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Acusan al general Arturo Gutiérrez de traerse la delincuencia de Tamaulipas a San Luis

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Ante la falta de resultados para frenar el incremento de la delincuencia en el estado, los diputados Alejandro Flores Flores y la diputada Graciela Gaytán Díaz se pronunciaron por la renuncia del titular de seguridad pública, general Arturo Gutiérrez García, que compareció el 24 de octubre junto con el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, para abordar el tema con motivo de la glosa del primer informe de actividades de Juan Manuel Carreras. En un discurso que se volvió monótono, que leyó de prisa y en ocasiones con voz muy baja, el funcionario mencionó los convenios firmados con los estados vecinos para el combate a la delincuencia. Aludió a las pláticas que ofrecieron sus elementos en las escuelas, los talleres que impartieron, los regalos y juguetes que entregaron en navidad y día del niño. Habló de los apoyos que ofreció con patrullas y elementos a los municipios. Mencionó las estrategias implementadas en Salinas, Matehuala y Ébano. El llamado Base Operativa Mixta, Bom, que se lleva a cabo en la capital donde participa el ejército, marina, la Procuraduría General de la República y corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

Aludió al premio que se le otorgó al estado por el cierre de las cárceles distritales y el trabajo en la reinserción social. Machacó que de octubre del 2015 a octubre del año en curso, en incidencia delictiva el estado obtuvo el primero y segundo lugar comparado con la zona noroeste y los sitios vecinos. Sigue entre los 11 sitios con menos delitos cometidos en el país, por debajo de la media nacional. En la ronda de preguntas, en respuesta al cuestionamiento de la diputada del PRD, Graciela Gaytán, que lo cuestionó de cómo calificaba su desempeño, el militar, orondo, se puso un 10. Destacó que la dependencia a su cargo trabaja en la seguridad, pero también en prevenir delitos. Ubicó a San Luis en primer lugar por la labor de despresurizar las cárceles y evitar el autogobierno. “Sería vituperio hablar de mí. Pero otras autoridades nos mencionan a nivel nacional e internacional, como la cámara de comercio de los Estados Unidos que coloca a San Luis Potosí como uno de los lugares más seguros para invertir. Es lo que valdría la pena tomar en cuenta”.

La legisladora le pidió hablar con la verdad y no enfatizar los hechos de violencia que se presentan en Soledad y la capital, cuando el problema se vive en todo el estado. Le exigió mejorar las estrategias de combate al crimen. Y en caso de no poder con el cargo, empiece a sopesar su renuncia. “Se menciona que usted trabajó muy bien en Tamaulipas. Lo extrañan porque ahora los que vienen a delinquir son de Tamaulipas. Qué triste, usted diga que tiene un 10. Mejor debería diseñar nuevos planes, para que en todo caso, como dicen los niños en la escuela, pase de panzazo, con 6. Me preocupa que cuando habla de la inseguridad, hace un análisis en base a lo que ocurre a nivel nacional. Lo que debe tener es un estudio, pero de lo que sucede en lo local”.

El legislador del PAN, Enrique Flores Flores le dijo que le reconocía su valor de asistir al congreso, cuando tiene a San Luis con un incremento de 400% en secuestros, 140% en el robo de vehículos, 83% en el delito de lesiones, un aumento del 57% en robo a casas habitación, 37% en violaciones, 30% en homicidios y un 26% en extorsiones. “Reconoce usted que su estrategia ha fracasado y considera que su secretaría es la que peor resultados le ha dado al gobernador Juan Manuel Carreras. La gente se siente desprotegida y en el abandono. Mientras el alcalde Ricardo Gallardo ha realizado varios cambios en el gabinete, hasta el de un síndico que es de elección popular. Carreras, como el entrenador de la selección mexicana en el mundial de 1994, Miguel Mejía Barón, se guarda los relevos. Se tarda en hacerlo en la secretaría de seguridad pública». Le pidió al general aclarar si integró y está bajo su mando el grupo policiaco conocido como Los Talibanes que opera en camionetas sin insignias institucionales ni placas.

Gutiérrez insistió en que las estadísticas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la Republica ubican a San Luis y Soledad como los municipios donde se cometen más delitos. Aseguró que cuenta con alternativas para evitar que el crimen organizado se asiente en San Luis Potosí a través de los convenios que realiza con municipios para coordinar policías y recursos y con los estados para blindar las fronteras. Adujo que la policía estatal combate al crimen a través de 18 operativos permanentes. Por su desempeño en conjunto con la policía cibernética, se han evitado extorsiones a los potosinos cuantificadas en 64 millones de pesos. Dijo que en las zonas conflictivas además de los operativos se instalan retenes. Negó que operen en la entidad Los Talibanes, conformado por elementos a su cargo traídos de Tamaulipas.

El legislador Manuel Barrera Guillén les pidió a los comparecientes no hablar de estadísticas y dejar los escritorios para saber lo que en realidad ocurre en las calles. Censuró que anuncien con bombo y platillo, operativos como el Bom, donde dijo que participa hasta el bolero de la esquina, pero dejan en libertad a los tres días a criminales, como los 4 que se detuvieron en la huasteca. A dos se les identificó como el brazo armado del 58, jefe de un grupo que por años se ha dedicado a delinquir en tal zona. Exigió mejorar el salario y las prestaciones de los policías operativos, a los cuales hace un año les prometieron homologarles el sueldo. También renovar el parque vehicular ya que de las 400 patrullas de la policía estatal, el 30% se la pasa en el taller y varias que se encuentran en servicio no corren más de 70 kilómetros. Le dijo a Gutiérrez que no era eficiente para los discursos, sí para enfrentar a los delincuentes. Entonces, lo hiciera porque hasta la fecha había tenido un pésimo papel.

Por su parte, el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconoció el alza en la incidencia de delitos y en los ilícitos atribuidos al crimen organizado, que busca fuentes de financiamiento para establecerse en San Luis. Pero se les combate y no permitirán que se instalen. Atribuyó a un efecto cucaracha y por su cercanía con Tamaulipas, los últimos hechos ocurridos en El Naranjo y Ciudad del Maíz donde un grupo armado, en la madrugada del domingo 23, incendió una bomba de gasolina, asesinaron al trabajador de una empresa refresquera y dispararon a dos camionetas.

San Luis se ubica en el lugar 22 en cuanto a incidencia. Durante los primeros once meses del gobernador Juan Manuel Carreras, se tienen registrados 26 mil delitos. El aumento, justificó, se debe a que el impacto lo clasifican en porcentajes. En septiembre del 2015, no hubo secuestros en la entidad. Ahora un año después, se registraron 2 y aunque ya se aclararon, representan una incidencia del 200%. Aseguró que a través del operativo Bom se combate el crimen organizado. Se tienen ubicadas sus fuentes de ingresos, por lo que son supervisados de forma constante. En 6 semanas fueron cerrados 2 yonques, 11 establecimientos de venta de autopartes, 4 centros nocturnos, 10 bares, 5 casas de masaje, 6 moteles y un negocio de autos usados. Estableció que los ediles a veces patrocinan los grupos criminales, pues les exigen construir las obras. Les imponen gentes en las corporaciones policiacas, por lo que se apoya a los alcaldes para rotar uniformados.

