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No obedecen a López Obrador, que ordenó evitar despojos en la sierra de San Miguelito

En pie de lucha y combatientes, se mantiene un aguerrido grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe y distintos colectivos que defienden la sierra de San Miguelito, para frenar a los ambiciosos inmobiliarios y contratistas que pretenden depredar mil 805 hectáreas urbanas, convertidas en área natural protegida. Es donde buscan construir el complejo residencial denominado “Las Cañadas”, a través de la firma Espacios en el Horizonte, del magnate más influyente de San Luis Potosí, Carlos López Medina, que hace equipo en el despojo con el dueño de la intermediaria Century 21, Alejandro Tamayo Ibarra.

También están coludidos actores políticos de los tres niveles de gobierno, como la secretaria del medio ambiente y recursos naturales, María Luisa Albores González, que no hizo caso a las órdenes de su jefe, el el presidente Andrés Manuel López Obrador, de preservar y proteger el monte. Incluso, hizo un plebiscito en la Plaza de Fundadores, donde cuestionó a sus seguidores si preferían la sierra o el supuesto desarrollo. El rechazo fue absoluto a los depredadores.

A la lucha se sumó el senador Eli Cervantes, que promovió un punto de acuerdo para exhortar a Albores, incluya como área natural protegida, más de 2 mil hectáreas de la sierra, que comprenden las comunidades de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito. Señaló que con el ánimo de encontrar consensos, buscó a la funcionaria, a la que parece, no le interesa resolver la problemática. “Se había pactado una cita para tratar el tema con la licenciada María del Pilar Tavera Gómez, quien es el enlace parlamentario con Araceli Páez Grajales, colaboradora en la oficina de Albores González, pero nos canceló en el último momento. Argumentó supuestos contagios de Covid en la entidad federal. Las actitudes que exhiben, afectan lo ganado en tres años”.

Indicó que los terrenos en disputa, son de vital importancia, ya que cruzan los municipios de Mexquitic, Villa de Arriaga y Villa de Reyes. Tienen las funciones de recargar los mantos acuíferos, ahora amenazados por los desarrolladores inmobiliarios, que de manera arbitraria, con la ayuda de grupos políticos y económicos locales, pretenden urbanizar. Se trata de la mafia del poder que busca alterar el uso de suelo en diversas superficies protegidas desde el 2003. Pero la amenaza de afectarlos no se ha frenado, avanza de forma gradual.

“Quiero denunciar en público, el plan que intentan concretar de manera impune, Las Cañadas, de la inmobiliaria Espacios en el Horizonte, que comprende más de 2 mil hectáreas. Hay indicios de que los representantes comunales se encuentran cooptados por oscuros intereses y permiten el avance sobre las zonas verdes”. Cervantes exigió a Albores cumplir las instrucciones del tabasqueño del 19 de enero del 2021, cuando refrendó su compromiso de nombrar a la sierra de San Miguelito como área natural protegida.

Por su parte, el activista Michel Hernández Piña, que pertenece al colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, expuso que se habían traicionado los decretos de López Obrador, de proteger la montaña, indispensable para las poblaciones que la rodean. “Guarda el equilibrio ecológico de 4 municipios, donde figura la capital. Es un área de recarga de los mantos acuíferos, de donde se abastecen los potosinos. Además, hay especies endémicas en plantas y animales”.

Hernández habló de posibles corruptelas dentro de la Semarnat, donde se avala construir complejos inmobiliarios. Incluyen privatizar la Cañada del Lobo, un espacio recreativo de las familias potosinas, con gran valor histórico. “Pretenden excluir mil 800 hectáreas de áreas protegidas de forma deliberada, para que se puedan urbanizar y construir residencias de lujo, clubes deportivos y otras obras que atentan contra el medio ambiente y derechos humanos de los habitantes de San Luis. Le pedimos al senado, cite a María Luisa Albores, para que explique las razones por las que afectan tanto terreno que pretenden vender a López Medina y Alejandro Tamayo”.

Estableció que la maniobra se gestó a través de un pacto arbitrario, sin tener un estudio científico, técnico o académico. “Hay evidencias donde gente de la Semarnat, visita la cañada con comuneros del lugar, pero también lo hace con inmobiliarios, representantes de la mafia del poder que tanto critica Amlo. Nos parece tan contradictorio lo que hace Albores para cometer el ecocidio, en el que se afecta el presente y futuro de los habitantes de San Luis y los ecosistemas”.

