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Feminicidios: ¿a quién le importan?

En San Luis Potosí siguen matando mujeres. Los feminicidios no paran. Las siniestras evidencias son indiscutibles. Los cuerpos sin vida pintan un cuadro terrible. Algunos crímenes cometidos en 2018 dejan ver el macabro rostro de la tragedia. 3 de enero. Una mujer de 20 años es asesinada de un tiro en la cabeza y es tirada en las inmediaciones del aeropuerto de San Luis Potosí. Los restos de la desdichada fueron semi devorados por la fauna silvestre. 6 de enero. Rancho El Malacate, delegación de Bocas, Municipio de San Luis Potosí, es localizado el cuerpo sin vida de otra mujer de 19 años en una zanja de 10 metros de profundidad. Domingo 7 de enero. El cuerpo de “Viviana” es localizado en una noria en el municipio de Ahualulco. 9 de enero. Tamasopo, huasteca potosina. Es asesinada una mujer con arma blanca. El cuerpo presentaba cinco puñaladas en abdomen y pecho. 13 de enero. El cuerpo calcinado de una mujer fue localizado en un recodo de la presa San José, en Escalerillas, municipio de San Luis Potosí. Es el sexto feminicidio ocurrido en apenas trece días de este año.

Esto es violencia de género. No hay duda. Las asesinaron con saña. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razón de su sexo, una forma de violencia machista. Las estadísticas no mienten: 15 asesinatos en el 2015, 12 en 2016, 25 en 2017 y 13 en lo que va de 2018. Las cifras confirman la incompetencia para salvaguardar la integridad de las mujeres en nuestro estado. No es novedad, no hay capacidad para revertir los niveles de inseguridad que nos aquejan. Falta compromiso y sobran muertas.

A pesar de que desde de junio de 2017 la Secretaria de Gobernación emitió la Alerta de Género para seis municipios del estado, Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad, Tamazunchale y Tamuín, las muertes no cesan. Testimonio. Mi niña Lupita. “Perdóname porque no te pude defender cuando más necesitaste de mí en ese momento, qué hubiera dado todo por tomarte de mi mano y nunca soltarte y mucho menos permitir que sufrieras y menos en la manera que te me fuiste mi niña, pero así como un día llegaste y me pediste algo de comer, me pediste que te diera ropita porque tenías frío, así como llegaste a mi vida y fue suficiente con verte a los ojos y ver el sufrimiento, la ternura, la nobleza que llevabas, sin que nadie te lo pidiera me llamaste papá. Ahora lucharé hasta el final para que se haga justicia y nadie vuelva a sufrir lo que tú sufriste mi niña, mi Lupita, siempre por siempre, seré tu papito donde quiera que estés mi niña”. Alberto. (Padre doliente que perdió a su hija adoptiva en un feminicidio).

La insensibilidad y dejadez de los funcionarios responsables de atender los feminicidios ha propiciado el incremento de la barbarie. Un 10% de las mujeres que entre 2012 y 2015 fueron asesinadas en San Luis Potosí reportaron o sufrieron violencia familiar previamente. Si ya se habían manifestado síntomas de violencia contra las mujeres ¿Qué estaban haciendo las autoridades para prevenir, proteger y atender a las víctimas?
Si acaso estaban haciendo algo lo hicieron en secreto. No informaron. Esto los hace ver apáticos e irresponsables. ¿Cuántas más deben morir para que entiendan que hay un serio problema de violencia contra las mujeres? Es verdad que no es un problema que afecte solo a nuestro estado. Cifras del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) indican que a diario mueren siete mexicanas a causa de violencia extrema. Chiapas, Chihuahua, DF, Guerrero, Jalisco, Edomex, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa encabezan los estados con el mayor número de delitos contra las mujeres.