Calificó como un gran problema el robo patrimonial, ya que de enero a septiembre del año en curso, se denunciaron mil 160 atracos a casas habitación contra 966 registrados en el mismo periodo del 2015. Reveló que hace 2 meses, su hijo Alejandro Leal Espinosa, fue la víctima. Los delincuentes le robaron un estéreo, otros equipos y una computadora que se localizó 5 días después a través de un dispositivo que tenía instalado. Se activó al momento de prenderla. Estaba en Lima, Perú. Afirmó que los robos los ejecuta una banda organizada que opera en varias partes del país y comercializan los objetos en otras partes de América del Sur, como ocurrió hace algunos años en el país con el robo de vehículos que se trasladaban en contenedores. Aseguró que el gobierno lucha contra el crimen organizado. Aseguró que la realidad no concuerda con la percepción que se tiene de la inseguridad. Se refirió a dos hechos ocurridos el 3 de octubre, donde fue ejecutado un vendedor de carros y un repartidor de pizzas, lo que derivó en una psicosis creada por las redes sociales…continúa(tomado de la versión impresa, Octubre 2016)

 

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No dejarán que Carreras imponga el Metrobús en Industrias

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                                                   Murillo. Exigencia

La parroquiana Juana Murillo González señaló que el grupo de vecinos inconformes de Industrias busca que se reubique el paso del Metrobús. Exigen que el titular de desarrollo urbano y obras públicas, Leopoldo Stevens, les entregue un proyecto sustentado donde estén claros todos los permisos y medidas. Pero se ha negado a responder. Sólo ha enviado a un joven inexperto que se enreda en sus explicaciones.

Expuso que al llegar el nuevo modelo, apenas tendrán una ruta de traslado de avenida Industrias a la Alameda Juan Sarabia. Se les complicará ir a otras partes. Se va a entorpecerá el flujo de vehículos, debido a que no existirán cruces ni retornos. Los que tienen carro, tendrán problemas para entrar a la cochera. Y si poseen más unidades, no las podrán dejar fuera del domicilio. Los cruces de peatones, personas adultas o con discapacidades, no se respetarán, lo que hará difícil su traslado.

En el aspecto ecológico, afectarán el medio ambiente, ya que tumbarán 3 mil árboles, que son de los lugareños. Los plantaron al llegar hace 30 años. Los comercios se irán a la quiebra y los servicios básicos no se darán con prontitud. Se acrecenterá el problema de las inundaciones en temporada de lluvias. Murillo indicó que las obras benefician en esencia a las armadoras automotrices que llegan a la capital y las constructoras que ejecutarán los trabajos.

Lamentó el nulo respaldo del gobernador Juan Manuel Carreras y del diputado local del PRD, Sergio Desfassiux, que no visita su distrito. El alcalde Ricardo Gallardo alegó no saber nada, pero cuando lo requieran, intervendrá. «La negativa de las autoridades se debe a que están acostumbrados a que en cualquier obra, no manejan la transparencia. Y si Carreras impulsa el Metrobús, nadie lo frenará. Al contrario, han intimidado a los dueños de locales comerciales. Les dijeron que hacienda e Infonavit checarán que permisos e impuestos estén al corriente. O de lo congtrario, habrá represalias contra los deudores».

González indicó que presentaron como alternativa, cambiar el nuevo transporte a la carretera 57 o bulevar Españita. Pero Stevens no hace caso. Ante las nulas respuestas, seguirán todas las instancias correspondientes. Si las máquinas entran a la avenida, irán a la resistencia civil. No dejarán que destruyan su propiedad.

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Carreras no resuelve el mínimo problema, opta por esconderse de la ciudadanía

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A el primer año del sexenio del doctor en derecho, Juan Manuel Carreras, no se notan cambios sustantivos respecto a su antecesor Fernando Toranzo. Su desempeño ha sido catalogado como opaco, nulo y sin ningún interés por sacar adelante a la entidad. “No existe el ánimo por atender las cuestiones de seguridad, donde existen serios problemas. En algunas carreteras no se puede transitar a ciertas horas, las controlan grupos delictivos. Traer gente de otros lados para atender el asunto, no es la mejor alternativa, porque responden a intereses personales. No hay oportunidades para los jóvenes. La pobreza en las zonas marginales y rurales se acentuó. Faltan nuevas fuentes de trabajo que permitan superar la difícil circunstancia económica que se vive. En lo educativo, acaban de iniciarse clases en las universidades, donde creció el número de rechazados. Los costos son casi iguales a los centros privados. En el tema de la salud, el hospital central está saturado y los médicos no dan abasto en atender a los más necesitados. Sin duda, lo único que podemos notar es una política del menor esfuerzo. Es decir, no hay interés por atender algún rubro», destacó el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Sergio Serrano Soriano.

El ex candidato a gobernador indicó que «si hacemos un recuento del desempeño de Carreras, nos encontraríamos que ha sido nulo. Apenas inauguró el libramiento Valles-Tamuín, que fue una obra de varios sexenios atrás. Se habla que reforestó la Sierra de San Miguelito, un tema que maneja cada gobernador que pasa, sin resolverlo. El congreso local lo exhortó para que fuera declarada área natural protegida, pero hizo caso omiso, prefiere proteger los intereses de los desarrolladores urbanos. Sobre el tiradero tóxico de Palula, lo más cercano que hemos escuchado es lo que dijo el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, que es de Matehuala. Comentó que apoyarán a la empresa. El gobernador Carreras no habló al respecto. Aunque buscan llevarse el agua de la huasteca a Monterrey, el señor se quedó callado, sin meter las manos. Ahora tienen el proyecto del metrobús, que según mi punto de vista, sólo habrá de empeorar los problemas con los vecinos de las zonas donde cruzará, ya que tumbarán miles de árboles. No van a reponer ninguno».

Serrano recordó la gris campaña de Carreras. «Siempre buscó pasar desapercibido en los debates, como lo hace ahora. Se llegaron a cancelar algunos porque no acudió. No quería que se tocara cualquier asunto, ya que no era capaz de hacer alguna propuesta. Lo sorprendente es que trabajó como burócrata del ex presidente Felipe Calderón y el ex gobernador Fernando Toranzo. En los debates, lo cuestioné, qué iba a hacer con las tropelías, abusos y desfalco de recursos que hizo su ex jefe. Bajó la voz para decir que lo iba a castigar. Existen evidencias de los malos manejos, pero no hace nada. El alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, ya se le montó, parece el verdadero gobernador. No podemos olvidar que Carreras ganó con la compra de votos. Hizo un acuerdo con Gallardo, para que lo apoyara, en lugar del perredista Fernando Pérez Espinosa. Provocaron una mezcolanza, lo que aumentó las dudas de la gente sobre la verdadera ideología de los partidos”.

«Podemos decir que tales tratos y corrupciones que existen en la entidad provienen de la etapa del ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y Fernando Silva Nieto. Son los que mantienen el control político desde hace muchos años. Imponen personajes cada vez más opacos, que no están dispuestos a hacer algo por la ciudadanía. Lo único que les interesa es mantener el estatus quo, para vivir cómodos. No tiene deseos de gobernar. Ni siquiera resolver problemas tan mínimos como el de los taxistas con Uber. Lo único que podemos esperar es que todo se deteriore, dejar un gran espacio para que otra gente actúe, como la delincuencia organizada. Sin duda, Juan Manuel Carreras, no ha sido más que un burócrata de medio pelo, que sólo le interesa su beneficio. Después buscará esconderse más y adoptará actitudes como las de Toranzo que en los últimos años de sus gestiones, se volvió prepotente, capaz de cometer cualquier fechoría y actos de fuerza contra la gente».

