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Movimiento Ciudadano no es comparsa de López Obrador, señala Josefina Salazar

La candidata a senadora por Movimiento Ciudadano, Josefina Salazar, dijo que busca conquistar el voto de los jóvenes, aunque también a los que no se definen. Expuso que el abanderado presidencial, Jorge Álvarez Máynez, se identifica con la gente, con la que ya hizo una alianza. Indicó que en la cámara de diputados, su despliegue es claro y preciso. “Es un crítico  de las políticas públicas, pero también un hombre de propuestas”.

Negó que sean comparsa del presidente López Obrador, al que frenaron también en el senado, algunas reformas constitucionales, dañinas, como militarizar el país. No aprobaron los cambios al Instituto Nacional Electoral, resultado de luchas ciudadanas, de muchas generaciones, que equilibran el ejercicio del poder y el respeto a los derechos ciudadanos.

Descartó militar en  un partido pequeño. Son gobierno con más pobladores que el PRI, cuyo reducto más fuerte era la Ciudad de México, que acaban de perder con Morena. Además, ganaron Jalisco y Nuevo León y un gran número de presidencias municipales. Censuró los gastos excesivos de campaña de su opositora del Verde Ecologista y sus aliados, Ruth González Silva, pero no serán un factor definitivo en la contienda, ya gente está cansada, por el manejo clientelar de los programas sociales.

Convocó salir a votar, ya que nada está definido. Lamentó que el gobierno estatal derroche recursos públicos en espectaculares, puentes y bardas, cuando hay obras por hacer, problemas de agua, inseguridad, transporte, medicamentos y otros servicios. Señaló que el Hospital Central está en el abandono total. No tienen medicamentos ni equipo. Los doctores hacen un gran esfuerzo, pero la demanda los doblegó. A los policías no se les capacita ni entregan las herramientas necesarias para salir a las calles. Las escuelas carecen de agua, faltan maestros.

Advirtió que el partido analiza la alternativa de iniciar denuncias por el uso excesivo de recursos en la etapa proselitista de otros candidatos. En su caso, prefiere las campañas en la calle, directa con las personas. Es más cansado que un mitin, pero tiene mejores resultados.  “Los ciudadanos votan por las personas y las propuestas. El sufragio en cascada es muy difícil. Se nota en cómo se forman los congresos y alcaldías”. Adelantó que el abanderado a edil de la capital, Sebastián Pérez, puede ganar por desgaste del gobierno actual, que busca reelegirse, pero le falló a los potosinos. El ejecutivo, que ganó con el Verde, tampoco ha servido a los ciudadanos.

Salazar dijo que su partido, a nivel estatal, se recuperó muy rápido por la fractura que tuvo, con la salida del dirigente, Eugenio Govea Arcos, que duró en el mando casi dos décadas. Ahora ya tienen 56 comisiones municipales de 58.

Buscará legislar sobre la falta de agua, un reclamo en todos lados. “Hay una ley desde 1992 que no se ha modificado. Falta actualizarla, incorporar la tecnología, gente, infraestructura, captarla, hacer reforestaciones para que vuelva el ciclo natural. Generar más plantas tratadoras para el riego de árboles”.

  Censuró que no sirvió la estrategia del gobierno federal de encargarle al ejército las tareas de seguridad, que debe estar en manos de un cuerpo civil. Faltan espacios para el deporte, acceso a vivienda de todos los mexicanos que no pueden  acceder  a un crédito bancario. Pagan siempre renta y no tienen un patrimonio.

Asentó que no funcionó el Instituto de la Salud para el Bienestar, por lo que desapareció. Es un  hoyo negro, nadie sabe cómo utilizaron los recursos y hoy crean el Seguro Social-Bienestar, que tampoco es suficiente. Se incrementó el número de personas que no tienen derecho a la salud. Aseveró que el tema de la transparencia y rendición de cuentas, es un  derecho humano violentado por las instituciones. No se sabe en qué se  gastan los recursos públicos. “Para todo hay que litigar. Las dependencias se cierran,  no sabemos de las adjudicaciones de obras. Ignoramos quienes son los beneficiarios de los programas sociales”.