En la última década se tiene registro del asesinato de 22 mil 482 mujeres en todo país. La cifra va en ascenso pues en 2007 se registraron mil 83 casos, mientras para 2016 el número se elevó en 152% al reportarse 2 mil 735. Y en 2018 se siguen acumulando los feminicidios. Son las mujeres entre 26 y 40 años las víctimas más frecuentes. El hogar y la vía pública son los lugares donde con mayor frecuencia son asesinadas.
En San Luis Potosí se aprobó desde el 8 septiembre de 2016 la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero de poco ha servido porque es un derecho que en la práctica no está garantizado por las instituciones del gobierno local. El problema es de tal magnitud que debe provocar el debate público que mueva a la indignación para exigir a las autoridades la rendición de cuentas y resultados medibles. No más excusas y pretextos con declaraciones a los medios informativos que solo sirven como coartada encubridora.

Hay que dejar señalado que no es que exista la motivación de “politizar” el tema para sacar raja política. Entendamos que lo que ocurre en “La Polis” (la ciudad, la comunidad, la sociedad) es un hecho político por naturaleza, un asunto que interpela a los ciudadanos que habitan en una democracia. De lo contrario el silencio o disimulo pueden confundirse con complicidad.

Así que ONG´s, academia, medios informativos, familiares de las víctimas, pero sobre todo las autoridades que nos gobiernan tienen la responsabilidad de frenar la ola de asesinatos que evidencian la violencia de género en nuestro estado. Hasta hoy el gobierno no ha podido. Nos sale a deber y la sociedad tiene todo el derecho de exigir resultados. Urge que la política pública orientada a desterrar la violencia contra las mujeres funcione. Que se establezcan acciones afirmativas para eliminar los feminicidios. Ya es tiempo de que la Secretaria General de gobierno, la Fiscalía General del estado, el Instituto de las Mujeres y el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se pongan las pilas y atiendan el inadmisible incremento de feminicidios en la entidad.

 

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Garza Herrera insiste en que no será tapadera de nadie

El crecimiento de los índices delictivos no se detiene. Octubre se ubicó como el más violento del año en la entidad, con 3 mil 27 ilícitos denunciados, para sumar hasta entonces un total de 30 mil 157, con lo que se rebasaron los hechos violentos del 2016, que tuvo 23 mil 393. Y siguen sin resolverse casos estruendosos como el de la llamada ecuación corrupta que involucró a diputados y funcionarios de la Auditoria Superior o el asesinato del foto reportero Edgar Daniel Esqueda Castro, donde la autoridad local se ha desentendido con la excusa de que fue atraído por la Procuraduría General de la República. El ahora fiscal general, Federico Garza Herrera, aseguró en su comparecencia ante los legisladores que la credibilidad de la dependencia ha crecido y que el trabajo realizado avanza.

El 27 de octubre, un día después de haber sido electo, casi en forma unánime, al obtener 26 votos de los 27 diputados, Garza Herrera se reencontró con los legisladores en la comparecencia con motivo de la glosa del segundo informe del gobernador Juan Manuel Carrera López. En su momento dijo que en dos años al frente de la procuraduría, se desarticularon 34 bandas delictivas que operaban en la zona metropolitana, altiplano y parte noroeste del estado. Se detuvieron a 2 mil 833 personas de las cuales 590 estaban relacionadas con delitos de alto impacto y se liberaron a 24 víctimas de secuestro.

Sobre el video escándalo de los sobornos a alcaldes para limpiar cuentas públicas por parte de diputados y empleados de la auditoria, Garza adelantó que ya declararon todos los presidentes municipales. No señalaron ningún acto que conlleve imputar hechos con apariencia de delito en contra de algún servidor público. Justificó la falta de resultados al señalar que son acciones que no se pueden resolver en un mes o dos y que el nuevo sistema de justicia exige el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Mencionó que con la actual auditora, Rocío Elizabeth Cervantes, han encontrado mayor eco. Les ha entregado más datos, que valida el ministerio público que lleva la indagatoria. Se espera encontrar alguna senda y pronunciarse.