«Toranzo cuando menos hizo el intento de castigar algunos desmanes, como los de la ex vocera gubernamental, María Luisa Paulín. Encerró también al ex secretario de finanzas, Joel Azuara y le fijó una multa estrepitosa al contador público Marcelo de los Santos Fraga. Pero Carreras no castigó a su ex jefe por los negocios que hizo junto con su familia. Ahora de nuevo, todos meten las manos a las arcas, prefieren nadar de a muertito. Estamos inmersos en un mar de corrupción. Prevalece una cultura política nacional que permite a las autoridades sacar ventaja de sus actos. No hacen nada por la entidad, porque saben que no habrá consecuencias de ningún tipo. Cuando termine su periodo, habrá alguien del partido que sea que les cubrirá las espaldas. Es lo que sopesan para no rendir cuentas a nadie”. Serrano enfatizó que ante la ausencia de Carreras en su gobierno, las prácticas corporativas y clientelares del alcalde Ricardo Gallardo Juárez ganan terreno.

El doctor en derecho le ha permitido crecer al edil, que con su populismo se afianza, es un peligro, un cacique al estilo de Carlos Jonguitud y Gonzalo Santos. «Lo único distinto es que el perredista reparte despensas y purificadoras de agua con los recursos que se deberían destinar para obras que beneficien a los potosinos, brindar servicios eficientes y generar empleos. Pero la ciudad está llena de baches. Prometió resolverlos en 100 días, después en un año, que ya concluyó y el problema sigue igual. El gobierno estatal y municipal no sirven para revolver ningún tipo de problema. Uno se esconde y el otro hace proselitismo electoral. El panorama para San Luis Potosí es de desconsuelo. Ojalá que Carreras tome las riendas o la ciudadanía se hundirá en la espiral de la delincuencia, inseguridad, corruptelas, pobreza y desempleo».

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Sectores sociales claman por seguridad

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En términos simples entendemos la palabra seguridad como la ausencia de peligro o riesgo para nuestra vida, patrimonio, trabajo y familia principalmente. Es también el sentimiento de bienestar que nos brinda una sensación de confianza que tenemos en algo o en alguien. Desde el punto de vista social, la seguridad debe ser la garantía que tienen las personas de estar libres de todo daño, amenaza o peligro; es la necesidad de sentirse protegidas contra todo aquello que pueda perturbar o atentar contra su integridad física, moral, social y hasta económica. Así, la seguridad social se refiere al conjunto de normas o reglas de comportamiento obligatorias que dicta el gobierno, que forman parte de las garantías individuales y sociales que conforman la Constitución Política Mexicana, con los derechos fundamentales que los ciudadanos mexicanos debemos gozar plenamente, que son los de libertad, seguridad, igualdad y propiedad.

En la legislación potosina, la Constitución Política igualmente nos garantiza los mismos derechos que la Constitución Federal, pero en la realidad de los acontecimientos que hemos estado viviendo en los últimos días en las diversas regiones del estado, el problema de la inseguridad se ha incrementado. Según lo leímos en la nota de Jorge Torres, de La Jornada San Luis, que dice: “El presidente de la Asociación Potosina de Abogados, Vicente Rosas Serrano, señaló que, aunque no se está todavía en una situación de alerta, sí preocupa la creciente inseguridad que se está viviendo en el estado, especialmente contra el gremio al que pertenece, esto después de la muerte del conocido abogado René Cervantes Gutiérrez, ocurrida la madrugada del lunes en Matehuala, por lo que exigió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Arturo Gutiérrez García, atender este problema y que brinde seguridad tanto a los abogados como a la ciudadanía en general”.
Como reacción a la inseguridad, el diputado Héctor Mendizábal solicitó ayer a las autoridades que apliquen medidas urgentes que contengan el índice delictivo y, sobre todo, que no se caiga en la impunidad, ya que todos estos actos violentos deben ser castigados y los responsables llevados ante la justicia. El diputado panista agregó que está impunidad lo único que provoca es más inseguridad e indicó que los diputados están dispuestos a trabajar de la mano con las autoridades en materia de seguridad pública, en particular con la Secretaría de Seguridad para hacer las reformas que sean necesarias toda vez que la inseguridad va creciendo, señaló.

El presidente municipal de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez, reconoció ayer que es insuficiente la coordinación que existe entre la Policía Municipal y la Policía Estatal para la disminución a los índices delictivos que se han registrado en los últimos días, por lo que es factible la presencia del Ejército mexicano en la capital para reforzar la seguridad. Y hasta exhortó al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, para que haga presión al desempeño de todos sus funcionarios, incluyendo a Arturo Gutiérrez, quien lidera el Mando Único en todo el estado potosino. La Iglesia católica, por conducto de su vocero, José Priego Rivera, conminó a los diversos niveles gubernamentales a colaborar entre sí, a fin de erradicar la inseguridad. Estas son las voces que los medios de comunicación difunden, pero existen miles de potosinos que clamamos por gozar de la seguridad en el estado, estamos cansados de escuchar que hay otros estados peores. Eso ya lo sabemos, el país tiene una gran crisis de credibilidad en el gobierno. La inseguridad es como hierba mala que no se arranca de raíz. Pero como potosinos, nos interesa nuestra entidad, queremos que bajen los índices de corrupción, que la seguridad se convierta en una realidad tangible. Que los diputados funcionen, que la impunidad cese. Que se castigue a los malos funcionarios. Necesitamos acciones concretas para revertir el problema en todos los niveles. Ya es tiempo de reivindicar la seguridad. Es nuestro clamor.

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Soledad se convirtió en un cementerio de narco fosas clandestinas en la etapa de Gallardo Juárez

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El ex comandante de la policía judicial, Julio Alfredo Ceballos Alonso, reveló que en la etapa del ex edil de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez, se llevaron a cabo decenas de desapariciones forzadas de pandilleros que terminaron sepultados en narco fosas. Expuso que algunas tumbas se localizaron en un rancho del ex director de la policía municipal, Jesús Maldonado, colindante con Armadillo de los Infante y Cándido Navarro. Resaltó que la delincuencia organizada arribó al municipio conurbado con el alcalde panista Juan Manuel Velázquez, pero alcanzó su mayor esplendor con Gallardo, que despojó de toda fortuna a su antecesor. Le quitó maquinaria, dinero y múltiples propiedades. En la época del terror, en las notarías se registraron incontables cesiones de terrenos a favor del temible munícipe. Es el dueño absoluto del municipio. Ceballos relató que Gallardo formó un grupo de operaciones que capitaneó el ex director Gerardo Aníbal, ahora encerrado en el penal de Santa Adelaida, Matamoros, que auxiliado por Los Zetas, se dedicaron a desaparecer a chavos banda, que obstaculizaron sus labores financieras. Los que aceptaron ser halcones o sicarios, salvaron sus almas. Los demás, ingenuos, que buscaron el choque directo, fueron masacrados, borrados de sus míseras colonias. Entonces se supo que de una tumba fueron extraídos 50 cuerpos, que fueron trasladados a Tamaulipas en un misterioso autobús. Ceballos destacó que al iniciar secretas excavaciones en Soledad el procurador Federico Garza, el gobernador Juan Manuel Carreras tuvo una oportunidad de oro para sacudirse a su inexorable verdugo, Gallardo Juárez, que también lo ha sepultado con su exagerado protagonismo. Era el momento vital de pedirle cuentas a Gallardo, que convirtió a Soledad en un cementerio. Muchas familias todavía esperan saber el destino final de sus seres amados.