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El diputado federal Xavier Azuara se perfila como candidato del PAN a la gubernatura en el 2021

“Ni en los 70 del PRI se daban prácticas tan sucias”, dijo el ex candidato a la dirigencia estatal del PAN, Jorge Alejandro Lozano Soto, cuando en conferencia de prensa hizo público el relleno de urnas, violación de paquetes electorales, la intromisión a ojos vistos de la actual dirigencia en los comicios donde se impuso con trampas Juan Francisco Aguilar Hernández. El cochinero se anunció con anticipación y aterrizó el día del proceso. Inflar las urnas y poner la estructura material y financiera a favor de Aguilar, no fueron las únicas y viejas prácticas que manejó el líder saliente, Xavier Azuara, también recurrió a la compra de votos, en algunos municipios lo pagó en 2 mil pesos, entregó despensas y láminas, ofertó cargos en el partido y ayuntamiento de la capital.

Al equipo del fraude, los afectados lo identificaron como la “delincuencia desorganizada”, lo conformaron Azuara y sus aliados, los diputados locales, José Antonio Zapata Meraz, su primo y tesorero del comité estatal, Rubén Guajardo Barrera y el secretario adjunto, Rolando Hervert. En el grupo también se ubicó a la diputada federal, Josefina Salazar Báez, aunque no existían resultados definitivos, festejó con mariachis el “triunfo” de Aguilar Hernández. Se ubicó como el gran orquestador del fraude interno a Guajardo Barrera, encargado de hacer el trabajo sucio en el 2015. Con el mismo esquema ganó la mayoría de las elecciones internas para diputados locales, federales y alcalde de la capital. Entonces uno de los puntos claves fue el control del sistema de cómputo donde el responsable de la captura de actas fue Israel Esparza Rodríguez, actual director de ecología y aseo público en la capital, recomendado de Guajardo Barrera. Ahora ocurrió lo mismo, fue el que llenó las actas en la primera y segunda vuelta del proceso.

La corriente opositora a Azuara y sus aliados divulgaron que con el triunfo de Aguilar termina la relación de la dupla Azuara-Guajardo, el que gana es el diputado local, que ya busca un puente con el edil Xavier Nava para impulsarlo como candidato a gobernador en el 2021 a cambio de sucederlo en la alcaldía. Sin embargo, quien conoce desde las entrañas al binomio, aseguran que no se van a fracturar, al contrario, se reacomodaron. El proyecto de Azuara es buscar la gubernatura y Guajardo la presidencia municipal. El diputado tendrá que enfrentar a Josefina Salazar, del mismo bando. Buscará su propia alianza con Aguilar Hernández, al que respaldó.

Azuara y Guajardo tienen enfrente al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta que intentará imponer en el 2021 como candidato a gobernador a su sobrino Xavier Nava Palacios, que apoyó a Jorge Lozano, pero en el último tramo se zafó y respaldó a Aguilar. Su equipo dijo que se mantuvo al margen. Sin embargo, dejó el paso libre para que funcionarios de su gabinete de bajo perfil, recomendados de Azuara y Guajardo, operaran a favor de Aguilar. Sánchez Unzueta ya conoce el camino, en el 2002 empujó también desde el PAN al priista Marcelo de los Santos, que en el proceso interno derrotó con zancadillas al ex edil Alejandro Zapata.

“La mafia de Azuara” y Sánchez Unzueta tienen que doblar a sus opositores, donde figura la diputada local y ex senadora Sonia Mendoza Díaz. Es la única que se coló como integrante de la Comisión Permanente en el comité nacional del partido. Marcelo de los Santos busca plantar a su hijo Marcelo de los Santos Anaya. Le apuesta a que el hermano del presidente estatal electo, Rafael Aguilar Hernández, fue subprocurador en su mandato y podría ayudarlo a conseguir sus propósitos. La otra opción que maneja es el notario público Alfonso Castillo Machuca, que forma parte de la planilla ganadora de Aguilar y quizás se convierta en secretario general adjunto. Castillo fue secretario de gobierno con el contador público, que pidió a Lozano Soto y seguidores no impugnar las elecciones pese al batidero.

Otro que ya está formado es el acomodaticio ex senador Octavio Pedroza Gaitán, que apoyó desde el inicio a Lozano y nunca claudicó. Pedroza tiene una liga estrecha con Nava Palacios, pero nunca imaginó que se cambiaría de camiseta. No lo quiere de opositor en el 2021. El equipo de Pedroza difundió que Nava buscaría reelegirse para dejarle el camino despejado al ex senador. Pedroza tiene otra opción, ser candidato independiente, podría encabezar la renuncia masiva de más de 600 panistas que se afiliaran al partido del ex presidente Felipe Calderón.