Respecto a los  feminicidios y en respuesta al diputado del PRI, José Luis Romero, que le preguntó lo hecho en el tema, Garza les dijo que a través de la oficina especial de la PGR, con la que están en contacto permanente, se han reunido con familiares de las víctimas. En el caso del multi feminicida de Tamuín, acusado del asesinato de 4 mujeres, donde figuran dos menores de edad, se logró revocar el acto de autoridad que le otorgó beneficios en uno de los procesos y se le pudo vincular con otro hecho delictivo derivado de los hallazgos que hicieron antropólogos especializados en la zona de la huasteca.

Habló sobre la unidad de personas desaparecidas y el fortalecimiento del área de atención temprana, para acortar a media hora el tiempo que una persona se tarda en interponer una denuncia penal, cuando antes eran de 3 a 4 horas. El ideal es bajar los tiempos a 5 minutos. Se lograron sentencias condenatorias en un 75 % de las carpetas de investigación que se judicializan.

Les dijo que ha acatado todas las recomendaciones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se capacitó al personal. Informó que se tienen 101 denuncias en contra de policías y funcionarios de la procuraduría, 96 en contra de gente que no es de la dependencia, 7 por parte del organismo y 40 de otras instituciones. En fecha reciente se actuó en contra de 6 comandantes de la policía ministerial que están sujetos a proceso y recluidos en La Pila. Los agentes fueron señalados como los responsables del asesinato del joven Enrique Gómez, acribillado el 28 de junio, cuando acompañado por una prima, transitaba a bordo de una camioneta en la colonia Las Julias.

El fiscal señaló que por cuestiones de seguridad no daba el número de elementos que integran la policía ministerial, pero aseguró que en el sexenio de Fernando Silva Nieto, eran el doble de los que se tienen en la actualidad. Se lograron 50 plazas más y está pendiente otro número igual. También se necesitan elementos para la policía científica y dotarlos de herramientas necesarias para desempeñar su labor. Lo mismo en el área de peritos, base preponderante en el nuevo sistema de justicia penal.

Los diputados del PRI, José Luis Romero Calzada y Óscar Vera, más que aclarar dudas o cuestionar la falta de resultados, intervinieron para ponerse a las órdenes del funcionario. Romero encomió la valentía del director de la ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino. “Eres bien valiente, ¿qué ley hay que modificar?. A veces sabemos dónde están los malos y no denunciamos. Podemos ayudar en el presupuesto para motivar a la sociedad a inconformarse, para que hagan su labor y tener un poco más certeza en el tema delictivo. No  hay secuestros desde hace más de un año en la zona metropolitana”.

En tanto Vera de Conciencia Popular le dijo al recién estrenado fiscal: “entiendo la tarea que desempeñas. Te has capacitado en el nuevo sistema oral, con mucho esfuerzo. Tu gente sabe lo que hace”. Precisó que ya trabaja en la nueva ley general de la fiscalía, pidió atender el presupuesto de la dependencia, porque sin dinero no hay resultados e hizo notar la falta de solvencia de los peritos en técnicas de investigación.

La legisladora del PAN y presidenta de la cartera de justicia, Xitlátlic Sánchez pidió atender las plazas que se necesitan. Cuestionó que 20 millones de pesos gastados en el último año para publicitar el nuevo sistema penal, era un monto considerable para que el tema estuviera socializado. Insistió en el incremento de la incidencia delictiva en la huasteca y citó como ejemplo el robo de 100 cabezas de ganado de un rancho sin que ninguna autoridad lo haya notado. “Se llevan el patrimonio de los ciudadanos en los robos a gasolineras, joyerías, se cometen homicidios y feminicidios. En lugar de medir cuánto tiempo invierte un ciudadano en interponer una denuncia, es prioritario tener en cuenta lo que se tardarán en una respuesta”.

Garza Herrera respondió que los cuatreros tienen capacidad y destreza, pues lograron introducir en un espacio muy reducido, dos camiones de los llamados “Panzones”, para cometer el ilícito. Aseguró que las pesquisas van muy adelantadas. Se trabaja para dar pronto con el paradero de los animales y responsables del atraco. “Algunos puntos en materia de seguridad tienen que ver con la tarea preventiva que no toca a la procuraduría. Pero tratamos de llevar acciones previas, una cartografía completa de donde se cometen los delitos y las horas”.

