que buscamos blindarnos. Llegó tan lejos porque faltó voluntad en agilizar las investigaciones penales. El gobernador Juan Manuel Carreras debió irse al fondo y llegar hasta las últimas consecuencias. Permitió que la corriente de los Gallardo sentara sus bases en Soledad, la capital y busca extenderse a otros municipios”. Lamentó haya ofrecido una tarjeta electrónica, La Cumplidora, donde depositará a los que le otorguen el sufragio, un pago mensual de 3 mil pesos. “Es triste se aproveche de la ignorancia y pobreza de la gente, que se engancha muy fácil con propuestas huecas y falsas”.
A los 12 días de las votaciones, Pedroza impugnó los resultados. Consideró que no se trataba de un asunto personal, era la defensa de los votos y derechos de los demás. Indicó que los partidos coaligados, PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, solicitaron el juicio de nulidad de las elecciones a gobernador, debido a las irregularidades detectadas. La exigencia se realizó ante el Consejo Estatal Electoral. Enfatizó que hacen falta comicios limpios, transparentes e inobjetables. Garantizar, prevalezcan los principios de lo legal, imparcial, objetividad, independencia y certeza”. Acusó a Gallardo de rebasar los topes de campaña, miles de boletas desaparecidas y violaciones al protocolo en la cadena de custodia de los votos y paquetes electorales, la integración indebida de casillas por misteriosos funcionarios.
Lamentó no haya existido un proceso apegado a la ley. “Con firmeza les digo que los números presentados, no reflejan la voluntad del pueblo potosino”. Censuró que las instituciones locales, que debían
aplicar la norma y garantizar votaciones democráticas y ejemplares, no estuvieron a la altura de las aspiraciones ciudadanas ni de las circunstancias que marcarán el futuro de San Luis. “Justo por ser un demócrata, es mi deber acatar los resultados, pero también denunciar que provinieron de un desarrollo que carece de transparencia y no es confiable. Se manchó con actas sin folio, urnas embarazadas y sistemas caídos”.
Agradeció la confianza de los más de 400 mil potosinos que votaron por su figura. Algunos dirigentes de partidos políticos, diputados electos y empresarios, lo acompañaron en su pronunciamiento. Reiteró que durante toda la vida, se ha distinguido por ser respetuoso de la ley, pero las instancias jurídicas determinarán lo conducente. “Transitaremos por los caminos de la legalidad y nos apoyaremos en las instituciones para dar cada paso”. En el transcurso de los comicios, el presidente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, lamentó que hubiera inconsistencias en el sistema de captura. Con el argumento de que se cayó el sistema, se paralizó el cómputo de votos, lo cual no debió suceder, ya que se afecta la certeza del proceso electoral. Señaló que en el distrito 8, suspendieron el conteo, lo mismo pasó en Salinas, donde hasta el 10 de junio, se reanudaría. “Según los lineamientos, deben continuar a mano, como se hizo en el distrito 3, con sede en Santa María. Los mismos reportes se tienen en el 11, de Cárdenas y en 14, de Tancanhuitz, en el que también hubo carencia de ayudantes”.
Aguilar indicó que era indispensable, ante las diversas anomalías presentadas y conocidas por la ciudadanía, existiera certeza jurídica. Los incidentes registrados obligan a hacer revisiones a detalle en cada uno de los distritos. Por su parte, la delegada en funciones de presidenta del PRD, Cristina Ismene Gaytán, solicitó a la presidenta del consejo electoral, Laura Elena Fonseca Leal, explicara el exceso de boletas sin folio en múltiples casillas revisadas. Además, informara sobre el faltante de 8 mil 814 boletas, las cuales antes de la jornada, ya estaban extraviadas, por lo que se levantó una queja. Les dijera, por qué se suspendió el conteo de boletas y se cae el sistema en distritos donde la coalición los recupera. Denunció la conducta imparcial de funcionarios del distrito 1 con sede en Matehuala, que defendieron de manera abierta las trácalas del Partido Verde. Solicitó al gobernador Juan Manuel Carreras, garantizar la seguridad a las comisiones distritales, ya que en Salinas, los representantes de la coalición sufrieron amenazas y agresiones. Gaytán dijo que presentarían acciones legales en cada uno de los distritos y otras instancias.