El ex alcalde tiene también el apoyo de tres de los cuatro empresarios que impulsaron a Marcelo de los Santos. Uno es el dueño de la empresa de acero inoxidable, Juan Autrique. El monopolista de las pieles y dueño del rastro, Rafael Barral Pontones. El propietario de la industria de chicles Canel´s, Roberto García Navarro. Solo falta el magnate minero José Cerrillo Chowell. El quinto aspirante a la silla de palacio de gobierno es el senador Marco Antonio Gama Basarte. Espera que su hermano, Aureliano Gama Basarte, ayudante del gobernador Juan Manuel Carreras, lo apoye. Tal vez ya empezó la tarea, con el primer golpe al más fuerte aspirante, Xavier Nava. El 14 de diciembre, con 25 votos y 2 abstenciones, los diputados en pleno bajaron la propuesta del edil de subir la tarifa del agua un 40%. Votaron en contra priistas, verde ecologistas, morenistas, perredistas, hasta los legisladores de Azuara.

Lozano un candidato sacrificado  

El fraude con el que se impuso Aguilar Hernández tampoco fue el único ingrediente de la derrota de Lozano Soto, que abonó a su propia caída cuando se convirtió en candidato de unidad, luego que declinaron a su favor el ex diputado federal Juan Pablo Escobar Martínez y el ex edil de San Ciro de Acosta, David Salvador Hernández Martínez. A Lozano le pesó que su padre, el ex edil Jorge Lozano Armengol, rompiera su credencial de panista y renunciara al partido. Algunos correligionarios nunca perdonaron el agravio. Además, Marcelo de los Santos no logró que el ex diputado local, Héctor Mendizábal Pérez, al que le ganó el ego, no pudo sumar al ex legislador Manuel Aguilar Acuña, “El Kipy”, que les hizo creer, iba a respaldar la propuesta. Al final sacó más de la mitad de votos que la misma coalición, apoyada por la elite panista.

Vino la desbandada de seguidores de Escobar y Hernández al equipo de Aguilar Acuña. Con el respaldo de Mendizábal, en la primera vuelta alcanzó mil 143 votos, más de la mitad que Lozano, Escobar y Hernández juntos, el equipo de Marcelo de los Santos, los ex senadores Alejandro Zapata, Pedroza, Miguel Martínez Mireles, Lozano Armengol, Gama Basarte, el ex diputado federal Álvaro Elías y algunos empresarios. La propuesta de un candidato de unidad la impulsó Marcelo de los Santos cuando inició la precampaña, ya que no congenia con Azuara ni Guajardo, a los que nunca perdonó, no haberlo lanzado como senador. Entonces se inclinó por Lozano, que antes hizo a su padre edil y buscó dejarlo en la gubernatura, pero no cumplió con las expectativas. A cambio, Lozano Soto sería el principal promotor de Marcelo de los Santos Anaya a la gubernatura, ya que despreció la candidatura a alcalde porque le pareció insuficiente.

El lunes 26 de noviembre, a cuatro días del debate de candidatos a la dirigencia, que organizó el comité estatal, en conferencia de prensa, Lozano Soto declaró que cuatro de los cinco contendientes, donde se incluyó, además de Escobar, Hernández y Acuña, crearían un frente común para acabar con los abusos de poder y las intromisiones de Azuara, quien pretendía imponer a Aguilar. El lunes 3 de diciembre se reunieron Marcelo de los Santos, Gama, Zapata, Pedroza, Mendoza y los cuatro aspirantes. El tema principal, definir un candidato de unidad para ganar, no había otra manera de derrotar a Azuara y Guajardo. Se invitó a Mendizábal, pero no asistió. En el encuentro no se pusieron de acuerdo. Lo dejaron a los candidatos, que hacen un recuento de estructuras, votos y definen el reparto de gastos. Hernández se fue al tercer lugar, lo siguió Escobar. Sin embargo no decidieron por Lozano. Acordaron visitar a Marcelo de los Santos y le mostraron las cuentas. Les dijo que respaldaran a Lozano.