Recordó la consulta de López Obrador en la Plaza de los Fundadores, para que se hiciera un decreto de área natural protegida. Delegó la tarea al ex titular de la dependencia, Víctor Toledo, que luego fue cambiado por Albores. “El presidente ya conocía el asunto. En campaña estuvo además en Cerro de San Pedro, donde se vive una problemática de saqueo similar. Entonces, sabe que hay un acoso inmobiliario en la sierra de San Miguelito. Todo se le entregó puntual, mediante oficios y documentos”.

En el 2020 se firmó una serie de convenios con instituciones para llevar a cabo un estudio técnico, a cargo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que a su vez, hizo convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México, filial Morelia. A nivel local, involucró la secretaría del medio ambiente y el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología.

A principios de enero del 2021, cuando se dio a conocer el resultado del estudio previo justificativo para el establecimiento de un área natural protegida, la mafia inmobiliaria no dejó de actuar a través del gobernador Juan Manuel Carreras López y el presidente municipal Xavier Nava Palacios, para mantener las condiciones favorables y lograr los cambios de uso de suelo necesarios que ayudaran a urbanizar más de 2 mil 69 hectáreas”. Hernández expuso que el mandatario buscó generar las condiciones y dejar abierta la puerta para ejecutar los planes inmobiliarios. El ayuntamiento hizo los suyo al urbanizar las primeras 500 hectáreas de la zona.

“El conflicto por las hectáreas ubicadas en las faldas de la sierra inició en 1993. En el 2003 fue ratificada como zona natural para proteger al paisaje y la recarga del acuífero. Aparece en el Diario Oficial con un documento publicado que se denomina Proyecto Centro de Población Estratégico de las Ciudades de San Luis Potosí y Soledad. Está decretado como zona no urbanizable. Es por lo que Carlos López Medina, Alejandro Tamayo y demás empresarios, apoyaron de manera abierta a Xavier Nava, para que llegara como alcalde y facilitar todas las adecuaciones”. El ayuntamiento, pese a que aún no concluían los estudios, autorizó las primeras 500 hectáreas a sabiendas de que la Semarnat iba a excluir las hectáreas que restaban de las 2 mil 69. En un acuerdo con integrantes del comisariado de bienes comunales, cooptados, y que han recibido miles de pesos de los inmobiliarios, pactan y excluyen mil 805 hectáreas, donde habrán de iniciar las construcciones.

También habló el comunero Noé de la Rosa Bravo, que instó a López Obrador, los ayude a preservar la sierra y girar una pesquisa contra María Luisa Albores, para saber si ha incurrido en corruptelas. Agregó que en el consejo donde se aprobó desincorporar las mil 800 hectáreas de la zona protegida, se cometieron actos arbitrarios en la convocatoria de la asamblea. “Debieron hacerlo 35 días previos, no 15. Otro requisito era juntar al 75% más uno de los comuneros. Apenas logran el 50% más uno. Se exhibe que hay mano dura para entregar el patrimonio que le costó a nuestros padres”.

No obstante las múltiples resistencias, el 11 de julio, en la asamblea comunal, con 152 votos a favor, 15 en contra y 19 abstenciones, se aprobó desincorporar mil 805 hectáreas protegidas. La junta fue avalada por la Procuraduría Agraria. Se registraron actos de atropello por parte de los agentes de seguridad, que mediante la fuerza, sacaron a un pequeño grupo de inconformes con la felonía que se iba a cometer.

Entre los agraviados estuvo Juan García Leyva, que a sus 85 años, no ha aceptado soborno alguno. Los afectados dijeron que Albores ya transó con los grupos inmobiliarios. Afirman que los acuerdos caen en la ilegalidad, ya que solo asistieron 181 de un total de 341 consejeros. Y 40 eran acompañantes de los titulares, votaron de forma ilícita. Ante los actos arbitrarios, Noé de la Rosa promovió un amparo contra la entrega de las mil 800 hectáreas. Argumentó violaciones al derecho humano al agua y medio ambiente sano. Ante el revés, invitaron a que se repita el ejemplo de forma masiva.