En una entrevista con el conductor de noticias que se transmite en el canal Imagen, Ciro Gómez Leyva, el ex senador panista reiteró que durante las sesiones de cómputo realizadas en los distritos electorales, se encontraron múltiples anomalías, que de resolverse, podrían cambiar la tendencia de los números. “Los problemas más grandes se dieron cuando se detectó el extravío de 8 mil 800 boletas que no supieron explicar dónde quedaron”. Enumeró otras inconsistencias. “El número de votos nulos es mayor que la diferencia anunciada por el Programa de Resultados Preliminares y equivalen a más del 3.5%. Emanan votos que tacharon más de 2 partidos integrantes de la coalición, lo cual no era causa de nulidad. Hay boletas donde, además de la tacha con el crayón proporcionado por el consejo electoral, se encontraron marcas hechas con una tinta distinta, por otro candidato”.
Destacó que en tan solo uno de los distritos, se recuperaron más de 13 mil 400 votos a su favor, los cuales no estaban computados. Era una muestra de las fallas registradas en la entidad. Iba a esperar el recuento total, pues confiaba en que se revierta el resultado o se acerque la diferencia entre el primero y segundo lugar a un 1%. Entonces demandaría que se abran todos los paquetes electorales, lo que se logró en un 74%. Indicó que no van a caer en provocaciones y amenazas de quienes ya se sienten ganadores. “No se trata de mi candidatura, es defender un principio superior, el respeto a la voluntad ciudadana. No podemos bajar los brazos, vamos ir hasta las últimas consecuencias con apego a la ley”. Anunció que en otros distritos, se podrían recuperar de 3 a 5 mil votos no contados. Añadió que los datos del Programa de Resultados Preliminares son incompletos. Se basaron en el 85% de las actas recibidas. Pero sólo con el 61% computado, un margen muy por debajo de lo que debería ser para generar datos confiables.
En otra entrevista con Loret, Pedroza dijo: “todavía no tenemos la posibilidad de establecer una cifra cierta, de manera clara y contundente. Lo que sí sabemos es que los datos del Prep son incompletos. No obedecen a la realidad de lo que va arrojar el cómputo final de los distritos. Estamos seguros que al abrir los paquetes, los resultados se van a modificar y nos habrán de favorecer. Y te voy a dar dos razones: primero, el
número de votos nulos, es muy superior a la diferencia que hay entre el primero y segundo lugar. En votaciones donde participa una coalición de cuatro partidos, es complejo hacer el proceso de la sumatoria y aquí encontramos un número altísimo de votos nulos, muy superior a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Pero hay otros elementos. Por ejemplo, hemos encontrado, en forma reiterada, que con letra, se ponen 6 votos para el Verde. Pero en la columna de la suma, consignan 106. Es decir, agregan hasta 100 votos fantasmas. Y dieron como resultado confiable el Prep».
«Es una irregularidad. Hay otro dato muy importante: 74 de cada 100 casillas tienen errores. Se confirma un patrón deliberado para modificar el resultado final. Hoy lo que está en juego, no es la elección de gobernador, es la credibilidad de un sistema democrático que los ciudadanos exigen respetar. Está en duda el desempeño de las mesas y autoridades electorales, que deberán explicarnos, en base a los números, después del recuento final en los comités distritales, por qué existe disparidad en los informes. Creo, con toda contundencia, que al abrir más de 74% de los paquetes, el resultado va a ser, sin lugar a dudas, otro. Es atípico e ilógico que el porcentaje de sufragios para gobernador, sea del 48%, cuando la votación para diputados y ayuntamiento rebasa el 54 y hasta el 55%. No tiene ningún sentido, ningún sustento lógico, lo que obedece a un sistema o patrón para modificar los resultados en las elecciones de gobernador».