El miércoles 5, dos días después que la candidatura de unidad se concretó, Escobar y Hernández declinaron a favor de Lozano. Los flanqueó Marcelo de los Santos, Gama, Sonia Mendoza, Pedroza y el ex presidente municipal Mario Leal Campos, los ex regidores Enrique González, Raymundo Ramírez, Marcela Zapata y Laura Gama, la ex diputada federal, Silvia Degante, entre otros. Lozano agradeció a Hernández y Escobar su apertura y generosidad hacia el proyecto que encabezó. Manifestó su confianza en alcanzar el triunfo el 9 de diciembre con 3 mil 500 ó 4 mil votos. Le faltaron los de Aguilar Acuña, Escobar y Hernández, ya que sus seguidores se fueron por otro rumbo.

                                  La ruta del fraude

La imposición de Juan Francisco Aguilar Hernández al frente de la dirigencia del PAN se marcó desde mucho antes de la precampaña. Azuara y Guajardo iniciaron una gira estatal para visitar comités y delegaciones, entregaron a panistas despensas, láminas y recursos. Realizaron desayunos, comidas y reuniones donde manifestaron de manera abierta apoyar a su alfil. Se habló que panistas huastecos denunciaron una campaña de terror por parte de Azuara, los diputados Rolando Hervert, Rubén Guajardo y Josefina Salazar. Presionaron a los alcaldes de Tamazunchale, Toño Costa, al de Aquismón, Óscar Suárez, al de Xilitla, Martín Eduardo Martínez y su cuñado, el ex edil Xavier Pacheco, al ex candidato a la alcaldía de Valles, David Medina, para que apoyaran a Aguilar. Denunciaron que Aguilar, junto con Rolando Hervert y Rubén Guajardo, con personal que cobra como asesores en el congreso local, a bordo de camionetas con vidrios polarizados, buscaron repartir despensas y láminas a los militantes más pobres. Pero fueron interceptados y no pudieron cumplir su cometido.

Octavio Pedroza declaró que Aguilar es una marioneta de Azuara. Lamentó que como persona decente, ahora sea la herramienta de un grupo que busca continuar con el poder en el PAN. Dijo que la dirigencia actual ha resquebrajado al partido por sus actitudes de favoritismo. Llamó a los militantes buscar otras opciones para recuperar el rumbo. El siguiente paso de Azuara y Guajardo fue impulsar una comisión estatal organizadora de las elecciones, encabezada por José Luis Contreras Rojas, que apenas se supo de la alianza, declaró que no habría cambio de boletas. Los votos que se emitieran para cada uno de los candidatos, los contaría en lo particular. Descartó reimprimir las boletas, como lo solicitaron tres aspirantes. Tampoco sumaría en conjunto a favor de otro contendiente. Iban a aparecer los cinco participantes. Los votos se contarían para cada planilla, ya que no hubo ninguna declinación o renuncia expresa por alguno de los candidatos. Sin acuerdo previo, Contreras dejó que el comité estatal del partido trasladara las actas de los centros de votación, que se instalaron en los comités municipales, excepto en la capital, donde se ubicaron cuatro mesas en el Jardín de San Miguelito. Habló de 49 instancias en la entidad, aunque solo fueron 43, pero no detalló los lugares. Se supo que uno fue Ébano.

Los seguidores del edil de Ébano, Crispín Ordaz, denunciaron que el diputado Rubén Guajardo lo amenazó con no pasar las cuentas públicas si se negaba apoyar a Aguilar. Ordaz, junto con el comité municipal del partido, divulgaron que no había las condiciones de seguridad, culparon a la delincuencia organizada de intentar abortar el proceso. Azuara y su grupo no tienen ascendencia entre la militancia. Recuerdan que la ex diputada local hoy federal, Josefina Salazar, convenció a Ordaz, tenderle una trampa al entonces legislador, Enrique Flores, lo que derivó en la filtración que hizo del video donde afloraron las corruptelas del congreso, los chantajes para blanquear las cuentas públicas de alcaldes y ex alcaldes.

