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Dimiten Enrique Flores y Óscar Bautista

Hace unos minutos solicitaron licencia al cargo, los diputados Enrique Flores y Óscar Bautista, implicados en un video que grabó el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, donde se revela una red de chantajes y corruptelas en el congreso y Audotoria Superior del Estado. Flores manejó que su permiso es temporal y que podría regresar cuando se aclaren las imputaciones. No se habrá de esconder, ya que no ha cometido ningún delito.

Todo se reduce a dichos de un alcalde con antedecentes. Resaltó que no se puede comprobar algún ilícito. Indicó que cuenta con el respaldo de su familia y se va con las manos limpias. Añadió que el congreso dista mucho de lo que se busca aparanter y no hay algún legislador al que se le tache de corrupto. Pidió disculpas a los compañeros involucrados en el video, donde también se ubica el del Partido Verde, Manuel Barrera y el perredista José Guadalupe Sánchez, que no hablaron si también dejarían la curul.

Por su parte, Óscar Bautista, al que Flores acusó de hacerse millonario con recursos de programas sociales, pidió disculpas a su familia, votantes y correligionarios. Se iba en forma indefinida con la frente en alto. Se retira para que un comité especial investigue, no obstante que ya fueron linchados y juzgados sin que interviniera alguna autoridad. Lo acompañó el diputado de Nueva Alianza, Ricardo Gracía Melo y el legislador del PRI, Fernando Chávez Méndez.

Bautista citó a Flores que minutos antes lo exoneró de culpa. Expuso que renuncia a partir del video donde se le menciona, lleno de presunciones, sin credibilidad ni sustento. Denunció que la diputada panista, Josefina Salazar Báez, fue la única que insistió en quitar las observaciones a las cuentas públicas de los alcaldes panistas.

Más tarde, el diputado del PRD, José Guadalupe Sánchez Torres, por las mismas razones, anunció que se desligaba de la curul para facilitar las pesquisas. Quedó pendiente el legislador dueño de la franquicia del Verde Ecologista en la entidad, Manuel Barrera, que junto con su esposa Ivete Salazar, han amasado una fortuna millonaria. Les compiten con las mismas ganancias, el propietario de Conciencia Popular, Óscar Vera y del Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos.
 
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Los contradictorios ingresos de Juan Manuel Carreras

Enemigo de la transparencia y rendición de cuentas, proclive a falsear datos que impidan conocer el monto de sus riquezas, el gobernador Juan Manuel Carreras López, con su oblicua conducta, ha generado múltiples suspicacias en torno a sus ingresos mensuales, ya que se manejan cifras disímbolas. Lo ubican como el segundo mejor pagado en todo el país, apenas superado por su homólogo de Guanajuato, Miguel Márquez, que percibe al mes 207 mil 306 pesos. El doctor en derecho percibe 198 mil 654 pesos al mes, según datos de una lista nacional donde contrastan los ingresos de los restantes mandatarios. Resulta un funcionario caro, ya que su desempeño ha sido irregular. No obstante haber contado con un presupuesto de 35 mil millones de pesos en el primer año de gestiones, no llevó a cabo una obra relevante que lo identifique. Al contrario, se empecinó en construir un metrobús sobre la avenida Industrias que rechaza la mayoría de habitantes, ya que afectará a miles de comercios. Insiste en hacer obras innecesarias y superfluas en la avenida Carranza, la de mayor plusvalía en la capital, sin tener el aval de los beneficiarios. Errático, sin rumbo, Carreras ha sido cuestionado por su abulia para resolver los incontables feminicidios, secuestros, levantones, asaltos, robos de vehículos, hogares y transeúntes. Por su comprobada inoperancia, los articulistas del diario Pulso, Leonel Serrato y Oswaldo Ríos, irónicos, lo llaman Carreritas y Gutierritos, con lo que aluden a un patiño de telenovela, un oficinista sin carácter al que todos pisotean. Como a Carreras, esclavo de los grupos que lo llevaron al poder.