Les aseguró que si los apoyan con más plazas y recursos para cumplir con su labor, ofrecerán resultados positivos. Su  premisa mayor será que no haya impunidad. En respuesta a la diputada del PRI Esther Angélica Martínez Cárdenas, que preguntó sobre las bondades del nuevo sistema de justicia oral, Garza señaló que la gran deuda es socializarlo, ya que la gente no lo conoce, hacia dónde va y sus beneficios. Al contrario del anterior procedimiento, donde prevaleció que el delincuente permaneciera en la cárcel, pagara o no la reparación del daño. Ahora se privilegian los medios alternos para solucionar conflictos. Se respetan las presunciones de inocencia y hasta que prueban los delitos, se acude al juez de control, con lo cual se garantiza el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Informó que existen convenios y pláticas con procuradores de Texas y Arizona en los Estados Unidos, para capacitar a policías científicos y peritos. Comparó el avance del sistema oral con una escalera de 100 peldaños. El avance es apenas de 3 escalones, faltan 97. En respuesta a una la pregunta que le hizo a través de la diputada Xitlálic Sánchez, la señora Mónica Torres, sobre el peso que le darán a las denuncias y exhortos sobre corruptelas que haga el comité de participación ciudadana, el fiscal reiteró sus frases: “nada por encima de la ley” y “no soy tapadera de nadie”.

 

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El compromiso político de Carreras: entregarle la gubernatura a Gallardo Juárez

Al consumirse la tercera parte del sexenio de Juan Manuel Carreras López, no existe claridad en el rumbo. Tampoco ha definido el propósito fundamental del eje inspirador de gobernar. El bono democrático se le acabó. Lo dilapidó en la inercia de proteger las cuentas públicas de su antecesor Fernando Toranzo y mantener los arreglos con los grupos de poder. Encabeza un gabinete hecho de retazos, de pedacería política. Todas las corrientes han impuesto su cuota en la parcela del control, lo que no le ha permitido darle un esbozo a su esquema de mando. No ha cuajado ningún proyecto de política pública importante. Su gran apuesta fue la llegada de la trasnacional Ford, pero se le cayó el trato. Los millones de dólares que le entregó la empresa por indemnizaciones, se manejaron con nula transparencia. Resulta espantoso el retroceso en materia de democracia. No hay libertad de prensa, salvo honrosas excepciones. Existe un control absoluto sobre los medios informativos. Incluso prevalece la política de negar la realidad, ausencia de debate. No hay legalidad en las decisiones de gobierno. Todo se enmarca en un contexto de autoritarismo silencioso donde no se permite en demasía la crítica.

El consultor externo y articulista de varios medios locales, Oswaldo Ríos Medrano, enfatizó que existe un abandono de Carreras en las tareas centrales como la seguridad, obra pública, desarrollo social y lo educativo. La frase de que camina tranquilo por las calles de San Luis denota una enorme soberbia. Insensible al calvario que padecen los potosinos todos los días. “Lo que dijo se originó porque el ex gobernador Marcelo de los Santos mencionó que en su etapa, se podía transitar por la ciudad sin sobresaltos. En su momento, irrumpió el fenómeno de la delincuencia organizada. Acuñó el dicho de cuando se registraron actos de violencia, correspondían a hechos aislados. Fue un comentario desafortunado. También se reflejó como un hombre insensible ante el temor de los habitantes. Si comparamos la incidencia delictiva, criminal, de delincuencia común y organizada, que hubo con Marcelo de los Santos y Toranzo, después de 14 años de violencia implacable que ha azotado a la entidad, podemos sostener que lo dicho por el panista fueron en realidad hechos aislados”.