Los defensores de la sierra lograron además, destituir a la tres veces presidenta del comisariado, Ana María Ortiz, que servía a los oscuros intereses de los constructores. La asamblea fue convocada por la Procuraduría Agraria. La corren con 35 votos a favor y 27 en contra, junto con otros de sus cómplices. La suple Martín Leyva, junto con un grupo de defensores de la sierra, que se oponen a los astutos corporativos. Para reforzar la lucha, le hicieron llegar una carta al presidente López Obrador, a través del presunto mandatario electo, Ricardo Gallardo Cardona, donde exponen el contubernio de funcionarios federales y estatales para desincorporar mil 800 hectáreas que destinarán a complejos habitacionales.

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Fracasa proyecto inmobiliario

La solicitud de opinión para conformar la sociedad inmobiliaria “Reserva” en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, no fue posible remitirla a oficinas centrales y fue devuelta con sus anexos a los promoventes con un acuerdo preventivo, de acuerdo a informes proporcionados mediante oficio, suscrito por el subdelegado de Conciliación Agraria, Emilio Zepeda Gómez.

La opinión de la Procuraduría Agraria es un requisito de procedencia para conformar el proyecto inmobiliario “Reserva”. El 13 de diciembre, durante la mesa de trabajo con ejidatarios y comuneros de diversos núcleos de población vinculados al Frente Amplio Opositor, se habló del contenido preventivo dirigido a la Mesa del Comisariado de bienes comunales de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, que implican la imposibilidad de llevar al cabo la asamblea de aportación programada para el 23 de diciembre próximo. Es evidente que la solicitud presentada por el comisariado comunal Rodolfo Valdés García adoleció de múltiples elementos de fondo y forma.

El nerviosismo era evidente en los aun funcionarios de la Procuraduría Agraria. Zepeda aparece en diversas denuncias como operador de los fraccionadores. Sin embargo ahora está en juego su trabajo. En medio de la presión de los asistentes, el funcionario enunció ante la presencia de la nueva delegada en San Luis Potosí de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola, que “el expediente no puede ser integrado con el manual que establece el procedimiento para la emisión de la opinión de la Procuraduría Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2011 y que refiere al artículo 75 fracción 2 de la Ley Agraria, pues no se trata de una sociedad mercantil, agrícola, ganadera o forestal. Es una inmobiliaria que se rige bajo lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Otra inconsistencia es el avalúo, pues el mismo debe ser elaborado por el Indaabin, el que presentaron fue hecho por una institución de crédito”.

Añadió que “el acta de asamblea en la que se aprueba, aparentemente solicitar la opinión, tiene que ser nuevamente realizada, para establecer si existe conformidad en pedir dicha opinión. Tampoco es suficiente haber presentado un acta del cabildo del ayuntamiento de San Luis Potosí del 28 de febrero de 2013, pues la misma sólo refiere a que se elabore el proyecto de modificación al plan del centro estratégico de San Luis Potosí y Soledad. Se debe presentar el plan estratégico que contenga la viabilidad del cambio de uso de suelo”. El trámite de modificación o creación de Plan Parcial puede llevarse meses o años, además, ser litigado en su momento. Con la determinación que debía cumplirse en un lapso de 15 días, el colapso del proyecto es un hecho.

           La Garita de Jalisco, el antecedente

La empresa Desarrollo del Pedregal de la cual Carlos López Medina es socio mayoritario, se constituyó en 1994, pero sería hasta el 2003, con la emisión del Plan de Centro Estratégico de Población de San Luís Potosí que pudo iniciar de manera formal operaciones. Las actividades que hiciera la empresa durante 24 años estuvieron plagadas de corrupción y desaciertos. Para que dicho plan sea modificado, primero debe tomarse el acuerdo de cabildo para que el Instituto Municipal de Planeación elabore un proyecto. Luego debe ser sometido a consulta pública. Situación que evidentemente confrontará al ayuntamiento con los comuneros inconformes y con la ciudadanía que se opone a la destrucción de la Sierra de San Miguelito.

Para cuando se tenga el papeleo listo, en San Juan de Guadalupe probablemente ya exista una nueva Ley Agraria que cancele proyectos nocivos. Las condiciones han cambiado pero el referente es muy claro. En México sólo se constituyeron 21 sociedades mercantiles inmobiliarias y todas en ejidos. Nunca se hizo una en alguna comunidad. La fórmula utilizada en San Luís Potosí fue un acto maquiavélico y sui géneris, pues se sustentó en una excepción casi imperceptible contenida en el artículo 125 de la Ley Agraria que dice: “las disposiciones del título son aplicables a las sociedades mercantiles o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales”.