En la lista de salarios que se anexó a la iniciativa de la ley de presupuesto de egresos 2016, presentada por el ejecutivo al congreso en diciembre del 2015, se estableció que Carreras tendría un salario de 54 mil 327 pesos. La cantidad se publicó en las instancias de transparencia del gobierno estatal. En junio del 2016 se supo que en realidad ganaba 139 mil pesos mensuales. No se aclaró si son netos, con o sin impuestos, ni si tenía otros ingresos como bonos o compensaciones, ya que se ubica en el nivel 20 de la burocracia. Tuvo un súbito incremento del 155%, equivalente a 84 mil 678 pesos. El combativo dirigente de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, denunció que los ingresos de Carreras son confusos, al manejar dos cifras distintas. En el portal electrónico institucional se manejó que percibía 137 mil 746.26 pesos hasta el 31 de mayo del 2015. Citó que en la página de transparencia que maneja el secretario de finanzas, José Luis Ugalde, aparece un tabulador donde se consigna que el académico tiene ingresos por 54 mil 327 pesos. González aludió al portal Uniónjalisco, donde se dijo que el ex mandatario Fernando Toranzo, en el 2013 ganaba 132 mil 146 pesos, pero en el 2015 alcanzó los 196 mil 654.52 pesos. En la página electrónica del gobierno estatal le adjudicaron una paga de 137 mil 746.28 pesos.

Sin embargo, en el presupuesto de egresos del 2017 que los diputados locales aprobaron el 15 de diciembre, aparece que Carreras tiene proyectado percibir ingresos anuales por 2 millones 231 mil 918 pesos. Al mes, 185 mil 993 pesos. Los diputados aprovecharon la coyuntura para sacar su propio beneficio. Por las presiones sociales, acordaron reducirse 25 mil pesos. Si ganaban antes 115 mil 858 pesos, ahora recibirán 162 mil 816 pesos, para alcanzar al año un total de 2 millones 207 mil pesos cada uno. Acumulan prestaciones por casi 800 mil pesos, donde se encuentran 90 días de aguinaldo, dos primas vacacionales, seguro de gastos médicos, pagos de asesorías, gestiones y otros rubros. Los 27 legisladores absorben 81 millones 209 mil 384 pesos al año. Hay dos alcaldes que le compiten en voracidad salarial a Carreras. El de Xilitla, el panista Xavier Pacheco Sánchez, cobra por sus servicios 109 mil pesos al mes. El municipio tiene un 85% de pobreza extrema. Cada rato viaja al extranjero de picnic. Otro con altas percepciones es el edil priista de Tamasopo, Gabriel Hernández Aguilar, que percibe arriba de 104 mil pesos al mes. No le importa cargar estadísticas del 73% de pobreza extrema. Carreras destacó que sus percepciones se ubican dentro del marco legal. Presumió que las maneja con absoluta claridad. Paternalista y solidario, el oficial mayor, Elías Pecina Rodríguez, enfatizó que el ejecutivo gana 139 mil pesos desde el 2012. Aceptó que existe un error en el portal de transparencia.

Debido al vacío de poder que genera Carreras, la secretaria de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, al comparecer ante los diputados, después del primer informe de actividades de su jefe, reveló que gana 222 mil 251 pesos mensuales. Más de 80 mil que el propio Carreras. La dirigente del sindicato minoritario de burócratas, Francisca Reséndiz, denunció que por la cifra desorbitante, la funcionaria se imagina intocable, una diosa. «Es una burla para los trabajadores y usuarios de los servicios de salud, ya que sobresale por correr a más empleados. Ha cerrado varias clínicas en la huasteca por falta de recursos. El hospital central padece de insumos con frecuencia». Solicitó al auditor superior del estado, José de Jesús Martínez, investigar el salario de los integrantes del gabinete estatal, donde podrían manejar una nómina maquillada. Carreras se proyectó defensor de la norma. Destacó que existe un principio constitucional donde se establece que nadie puede superarlo en ingresos. Se refería al artículo 133, apartado II donde habla que ningún funcionario ganará más que el gobernador. El tabulador estatal del 2016 consignó que los secretarios perciben 128 mil 608 pesos como máximo. El diputado Óscar Bautista señaló que buscarán equilibrar las pagas para no dañar la economía de los ciudadanos. Justificó las ganancias de Rangel, ya que además de secretaria es directora de los servicios de salud. Alardeó que los legisladores se bajaron el ingreso en 25 mil pesos, lo que deben imitar los integrantes del ejecutivo y judicial.