“Con Carreras se trata de sucesos continuados de extremo terror. Con Toranzo, eran aspectos habituales. Ahora los índices de homicidios dolosos están al doble de los que tuvo Toranzo y casi al triple con Marcelo de los Santos. En los primeros dos años de Carreras, los secuestros se han disparado 10 veces más a los ocurridos en los primeros dos años de Marcelo de los Santos. Las extorsiones se incrementaron más del triple. El robo a casas habitación y de autos, más del doble. El tiempo ha demostrado que en seguridad pública, los gobiernos del PRI han resultado más violentos y sangrientos que el de los panistas. No obstante que con Marcelo de los Santos se vivió una guerra desconocida. Lo que pasa ahora con Carreras, es más sangriento. El problema de la inseguridad en San Luis tiene varias dimensiones. La de la delincuencia organizada que compete al gobierno federal. Existe un problema que Carreras no ha podido resolver, se vincula a los señalamientos a lo que ocurre dentro de su gabinete. Pero no todo lo que sucede en San Luis abarca a la delincuencia organizada. Hay delitos del fuero común donde tampoco hay reacciones y le corresponde a Carreras resolverlos”.

“En los incontables feminicidios a Carreras es el primero al que le declaran la alerta de género. Es un reconocimiento a la incapacidad de atender el problema. Es como ponerle en la frente una estrellita negra, no dorada. No pudo proteger la integridad de las mujeres, antes y después de la alerta, como el asesinato atroz, brutal, de la señorita que cosieron a puñaladas en un camión que trasladaba obreros a la zona industrial. En el delito del feminicidio no hay excusas, es del orden común. No se ha tenido una respuesta preventiva ni reactiva a la alerta de género. El robo de vehículos con o sin violencia, es el más alto en la zona centro del país. También figuran las agresiones sexuales y la violencia intrafamiliar. Las extorsiones y el secuestro son delitos del orden común, que se han disparado. Le toca al gobierno estatal, prevenirlos y atenderlos. La única guerra que libra el gobierno estatal en materia de seguridad es dentro del propio gabinete. El secretario de gobierno, Alejandro Leal contra el procurador Federico Garza. O el secretario de seguridad, Arturo Gutiérrez contra el director de seguridad pública, Ángel Gámez Segovia”.

“Hacia afuera, la gente percibe que no hay patrullas ni agentes en las calles. El famoso 911 no atiende las llamadas de emergencia. Si llegan a contestar, arriban una hora después de registrados los hechos. No se procura la justicia de manera eficaz. Si alguien se atreve a denunciar algún delito, se arriesga a enfrentar a los propios elementos policiacos. La querella se pierde en el olvido. Es la realidad que viven todos los potosinos. Carreras camina tranquilo en una camioneta blindada, con cuatro escoltas en unidades blindadas, un equipo de 40 guaruras y 20 lambiscones alrededor. Es una nube que le permite moverse tranquilísimo. Los demás habitantes no tienen las mismas garantías y se la tienen que rifar al ir al trabajo o estudiar. Usan el camión urbano, los taxis en las calles, como nunca peligrosas. La inseguridad es mayúscula. No se resuelve si quitan al coronel Gutiérrez. Tendría que irse todo el gabinete. No han dado resultados en ningún sentido”.

“Si hubiera una medida preventiva de los delitos adecuada, con una deficiente aplicación de la justicia, se tendría que ir Garza. Si hubiera un excelente procurador y una deficiente estrategia para prevenir los delitos, se iba Gutiérrez. El problema es que no hay policía de proximidad, no existe un plan básico de seguridad pública. Deben irse todos para replantear las medidas con la injerencia ciudadana. El concepto debe incorporar criterios de derechos humanos, legalidad, funcionarios probos y respetables, que rindan sus declaraciones 3 de 3. Decir a cuánto asciende su patrimonio, para qué empresas han trabajado, sus relaciones políticas y personales, pero existe una opacidad total. Con Marcelo de los Santos, varios ex gobernadores se juntaron para exigirle en público, un diagnóstico de la seguridad. Dijera lo que hacía para devolverle la tranquilidad a los potosinos. Los mismos personajes y la ciudadanía, le deben solicitar a Carreras, que en su informe relate, de qué tamaño es la inseguridad. Lo que hará para enfrentarla. Está sentado sobre el problema. No alcanza a notar el monstruo que enfrenta y lo rebasa. No tiene nada que hacer, ya que no reconoce que está encima de un volcán”.