“Asimismo, lo dispuesto en el título será aplicable a las sociedades a que se refieren los artículos 75 y 100 de la ley, excepto cuando se dediquen a actividades distintas a las señaladas en el párrafo anterior”. Con el argumento y la exposición de motivos de la Ley Agraria de 1992 que refería a la comercialización del suelo social y urbano y con la aplicación del artículo segundo de la ley agraria respecto a la norma de sociedades mercantiles, en el caso de aplicación supletoria, con el esquema, La Garita de Jalisco fue arrasada, se perdió el derecho de tanto y preferencia. Con la inscripción de las sociedades cambió el régimen de la tenencia de la tierra que propició un enriquecimiento desbordado e inimaginable de los desarrolladores.

                              La rebelión continúa

La presión de los opositores al proyecto ha logrado socavar la posibilidad de una opinión positiva. Ahora los desarrolladores más que nunca irán sobre el alcalde Xavier Nava para obligarlo a que les entregue a como de lugar, el cambio de uso de suelo. Sin embargo, el reagrupamiento de los disidentes e inconformes puede lograr la remoción de los comisariados pro empresarios, establecer alianzas con movimientos sociales, el congreso de la unión e involucrar al gobierno federal con su nueva visión para el campo. Por lo pronto, la asamblea de aportaciones del 23 de diciembre resultó un fiasco, un error y exhibe la incapacidad operativa de los desarrolladores, ayuntamiento y gobierno estatal. ¿Cómo explicar los millones de pesos malgastados en campañas políticas, asesores, líderes corruptos y manipulación de medios informativos?

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Carreras no resuelve el mínimo problema, opta por esconderse de la ciudadanía

A el primer año del sexenio del doctor en derecho, Juan Manuel Carreras, no se notan cambios sustantivos respecto a su antecesor Fernando Toranzo. Su desempeño ha sido catalogado como opaco, nulo y sin ningún interés por sacar adelante a la entidad. “No existe el ánimo por atender las cuestiones de seguridad, donde existen serios problemas. En algunas carreteras no se puede transitar a ciertas horas, las controlan grupos delictivos. Traer gente de otros lados para atender el asunto, no es la mejor alternativa, porque responden a intereses personales. No hay oportunidades para los jóvenes. La pobreza en las zonas marginales y rurales se acentuó. Faltan nuevas fuentes de trabajo que permitan superar la difícil circunstancia económica que se vive. En lo educativo, acaban de iniciarse clases en las universidades, donde creció el número de rechazados. Los costos son casi iguales a los centros privados. En el tema de la salud, el hospital central está saturado y los médicos no dan abasto en atender a los más necesitados. Sin duda, lo único que podemos notar es una política del menor esfuerzo. Es decir, no hay interés por atender algún rubro», destacó el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Sergio Serrano Soriano.

El ex candidato a gobernador indicó que «si hacemos un recuento del desempeño de Carreras, nos encontraríamos que ha sido nulo. Apenas inauguró el libramiento Valles-Tamuín, que fue una obra de varios sexenios atrás. Se habla que reforestó la Sierra de San Miguelito, un tema que maneja cada gobernador que pasa, sin resolverlo. El congreso local lo exhortó para que fuera declarada área natural protegida, pero hizo caso omiso, prefiere proteger los intereses de los desarrolladores urbanos. Sobre el tiradero tóxico de Palula, lo más cercano que hemos escuchado es lo que dijo el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, que es de Matehuala. Comentó que apoyarán a la empresa. El gobernador Carreras no habló al respecto. Aunque buscan llevarse el agua de la huasteca a Monterrey, el señor se quedó callado, sin meter las manos. Ahora tienen el proyecto del metrobús, que según mi punto de vista, sólo habrá de empeorar los problemas con los vecinos de las zonas donde cruzará, ya que tumbarán miles de árboles. No van a reponer ninguno».