El domingo 9 de diciembre votaron 6 mil 209 panistas de un padrón de 8 mil 214 militantes registrados. El proceso concluyó a las cuatro de la tarde, dos horas antes que la elección de la dirigencia nacional. En los resultados de la primera vuelta y preliminares, el equipo de Azuara ventiló que Aguilar había ganado con más del 5%. Lo mismo manifestó el grupo de Hernández, que Lozano se había impuesto con semejante porcentaje en la capital, Matehuala y 10 municipios más. La comisión dijo que Aguilar resultó vencedor, pero el margen no alcanzó el 5% y ordenó se llevara a cabo el conteo de la segunda vuelta de las boletas.

Después de las 11 de la noche, los seguidores de Lozano amenazaron con bloquear las instalaciones el partido. Manifestaron que iban a sacar de los pelos a Aguilar si decidía tomar protesta. “Basta de tales cabrones, no pueden tener secuestrado al partido”. La Comisión Estatal Organizadora, vía boletín, declaró un receso hasta tener el mayor número de actas, debido al apretado conteo de las votaciones. Sin embargo, en el mismo documento comunicó que al recibir la totalidad de los empaques electorales y capturado el 100% de las actas, se confirmaron los números del Programa de Resultados Preliminares Electorales sobre la primera vuelta. Además declaró que según la convocatoria, se comenzaría con el cómputo de las actas de segunda vuelta electoral, pero debido a las inconsistencias en el llenado de algunas actas, se procedería al reconteo de voto por voto de la segunda vuelta en los casos señalados.

Declaró que con el fin de brindar certeza a la militancia, candidatos y sus planillas, se determinó realizar el conteo de los votos de la segunda vuelta para definir a un ganador. Concedió un receso de 10 horas para que los representantes de los candidatos pudieran reunir las actas de la jornada de cada mesa de votación y dar fe de los resultados de la primera vuelta. Remarcó que todavía no era posible definir al ganador, por lo que iba a sesionar hasta tener completa certidumbre del candidato con la mayoría de votos en la segunda ronda. Resaltó que el único interés es contar con resultados fiables, ya que el fin de todo proceso democrático es que los panistas del estado puedan tener completa confianza en que su voto resultó efectivo.

En la mayor parte de la huasteca y resto de las tres zonas del estado, la comisión ordenó suspender el conteo y pidió a empleados del comité estatal y personal que contrató la dirigencia, trasladar los enseres electorales y actas a la capital. El responsable de la zona huasteca de traer los documentos fue el primer síndico del ayuntamiento de la capital, Víctor Saldaña, del equipo de Azuara. Antes de estar en el ayuntamiento, laboró en el área jurídica del partido. Las urnas llegaron a las 5 de la madrugada. La urna y papelería de Villa de Zaragoza, que se ubica a menos de 40 minutos de la capital, fue la última en llegar a las 6 de la mañana del 10 de diciembre.

La comisión reinició actividades a las tres de la tarde del día siguiente. Según consta en el acta de cómputo de la primera vuelta, a las 16:25 horas del 10 de diciembre, se confirmaron los resultados de la primera vuelta donde Aguilar Acuña obtuvo mil 143 votos, Aguilar Hernández 2 mil 503, Escobar 45, Hernández 71, Lozano 2 mil 249. Los votos nulos fueron 197. Votaron 6 mil 208 militantes. Al no estar en el supuesto del artículo 44, primer párrafo de la convocatoria, de no alcanzar la mayoría requerida para ganar, los dos contendientes que obtuvieron los porcentajes más altos, participarían en el cómputo de la segunda vuelta. Los finalistas resultaron Lozano y Aguilar. El conteo concluyó el martes 11 a las 5:29 horas de la mañana. Aguilar sacó 2 mil 463 votos, Lozano mil 952, se anularon mil 794. En total votaron 6 mil 209 panistas, uno más que en la primera vuelta. No se abrieron siete urnas por supuestas irregularidades. Se encontró en un mismo bloque, actas de dos municipios. Algunas cajas fueron violadas.