“La llamada policía metropolitana es un artificio de propaganda gubernamental. La presentó a la carrera, con trompicones, para tener algo que decir en el segundo informe. No necesitamos ser adivinos para saber que cuando hable de seguridad, habrá de presentar espectaculares videos, para mostrar que hay nuevos uniformes, patrullas y 500 elementos. Los mismos de seguridad pública que sólo transfirió. Con las mismas tácticas y denuncias de tortura cuando hacen las detenciones. Roban a los ciudadanos si los encuentran en las noches, en estado inconveniente. Con la policía metropolitana, Carreras busca equilibrar al alcalde de la capital, Ricardo Gallardo. Son 500 elementos para más de un millón de habitantes. Es ridículo. Si dividimos las patrullas a cada potosino le tocaría una calavera. Carreras debe apuntalar las policías municipales, que están descalificadas para cumplir sus tareas. Hay municipios que tienen dos o tres agentes”.

Oswaldo Ríos enfatizó que Carreras busca dejar de fiscal general a Garza, como pretendió hacerlo el presidente Enrique Peña, que trató de investir al procurador Raúl Cervantes. Se lo impidió el movimiento cívico organizado, diputados del PAN y PRD, que generaron una crisis de ingobernabilidad en la cámara y obligaron a rectificar la propuesta. “En San Luis notamos que el movimiento ciudadano, que tiene ferocidad y franca animadversión contra el congreso, se porta sumiso frente a Carreras. Con un desplegado, avalaron la llegada de Garza al nuevo cargo. A nivel nacional hubo debate en el congreso, a nivel local, se usa el recinto para el burlesque, una carpa donde se montan espectáculos decadentes de cabaret barato. Los partidos opositores no ejercen los contrapesos, salvo el PAN. El PRD, controlado por el dueto de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, co-gobierna con Carreras”.

Expuso que Marcelo de los Santos fue un gobernador fuerte. Al final del sexenio, el PRI le hizo una campaña adversa para que ganara el cirujano Fernando Toranzo. “El panista aguantó y ahora camina tranquilo por San Luis. Toranzo tenía problemas de carácter, de personalidad. Se enojaba con facilidad. Era hedonista. No le gustaba el ejercicio del poder. Al cierre, tuvo una salida negativa. Ahora arrastra escándalos de índole familiar que han trascendido. Carreras no ha llegado siquiera a ejercer el poder con la medianía de Toranzo. No tiene la mínima autoridad, no sabemos cómo va a concluir. Si Marcelo de los Santos terminó con dificultades, no imaginamos cómo será el de Carreras. Si continúa con el mismo estilo, le dará terror entregarle la estafeta a Gallardo Juárez. Le he llamado el corredor constitucional del estado. Ha sido su única respuesta ante los problemas. Sale a correr como un acto de cobardía, evasivo de la realidad y las exigencias de los potosinos. Es un hombre que no quiere gobernar. Tenemos un burócrata de alto nivel, que ocupa una oficina en el palacio estatal”.

Ríos Medrano expuso que las zalamerías que rodearon el ascenso pusilánime de Carreras no significan que tenga habilidades políticas. “Lo llamé Tiquismiquis. Tiene una pulcritud en las formas, que le sirvieron de manera extraordinaria para hacer relaciones públicas. Pero gobernar no equivale a frivolizar el poder. Se relaciona con el costo de tomar decisiones. Se le puede decir lo que debe hacer. Fue un excelente empleado de Felipe Calderón y Toranzo. Pero como empleado de los potosinos, es un fracaso. El cargo que le dio la ciudadanía es para que gobierne y tome decisiones, lo que no sabe hacer. Se le vio la vena política, su currícula académica e intelectual… continúa (tomado de la revista impresa, Septiembre 2017)