-En Soledad escarbó la procuraduría para destapar las narco fosas.

-Hemos tenido muchas entrevistas de distintos tópicos y ahora será sobre el caso de las desapariciones forzadas. Hay muchas víctimas, no se ha solucionado ningún caso. Hemos tocado de forma tangencial el tema de las narco fosas. Desde algunos años atrás he denunciado en qué terreno se ubican. En particular, Cándido Navararro, Enrique Estrada, en los límites con Armadillo de los Infante y Soledad, en lo que es la colonia La Constancia. Se rumora en el bajo mundo, en los lugares donde se mueve el crimen organizado, como los mercados, barrios, las pandillas, que son los sitios, los espacios del campo abierto donde podemos ubicar en un triángulo, la gasolinera del avión, la escuela de agronomía de la universidad autónoma y el psiquiátrico Chicosein, donde están las narco fosas. Recordemos que tenemos mucha gente desaparecida de manera forzada. Es un delito que se inicia en la segunda guerra mundial, con el decreto noche y niebla establecido por Adolfo Hitler a favor de la Gestapo y las tropas de asalto de la seguridad secreta. Tenían la facultad de allanar domicilios en la madrugada, detener judíos. Era el estado, los policías, los cuerpos de seguridad los que desaparecen. Entonces, es donde se crea el perfil del delito, las desapariciones forzadas. Tenemos ejemplos más recientes en las dictaduras latinoamericanas, como Argentina y Chile, donde el estado aniquila a la gente. ¿Cuáles son las características?. Primero levantan, secuestran, privan de la libertad a la víctima. En lo general es un enemigo político. En el caso de México, en la narco guerra, no es un político, es un contrario de otro grupo rival o un particular. En el caso del secuestro, la finalidad es el rescate económico, el beneficio. En la desaparición forzada y levantón, el objetivo es causar la muerte al individuo o víctima, que nunca regresa.

«Tenemos casos muy sonados y particulares de desapariciones forzadas. Como la de los comandantes de la policía ministerial Mauro Bausari y Jaime Guzmán. La de seis custodios, varios policías y muchos particulares. Está el de mi amigo escritor Israel Cárdenas. En México, en particular San Luis Potosí, el crimen organizado desaparece a un enemigo. Es un problema entre mafias. Pero en las desapariciones forzadas interviene la autoridad, los cuerpos policiales. Todos tenemos conocimiento que en el estado y el resto de la república, hay casos en los que la policía tiene sus retenes. Y de repente llega una persona que por algún motivo no les simpatiza. O no les late y lo privan de la libertad. Uno no se inquieta, se imagina que es la policía. Consideran que es un abuso pero lo llevarán a las celdas o ministerio público. Pero no sucede y lo entregan al crimen organizado. A tales personas jamás se les vuelve a mirar. Supongamos que se trata de un empleado. Antes, si alguien compraba una casa de interés social, en el contrato se consignaba que si la persona fallecía, la vivienda quedaba saldada. Los seguros de vida de un desaparecido, son ambivalentes. No está vivo pero tampoco muerto. Entonces, para efectos de una casa en particular, queda saldada con la muerte del individuo, ¿pero dónde está el cuerpo?. Si la familia quiere cobrar los seguros de vida, son efectivos cuando está el difunto. Para tales efectos, lo consideran vivo. Es un problema policial y jurídico. La gente cree que el físico de un desaparecido o asesinado es el cuerpo del delito. No, en términos doctrinales, es una parte del cuerpo del delito, que se construye con el cadáver del muerto, las armas que se utilizaron, los cálculos y todo lo que rodea al fenómeno de desaparecer una persona. Se puede determinar una pesquisa sin cuerpo. Es decir, nuestras policías dicen, no hay cuerpo, no hay delito qué perseguir. Están equivocados. Antes, para que una persona víctima de desaparición forzada, se determinara la presunción de muerte judicial, tenían que pasar 5 ó 6 años. En tiempos de paz. Pero es la fase de guerra, como la que se vive en México contra el narcotráfico, entonces debe disminuir el lapso. Los trámites de desaparición forzada deben ser a los dos años. Lo comento de una forma tal vez apocalíptica o indebida, si una persona tiene un hermano, hijo o esposo, si durante un año no tiene noticias, hay que presumir su muerte debido al estado de caos y violencia que se vive en el país. Se ha generado un mito cuando por ejemplo, desaparece un hermano. Lo suavizan cuando se imaginan que lo trae un grupo del crimen organizado en otras partes de la república. Y que a lo mejor viene en uno o dos años. Yo sostengo que está muerto».

«En las narcos fosas hay un punto importante. El Tanque Tenorio se alimenta de aguas negras. Ignoro de dónde procedan, pero durante muchos años han aparecido decenas de cadáveres. Volvemos a lo mismo, están putrefactos o son osamentas que nunca se detectaron. Hay que ser claros, cuando tiran un cuerpo a la intemperie, la gente lo mira porque es su ruta de paso o usan el agua para regadío. Podemos suponer que muchos están en el fondo. Tal vez anclados con una piedra. Algunos que se han encontrado a las orillas, son osamentas. Se los comieron las hormigas, depredadores naturales o animales carroñeros que de una forma rápida destruyen el cuerpo. Yo quiero que me digan las autoridades de quienes son, a qué personas corresponden. Tenemos muchos desaparecidos en San Luis Potosí. ¿Qué finalidad tienen los cuerpos?. Por favor, no digan que terminan en una fosa común. Los cadáveres se deben almacenar, hacer una prueba de adn. Tenemos un problema en todo México. Me pregunto ¿quién va a identificar los restos humanos con criterios forenses?. Es decir, la osamenta, la cabeza, la columna vertebral, en algún momento pertenecieron a un ser humano. ¿A quién corresponde?. Las familias tienen derecho a la verdad. Es una prerrogativa constitucional se haga un análisis serio, exhaustivo y con resultados. Lo que sucede es que los cuerpos se van a la fosa común. Y si años después alguien los reclama, no existe una base de datos, contar con el adn, saber a dónde se fueron los restos humanos, en qué parte están sepultados. No se deben incinerar, menos tirar a una fosa común 50 restos humanos. Para las autoridades es muy fácil hacerlo, pero las 50 personas nunca van a aparecer y jamás sabremos qué les pasó ni quienes son».

-¿Todavía se puede hacer un análisis?