            El órgano responsable entregó la constancia de triunfo a Juan Francisco Aguilar como presidente. En la planilla quedó Alejandro Fernández Hernández, Alfonso José Castillo Machuca, Alexandra Daniela Cid González, Franco Coronado Guerra, Carmen Díaz Pérez, Édgar Ortega Luján, Edith Reséndiz Souza, Cándida Nallely Rivera Palacios. Aguilar ganó al contarse 53 actas correspondientes a las mesas de votación. A la una de la tarde, Jorge Lozano, junto con Escobar y Hernández, acompañados por el ex senador Miguel Martínez Mireles y el ex diputado federal Álvaro Elías Loredo, planillas, equipos y seguidores, convocaron a una rueda de prensa en el salón Manuel Clouthier que se encuentra en las mismas instalaciones del partido. Lozano dijo ser objeto del fraude. Señaló que en Villa de Guadalupe votó el 200% de los electores. Desconoció los resultados vertidos en el proceso que favorecen a su contrincante Aguilar. Aseguró que intervino el comité estatal para ayudarlo. “Según la convocatoria, en los centros de votación se debió contar la segunda vuelta electoral. Lo que sucedió en la mayoría, salvo siete centros, luego trasladaron los documentos con empleados del comité estatal, lo cual generó mucha desconfianza”.

Citó que en San Antonio, en la segunda acta, logró 19 votos y Aguilar 18. En el reconteo, se mantuvo con los mismos números, pero Aguilar subió a 117. La diferencia fue de 99 votos. Aseguró que existen las mismas irregularidades en Tancanhuitz y Villa de Guadalupe, donde el número de militantes es de 33 miembros activos. En el reconteo obtuvo 8 votos y Aguilar 75. Participó más del 200% de los electores. Señaló que las elecciones no son válidas. Se mostró una inconsistencia total, ni en los 70 del viejo PRI se daban tales prácticas. En tres casillas, hubo un diferencial de 210 votos. Se trata de un fraude electoral enorme.

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Cisma en el PAN, Enrique Flores desplaza del mando en el congreso a Xitlálic Sánchez

Las divisiones internas entre los grupos del PAN, que encabeza el presidente del comité estatal, Xavier Azuara Zúñiga y el diputado local, Héctor Mendizábal Pérez, se evidenciaron una vez más en la asamblea del congreso donde el legislador, Enrique Flores, tomó protesta como líder de la Junta de Coordinación Política. Se proclamó también coordinador de bancada cuando apenas ayer su homóloga Xitlálic Sánchez Servín fue designada por Azuara para ocupar los mismos cargos.

Con la llegada de Flores a la Junta de Coordinación Política, órgano administrativo del congreso, se cumplió la advertencia que vía whatsapp le hizo el diputado del PRI, José Luis Romero Calzada a Sánchez Servín: “quien juega como tú, se equivoca. Lo más triste es que te usan. Yo te firmo que no vas a tomar protesta ni el jueves ni nunca”.

La maniobra de poner a Flores al frente se tomó por acuerdo de la mesa directiva que preside el diputado del Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén y la misma junta que hasta hoy dirigió el priista Fernando Chávez Méndez, que se quedó como secretario.

En misma cita, Romero Calzada subió a tribuna para pedir una disculpa a Sánchez y decir que el diálogo sostenido fue amistoso, en broma. La diputada Josefina Salazar respondió que una disculpa no borra el hecho. No puede subsanarse con subir a tribuna a disculparse. Exigió respeto para todas las legisladoras que integran el congreso.

Romero insistió que lo movió el afán de compañerismo, ya que los 27 legisladores se tratan como una familia, se apoyan y aconsejan en sus problemas personales. Relató que la diputada Josefina Salazar le quiso dar al hecho un manejo político por la coyuntura de ser el día internacional de la mujer o por haberlo solicitado Azuara, al que calificó como una persona frustrada, el gran perdedor en el PAN. Sus frustraciones hacen que se desmorone el partido.

El legislador de Conciencia Popular, Óscar Vera, le pidió a Romero que si había cometido una falta, se hincara y pidiera perdón. Pero no como un hipócrita. En entrevista, Flores aseguró que su arribo fue legal. Es además coordinador de bancada y cuenta con el apoyo del coordinador regional. El presidente nacional, Ricardo Anaya, no se ocupa de tales asuntos, porque tiene otros temas más relevantes que atender. Afirmó que no será factor de divisiones. Sánchez, antes de la toma de protesta de Flores, abandonó el recinto y ya no dio declaraciones.

