Han transcurrido dos años, exactamente el 24 de julio se cumplieron, cuando fui privado de mi libertad de manera ilegal por unos sujetos de aspecto delincuencial y usando vehículos institucionales de la policía municipal de Soledad, evidenciando que está en manos de delincuentes, no eran agentes, su corte de pelo no concordaba con el tradicional de los cadetes. El operativo fue comandado por el nefasto y entonces secretario del ayuntamiento, hoy síndico, Pedro Olvera Vázquez.

En aquel entonces orquestó la privación de la libertad de algunos lideres de los carretoneros, denominación dada por ser vehículos de tracción animal, como el líder del Movimiento del Pueblo Libre, Pedro Torres y su servidor, acto que solo se logró en mi persona y días después con el secuestro de la hija del líder social.

En el acto ilegal se me acusó de los siguientes delitos. Primero, daños a las vías de comunicación federal. Segundo, daños a las vías de comunicación estatal. Tercero, lesiones graves en cuerpo y rostro de algunos elementos policiacos. Cuarto, sedición y motín y quinto, ultraje a la autoridad.

Actos por los cuales fui recluido al penal de La Pila, iniciando una férrea defensa por mis abogados. Fui absuelto por el delito de daños a las vías de comunicación federal. Luego del delito de daños a las vías de comunicación. Después por sedición y motín y lesiones graves a elementos policíacos, al no poder aportar prueba alguna por ser falso, quedando absuelto de los mismos, motivo por el cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación consistente en la capacitación a los uniformados y trato positivo a los detenidos, misma que fue desdeñada como es su costumbre. Todas las acusaciones fueron insostenibles por no aportar prueba alguna y no acudir los supuestos elemento policíacos lesionados a ratificar su querella por no contar con un dictamen médico legista que avalara su dicho, dejaron sólo el delito de ultrajes a la autoridad.

Pues bien, por el contubernio entre el ayuntamiento encabezado por la familia Gallardo y el gobierno estatal, primero con Fernando Toranzo y después por Juan Manuel Carreras López, ambos para pagar favores político electorales, orquestaron la felonía fuera de ley. Me sostuvieron el delito de ultrajes a la autoridad para mantenerme libre bajo fianza, en el entendido de que si reincidía me cancelaban la libertad condicional.

La asociación abusiva entre el ejecutivo del estado y los Gallardo me tuvieron sojuzgado por dos largos años, para mantenerme quieto por un acto que aparte de ser falso, no es calificado como delito según dictamen de la Suprema Corte Justicia de la Nación.

El código penal dicta que a nadie se le puede mantener en libertad condicional o prisión preventiva sin que se le dicte culpabilidad o inocencia en un plazo no mayor a dos años. Significa que lo estuvieron calculando minuto a minuto y al no tener más recurso y opción, me decretan libertad en la víspera, so pena de que mi caso pasara a la Suprema Corte por inconstitucional. A quienes me leen, a quienes no pero se enteran, a mis compañeros, amigos, enemigos y detractores, a la sociedad en general les digo, ya estoy de vuelta. La lucha sigue. Sólo es derrotado el que deja de luchar (Maquío).

Atentamente, un ciudadano bronco y rebelde.