En las redes sociales se comentó que San Luis ocupa el sitio 16 en el Producto Interno Bruto. El poder adquisitivo de sus habitantes en promedio es de los más bajos. Según indicadores nacionales, el 49.5% de los pobladores viven en pobreza y pobreza extrema. En tal contexto, Carreras «tiene el segundo sueldo más alto de todos los gobernadores. Gana 10 mil dólares al mes, 197 mil pesos, más otros ingresos, como el llamado bono de productividad y eficiencia. A tal individuo no se le puede tener el mínimo respeto. Más, por tratarse de un intelectual preparado. Es otro vulgar abusador de la gente que baila al son del dinero mal habido. ¿En verdad creen que paga la gasolina de su coche?. Es una pena que nos gobierne». Previo a las elecciones, Carreras como otros candidatos, se comprometió en dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. No cumplió, lo mismo que el ganador de los comicios en Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Al contrario, fue exhibido de alterar datos. El ex diputado local y notario público número uno, Eduardo Martínez Benavente, aseveró que «su declaración patrimonial es oscura e imprecisa. Es uno de los asuntos más delicados que se le han remarcado, por lo que debió debió esmerarse en transparentarla, proporcionar todos los datos actualizados de sus bienes. Sin importar que la deficiente normatividad que regula la obligación no se lo exija. Me refiero a los inmuebles que ocupan los dos planteles de la universidad de Estudios Superiores, el de Madero y Venustiano Carranza, que hasta hace poco eran de su propiedad y ahora no aparecen en su inventario…continúa (tomado de la revista impresa, DICIEMBRE 2016)

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Le exigen a Federico Garza encontrar a los desaparecidos

En medio de protestas de familiares, amigos y activistas que portaban pancartas, lonas con fotografías y datos de los potosinos desaparecidos, compareció ante los diputados locales el procurador de justicia Federico Garza Herrera, quien aseguró, hubo 314 personas en calidad de desaparecidas. Se han localizado 275, de las cuales 197 son mujeres y 128 hombres. Afirmó que en la actualidad, se busca a 39, de las cuales 19 son mujeres y 20 hombres. Las cifras del funcionario fueron rechazadas por los manifestantes que le gritaron “no es cierto, son mentiras, te ayudamos a contar».

El diputado del Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén, cuestionó la falta de avances en las investigaciones. Mencionó al ex policía, Mauro Basarte, hijo de la trabajadora del congreso, Alicia Alvarado. Le pidió ser sensible en sus respuestas a los familiares, ya que se trataba de personas y no de simples estadísticas. El procurador aseguró que existen diferentes líneas de investigación. Dijo entender el reclamo de los familiares, por lo que se hace todo lo necesario para localizarlos.

Barrera le espetó que no les convencían sus respuestas. El funcionario le señaló que no venía a convencer a nadie y que iba a informar los datos con los que se contaba en la dependencia. El legislador, molesto, abandono el recinto y salió con algunos familiares de las víctimas.

En su turno, la diputada panista Xitlálic Sánchez Servín insistió sobre el tema y calificó de irresponsables las declaraciones de Garza, al declarar en una entrevista, que las personas desaparecidas, se fueron con el novio. Exigió más trabajo y mejoras al nuevo sistema de justicia penal, donde las víctimas se vuelven culpables y los delincuentes inocentes.