 

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Por mayoría de votos, aprueban la ofensiva última cuenta de Fernando Toranzo

En los cuestionamientos que hizo al informe final de auditoria de la cuenta pública 2015 del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, la diputada panista Xitlálic Sánchez Servín destacó que el invernadero de Santa Rita representó el ícono más grande de opacidad al no registrar ganancias. Calificó de inaceptable que el auditor superior, José de Jesús Martínez Loredo, no haya observado ni la mitad de un punto del presupuesto ejercido ni haber reparado en la ganancia ilícita de 34 millones de pesos que obtuvo el contratista Rodolfo Ramos Segura, hermano de la presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, en la compra de estufas ecológicas. Sánchez Servín fue la primera en subir a la tribuna para rechazar el trabajo realizado por Martínez que apenas objetó arriba de 103 millones de pesos de observaciones financieras a la cuenta pública 2015. Lo que significó el 0.49% del presupuesto de 21 mil millones 135 mil 514 pesos. Indicó que el órgano fiscalizador no investigó la adjudicación para instalar más de 34 mil estufas que se compraron a sobreprecios a una empresa que perteneció a Ramos, donde obtuvo una ganancia ilícita por más de 34 millones de pesos. Hecho que denunció uno de los participantes. “¿Cuáles fueron los señalamientos y presuntos delitos en que se incurrieron en la compra e instalado de 60 mil estufas ecológicas que reportó el ex gobernador Toranzo, en su sexto informe?. ¿Dónde están las observaciones en torno a las adjudicaciones y supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a familiares?”, inquirió.

La diputada del PAN afirmó que en materia de salud, durante el último año de Toranzo, se dio cabida y gastaron más de 400 millones de pesos en empresas de outsourcing lo que representó casi el 15% de los 3 mil 412 millones de pesos ejercidos por los Servicios de Salud en el estado, cuando la dependencia hasta antes del 2009 contrató personal con sus propios recursos.   No se investigaron ni se hicieron públicos los nombres de las empresas que pertenecieron a familiares del ex gobernador, que rescindían contratos y corrían a su suerte a los médicos y administrativos, sin pagarles un solo centavo de indemnizaciones. Expuso que tampoco fue observada por la Ase, la Torre Médica del hospital general de Valles, que se inunda en la parte baja. Se tuvo que destruir una pared para desahogar el agua en los últimos meses. Tampoco se investigó la outsourcing que la opera. Calificó de inexistente y una burla la supuesta conservación del eje carretero Xolol-Tamuín, que reportó Toranzo en el sexto informe. Manejó erogar 158 millones de pesos para conservar carreteras estatales. La diputada aseguró contar con las evidencias de que el tramo carretero está destruido y lleno de baches. Lo que originó en agosto del 2015 una protesta de ganaderos. “Es una burla que no veamos una denuncia o seguimiento al dinero supuestamente erogado”.

Sánchez cuestionó que en el rubro de infraestructura hidráulica, Toranzo alardeó culminar y entregar el sistema de agua potable Tének con lo que benefició a 8 mil 500 personas. En realidad se trata de una obra de mala calidad que tampoco observó Martínez Loredo. Metió tubería usada y vieja que pertenecía al sistema Tanchachín, el agua no llega a comunidades alejadas como Tamarindo, Chuchupe y Ojo de Agua de la Cordillera Tenek. Sánchez Servín objetó que el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, reportó en el 2015, gastos por 10 millones de pesos para difundir el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sin que existan evidencias de las erogaciones. A San Luis Potosí le destinó en el 2014 y 2015, 100 millones de pesos para los rubros de capacitaciones, infraestructura y equipamiento del nuevo sistema de justicia. La legisladora del PAN dijo que en casi todas las dependencias en el 2015 hubo opacidad, excesos y despilfarro del dinero del pueblo. En más de una, malversación de recursos y un estilo caciquil al mal gastar el dinero de los potosinos. Los invernaderos de Santa Rita no reportaron ganancias en el 2015. El dato contrasta con lo dicho por el secretario de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos, Héctor Rodríguez Castro. En una entrevista de enero, reveló que en cada ciclo se producen 10 mil toneladas de tomate gurmet. El costo por tonelada era de 400 dólares por lo que las ventas rondaban los 4 millones de dólares. ¿Dónde está el dinero que dejan los huertos?, preguntó Sánchez. Calificó de cómplice al que votara a favor de la última cuenta de Toranzo.