En un video, Pedroza denunció que al iniciar los cómputos distritales y municipales, “es claro que existen muchas anomalías en cientos de actas. En una casilla, el total no coincide con el número de votos, 339 contra 6. No ponen el total de votos en número. En el renglón de votos nulos, anotan 339. En el punto 7 del acta, en texto escriben 628. En otra casilla, no coincide el número de votantes con los votos, 794 contra 439. Tampoco el número de personas que votaron, no coincide con el número total de votos, 247 contra 403. En otra casilla, el total no coincide con los votos, 339 contra 6. No ponen el total de votos en número. En el renglón de votos nulos anotan 339. En el texto del acta escriben 628”.
A las denuncias de fraude de Pedroza se sumó el ex presidente del Consejo Estatal Electoral y ex secretario de gobierno, Gustavo Barrera López, que en su cuenta de Twiter, expuso: “al iniciar los cómputos distritales o recuento total de votos para definir las elecciones, hemos encontrado un cúmulo de inconsistencias en las actas. Entre las más importantes, resaltan miles de votos en favor de la coalición Sí por San Luis, que fueron marcados como nulos”. Barrera defendió los intereses de la ex candidata a diputada federal por el distrito dos, Marienela Villaneva. Expuso que hubo cientos de actas con números inflados, en su mayoría, a favor del Verde Ecologista y Morena. En decenas de actas, “no coinciden las personas que fuimos a votar, con los sufragios sacados de las urnas. Presentaremos todas las pruebas frente a las autoridades, para exigir que se abran los paquetes electorales y defender el voto”.
Luego vino el desplegado del Frente Ciudadano Anticorrupción, que firmaron más de 100 inconformes. Plantearon que la reciente jornada electoral, generó lo que se puede llamar el primer narco-estado. Le remarcaron a López Obrador, conocer mejor que nadie el calvario que inicia, por las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Fiscalía General de la República, sobre los ilícitos cometidos por Ricardo Gallardo Cardona. Le dijeron que los resultados son dudosos, ya que hubo prácticas reprobables, desvíos de recursos, dádivas para condicionar el sufragio, lo que se agravó con la entrega de la tarjeta La Cumplidora, para condicionar los apoyos sociales. Lo que generó un resultado atípico en Soledad, en donde, de cada tres electores que votaron por Gallardo, dos lo hicieron por la candidata a presidenta municipal. Leonor Noyola. Resulta obvia la presencia de un sufragio, que si fue diferenciado, se manipuló. Resultó factible ya que se excedió en el límite constitucional de gastos en más de 18%. Lo que constituye una causa para anular las elecciones. Le pidieron considerar las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los posibles nexos de Gallardo con el narcotráfico o recibir financiamiento ilícito de la campaña, lo que debe considerar la autoridad de cara al dictamen de validez de los comicios, cuya fecha límite es el próximo 11 de septiembre.
La trayectoria delictiva y de corruptelas de Gallardo Cardona y su familia es larga. Comenzó con la llegada de Ricardo Gallardo Juárez a la alcaldía de Soledad. El 1 de octubre del 2009, firmó un contrato con la Clínica de Especialidades Wong, para el servicio médico a los empleados municipales. Se utilizó para triangular recursos a las empresas de los Gallardo, como quedó acreditado en el resolutivo del juicio de amparo 16/2015
del Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito. Gallardo Cardona fue liberado porque la entonces Procuraduría General de la República lo acusó de un delito distinto al que cometió, pero nunca lo exoneró. San Luis Potosí está a un paso de ser gobernado por un personaje cuyos delitos no han sido sancionados, a pesar de que continúa con sus excesos, amparado en congraciarse con la Cuarta Transformación por su postura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Gallardo Cardona eligió como aliado para sus chantajes al Partido Verde Ecologista de México, cuyo historial usted conoce. Diría usted: Dios los hace y luego se juntan”.
