El diputado local panista, Rubén Guajardo Barrera, indicó que en la comparecencia del secretario de finanzas, Salvador González Martínez, con motivo de la glosa del segundo informe del ejecutivo, se le pedirá aclare el destino que se le dio a los 2 mil 50 millones de pesos, por la venta de los terrenos estatales, que desechó la trasnacional Ford. El predio de 480 hectáreas, que se ubica en el parque World Trade Center, fue comprado por la empresa acerera estadunidense, Steel Dymanics.

El legislador precisó que el congreso no tiene hasta el momento datos sobre las obras que se harán. La bancada del PAN pugnará para que se integre el órgano encargado de vigilar el manejo del dinero. Señaló que su partido siempre ha estado a favor de los manejos claros, tema que se logró establecer en el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, al crear el Instituto Nacional de Trasparencia. Pero que al actual gobierno federal de la Cuarta Transformación no le gusta, quedó demostrado cuando intentó cortarle un pie al Instituto Federal de Acceso a la Información.

Guajardo admitió que en el plebiscito realizado el 24 de septiembre, como uno de los requisitos que marca la ley para otorgar la categoría de municipio a Villa de Pozos, no hubo una alto despliegue ciudadano como se deseaba, pero es un mecanismo que se puede perfeccionar. Es un ejercicio que fortalece la democracia. .

Aseguró que convertir a Villa de Pozos en un nuevo municipio, no implica un gran impacto en el presupuesto que recibe el municipio de San Luis, se le quitaría un aproximado de 500 millones de pesos. “No se puede decir que se perderían los fondos. Se destinarían a cubrir servicios y nómina. Indicó que el polígono ya fue definido y la gran mayoría de la zona industrial seguirá bajo el control de la capital. A Pozos le quedará solo la parte que se localiza cerca de Ciudad Satélite.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que el congreso del estado, en su momento, combatirá la acción de inconstitucionalidad que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Movimiento Ciudadano en contra del decreto que aprobó el poder legislativo para aplazar el inicio del proceso electoral en San Luis. Dijo que los partidos y voces ciudadanas, están en su derecho de inconformarse por situaciones del congreso, que consideran, los afectan.

El legislador del PAN reiteró que sigue firme en su propósito de participar en un proceso interno de su partido para ser candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Afirmó que como parte del Frente Amplio por México, su partido debe proponer el candidato para la alcaldía en los comicios del 2024, en base al mayor número de votos que aportó en las elecciones anteriores.

Añadió que en la contienda interna, cuando lleguen los tiempos legales, podrán participar militantes panistas y de los otros partidos, como el edil Enrique Galindo Ceballos, que conforman la alianza, pero también gente sin partido. Afirmó que su carta de presentación, es el trabajo que lleva a cabo como legislador, por lo que se empeñará en hacerlo de la mejor manera posible. Indicó que la parte toral de su propuesta legislativa, va encaminada a promover y fortalecer la injerencia de la gente en programas de gobierno, sobre todo en el ámbito municipal.

En tal sentido, se aprobó la iniciativa de una nueva ley de juntas de participación ciudadana para fortalecer a los comités de obra, que actúan como una contraloría social. Vigila se hagan en forma correcta. Presentó una iniciativa para incorporar representantes ciudadanos en las juntas de mejoras de los organismos de agua potable. El siguiente paso será pugnar para que existan presupuestos participativos. Es decir, que los parroquianos decidan las obras más importantes.

Como coordinador de los diputados del PAN, buscará marcar una agenda en termas como la seguridad pública y el agua. Como presidente de la Jucopo, buscará acuerdos y coincidencias entre las diferentes fracciones para sacar adelante las elecciones del nuevo fiscalizador del estado, elegir a 15 magistrados supernumerarios del Poder Judicial del Estado, aprobar las leyes de ingreso y los presupuestos de egresos de los municipios y gobierno estatal.

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