-Claro, implementar pruebas de adn mitocondrial que remite al linaje materno. Si seguimos el de las mujeres, su historial puede llegar de los 200 a 400 años. Se puede saber quién lo heredó. Entonces, si hay una osamenta, podemos obtener el material genético y se contrapone con el de las mamás de los desaparecidos. Es el más efectivo, ¿pero quién lo va a realizar?. Hace años se discutió en San Luis Potosí que tenían un equipo para practicar muestras de adn y nunca se usó. O está perdido o es inservible. No son sólo los aparatos… continúa (tomado de la versión impresa, JULIO 2016)

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Carreras le garantizó impunidad a Toranzo por haberlo promovido como su relevo

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Rehén de las facciones que lo llevaron al cargo, acusado de ganar los comicios con un fraude de estado, vilipendiado por el alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez, que lo ha enterrado con su atroz protagonismo, a casi un año de omisiones, el mandatario Juan Manuel Carreras no tiene una obra significativa que sintetice el cambio lleno de esperanzas que prometió a los potosinos. Aunque alardeó castigar las corruptelas e impunidades, se convirtió en un feroz defensor de los latrocinios cometidos por su antecesor y principal mecenas, el galeno de bajísimo perfil, Fernando Toranzo, que se confabuló con el actual diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, un factotum con gran influencia en el gabinete estatal, poder legislativo y judicial. Acusado de traicionar al PRI para brincarse cómodo al sexenio del panista Felipe Calderón, Carreras también fue exhibido de alterar sus declaraciones patrimoniales que acrecentó desmedido como titular del sector educativo. En su corto mandato, las ejecuciones, secuestros, robos y asesinatos se incrementaron en términos geométricos. Su gran respuesta institucional fue que Guanajuato está peor. Huidizo, sin carácter, complaciente con los diversos grupos que lo presionan, ha optado entronizar el esquema del dejar hacer y pasar. Sus propios correligionarios lo han estigmatizado: Toranzo y Ochoa lo pusieron de tapadera. Incluso, que ya formó su propio equipo de recaudadores, para saquear las arcas.

En la amplia gama de aspirantes a la gubernatura, Carreras era el que menos opciones tenía, por renunciar a su sempiterna doctrina para convertirse en repentino panista y colaborar con su ex compañero de la Escuela Libre de Derecho, Felipe Calderón, que lo ubicó como director de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra y luego titular del Fideicomiso de Ahorro de la Energía Eléctrica. La llegada de Carreras tiene como histórico antecedente la debacle del PRI en Soledad, donde en 20 años no han podido recuperar la alcaldía por las diversas negociaciones de las cúpulas. La debacle comenzó con el ex gobernador de cuatro años, Horacio Sánchez Unzueta, que para desmantelar el cacicazgo del ex líder de la CTM, José Guadalupe Vega Macías, para derrotar a su hija, Magdalena Vega Escobedo, infló como adversario a través del extinto Partido Auténtico de la Revolución Democrática, a su delfín, el litigante Roberto Cervantes Barajas, que se impuso sin mayores dificultades. Protegido por su oscuro impulsor, repitió después en la alcaldía con las siglas del PRD. En las dos veces exprimió el erario para su ventaja personal. Además de otros padrinos, Carreras inició su despegue local a la sombra de Sánchez Unzueta y su alfil Fernando Silva Nieto, que lo hicieron delegado de programación y presupuesto, secretario de desarrollo social, secretario de finanzas y diputado federal, donde trabó amistad con Calderón.

Pero a Carreras también lo favoreció su tarea de cargarle el maletín al que se desempeñó como embajador de México en Chile, Gonzalo Toribio Martínez Corbalá, «maestro político» del ex presidente Carlos Salinas que lo puso al frente del Issste y del Infonavit. Luego lo envió de gobernador interino, para suplir a otro interino, Teófilo Torres Corzo. Además lo usó para ensayar la asonada reeleccionista, que le pudo servirle para perpetuarse otro sexenio. Martínez Corbalá obligado a convocar a nuevos comicios, renunció a su encargo temporal para registrarse como el favorito de la charada electoral. Las protestas alcanzaron rango nacional y pudieron desencadenar una revuelta civil. En su desastroso paso por San Luis, siempre tuvo de confidente cercano a Carreras López. Para contener y desacreditar al líder cívico Salvador Nava, Salinas determinó que concluyera el sexenio su yerno Horacio Sánchez Unzueta, que tuvo de fáciles opositores a su suegra, Concepción Calvillo Alonso. Por las concertacesiones de Salinas con la dirigencia nacional, aceptó fácil la derrota el panista Jorge Lozano, que luego fue premiado como senador y alcalde de la capital, donde hizo millonarios negocios. Desde entonces Sánchez Unzueta se convirtió en el maximato. Impuso en la contienda interna a su alumno Fernando Silva Nieto en detrimento del último dirigente del llamado Grupo Universidad, Juan Ramiro Robledo.

Sánchez jugó un papel capital para colar al falso panista Marcelo de los Santos, que se dejó ganar con fraude para favorecer a Silva. En una segunda oportunidad, de manera simultánea, casi ajeno a la influencia del centro, manejó la pactada alternancia para empujar la llegada del contador público. Ahora el sacrificado por el PRI resultó el ingenuo ex alcalde de la capital, Luis José García Julián. En la etapa de Marcelo de los Santos, el poder tras el trono ubicó como secretario de salud al médico de escasas luces, Fernando Toranzo, donde empezó una silenciosa campaña con fines sucesorios. Horacio Sánchez tenía una doble encomienda, enterrar para siempre al único contrapeso histórico que hubo en las filas panistas, al ex senador y ex edil de la capital, José Alejandro Zapata Perogordo. Nunca se creyó que fuera el candidato, compadre y amigo cercano de Calderón, con el que se había distanciado cuando decidió apoyar al ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, en la lucha por alcanzar la presidencia de la república. Sánchez, aliado a Marcelo de los Santos, armaron la celada. Toranzo tenía 12 años de ventaja, ya que con Silva fue director del Hospital Central Ignacio Morones Prieto y diputado local. Para evitar el desgaste, fue destapado en la fase final de los registros. Zapata mordió el polvo. Sánchez Unzueta le dio una segunda tunda cuando intentó buscar otra vez la alcaldía de la capital. Lo doblegó con el novato ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario García Valdés.

Renuente a extinguirse, Zapata insistió en buscar la gubernatura. Sin conexiones en las altas esferas de la burocracia partidista, fue pisoteado con chicanas en la pelea interna por el llamado Círculo Azul, que capitanea el ex diputado federal, Juan Pablo Escobar, que coló a la senadora Sonia Mendoza. Cuando Toranzo asumió el cargo, se volvió introvertido, visceral, bipolar, energúmeno. Sin embargo, no pudo zafarse de la cadena que lo ató a Sánchez Unzueta, que se convirtió en el inamovible presidente del patronato para regenerar el centro histórico, donde no rinde cuentas a nadie de las cifras millonarias que maneja. Mantuvo a su esposa Concepción Guadalupe Nava Calvillo como directora del Consejo Tutelar de Menores. Hizo secretario de desarrollo urbano, obras públicas y vialidades a su cuñado, Luis Alfonso Nava Calvillo, que salió por entregar a sus cuates en licitaciones amañadas, los contratos más boyantes. Por sus constantes ataques de rabia, Toranzo logró correr a los dos brazos derechos de Sánchez Unzueta, el asesor jurídico, Leonel Serrato y al jefe de asesores, Juan José Rodríguez Medina, que se convirtió en un feroz crítico del galeno como articulista del diario Pulso, donde antes fue director ejecutivo. El cirujano desmanteló el 90% del gabinete original por sus ataques de coraje. Optó irse de pesca, abandonó las oficinas para no atender a la ciudadanía. Le dejó la casa de gobierno a un hijo recién casado. Compartió el poder con su esposa, la presidenta del DIF, María Luisa Ramos Segura, que hizo incontables negocios con la hacienda pública, junto con el secretario de gobierno, Cándido Ochoa, que enquistó hasta la fecha, la mayoría de las dependencias con incondicionales. Entonces se habló que en San Luis había tres gobernantes. El ex director de los parques Tangamanga, Martín Toranzo, pidió cárcel para el poderoso trío, por corruptos.