Le exigieron al tabasqueño, acelerar los expedientes criminales que pesan sobre Gallardo. Instruir, dar cauce a una decena de denuncias que formuló la autoridad municipal, que tienen el respaldo de varias centenas de firmas recolectadas en la plaza pública, que se encuentran en trámite en la Fiscalía General de la República. Respaldar la legalidad, para que en San Luis se reconozca, si incurrió en una causal para anular las elecciones y se convoque a un proceso extraordinario. Evitar reconocimientos tácitos o implícitos, que tengan la apariencia de que le da su apoyo a Gallardo Cardona, como presunto gobernador electo, por todos los antecedentes del personaje que conoce desde el 11 de marzo de 2018, cuando en un encuentro con empresarios, durante una de sus visitas como candidato presidencial, respondió que le sobrarían agallas para enfrentar a los Gallardo. “Imagínense, si he enfrentado a Salinas, Fox, Calderón y Peña, que no vaya a poder con unos mafiosillos”.
Le piden no darle la espalda a la paz de los potosinos, al supeditar la entrega de la administración gubernamental, como moneda de cambio, por el apoyo que le ofrece el Verde Ecologista, en un intercambio en el que se sacrifica a toda la comunidad. “No obstruir la justicia por componendas que manchan el sentido genuino de los principios que usted defiende y describe como parte de la Cuarta Transformación. Haga un pronunciamiento claro, fundamentado y convincente, que actuará a favor de los potosinos. No concretar el latente sacrificio de todo un pueblo, por tratos con un partido que se ha caracterizado por el chantaje a quien llega a ocupar el poder ejecutivo federal”. Confían en que la máxima autoridad estatal, no quedará en manos de quienes tanto daño patrimonial y de seguridad le han hecho a los potosinos, frenar la tragedia social que se asoma. En caso de no actuar, “nos quedará clara su postura de aval y complicidad con el grupo gansteril y caciquil que no le habría costado mucho combatir. Pero hoy dan muestras de ser quienes le ponen las condiciones para apoderarse del manejo público de una entidad”.
El diario Milenio publicó una nota donde establece que la Fiscalía General de la República, investiga a Gallardo, por sus vínculos con Los Zetas y el Cártel del Noroeste. El diario reveló que también la Unidad de Inteligencia Financiera ahonda sobre el ex diputado federal y su familia, por orquestar una presunta red de defraudadores fiscales y corruptelas, al adquirir propiedades millonarias, mientras reportan ingresos en cero o menores a los que pagaron de contado los inmuebles adquiridos. Detectaron un posible lavado de dinero en el manejo de recursos de procedencia ilícita. En 2015, Gallardo, entonces alcalde con licencia de Soledad, fue detenido por el delito de delincuencia organizada. Por su parte, el periódico Reforma denunció que la familia y proveedores ligados a Gallardo Cardona, en los últimos 10 años, compraron 19 propiedades por 58.6 millones de pesos, que no fueron reportadas al fisco. El padre, Ricardo Gallardo Juárez, erogó 7 millones de pesos en dos inmuebles. La madre, María del Pilar Cardona, 7, en dos casas. Candy Gallardo Cardona, 2.9 millones en un departamento. Kimberly Gallardo Cardona, 1.7 en una vivienda. El proveedor Juan Carlos Negrete Ayala, 3.3 millones en una adquisición. El proveedor Juan Carlos Jiménez Rivera, 3.2 en otra. La empresa Tangamanga André erogó 25.2 millones en 4. Otro proveedor fue el delegado de la Cruz Roja Mexicana, Jesús de la Maza Jiménez, con 2 millones en 3. La proveedora María Elena Rodríguez Álvarez, gastó 4.3 millones de pesos en 4 fincas.