Garza Herrera se defendió. Le respondió que no compartía sus apreciaciones, ya que nunca generalizó. Se refirió a algunos casos. Afirmó compartir la lucha que realizan los manifestantes a los que apoya con labores de 24 horas. Informó que en los próximos día se pondrá en marcha el protocolo Alba, para actuar en el caso de mujeres y niñas desaparecidas.

Le dijo a los diputados que el próximo año realizará una limpia de funcionarios en la procuraduría. Saldrán quienes no son efectivos. Se quejó de la falta de recursos y elementos de la policía ministerial, menos de los que se tenían en el sexenio de Fernando Silva Nieto.

Añadió que mil 66 funcionarios de la procuraduría se han sometido a investigaciones por actos de corrupción y otros ilícitos, de los cuales 80 son agentes del ministerio público. Se han consignado a 55 y el resto está en trámite en la visitaduría de la dependencia.

El legislador del PRI, Óscar Bautista, demandó se atienda a los familiares de los desparecidos y que la mesa especial de víctimas los mantenga informados de los avances en cada uno de los casos. Antes de la comparecencia de Garza, la activista Rocío Hernández, de la plataforma 24 A, leyó un manifiesto donde exigió el cese del funcionario por la falta de resultados en las pesquisas y detener la ola de violencia en el estado.

Garza atendió a varios de los afectados ante los que se comprometió iniciar el próximo jueves mesas de trabajo para atenderlos a todos. Una tía de la joven Cinthya Paola Castro, maestra desparecida el 4 de octubre, con lagrimas suplicó los respaldara para encontrar a los potosinos que no están presentes.

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Por mayoría de votos, aprueban la ofensiva última cuenta de Fernando Toranzo

En los cuestionamientos que hizo al informe final de auditoria de la cuenta pública 2015 del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, la diputada panista Xitlálic Sánchez Servín destacó que el invernadero de Santa Rita representó el ícono más grande de opacidad al no registrar ganancias. Calificó de inaceptable que el auditor superior, José de Jesús Martínez Loredo, no haya observado ni la mitad de un punto del presupuesto ejercido ni haber reparado en la ganancia ilícita de 34 millones de pesos que obtuvo el contratista Rodolfo Ramos Segura, hermano de la presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, en la compra de estufas ecológicas. Sánchez Servín fue la primera en subir a la tribuna para rechazar el trabajo realizado por Martínez que apenas objetó arriba de 103 millones de pesos de observaciones financieras a la cuenta pública 2015. Lo que significó el 0.49% del presupuesto de 21 mil millones 135 mil 514 pesos. Indicó que el órgano fiscalizador no investigó la adjudicación para instalar más de 34 mil estufas que se compraron a sobreprecios a una empresa que perteneció a Ramos, donde obtuvo una ganancia ilícita por más de 34 millones de pesos. Hecho que denunció uno de los participantes. “¿Cuáles fueron los señalamientos y presuntos delitos en que se incurrieron en la compra e instalado de 60 mil estufas ecológicas que reportó el ex gobernador Toranzo, en su sexto informe?. ¿Dónde están las observaciones en torno a las adjudicaciones y supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a familiares?”, inquirió.

La diputada del PAN afirmó que en materia de salud, durante el último año de Toranzo, se dio cabida y gastaron más de 400 millones de pesos en empresas de outsourcing lo que representó casi el 15% de los 3 mil 412 millones de pesos ejercidos por los Servicios de Salud en el estado, cuando la dependencia hasta antes del 2009 contrató personal con sus propios recursos.   No se investigaron ni se hicieron públicos los nombres de las empresas que pertenecieron a familiares del ex gobernador, que rescindían contratos y corrían a su suerte a los médicos y administrativos, sin pagarles un solo centavo de indemnizaciones. Expuso que tampoco fue observada por la Ase, la Torre Médica del hospital general de Valles, que se inunda en la parte baja. Se tuvo que destruir una pared para desahogar el agua en los últimos meses. Tampoco se investigó la outsourcing que la opera. Calificó de inexistente y una burla la supuesta conservación del eje carretero Xolol-Tamuín, que reportó Toranzo en el sexto informe. Manejó erogar 158 millones de pesos para conservar carreteras estatales. La diputada aseguró contar con las evidencias de que el tramo carretero está destruido y lleno de baches. Lo que originó en agosto del 2015 una protesta de ganaderos. “Es una burla que no veamos una denuncia o seguimiento al dinero supuestamente erogado”.