Después de la primera campaña para la alcaldía de Soledad, el comerciante pollero, Ricardo Gallardo Juárez, casi quedó en la bancarrota, vencido por el panista Juan Manuel Velázquez. Lo oxigenó Toranzo y Sánchez Unzueta, que en su cruzada para desmantelar los mínimos contrapesos regionales, tenía como meta pendiente acabar con el reducto del cacique Mario Velázquez, padre de la dos veces candidata del PRI, Amalia Velázquez, cuyo futuro ya estaba hipotecado. Entonces iba a edificar uno nuevo, bajo su férula, pero más peligroso. Con el respaldo de Toranzo, Ochoa y Sánchez Unzueta, Gallardo le ganó fácil al panista Gerardo Zamanillo, al que ya había vendido el dirigente estatal del PAN, Héctor Mendizábal, que escaló posiciones por el usufructo de incontables derrotas. Gallardo siempre buscó contender por el PRI, peros sus impulsores lo contuvieron para mejores coyunturas. Protegido por sus financiadores, Gallardo trazó un plan para eternizarse en Soledad. Se le vinculó a grupos criminales para golpear e intimidar a sus enemigos, compró en cantidades millonarias la complicidad de la prensa y recurrió al populismo para enraizarse en las clases marginales. Le heredó el cargo a su hijo, Ricardo Gallardo Cardona. Juntos se enriquecieron al extremo de la hacienda pública. Para evitar sobresaltos, salpicaron benévolos a todo mundo. Pero fueron abandonados cuando Gallardo Cardona fue detenido por malversar 200 millones de pesos y presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Sánchez Unzueta, Toranzo y Ochoa, le garantizaron al presidente Enrique Peña que podrían mantener la gubernatura si le sacaban doble provecho a la captura del ex edil, que era el preferido en las encuestas para relevar al fallido galeno. Negociaron con el padre entregarle la capital, Soledad, cinco curules locales, dos federales y otros ayuntamientos a cambio de los más de 200 mil votos que le consiguió a Carreras, que esperó sentado la victoria. La inminente alternancia con la panista Sonia Mendoza se esfumó por el mega fraude electoral que hizo ganar a Carreras. Gallardo Cardona al año recuperó su libertad…continúa (tomado de la versión impres, JULIO 2016)

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Regresamos

Colaboradores, Opinion, , , , , , , ,

Han transcurrido dos años, exactamente el 24 de julio se cumplieron, cuando fui privado de mi libertad de manera ilegal por unos sujetos de aspecto delincuencial y usando vehículos institucionales de la policía municipal de Soledad, evidenciando que está en manos de delincuentes, no eran agentes, su corte de pelo no concordaba con el tradicional de los cadetes. El operativo fue comandado por el nefasto y entonces secretario del ayuntamiento, hoy síndico, Pedro Olvera Vázquez.

En aquel entonces orquestó la privación de la libertad de algunos lideres de los carretoneros, denominación dada por ser vehículos de tracción animal, como el líder del Movimiento del Pueblo Libre, Pedro Torres y su servidor, acto que solo se logró en mi persona y días después con el secuestro de la hija del líder social.

En el acto ilegal se me acusó de los siguientes delitos. Primero, daños a las vías de comunicación federal. Segundo, daños a las vías de comunicación estatal. Tercero, lesiones graves en cuerpo y rostro de algunos elementos policiacos. Cuarto, sedición y motín y quinto, ultraje a la autoridad.

Actos por los cuales fui recluido al penal de La Pila, iniciando una férrea defensa por mis abogados. Fui absuelto por el delito de daños a las vías de comunicación federal. Luego del delito de daños a las vías de comunicación. Después por sedición y motín y lesiones graves a elementos policíacos, al no poder aportar prueba alguna por ser falso, quedando absuelto de los mismos, motivo por el cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación consistente en la capacitación a los uniformados y trato positivo a los detenidos, misma que fue desdeñada como es su costumbre. Todas las acusaciones fueron insostenibles por no aportar prueba alguna y no acudir los supuestos elemento policíacos lesionados a ratificar su querella por no contar con un dictamen médico legista que avalara su dicho, dejaron sólo el delito de ultrajes a la autoridad.

Pues bien, por el contubernio entre el ayuntamiento encabezado por la familia Gallardo y el gobierno estatal, primero con Fernando Toranzo y después por Juan Manuel Carreras López, ambos para pagar favores político electorales, orquestaron la felonía fuera de ley. Me sostuvieron el delito de ultrajes a la autoridad para mantenerme libre bajo fianza, en el entendido de que si reincidía me cancelaban la libertad condicional.

La asociación abusiva entre el ejecutivo del estado y los Gallardo me tuvieron sojuzgado por dos largos años, para mantenerme quieto por un acto que aparte de ser falso, no es calificado como delito según dictamen de la Suprema Corte Justicia de la Nación.

El código penal dicta que a nadie se le puede mantener en libertad condicional o prisión preventiva sin que se le dicte culpabilidad o inocencia en un plazo no mayor a dos años. Significa que lo estuvieron calculando minuto a minuto y al no tener más recurso y opción, me decretan libertad en la víspera, so pena de que mi caso pasara a la Suprema Corte por inconstitucional. A quienes me leen, a quienes no pero se enteran, a mis compañeros, amigos, enemigos y detractores, a la sociedad en general les digo, ya estoy de vuelta. La lucha sigue. Sólo es derrotado el que deja de luchar (Maquío).

Atentamente, un ciudadano bronco y rebelde.

En opinión de: Raúl Paulín Rojas
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Schiaffino se estrella con la estructura gubernamental que encubre a Gallardo Juárez

Capital, Noticias, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

El controvertido delegado del PRI en San Luis, Jorge Schiaffino Isunza, no obstante tener en contra al gobernador Juan Manuel Carreras, el sector de los llamados diputados broncos y al mismo dirigente estatal del partido, Martín Juárez Córdoba, no se cansa de pregonar que el ayuntamiento de la capital y de Soledad, controlados por el comerciante pollero, Ricardo Gallardo Juárez, están bajo la férula del crimen organizado, que es capaz de violentar el estado de derecho. La ira del quejoso se desató cuando se supo que el auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, de un tajo, sin el mínimo análisis, borró las observaciones que se hicieron a los tres primeros meses del desempeño del polémico edil, donde se incluyen los 34 millones de pesos que entregó sin licitar a la fantasmal proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz. Se especuló además que Gallardo negoció su impunidad a cambio de olvidarse de las bravatas contra sus antecesores, Victoria Labastida y Mario García, que también tuvieron un desempeño desastroso y dejaron las arcas vacías. Entrevistado por el Canal 7 local, destacó que el blanqueo de la cuenta pública del munícipe significa la presencia de dinero mal habido que se utiliza para el clientelismo político y lavar las fallas administrativas. El político oriundo del Distrito Federal recalcó que el ocultamiento de datos corrobora que todo lo maneja a través del crimen organizado. Se constata por los varios tentáculos para comprar voluntades y desaparecer hechos tan evidentes. Es peligroso lo que acontece, ya que no se sabe en manos de quién se encuentran los potosinos.