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Los contradictorios ingresos de Juan Manuel Carreras

Enemigo de la transparencia y rendición de cuentas, proclive a falsear datos que impidan conocer el monto de sus riquezas, el gobernador Juan Manuel Carreras López, con su oblicua conducta, ha generado múltiples suspicacias en torno a sus ingresos mensuales, ya que se manejan cifras disímbolas. Lo ubican como el segundo mejor pagado en todo el país, apenas superado por su homólogo de Guanajuato, Miguel Márquez, que percibe al mes 207 mil 306 pesos. El doctor en derecho percibe 198 mil 654 pesos al mes, según datos de una lista nacional donde contrastan los ingresos de los restantes mandatarios. Resulta un funcionario caro, ya que su desempeño ha sido irregular. No obstante haber contado con un presupuesto de 35 mil millones de pesos en el primer año de gestiones, no llevó a cabo una obra relevante que lo identifique. Al contrario, se empecinó en construir un metrobús sobre la avenida Industrias que rechaza la mayoría de habitantes, ya que afectará a miles de comercios. Insiste en hacer obras innecesarias y superfluas en la avenida Carranza, la de mayor plusvalía en la capital, sin tener el aval de los beneficiarios. Errático, sin rumbo, Carreras ha sido cuestionado por su abulia para resolver los incontables feminicidios, secuestros, levantones, asaltos, robos de vehículos, hogares y transeúntes. Por su comprobada inoperancia, los articulistas del diario Pulso, Leonel Serrato y Oswaldo Ríos, irónicos, lo llaman Carreritas y Gutierritos, con lo que aluden a un patiño de telenovela, un oficinista sin carácter al que todos pisotean. Como a Carreras, esclavo de los grupos que lo llevaron al poder.

En la lista de salarios que se anexó a la iniciativa de la ley de presupuesto de egresos 2016, presentada por el ejecutivo al congreso en diciembre del 2015, se estableció que Carreras tendría un salario de 54 mil 327 pesos. La cantidad se publicó en las instancias de transparencia del gobierno estatal. En junio del 2016 se supo que en realidad ganaba 139 mil pesos mensuales. No se aclaró si son netos, con o sin impuestos, ni si tenía otros ingresos como bonos o compensaciones, ya que se ubica en el nivel 20 de la burocracia. Tuvo un súbito incremento del 155%, equivalente a 84 mil 678 pesos. El combativo dirigente de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, denunció que los ingresos de Carreras son confusos, al manejar dos cifras distintas. En el portal electrónico institucional se manejó que percibía 137 mil 746.26 pesos hasta el 31 de mayo del 2015. Citó que en la página de transparencia que maneja el secretario de finanzas, José Luis Ugalde, aparece un tabulador donde se consigna que el académico tiene ingresos por 54 mil 327 pesos. González aludió al portal Uniónjalisco, donde se dijo que el ex mandatario Fernando Toranzo, en el 2013 ganaba 132 mil 146 pesos, pero en el 2015 alcanzó los 196 mil 654.52 pesos. En la página electrónica del gobierno estatal le adjudicaron una paga de 137 mil 746.28 pesos.