Sánchez cuestionó que en el rubro de infraestructura hidráulica, Toranzo alardeó culminar y entregar el sistema de agua potable Tének con lo que benefició a 8 mil 500 personas. En realidad se trata de una obra de mala calidad que tampoco observó Martínez Loredo. Metió tubería usada y vieja que pertenecía al sistema Tanchachín, el agua no llega a comunidades alejadas como Tamarindo, Chuchupe y Ojo de Agua de la Cordillera Tenek. Sánchez Servín objetó que el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, reportó en el 2015, gastos por 10 millones de pesos para difundir el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sin que existan evidencias de las erogaciones. A San Luis Potosí le destinó en el 2014 y 2015, 100 millones de pesos para los rubros de capacitaciones, infraestructura y equipamiento del nuevo sistema de justicia. La legisladora del PAN dijo que en casi todas las dependencias en el 2015 hubo opacidad, excesos y despilfarro del dinero del pueblo. En más de una, malversación de recursos y un estilo caciquil al mal gastar el dinero de los potosinos. Los invernaderos de Santa Rita no reportaron ganancias en el 2015. El dato contrasta con lo dicho por el secretario de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos, Héctor Rodríguez Castro. En una entrevista de enero, reveló que en cada ciclo se producen 10 mil toneladas de tomate gurmet. El costo por tonelada era de 400 dólares por lo que las ventas rondaban los 4 millones de dólares. ¿Dónde está el dinero que dejan los huertos?, preguntó Sánchez. Calificó de cómplice al que votara a favor de la última cuenta de Toranzo.

En su turno, la también panista Josefina Salazar afirmó que en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se presentaron casos documentados de irregularidades y presumibles actos de corruptelas en el ejercicio 2015 en un presupuesto cercano a los 580 millones de pesos. Pero no fue revisado por la Ase. Enumeró entre las anomalías del DIF, los precios exorbitantes en la compra de productos básicos para los programas de desayunos escolares y la entrega de despensas, que repartía a la gente más vulnerable. Precisó que Toranzó pagó el kilo de harina de maíz a 12.30 pesos cuando Distribuidora Conasupo lo ofrecía a 9 pesos. El sobreprecio fue del 36%. Compró el kilo de arroz en 15.40 pesos cuando Diconsa lo tenía en 8.86 pesos. El incremento fue del 70%. El kilo de frijol lo adquirió en 26.8 pesos cuando lo pudo comprar en 16.45. El aumento fue del 60%. Además de los costos alzados, las compras se realizaron mediante contrato directo a parientes de funcionarios de alto nivel.

Por el cúmulo de irregularidades, añadió, el gobernador Juan Manuel Carreras inició un proceso administrativo ante la contraloría estatal. También rechazó el otorgamiento ilegal de plazas de base a trabajadores de confianza e inició pesquisas contra el ex director jurídico del DIF, Héctor del Castillo Chagoya, que al mismo tiempo cobró servicios profesionales por 2 millones 600 mil pesos en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología y 750 mil pesos en el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Estableció que la contraloría estatal inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos al ex funcionario. Pero no se le exigió resarcir el daño económico ni se fincaron cargos a su jefa inmediata, María Luisa Ramos Segura. Salazar indicó que el solo caso del DIF era suficiente para no creer en el trabajo del auditor, que calificó de inverosímil e incongruente. Argumentó por qué los legisladores del PAN no aprobarían la cuenta de Toranzo. Estableció que no se fiscalizaron los ingresos propios de varias dependencias. Las variaciones y ampliaciones al presupuesto que de 37 mil 500 millones de pesos pasó a 41 mil millones. La diferencia se destinó en su mayoría al rubro de servicios personales, cuando la ley exige se aplique al gasto social.