En su turno, la también panista Josefina Salazar afirmó que en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se presentaron casos documentados de irregularidades y presumibles actos de corruptelas en el ejercicio 2015 en un presupuesto cercano a los 580 millones de pesos. Pero no fue revisado por la Ase. Enumeró entre las anomalías del DIF, los precios exorbitantes en la compra de productos básicos para los programas de desayunos escolares y la entrega de despensas, que repartía a la gente más vulnerable. Precisó que Toranzó pagó el kilo de harina de maíz a 12.30 pesos cuando Distribuidora Conasupo lo ofrecía a 9 pesos. El sobreprecio fue del 36%. Compró el kilo de arroz en 15.40 pesos cuando Diconsa lo tenía en 8.86 pesos. El incremento fue del 70%. El kilo de frijol lo adquirió en 26.8 pesos cuando lo pudo comprar en 16.45. El aumento fue del 60%. Además de los costos alzados, las compras se realizaron mediante contrato directo a parientes de funcionarios de alto nivel.

Por el cúmulo de irregularidades, añadió, el gobernador Juan Manuel Carreras inició un proceso administrativo ante la contraloría estatal. También rechazó el otorgamiento ilegal de plazas de base a trabajadores de confianza e inició pesquisas contra el ex director jurídico del DIF, Héctor del Castillo Chagoya, que al mismo tiempo cobró servicios profesionales por 2 millones 600 mil pesos en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología y 750 mil pesos en el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Estableció que la contraloría estatal inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos al ex funcionario. Pero no se le exigió resarcir el daño económico ni se fincaron cargos a su jefa inmediata, María Luisa Ramos Segura. Salazar indicó que el solo caso del DIF era suficiente para no creer en el trabajo del auditor, que calificó de inverosímil e incongruente. Argumentó por qué los legisladores del PAN no aprobarían la cuenta de Toranzo. Estableció que no se fiscalizaron los ingresos propios de varias dependencias. Las variaciones y ampliaciones al presupuesto que de 37 mil 500 millones de pesos pasó a 41 mil millones. La diferencia se destinó en su mayoría al rubro de servicios personales, cuando la ley exige se aplique al gasto social.

La Ase no revisó el destino del crédito de 750 millones de pesos que se autorizó a Fernando Toranzo para apoyar la llegada de la trasnacional BMW. No constató que los recursos se aplicaran de manera responsable, trasparente y con apego al decreto. Cuestionó que en el ejercicio 2015, de 2816 procesos de adquisiciones, el 70% se hizo por adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Y solo el 25% a través de licitaciones públicas como marca la ley. La también presidenta del congreso local aseguró que un argumento irrebatible que desmiente el informe final de auditoria presentado por la Ase, un hecho que perciben los ciudadanos, son los datos que arrojó la encuesta nacional de impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática en el 2014. Entonces se ubicó a San Luis como el estado más corrupto del país. La tasa de prevalencia por cada 100 mil habitantes fue de 17 mil 907 ciudadanos. Significa que 465 mil 57 personas fueron víctimas de hechos indecentes. “La realidad fue visible para todos, incluso para Martín Toranzo, hermano del ex gobernador, que a finales del 2014 denunció por extorsión y cohecho a funcionarios estatales por involucrarlo en el reparto de obras y contratos. No se supo el final de la denuncia. No se investigaron los señalamientos ni se deslindaron responsabilidades en el informe de la cuenta pública”.

El legislador panista Héctor Mendizábal Pérez respaldó los comentarios de sus compañeras de bancada. No votaría a favor de la cuenta de Toranzo porque no se observaron los principios generales de contabilidad, que permiten garantizar el trabajo de análisis. Calificó de irresponsable, ilegal e injusto, evaluar con un solo dictamen la cuenta final del galeno, cuando abarca 3 meses de Juan Manuel Carreras. Dijo que de acuerdo al estudio que realizó el consejo ciudadano de transparencia y vigilanacia para adquirir y contratar obra pública estatal, durante el periodo del ex gobernador Toranzo, las adjudicaciones directas se dispararon en más del 60%. En el actual gobierno se recuperaron los niveles entre el 11 y 14%. Preguntó si sería justo calificar el desempeño de la actual presidenta del DIF, Lorena Valle, por el despliegue que tuvo María Luisa Ramos…continúa (tomado de la revista, JULIO 2016)