Serrano recordó la gris campaña de Carreras. «Siempre buscó pasar desapercibido en los debates, como lo hace ahora. Se llegaron a cancelar algunos porque no acudió. No quería que se tocara cualquier asunto, ya que no era capaz de hacer alguna propuesta. Lo sorprendente es que trabajó como burócrata del ex presidente Felipe Calderón y el ex gobernador Fernando Toranzo. En los debates, lo cuestioné, qué iba a hacer con las tropelías, abusos y desfalco de recursos que hizo su ex jefe. Bajó la voz para decir que lo iba a castigar. Existen evidencias de los malos manejos, pero no hace nada. El alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, ya se le montó, parece el verdadero gobernador. No podemos olvidar que Carreras ganó con la compra de votos. Hizo un acuerdo con Gallardo, para que lo apoyara, en lugar del perredista Fernando Pérez Espinosa. Provocaron una mezcolanza, lo que aumentó las dudas de la gente sobre la verdadera ideología de los partidos”.

«Podemos decir que tales tratos y corrupciones que existen en la entidad provienen de la etapa del ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y Fernando Silva Nieto. Son los que mantienen el control político desde hace muchos años. Imponen personajes cada vez más opacos, que no están dispuestos a hacer algo por la ciudadanía. Lo único que les interesa es mantener el estatus quo, para vivir cómodos. No tiene deseos de gobernar. Ni siquiera resolver problemas tan mínimos como el de los taxistas con Uber. Lo único que podemos esperar es que todo se deteriore, dejar un gran espacio para que otra gente actúe, como la delincuencia organizada. Sin duda, Juan Manuel Carreras, no ha sido más que un burócrata de medio pelo, que sólo le interesa su beneficio. Después buscará esconderse más y adoptará actitudes como las de Toranzo que en los últimos años de sus gestiones, se volvió prepotente, capaz de cometer cualquier fechoría y actos de fuerza contra la gente».

«Toranzo cuando menos hizo el intento de castigar algunos desmanes, como los de la ex vocera gubernamental, María Luisa Paulín. Encerró también al ex secretario de finanzas, Joel Azuara y le fijó una multa estrepitosa al contador público Marcelo de los Santos Fraga. Pero Carreras no castigó a su ex jefe por los negocios que hizo junto con su familia. Ahora de nuevo, todos meten las manos a las arcas, prefieren nadar de a muertito. Estamos inmersos en un mar de corrupción. Prevalece una cultura política nacional que permite a las autoridades sacar ventaja de sus actos. No hacen nada por la entidad, porque saben que no habrá consecuencias de ningún tipo. Cuando termine su periodo, habrá alguien del partido que sea que les cubrirá las espaldas. Es lo que sopesan para no rendir cuentas a nadie”. Serrano enfatizó que ante la ausencia de Carreras en su gobierno, las prácticas corporativas y clientelares del alcalde Ricardo Gallardo Juárez ganan terreno.

El doctor en derecho le ha permitido crecer al edil, que con su populismo se afianza, es un peligro, un cacique al estilo de Carlos Jonguitud y Gonzalo Santos. «Lo único distinto es que el perredista reparte despensas y purificadoras de agua con los recursos que se deberían destinar para obras que beneficien a los potosinos, brindar servicios eficientes y generar empleos. Pero la ciudad está llena de baches. Prometió resolverlos en 100 días, después en un año, que ya concluyó y el problema sigue igual. El gobierno estatal y municipal no sirven para revolver ningún tipo de problema. Uno se esconde y el otro hace proselitismo electoral. El panorama para San Luis Potosí es de desconsuelo. Ojalá que Carreras tome las riendas o la ciudadanía se hundirá en la espiral de la delincuencia, inseguridad, corruptelas, pobreza y desempleo».

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Buscan declarar áreas protegidas grutas de Rioverde

La comisión de ecología del congreso del estado analiza varias solicitudes de ciudadanos para declarar áreas protegidas las Grutas de la Catedral y El Ángel en Rioverde y La Joya Honda en Soledad, lo que permitiría dotarlos de recursos para conservar y potenciar los tesoros naturales, informó el diputado del PAN, Héctor Mendizábal Pérez, promotor también de un punto de acuerdo, donde se exhorta al gobernador, Juan Manuel Carreras, decretar a la Sierra de San Miguelito como área estatal natural protegida.

El legislador integra también la cartera de trabajo y previsión social. Señaló que en materia de turismo, San Luis Potosí cuenta con un potencial importante en los rubros ecológico, rural y de tesoros culturales que no se han explotado. Se pronunció porque se inviertan recursos para dotar los lugares de infraestructura y convertirlos en una fuente importante de empleo e ingresos para los pobladores de las comunidades que los albergan y las que están cercanas.