La Ase no revisó el destino del crédito de 750 millones de pesos que se autorizó a Fernando Toranzo para apoyar la llegada de la trasnacional BMW. No constató que los recursos se aplicaran de manera responsable, trasparente y con apego al decreto. Cuestionó que en el ejercicio 2015, de 2816 procesos de adquisiciones, el 70% se hizo por adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Y solo el 25% a través de licitaciones públicas como marca la ley. La también presidenta del congreso local aseguró que un argumento irrebatible que desmiente el informe final de auditoria presentado por la Ase, un hecho que perciben los ciudadanos, son los datos que arrojó la encuesta nacional de impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática en el 2014. Entonces se ubicó a San Luis como el estado más corrupto del país. La tasa de prevalencia por cada 100 mil habitantes fue de 17 mil 907 ciudadanos. Significa que 465 mil 57 personas fueron víctimas de hechos indecentes. “La realidad fue visible para todos, incluso para Martín Toranzo, hermano del ex gobernador, que a finales del 2014 denunció por extorsión y cohecho a funcionarios estatales por involucrarlo en el reparto de obras y contratos. No se supo el final de la denuncia. No se investigaron los señalamientos ni se deslindaron responsabilidades en el informe de la cuenta pública”.

El legislador panista Héctor Mendizábal Pérez respaldó los comentarios de sus compañeras de bancada. No votaría a favor de la cuenta de Toranzo porque no se observaron los principios generales de contabilidad, que permiten garantizar el trabajo de análisis. Calificó de irresponsable, ilegal e injusto, evaluar con un solo dictamen la cuenta final del galeno, cuando abarca 3 meses de Juan Manuel Carreras. Dijo que de acuerdo al estudio que realizó el consejo ciudadano de transparencia y vigilanacia para adquirir y contratar obra pública estatal, durante el periodo del ex gobernador Toranzo, las adjudicaciones directas se dispararon en más del 60%. En el actual gobierno se recuperaron los niveles entre el 11 y 14%. Preguntó si sería justo calificar el desempeño de la actual presidenta del DIF, Lorena Valle, por el despliegue que tuvo María Luisa Ramos…continúa (tomado de la revista, JULIO 2016)

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Schiaffino se estrella con la estructura gubernamental que encubre a Gallardo Juárez

El controvertido delegado del PRI en San Luis, Jorge Schiaffino Isunza, no obstante tener en contra al gobernador Juan Manuel Carreras, el sector de los llamados diputados broncos y al mismo dirigente estatal del partido, Martín Juárez Córdoba, no se cansa de pregonar que el ayuntamiento de la capital y de Soledad, controlados por el comerciante pollero, Ricardo Gallardo Juárez, están bajo la férula del crimen organizado, que es capaz de violentar el estado de derecho. La ira del quejoso se desató cuando se supo que el auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, de un tajo, sin el mínimo análisis, borró las observaciones que se hicieron a los tres primeros meses del desempeño del polémico edil, donde se incluyen los 34 millones de pesos que entregó sin licitar a la fantasmal proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz. Se especuló además que Gallardo negoció su impunidad a cambio de olvidarse de las bravatas contra sus antecesores, Victoria Labastida y Mario García, que también tuvieron un desempeño desastroso y dejaron las arcas vacías. Entrevistado por el Canal 7 local, destacó que el blanqueo de la cuenta pública del munícipe significa la presencia de dinero mal habido que se utiliza para el clientelismo político y lavar las fallas administrativas. El político oriundo del Distrito Federal recalcó que el ocultamiento de datos corrobora que todo lo maneja a través del crimen organizado. Se constata por los varios tentáculos para comprar voluntades y desaparecer hechos tan evidentes. Es peligroso lo que acontece, ya que no se sabe en manos de quién se encuentran los potosinos.