Tal vez Schiaffino ignora la complicidad que existe entre el gobernador Juan Manuel Carreras y Gallardo, al que le debe el cargo, ya que le aportó a través de sus tentáculos corporativos, más de 200 mil votos. El polémico edil llegó al cenit gracias al irrestricto respaldo del ex gobernador Fernando Toranzo y del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, con amplia influencia en el ala priista del congreso local. Carreras también obedece al fallido galeno Toranzo, que antes lo ocupó como secretario del ramo educativo. Es la enmarañada y sólida estructura que enfrentó Schiaffino, que rápido lo minimizó. El coordinador de los legisladores del PRI, Fernando Chávez Méndez, que suplió en días recientes a la poco eficiente Marta Orta, destacó que las declaraciones del delegado no contribuyen en nada a generar un ambiente positivo a nivel local. Destacó que no compartía sus opiniones a título personal, ya que el PRI de San Luis siempre ha buscado la civilidad democrática. Expuso que confían en las instituciones para sancionar las irregularidades con documentos y expedientes fundados. El subsecretario de enlace institucional, José Ángel Castillo Torres, calificó de temerarias las acusaciones, que no abonan a la gobernabilidad. Le exigió aclarar los exabruptos, ya que se había equivocado. Toranzo designó auditor a Martínez para que le cubriera los saqueos millonarios que hizo junto con su esposa, la ex presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, que repartió contratos millonarios a cambio de jugosos sobornos. Chávez tiene la consigna de evitar la mínima falla que los lleve al banquillo de los acusados, ya que se coludió con Ramos en el tráfico de desayunos escolares y la compra inflada de estufas ecológicas. El enlace del ejecutivo con el congreso, Ángel Castillo, fue en el anterior sexenio director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado. El grupo de los llamados Broncos ha obtenido diversas canonjías de Gallardo, como aceptar una lista de recomendados que se desempeñan como aviadores.

Schiaffino fue descobijado de girar instrucciones a los diputados del PRI para atacar a Gallardo, por órdenes de México, ya que se trata del «personaje con más influencia en San Luis, al gobernar con sus fuerzas políticas el núcleo poblacional metropolitano, el más numeroso del estado». Se dijo que al momento de filtrar la consigna, lo acompañó Ángel Castillo y el dirigente estatal del PRI, Martín Juárez. El motivo de la asonada sería que el edil iba a entablar procesos penales contra sus predecesores Victoria Labastida y Mario García. En lugar del apoyo automático, provocó la ira de sus correligionarios José Luis Romero, Alejandro Segovia, Fernando Pérez, Marta Orta y Óscar Bautista. Romero fanfarroneó que el edil era su amigo y le iba a llamar para ponerlo al tanto de las maquinaciones. En un boletín sin firma que se atribuyó al jefe de prensa estatal, Adrián Vázquez, se estableció que Carreras jamás ordenó atacar al munícipe desde el congreso u otro ámbito. Precisaron que el delegado «fue mal aconsejado. Conoce muy poco de la realidad política local, que origina el desplante golpeador. No revisa ni mide las consecuencias». Se exaltó que Martín Juárez y la secretaria del partido, Sara Rocha, «han guardado prudencia y conservado los equilibrios para evitar descalificaciones». Enfatizaron que el único interesado en desgastar la imagen de Gallardo era Schiaffino. Se insistió en que Carreras busca «cerrar filas y establecer alianzas para dar el empuje que necesita San Luis». Le restregaron al defeño le haga al auditor con los mandos opositores…continúa (tomado de la versión impresa, JUNIO 2016)

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La Ley Procesal Penal Nacional

Colaboradores, Opinion, , , , , ,

El 18 de junio fue el nacimiento definitivo o arranque del nuevo Sistema Penal Acusatorio en todo el país, nace nuestro bebé justiciero que en sus entrañas lleva la buena nueva de la justicia mexicana. A partir de entonces, todo la república, sin distingos, lo tendrá que aplicar en sus ámbitos de competencia. El naciente ya está muy meneado, por lo cual esperamos no se le haya caído la mollera, como decía mi madre. Entonces, cambia todo el sistema de justicia desde sus conceptos básicos, protocolos y aplicación. Todo se ha renovado, corregido y aumentado, con el único noble fin de que en México exista una justicia que en verdad sea pronta, expedita y cierta.

Hay que agradecer a los tribunales internacionales que se aprestaron a ordenarle a México cambiar la constitución en los artículos claves a los derechos y la certeza jurídica, como el 1º, 14, 16, 17, 18 ,19, 20, 21 y 22 de la carta magna, así como las formas y conceptos para los juzgadores en general y hasta su apreciación de los hechos en la impartición de justicia a resueltas de la resolución de la petición de justicia del caso Radilla Pacheco que llegó a una instancia internacional de protección de los derechos jurídicos de las personas, que por gusto e iniciativa de nuestro sistema político, estoy más que seguro, jamás se hubiera al menos intentado algo parecido.

Para operar un cambio, el sistema político gobernante argumentaría como pretextos, la falta de presupuesto y lo inviable de modificar la constitución, pero eso ya pasó. El tribunal internacional ordenó al gobierno mexicano hacer todo lo que parecería imposible y se concretó. La autoridad acató y desde el preámbulo, algunos cambios se generaron en el 2008 y hasta que culminó, se implementó el sistema para lo que fijó un término perentorio que culmina el 18 de junio del 2016. El sistema de justicia cambia porque cambia.

Hay que aplaudir que el gobierno mexicano destinó millones y millones de pesos desde el inicio en el 2008 y hasta el momento a los estados, carretadas de dinero que se destinaron o al menos se canalizaron a capacitación e infraestructura, para contar con lo más necesario para operar el naciente nuevo sistema penal acusatorio en la gran mayoría de las entidades, como San Luis Potosí a donde su anterior gobierno le tocó hacer los preparativos iniciales para entrar al sistema con todo lo necesario. Pero no atendió ni en lo mínimo las necesidades que ya mencioné.

Recibió los recursos y los gastó sin restricciones, aunque no se sabe dónde. El recién estrenado mandato de Juan Manuel Carreras ha tenido que bailar con la más fea. En las últimas fechas, la maquinaria, como siempre, camina a todo vapor en la capacitación, habilita infraestructura muy raquítica y con algunos cursos intensivos, busca que los involucrados del estado tengan la preparación suficiente para manejar el nuevo sistema penal en la entidad, qué bonito sería, pero no, es más complejo de lo que parece.

Es que cambia toda la estructura en interpretación del derecho penal mexicano. Los primeros resultados aceptables se verán en unos 10 años. Ni aunque se usara un microchip sacado del entendimiento de Miguel Carbonell sobre el nuevo sistema penal y se implantara a todos los actores, se obtendría el resultado esperado en el estado y para quienes no lo saben, en el nuevo sistema penal acusatorio, se juzgará primero el desempeño de los agentes en los delitos en flagrancia, la obtención de las pruebas, la preservación y conducción de la evidencia, la detención y conducción y la detención del imputado, se verá la posibilidad de la salida negociada por medio de los mecanismos alternos y forma de terminación anticipada de los acuerdos preparatorios.