Mendizábal señaló que el conflicto jurídico que existe entre los productores de caña y prestadores de servicios turísticos por el agua del río que alimenta a las cañadas de Tamul se debe dirimir y revisar a fondo para determinar qué actividad genera más recursos y es menos dañina para el medio ambiente. Precisó que en la temporada de siembra de caña, los agricultores requieren de un mayor volumen de agua del río, lo que ocasiona un deterioro importante a las cascadas. En el caso del manantial de la Media Luna, que se ubica en la comunidad del Jabalí, en Rioverde, ya cuenta con la declaratoria de área natural protegida. Las autoridades deben revisar cada año el plan de manejo, aunado a un programa de inversión, para el cuidado, conservación y mejora de la infraestructura y los servicios que se ofrecen en el lugar.

El diputado del PAN e integrante del autodenominado grupo de los Broncos en el congreso local, refirió que el aumento de los índices de criminalidad, están a la luz de todos. Es preocupante y debe ser prioridad de las autoridades frenar el alza. Resaltó que en los casos más sonados y difundidos en las últimas fechas en los medios informativos, se logró detener a los responsables y llevarlos a la justicia. Lo que contribuye a bajar la impunidad y ayuda a inhibir a los delincuentes, pues si a lo inseguro se le agrega el nulo castigo, las desesperanza para el pueblo es mayor.

 

Señaló que en materia preventiva, existe un gran rezago, por lo que es necesario contar con el trabajo y apoyo de dependencias como el Instituto Potosino del Deporte, el de la juventud y la secretaría del trabajo y previsión social, porque los jóvenes que no tienen estudios ni empleo, se convierten con facilidad en delincuentes.

Se dijo defensor de que las corporaciones policiacas las dirijan mandos militares, pues por su disciplina y experiencia, le ofrecen más seguridad a la ciudadanía. En cuanto al mando único policial, expuso que en su partido han propuesto que sea mixto, donde la policía municipal no se deslinde del trabajo cotidiano, porque es la que tiene mayor proximidad con la gente y ejerce una actividad preventiva muy importante. En las tareas de inteligencia y de combate a la delincuencia organizada que se realiza en varios estados, es donde se requiere el mando único.

Mendizábal refirió que el grupo de los Broncos del congreso surgió con el objetivo de actuar diferente en el trabajo legislativo, salir de los esquemas tradicionales y visualizar los temas que se discuten bajo una agenda plural y ciudadana. No con un esquema parcial o partidista. Dijo que los panistas son por naturaleza broncos y siempre han asumido una postura crítica, que les permite contrastar y moverse con cierto grado de autonomía, porque el PAN no es un ente corporativista, de hordas o sectores como el PRI y el PRD. “Es un partido de ciudadanos donde se acepta la independencia y se promueve el respeto a la dignidad de las personas. Es decir, para ser panista se requiere ser bronco. Los broncos seremos el contrapeso donde se tenga que hacer. Apoyaremos las iniciativas y propuestas que tengan como finalidad el beneficio de la gente”.

El ex líder del PAN expresó que la competencia electoral en la entidad se vislumbra cada vez más complicada y competida, donde ya no existe la hegemonía del PRI ni el bipartidismo PRI-PAN, sino una competencia abierta donde importan más los perfiles de los candidatos que los partidos. Aseguró que el PAN, en la pasada contienda, le ganó al PRI las 4 elecciones en disputa, gobernador, diputados federales, locales y la de alcaldes. La candidata a la gubernatura Sonia Mendoza Díaz, le sacó más de 60 mil votos de diferencia al del PRI, Juan Manuel Carreras. Pero fueron los sufragios de Nueva Alianza y Verde Ecologista los que revirtieron los resultados.

La resistencia de muchos panistas a establecer una alianza con el PRD, al final redundó en aceptar una derrota, porque el PRI la hizo de facto. “Negoció la capital por la gubernatura, se apoyaron de manera recíproca, aunque en público nunca lo van aceptar”.

Mendizábal dijo que las decisiones que se toman tienen sus costos y la de no hacer alianza con el PRD, fue colegiada y la determinó el comité directivo estatal. “Sonia Mendoza se quedó más cerca de ganar que Xavier Azuara de la alcaldía. La gubernatura la perdimos con 28 mil votos de diferencia y la presidencia con 50 mil. Otra causa de la derrota, fue que liderazgos reconocidos en el PAN, no jalaron parejo, porque es más fácil destruir que construir».