Tal vez Schiaffino ignora la complicidad que existe entre el gobernador Juan Manuel Carreras y Gallardo, al que le debe el cargo, ya que le aportó a través de sus tentáculos corporativos, más de 200 mil votos. El polémico edil llegó al cenit gracias al irrestricto respaldo del ex gobernador Fernando Toranzo y del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, con amplia influencia en el ala priista del congreso local. Carreras también obedece al fallido galeno Toranzo, que antes lo ocupó como secretario del ramo educativo. Es la enmarañada y sólida estructura que enfrentó Schiaffino, que rápido lo minimizó. El coordinador de los legisladores del PRI, Fernando Chávez Méndez, que suplió en días recientes a la poco eficiente Marta Orta, destacó que las declaraciones del delegado no contribuyen en nada a generar un ambiente positivo a nivel local. Destacó que no compartía sus opiniones a título personal, ya que el PRI de San Luis siempre ha buscado la civilidad democrática. Expuso que confían en las instituciones para sancionar las irregularidades con documentos y expedientes fundados. El subsecretario de enlace institucional, José Ángel Castillo Torres, calificó de temerarias las acusaciones, que no abonan a la gobernabilidad. Le exigió aclarar los exabruptos, ya que se había equivocado. Toranzo designó auditor a Martínez para que le cubriera los saqueos millonarios que hizo junto con su esposa, la ex presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, que repartió contratos millonarios a cambio de jugosos sobornos. Chávez tiene la consigna de evitar la mínima falla que los lleve al banquillo de los acusados, ya que se coludió con Ramos en el tráfico de desayunos escolares y la compra inflada de estufas ecológicas. El enlace del ejecutivo con el congreso, Ángel Castillo, fue en el anterior sexenio director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado. El grupo de los llamados Broncos ha obtenido diversas canonjías de Gallardo, como aceptar una lista de recomendados que se desempeñan como aviadores.

Schiaffino fue descobijado de girar instrucciones a los diputados del PRI para atacar a Gallardo, por órdenes de México, ya que se trata del «personaje con más influencia en San Luis, al gobernar con sus fuerzas políticas el núcleo poblacional metropolitano, el más numeroso del estado». Se dijo que al momento de filtrar la consigna, lo acompañó Ángel Castillo y el dirigente estatal del PRI, Martín Juárez. El motivo de la asonada sería que el edil iba a entablar procesos penales contra sus predecesores Victoria Labastida y Mario García. En lugar del apoyo automático, provocó la ira de sus correligionarios José Luis Romero, Alejandro Segovia, Fernando Pérez, Marta Orta y Óscar Bautista. Romero fanfarroneó que el edil era su amigo y le iba a llamar para ponerlo al tanto de las maquinaciones. En un boletín sin firma que se atribuyó al jefe de prensa estatal, Adrián Vázquez, se estableció que Carreras jamás ordenó atacar al munícipe desde el congreso u otro ámbito. Precisaron que el delegado «fue mal aconsejado. Conoce muy poco de la realidad política local, que origina el desplante golpeador. No revisa ni mide las consecuencias». Se exaltó que Martín Juárez y la secretaria del partido, Sara Rocha, «han guardado prudencia y conservado los equilibrios para evitar descalificaciones». Enfatizaron que el único interesado en desgastar la imagen de Gallardo era Schiaffino. Se insistió en que Carreras busca «cerrar filas y establecer alianzas para dar el empuje que necesita San Luis». Le restregaron al defeño le haga al auditor con los mandos opositores…continúa (tomado de la versión impresa, JUNIO 2016)