Sin embargo, en el presupuesto de egresos del 2017 que los diputados locales aprobaron el 15 de diciembre, aparece que Carreras tiene proyectado percibir ingresos anuales por 2 millones 231 mil 918 pesos. Al mes, 185 mil 993 pesos. Los diputados aprovecharon la coyuntura para sacar su propio beneficio. Por las presiones sociales, acordaron reducirse 25 mil pesos. Si ganaban antes 115 mil 858 pesos, ahora recibirán 162 mil 816 pesos, para alcanzar al año un total de 2 millones 207 mil pesos cada uno. Acumulan prestaciones por casi 800 mil pesos, donde se encuentran 90 días de aguinaldo, dos primas vacacionales, seguro de gastos médicos, pagos de asesorías, gestiones y otros rubros. Los 27 legisladores absorben 81 millones 209 mil 384 pesos al año. Hay dos alcaldes que le compiten en voracidad salarial a Carreras. El de Xilitla, el panista Xavier Pacheco Sánchez, cobra por sus servicios 109 mil pesos al mes. El municipio tiene un 85% de pobreza extrema. Cada rato viaja al extranjero de picnic. Otro con altas percepciones es el edil priista de Tamasopo, Gabriel Hernández Aguilar, que percibe arriba de 104 mil pesos al mes. No le importa cargar estadísticas del 73% de pobreza extrema. Carreras destacó que sus percepciones se ubican dentro del marco legal. Presumió que las maneja con absoluta claridad. Paternalista y solidario, el oficial mayor, Elías Pecina Rodríguez, enfatizó que el ejecutivo gana 139 mil pesos desde el 2012. Aceptó que existe un error en el portal de transparencia.

Debido al vacío de poder que genera Carreras, la secretaria de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, al comparecer ante los diputados, después del primer informe de actividades de su jefe, reveló que gana 222 mil 251 pesos mensuales. Más de 80 mil que el propio Carreras. La dirigente del sindicato minoritario de burócratas, Francisca Reséndiz, denunció que por la cifra desorbitante, la funcionaria se imagina intocable, una diosa. «Es una burla para los trabajadores y usuarios de los servicios de salud, ya que sobresale por correr a más empleados. Ha cerrado varias clínicas en la huasteca por falta de recursos. El hospital central padece de insumos con frecuencia». Solicitó al auditor superior del estado, José de Jesús Martínez, investigar el salario de los integrantes del gabinete estatal, donde podrían manejar una nómina maquillada. Carreras se proyectó defensor de la norma. Destacó que existe un principio constitucional donde se establece que nadie puede superarlo en ingresos. Se refería al artículo 133, apartado II donde habla que ningún funcionario ganará más que el gobernador. El tabulador estatal del 2016 consignó que los secretarios perciben 128 mil 608 pesos como máximo. El diputado Óscar Bautista señaló que buscarán equilibrar las pagas para no dañar la economía de los ciudadanos. Justificó las ganancias de Rangel, ya que además de secretaria es directora de los servicios de salud. Alardeó que los legisladores se bajaron el ingreso en 25 mil pesos, lo que deben imitar los integrantes del ejecutivo y judicial.

En las redes sociales se comentó que San Luis ocupa el sitio 16 en el Producto Interno Bruto. El poder adquisitivo de sus habitantes en promedio es de los más bajos. Según indicadores nacionales, el 49.5% de los pobladores viven en pobreza y pobreza extrema. En tal contexto, Carreras «tiene el segundo sueldo más alto de todos los gobernadores. Gana 10 mil dólares al mes, 197 mil pesos, más otros ingresos, como el llamado bono de productividad y eficiencia. A tal individuo no se le puede tener el mínimo respeto. Más, por tratarse de un intelectual preparado. Es otro vulgar abusador de la gente que baila al son del dinero mal habido. ¿En verdad creen que paga la gasolina de su coche?. Es una pena que nos gobierne». Previo a las elecciones, Carreras como otros candidatos, se comprometió en dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. No cumplió, lo mismo que el ganador de los comicios en Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Al contrario, fue exhibido de alterar datos. El ex diputado local y notario público número uno, Eduardo Martínez Benavente, aseveró que «su declaración patrimonial es oscura e imprecisa. Es uno de los asuntos más delicados que se le han remarcado, por lo que debió debió esmerarse en transparentarla, proporcionar todos los datos actualizados de sus bienes. Sin importar que la deficiente normatividad que regula la obligación no se lo exija. Me refiero a los inmuebles que ocupan los dos planteles de la universidad de Estudios Superiores, el de Madero y Venustiano Carranza, que hasta hace poco eran de su propiedad y ahora no aparecen en su inventario…continúa (tomado de la revista impresa, DICIEMBRE 2016)