Para ser precisos, habrá de operar en los delitos que la penalidad lo permita. Es decir, en los que la pena no sea mayor según la media aritmética a los 5 años de prisión. Los diversos delitos que no entren en el esquema, estarán bajo la lupa todas la actuaciones de forma tan escrupulosa que la mínima falla en cualquiera de las etapas previas o de las actuaciones obligará al juez de control o del juicio decretar la libertad del imputado, quien de entrada, no podrá ser señalado de forma distinta. Es decir, no se le podrá ni deberá llamar acusado, inculpado, procesado, presunto, agresor o delincuente, de ninguna forma que la expresión tenga como objeto presumir su responsabilidad, ya que vulneraría sus derechos humanos y tendría consecuencias fatales dentro del juicio en contra de la víctima u ofendido.

La clave del nuevo proceso penal está en el manejo que en el inicio le conceda toda aquella autoridad que tenga conocimiento en la primera línea de la noticia criminal o los hechos constitutivos del delito y del manejo que le de a la información y la evidencia, será preponderante para el resto del procedimiento penal. La figura de la policía de cualquier nivel que se involucre en el asunto es de necesaria influencia en el proceso según la calidad de sus actuaciones, ya sea de la investigadora o aprehensora. Es donde en el estado potosino estamos más carentes de capacitación, no digo de capacidad, porque los elementos la tienen para desempeñar la nueva forma de conducir los hechos de los que tenga conocimiento.

Pero la técnica y formalidad que impone el nuevo sistema penal acusatorio es diametralmente distinta. Ojalá no se impongan las equivocaciones y las deficiencias que permitan la impunidad de los delitos, pues ya estamos desbordados por la delincuencia, sobre todo en la capital. Tampoco quiero acusar a nadie sobre la falta de capacitación adecuada, no sea que se ofendan. Saludos y bendiciones.

En opinión de : Luis Fernando Leal Beltrán

 

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Buscan declarar áreas protegidas grutas de Rioverde

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La comisión de ecología del congreso del estado analiza varias solicitudes de ciudadanos para declarar áreas protegidas las Grutas de la Catedral y El Ángel en Rioverde y La Joya Honda en Soledad, lo que permitiría dotarlos de recursos para conservar y potenciar los tesoros naturales, informó el diputado del PAN, Héctor Mendizábal Pérez, promotor también de un punto de acuerdo, donde se exhorta al gobernador, Juan Manuel Carreras, decretar a la Sierra de San Miguelito como área estatal natural protegida.

El legislador integra también la cartera de trabajo y previsión social. Señaló que en materia de turismo, San Luis Potosí cuenta con un potencial importante en los rubros ecológico, rural y de tesoros culturales que no se han explotado. Se pronunció porque se inviertan recursos para dotar los lugares de infraestructura y convertirlos en una fuente importante de empleo e ingresos para los pobladores de las comunidades que los albergan y las que están cercanas.

Mendizábal señaló que el conflicto jurídico que existe entre los productores de caña y prestadores de servicios turísticos por el agua del río que alimenta a las cañadas de Tamul se debe dirimir y revisar a fondo para determinar qué actividad genera más recursos y es menos dañina para el medio ambiente. Precisó que en la temporada de siembra de caña, los agricultores requieren de un mayor volumen de agua del río, lo que ocasiona un deterioro importante a las cascadas. En el caso del manantial de la Media Luna, que se ubica en la comunidad del Jabalí, en Rioverde, ya cuenta con la declaratoria de área natural protegida. Las autoridades deben revisar cada año el plan de manejo, aunado a un programa de inversión, para el cuidado, conservación y mejora de la infraestructura y los servicios que se ofrecen en el lugar.

El diputado del PAN e integrante del autodenominado grupo de los Broncos en el congreso local, refirió que el aumento de los índices de criminalidad, están a la luz de todos. Es preocupante y debe ser prioridad de las autoridades frenar el alza. Resaltó que en los casos más sonados y difundidos en las últimas fechas en los medios informativos, se logró detener a los responsables y llevarlos a la justicia. Lo que contribuye a bajar la impunidad y ayuda a inhibir a los delincuentes, pues si a lo inseguro se le agrega el nulo castigo, las desesperanza para el pueblo es mayor.

 

Señaló que en materia preventiva, existe un gran rezago, por lo que es necesario contar con el trabajo y apoyo de dependencias como el Instituto Potosino del Deporte, el de la juventud y la secretaría del trabajo y previsión social, porque los jóvenes que no tienen estudios ni empleo, se convierten con facilidad en delincuentes.

Se dijo defensor de que las corporaciones policiacas las dirijan mandos militares, pues por su disciplina y experiencia, le ofrecen más seguridad a la ciudadanía. En cuanto al mando único policial, expuso que en su partido han propuesto que sea mixto, donde la policía municipal no se deslinde del trabajo cotidiano, porque es la que tiene mayor proximidad con la gente y ejerce una actividad preventiva muy importante. En las tareas de inteligencia y de combate a la delincuencia organizada que se realiza en varios estados, es donde se requiere el mando único.

Mendizábal refirió que el grupo de los Broncos del congreso surgió con el objetivo de actuar diferente en el trabajo legislativo, salir de los esquemas tradicionales y visualizar los temas que se discuten bajo una agenda plural y ciudadana. No con un esquema parcial o partidista. Dijo que los panistas son por naturaleza broncos y siempre han asumido una postura crítica, que les permite contrastar y moverse con cierto grado de autonomía, porque el PAN no es un ente corporativista, de hordas o sectores como el PRI y el PRD. “Es un partido de ciudadanos donde se acepta la independencia y se promueve el respeto a la dignidad de las personas. Es decir, para ser panista se requiere ser bronco. Los broncos seremos el contrapeso donde se tenga que hacer. Apoyaremos las iniciativas y propuestas que tengan como finalidad el beneficio de la gente”.

El ex líder del PAN expresó que la competencia electoral en la entidad se vislumbra cada vez más complicada y competida, donde ya no existe la hegemonía del PRI ni el bipartidismo PRI-PAN, sino una competencia abierta donde importan más los perfiles de los candidatos que los partidos. Aseguró que el PAN, en la pasada contienda, le ganó al PRI las 4 elecciones en disputa, gobernador, diputados federales, locales y la de alcaldes. La candidata a la gubernatura Sonia Mendoza Díaz, le sacó más de 60 mil votos de diferencia al del PRI, Juan Manuel Carreras. Pero fueron los sufragios de Nueva Alianza y Verde Ecologista los que revirtieron los resultados.

La resistencia de muchos panistas a establecer una alianza con el PRD, al final redundó en aceptar una derrota, porque el PRI la hizo de facto. “Negoció la capital por la gubernatura, se apoyaron de manera recíproca, aunque en público nunca lo van aceptar”.

Mendizábal dijo que las decisiones que se toman tienen sus costos y la de no hacer alianza con el PRD, fue colegiada y la determinó el comité directivo estatal. “Sonia Mendoza se quedó más cerca de ganar que Xavier Azuara de la alcaldía. La gubernatura la perdimos con 28 mil votos de diferencia y la presidencia con 50 mil. Otra causa de la derrota, fue que liderazgos reconocidos en el PAN, no jalaron parejo, porque es más fácil destruir que construir».